La disputa con la iglesia por el control de los registros de identidad

Respecto al control de los registros del estado civil, el objetivo de la batalla era arrebatárselos a la Iglesia católica, lo cual suponía que dejara de ser un acto sujeto al derecho canónico y a la potestad de ésta, puesto que, por tradición, el estado civil se había basado en la legislación española y canónica, especialmente en Las siete partidas y las disposiciones emanadas del Concilio de Trento. En la junta apostólica de 1585, se habló acerca del santo sacramento del bautismo y del matrimonio;¹⁵ se estableció que el bautismo se debía administrar dos veces cada semana: domingo por la mañana y jueves por la tarde, al igual que los santos óleos. A los párrocos se les advirtió que sólo podían aplicar el sacramento del bautismo a los adultos si conocían la fe católica o, al menos, sabían la oración dominical en su idioma, símbolo de los apóstoles y los diez mandamientos. Para que lo anterior se cumpliera, se pidió que los esclavos fueran instruidos en los principios de la religión católica, tal como lo exigieron los obispos a sus amos. El Tercer Concilio Provincial Mexicano pedía que los párrocos tuvieran libros en los que se asentaran las partidas de los bautizados, confirmados, casados y difuntos de la siguiente manera:

[…] ordena este Concilio que todos los curas tengan tres libros para que en el primero consten los nombres de los bautizados y de sus padres, así como el de los compadres y del que bautiza. En la primera parte del segundo libro, han de anotar a los que contrajeron matrimonio, lo mismo que a sus padres, expresando cuál es su patria, y además quiénes fueron los testigos que asintieron al matrimonio, y finalmente con su propio nombre, en la segunda parte, asienten los nombres de los difuntos, explicando el día, el mes y año, y la Iglesia en que fueron sepultados: finalmente, en el tercero, escríbanse los nombres de los que han recibido el sacramento de la confirmación, así como también los de sus padres y padrinos, y el del que los confirmó. Estos libros, pues, deben conservarse en la forma que prescribe el obispo, y a ellos y a todo lo que en ellos apareciere autorizado con la firma del cura ha de darse fe, tanto en juicio como fuera de el.¹⁶

Los párrocos no podían poner a los indios los nombres antiguos de su gentilidad, ni los del Antiguo Testamento, sólo podían usar los nombres de los santos del Nuevo Testamento. En las partidas parroquiales se anotaba la fecha de inscripción, el día en que tuvo efecto el acto inscrito, los datos generales de los interesados, la vecindad, el nombre y la ocupación de los testigos y, por último, en el margen inferior se imprimía exclusivamente la firma del párroco, sin ninguna intervención de los participantes en el acto. Respecto a los matrimonios, el Concilio estableció que las bendiciones nupciales sólo podían ofrecerse a los españoles, indios o esclavos, si conocían sus oraciones.¹⁷

Todas estas consideraciones de la legislación canónica relacionadas con el estado civil de las personas fueron impuestas por las autoridades eclesiásticas y avaladas por la legislación ibérica a lo largo de los siglos, hasta que comenzó un proceso de cambio que se inclinó por secularizar distintas esferas de la sociedad (económica, política, legal) del predominio de la Iglesia católica, situación que en el siglo XVIII caracterizó a Europa y, posteriormente, a toda América.

El desafío del proceso secular comenzó con las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, impulsadas por Carlos III de España, las cuales tuvieron como base el pensamiento ilustrado. Una de las estrategias de la Corona española fue imponer el poder secular sobre el religioso. En materia del estado civil de los individuos, se dejó intacta la supremacía de la Iglesia católica en cuanto al control de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Estos actos de orden administrativo seguían vinculándose con el precepto sacramental que la doctrina católica le imprimió. El antecedente que comenzó a perfilar un proceso de secularización en el ámbito que me ocupa se puede vincular con la aparición de los jueces civiles. Estos se inmiscuyeron en los problemas legales de la vida conyugal y las responsabilidades de la paternidad dentro de la familia. El 22 de marzo de 1787 -un año antes de que falleciera el rey Carlos III- “se publicó una real cédula que prohibía a las autoridades eclesiásticas involucrarse en los litis expensas”¹⁸ (alimentos y tenencia de los hijos). Un año después, la bigamia -que tanto había dado quehacer a la Inquisición- fue sacada de jurisdicción eclesiástica y puesta bajo jurisdicción civil.

