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Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos

versión On-line ISSN 2448-6914versión impresa ISSN 1665-8574

Latinoamérica  no.55 Ciudad de México dic. 2012

 

Economía y sociedad

 

América Latina: ¿zona mixta o continente perdido en las últimas cuatro décadas?

 

Latin America: a Mixed Region or a Lost Continent in the Last Four Decades?

 

Guillermo Guajardo Soto*

 

*Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM (guillermo.guajardo@unam.mx).

 

Recibido: 7 de noviembre, 2011.
Aceptado: 1° de mayo, 2012.

 

Resumen

En el presente ensayo se analizan los grados de maniobra que en las últimas cuatro décadas han tenido los países latinoamericanos para aplicar reformas de mercado, lograr una nueva inserción internacional, definir el papel del Estado y conformar nuevos actores sociales. Se hace énfasis en las contradicciones del modelo proteccionista vigente hasta la década de 1980 y en las reformas hacia el mercado que no han logrado desplazar completamente al Estado.

Palabras clave: Neoliberalismo, Estado, Mercado, Clase media.

 

Abstract

This essay examines various dynamics, which appeared during the last four decades in Latin American countries, regarding the implementation of market reforms, the achievement of a new internationalization, the definition of the role of the State, and the shaping of new social actors. Emphasis is given to the contradictions of the protectionist model that continued through the 1980's, and to market reforms that have failed to completely displace the State.

Key words: Neoliberalism, State, Market, Middle class.

 

 

INTRODUCCIÓN

América Latina, en la actualidad, presenta un panorama de claroscuros que no es nuevo, ya que de acuerdo al historiador David Landes la región se ha caracterizado por ser una zona mixta entre las naciones "perdedoras" de la riqueza, al presentar un desarrollo tecnológico irregular y carecer de un espíritu empresario completo.1 Para visiones más pesimistas, como la de Moisés Naím, América Latina es un tipo de Atlántida contemporánea, un continente perdido en su confusión.2 Estas visiones contrastan con las nociones que señalan que las causas de los problemas latinoamericanos se encuentran en los factores externos o macroestructurales como la globalización, el imperialismo o en las características intrínsecas del capitalismo, al descartar las responsabilidades locales y los márgenes de maniobra que tuvo la región durante el siglo XX para ubicarse en el sistema internacional.

A este respecto, en el presente ensayo queremos explorar cuatro fenómenos: los grados de maniobra para aplicar las reformas económicas dirigidas hacia el mercado, la inserción internacional, el papel del Estado y el surgimiento de nuevos actores sociales. Los resultados de las decisiones tomadas todavía son confusos por el complicado tránsito desde economías protegidas y de producción industrial hacia economías que siguen las señales de mercado internacional.3 Pondremos énfasis en las contradicciones del modelo proteccionista vigente hasta la década de 1980 que contenía la semilla de su crisis, como también en las reformas hacia el mercado que no han logrado desplazar por completo al Estado. Nuestro análisis se aborda a través de nueve apartados que cubren un periodo histórico de cuatro décadas y un espacio que considera a Sudamérica, México y América Central, descartando a Cuba por su peculiar realidad y su escasa correspondencia con el resto de la región.

 

UN MOSAICO CONVERGENTE

A pesar de las diferencias y distancias, desde México hasta la Argentina la región se nos presenta como un mosaico de paradojas que después de la Guerra Fría han convergido hacia un proceso de globalización caracterizado por la liberalización, privatización, desregulación y apoyo a los derechos de propiedad, pero también en un ambiente de creciente corrupción y nuevas formas de crimen organizado.4

Esta convergencia ha sido poco comprendida debido a la proliferación de escritos académicos y políticos que señalan que los problemas de la región se deben, mayoritariamente, a la globalización y al peso hegemónico de Estados Unidos. Esto se ha dado a pesar de que la región mantiene un bajo nivel de inserción internacional,5 y que América Latina no tiene una gran relevancia estratégica para esa potencia. Ejemplo de esta visión fueron, en su momento, los diagnósticos sobre el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa hemisférica que se adoptó en la Primera Cumbre de las Américas de Miami en 1994, pero que debió esperar hasta la IV Reunión Ministerial de Comercio en San José, Costa Rica, en 1998, para establecer las negociaciones y fijar el año 2005 para su firma. Pero el ALCA nunca se firmó por las asimetrías entre los 34 países involucrados, la inicial lentitud y falta de interés de los gobiernos y el desacuerdo sobre los subsidios de Estados Unidos y Brasil que compiten en los mercados agrícolas. Un año antes, el National Intelligence Council de Estados Unidos, en su prospectiva hacia el año 2020, había indicado que el ALCA no sería tema en la futura agenda regional.6 A pesar de su fracaso, críticos y analíticos le dieron vida en abril de 2005 cuando se celebró el IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA en La Habana, Cuba, donde el presidente venezolano Hugo Chávez declaró que "El ALCA es la integración para destruirnos".7 Este tipo de acciones políticas, a pesar de sus imprecisiones empíricas, se apoyan en una producción académica que señala que el ALCA tiene objetivos de dominación al estar bajo la "batuta hegemónica mundial" de Estados Unidos. Esto es un reflejo de visiones conspirativas sobre las relaciones internacionales, los negocios y los cambios tecnológicos. Al enfocarse sobre los intereses de seguridad tratan de explicar un continuo histórico de dominación, devastación planetaria y desnacionalización.8

Pero estas visiones no consideran la variedad de aproximaciones para entender la globalización a través de las tesis de novedad, de retorno, de continuidad y de transformación. Vale la pena destacar que las tesis de retorno y continuidad son escépticas y no ven nada particularmente nuevo a la lógica del capitalismo,9 aunque son las más populares en las ciencias sociales de la región.

Por ello proponemos cortes de tiempo, procesos, casos y actores que destacan la relación entre la responsabilidad local y las transformaciones internacionales.

 

EL DESARROLLO EN LA GUERRA FRÍA

Un hecho fundamental durante el siglo XX fue que América Latina no experimentó la destrucción de sus sociedades y economías por guerras internacionales, a diferencia de lo que ocurrió en Europa y Asia; tampoco fue el escenario principal de enfrentamientos entre potencias durante la Guerra Fría, ya que los intereses principales de las potencias estaban puestos —como en la actualidad— en Europa, el Norte de África, Asia y el Medio y Extremo Oriente. Entre 1948 y 1990 la región se ubicó más bien en una posición "colaborativa" en la lucha entre potencias.

