La región andina, específicamente la zona donde se encuentran los países de Bolivia y Perú, es un espacio donde la sociedad experimenta movimientos sociales en distintas direcciones, marcados, en gran medida, por las desigualdades que le caracterizan. La problemática de la identidad y de las pertenencias a los territorios, un lugar donde no sólo es el desequilibrio social el que domina, sino que la discriminación étnica y racial es un factor clave, son temas centrales en lo concerniente al mundo social de Perú y Bolivia. Por otro lado, como una vertiente o, mejor dicho, una pluralidad de vertientes que subyacen y retan la estructura política del Estado, los movimientos sociales, con demandas precisas y persistentes, funcionan en el complejo tejido social andino, como un componente de dinamismo permanente.

Dentro de este espacio plural, como es evidente, cada zona tiene particularidades y elementos más o menos claros dentro del entramado social. En Bolivia, por ejemplo, las demandas de los movimientos indígenas difieren de un espacio a otro: los aymaras y quechuas, habitantes de las altas sierras, así como los guaraníes, hacen uso, un poco a manera de bandera, de términos como autodeterminación y plurinacionalismo. En cambio, los pueblos indígenas bolivianos de oriente, oriundos de las tierras bajas, utilizan el término autonomía. Anoto lo anterior para mostrar un poco la complejidad del panorama, reflejo de cada contexto y de cada situación precisa, que lleva, según el caso, a ahondar en tal o cual concepto y a proclamar las reivindicaciones pertinentes.

El libro Conflicto social en los Andes. Protestas en el Perú y Bolivia, coordinado por Narda Henríquez , profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profundiza sobre estas problemáticas dando muestra de la diversidad y la amplitud del panorama. La intención del libro, como señala su coordinadora, dado que participa desde la óptica de la academia, consiste en aportar elementos para la comprensión de los problemas sociales vistos, en gran medida, a través de los movimientos sociales, sin estigmatizarlos, pero sin tampoco caer en la llana glorificación, riesgo latente en este tipo de investigaciones. Los dilemas que se entrevén en los diversos estudios que forman parte de la antología, lejos de simplificar los temas o reducirlos a conclusiones simples, muestran, al contrario, la complejidad social que subyace en ellos y la dificultad de caer en respuestas cerradas.

Como ya a principios del siglo pasado anunciaba el peruano José Carlos Mariátegui, los problemas sociales de la región andina no pueden ser estudiados sin hacer una consideración real y profunda de la situación vinculada con los pueblos indígenas. La llegada de los europeos, junto con sus misiones religiosas, como es de sobra sabido, trastornó la situación en la que se encontraban los grupos andinos. La guayochería, por mencionar un fenómeno trabajado en el libro, además de ser un movimiento indígena religioso de carácter milenarista, fue propulsada, también, por factores sociales claves que tienen como elemento central la occidentalización de esas tierras. La guayochería, movimiento de indígenas mojeños, de centralidad religiosa, contenía como esencia, grandes corrientes de migraciones indígenas, seguidas de un líder espiritual. Estos desplazamientos tenían como base la necesidad de invertir la situación social de los indios en territorios occidentalizados. Se cree que tales corrientes siguen teniendo una influencia en la Bolivia de nuestros días. Así, este levantamiento puede ser visto como un antecedente de los movimientos indígenas bolivianos actuales.

Por su parte, el movimiento indígena del departamento del Beni pone en el centro la interlocución entre éste y el Estado. Esta intención no ha pasado sin dar frutos: tras negociaciones con el Estado, se consiguió que varios territorios indígenas del Beni fueran reconocidos como tales. Estos éxitos de la población indígena de las tierras bajas bolivianas son anteriores, por supuesto, al apartado de la Constitución boliviana que hace referencia al carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia, en 1994. Con esto concluimos que los movimientos indígenas, lejos de ser puramente regionales o étnicos, influyen y participan en las creaciones de leyes y de concepciones de Bolivia como país.

Lo anterior nos lleva a fijar la mirada en un concepto clave dentro de la terminología usada por los pueblos indígenas: el de territorio. En el sentido indígena, el territorio no coincide con el significado de propiedad: el territorio no es ni familiar ni individual y suele implicar métodos de producción y de dinamismo económico que son independientes de la economía monetarizada. El territorio es visto como un espacio multiétnico, de varias colectividades, donde los usos estacionales se definen y se redefinen entre los distintos grupos. La idea de territorio, asimismo, está vinculada con la construcción de la identidad indígena, la construcción del “nosotros”.

