Introducción

Para la mayoría de las naciones desarrolladas, el surgimiento de un orden democrático supuso la derrota de la violencia como instrumento político. Las experiencias de Europa occidental y de Estados Unidos muestran que la democracia ha sido un mecanismo mediante el cual las fuerzas políticas son capaces de dirimir sus diferencias sin recurrir a la violencia (^{Przeworski, 1999}). En las últimas décadas, la democracia electoral se ha expandido a un número significativo de países en desarrollo. Casi toda nación latinoamericana, y un número cada vez mayor de Estados africanos y asiáticos, usan procedimientos democráticos para escoger gobierno. Sin embargo, a diferencia de las naciones desarrolladas, muchas de estas democracias nuevas coexisten con violencia política y, en algunos casos, con agentes legales e ilegales que quieren poner en peligro las instituciones y procedimientos democráticos (^{Bratton, 2008}; ^{Collier y Vicente, 2008}; ^{Wilkinson, 2004}). De hecho, en la última década, de 49 países que sufrieron algún tipo de conflicto interno, en 29 hubo elecciones entre más de un partido.

A pesar de esta paradoja, la mayor parte de las investigaciones sobre comportamiento político siguen estando basadas en experiencias de países donde la violencia política no representa un reto mayor para el funcionamiento de la democracia electoral. Además, la mayoría de los estudios se han basado en determinantes individuales para explicar fenómenos como la participación política, la decisión de voto, las preferencias políticas o el partidismo. Sin embargo, conforme la democracia electoral se extiende a naciones en vías de desarrollo, podría esperarse que los factores contextuales afectaran el comportamiento político y las opiniones de los individuos. En particular, el impacto electoral de ambientes sociales con distintos niveles de violencia política merece atención. El propósito de este artículo es explorar la relación entre contextos violentos y comportamiento político. Específicamente, este estudio se pregunta ¿cuál es el vínculo entre contextos violentos y decisión de voto? La pregunta se examina para el caso de Colombia, un país que brinda una oportunidad excepcional para estudiar dicho vínculo por varias razones. Primero, se ha reconocido a este país como una de las democracias más estables en América Latina (^{Hartlyn y Valenzuela, 1997}). Los procesos electorales se han desenvuelto con una competencia relativamente abierta, por lo general el fraude ha estado ausente, y los candidatos ganadores han sido considerados legítimos por la mayoría de los ciudadanos. Segundo, la nación ha sufrido un conflicto armado prolongado y sangriento entre el Estado, guerrillas de izquierda y bandas paramilitares de derecha. Por último, y más importante, conforme se fue intensificando el conflicto interno y los actores extrainstitucionales consolidaron su poder en varias regiones del país, fue claro que la violencia tuvo un efecto en los procesos electorales, sus resultados y la configuración del poder político. En suma, Colombia representa la paradoja mencionada: una democracia electoral relativamente bien establecida que funciona en un contexto de violencia política generalizada.

A partir de la bibliografía sobre los determinantes contextuales del comportamiento político, y de estudios sobre guerras civiles, este artículo presenta y prueba empíricamente un marco teórico para entender la relación entre contextos violentos y decisión de voto. El argumento general del trabajo es que los ciudadanos que viven en un contexto violento votan de acuerdo con los objetivos estratégicos y las orientaciones ideológicas del actor armado que domina el área. Así, la medida en la que el contexto violento afecta el comportamiento de voto es una función del nivel de control que tiene el actor violento en una determinada región. En comparación con áreas disputadas, si un solo actor armado consolida su control territorial, los ciudadanos pueden ser más proclives a apoyar a candidatos y partidos respaldados por el actor armado dominante. Sin embargo, no se espera que la relación entre contextos violentos y comportamiento político sea homogénea, pues está regulada por el partidismo. Específicamente, los contextos violentos afectan más la decisión de voto de simpatizantes de partidos minoritarios.

Contextos sociales y comportamiento político

La mayoría de los estudios sobre el comportamiento electoral no le han puesto mucha atención al contexto, pues "toman la decisión de voto como producto de un cálculo 'personal', no 'social'" (^{Beck et al., 2002, p. 57}). Sin embargo, en las últimas décadas, los análisis contextuales sobre el comportamiento de voto han resurgido gracias a que un número cada vez mayor de estudiosos ha demostrado que los contextos sociales y políticos sí juegan un papel significativo para explicar las decisiones políticas de los ciudadanos.

Estos trabajos han estudiado los efectos de redes sociales y contextos estructuralmente impuestos. Por ejemplo, estudios sobre los efectos de los contextos sociales han mostrado que los individuos que viven en barrios de bajo estrato son más proclives a votar por partidos de izquierda que aquellos que viven en áreas acaudaladas (^{Miller, 1956}; ^{Putnam, 1966}; ^{Johnston y Pattie, 2005}), y que el ambiente económico local afecta la evaluación de los ciudadanos sobre la economía nacional y, en consecuencia, su probabilidad de apoyar al presidente en turno (^{Books y Prysby, 1999}; ^{Johnston et al., 2000}). Finalmente, otros factores contextuales, en particular la distribución local de preferencias políticas, resultaron no estar relacionadas con la decisión de voto (^{Beck et al., 2002}).

Las redes sociales han tenido un efecto significativo y consistente sobre el comportamiento de voto. Cuando las preferencias de los interlocutores con los que una persona discute de política, se mueven hacia un candidato en particular, la probabilidad de que esta persona apoye a dicho político aumentará (^{Baker et al., 2006}; ^{Beck et al., 2002}; ^{Huckfeldt et al., 2004b}; ^{Kenny, 1998}; ^{Levine, 2005}). Así, las redes sociales no sólo contribuyen a consolidar las preferencias políticas de la gente, también son un factor clave para explicar el cambio de preferencias cuando los individuos tienen un desacuerdo político dentro de su red social (^{Ames et al, 2012}, Baker et al, 2006). Esta línea de investigación también ha demostrado que aquellos que siguen la política, y los percibidos como conocedores, son los más influyentes. Además, la amistad y el contacto frecuente tienden a resaltar el efecto de las redes sociales sobre la decisión electoral de los ciudadanos (Kenny, 1998).