Así ocurrió con la colaboración de fuerzas y grupos locales con los intereses de Estados Unidos. De acuerdo con un balance hecho por John H. Coastworth para The Cambridge History of the Cold War, entre 1948 y 1990 las administraciones estadounidenses se involucraron en el derrocamiento de 24 gobiernos latinoamericanos, cuatro por el uso directo de fuerzas militares americanas y tres por medio de operaciones de la Central Intelligence Agency (CIA). Diecisiete fueron responsabilidad de fuerzas políticas y militares locales. El resultado fue la implantación de gobiernos más conservadores de los que hubieran tolerado los ciudadanos estadounidenses, con un alto costo en vidas y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con reportes de la CIA, entre 1960 y 1990, el bloque socialista en términos de víctimas —con la excepción obvia de la ocupación soviética de Afganistán— era menos represivo que muchos países latinoamericanos.10

La Unión Soviética (URSS) participó de una forma indirecta, a veces soterrada y otras veces distante. Lo más relevante se dio en Cuba con la crisis de los misiles de 1962, que abrió una línea directa de negociaciones entre Washington y Moscú, donde la región latinoamericana no era tan indispensable a la hora de establecer acuerdos adquiriendo sólo una importancia episódica, como ocurrió con América Central, tal como lo narra en sus memorias Anatoly Dobrynin, embajador soviético en Washington entre 1962 y 1986.11 Un ejemplo de ello también lo dio el general Nikolai Leonov, vicedirector del Comité de Seguridad del Estado (KGB) de la URSS hasta 1991 y, en su momento, encargado del Departamento de América Latina de esa institución. En 1999 afirmó que, durante la Guerra Fría, el intercambio en la región era muy bajo y por tanto "no teníamos motivos económicos para movilizar aquí los recursos de inteligencia con el fin de defender algún interés soviético"; por ello reveló que poco antes de ser derrocado el gobierno socialista del presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), Yuri Andropov, jefe del KGB y miembro del Buró Político, reunió al equipo de América Latina y preguntó "¿cómo veíamos nosotros el caso chileno; tenía o no chances; debíamos usar nuestros últimos recursos o ya era tarde para arriesgar?", respondieron que Allende no recurriría a medidas que los soviéticos consideraban "justas" como "aplicar cierta violencia, cierta mano de hierro", por lo que un eventual préstamo de 30 millones de dólares para el gobierno chileno se perdería.12

Una vez terminada la Guerra Fría esa distancia y colaboración ha dado paso a una compleja reubicación internacional de contornos diversos y a veces paradójicos, como el incremento de la relación de mercado con China sin la exportación del comunismo o el aumento de la presencia financiera de la Unión Europea y de Asia como socio comercial. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos después de la invasión de Panamá en 1989 ha sido errática y reiterativa en temas como libre comercio, narcotráfico y terrorismo.

Consumada la caída del Muro de Berlín en la región latinoamericana se abrieron grandes expectativas de que el libre comercio y las transiciones hacia la democracia garantizarían un crecimiento económico sostenido y prosperidad, después de haber experimentado la llamada "década perdida" de los ochenta, durante la cual se dio un quiebre generalizado de las bases del crecimiento económico regional que se habían institucionalizado después de la Depresión de 1929. En México y muchos países sudamericanos se optó desde la década de 1940 por un modelo centrado en la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que entre las décadas de 1950 a 1970 contribuyó en forma notable al crecimiento económico de la región, al alcanzar una tasa de 5.5% anual que fue superior a 1.2% de los años ochenta y a 3.1% de 1990-1996. Pero para autores como Fernando Fajnzylber, esa industrialización estaba trunca porque las políticas de ISI estimularon la producción de bienes de consumo no duraderos, duraderos e intermedios, sacrificando la fabricación local de maquinaria y equipo por su gran costo en la fase de arranque.13 En ese sentido las altas tasas de crecimiento no fueron producto de un modelo coherente, porque junto con el proteccionismo y la ISI coexistieron las exportaciones de materias primas y de energéticos como fuentes de divisas.

A partir de la década de 1970 se empezó a manifestar el agotamiento de la isi, con un incremento de la inflación y el surgimiento de proyectos ideológicos enfrentados, dándose paso a medidas de estabilización. En su primera versión, las medidas se implementaron a mediados de la década de 1970 en Chile, México y Argentina y se institucionalizaron desde la década de 1990, comenzando la era neoliberal que transformó las economías y la sociedad. Sin embargo, ello no difundió una filosofía de mayor alcance y una concepción liberal de la política, sino que cuajó en el recetario tecnocrático del llamado "Consenso de Washington", que para John Williamson identificaba un conjunto de medidas de política económica de estilo neoclásico sobre el contenido y la secuencia de las reformas macroeconómicas y de estabilización, las cuales se propagaron a través de la supervisión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).14

Lo anterior tuvo como contrapartida la expansión de movimientos y de gobiernos reactivos al liberalismo, la globalización y la democracia que empezaron a apelar al nacionalismo, al emerger en algunos países visiones autárquicas, corporativas y nacionalistas.

 

EL CONSENSO TECNOCRÁTICO: REFORMAS ESTRUCTURALES Y VISIÓN DE CORTO PLAZO

El neoliberalismo fue escalando desde las medidas de control de la inflación hacia una ortodoxia: el predominio del mercado sobre las soluciones de intervención estatal y una nueva inserción en la economía mundial. Empezó a tomar fuerza cuando América Latina debió enfrentar altas tasas de inflación y, desde 1982, al elevarse el costo de la deuda externa. Las medidas para lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las cuentas externas alteraron el tamaño, función y naturaleza del Estado con efectos profundos, ya que las reformas disminuyeron la influencia de los intereses sectoriales sobre las decisiones públicas, desvinculándose la gestión del Estado de las presiones del sistema político. Se abrió paso a un nuevo patrón de desarrollo, centrado en el liderazgo de la inversión privada y en las señales del mercado.15

De acuerdo a la tabla 1, las reformas se extendieron desde la estabilización, liberación comercial, privatización y, en menor medida, hacia la reforma laboral. Se liberaron recursos de poder que se distribuyeron de manera desigual, acrecentándose las diferencias de riqueza e influencia, aumentando la capacidad de negociación de las élites económicas para convertir las nuevas reglas del juego en relaciones de fuerza favorables. Políticamente las reformas tendieron a ser conservadoras al recurrir a un estilo de decisión centrado en el Ejecutivo y en sus poderes de intervención.

