Activismo e investigación académica sobre la violencia y acoso políticos

Aunque las mujeres en la política han enfrentado durante mucho tiempo problemas de agresión, coacción e intimidación (véase más sobre esto más abajo), el concepto de violencia contra las mujeres en política es relativamente reciente, ya que surgen en los últimos diez o quince años en diferentes contextos en el mundo. En América Latina, la "violencia y el acoso político contra las mujeres" aparecieron por primera vez en 2000, cuando un grupo de concejalas convocó una reunión sobre el tema en la Cámara de Diputados en Bolivia con el propósito de discutir reportes de actos de violencia dirigidos contra mujeres candidatas y nominadas en los municipios rurales. En los siguientes doce años, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), junto con políticas mujeres y activistas, trabajaron juntas en forma inductiva para nombrar este fenómeno e identificar sus diversas manifestaciones. Ellas identificaron una serie de actos de violencia y hostigamiento que buscan, como su motivación central, acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de la posición política de la mujer o inducir a una mujer a hacer (o no hacer) algo relacionado con su mandato político contra su voluntad.

Fuera de América Latina, mujeres políticas, activistas, abogadas, investigadoras, académicas y miembros de los medios de comunicación en Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka desarrollaron eventos similares, financiados por la Asociación Internacional del Sur de Asia (SAP, por sus siglas en inglés), con el propósito de teorizar, compartir y comparar experiencias de mujeres políticas respecto a este fenómeno. Esto dio como resultado la publicación de varios libros y conferencias en 2007, 2008 y 2009 (^{SAP, 2009}). Una de las primeras publicaciones del proyecto utiliza la expresión "violencia contra las mujeres en la política" para describir actos perpetrados para impedir, castigar, o privar a las mujeres de su derecho a participar en la política (^{SAP, 2006}). El concepto de "violencia contra las mujeres en las elecciones" parece ser un poco más reciente, y nace a partir de un análisis con enfoque de género de los datos recolectados por la Fundación Internacional sobre Sistemas Electorales como parte de su trabajo de asistencia electoral (^{Bardall, 2011}). Ésta es la terminología utilizada por NDI en un programa piloto lanzado a principios de 2015, desarrollado en cinco países de tres regiones. Este programa se centra en "actos de violencia electoral, como amenazas, discurso de odio, agresión, chantaje o asesinato en contra de alguien a causa de su género y con el propósito de socavar, retrasar o influir en un proceso electoral de cualquier manera" (^{NDI, 2015}).

Debates paralelos se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo y muestran intentos globales para combatir la violencia contra las mujeres en política, que es vista como un problema global emergente. La definición exacta de los contornos de lo que "es" y de cómo debería llamarse es un proceso continuo. Académicas y activistas feministas han reconocido durante mucho tiempo que la cuestión del nombre de un fenómeno es tanto personal como políticamente importante, puesto que puede ayudar a individuos marginados a comprender mejor sus propias experiencias y darse cuenta de que comparten estas experiencias con otras personas. Esto también puede crear conciencia entre los miembros de los grupos dominantes con respecto a cómo sus propias acciones pueden ser injustas sin que se den cuenta (^{Flood y Pease, 2009}; ^{Friedan, 1963}; ^{Jaggar, 1989}). Los politólogos también ven la formación conceptual como un primer paso al analizar cualquier fenómeno político, porque la falta de definiciones robustas afecta la capacidad de recolectar datos precisos, realizar análisis útiles y desarrollar políticas concretas (^{Goertz, 2006}; ^{Sartori, 1970}).

La investigación feminista muchas veces comienza con las vidas de las mujeres, utilizando sus experiencias y perspectivas como punto de partida para crear teorías (^{Harding, 2004}; ^{Hesse-Biber, 2014}). Por lo tanto, no es sorprendente que las investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en política en América Latina se hayan inspirado en las definiciones y debates de las activistas. De hecho, algunos académicos (en particular ^{Cerva Cerna, 2014}) han desempeñado un papel importante en reunir a políticas, activistas y académicos para definir los contornos de este fenómeno.⁵ Ninguno de estos trabajos toma las "definiciones de activistas al pie de la letra", de manera acrítica, como sugiere ^{Piscopo (2016)}. En nuestro caso, ampliamos estas conversaciones al incorporar ideas de la literatura académica sobre la violencia contra las mujeres y la violencia política y electoral, así como con una amplia gama de ejemplos empíricos recopilados de informes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), propuestas de ley, leyes y noticias, para teorizar mejor este fenómeno y reorientar las definiciones de las activistas. Como parte de este proceso, hemos presentado nuestras ideas a una amplia gama de públicos académicos y profesionales que trabajan en diferentes regiones del mundo. Esto ha llevado a una comprensión más crítica de este fenómeno.

Este camino de descubrimiento nos ha llevado a explorar varias obras académicas que concuerdan con nuestra interpretación de qué es la violencia contra las mujeres en política y por qué ocurre. Inspiradas en principios teóricos feministas (^{Elshtain, 1981}; ^{Landes, 1988}), nos basamos en la asociación histórica en muchas sociedades entre los hombres y la "esfera pública" de la política y la economía y las mujeres y la "esfera privada" del hogar y la familia que muestra que los esfuerzos para promover la participación política de las mujeres, por su propia naturaleza, desafía creencias y prácticas con respecto a la política como un dominio masculino. Al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en la política sirve para reforzar los roles de género (^{Donat y D'Emilio, 1992}). Esto está apoyado por estudios de psicología y sociología que demuestran que existe una considerable hostilidad hacia las mujeres en roles de liderazgo (^{Puwar, 2004}; ^{Rudman y Phelan, 2008}). Nuestro artículo argumentaba, además, que las formas de violencia simbólica y económica han sido pasadas por alto o ignoradas, en el actual enfoque sobre la violencia física, sexual y psicológica de las activistas.