Como la mayor parte de la bibliografía sobre efectos contextuales se ha enfocado en el impacto de los contextos socioeconómicos y las redes sociales sobre el comportamiento político, y a pesar de que hay un creciente interés por analizar la relación entre actos violentos y voto (^{Dunning, 2011}), hay muy pocos estudios sobre la relación entre contextos violentos y decisiones de voto individuales. La mayor parte de la bibliografía sobre violencia y voto ha estudiado las variaciones municipales y nacionales sobre participación y rendimientos electorales. Así, algunos estudios han encontrado un efecto negativo de la violencia en la participación política (^{Bratton, 2008}; ^{Collier y Vicente, 2008}; ^{Fornos et al, 2004}; ^{García-Sánchez, 2007}). Otros han sugerido que en contextos políticamente inestables, la información sobre el respaldo militar de los partidos políticos afectará las preferencias de los votantes y, en consecuencia, los resultados electorales. Si el costo de la violencia es suficientemente alto, los votantes pueden simplemente votar por el partido más fuerte (^{Ellman y Wantchekon, 2000}; ^{Wantchekon, 1999}). De forma similar, análisis sobre los casos israelí y turco encontraron que los partidos de derecha aumentan su porcentaje de votos luego de ataques terroristas (^{Berrebi y Klor, 2008}; ^{Kibris, 2011}). Finalmente, otro estudio concluye que los actores armados afectan las elecciones expulsando a los simpatizantes de los partidos opositores (^{Steele, 2011}).

Todos estos estudios trabajan con unidades de análisis agregadas, así que prácticamente no hay ninguna investigación sobre cómo la violencia política afecta el comportamiento político individual. Aunque los análisis agregados sobre este asunto son esenciales para entender cómo la violencia política afecta el equilibrio del poder político, las investigaciones que se centran en el individuo también son importantes para entender la relación entre violencia y voto. Los resultados electorales, como las realidades agregadas, son producto de miles de decisiones individuales; sin embargo, los resultados agregados no funcionan igual que las decisiones individuales. Por lo tanto, no es posible asumir que las relaciones que se observan en grupos se mantienen para individuos (^{Freedman et al., 1998}). Además, enfocarse en unidades individuales insertas en contextos particulares permite identificar tres aspectos clave: las variaciones en el comportamiento de los ciudadanos debidas a cambios en la violencia política contextual, las diferencias en las decisiones de voto dentro de un mismo contexto violento y, finalmente, el efecto de la interacción entre contextos violentos y características de los ciudadanos. Así, este trabajo intenta llenar el vacío que hay en la bibliografía sobre comportamiento electoral, y violencia y voto, analizando la relación entre distintos escenarios violentos y decisiones de voto individuales.

Contextos violentos y decisión de voto

A diferencia de la violencia común, la violencia política surge de una interacción entre opositores, y sirve propósitos instrumentales específicos (^{Tilly, 1978}). Según Powell, la violencia política tiene tres objetivos generales: "cambiar las reglas de negociación del juego democrático, minar el apoyo de que goza el régimen o sus partidos principales, e intimidar a la oposición y movilizar apoyo al mismo tiempo" (^{Powell, 1982, p. 158}). En la misma vía, otros estudiosos han sugerido que una de las funciones centrales de la violencia en las guerras civiles es generar obediencia ciudadana (^{Kalyvas, 2006}; ^{Wickman-Crowley, 1990}; Kalyvas, 1999); así, en contextos de conflicto interno, el uso real de la violencia, o la amenaza de su uso, "pretende moldear el comportamiento de un público determinado alterando el valor esperado de acciones particulares" (Kalyvas, 2006, p. 26).

En una situación donde coexisten elecciones y conflicto violento, el control territorial de los actores armados afecta el contexto social y político dentro del cual los individuos toman decisiones. Así, al consolidar el control territorial, los actores armados aumentan su capacidad de indicarles a los ciudadanos quién es su candidato o partido político preferido. Como resultado, esperamos que los individuos sean más proclives a apoyar candidatos y partidos políticos cercanos al actor armado dominante. Pero ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales el contexto del control territorial tiene un efecto en el comportamiento electoral? Se pueden identificar al menos cuatro mecanismos. Primero, un grupo militante que domine una región puede intentar influir en las decisiones de los votantes mediante chantaje y castigo postelectoral. Sin embargo, usar la intimidación para tener influencia electoral puede resultar costoso para los actores armados, pues implica imponer sus preferencias y monitorear el comportamiento de la gente. Estudios recientes sugieren que en las áreas controladas por actores armados sólo alrededor de 8 por ciento de los votantes reportó presiones directas de grupos militantes (^{García-Sánchez y Pantoja, 2015}). Segundo, cuando un actor armado controla un territorio, también puede ser capaz de impulsar el apoyo político hacia ciertos partidos o candidatos si desarrolla una base social mediante la provisión de servicios sociales o el uso de grandes cantidades de recursos financieros (^{Olson, 1993}; ^{Berman, 2000}; ^{Berman y Laitin, 2008}; ^{Diaz-Cayeros et al, 2011}). En este caso, el actor armado dominante usa sus recursos económicos como herramienta para promover a sus candidatos, ya sea financiando campañas, distribuyendo beneficios a los votantes, o simplemente comprando votos. Tercero, un actor armado dominante puede obtener influencia electoral obligando a ciertos partidos o a ciertos políticos a salir de la competencia electoral, afectando así el repertorio de candidatos o de partidos de entre los que los ciudadanos pueden elegir (^{Gómez y Rodríguez, 2007}). En este caso, los actores armados intimidan a los políticos ideológicamente distantes a ellos y obligan a ciertos políticos a abandonar el terreno. Ésta puede ser una estrategia más efectiva, pues es fácil de ejecutar y monitorear. Finalmente, los actores armados dominantes pueden apuntar hacia la base electoral de sus enemigos políticos y obligarlos a dejar la localidad (^{Steele, 2011}).