Luego de las reformas borbónicas, los habitantes de la Nueva España plantearon el proceso de independencia, a partir de la crisis política que surgió en América por las noticias llegadas de España en el barco Ventura y publicadas en la gaceta el 16 de julio de 1808; éstas hablaban de la invasión francesa a la península ibérica y la deposición de la familia real.¹⁹ La crisis provocó una revolución que afectó a todo el mundo ibérico. Se define esta época como la del nacimiento de la política moderna, con la aparición de una nueva legitimidad: la de la Nación, que fue la base para la formación de nuevos estados soberanos.²⁰ Asimismo, fue el momento de la aplicación de una estrategia específica: atacar a corporaciones como la Iglesia católica, ante el reconocimiento de que en sus manos estaba parte de la estructura de la sociedad y, por lo tanto, parte de los problemas que la aquejaban.

Hubo dos influencias muy importantes: la Revolución francesa y la Independencia de Estados Unidos. Ambas proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos, aspectos que aparecieron precisamente del iluminismo francés. Y fue en Francia, justamente en 1804, cuando se estableció el Código Napoleónico, el cual reguló -en la forma en que actualmente se practica- la institución del Registro Civil, con la obligación de asentar las actas en libros que deberían llevarse en dos originales, para conservar uno en el municipio y otro en el tribunal del departamento. Este sistema de registro en libros debidamente foliados, por duplicado y como única prueba de los actos del estado civil, se conoce, por virtud de su origen, como Sistema Francés de Registro.²¹ Este hecho propició el reconocimiento jurídico y social de un individuo como sujeto de derechos y obligaciones para con el Estado, lo cual permitió su permanencia o nacionalidad, y, con ello, la filiación con un territorio, una sociedad, una familia y una personalidad; en otras palabras, el Estado francés se asumió como garante de los derechos del ciudadano y su ejemplo fue seguido por otros países, incluyendo a México a mediados del siglo XIX.

En el mundo ibérico cobró relevancia la Constitución de Cádiz, elaborada en medio de los brotes de insurgencia surgidos en América. En dicha Constitución, el cambio más trascendental fue quitarle poder al párroco dentro de las demandas civiles, las cuales se exigía que fueran presentadas ante la autoridad secular, representada en primera instancia por el alcalde de barrio. No fue sino hasta la época de la Reforma cuando se dieron los cambios legales más significativos, sobre todo dentro de la Ciudad de México y el Distrito Federal.

El Distrito Federal y la apertura de los juzgados del Registro Civil

Al momento de la promulgación de la Constitución de 1857,²² el Distrito Federal se encontraba bajo el gobierno del liberal Juan José Baz, pero los acontecimientos políticos lo hicieron salir de la Ciudad de México rumbo a Morelia. Regresó al término de la Guerra de Reforma y volvió a ocupar el cargo en 1861, después de haberse promulgado la Ley sobre el Estado Civil de las Personas, la cual aplicó en el Distrito el propio Baz como gobernador.²³

La División Política del Distrito Federal se definió gracias al decreto del gobierno del 6 de mayo de 1861, en el cual se estableció que el territorio se dividía en una municipalidad, la de México, y cuatro partidos: Guadalupe Hidalgo, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya; cada uno de los cuales, a su vez, estaba conformada por municipalidades. El partido de Guadalupe Hidalgo comprendía la municipalidad de Guadalupe Hidalgo y Atzcapotzalco; Xochimilco incluía la municipalidad de Xochimilco, además de la de Tulyehualco, Tláhuac, San Pedro Actopan, Milpa Alta y Hastahuacan; el de Tlalpan comprendía las municipalidades de San Ángel, Tlalpan, Coyoacán, Ixtapalapa e Ixtacalco; Tacubaya estaba formado por la municipalidad de Tacubaya, Tacuba, Santa Fe y Mixcóac.²⁴

La municipalidad de México estaba al mando directo del gobernador del Distrito, y los Partidos bajo el mando de los Prefectos. Ésta es la división que funcionó a partir de 1861, salvo los breves años del imperio.²⁵ En las prefecturas, distritos o partidos, los prefectos cumplían las mismas funciones que el gobernador en la municipalidad de México, es decir, fungían como presidentes de los ayuntamientos y eran los responsables de aplicar y hacer cumplir las leyes.²⁶

En este orden político-administrativo, se dio apertura a los Juzgados del Registro Civil, que comenzaron a funcionar en las distintas municipalidades del Distrito, como lo muestra la Tabla 1.