La desregulación y las facilidades para la inversión privada hicieron que el perfil productivo de la región latinoamericana cambiara, al gestarse una nueva generación de bienes manufacturados a la vez que se incrementó el volumen y precio de la exportación de materias primas. En 1965 las materias primas ocupaban 60% de las exportaciones regionales, que en 1998 bajaron a 23.4%, subiendo los bienes industrializados de 38.8% a 75.7%. En particular, los bienes duraderos y difusores de progreso técnico pasaron de 1% a 35% en las exportaciones de bienes industrializados. A pesar del esfuerzo, para el año 2000 la región participaba con 18% de las exportaciones mundiales y sólo con 4.5% del comercio mundial de productos manufacturados.16

Debe destacarse que estos cambios estructurales crearon las condiciones para que, desde fines de la década de 1990, surgiera una nueva generación de empresas tanto privadas como públicas. Por una parte están las llamadas "translatinas"; compañías latinoamericanas mayoritariamente brasileñas, mexicanas y chilenas con grandes inversiones y presencia en los servicios. Por parte del Estado, si bien muchos gobiernos vendieron gran parte de su portafolio de empresas de servicios y manufactura, todavía se mantienen grandes empresas públicas y semipúblicas productoras y/o distribuidoras de hidrocarburos, energía y commodities mineros, destacando en México firmas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; en Venezuela, PDVSA; en Brasil petrobras; en Chile siguen siendo estatales la Corporación Nacional del Cobre y la Empresa Nacional del Petróleo; Uruguay tiene la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, y Colombia la Empresa Colombiana de Petróleos. Uno de los efectos del neoliberalismo fue un patrón de concentración tanto privada como pública que ha repercutido en el desplazamiento de las grandes transnacionales de sectores claves, tal como ocurrió con la petrolera Royal Dutch/Shell que, desde 2004, decidió suspender sus operaciones en la región abriendo paso a empresas locales y transnacionales latinoamericanas.17

En ese sentido la mayor presencia del mercado no ha descartado la importancia del Estado, ya que un mayor dinamismo económico e inserción internacional requieren de una mejor capacidad de coordinación de factores y políticas públicas. Tal como afirma Richard R. Nelson, el problema de las sociedades capitalistas contemporáneas es el gran número de cambios que deben soportar, lo que obliga a contar con capacidades crecientes para organizar diversas actividades, empleando una buena proporción de sus recursos.18 En la región latinoamericana esas habilidades históricamente han sido limitadas y las reformas neoliberales en muchos países las desmantelaron. Esto también se debe a la falta de voluntad para incrementar la inversión pública en centros de investigación y desarrollo, lo que impide a los países latinoamericanos cultivar sus propias capacidades de innovación y aprovechar su cercanía a Estados Unidos, fuente de casi un tercio de los proyectos de investigación y desarrollo mundial. La paradoja de todo esto es que a pesar de las políticas neoliberales, América Latina sigue siendo una de las regiones más proteccionistas y no ha levantado completamente las barreras para la innovación, la eficiencia, la productividad y el comercio.19

Esta falla de las reformas neoliberales para crear una plataforma sólida para el crecimiento económico quedó en evidencia en la segunda parte de la década de 1990. A juicio de Joseph Stigliz, esto se debió a la visión parcial, ortodoxa y de corto plazo de los hacedores de política latinoamericanos, un patrón de conducta que décadas atrás ya había sido indicado por Albert O. Hirschman, en el sentido de que las políticas latinoamericanas y sus hacedores se planteaban un amplio abanico de reformas con crecientes grados de dificultad sin solucionar, primero, las etapas más sencillas antes de pasar a las más difíciles, dando como resultado una creciente frustración entre la realidad y las tareas propuestas.20

 

NUEVA ECONOMÍA Y VIEJA POLÍTICA

Los cambios económicos que hemos indicado deben ser entendidos como parte de un amplio escenario de transformaciones que abarcaron también las dimensiones sociales y políticas, cuyo sello fue el fin de las guerras civiles en Centroamérica y Perú, así como la generalización de regímenes democráticos tras acabar la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay en 1989 y la de Augusto Pinochet en Chile en 1990. No obstante, casi al mismo tiempo emergió un nuevo problema: el incremento de los delitos por la violencia social y un nuevo tipo de inestabilidad política que encontró sus motivos en un crecimiento económico errático, una mala distribución del ingreso y pobreza.21 Esos factores dieron el combustible para nuevos tipos de quiebres institucionales, como el intento de golpe de Estado en Venezuela en 1992 encabezado por un grupo de militares entre los que destacó Hugo Chávez y dirigido en contra de la medidas neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez. En ese mismo año se registró el auto-golpe del presidente peruano Alberto Fujimori, que cerró el congreso para aplicar un programa neoliberal. Este nuevo uso de la fuerza creó nuevas fuentes de legitimidad social y nuevos movimientos políticos, a la vez que surgió un nuevo tipo de forma guerrillera, el zapatismo, en el sureste de México, que sin embargo no logró replicarse como modelo insurreccional en el resto de la región porque la crisis fue resuelta con el surgimiento de regímenes de base popular.

La década de 1990 vio el surgimiento de gobiernos neopopulistas que fueron válvulas de escape a las presiones sociales. Estos gobiernos se caracterizaron por ejercer una democracia delegativa para enfrentar las presiones de la crisis económica y aplicar programas de estabilización. Así, según Panizza, la nueva economía abierta por las reformas económicas no logró destruir la "vieja política", como la sobrevivencia de grupos corporativos tanto sindicales como empresariales que ejercen control sobre amplios recursos públicos y clientelas políticas, algo evidente en países con una tradición corporativa como Argentina, Brasil y México. Para ello la "vieja política" combinó reglas democráticas con gobernanza autoritaria, coexistiendo instituciones democráticas dentro de un "autoritarismo competitivo" que se mantuvo en Perú y México hasta el año 2000.22

No obstante la continuidad de las reformas sin modelos alternativos condujo, con la llegada del nuevo siglo, a estallidos sociales de alcance nacional y al quiebre de la ortodoxia implantada, que se expresó en la interrupción de varios mandatos presidenciales.23 Esas reacciones se manifestaron violentamente con el derrocamiento del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad en 2000 y en 2001 con la renuncia del presidente argentino Fernando de la Rúa, ambos enfrentados a la sociedad al sostener la dolarización de sus economías. Después de esos eventos surgieron gobiernos con programas de reformas más moderadas e incluso algunos asumieron la re-estatización de sectores privatizados. Para mediados de la primera década del siglo XXI ya eran evidentes algunos cambios sociales profundos como el crecimiento de una nueva clase media gracias a la combinación de políticas públicas y dinamismo económico.

 

DISCURSOS Y REALIDADES EN CONTRA DEL NEOLIBERALISMO

A partir del año 2005 las elecciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela definieron los gobiernos de los 540 millones de latinoamericanos en economías que controlaban 90% de la producción petrolera, 77% del potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable y 70% de la superficie de las tierras arables de la región. Buena parte de esos gobiernos llegaron con programas reactivos a las políticas neoliberales, aunque no renunciaron al crecimiento logrado por un mejor desempeño de los mecanismos de mercado, recuperación económica y aumento en los precios de los commodities exportados.