^{Piscopo (2016)} ignora este aporte porque ella incluye violencia económica y simbólica como subcategorías de violencia psicológica, lo que la lleva a concluir que nosotras proponemos la criminalización de las prácticas de "sexismo institucionalizado". Para ser claras, la violencia económica y simbólica no pueden reducirse a simple sexismo: implican intentos de control coercitivo mediante la restricción del acceso de las mujeres a recursos económicos (^{Stark, 2007}) y la denigración o eliminación de las mujeres como actoras políticos a través de imágenes y representaciones que las muestran como "menos" que los hombres (^{Bourdieu, 2001}). Mientras que algunos códigos penales reconocen la violencia económica,⁶ la protección contra la violencia simbólica es complicada por los amparos a la libertad de expresión. Aunque la libertad de expresión es un elemento central en una sociedad democrática sana, argumentamos, tal como ocurre en la literatura sobre los crímenes de odio, que algunos comportamientos se convierten en actos de violencia cuando las víctimas son señaladas debido a su identidad, utilizando mecanismos de poder y opresión para reafirmar jerarquías sociales y negar la igualdad de acceso a los derechos los miembros de un grupo (Igans ki, 2001; ^{Perry, 2001}). Debido a esta dinámica, sugerimos que las reformas legales no pueden usarse contra todos los actos de violencia contra las mujeres en política, y se requieren estrategias adicionales tanto por parte del Estado como de actores no estatales.

Violencia hacia los políticos vs. violencia contra las mujeres en política

Aunque el concepto de violencia contra las mujeres en política es relativamente nuevo, el fenómeno que describe no lo es (^{Albaine, 2014}). En la década de 1950, por ejemplo, rivales de Coya Knutson, una congresista de Minnesota (Estados Unidos), escribieron y distribuyeron una carta de su esposo a los periodistas. En esta carta él declaraba que estaba "enfermo y cansado de tener que verla con otros hombres, todo el tiempo y no con su esposo" y la instaba a "volver a casa". A pesar de que las afirmaciones eran falsas, la carta tuvo un impacto devastador en su campaña de reelección, lo que la hizo perder su trabajo (^{Beito, 1990}). Si el concepto se centra en las mujeres como actoras políticas en términos más generales (el enfoque de IFES, NDI y ONU Mujeres), los precedentes históricos incluyen la violencia que enfrentan los defensores del sufragio femenino, especialmente las sufragistas más radicales, que fueron atacadas por turbas enojadas, encarceladas y alimentadas a la fuerza y, en algunos casos, les quitaron a sus hijos (^{Graham, 1983}; ^{Harrison, 1978}).⁷ Reacciones viscerales similares son evidentes cuando las mujeres han entrado a otros espacios previamente masculinos, por ejemplo en el ejército, donde las mujeres enfrentan altas tasas de abuso y acoso se xual por parte de sus propios colegas (^{Katzenstein, 1998}; ^{Nelson, 2002}).

La naturaleza de estos actos, que son fundamentalmente acerca de restringir la participación de las mujeres como mujeres, no puede ser subsumida dentro, o explicada por, la violencia contra los políticos y la violencia en la sociedad en general, como sugiere ^{Piscopo (2016)}. En su opinión, lo que académicas y activistas de América Latina llaman "violencia contra las mujeres en la política" es simplemente una manifestación de la creciente violencia en la región, combinada con una ausencia general del Estado de derecho y falta de respeto por la ley. Estamos de acuerdo en que la inseguridad general desempeña un papel al exacerbar los incidentes de la violencia contra las mujeres en política. Sin embargo, estamos vigorosamente en desacuerdo con la idea de que estos actos sólo emergen de un contexto de consolidación democrática imperfecta (véase más sobre esto abajo). Asimismo, no pretendemos que cada acto violento cometido contra una mujer política (o contra un actor político de sexo femenino en general) constituye violencia contra la mujer en la política, ni negamos que las mujeres también pueden cometer tales actos contra otras mujeres. La diferencia crucial se relaciona con el motivo detrás de la violencia, en particular puesto que se pretende enviar un mensaje a las mujeres, y a la sociedad: que las mujeres como grupo no deben participar en la política. Nuestro concepto, por lo tanto, no abarca todos los actos de violencia experimentada por las políticas, sino agresión, coacción e intimidación de las mujeres como actoras políticas, porque son mujeres.

Para hacer este argumento más claro, la Tabla 1 contrasta "violencia en la política" (un síntoma de altos índices de violencia en la sociedad) con la "violencia contra las mujeres en la política". Lo que muestra la tabla es que mientras esta última se relaciona y comparte algunas características con la primera, hay diferencias cruciales entre los autores, espacios, motivaciones, tiempo y formas de violencia. Para ^{Piscopo (2016)}, la violencia contra las mujeres en política se produce sólo en los espacios públicos, a manos de opositores políticos y delincuentes criminales; como tal, no es de extrañar que ella la confunda con la violencia en la política en general. Nuestra definición, que de hecho es compartida por las activistas e investigadoras que trabajan en este tema, hace hincapié en que estos actos pueden ocurrir tanto en espacios comunes como en espacios privados. Muchos, si no la mayoría, de los perpetradores son los compañeros de partido de las mujeres o miembros de su familia. El resultado es que, además de ser atacadas en ambientes inseguros, las mujeres también enfrentan peligro en espacios que son generalmente seguros para los hombres: asambleas políticas, eventos oficiales, sus oficinas y hasta sus propias casas.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Violencia en la política vs. Violencia contra las mujeres en política. 