Para poder iniciar los registros, los gobernantes y los prefectos debían rubricar los libros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la ley del Registro Civil del 28 de julio de 1859: “Todos los libros del Registro Civil serán visados en su primera y última foja por la primera autoridad política del cantón, departamento ó distrito y autorizadas por la misma con su rúbrica en todas sus demás fojas”.²⁷ A manera de ejemplo, la primera página del libro primero de registros de fallecimientos del juzgado segundo de la ciudad, introducía lo siguiente:

Registro Civil de la Ciudad de México Juzgado 2º. Mayor. Libro destinado para las actas de fallecimientos en el presente año de 1861. Contiene este libro 240 fojas útiles firmadas esta y la última y las intermedias rubricadas por el gobernador del distrito de México: Miguel Blanco.²⁸

La Tabla 2 muestra a las autoridades que signaron los libros, a partir del año 1861.

Por otro lado, los Jueces del Estado Civil iniciaron el ejercicio de sus funciones realizando su trabajo en distintos años, conforme lo podemos observar en la Tabla 3.²⁹

La observancia de la ley en el Distrito Federal, en instrucción de Flores Alatorre

A diferencia de la Ley del Registro Civil de 1857, que cuenta con 100 artículos, la promulgada por Juárez en 1859 tenía sólo 43 artículos, con un párrafo transitorio. Los apartados se agruparon en cuatro capítulos denominados: Disposiciones generales, De las actas de nacimiento, De las actas de matrimonios y De las actas de fallecimiento. La Ley Orgánica del Registro Civil delegó en cada una de las entidades federativas la responsabilidad de dirigir y administrar el Registro Civil. Fue remitida al entonces titular del despacho de Gobernación, Melchor Ocampo, para su exacta observación. A partir de su promulgación, la sociedad civil no podía tener las constancias que más le importaban “sobre el estado de las personas, si no hubiese autoridad ante la que aquellas se hiciesen registrar y hacer valer”,³⁰ dicha autoridad se denominó Juez del Estado Civil, a diferencia de la ley de 1857, en la cual se denominaron Oficiales del Estado Civil, por tratarse de empleados públicos ajenos a la función jurisdiccional; sin embargo, la ley que nos ocupa omite aquel antecedente y los denomina jueces, aunque también advirtió que la nueva autoridad sólo podía ejercer funciones de fe pública, por lo que se les pedía no inmiscuirse en asuntos judiciales, ni conocer de demandas o administración de justicia.³¹ El artículo primero establecía que los Jueces del Estado Civil tendrían a su cargo la averiguación y el modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, en cuanto a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento”.³²

Por otra parte, el artículo segundo de la ley indicaba:

Los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorio, designarán sin pérdida de momento, las poblaciones en que deben residir los jueces del estado civil, el número que de ellos debe haber en las grandes ciudades y la circunscripción del radio en que deben ejercer sus actos, cuidando de que no haya punto alguno de sus respectivos territorios en el que no sea cómodo y fácil, así a los habitantes como a los jueces, el desempeño pronto y exacto de las prescripciones de esta ley.³³

Respecto a este artículo, Gutiérrez Flores Alatorre declaraba que el incumplimiento del apartado se debía a lo “incómodo que era acudir al Registro Civil, especialmente por el reducido número de sus Juzgados y mala situación”; asimismo, resaltaba las consecuencias que se tenían por la inobservancia de la ley, puesto que se imponía una pena de seis años de prisión por el delito de supresión de infante, cuando intencionalmente los padres no lo presentaban al juez del estado civil para su registro,³⁴ mientras que, cuando se hacía sin ánimo de causar perjuicio en el estado civil, sólo se imponía una multa de entre cinco y cincuenta pesos. Blas José Gutiérrez consideraba que, aún así, la pena pecuniaria era dura e injusta, puesto que tanto habitantes como jueces lidiaban de forma considerable para lograr la inscripción.³⁵ El problema giraba en torno a la escasez de juzgados y la “pésima” situación en la que se encontraban, por lo cual -advertía- el registro civil no había progresado y esto propiciaba que con frecuencia se cometiera el delito de supresión de infante. La derivación de esta complejidad en el Registro Civil recaía en las variaciones que se le hicieron al Reglamento de los Juzgados del Registro del Estado Civil del Distrito Federal, puesto que el expedido por el gobernador Juan José Baz el 5 de septiembre de 1861, en su artículo primero, indicaba la designación de ocho jueces, cada uno a cargo de un cuartel mayor; además, mandaba que en cada una de las municipalidades de fuera de la capital hubiera también un juez del estado civil; sin embargo, en octubre de 1869, el gobernador del Distrito Federal, Francisco Vélez, modificó el reglamento, reduciendo a cuatro los Juzgados del estado civil de la capital y los ordenó de la siguiente manera: juzgado primero, cuarteles mayores 1 y 6; segundo, 2 y 8; tercero, 3 y 5, y cuarto, los cuarteles 4 y 7.³⁶ Es importante hacer notar que la ciudad estaba dividida en 8 cuarteles mayores, cada uno de los cuales comprendía a su vez cuatro menores, éstos sumaban en total 32.