Mediante cualquiera de estos mecanismos, un actor armado dominante puede influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos, pues los votantes pueden acabar apoyando candidatos y partidos políticos cercanos o respaldados por el actor armado dominante. Sin embargo, ¿cuáles son las decisiones de voto esperadas cuando pasamos de un contexto violento a otro? En otras palabras, ¿cómo cambian las preferencias electorales cuando pasamos de un área controlada por un actor armado hacia una región controlada por un actor armado opuesto?

Para contestar las preguntas anteriores y establecer la hipótesis principal de este texto, es necesario aclarar varios supuestos. Primero, hay dos actores armados opuestos: un actor armado ilegal cercano al gobierno -el contrainsurgente-, y uno insurgente opuesto al gobierno -el retador-. El Estado puede ser un tercer actor, pero en este trabajo no se considera que las áreas controladas por el Estado estén en competencia, por lo tanto, el Estado no participa en el juego de indicar a los ciudadanos ninguna preferencia política específica.

Segundo, estos grupos armados tienen contrapartes políticas, partidos políticos "aliados" o "preferidos" que compiten en el terreno electoral. Algunos actores armados tienen fuertes lazos con partidos políticos pues comparten un objetivo político, mientras que otros desarrollan alianzas con partidos políticos como estrategia para alcanzar una meta política común, sin tener una fuerte conexión ideológica. La dimensión política de los actores armados conduce a un tercer supuesto: estas organizaciones también pueden diferir en sus estrategias frente al sistema político. Algunos actores armados pueden querer influir en política e intentan afectar los resultados electorales, éste puede ser el caso de los contrainsurgentes, mientras que otros pueden querer minar el sistema político vigente bloqueando elecciones o derrocando a las autoridades elegidas, éste puede ser el caso de los insurgentes. En consecuencia, se espera que los contrainsurgentes usen su estatus dominante para generar un contexto favorable para los candidatos y partidos que favorecen el statu quo vigente. A la inversa, los insurgentes usarán su posición dominante para minar el apoyo político de los partidos alrededor de los cuales se articula el statu quo vigente.¹

Finalmente, los actores armados opuestos difieren en términos del nivel de control sobre una región dada. Por un lado, existe la situación del control fragmentado; éste es generalmente el caso de áreas en disputa donde hay dos poderes militares relativamente equilibrados (^{Kalyvas, 1999: 252}). Por el otro, hay áreas de control total o casi total. En este caso, uno de los actores armados ejerce soberanía total o, al menos, goza de una posición dominante. Para que un actor armado influya en el comportamiento electoral necesita consolidar una posición de control total o casi total para poder pasar de la lucha a la política. En las áreas en disputa, será más difícil que los actores armados influyan en el comportamiento electoral, pues están ocupados luchando contra sus oponentes en el campo de batalla. En suma, el impacto de un contexto violento en el comportamiento electoral depende de estrategias e intereses políticos de los actores armados y, específicamente, de su capacidad para consolidar el control territorial.

Con base en la discusión anterior, una primera hipótesis establece que, en regiones controladas por un actor armado que intenta minar el orden político vigente (insurgentes), en promedio, los individuos apoyarán en menor medida a aquellos partidos y candidatos que representan al statu quo actual. A la inversa, una segunda hipótesis establece que, en regiones controladas por un actor armado que intenta mantener el orden político vigente (una fuerza contrainsurgente), en promedio, los individuos tenderán a apoyar más a los partidos y candidatos que representen al statu quo actual. Finalmente, en regiones en disputa, el contexto violento no tendrá efecto en las preferencias electorales de los individuos, pues los actores armados necesitan una ventaja mínima sobre sus opositores para moldear los contextos políticos y generar cierta influencia en la decisión electoral de los individuos.

Si se consideran las áreas controladas por el Estado como punto de referencia, y se determina que el apoyo político hacia el presidente en turno es la variable dependiente, estas hipótesis se pueden expresar de la siguiente forma:

H1. En comparación con las regiones controladas por el Estado, la probabilidad de apoyar al presidente en turno será significativamente menor en las áreas controladas por los insurgentes.

H2. En comparación con las regiones controladas por el Estado, la probabilidad de apoyar al presidente en turno será significativamente mayor en las áreas controladas por los contrainsurgentes.

H3. En comparación con las regiones controladas por el Estado, la probabilidad de apoyar al presidente en turno será igual en las áreas en disputa entre actores armados opuestos.

Las hipótesis presentadas suponen que a todos los individuos los afecta de la misma forma cualquier tipo de contexto violento. Sin embargo, como ha demostrado la bibliografía sobre el tema, los contextos estructuralmente impuestos pueden tener mayor o menor efecto sobre el comportamiento político dependiendo de las variables de nivel individual (^{Huckfeldt y Sprague, 1993}; ^{Weatherford, 1982}; ^{Gimpel y Lay, 2005}). Entonces, ¿a qué individuos afecta más el dominio de actores armados y cuáles se resisten más ante su dominio?