Esta distinción puede ilustrarse mejor a través de varios casos del mundo real. El asesinato de Benazir Bhutto en diciembre de 2007 es un ejemplo de violencia en la política contra una política mujer. Bhutto fue la primera mujer primer ministro de Paquistán (1988-1990 y 1993-1996), y regresó de su exilio después de forjar un acuerdo para compartir el poder con el entonces presidente Pervez Musharraf en las elecciones parlamentarias de 2008. Cuando regresaba a su casa luego de un mitin político, sobrevivió una tentativa de asesinato, en la que murieron más de 130 personas. Aunque el presidente Musharraf y otros actores privados intentaron mejorar su seguridad, Bhutto fue asesinada por una explosión tras un mitin de campaña. Si bien un comandante de Al-Qaeda reivindicó los hechos, Bhutto había acusado al gobierno de un complot para asesinarla dos meses antes y muchos de sus seguidores continúan haciendo afirmaciones similares después de su muerte. Aunque en Paquistán hubo discusiones a finales de los años ochenta respecto al derecho de una mujer a servir como líder nacional, la cuestión fue resuelta por líderes religiosos antes de la primera elección de Bhutto (^{Zakaria, 1990}). La evidencia sugiere que Bhutto fue asesinado por razones políticas, no porque fuera mujer.

El asesinato en 2012 de Juana Quispe, una concejala en Bolivia, ofrece un ejemplo contrastante de la violencia contra las mujeres en política. Como varios miembros varones de su partido, era crítica del alcalde, pero ella fue atacada por ser mujer. Después de ser electa, Quispe fue acosada por el alcalde, sus seguidores y varios miembros del consejo para que renunciara. Cuando no lo hizo, cambiaron los tiempos de las reuniones y se le negó su entrada a las sesiones. Cuando esto falló, la suspendieron de su cargo. Cuando ella fue reinstalada, después de una batalla legal de siete meses, le negaron el sueldo desde el momento en que fue suspendida, con el pretexto de que ella no estaba presente durante las sesiones del consejo. Un mes más tarde fue asesinada (^{Acobol, 2010}; ^{Corz, 2012}). Las experiencias de otras políticas bolivianas ofrecen más evidencia de este fenómeno. No es inusual, por ejemplo, que hombres suplentes, elegidos en caso de que las funcionarias principales no puedan cumplir con sus deberes, insistan en que las titulares en la oficina deben compartir sus salarios y renunciar a la mitad de su mandato en favor de los hombres. Estas presiones no ocurren a los políticos hombres.⁸

Puede establecerse una distinción similar en relación a las mujeres votantes. Después de las elecciones en Kenia en 2007 y 2008, jóvenes aliados con grupos étnicos lanzaron una campaña que culminó con más de mil muertes y el desplazamiento de más de medio millón de personas. Las autoridades estiman que ocurrieron al menos 900 casos de violencia sexual, en que las mujeres fueron víctimas debido a su origen étnico (^{Mutiga, 2016}). A principios de 2015, el presidente Uhuru Kenya anunció un fondo para proporcionar "justicia restaurativa", pero según ^{Human Rights Watch (2016)}, la gran mayoría de este dinero ha ido a los desplazados por la violencia y no a las mujeres que sufrieron violencia sexual. A pesar de estas experiencias de género de la violencia electoral, la motivación no era mantener a las mujeres como mujeres fuera de la política, lo que convierte éste en un caso de violencia en la política.

En comparación, las elecciones de Afganistán en 2004 se vieron empañadas por varios casos de violencia contra las mujeres como actoras políticas. Las mujeres fueron intimidadas al intentar registrarse para votar, y los "señores de la guerra" en algunas zonas presionaron a las autoridades religiosas a emitir directivas que impidieran a las mujeres registrarse como votantes. Según una encuesta, además, casi 90 por ciento de los afganos considera que las mujeres necesitan permiso de sus maridos o familias para votar, permiso que rara vez es otorgado. Un autobús que transportaba trabajadoras electorales fue bombardeado, muchas de las mujeres a bordo murieron o resultaron heridas. Las mujeres que llegaron a votar el día de elecciones a menudo se encontraron con que las mesas electorales para mujeres, una innovación que pretende fomentar la participación de las mujeres, no tenían personal o cerraron debido a amenazas de violencia (^{Human Rights Watch, 2004}). En todos estos incidentes, la intención real de violencia era restringir las oportunidades de las mujeres como mujeres para participar, lo que es un caso claro de violencia contra las mujeres en la esfera política.

Sin embargo, la diferencia entre estos dos tipos de violencia a veces es vaga. Como escribimos en nuestro artículo, las medidas usadas para atacar a las mujeres a menudo se basan en los roles de género, centrándose en los cuerpos de las mujeres y los roles sociales tradicionales para denegar o so cavar su competencia en la política, por ejemplo, mediante amenazas de violación o preguntas acerca de su identidad o moral sexual (^{Bardall, 2013}; ^{Herrera, Arias y García, 2011}). En nuestra opinión, dichos reclamos e insinuaciones pueden evolucionar en un caso de violencia contra las mujeres en la política cuando tales imágenes y estereotipos se emplean para sugerir que las mujeres como mujeres no pertenecen al ámbito político. Más allá de la crítica a una mujer específica estos ataques buscan comunicar el mensaje más amplio de que las mujeres como grupo no deben participar en la política. Nuestro reconocimiento de esta "zona gris" conduce a ^{Piscopo (2016)} a afirmar que deberíamos incluir la definición de violencia contra las mujeres en la política dentro de la definición de violencia electoral o política más "general". Sin embargo, la realidad nos muestra que el mundo real no siempre permite una categorización rápida y que se requiere una mirada más profunda para determinar la motivación y el mensaje de las formas particulares de violencia política hacia las mujeres.