Gutiérrez Flores Alatorre recordó que, a diferencia de las autoridades seculares, el clero contaba con Ayudas de Parroquia y de vicarios visitadores, que cada día festivo recorrían los puntos de extramuros -fuera de la ciudad- para administrar el bautismo, matrimonio y registro de entierros, correspondientes a los habitantes de los ocho cuarteles que mencioné en el párrafo anterior. Para dichas inscripciones, enumeró las parroquias con las que había contado: el Sagrario, San Miguel, la Soledad de Santa Cruz, la Santa Veracruz, Santa Catarina Mártir, San Pablo, San Sebastián, San José, Santa María la Redonda, Santa Anna, el Salto del Agua, Santo Tomás de la Palma, Santa Cruz Acatlán y San Antonio de las Huertas. A pesar de la ayuda, consideró que sólo con gran trabajo los Clérigos podían llevar el registro, y eso -como quedó dicho- “haciendo frecuentes visitas a extramuros”; en cambio, todo lo dispuesto por el clero para los registros lo hacían sólo cuatro Juzgados, que comprendían a las 14 parroquias: “¿Podrán [los Juzgados], cumplidamente y sin molestia de los vecinos hacer las inscripciones?”,³⁷ se preguntaba.

Posiblemente, los vecinos de extramuros debían renunciar a buscarse el sustento y consagrar la mayor parte del día en la inscripción en el registro civil, para lo cual tenían que acudir a la capital desde el punto de su residencia, muchas veces a más de una legua de distancia, según lo comprobaba Gutiérrez en su explicación y demostración:

Los habitantes del Paseo de la Orilla desde el Puente del Molino hasta la Viga Al oriente, pertenecen al cuartel menor número 12, y tiene que hacer sus registros en el juzgado del cuartel mayor número 3. Ó sea hoy en el juzgado 3º. Situado en el centro de la ciudad.- Los vecinos citados desde la garita de Vallejo Nonoalco (San Miguel), los de este barrio y de los Angeles y los Pueblos de Camulico y Tlatilco, son del cuartel menor núm. 22, ó sea del 6º. Mayor.- y tienen que registrar sus actos en el juzgado 1º.

Establecido en el centro de esta capital.- Los vecinos del barrio de la concepción Tequispeca por Peralvillo, los situados desde la Garita de Vallejo á los barrios de la Santísima Actepetla, Santa María Chompotitlán, San Juan Juisnahua, la Magdalena de las Salinas y San Bartolomé Aclepahuacan, pertenecen al cuartel menor número 27, ó sea al septimo mayor del que también son los del cuartel menor número 28 que viven desde la garita de Vallejo hasta la hacienda de los Ahuehuetes, los de esta finca, y de los barrios de San Andrés Acolgoatongo, y San Francisco Jocotitlan y del Rancho de Santa Cecilia; y todos estos tienen que ocurrir al juzgado 4º., situado en el centro de la ciudad.- Por fin al cuartel menor 32, ó sea al 8º. Mayor pertenecen los vecinos del barrio de Romita, del de la Ascension y los de las casitas hasta el primer puente que se encuentra en la calzada de Tacubaya viendo al Norte, y al Oriente por la Piedad, y tienen que registrar sus actos en el juzgado 20. Que esta en el centro de la capital…³⁸

Lo anterior acredita que no era cómoda ni fácil la inscripción en el Registro Civil, y si a esto se le agrega el pago de los derechos, “se podía acabar de palpar la injusticia de las multas, que por lo común recaían en los pobres y gente más miserable”.³⁹