No hay estudios sobre la forma en que los factores a nivel individual regulan la relación entre contextos violentos y comportamiento político. Sin embargo, dentro de la bibliografía sobre el tema, hay estudios que sugieren que el partidismo y las orientaciones ideológicas individuales juegan un papel importante como mediadores de los efectos del contexto social en el comportamiento político. En particular, un grupo de autores ha mostrado que aquellos que se identifican con minorías políticas, así como los de partidismo débil, son más proclives a que su ambiente social los afecte, en comparación con los individuos identificados con partidos tradicionales y ciudadanos con fuertes vínculos partidistas (^{Canache et al., 1994}; ^{Finifter y Finifter, 1989}; ^{Huckfeldt et al., 2005}; ^{Huckfeldt y Sprague, 1987}).

Se espera que los simpatizantes de partidos mayoritarios sean relativamente impermeables a los efectos de un contexto que contradiga sus filiaciones partidistas, pues esos individuos saben que son parte de una mayoría nacional. Esto puede darles confianza y recursos para refutar las preferencias políticas que gozan de posición dominante en su entorno inmediato. A la inversa, los militantes de partidos minoritarios pueden sentir una presión extra por converger con la postura mayoritaria cuando su entorno político inmediato apoya a los partidos políticos que dominan a nivel nacional. Por ejemplo, estos individuos pueden ser capaces de usar la estructura nacional del partido para reportar amenazas violentas de los actores armados, lo cual aumentará el costo de usar violencia contra tales individuos. De igual forma, los miembros de partidos convencionales pueden tener mayor acceso a la protección del Estado que los miembros de partidos minoritarios. Siguiendo esta lógica, la última hipótesis establece que los militantes y simpatizantes de partidos minoritarios serán más proclives a apoyar a los candidatos y partidos a los que apoya el actor armado que domina el área que los militantes de partidos mayoritarios.

Una revisión de los actores armados

El conflicto violento que afecta a Colombia actualmente puede rastrearse hasta mediados de la década de 1960. La mayoría de las organizaciones insurgentes surgieron durante los años sesenta y setenta; los únicos grupos que hoy permanecen activos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).² Las bandas paramilitares de derecha se unieron a la confrontación a inicios de los años ochenta, y muchas operaron hasta mediados de la década de 2000.

Entre 1966 y fines de los años noventa, las FARC se expandieron ampliamente; pasaron de ser una organización pequeña que agrupaba a unos cientos de campesinos a una insurgencia con más de 13 mil combatientes presentes en casi todo el territorio nacional. Durante los últimos años, las FARC han sufrido un debilitamiento considerable, pues el gobierno colombiano ha ido desarrollando una estrategia contrainsurgente exitosa. También fundado en los años sesenta, el ELN creció lentamente y concentró sus acciones en pocos departamentos. Luego de acercarse a la extinción en la década de 1970, a principios de los años ochenta el ELN aumentó su plantilla y extendió su margen de acción. A fines de los años noventa, este grupo insurgente sufrió un nuevo revés cuando los paramilitares iniciaron un proceso de expansión en áreas con presencia de la organización.

Los grupos paramilitares surgieron como proyecto contrainsurgente y antiizquierdista patrocinado por una coalición de ganaderos, empresarios agroindustriales, señores de la droga y miembros de las fuerzas armadas (^{Romero, 2003}). Originalmente, estas bandas tenían conexiones estrechas con el ejército y carecían de comando central. Sin embargo, para los años noventa ya habían ganado autonomía y desarrollado una autoridad central, lo que permitió a los paramilitares coordinar sus acciones contrainsurgentes, expandir su presencia a nuevas regiones y aumentar el número de tropas.³ En 2002, el gobierno del presidente Uribe inició conversaciones de paz con las bandas paramilitares, lo que condujo al desmantelamiento de estas organizaciones. A pesar del proceso de paz, algunas estructuras paramilitares permanecen intactas, y otros grupos se reorganizaron después de que algunos líderes paramilitares abandonaran las negociaciones de paz (^{Nussio y Howe, 2014}). Al igual que en el caso de las guerrillas, el número absoluto de tropas paramilitares también ha decrecido.

Políticamente, todos los actores armados ilegales han combinado violencia con acción política para promover sus intereses. Sin embargo, el peso relativo de la milicia versus las acciones políticas como parte de las estrategias de los actores armados ha cambiado con el tiempo. Los vínculos iniciales entre el Partido Comunista y las FARC, así como el surgimiento de la Unión Patriótica (UP) -partido político de fuertes lazos con las FARC- a mediados de la década de 1980, evidencian el énfasis que la organización puso en la política electoral durante las primeras fases de su desarrollo. Sin embargo, conforme las FARC se fueron convirtiendo en un fuerte aparato militar, algunos políticos izquierdistas prominentes empezaron a criticar la lucha armada, y cuando fueron asesinados aproximadamente 3 500 militantes de la up (^{Dudley, 2008}), las FARC decidieron fortalecer su dimensión militar (^{Ferro y Uribe, 2002}).

El caso del ELN describe una trayectoria un tanto distinta. Durante sus primeros años, la guerrilla permaneció relativamente distante de la política electoral y promovía el abstencionismo (^{Harnecker, 1987}). A mediados de los años ochenta, el ELN cambió de estrategia política y decidió desarrollar una relación instrumental con el poder local en un intento por extraer recursos económicos de los gobiernos locales (^{Cubides, 2004, p. 152}). Sin embargo, el deterioro que ha sufrido la organización ha reducido su iniciativa militar y su influencia política en las elecciones. En resumen, desde mediados de los años noventa, tanto las FARC como el ELN han concentrado sus esfuerzos "políticos" en el bloqueo de elecciones y el ataque a políticos de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, y de partidos de derecha de reciente creación.