Evidencia de todo el mundo apoya nuestro enfoque y muestra que la violencia contra las mujeres en política es real y puede tener efectos nocivos sobre la participación política de las mujeres. En Perú, casi la mitad de las mujeres alcaldes y miembros de los consejos locales reportaron actos de violencia relacionados con sus posiciones políticas (^{Quintanilla, 2012}). Esta violencia es desmoralizante, haciendo menos probable que las víctimas se presenten para una reelección y hace que dejen sus cargos políticos más rápido. Una tercera parte de las políticas locales en Suecia, por ejemplo, dijo que consideraba renunciar a sus cargos como resultado de estos incidentes (^{Krantz, Wallin y Wallin, 2012}), mientras que 48 por ciento de las mujeres que terminaron su mandato en 2010 en Bolivia denunció haber sido víctima de dicha violencia (^{Acobol, 2012}). El impacto de esta violencia se extiende más allá de las mujeres que se ven directamente afectadas. En Australia, 60 por ciento de las mujeres entre 18 y 21 años y 80 por ciento de las mujeres de más de 31 dijeron que era menos probable que se postularan para un cargo después de ver la manera tan negativa cómo la primera ministra Julia Gillard había sido tratada (^{Shepherd, 2014}). Igualmente, casi todas las participantes en un programa para aspirantes a mujeres líderes en el Reino Unido afirmó haber presenciado abuso sexista en línea contra mujeres políticas, lo que llevó a más de 75 por ciento de ellas a decir que esto era una preocupación en el momento de decidir si tener o no una carrera política (^{Campbell y Lovenduski, 2016}).

Contexto y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en política

Como indican los ejemplos anteriores, la violencia contra las mujeres en política no se limita a América Latina, lo que pone en duda la afirmación de ^{Piscopo (2016)} de que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres se deriva de procesos incompletos de consolidación democrática en la región, y no de la resistencia patriarcal a la participación política de las mujeres. Es completamente falso que la violencia contra las mujeres en política sea un problema limitado a los países en desarrollo donde la capacidad del Estado es débil. Actos de esta naturaleza también ocurren en las sociedades desarrolladas donde el Estado es lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir la ley y la violencia no está sistematizada. En Italia, la presidenta del Parlamento ha divulgada las fotos explícitas y las amenazas que ha recibido desde que asumió su cargo (^{Davies, 2014}), mientras que la primera ministra noruega apareció en un programa de televisión hablando sobre abuso en línea contra ella como mujer en política (^{The Local, 2015}). En el Reino Unido, varias mujeres miembros del Parlamento han recibido amenazas de violación en Twitter, incluyendo un caso que fue a juicio (^{Creasy, 2014}). En febrero de 2016, las Organización de Mujeres Musulmanas envió una carta al líder del partido laborista en la que le informaba de las tácticas que se emplean para evitar que las mujeres musulmanas sean candidatas. Estas prácticas incluyen abuso, insultos y las presiones sobre sus familiares para obligarlas a retirarse de la política (^{The Guardian, 2016}). De manera similar, en Australia fueron denunciados recientemente problemas de acoso sexual en el Parlamento, que ocurren en todos los partidos políticos, que lleva a la existencia de una "cultura tóxica" que evita tomar cualquier tipo de acción disciplinaria contra los autores (^{Faruqi, 2016}).

Al ver estos casos, es evidente que las diferencias en la capacidad del Estado no afectan la existencia de la violencia contra las mujeres en la política, pero éste sí puede influir en las manifestaciones prevalentes y en las formas que se usan para atacar a las mujeres. Más específicamente, en países donde la violencia es rutina, puede ser "más fácil" utilizar la violencia física, sexual y psicológica debido a la impunidad y la capacidad de enmascarar estos actos como "inseguridad general". En países en que esas formas de violencia son altamente condenadas y el Estado tiene los medios para castigar a los autores, las formas simbólicas de violencia pueden preferirse, puesto que logran los efectos deseados, pero son más difíciles de probar, dado que la capacidad estatal, irónicamente, proporciona más garantías a la protección de la libertad de expresión, que puede ser usada para permitir y defender la violencia contra las mujeres en política (^{Creasy, 2014}).

Darle importancia al contexto implica reconocer que distintas culturas pueden proporcionar diversas herramientas para cometer actos de violencia contra las mujeres en la política, lo que le da un significado distinto a las acciones y condiciona el grado en que tales conductas son normalizadas. Las acusaciones de que una mujer es una mala esposa, madre o hija, por ejemplo, pueden ser especialmente devastadoras en comunidades rurales pequeñas, donde las familias comparten una densa red de lazos sociales, o en culturas donde el "honor" de una mujer es visto como una extensión del honor de su familia. De igual manera, usar las redes sociales para perpetrar actos de violencia contra las mujeres en política puede tener más resonancia en contextos en los que la ciudadanía tiene mayor acceso a computadores y teléfonos celulares. Aunque las herramientas pueden variar, los objetivos son los mismos: evitar la participación política de las mujeres a través de esfuerzos para intimidar, deslegitimar o excluir a las mujeres como actoras políticos.