Sin embargo, para el gobierno era indispensable el control del Registro Civil, pues como lo explicaba el 6 de agosto de 1859, en una circular, el Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Melchor Ocampo, tener bajo control el estado civil de la población significaba que sólo el gobierno conocía con exactitud cuándo nacía y moría un hombre y cómo este hombre era hijo, habitante, ciudadano y padre. Por ello, había que aclarar cuáles compromisos adquiría la autoridad al hacerse cargo del estado civil de las personas, pues no eran obligaciones menores: a partir de asumir esta responsabilidad, se le prometía al ciudadano que sus hijos serían debidamente alimentados, educados e instruidos. En cuanto a los beneficios del matrimonio civil, se vislumbraba que se convertiría en la fuente de la familia moderada. El Estado, asimismo, era el encargado de garantizar que el matrimonio se efectuara entre personas legalmente hábiles ante la autoridad, que fuera público y -como marcaban las leyes eclesiásticas- perpetuo.⁴⁰

En 1861, el Ayuntamiento de la Ciudad de México pudo cubrir las necesidades que tanta preocupación causaron en Ocampo; sólo había un problema: la falta de recursos para cubrir los salarios de los jueces del estado civil, escribanos, personal auxiliar y administrativo, albañiles y peones -estos dos últimos, trabajadores de los panteones civiles-. Por ello, en un inicio, el trabajo se hizo sin remuneración, pues había que esperar las ganancias de la nueva institución. El registro era gratuito, sólo se cobraba si el juez del estado civil acudía a un domicilio particular para hacerlo. El Ayuntamiento mandó imprimir el papel certificado de las actas, preparó los libros de registro y los visó de la primera a la última foja. No se debe olvidar que, a partir de la puesta en marcha del Registro Civil, debía existir coordinación con el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, encargado de formar la estadística de la población y al que habría que dar informes periódicos de los registros efectuados en las distintas circunscripciones. Lo anterior deja ver un desafío preciso, que incluía esquivar al adversario incómodo que -cabe suponer- prefería su dilación: la Iglesia católica, además de contrarrestar las secuelas de la Guerra Civil, aún existentes.

Jueces del Estado Civil: escándalos y peligros de su actuación

Gutiérrez Flores Alatorre criticó la actuación del gobernador del Distrito Federal respecto al artículo tercero de la ley del 28 de julio de 1859, el cual señalaba que los jueces del estado civil debían ser mayores de treinta años, casados o viudos y de notoria probidad, quienes además estaban exentos de la guardia nacional -menos en los casos de sitio riguroso, de guerra extranjera en el lugar en que residan- y de toda carga concejil:

[…] puesto que entre los escándalos de la tristemente célebre administración de Don Juan José Baz no es pequeño el del nombramiento del Juez Primero Del Registro Civil de México, hecho en 1869 en la persona del joven Don Angel Islas en sucesión de su padre el Licenciado Don Tomas Islas.⁴¹

Blas José Gutiérrez sostenía que los empleos de la Nación no podían ser considerados transmisibles por herencia y mucho menos podían conferirse como “recompensa de afectos ó servicios privados, aunque el agradecido no tenga la instrucción, la edad, el estado, etcétera”,⁴² atributos necesarios que por ley se exigían para la elección de los jueces del estado civil. Además, abundó en que el gobernador Juan José Baz nunca había sido escrupuloso en la observancia de otros preceptos en general.

Acerca de los jueces del estado civil, el artículo transitorio puntualizaba que los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorio tenían la obligación de determinar las facultades de dichos jueces, para que éstos juzgaran y calificaran los impedimentos respecto al matrimonio, sin necesidad de ocurrir al Juez de Primera Instancia, y pudieran celebrar un enlace, sin necesidad de asociarse con el alcalde del lugar, si por sus conocimientos eran capaces de ello; sin embargo, también advertía que mientras no se les declarase el uso de tales facultades, deberían remitir al Juez de Primera Instancia el conocimiento de los casos de impedimento, según el artículo 11 de la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859 y, además, asociarse con el alcalde del lugar, conforme al artículo 15 de la misma ley.