La retórica progresista de esa primera década ha dado origen a variadas interpretaciones sobre su identidad política. Hacia el 2005 el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el de Tabaré Vásquez en Uruguay, el de Néstor Kirchner en Argentina y el de Ricardo Lagos en Chile fueron identificados globalmente como de "izquierda", por compartir programas reformistas que planteaban un "capitalismo más equilibrado", más reglamentado, gradualista y pragmático, sin definiciones ideológicas "duras". En palabras de Carlos Vilas, tenían a la nación "como el encuadramiento simbólico de la acción política", para eludir "al mismo tiempo la atomización individualista del concepto liberal del ciudadano".24

Esta interpretación de Vilas fue incorrecta, ya que sólo unos cuantos gobiernos se ajustaron a esa caracterización: el de Hugo Chávez en Venezuela se inspiró en un nacionalismo militar local, y Bolivia, desde el 2006, se nutre del nacionalismo andino panindígena, al cual se le sumó más tarde el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Estos tres gobiernos se confinan en un área cultural y social —la región andina— y mantienen propuestas básicamente anticapitalistas, antiliberales —tanto en el plano político como en el económico— y de rechazo al comercio internacional, aunque son exportadores netos de commodities primarios y de energía con favorables precios en el mercado mundial. La definición de progresismo resultó ser más cercana al populismo clásico, muy practicado en Argentina y reforzado tras el default de 2002. A esto debe agregarse que gobiernos como el de Lagos en Chile y el de Lula en Brasil no plantearon un programa alternativo radical a las reformas ya hechas. Chile eligió un presidente socialista en una economía abierta con tratados de libre comercio, a la vez que el Partido de los Trabajadores no ignoró la presencia en Brasil de 400 filiales de las 500 empresas transnacionales más importantes del mundo.

Muchas de las ideas reactivas al neoliberalismo se acercan a lo señalado por Steve Bastow sobre los movimientos étnicos y de nacionalismo revolucionario europeos que rechazan la globalización económica, plantean la autarquía industrial y la lucha contra Estados Unidos por representar una ideología mercantil, burguesa e individualista. Muchos movimientos neofascistas europeos retoman visiones orgánicas de unidad, de defensa del territorio y de ambientalismo como base de la nación y de rescate de formas tradicionales de vida frente al gran capital.25 Es decir, se acercan a las tesis en boga en la región.

 

DOS RUTAS SUDAMERICANAS: EL DEFAULT ARGENTINO Y EL TAKE OFF DE BRASIL

Un caso claro de combinación de nueva economía con vieja política se aplicó en Argentina durante la década de la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), quien desde el inicio de su mandato aplicó radicales privatizaciones y un plan de convertibilidad que redujo las enormes tasas de inflación, que llegaban a más de 2000%. Para esto conformó una amplia coalición de gobierno que reunió bajo su conducción política el apoyo de bases populares, articulando un vasto bloque de poder institucional y social.26

En 1990 el país cerró el año con una inflación de casi 1 400%, lo que condujo en febrero de 1991 al inicio del plan de convertibilidad entre peso y dólar americano; en 1992 Argentina pudo reprogramar su deuda externa que, en todo caso, en 1994 ascendió a 86 000 millones de dólares, 50% más que en 1991.27 Los efectos del ajuste se acompañaron en una primera etapa de un aumento en la popularidad de Menem, pero el deterioro social y el empobrecimiento generalizaron la protesta de los "piqueteros" con cortes de carreteras, lo que condujo al declive de la popularidad presidencial. La caída de la inflación se acompañó del aumento del desempleo, al bajar su apoyo desde 70% en 1991 a 22% en 1996 (véase tabla 2).

Los diez años de Menem culminaron con transformaciones iniciadas a mediados de la década 1970 que, para Aldo Ferrer, se guiaron por una visión fundamentalista de apertura de la economía. En 1999 hubo un cambio político con la llegada de una alianza de partidos de centro que prometió un amplio programa de mejora social anclado a una convertibilidad peso-dólar insostenible. En 2001 la fuga de capitales era del orden de 20 mil millones de dólares y la incapacidad de sostener la convertibilidad llevó a la suspensión y paralización del sistema bancario. En diciembre estallaron masivas protestas en la capital federal y zonas conurbadas que forzaron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y, en enero de 2002, se anunció el default o suspensión de los pagos de la deuda externa. La paridad peso-dólar había coexistido con un nivel exiguo de reservas del Banco Central y con una deuda externa impagable, ya que los intereses de la deuda representaban cerca de 50% del valor de las exportaciones y más de 20% del gasto público consolidado, siendo el peor nivel de endeudamiento de América Latina y del mundo. En 2002 se dio una caída acumulada del pib de 20%, la tasa de desempleo alcanzó casi 25% y la población bajo la línea de pobreza superó 50%; todo esto condujo a un periodo de desorden institucional hasta que en 2003 fue electo el presidente Néstor Kirchner con quien se inició un lento proceso de recuperación.28

Algo distinto ocurrió en Brasil, donde la existencia de múltiples niveles de distribución del poder institucional y la ausencia de vínculos partidarios para articular esos niveles, en forma compacta, restaron a los presidentes sólidos apoyos propios y sus iniciativas quedaron condicionadas por las oportunidades de veto existentes. Tal situación la experimentó el gobierno de Fernando Collor (1989-1992), cuyas reformas neoliberales enfrentaron las restricciones que estableció la Constitución de 1988 respecto al manejo de los recursos fiscales. Esto ocasionó un conflicto con el Congreso y en su retiro anticipado del cargo, se desató una compleja crisis del modelo desarrollista brasileño surgido en la década de 1930, que alcanzó su punto máximo de expansión cuando enfrentó el shock petrolero de 1973-1974 y luego la crisis de la deuda en 1982. El fin del régimen militar en 1985 —iniciado en 1964— quebró las alianzas tejidas entre el Estado, el capital privado local y las transnacionales, acompañado de desequilibrios macroeconómicos y de una inflación de cuatro dígitos. Fue en ese momento cuando se dio la solución "brasileña" de buscar un nuevo rumbo, misión que le correspondió a Fernando Henrique Cardoso como ministro de Hacienda del gobierno de Itamar Franco (1992-1994) al fijar las tareas del nuevo modelo, combatiendo la inflación a través de una nueva moneda (el Plan Real)29 cuando llegaba a más de 2 000% (véase tabla 3).