La cuestión de la identidad indígena está muy presente en distintas luchas de los pueblos andinos. Los movimientos sociales indígenas tienen como uno de los ejes principales el asunto de la identidad. Esto se considera un desafío constante al Estado homogéneo nacionalista. Y, como vimos más arriba, algunos de estos retos logran incidir en la creación de reformas y de nuevas leyes institucionales.

Ahora bien, es difícil hablar de identidades indígenas sin hacer mención de otro concepto: el de identidades colectivas. Como nos lo explica el ya citado Mariátegui, la colonia española se enfrentó a un sentido de comunidad orgánico que resultaba bastante remoto al espíritu occidental. La imposición de un sistema económico y social, venido de fuera, tuvo que destruir, en la medida de lo posible, a lo largo de las décadas y los siglos, el firme impulso comunitario. Así las palabras del autor de Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que mantienen una vigencia tangible, muestran que el individualismo no ha tenido su origen en ningún país por la vía legal ni en la Constitución del Estado ni en el Código Civil, lo cual significa que su formación tiene un proceso, a la vez complicado y espontáneo, que traducía la destrucción de las comunidades, en despojarlas de sus tierras no sólo para convertir a los indígenas en pequeños propietarios o asalariados sino para entregar sus tierras a los gamonales y a su clientela. Como vemos, el conflicto de la comunidad y de la tierra es, por lo menos, tan antiguo como la colonia española. No obstante, las comunidades indígenas persisten, a pesar de los sistemas económicos que intentan asfixiarlas. Tópicos que por lo demás son profundamente trabajados en el libro coordinado por Henríquez.

En esta obra encontramos algunos temas y procesos más concretos. En Perú, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a través de un dinamismo sociopolítico, que ha demandado y cuestionado las leyes y las normas sociales, contribuye a la creación de identidades colectivas. Este tema es tratado con seriedad. El texto explica las distintas funciones del proceso de creación de las identidades colectivas. La constitución de un espacio plural donde los sectores populares puedan identificarse es uno de los aspectos relativos a dicho proceso. Tal espacio debe, pues, ser representativo y debe regir una intermediación sociopolítica. Asimismo debe ser propicio para la creación de demandas de inclusión y de reconocimiento al Estado. Se afirma que dicho frente “representa, consolida y enuncia los sentimientos, expectativas, esperanzas y frustraciones de los sectores ‘populares’ de la región”. Es interesante verlo como una organización creada para defender Ayacucho, región tan golpeada por la violencia, que mira al Estado y a sus representantes como el opositor principal.

Otro tema presente en el libro y que tiene raíces muy lejanas es el de la descentralización que, por supuesto, está en vínculo estrecho con el de autonomía. En Bolivia, en julio de 2010, se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta ley tiene como antecedente un fuerte proceso de descentralización empezado en la década de 1990. Así, según dicha ley, los departamentos componentes de Bolivia, los municipios no indígenas y las regiones por constituirse tienen acceso a la autonomía.

Como es evidente, muchos de estos logros han sido precedidos de largos procesos y de resultados frustrantes. Muchos de los diálogos (tomemos como ejemplo el caso de Ayacucho) de los movimientos sociales con el Estado han derivado en movilizaciones pacíficas y, muchas veces, posteriormente a la represión, en confrontaciones directas. Esto ha sucedido así, como se subraya con casos concretos, tanto en los gobiernos democráticos como en las dictaduras. Los gobernantes hacen lo posible por evadir las demandas de justicia, prolongan las mesas de diálogo hasta que resultan agotadoras y, tras entorpecer largo tiempo las vías legales, anulan las peticiones. Llegados a este punto, fácilmente se pasa a la represión violenta acompañada del descrédito institucional y mediático de las protestas. El descrédito y la estigmatización se generalizan, lo cual, según las circunstancias, fortalece o debilita a los movimientos que, de entrada, ya están acostumbrados a las injusticias gubernamentales andinas.

En síntesis, es un libro oportuno para profundizar en una región siempre convulsa con conflictos y con propuestas de solución, con organizaciones, represiones, avances y retrocesos pero siempre en constante movimiento gracias a la iniciativa de sus pobladores.