Para una mayor comprensión del artículo, Gutiérrez Flores Alatorre remitía al lector a consultar el Art. 8 de la Ley del Matrimonio Civil de 1859, respecto a impedimentos matrimoniales, dispensas, juicios, etcétera. Y antes de concluir, advirtió sobre “el peligro que hay en confiar a los jueces del registro civil la calificación de los impedimentos, y como célebres constancias del tiempo del fatal gobierno de Don José Baz” inserta el expediente número 37, relativo a la dispensa que solicitaron el día 13 de septiembre de 1867, ante el Juzgado Cuarto del Estado Civil los contrayentes: “ D. Manuel Adalid y Da. Angela Adalid”. Los interesados tenían como impedimento para unirse en matrimonio ser parientes “por línea recta en segundo grado”, por lo cual solicitaron se les concediera la dispensa. La respuesta del gobernador fue que se le dispensara el impedimento de consanguinidad para poder contraer matrimonio, justificando “que no existe tal impedimento en el caso actual, según el tenor expreso de la fracción novena del artículo octavo de la Ley de 23 de Julio de 1859, pudiendo en consecuencia los solicitantes proceder á verificar su matrimonio”, decisión con la cual no concordó, como es obvio, Gutiérrez Flores Alatorre.⁴³

Polémicas por el pago de registros y certificados del Registro Civil

Al exponer el contenido del artículo número 17 de la Ley de 1859, relativa a la contribución indirecta que los gobernadores de los Estados y del Distrito, y el jefe político del Territorio, impondrían en sus respectivas demarcaciones, para dotar a los jueces del estado civil, la ley estipuló que exceptuarían de todo pago a los pobres, teniendo por tales a los que vivían de sólo un jornal, el cual no excedía de cuatro reales diarios. Las autoridades debían cuidar que las cuotas fueran módicas, y que el arancel derivado de ellas se imprimiera y fijara en lugar aparente y de fácil acceso, tanto en la casa municipal, como en la del juez del estado civil. Respecto a este punto, Gutiérrez Flores precisa que el artículo 48 del reglamento del 5 de septiembre del Distrito Federal, concedía el derecho de reclamación del monto de la cuota; sin embargo, luego de presentarse un caso de negación de pagos, procedente del Juzgado Cuarto del Registro Civil, con fecha del 8 de octubre de 1867, se exigió en adelante que los jueces requirieran el pago por anticipado. El tema en cuestión involucraba nuevamente a don Manuel Adalid, quien se negó a pagar los derechos del Registro Civil por las diligencias y celebración de su matrimonio, incluyendo la dispensa de impedimento, que en total sumaba la cantidad de 25 pesos. Adalid se excusó de satisfacer los derechos con el pretexto de que no eran justos. La resolución del gobernador fue ”que en lo sucesivo no se practique ninguna diligencia, sin que se haga antes el pago legal”.⁴⁴ Luego de poner el ejemplo anterior, Flores Alatorre criticó y llamó la atención respecto al gravamen que debían que pagar huérfanos y viudas por los certificados, para acreditar su estado y poder recibir sus pensiones. Recordó que cuando la Iglesia estaba encargada del registro, comúnmente, expedía gratis dichas constancias, puesto que fue conminada para esto por el gobierno, de acuerdo con la Circular del 28 de junio de 1848, en la cual el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, ordenó a los curas proporcionar de manera gratuita los certificados.⁴⁵

Formación de los censos de población, mediante los Registros Civiles

Al incluir el Modelo para el Papel de Certificados que pedía también el artículo 17 de la Ley del 1859, Gutiérrez Flores Alatorre explica que el Código Civil del Distrito Federal y Baja California, además de requerir que todos los libros del Registro Civil fueran visados en su primera y última foja, estipulaba que los jueces tenían la obligación, conforme a la circular que el Ministerio de Gobernación emitió el 8 de febrero de 1868, de informarle mensualmente al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio acerca de los nacimientos, matrimonios y defunciones que ocurrieran en la circunscripción que les estaba designada, pues ese Ministerio se encargaba de formar la estadística de la República, la cual servía para elaborar el censo de la población. Gutiérrez Flores integró la misiva completa, en la que se denuncia que el clero seguía expidiendo registros:

Encargada la formación de la estadística de la República á esta Secretaría ha dispuesto el C. Presidente, que por su conducto se dicten todas las providencias que sean convenientes para asegurar la adquisición de los datos indispensables para establecerla […] que los encargados del registro civil en toda la república, remitan a esta Secretaría, por conducto de los gobiernos de los estados, noticias mensuales del número de nacimientos, de matrimonios, y de fallecimientos que ocurran en la circunscripción que les esta designada. Estos actos, que han sido considerados como religiosos mas bien que como civiles han seguido hasta ahora registrados por el clero en toda la República.⁴⁶