Ir más allá del "excepcionalismo" latinoamericano plantea preguntas con respecto al creciente interés en este fenómeno en todo el mundo. ^{Piscopo (2016)} observa, de manera correcta, que las académicas que trabajan en la región asocian una mejora en las oportunidades para la participación política de las mujeres con el aparente aumento en la violencia (^{Albaine, 2014}; ^{Archenti y Albaine, 2013}; ^{Cerva Cerna, 2014}). Nosotras no establecemos esta conexión causal en nuestro artículo, aunque es una pregunta sobre la que hemos reflexionado. Datos de todo el mundo proporcionan evidencia incontrovertible de que las mujeres han hecho importantes avances en la representación política en los últimos veinte años: el promedio mundial de mujeres en los parlamentos nacionales casi se duplicó entre 1995 y 2015 (^{UIP, 2015}). En nuestra opinión, al menos tres escenarios son posibles: 1) más mujeres en el ámbito político pueden, simplemente, permitir la creación de más lugares de violencia potencial, dado que hay más mujeres a las que se puede atacar; 2) la mayor visibilidad y voz política de las mujeres pueden ser vistas como una amenaza para quienes quieren preservar el statu quo, lo que exacerba el uso de la violencia como una manera para prevenir el cambio, y 3) una mayor discusión de la participación política de las mujeres puede fomentar una mayor conciencia en todo el mundo en cuanto a desigualdad en la vida política, lo que a su vez arroja nueva luz sobre dinámicas que han ocurrido durante muchos años.

No obstante, nuestra investigación sugiere que si bien el backlash puede no ser la única explicación, es sin duda una motivación muy grande detrás de la creciente violencia contra las mujeres en la política. Estudios de caso de cuotas de género, por ejemplo, muestran cómo las élites partidistas usan tácticas insidiosas y a menudo muy creativas para burlar el espí ritu y la letra de este reglamento, basándose en las normas de género y prácticas de preservación de la dominación masculina de la vida política (^{Krook, 2016}). Evidencia adicional puede verse en el hecho de que muchos perpetradores de estos actos, en el ámbito mundial, son miembros del mismo partido que las víctimas, y lo que buscan es sustituir a las mujeres en un cargo con los hombres del mismo grupo político. Actos de esta naturaleza se vuelven más importantes con el incremento de las posibilidades de participación política para las mujeres. Las activistas y académicas no creen que la violencia sólo ocurre cuando las mujeres entran en el ámbito político, como afirma ^{Piscopo (2016)}, sino que, haciendo eco de los resultados de ^{Yoder, (1991)}, estas dinámicas comienzan cuando la cantidad de mujeres aumenta. Dado que ése es el objetivo evidente de las cuotas, no es sorprendente que la violencia sea más pronunciada en los países donde se introducen.

El "problema" de la violencia contra las mujeres en política

La violencia contra las mujeres en política es problemática por varias razones. Evidentemente plantea una amenaza directa a la habilidad y disposición de las mujeres para participar en la política. Aunque apenas se está iniciando la recopilación de datos sobre este tema, las pruebas disponibles sugieren, en términos inequívocos, que las mujeres políticas alrededor del mundo han experimentado este tipo de violencia, con consecuencias para su capacidad y voluntad para participar activamente en el proceso político.⁹ Aunque muchas mujeres vacilan sobre si deben hablar directamente de estos temas, parecería haber un cambio sutil en términos del reconocimiento de este problema por parte de las mujeres en política. En 2013, durante las reuniones sobre el estatus de las mujeres de la Comisión de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria (UIP) patrocinó un evento en el que presentamos este tema. El grupo de asistentes, mujeres políticas de todo el mundo, asentía vigorosamente durante nuestra conferencia. La gran mayoría de las mujeres políticas entiende inmediatamente el concepto cuando se les explica¹⁰ y, aunque niegan ser víctimas ellas mismas, reconocen que sí ocurre a otras mujeres (^{Cerva Cerna, 2014}).

Esta dinámica constituye una violación de los derechos de la mujer a la participación política, consagrado en una serie de compromisos internacionales y legislación en muchos países. El artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (^{ONU, 1979}), por ejemplo, establece que los países deben garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres en el derecho a) para votar en las elecciones y ser elegibles para todos los organismos públicos, b) participar en la formulación de la política gubernamental y para ocupar cargos públicos y desempeñar todas las funciones públicas en todos los niveles de gobierno y c) participar en asociaciones y organiza ciones no gubernamentales que se ocupan de la vida pública y política del país. Declaraciones similares se encuentran en la plataforma para la acción de Pekín de las Naciones Unidas (^{ONU, 1995}), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (^{ONU, 2000}) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (^{ONU, 2015}), todos estos acuerdos llaman a garantizar la participación de la mujer y la igualdad de oportuni dades para el liderazgo de manera plena y efectiva. Al mismo tiempo, las constituciones de más de 150 países explícitamente garantizan a hombres y mujeres los mismos derechos de asociación y participación política (^{ONU Mujeres, 2016}).

Enmarcar este problema en términos de derechos políticos de las mujeres, como nota ^{Piscopo (2016)}, es la interpretación favorecida entre activistas y políticas en América Latina. Este enfoque tiene sentido dada la posibilidad de usar los compromisos hechos por los gobiernos latinoamericanos para resaltar las deficiencias entre la retórica y la realidad, y hacer un llamamiento a los Estados para que tomen medidas para garantizar los derechos políticos de las mujeres. Por otro lado, el énfasis en la violencia contra las mujeres en la política como delito electoral también refleja un enfoque más eficiente políticamente, dado que las cortes electorales, en contraste con otras instituciones de nivel estatal, han demostrado ser fuertes y eficaces en la defensa de la igualdad de género, como ^{Piscopo (2015)} muestra en otras investigaciones. Esta manera de enmarcar la cuestión, sin embargo, tiene sus limitaciones, como nota ^{Piscopo (2016)}, porque ni los tribunales electorales, ni otras instituciones del Estado, pueden castigar ciertas conductas, debido a la impunidad generalizada de que gozan los actos de violencia. Tal como lo explicamos en nuestro artículo (y también más abajo), la solución es un enfoque multisectorial, con una variedad de actores que trabajen juntos para llenar estos vacíos.