Durante la larga presidencia de Cardoso entre 1995 y 2003, Brasil logró consolidar una estabilidad macroeconómica e institucional mediante un amplio sistema de partidos políticos, enfrentando la hiperinflación sin acabar en un escenario como el de Argentina. Las reformas las llevó a cabo con un pacto de estabilidad respetado por la clase política, las Fuerzas Armadas y sectores empresariales, bajo la premisa de situar al país como potencia emergente tanto regional como internacional.30

Esas políticas fueron diseñadas y establecidas por un grupo de economistas agrupados en la Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro, quienes oscilaron de un modelo a otro para enfrentar los eventos económicos. En un primer momento propusieron, de acuerdo con ideas estructuralistas, políticas que apuntaban a señalar la distribución del ingreso como el principal problema del país en tanto que plantearon contener la inflación a través de un choque heterodoxo opuesto a las indicaciones de los organismos de crédito internacionales; estas ideas cristalizaron en el Plan Cruzado de 1986. Pero en la década del noventa, el mismo grupo de economistas diseñó e implementó el Plan Real basado en las ideas neoliberales propuestas por los organismos de crédito internacionales. La necesidad de obtener legitimidad externa con miras a atraer capitales extranjeros fue un factor importante;31 esa legitimidad se asoció a las fuentes de prestigio de la nueva ortodoxia, ubicadas en los organismos financieros internacionales, reflejando valores y conductas anglosajonas. Sin embargo, como lo señalan Nelson y Williams, la visión anglosajona de solución de problemas de coordinación de recursos y cambios se basa en una visión simple del mercado, es un "modelo de texto" de una economía pura, ignorándose las condiciones políticas locales al extenderse hacia aspectos culturales, sin respetar la autodeterminación, tolerancia y neutralidad.32

 

LA RADICALIZACIÓN ANDINA

A diferencia de los casos analizados en Perú, Ecuador y Bolivia, no existió nada parecido al histórico acuerdo de clases cercano al existente en México, Brasil, Chile y Argentina, donde las políticas económicas surgidas tras la Depresión de 1929 crearon un consenso entre trabajadores y empresarios. En los Andes centrales las clases altas no estaban dispuestas a acordar y los golpes militares de 1968 en Perú, de 1972 en Ecuador y de 1971 en Bolivia no resolvieron la cuestión de cómo conectar a las clases sociales y grupos de intereses con el sistema de gobierno. En el caso de Ecuador, la crisis del viejo orden oligárquico en la primera mitad del siglo XX no dio origen ni a partidos de masas, ni a una representación efectiva de los intereses empresariales. El factor más recurrente fue la intervención de los militares como árbitros entre las distintas facciones regionales y políticas, tomando distancia y autonomía. Por esto gobernaron hasta 1979 aplicando reformas que ni las élites ni los partidos políticos habían imple-mentado, para lo cual desarrollaron el aparato estatal aprovechando las condiciones favorables del auge petrolero. Sin embargo, la gestión estatal se llevó a cabo mediante un pequeño grupo de tecnócratas y militares —aislados de cualquier control— que no pedían la colaboración ni el consenso de los sindicatos, partidos políticos y empresarios. La llegada de gobiernos civiles en los ochenta se adhirió a un régimen presidencial en lugar de uno parlamentario, siguiendo una tradición política centralista donde los partidos políticos servían como vehículos para la campaña presidencial y, una vez en el poder, presidentes y tecnócratas procuraban subordinarlos.33

De ahí que las medidas del presidente Jamil Mahuad (1998-2000) para dolarizar la economía, desestabilizaron al país al no tener el consenso de la población ni de los grupos sociales claves. El resultado fue la radicalización de la base social y la división de las Fuerzas Armadas que tradicionalmente habían sido un factor de cohesión nacional. En enero de 2000 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas enfrentó el dilema puesto por un amplio movimiento popular e indígena en contra de las medidas económicas del gobierno. Un grupo muy amplio de oficiales se adhirió a las demandas del movimiento. Frente a esa situación, ni el Congreso ni los partidos políticos fueron capaces de maniobrar como factores estabilizadores, razón por la cual el alto mando asumió la tarea de neutralizar al movimiento indígena, recuperar el control sobre comandos y tropas y nombrar rápidamente a un ejecutivo en el lapso de un día, apoyando a Gustavo Noboa como nuevo presidente de Ecuador, quien gobernó hasta 2003.34

En el caso de Perú los militares siguen siendo claves en la política, como lo demuestra el triunfo del ex militar Ollanta Humala como presidente de la República en las elecciones de 2011. En 1979 se retiraron del poder cuando no podían enfrentar las presiones abiertas por el proceso de reforma que impulsaron desde 1968, dando paso a una transición en el contexto de la Guerra Civil. El agotamiento de las alternativas políticas a fines de la década del ochenta abrió el camino para una personalización del poder en Alberto Fujimori, quien combinó estrategias neopopulistas con el sostén político de las Fuerzas Armadas.35 En 1992 cerró el Congreso y aceleró las reformas económicas hacia la desregulación, reinserción en los mercados de capitales, privatización y empequeñecimiento del Estado, logrando un mayor control tanto militar como fiscal de la población, aunque su base de apoyo era débil políticamente.36

En Bolivia los años neoliberales fueron el escenario de crecimiento de movimientos que cuestionaron la existencia del Estado nacional desde la perspectiva étnica y regional.37 Ello estuvo en el centro de las propuestas del Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por el líder cocalero Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006 y asumió la reconformación social e institucional del país al establecer el Estado plurinacional y nacionalizar los hidrocarburos. Esa ruta tuvo algunas opciones más radicales que se manifestaron en las movilizaciones sociales de 2003, cuando destacó Felipe Quispe, candidato a la presidencia de Bolivia y dirigente del Movimiento Indígena Pachacuti, quien desplegó un discurso radical e inflexible, cuyas raíces provenían de su lucha sindical, guerrillera y social. Su movimiento fue divergente del mas y perseguía fundar una nación indígena independiente y cambiar el sistema capitalista por una república "donde no haya pobres ni ricos, en la que se utilizaría el trueque y se cuidaría el medio ambiente", aunque sin "rechazar la modernidad y las nuevas tecnologías".38 Al final predominó la postura de Morales, cuyo abordaje contra las reformas neoliberales se ha dado mediante una gestión e institucionalidad de una gran complejidad social y regional, no exenta de tensiones.

Si bien forman parte del mundo andino Colombia y Venezuela, sus casos presentan radicales diferencias con los Andes centrales, en especial por los pactos dados entre la élite gobernante para definir el modelo de desarrollo desde la década de 1950 y mantener la estabilidad.