Gutiérrez Flores Alatorre agregó otra circular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha del 24 de julio de 1869, en la cual pedía a los jueces del estado civil dar noticias mensuales de los cambios de estado de extranjeros residentes del Juzgado a su cargo, durante el tiempo transcurrido desde el 16 de junio de 1867 hasta el 30 de julio de ese año. También les solicitaba que en lo sucesivo remitieran la misma noticia mensualmente y con la mayor puntualidad, y anunciaba que los extranjeros no necesitaban del certificado de matrícula para el goce de los derechos.⁴⁷

Los jueces y las dificultades en el desempeño de sus funciones

La implementación del proyecto del Registro Civil involucró como actores principales a los jueces del estado civil, a quienes se obligaba a cumplir y hacer cumplir la ley, y cuyas prácticas cotidianas presentaban una serie de problemas vinculados, en específico, a sus sueldos y a los medios con los que contaban para subsistir, reflejo del momento económico y social en el que se desenvolvían; así, por más que se intentó que el programa de inscripción fuera eficiente, la realidad rebasaba las expectativas. Para observar lo anterior, se analizó un caso, correspondiente a la petición del Juez Octavo del Estado Civil, Jesús Ocadiz, efectuada el 21 de septiembre de 1862, ante el Gobierno del Distrito Federal, en la cual solicitó que se le pagaran los sueldos que se le debían por el ejercicio de sus funciones.⁴⁸ Su demanda se apoyaba en lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de los Juzgados del Registro del Distrito Federal del 5 de septiembre de 1861, puesto en vigor por el gobernador Juan José Baz.⁴⁹ El juez envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, en el cual precisó que, desde febrero de ese año, cuando fue nombrado juez, no había tenido ninguna otra ocupación, cumpliendo con el artículo 33 del reglamento citado. Ocadiz abundó que carecía en absoluto de otros bienes o medios para subsistir y como habían sido excesivamente cortos los sueldos recibidos ”me han faltado, en todo este tiempo los recursos necesarios para subvenir a las necesidades ordinarias de mi familia y a las peculiares de mi empleo, las que apenas he podido atender a costa de muchos sacrificios”; por ello, suplicó al Supremo Gobierno que tuviera a bien disponer, ya fuera por medio del Ayuntamiento o del gobernador, se le pagara lo adeudado. Para dar cauce a la petición, el gobierno del Distrito de México anotó lo que se le debía al Juez Ocadiz de febrero a septiembre de 1862, conforme a las constancias de los sueldos que recibió mensualmente, y concluyó lo siguiente: ”Sueldo vencido para el Juez desde el primero de febrero hasta fines de septiembre del presente año: mil 350 pesos; ha recibido en el mismo tiempo: 553.22 pesos, saldo a su favor: 726.78 pesos”.⁵⁰

A partir de estos datos, el 27 de octubre, el Ayuntamiento de la capital aprobó, una vez que escuchó la opinión de la Administración de Ventas Municipales, que el interesado debía recurrir al C. Gobernador o al Supremo Gobierno, para que satisficieran la deuda que tenía el Ayuntamiento con el C. Ocadiz. Sin embargo, el caso se dejó inconcluso, hasta que se retomó cuatro años más tarde, en febrero de 1866, cuando don Jesús Ocadiz pidió nuevamente que se le cubriera en compensación lo que se le debía en 1862 por sueldos vencidos como Juez Octavo del Registro Civil. Ahora, lo hacía ante la administración del Ayuntamiento. En esta ocasión, Ocadiz propuso que se le otorgara a perpetuidad el nicho que ocupaba en el panteón de los Ángeles el cadáver de doña Francisca Aduna. Escribió al Prefecto Político expresando lo siguiente:

Al gobierno del señor Juárez serví en esta capital una de las plazas de jueces del Registro Civil, de la que salí para servir como médico en los hospitales militares de Puebla durante el acedio, y luego donde quiera que se me destinó. Como Juez del Registro Civil se me quedó debiendo una cantidad que pasa de mil pesos.⁵¹

Finalmente, el Alcalde Municipal, concedió a don Jesús Ocadiz el nicho que solicitó, pues concluyó que salía mucho más barato la entrega del nicho, que el pago del adeudo.