A la inversa, la evolución política de los paramilitares describe un proceso de involucramiento cada vez mayor en la política electoral. La primera generación de grupos paramilitares puso énfasis en las acciones militares y destinaron la mayor parte de sus esfuerzos a luchar contra las guerrillas, políticos de izquierda y sus simpatizantes. Conforme los paramilitares fueron ganando autonomía del ejército y pudieron conquistar varias regiones, empezaron a tener una fuerte influencia sobre las elecciones locales y nacionales. A fines de los años noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) continuaron su feroz batalla contra las guerrillas y los partidos de izquierda, y empezaron a influir en la política "promoviendo" candidatos, financiando campañas y desarrollando alianzas exitosas con políticos de derecha (^{Valencia, 2007}).

Datos y métodos

Este texto usa datos tanto de nivel individual como municipal. Los de nivel individual salen de una encuesta nacional realizada en Colombia en 2005 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt, con entrevistas a 3 083 adultos de 76 municipios.⁴ Esta encuesta se divide en dos muestras. La primera es una muestra representativa a nivel nacional, de 1487 adultos en 48 municipios y cubre todas las regiones geográficas de Colombia. La segunda es una muestra de 1 596 adultos, representativa de las regiones afectadas por el conflicto político; esta última incluye a individuos de 28 municipios. Se aplicó el mismo cuestionario a ambas muestras. Este trabajo usa también datos a nivel contextual sobre el control territorial de los actores armados y factores socioeconómicos de los 76 municipios incluidos en la encuesta. De esta forma, los datos del estudio tienen una estructura jerárquica, pues contiene información sobre variables de nivel individual (nivel 1) y factores de nivel municipal (nivel 2).

Como los datos que se usan en este trabajo provienen de una sola encuesta, el análisis no pretende identificar cambios individuales; para probar las hipótesis se compara el apoyo promedio hacia el presidente en turno al pasar de municipios controlados por cierto actor armado a municipios controlados por otro actor armado distinto, y a áreas en disputa o no controladas por ningún actor armado.

Resultados

El análisis empieza con la estimación del modelo no condicional para determinar si hay variación significativa, entre municipios, en la intención de voto por el presidente en turno. Una ordenada significativa en el modelo no condicional indica que hay una variación importante en la intención de voto media entre municipios (Modelo 1, Cuadro 1). La ordenada también muestra que la probabilidad promedio de expresar una intención de voto por el presidente Uribe fue de 0.73;¹¹ en otras palabras, la probabilidad de apoyar al presidente en turno en las elecciones de 2006 era alta. Este resultado no sorprende, pues el gobierno de Uribe mantuvo su popularidad por encima de 50 por ciento durante su primer periodo presidencial (^{Rodríguez-Raga y Seligson, 2007}), y finalmente ganó su segundo periodo con un respaldo del 62.3 por ciento. Sin embargo, el componente τ₀₀ del modelo muestra una variación significativa entre municipios en la probabilidad promedio de intención de voto por Uribe. De hecho, 95 por ciento de los municipios oscilan entre 0.45 y 0.90 con respecto a esa probabilidad.¹² Resulta que, mientras que en algunos municipios alrededor de 90 por ciento de los ciudadanos tenían la intención de votar por Uribe, en otros sólo alrededor de la mitad de los adultos planeaban apoyar al presidente en turno en las elecciones de 2006. En suma, el modelo completamente no condicional sugiere que los cambios entre municipios con respecto al respaldo a Uribe deben asociarse con factores de nivel contextual.

Fuente: Estimaciones del autor con base en información individual proveniente del Barómetro de las Américas, Colombia 2005; e información contextual proveniente del Centro de Educación e Investigación Popular (Cinep), el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina para las Drogas y el Crimen de Nacionales Unidas y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. *p <0.5, **p <0.01, ***p <0.001.

Cuadro 1 Modelos de intención de voto MLJ (elecciones presidenciales) 

El modelo condicional para intención de voto incluyó, en el nivel 1, las siguientes variables de control de nivel individual: educación, edad, ideología, género, estatus socioeconómico (ES), identificación partidista y evaluaciones sociotrópicas de la economía tanto actuales como prospectivas. En el nivel 2, la ordenada del nivel 1 se modeló como función de variables dicotómicas que capturan el control territorial de los actores armados, una medida de la tendencia histórica del voto, hectáreas de coca y una medida del sesgo rural del municipio. La ecuación del nivel 1 es:

η _ij = β_0j + β _1j (educación) _ij + β _2j (edad)_ij + β_3j (ideología) _ij + β _4j (género) _ij + β _5j (ES) _ij + β _6j (identificación partidista) _ij + β _7j (sociotrópica actual) _ij + β _8j (sociotrópica prospectiva) _ij .

La ecuación del nivel 2 para intención de voto es:

β _0j = γ₀₀ + γ₀₁ (disputa) _j + y₀₂ (control de guerrilla) _j + γ₀₃ (control paramilitar) _j + γ₀₄ (tendencia histórica de voto) _j + γ₀₅ (hectáreas de coca) _j + γ₀₆ (rural) _j + u_0j .

Los resultados del modelo condicional que aparecen en la columna 2 del cuadro 2 apoyan las hipótesis dos y tres.¹³ Nótese que las variables que reflejan el control territorial, incluidas en el análisis, excluyen la medida de control estatal, por lo tanto, los coeficientes para disputa, control de guerrilla y control paramilitar se deben interpretar con respecto a la categoría de referencia control estatal.

Como se esperaba, los logaritmos de las posibilidades de expresar intención de voto por el presidente Uribe estuvieron relacionados positiva y significativamente con la variable control paramilitar, y no mostraron relación con la variable disputa. En áreas controladas por paramilitares, la probabilidad promedio de expresar apoyo por el presidente en turno resultó ser significativamente mayor que en los municipios controlados por el Estado o no afectados por el conflicto armado. Manteniendo todas las demás variables constantes en sus medias, en los municipios controlados por paramilitares de derecha, la probabilidad promedio de intención de voto por Uribe fue de 0.82, mientras que en municipios controlados por el Estado, la probabilidad fue de 0.73; casi diez puntos menor. En los municipios controlados por guerrillas, los resultados indican que no hay diferencia en la probabilidad promedio de apoyar al presidente en turno (Uribe), en comparación con áreas controladas por el Estado.