En Venezuela tal fue el "Pacto de Punto Fijo" establecido en 1958, que instauró una democracia pactada con elecciones presidenciales ordenadas y acabó con la intervención de los militares en la vida política. Los agentes de ello fueron los partidos de tipo socialdemócrata como Acción Democrática (AD) y Socialcristiano COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente).

Los gobiernos surgidos del Punto Fijo se basaron en una disciplina partidaria, una red clientelar extensa y pactos corporativos con el sector empresarial y obrero, dentro de un entorno económico de alto crecimiento. Esas condiciones se amplificaron en los años setenta con el boom petrolero durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), pero la bonanza se acabó en la década de 1980 con la caída de los precios del petróleo y el incremento del déficit fiscal, de la inflación y del endeudamiento externo. En 1985 el PIB era 25% menor que el registrado en 1973.39

La crisis, acompañada de corrupción y alejamiento de la clase política de sus bases, creó una situación donde el método democrático de elecciones coexistió con el ejercicio arbitrario del poder, con un nivel de pobreza que para fines de la década de 1980 afectaba 53% de la población venezolana; además, se experimentaba una inflación de 80%. Tal fue el marco en el que se dio el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que quebró el petro-Estado. El movimiento fue liderado por un grupo de militares entre los que destacó el comandante Hugo Chávez, perteneciente al llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200); el intento fue motivado por las medidas económicas de Pérez y la corrupción de su régimen. A esta rebelión siguió otra que contribuyó a la destitución de Pérez. Chávez fue liberado de prisión y en 1997 el MBR200 se convirtió en el Movimiento V República. Para las elecciones de 1998 el escenario se polarizó y los partidos tradicionales se identificaron como representantes de la democracia y al ex teniente coronel con el autoritarismo. Pero Chávez ganó e inició un proceso de recambio de la clase política, la institucionalidad y la sociedad que se proyecta hasta el día de hoy.40 Chávez estableció lo que Yrayma Camejo llamó la "marcha retórica hacia la conquista del poder político",41 surgiendo como la Némesis de una clase política que se descompuso en condiciones inéditas de estabilidad política y riqueza.

 

UNA NUEVA CLASE MEDIA Y EL VACÍO DE PROPUESTAS PARA ESTE ACTOR SOCIAL

Recientemente, algunos estudios42 han indicado que el resultado combinado de las décadas de reformas, cambios sociales y demográficos se están expresando en un crecimiento de las clases medias, cambios en el mercado de trabajo y distribución más progresiva del gasto público gracias a programas orientados a la pobreza. Con ello América Latina se integra a un fenómeno global de expansión de los estratos medios, que han crecido en el ámbito mundial a razón de 70 millones de personas anuales y que, en 2030, llegará a los 2 000 millones de personas, alrededor de 30% de la población mundial.43

En Argentina y Chile poco más de la mitad de los hogares forman parte del estrato medio y en Brasil 46% pertenece a esa categoría. Se ha dado un cambio favorable en los ingresos del sector bajo muy pronunciado en Brasil, Chile y Panamá, reforzado por la expansión del crédito para el consumo y la adquisición de viviendas, contribuyendo la significativa disminución de los precios relativos —y en muchos casos absolutos— de los bienes de consumo; también disminuyó el número de personas por hogar y la tasa de dependencia económica. La mayor participación laboral femenina ha sido decisiva para la expansión del estrato medio, que entre 1990 y 2007 tuvo un incremento mayor en Brasil, Chile, Costa Rica y México. La expansión de la participación femenina se generó entre las mujeres de mayor nivel educacional en ocupaciones en el comercio y los servicios (oficinistas, secretarias, dependientas de tiendas y supermercados y trabajadoras de los servicios de salud).44

La globalización y la interconexión mundial afectan a las clases medias al convertirse la competitividad en un elemento central, en el doble sentido de tener las habilidades necesarias y de poseer espíritu competitivo y capacidad de asumir riesgos. La incorporación de grandes masas al consumo obedece a una combinación de factores: la apertura del comercio internacional, la deslocalización de la fabricación de productos y partes en función del abaratamiento de los factores de producción, la rápida difusión de nuevas tecnologías en la producción masiva y los aumentos de escala con la incorporación de nuevos consumidores.45

A lo anterior se agrega una mejora en la distribución del ingreso en América Latina. Lustig y Gasparini indican que durante la "década perdida" de 1980 y la posterior, la desigualdad de ingresos aumentó en la mayoría de los países. Pero entre 2002 y 2008 la desigualdad de ingresos se redujo significativamente en casi todas las economías de América Latina, en especial en Argentina, Brasil y México. Sin embargo desde la década de 2000, la caída en la brecha de ingresos se produjo por un amplio conjunto de factores, la disminución de la desigualdad parece estar impulsada por cambios en el mercado de trabajo y una distribución más progresiva del gasto público, en particular, la transferencia de grandes sumas hacia programas contra la pobreza. También influyeron la mejora de las condiciones macroeconómicas que diluyeron los efectos de desigualdad de las reformas de la década de 1990, a lo que se agrega la expansión de la cobertura en educación básica y el fortalecimiento de las instituciones laborales.46

Frente a este nuevo actor las alternativas políticas creadas al calor de la retórica antineoliberal, antimercado, regionalistas e indigenistas tienen poco o nada que ofrecer a las nuevas clases medias latinoamericanas surgidas justamente de los años de transformaciones al mercado.

 

CONCLUSIONES

Desde el decenio de 1990 al desaparecer la fundamental oposición entre capitalismo y comunismo en Latinoamérica, se exageraron las ventajas del capitalismo en forma simple, al criticar como un todo la intervención gubernamental que se identificó con la experiencia comunista basada en la planificación, organización gubernamental y poco mercado. Esto dejó de lado a un amplio rango de actividades operadas por el Estado; sin embargo, las reformas contenían una contradicción, ya que el dinamismo introducido por las relaciones de mercado, cambios estructurales en la demografía, territorios y formación de nuevos actores sociales obligaban a tener una mayor y más sofisticada acción estatal. Pero la privatización dejó de lado el tema central de la reforma del Estado y de las nuevas capacidades públicas, de ahí que los efectos de décadas de reformas económicas sean todavía confusos e inconsistentes.

Las alternativas surgidas en la primera década del siglo XXI que se anunciaron en los programas económicos de los gobiernos de Hugo Chávez desde 1998 y de Evo Morales, desde 2006, indican que el ciclo de miopía tecnocrática en esos países ha dado paso a una nueva ortodoxia: la de identificar neoliberalismo con relaciones de dominación imperialista y, por tanto, el mercado, la inserción internacional y la búsqueda de eficiencia económica son combatidas con nacionalizaciones, controles públicos y restricciones a la actividad empresarial.