Otro caso más es el del juez Sabas García, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento de México el 3 de febrero de 1865, la cual recibió un oficio en el que el juez explicaba los progresos que hizo a partir de 1862 el Juzgado Segundo del Registro Civil de la Capital, el cual estaba a su cargo; dichos progresos eran evidentes según los datos estadísticos que acopió, mismos que remitía mensualmente tanto al gobierno del Distrito, como a la Sociedad de Geografía y Estadística, y al Ministerio de Gobernación y Fomento. El juez Sabas García tenía la intención de presentar su trabajo en un cuadro sinóptico al Ayuntamiento, pero no le fue posible: ”por las ocurrencias políticas que tuvo México en Mayo del mismo año, y suspendieron con mi oficina todos sus trabajos”. Sin embargo, para ese año, Sabas García creyó conveniente presentar los datos de dos épocas” a fin de que de la comparación de ambas, se puedan deducir los progresos de aquella novísima institución, que en verdad tropezaba con multitud de escollos”;⁵² pese a las dificultades del Registro Civil, el juez consideró que su trabajo había sido respetable por el desempeño y desinterés que se hizo ”para popularizar la ley, y hacerla observen en mi demarcación”.⁵³ El Ayuntamiento en Cabildo recibió con satisfacción el oficio de Sabas García, pero no emitió ningún comentario más. Posteriormente, la Secretaría del Ayuntamiento recibió una segunda misiva del juez Sabas García, explicando el estado en que quedó el ramo del Registro Civil hasta mayo de 1863: ”en virtud de la devastación de México, cesó el gobierno Mexicano de permanecer en ella como también las autoridades mexicanas”.⁵⁴ A continuación precisaba que, además de él, que fungía como Juez del Estado Civil en el Juzgado Segundo, existían otros tres jueces, quienes tenían cada uno a su cargo dos cuarteles de la ciudad; una oficina y un escribiente para su despacho, así como un mozo para el reparto de oficios y otros trabajos de la oficina. Los panteones estaban a cargo de un administrador, con uno o dos albañiles y los peones necesarios. Hasta el 31 de mayo de 1863, a los jueces se les quedaba debiendo una buena cantidad por concepto de sueldos. Además Sabas García pidió al Ayuntamiento que organizara el ramo del Registro Civil, aunque fuera provisionalmente:

[...] para que desde luego las leyes de Reforma se cumplan presisas, es uno de los causales de nuestra guerra que ha finalizado, y no suceda en la Capital lo que en muchos puestos de la República, en los que han entrado triunfantes los hombres; pero las leyes ni aun se conocen, sobre todo las de Reforma.⁵⁵

En junio de 1867, la Comisión Municipal presentó una propuesta para cubrir los Juzgados del Estado Civil en la cual se incluyeron los nombres de las siguientes personas: Anastacio Zerecero, Sabas García, Felipe Sánchez Solis, Mariano Aguilar, Jesús Fructuoso López y José María Marroqui.

El 12 de julio de 1867, la Secretaría del Ayuntamiento de México envió a la Comisión Municipal constancia del arreglo al que llegaron los jueces del Registro Civil en cuanto a los juzgados que ocuparían:

[...] para el cuartel no. 1 el Candidato Lic. Anastasio Zerecero, para el 2º. El Candidato Sabas García, para el 3º. El C. Lic. Felipe Sánchez Solis, para el 4º. El C. José María Marroqui, para el 5º. El C. Jesús Fructuoso Lopez, para el 6º. El C. Manuel Juárez, para el 7º. El C. Joaquín Díaz, para el 8º. El C. Mariano Aguilar.⁵⁶

Al mismo tiempo, la Secretaría del Ayuntamiento pidió que se les proporcionara a los jueces referidos los libros y útiles necesarios para el despacho de los Juzgados a su cargo. Al término de la misiva, solicitó que se les avisara a los jueces del Registro Civil de sus respectivos presupuestos.

Mientras tanto, el 7 de agosto de 1867, la Comisión de Hacienda acordó que a cada uno de los Jueces del Estado Civil se les suministraran cincuenta pesos por cuenta de sus presupuestos, y que éstos se remitieran a la Jefatura Política.

Restablecido el Registro Civil en 1867 en la Capital, Manuel Carpintero, Jefe de la Sección del Registro Civil, entregó, el 20 de agosto de ese año, a la Jefatura Política del Distrito, el inventario de todos los libros y expedientes de la institución. Al mismo tiempo, Carpinteiro pidió que a los empleados se les pagaran sus sueldos vencidos a partir de junio y hasta agosto, pues indicaba: ”sólo han recibido unos miserables prorrateos”; también suplicó que se les expidieran sus certificados.⁵⁷