Los resultados también apoyan la hipótesis de que los actores armados necesitan consolidar un nivel mínimo de control militar para tener influencia significativa en el comportamiento político de los individuos, pues no hay relación entre la variable disputa y la variable de interés. En otras palabras, los ciudadanos que viven en regiones pacíficas se comportan de forma similar a los residentes de áreas en disputa entre guerrillas y paramilitares. ¿Acaso es un resultado contraintuitivo? No necesariamente, pues se puede obtener un resultado similar por caminos diferentes. En regiones pacíficas, los ciudadanos son libres de expresar sus preferencias electorales pues la competencia electoral se desenvuelve sin interferencias. Por otro lado, como en las regiones en disputa los actores armados luchan entre ellos, no están en posición de ejercer influencia política; en consecuencia, las preferencias electorales resultan ser similares a las de las regiones pacíficas. Como se mencionó antes, los actores necesitan consolidar un control territorial para tener influencia en el comportamiento político.

¿Qué factor explica que sólo en los municipios controlados por paramilitares (y no en áreas controladas por guerrillas) la probabilidad de apoyar al presidente en turno fuera diferente de la de las áreas controladas por el Estado?

Una proximidad ideológica entre los paramilitares y el presidente en turno puede haber motivado al grupo criminal a "promover" a un candidato que representara un proyecto político favorable a sus intereses. Además, hay pruebas de que los políticos pertenecientes a la coalición de Uribe en el Congreso usaron a los paramilitares para incrementar sus rendimientos electorales intimidando al electorado y a sus competidores políticos (^{López, 2007}; ^{Valencia, 2007}). Si los políticos fuera de la coalición de Uribe no podían promover sus propias candidaturas, tampoco podían promover a sus candidatos presidenciales; en consecuencia, es posible que Uribe haya surgido como candidato único en regiones donde los políticos de su coalición tuvieran el respaldo de los paramilitares de derecha. Finalmente, más allá de la proximidad ideológica entre paramilitares y un presidente de derecha, y de los pactos que los políticos hacen con estos grupos, el buen desempeño de Uribe en áreas controladas por paramilitares también se puede explicar por el hecho de que las bandas paramilitares eliminaran a los simpatizantes de izquierda y de oposición en su zona de influencia (^{Dudley, 2008}; López, 2007). En suma, en estos municipios convergen varios factores que pueden explicar el enorme apoyo electoral de Uribe: la voluntad de los paramilitares de promover a un presidente de derecha, una estrecha conexión entre bandas paramilitares y políticos locales que pertenecen a la coalición de Uribe y un estatus hegemónico de los partidos de derecha.

Por otro lado, en regiones controladas por insurgentes, parece que las guerrillas no estaban dispuestas o no eran capaces de afectar el comportamiento electoral. Como se mostró antes, para 2006 la popularidad de Uribe era tan alta que su reelección estaba segura. De hecho, los resultados indican que la probabilidad promedio de apoyar a Uribe era de 0.73. Por lo tanto, en esa situación particular, incluso si las guerrillas hubieran estado interesadas en minar el apoyo electoral de un presidente que fuera su mayor enemigo político, implementar una estrategia para disminuir el apoyo electoral hacia Uribe habría sido difícil o simplemente ineficaz, dada su enorme popularidad. Además, a diferencia de los políticos de derecha, la mayoría de los partidos de izquierda han tenido cuidado en no desarrollar lazos electorales con la insurgencia.¹⁴ Finalmente, las guerrillas colombianas pueden no haber estado interesadas en influir o afectar las contiendas nacionales, pues ponen mayor atención en las elecciones locales, donde tienen mayores oportunidades de tener una influencia política real (^{Ferro y Uribe 2002}).¹⁵

Por lo tanto, junto con la capacidad de controlar territorio, la influencia electoral de un actor armado depende de su capacidad o voluntad de involucrarse en la política electoral, y de sus vínculos con políticos locales y nacionales. En el caso de las elecciones colombianas de 2006, los paramilitares estaban cercanos ideológicamente al presidente en turno, y usaron a los políticos de derecha como herramienta para "promover" la candidatura de Uribe.

Los resultados de otras variables contextuales indican que hay una relación positiva y significativa entre la variable tendencia histórica de voto y la intención de voto promedio por el presidente en turno, y una correlación negativa y significativa entre hectáreas de coca y sesgo rural, y el apoyo a Uribe. El coeficiente de tendencia histórica de voto indica que los municipios con una historia de apoyo electoral a los partidos de derecha tienen una probabilidad promedio significativamente mayor de apoyar a un presidente de derecha que los municipios donde los partidos más cercanos a la izquierda han ganado el ejecutivo local. Dentro del primer tipo de municipios, la predicción de probabilidad de apoyar a Uribe era de 0.84; esta probabilidad cae hasta 0.60 en municipios consistentemente gobernados por la izquierda. Este resultado sugiere que los ciudadanos tienen mayor posibilidad de respaldar a candidatos y partidos políticos con una orientación ideológica que ha alcanzado un estatus dominante. Si un partido accede al poder consistentemente, estará en una posición privilegiada para promover sus visiones políticas entre la ciudadanía, y para consolidar una red política que ayude a la organización a mantener o aumentar su base electoral.