Lograr apoyo para estas iniciativas depende de establecer una conexión más amplia entre la violencia contra las mujeres en política y otros valores importantes para la sociedad en su conjunto. En nuestra opinión, este fenómeno "es" varios problemas simultáneamente. En primer lugar, la violencia contra las mujeres en política quebranta la democracia. Evitar que las votantes mujeres tengan acceso a las mesas de votación reduce la integridad de las elecciones, puesto que un sector de la población es sistemáticamente excluido del ejercicio de sus derechos políticos. Amenazar o acosar a mujeres activistas y miembros de los partidos políticos evita que las mujeres como grupo contribuyan en los debates políticos y decidan las prioridades políticas. Presionar a las mujeres a renunciar después de que han sido elegidas para un cargo público, o hacer que su trabajo sea imposible de realizar, viola los derechos de las mujeres a la participación y atenta contra los derechos de los votantes, puesto que los resultados electorales son anulados por la intimidación y la coerción.

En segundo lugar, la violencia contra las mujeres en política viola los derechos humanos de las mujeres. La Declaración Universal de Derechos Humanos (^{ONU, 1948}) define derechos humanos en términos de la "dignidad y el valor de la persona humana". El artículo 21 establece que 1) toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o a través de representantes libremente elegidos, 2) toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país y 3) la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual. Los actos de violencia que tienen como propósito excluir a las mujeres o impedir su participación son faltas contra la dignidad humana y la igualdad de derechos, al desconocer a las mujeres como ciudadanas iguales. El comité sobre los derechos de los parlamentarios de la UIP, establecido en 1976, ofrece un precedente para pensar sobre este tema. En las investigaciones que han realizado sobre acciones contra parlamentarios alrededor del mundo, la UIP utiliza el lenguaje de "derechos humanos" para referirse a actos que incluyen la exclusión indebida de cargos políticos, detenciones arbi trarias, restricción de discurso, asesinato, tortura y secuestro. Estos actos también se realizan para evitar la participación política de las mujeres (^{UIP, 2016}).

En tercer lugar, la violencia contra las mujeres en política es una forma de discriminación basada en el sexo y el género. El artículo 1 de la CEDAW, firmado por 189 Estados, define "discriminación" como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera" (^{ONU, 1979}). La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (^{ONU, 1993}) explícitamente define la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación basada en el sexo, como "relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer", que llevan a la "dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impiden el desarrollo pleno de la mujer". Visto en estos términos, la violencia contra las mujeres en la política puede entenderse como una forma de discriminación contra la mujer en el ámbito político, que restringe el acceso a los derechos y libertades en función del sexo, y busca mantener relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Legislación vs. implementación de las leyes contra la violencia

Promulgar leyes es a menudo un proceso engorroso, que requiere esfuerzos continuos por parte de sus proponentes para diseñar propuestas de ley, conseguir apoyo y encontrar ventanas de oportunidad para la reforma política (^{Kingdon, 1984}). A pesar del trabajo que implica, la ciencia política ha encontrado que las y los políticos muchas veces promueven legislación que, saben, tendrá poco efecto, incluyendo la firma de convenios internacio nales que no tienen intención de respetar (^{Leff, 1988}; ^{Mazur, 1995}; ^{Keck y Sikkink, 1998}). Sin embargo, la deshonestidad de una reforma no necesariamente impide su aplicación efectiva. Más aún, darle nombre a un fenómeno y tildarlo de inaceptable, incluso si el comportamiento negativo continua, puede tener fuertes consecuencias normativas (^{Risse, Ropp y Sikkink, 1999}), porque una nueva ley proporciona un recurso hasta ahora no disponible para que las víctimas denuncien los hechos y demanden frente al Estado el respeto de sus derechos.

Las activistas en toda América Latina son conscientes de estas dinámicas y reconocen, como sostiene ^{Piscopo (2016)}, que transformar los comportamientos sociales, culturales y políticos que provocan violencia contra las mujeres en la política sería lo ideal, pero toma mucho tiempo. Mientras esto ocurre, la legislación puede ser un primer paso necesario en la dirección correcta.¹¹ Según las mujeres en Bolivia, el carácter sensibilizador de la Ley contra la violencia y el acoso político contra las mujeres en su país no debe ser subestimado. Antes de la ley, muchas mujeres creían que estas conductas eran simplemente "el costo de hacer política", sin darse cuenta de que violan sus derechos políticos ni de cómo podrían tomar medidas para abordar el problema. Contar con una ley les ha dado las palabras para describir sus experiencias y las ha motivado a abordar este problema en programas de capacitación para mujeres políticas, rompiendo el silencio en torno a la violencia y tomando medidas prácticas para mitigar su repercusión.¹²