Así, la región se nos presenta como un único mosaico de paradojas que, después de la Guerra Fría, han convergido hacia la liberalización, privatización y desregulación, aunque con un errático apoyo a los derechos de propiedad y una fatalista continuidad de saltar de un modelo simple a otro sin solucionar los problemas más complejos de una economía capitalista.

 

Notas

1 David Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones, Barcelona, Javier Vergara Editor, 1999, p. 625.         [ Links ]

2 Moisés Naím, "The Lost Continent", en Foreign Policy, núm. 157, noviembre-diciembre de 2006, pp. 40-47.         [ Links ]

3 Sobre un resultado mixto después de analizar dos décadas de desempeño económico véase Joseph Nathan Cohen y Miguel Ángel Centeno, "Neoliberalism and Patterns of Economic Performance, 1980-2000", en Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 606, julio de 2006, pp. 32-67.         [ Links ]

4 Thomas Biersteker, "Globalization and the Modes of Operation of Major Institutional Actors", en Oxford Development Studies, vol. 26, núm. 1, febrero de 1998, pp. 15-32;         [ Links ] Rasma Karklins, "Typology of Post-Communist Corruption", en Problems of Post-Communism, vol. 49, núm. 4, julio-agosto de 2002, pp. 22-32.         [ Links ]

5 Al respecto véanse Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2009: una nueva geografía económica. Panorama general, Washington, D. C., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2008.         [ Links ]

6 Roberto Bouzas, "El 'nuevo regionalismo' y el Área de Libre Comercio de las Américas: un enfoque menos indulgente", en Revista de la CEPAL, núm. 85, abril de 2005, pp. 7-12;         [ Links ] National Intelligence Council, "Latin America 2020: Discussing Long-Term Scenarios", en Summary of Conclusions of the Workshop on Latin American Trends, for the National Intelligence Council Global Trends 2020 Project, Final Report, Santiago de Chile, 7 y 8 de junio, 2004.         [ Links ]

7 "No volveré a EU: Chávez", en El Universal, México, 30 de abril, 2005.         [ Links ]

8 Para una crítica a esta visión véanse los trabajos de Guillermo Guajardo, "Remozando el nacionalismo y el antiimperialismo latinoamericano", en Revista Enfoques. Ciencia Política y Administración, núm. 7, Santiago de Chile, julio-diciembre de 2007, pp. 229-252;         [ Links ] "La 'marcha retórica' hacia el poder: notas sobre militarismo y análisis social en América Latina", en Nostromo. Revista Crítica Latinoamericana, año 1, núm. 1, México, 2007, pp. 75-82;         [ Links ] "La agenda de análisis sobre América Latina en el escenario internacional: la necesidad de salir del retorno y la continuidad", en Norma de los Ríos Méndez e Irene Sánchez Ramos [coords.], América Latina: historia, realidades y desafíos, México, Posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM, 2006.         [ Links ]

9 Duncan Bell, "History and Globalization: reflections on temporality", en International Affairs, vol. 79, núm. 4, julio de 2003, pp. 802-804.         [ Links ]

10 John H. Coatsworth, "The Cold War in Central America, 1975-1991", en Melvyn P. Leffler y Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2011, vol. III, pp. 220 y 221.         [ Links ]

11 Anatoly Dobrynin, En confianza: el embajador de Moscú ante los seis presidentes norteamericanos de la Guerra Fría (1962-1986), México, FCE, 1998.         [ Links ]

12 Nikolai Leonov, "La inteligencia soviética en América Latina durante la Guerra Fría", en Estudios Públicos, núm. 73, 1999, pp. 36 y 56.         [ Links ]

13 Ricardo French-Davis, Óscar Muñoz et al., "Las economías latinoamericanas, 1950-1990", en Leslie Bethell [ed.         [ Links ]], Historia de América Latina. II, Economía y sociedad desde 1930, Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 1997, p. 159;         [ Links ] Fernando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, México, Nueva Imagen, 1988, p. 186.         [ Links ]

14 Véase John Waterbury, "The Long Gestation and Brief Triumph of Import-Substituting Industrialization", en World Development, vol. 27, núm. 2, febrero de 1999, pp. 323-341;         [ Links ] Dani Rodrik, "Understanding Economic Policy Reform", en Journal of Economic Literature, vol. XXXIV, marzo de 1996, pp. 9-41.         [ Links ]

15 Juan Carlos Torre, El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 122.         [ Links ]

16 Adaptación de cuadro 1. "América Latina y el Caribe: composición del comercio de bienes según categorías, 1965-1998", en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Indicadores económicos, Santiago de Chile, Naciones Unidas, CEPAL, noviembre de 1999;         [ Links ] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2000-2001, Santiago de Chile, Naciones Unidas, CEPAL, marzo de 2002, pp. 60-62.         [ Links ]

17 CEPAL, Panorama de la inserción internacional, pp. 51, 53-55, 57, 65.

18 Richard R. Nelson, "The Problem of Market Bias in Modern Capitalist Economies", en Industrial and Corporate Change, vol. 11, núm. 2, 2002, p. 208.         [ Links ]

19 Harold Cole y Lee Ohanian et al., "Latin America in the Rearview Mirror", en Journal of Monetary Economics, vol. 52, núm. 1, febrero de 2005, pp. 69-107;         [ Links ] Rosalba Casas y Rebeca de Gortari et al., "The Building of Knowledge Spaces in Mexico: A Regional Approach to Networking", en Research Policy, vol. 29, núm. 2, febrero de 2000, pp. 225-241.         [ Links ]

20 Joseph Stiglitz, "El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina", en Revista de la CEPAL, núm. 80, agosto de 2003, Santiago de Chile, pp. 7-40;         [ Links ] Albert O. Hirschman, "El paso del autoritarismo en América Latina y la búsqueda de sus determinantes económicos", en David Collier [comp.], El nuevo autoritarismo en América Latina, México, FCE, 1985, pp. 88 y 89.         [ Links ]

21 Graham Bird y Ann Helwege, "Can Neoliberalism Survive in Latin America?", en Millennium. Journal of International Studies, núm. 26, marzo de 1997, pp. 54 y 55;         [ Links ] Dani Rodrik, "¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?", en Revista de la CEPAL, núm. 73, Santiago de Chile, abril de 2001, pp. 8, 9 y 13.         [ Links ]

22 Graciela Ducatenzeiler y Philip Oxhorn, "Democracia, autoritarismo y el problema de la gobernabilidad en América Latina", en Desarrollo Económico, vol. 34, núm. 133, 1994, pp. 31-52;         [ Links ] Francisco Panizza, "Beyond 'Delegative Democracy'. 'Old Politics' and 'New Economics' in Latin America", en Journal of Latin American Studies, vol. 32, núm. 3, octubre de 2000, pp. 737-763;         [ Links ] Steven Levitsky y Lucan A. Way, "Elections Without Democracy. The Rise of Competitive Authoritarianism", en Journal of Democracy, vol. 13, núm. 2, abril de 2002, pp. 51-65.         [ Links ]