A la inversa, un aumento en el área de plantaciones de coca se asocia con una reducción en la probabilidad promedio de apoyar a un presidente de derecha como Uribe. Así, en municipios sin plantaciones de coca, la probabilidad esperada de apoyar al presidente en turno es de alrededor de 0.75, mientras que en el municipio con el mayor número de hectáreas de coca, dicha probabilidad cae hasta 0.58. ¿Qué está detrás de la naturaleza de esta relación? Aunque tanto guerrillas como paramilitares han estado profundamente involucrados en el negocio del tráfico de drogas, las primeras están más asociadas con las fases de cultivo y cosecha de hojas de coca y su transformación en pasta de coca, pues la mayoría de las plantaciones de coca se ubican al sur de Colombia, una región tradicionalmente bajo influencia guerrillera. De hecho, el número promedio de hectáreas de coca en municipios bajo influencia guerrillera, incluido en la muestra, es de 239, mientras que tal promedio en municipios bajo control paramilitar es de 33. Sin embargo, mientras que la coca se asocia con la presencia de actores armados, también se asocia directamente con un aparato estatal débil y distante. En una etnografía de los cocaleros, ^{Ramírez (2001)} muestra que la desconfianza popular en el Estado colombiano es alta en regiones con cultivos de coca, donde las instituciones gubernamentales se perciben como distantes, indiferentes y represoras. Por lo tanto, la disminución significativa en los niveles de apoyo electoral al presidente en turno, cuanto mayor sea el número de hectáreas cultivadas de coca, puede haber sido consecuencia de la desconfianza ciudadana en el gobierno vigente.

Los resultados contextuales también indican que en municipios más rurales, el apoyo electoral promedio para el presidente en turno es significativamente menor que en áreas urbanas. Así, al pasar de municipios urbanos hacia aquellos con el mayor sesgo rural, la probabilidad promedio de apoyar a Uribe disminuye de 0.82 a 0.66. En otras palabras, el apoyo al presidente en turno se concentró en áreas urbanas.

Los resultados de las variables del nivel 1 son consistentes con la bibliografía sobre los efectos del partidismo y las evaluaciones económicas sobre decisiones de voto. Ser Liberal o Conservador (identificación con partido tradicional) aumenta significativamente la probabilidad de apoyar a Uribe, un presidente respaldado por una coalición bipartidista en el Congreso.¹⁶ De manera similar, la ideología tiene un impacto significativo en la intención de voto por el presidente en turno, así que, cuanto mayor sea la identificación con la derecha, mayor será la probabilidad individual de apoyar a un presidente de derecha como Uribe. Más allá de las identificaciones partidistas e ideológicas, la economía tiene un efecto significativo en la intención de voto por el presidente en turno. Los individuos con evaluación positiva sobre el estado actual y futuro de la economía colombiana tienen una alta probabilidad de recompensar al presidente en turno con su apoyo electoral. Por otro lado, se encontró que la educación y la edad tienen un impacto negativo y significativo sobre la intención de voto por Uribe: los individuos con mayor nivel de educación apoyan menos al presidente en turno, pues tienen acceso a más y mejores fuentes de información política, o porque presidentes derechistas como Uribe encuentran menor apoyo entre ciudadanos educados ya que estos tienden a ser más liberales (^{Glaser, 2001}; ^{Shaffer, 1982}). Finalmente, el género y el estatus socioeconómico no tienen impacto en el apoyo al presidente en turno. Este resultado no sorprende pues los partidos políticos colombianos no están articulados según líneas de clase, y aunque Uribe haya abandonado el Partido Liberal, atrajo a un amplio contingente de políticos conservadores y liberales que lo ayudaron a construir una coalición electoral bipartidista y multiclasista.

El último paso del análisis fue explorar hasta qué grado las diferencias de los contextos violentos afectaron en la asociación entre factores de nivel individual, en particular la identificación partidista y la intención de voto por el presidente en turno. Así, como el control paramilitar fue la única variable estadísticamente significativa que reflejara el control de los actores armados, el modelo final incluyó una interacción internivel entre identificación con el partido tradicional y control paramilitar. La ecuación para la interacción internivel es:

β _6j = γ₆₀ + γ₆₁ (control paramilitar) _j

β _kj = γ _k

Donde γ₆₀ es la ordenada para la pendiente identificación con partido tradicional, γ₆₁ es el efecto del control paramilitar, y γ_k son las ordenadas que restan.

Los resultados que se muestran en la última columna del Cuadro 1 indican que el coeficiente de identificación partidista es significativo. Como esta variable interactúa con el control paramilitar, el coeficiente de identificación partidista muestra el "efecto" de esta variable en municipios controlados por el Estado (control paramilitar = 0). Así, en este tipo de municipios, los individuos que se identifican con los partidos Liberal y Conservador son más proclives a apoyar al presidente en turno. Pero ¿qué sucede en municipios controlados por paramilitares? y ¿cuál es el "efecto" del control paramilitar para los diferentes valores de la identificación partidista? Para responder a estar preguntas se necesita estimar las predicciones de probabilidad de apoyar al presidente en turno para distintos valores de identificación partidista y control paramilitar. Dichas probabilidades se describen en la Gráfica 1. La línea continua muestra que, entre seguidores de partidos tradicionales, mudarse de un área controlada por el Estado a un municipio controlado por paramilitares tuvo un efecto pequeño en su probabilidad promedio de apoyar al presidente en turno. En otras palabras, los que se identifican con los partidos Liberal y Conservador tienen alta posibilidad de apoyar a un presidente de derecha. Por otro lado, la línea punteada indica que entre los que se identifican con partidos de izquierda e independientes, la situación es completamente distinta, pues se vieron fuertemente afectados por cambios en el control paramilitar. Así, izquierdistas e independientes que viven en áreas controladas por el Estado tuvieron una probabilidad promedio de apoyar a un presidente en turno como Uribe de 0.66. En áreas donde los paramilitares están al mando, la probabilidad llegó a 0.82 para izquierdistas e independientes. La convergencia de ambas líneas indica que, en áreas controladas por paramilitares, la probabilidad promedio de apoyar al presidente en turno para ambos valores de identidad partidista fue la misma.