Para ^{Piscopo (2016)}, el mejor camino es reforzar la aplicación de las leyes vigentes sobre la violencia contra las mujeres y aprobar leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo (véase más sobre esto abajo). Sin embargo, los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres en la política no se deben limitar a reformas legales. En junio de 2015, un comité multipartidario de la Cámara de los Comunes en Canadá emitió un informe explicando el proceso para el manejo de las quejas de acoso sexual. Este informe fue realizado al darse cuenta de que no había ningún proceso formal para tratar estos temas después de que dos parlamentarias afirmaran, en noviembre de 2014, que habían sido acosadas sexualmente por dos diputados de otro partido. El informe indica que todos los parlamentarios deben recibir capacitación en el nuevo código de conducta y un compromiso que condena el acoso sexual (^{Walters, 2015}). Reconociendo la necesidad de una política partidaria similar, el partido laborista británico ha adoptado normas para evitar el sexismo, el racismo y el bullying en las reuniones, dejando claras las normas de comportamiento que esperan de los líderes y los miembros del partido (^{Cooper, 2015}). Otros tipos de normas, en otras palabras, pueden contribuir a la construcción de un marco normativo más amplio que condene tales conductas y cree conciencia de que esos actos "están mal" y es necesario cambiar.

Estrategias multisectoriales para combatir la violencia contra las mujeres en la política

La violencia contra las mujeres en política es un problema con múltiples dimensiones, que afecta a las mujeres en diversas funciones políticas y que incluye una gama de comportamientos diferentes. Como la violencia contra las mujeres en general, por lo tanto, no se puede resolver utilizando solamente una estrategia sino que requiere, por el contrario, un enfoque más holístico e integral, que implique intervenciones en varios niveles (^{Heise, 1998}).^{13 Piscopo (2016)} esboza algunas ideas innovadoras para abordar la violencia contra las mujeres en la política en América Latina, al argumentar que gran parte de la infraestructura necesaria ya existe en la legislación sobre la violencia contra las mujeres y las cortes electorales que están dispuestas a defender los derechos políticos de las mujeres. El elemento faltante son las políticas para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo. Ella propone que las nuevas reformas institucionales podrían incluir fiscales especiales para recibir y atender quejas de agresión física y acoso psicológico; programas de capacitación y sensibilización para funcionarios en Comisarías de la Mujer de la región; grupos de trabajo de gobierno que coordinen las oficinas encargadas de la aplicación de la ley con los funcionarios judiciales para procesar los casos según los códigos penales y las leyes sobre la violencia contra la mujer existentes, y defensores en los tribunales electorales para documentar e investigar los reportes.

Estas son ideas excelentes, asumiendo que haya un compromiso real por parte de los gobiernos para combatir este problema. Sin embargo, estas propuestas están limitadas de dos maneras cruciales. En primer lugar, la recomendación de que la legislación existente sea utilizada para castigar actos de violencia contra las mujeres en la política ignora el hecho de que los funcionarios públicos en muchos casos están protegidos por inmunidad, lo que hace imposible perseguir actos de acoso sexual perpetrados por un diputado, por ejemplo¹⁴. Este enfoque también omite acciones más simples que pueden adoptarse para fortalecer la legislación vigente. El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, por ejemplo, decidió que sólo se aceptan renuncias de concejalas en persona en la Oficina Nacional de La Paz, lo que hace imposible que suplentes hombres presenten una carta de renuncia de una concejala que fue obligada a firmar un papel en blanco cuando fue elegida.¹⁵Otra idea es exigir que los suplentes sean del mismo sexo del titular, garantizando que si una mujer renuncia sea reemplazada por otra mujer, eliminando así las posibilidades de coacción por parte de los hombres que buscan que las mujeres dejen sus cargos.¹⁶

En segundo lugar, estas soluciones se centran exclusivamente en los actores estatales, ignorando que otros grupos podrían ser movilizados para abordar este problema. ^{Piscopo (2016)} reconoce implícitamente esto, aludiendo a cómo las diferentes jurisdicciones hacen que algunos actores sean más adecuados que otros en términos de responder a diferentes tipos de violencia. Nos gustaría añadir que varios tipos de actores también tienen distintos recursos para prevenir, tratar y castigar la violencia contra las mujeres en la política.¹⁷

Las organizaciones mundiales y regionales podrían integrar la violencia contra las mujeres en política como parte de los instrumentos internacionales vigentes, desarrollar un acuerdo internacional o una declaración sobre la erradicación de esta violencia, establecer protocolos regionales o directrices modelo que orienten a los partidos políticos o los parlamentos en la lucha contra este problema, facilitar el intercambio de datos y estrategias para la lucha contra la violencia contra las mujeres en la política, poner el tema en la agenda de reuniones internacionales e intercambiar datos, documentos, experiencias y desafíos en la lucha contra la violencia.

Los gobiernos pueden llevar a cabo campañas de concientización dirigidas a partidos políticos y votantes para hacer el problema visible a través de carteles, páginas web, tweets, videos en línea y anuncios de televisión; crear procedimientos para el registro y manejo de quejas a través de agencias estatales nuevas o existentes, incluyendo las estaciones de policía, las sedes electorales o las oficinas de igualdad de género; designar una agencia que sirva como punto principal de contacto para las víctimas de la violencia contra las mujeres en política y sus familias; desarrollar indicadores y recopilar datos sobre la prevalencia, la forma y el impacto de la violencia contra las mujeres en la política; y capacitar a las autoridades para que puedan reconocer tales actos, creen informes y enjuicien estos delitos como lo indica la ley.