23 Daniel Zovatto y Julio Burdman, "América Latina: balance electoral 2002", en Anuario Elcano América Latina 2002-2003, Madrid, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2003, pp. 102, 103 y 105;         [ Links ] Arturo Valenzuela, "Latin American Presidencies Interrupted", en Journal of Democracy, vol. 15, núm. 4, octubre de 2004, pp. 12 y 13.         [ Links ]

24 Carlos Vilas, "La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares", en Nueva Sociedad, núm. 197, mayo-junio de 2005, p. 94.         [ Links ]

25 Steve Bastow, "A Neo-Fascist Third Way: The Discourse of Ethno-Differentialist Revolutionary Nationalism", en Journal of Political Ideologies, vol. 7, núm. 3, octubre de 2002, pp. 355-364.         [ Links ]

26 Torre, op. cit., p. 97.

27 Aldo Ferrer, La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Buenos Aires, FCE, 2008, pp. 407-409.         [ Links ]

28 Ibid., pp. 415, 416, 456, 457.

29 Brasilio Junior Sallum, "Brasil: una transición difícil de completar", en Nueva Sociedad, núm. 144, julio-agosto de 1996, pp. 6-11.         [ Links ]

30 Joao Martins Filho y Daniel Zirker, "The Brazilian Military Under Cardoso: Overcoming the Identity Crisis", en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 42, núm. 3, septiembre de 2000, pp. 146, 147, 162 y 163;         [ Links ] Council on Foreign Relations, A Letter to the President and a Memorandum on U.S. Policy Toward Brazil. Statement of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, Nueva York, Council on Foreign Relations, 2001.         [ Links ]

31 Daniel Kerner, "Del neoestructuralismo al neoliberalismo: ideas, política económica y tecnocracia en Brasil", en Guillermo Guajardo [coord.], Ni éxito ni fracaso. Ideas, recursos y actores en las políticas latinoamericanas del siglo XX, México, CEIICH-UNAM/Plaza y Valdés, 2005.         [ Links ]

32 Nelson, op. cit., p. 216; David Williams, "Constructing the Economic Space: The World Bank and the Making of Homo Oeconomicus", en Millennium. Journal of International Studies, vol. 28, núm. 1, marzo de 1999, pp. 79, 81, 89 y 90.         [ Links ]

33 Catherine Conaghan y James Malloy, "Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia", en Desarrollo Económico, vol. 36, núm. 144, enero-marzo de 1997, pp. 869, 870, 874 y 875;         [ Links ] Anita Isaacs, Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-1992, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1993;         [ Links ] John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador, New Brunswick, Transaction Books, 1987.         [ Links ]

34 Guillermo Guajardo, "Focos rojos de seguridad y conflicto político en Sudamérica: tendencias e implicaciones para América Latina", en Foro Internacional, vol. XLII-1, núm. 167, enero-marzo de 2002, pp. 39-62.         [ Links ]

35 Sobre las relaciones entre Fujimori y los militares véase Enrique Obando, "Fujimori y las Fuerzas Armadas", en John Crabtree y Jim Thomas [eds.], El Perú de Fujimori, Lima, Universidad del Pacífico-Instituto de Estudios Peruanos, 1999.         [ Links ]

36 Véanse Philip Mauceri, State Under Siege. Development and Policy Making in Peru, Boulder, Westview Press, 1996;         [ Links ] Carol Wise, "The Politics of Peruvian Economic Reform: Overcoming the Legacies of State-Led Development", en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 36, núm. 1, 1994, pp. 75-125.         [ Links ]

37 Donna Lee van Cott, "Broadening Democracy: Latin America' s Indigenous Peoples' Movements", en Current History, vol. 130, núm. 670, febrero de 2004, pp. 80-85;         [ Links ] Alvaro Bello, Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas, Santiago de Chile, CEPAL, 2004.         [ Links ]

38 "Los indios de Bolivia estamos decididos a regir nuestro destino, dice Felipe Quispe", en La Jornada, México, 17 de diciembre, 2003.         [ Links ]

39 Aníbal Romero, "Rearranging the Deck Chairs on the Titanic: The Agony of Democracy in Venezuela", en Latin American Research Review, vol. 32, núm. 1, 1997, pp. 20 y 21;         [ Links ] Jennifer L. McCoy y William C. Smith, "Democratic Disequilibrium in Venezuela", en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 37, núm. 2, 1995, pp. 126 y 127.         [ Links ]

40 Romero, op. cit., p. 25; McCoy y Smith, op. cit., Tabla 2, p. 137.

41 Yrayma Camejo, "Estado y mercado en el proyecto nacional-popular bolivariano", en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 8, núm. 3, septiembre-diciembre de 2002, pp. 13-39.         [ Links ]

42 Rolando Franco, Martín Hopenhayn et al., "Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día", en Revista de la CEPAL, núm. 103, abril de 2011;         [ Links ] Nora Lustig y Leonardo Gasparini, "The Rise and Fall of Income Inequality in Latin America", en Tulane Economics Working Paper Series, Tulane University, Working Paper 1110, febrero de 2011.         [ Links ]

43 Franco y Hopenhayn, op. cit., p. 8.

44 Ibid., pp. 10, 12, 14, 18 y 24.

45 Ibid., pp. 19 y 22.

46 Lustig y Gasparini, op. cit.

 

Información sobre el autor

Guillermo Guajardo Soto

Doctor en Estudios Latinoamericanos. Investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socio fundador de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Actualmente sus líneas de investigación son la historia de la globalización, la tecnología y la empresa pública. Es profesor de los posgrados de Economía y Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus últimas publicaciones son: "Dal decennio perduto al continente perduto: riforme, paradossi e nuovi attori in America Latina dopo la fine della Guerra Fredda", en Ventunesimo Secolo. Revista di Studi Sulle Transizioni, Roma, Italia, año XI, núm. 27, febrero de 2012, pp. 11–31; Trabajo y tecnología en los ferrocarriles de México: una visión histórica, 1850–1950, México, Conaculta, 2010 (Col. El Centauro), 209 pp.; "Mobility in history: Themes in transport: T2M Yearbook 2011", en Gijs Mom, Peter Norton, Georgine Clarsen y Gordon Pirie [eds.], Mobility History in Modern Mexico: an uneven landscape, Neuchâtel, éditions Alphil–Presses Universitaires Suisses, 2010, pp. 183–190.

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