Fuente: Estimaciones del autor con base en información individual proveniente del Barómetro de las Américas, Colombia 2005; e información contextual proveniente del Centro de Educación e Investigación Popular (Cinep), el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina para las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Gráfica 1 Predicción de probabilidad de intención de voto por el presidente en turno para diferentes valores de identificación partidista y control paramilitar 

¿Por qué los militantes de izquierda e independientes se ven más afectados por cambios en el control territorial paramilitar? La violencia paramilitar apuntó hacia los militantes de partidos de izquierda en mayor medida que hacia los de otros partidos. Como se mencionó antes, en los años ochenta y noventa, más de 3 500 políticos y simpatizantes de izquierda fueron asesinados por paramilitares y agentes estatales. Así, en un contexto de control paramilitar, los simpatizantes de partidos minoritarios pueden no estar en una posición segura para expresar sus preferencias políticas o simplemente no tienen oportunidad de hacerlo. Por otro lado, los miembros de estas organizaciones pueden tener lealtades partidistas más débiles que los militantes de los partidos Liberal y Conservador; en consecuencia, un compromiso débil con sus partidos puede explicar por qué estos individuos son, de cierta forma, susceptibles a la influencia de un contexto político contrario a sus posturas políticas.

Conclusiones

Este estudio respalda hallazgos previos sobre los efectos de los contextos sociales y políticos en el comportamiento político, según los cuales, los individuos tienden a alinear sus posturas políticas con aquéllas que prevalecen en su entorno político (^{Huckfeldt et al., 2004a}; ^{MacKuen y Brown, 1987}; ^{Mondak et. al, 1996}). Sin embargo, este artículo representa una contribución importante a la bibliografía sobre comportamiento político pues lidia con un tipo de contexto no analizado previamente por las investigaciones sobre efectos contextuales, es decir el control territorial de los actores armados. Los resultados de este análisis indican que si un actor armado consolida su presencia en una región, tiene la posibilidad de ejercer influencia en las decisiones de voto de los individuos. Más importante aún, la naturaleza de su influencia está estrechamente relacionada con el equilibrio del poder militar entre los actores armados opuestos (guerrillas y paramilitares), y con los objetivos estratégicos de cada actor frente al sistema político o una elección particular.

Los resultados aquí presentados indican que, en las elecciones presidenciales de Colombia de 2006, sólo los paramilitares pudieron o quisieron usar su estatus dominante para influir en el apoyo popular hacia el presidente en turno. Al pasar de áreas dominadas por el Estado colombiano hacia regiones controladas por grupos paramilitares de derecha, los individuos eran más proclives a apoyar a un candidato presidencial situado a la derecha del espectro político. En áreas controladas por estos actores armados, la disidencia política representaba un riesgo para la seguridad de los individuos, así que la amenaza de violencia forzó a los votantes a apoyar a los candidatos y partidos políticos preferidos por los actores armados dominantes. Además, en las regiones dominadas por paramilitares hubo una variedad limitada de opciones electorales.

Consolidar el control territorial es un elemento clave, para un actor armado, para influir en el comportamiento político. Sin embargo, tal impacto también depende de la estrategia política del grupo dominante, pues no todos los actores armados deciden ejercer influencia electoral. Así, los paramilitares colombianos pudieron influir en el comportamiento de los votantes en las áreas bajo su influencia porque combinaron un conjunto amplio de acciones como intimidar a ciudadanos y opositores políticos, desarrollar vínculos con los políticos locales y crear las condiciones para que sus aliados políticos estuvieran en un estatus hegemónico. En suma, este trabajo sugiere que un actor armado dominante puede emplear violencia, o amenazar con usarla, para moldear el comportamiento político de los individuos alterando el valor esperado de ciertas acciones políticas y reduciendo el repertorio de opciones electorales.

La naturaleza jerárquica de este análisis permitió probar el efecto de varios factores de nivel individual sobre la participación electoral y la intención de voto. En general, los resultados de estas variables reafirman los hallazgos previos de la bibliografía sobre el comportamiento político. Más importante, el enfoque jerárquico permitió explorar el grado en que las características individuales regularon las asociaciones entre factores de nivel contextual y las variables de interés. Se mostró que el partidismo regula el efecto de los contextos violentos en la intención de voto. En concordancia con la bibliografía sobre efectos contextuales, los miembros de la mayoría nacional, en este caso, de los partidos Liberal y Conservador, resultan menos afectados por el control paramilitar que los seguidores de partidos minoritarios. Los simpatizantes de partidos de izquierda e independientes fueron más proclives a cambiar sus preferencias políticas, y tendieron a alinearlas con la orientación ideológica del actor armado dominante, en este caso, los paramilitares.

Finalmente, aunque los hallazgos de este trabajo sólo pueden aplicarse al caso colombiano, dada la dificultad de trasladarlos a conflictos donde la adscripción étnica y la existencia de milicias extranjeras son centrales en el conflicto interno, resalta la relevancia de tomar en cuenta los factores contextuales en el análisis del comportamiento político en democracias en desarrollo. En América Latina, sólo Colombia padece un conflicto interno; sin embargo, fuera de la región varios países están tratando de consolidar o construir democracias en medio de un conflicto violento. Tal es el caso de Iraq, Afganistán o Filipinas, sólo por mencionar unos cuantos. Así, análisis comparativos posteriores serán apropiados para extender los resultados de este trabajo hacia otros casos, y para fortalecer el conocimiento del impacto que el conflicto, la violencia y la agitación política tienen sobre el comportamiento político.