Los parlamentos pueden organizar un foro nacional sobre la violencia contra las mujeres en política, invitando a mujeres elegidas localmente, así como a las mujeres en partidos y organizaciones de mujeres en la sociedad civil; presentar una resolución condenando la violencia contra las mujeres en la política en todas sus formas; incorporar la violencia contra las mujeres en política en las leyes y los marcos legales existentes; considerar reformas legislativas; realizar una encuesta confidencial de experiencias de parlamentarios con la violencia electoral y política, incluyendo los incidentes que ocurren dentro del Parlamento; establecer o revisar los códigos de conducta parlamentarios para abordar aspectos de la cultura institucional que crean un ambiente de trabajo hostil para las mujeres parlamentarias y el personal de apoyo; y capacitar a congresistas y diputados para crear conciencia sobre su propia conducta, así como los recursos disponibles para responder a los actos de violencia.

Los partidos políticos pueden organizar sesiones en sus asambleas anuales y distribuir materiales entre los miembros del partido, incluyendo carteles, sitios web, tweets y videos en línea para explicar qué es la violencia contra las mujeres en política; aprobar una resolución dentro del partido en la que se condene la violencia contra las mujeres en la política en todas sus formas; desarrollar un código de conducta para los líderes y los miembros del partido, prohibiendo el sexismo o la intimidación en las reuniones, así como el acoso sexual en todos los contextos de trabajo partidario; reformar los estatutos del partido para imponer sanciones a los miembros que cometen actos de violencia contra las mujeres en la política; establecer un órgano dentro del partido que sea responsable de recibir quejas por parte de las víctimas y recomendar sanciones contra los perpetradores; hacer un compromiso público, de forma independiente o con otros partidos, para garantizar la seguridad de las mujeres en las elecciones; y firmar una declaración con otros partidos en los que se declare la violencia contra las mujeres en la política como inaceptable.

Grupos de la sociedad civil pueden organizar esfuerzos de concientización con las votantes mujeres, activistas y candidatas para explicarles el concepto de violencia contra las mujeres en la política; desarrollar una red de mujeres elegidas en todo el país para generar conciencia y crear presión para promover estas reformas; prestar servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo centros de llamadas y sistemas de referencia; y crear tarjetas de puntuación para los partidos que califiquen su desempeño en términos del respeto a los derechos de las mujeres a participar en política sin miedo a la violencia. Las mujeres líderes se pueden vincular a estos esfuerzos compartiendo sus historias personales y creando redes para promover el cambio; participando en programas de capacitación y sirviendo como mentoras para las candidatas; desarrollando estrategias para enfrentar, responder y mitigar los actos de violencia contra las mujeres en la política; y participando en redes para desarrollar conceptos compartidos de violencia contra las mujeres en política y trabajar en favor de una mayor conciencia pública. Tanto los grupos de la sociedad civil como las mujeres políticas pueden utilizar redes sociales como plataformas para exponer los actos de violencia, por ejemplo mediante la publicación de fotos de sus oficinas destruidas, o las amenazas de violación que reciben, con el propósito de llamar la atención sobre el problema y sus diversas manifestaciones, al tiempo que se condena públicamente a los responsables por su comportamiento inaceptable.

Los miembros de los sectores de justicia y seguridad podrían crear protocolos para responder a las víctimas de la violencia contra las mujeres en la política, establecer procedimientos para el registro y manejo de quejas, crear conciencia en cuanto a legislación y otros instrumentos jurídicos que podrían movilizarse para hacer frente a este problema, y capacitar a policías para que reconozcan y respondan de manera adecuada a las quejas. Las autoridades y observadores electorales podrían revisar las reglas de las oficinas de administración electoral para definir y responder a los actos de violencia contra las mujeres en la política; movilizar a actores de la sociedad civil para ayudar en la vigilancia de las elecciones, por ejemplo, a través de líneas telefónicas directas, sistemas de mensajería de texto y aplicaciones web; crear procedimientos para el registro y manejo de quejas; e incorporar la perspectiva de género en las pautas de observación electoral para reconocer los actos de violencia contra las mujeres en la política. Los medios de comunicación, finalmente, pueden capacitar a los periodistas para que la cobertura de prensa sea más sensible a las cuestiones de género; asociarse con organizaciones de la sociedad civil y empresas de tecnología para el desarrollo de mecanismos para lidiar con el abuso en línea; y usar las redes sociales como una herramienta para dar a conocer y denunciar actos de violencia contra las mujeres en la política, con un mayor escrutinio público que permita ejercer presión sobre los responsables. Tomadas en conjunto, estas estrategias sugieren que una multitud de diferentes actores puede, y debe, comprometerse en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la política.

Conclusiones y camino a seguir

La violencia contra las mujeres en la política es un problema grave, pero activistas y académicas en el mundo aún están poniéndose de acuerdo respecto a qué "es" este fenómeno y cómo debe ser llamado. Sin embargo, hay un consenso creciente respecto a la idea de que estos actos no deben simplemente clasificarse como parte inevitable de la política tradicional. Más bien, quienes apoyan este concepto, creen enfáticamente que la violencia no debe ser el costo de participar en política (^{NDI, 2016}). En lugar de esto, es necesario atender esta problemática para asegurar que la violencia contra las mujeres en política no socave los derechos civiles y políticos de las mujeres, como individuos y como colectivo, y afecte, de una manera más amplia, las perspectivas de inclusión y democracia. Abordar la violencia contra las mujeres en política puede jugar un papel crucial en el desarrollo de una cultura, práctica e instituciones democráticas -no al revés- como sostiene ^{Piscopo (2016)}. El creciente impulso mundial detrás de este problema sugiere que estas conversaciones continuarán en el futuro dado que diversas actoras están trabajando juntas (aunque a veces estén en desacuerdo), en el desarrollo de los mejores conceptos y soluciones para acabar con este problema y garantizar que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones sin el temor a la violencia.