INTRODUCCIÓN
Por décadas, las reglas restrictivas de República Dominicana (en adelante RD) en cuanto a la obtención de la nacionalidad por personas de origen extranjero, han generado una situación de incertidumbre para miles de menores nacidos en RD de padres haitianos3 y para menores haitianos llevados a este país durante la infancia.4 La mayoría de ellos, hijos de inmigrantes haitianos en situación irregular, han tenido cerrado el acceso a la nacionalidad dominicana. Por un lado, a los dominico-haitianos se les ha negado la nacionalidad pese al hecho de que nacieron en el territorio de RD y la existencia del principio del ius soli en el ordenamiento jurídico dominicano (Cedeño, 1992; Perdomo Cordero, 2016). Por otro lado, la mayoría de los haitianos llevados a RD durante la infancia, al igual que sus padres, han carecido de vías legales para regularizar su situación en aquel país. Las diferentes medidas tomadas durante años por la Junta Central Electoral para dificultar o negar la nacionalidad dominicana a los menores, tuvieron un eco particular en septiembre de 2013, cuando el Tribunal Constitucional oficializó la negación de la nacionalidad a toda persona nacida en el país que tuviera padres inmigrantes irregulares. Las leyes que se adoptaron para atender la situación no dieron los resultados esperados. Por tanto, los menores referidos están, y lo estarán posiblemente en el futuro, sujetos a procesos de deportación; asimismo, tendrán que afrontar situaciones de precariedad laboral y de exclusión social, a pesar de haber residido en RD toda su vida, o la mayor parte de ésta.
Ante esa situación de incertidumbre y amenaza, muchas familias de origen haitiano en RD han tomado un papel activo, desarrollando estrategias que buscan minimizar los efectos perjudiciales de las políticas antiinmigrantes en la vida de sus hijos, sin importar si son nacidos en aquel país o no. De hecho, entre esta población existe una amplia gama de estrategias y prácticas orientadas hacia la mitigación del impacto de las múltiples dificultades que se presentan a sus miembros (Méroné, 2017). El objetivo de este trabajo es analizar dos de las estrategias de las familias con hijos menores: 1) la obtención de documentos oficiales de RD para los mismos, y 2) su asistencia tanto a escuelas dominicanas como haitianas. Ambas estrategias están vinculadas con la anticipación y la evitación –o al menos, la atenuación– de situaciones adversas generadas por las políticas antiinmigrantes de RD.
El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se contextualiza históricamente la migración actual de Haití hacia RD. En la segunda se analizan con perspectiva histórica las políticas antiinmigrantes de RD y sus efectos negativos en la población haitiana residente en aquel país –con especial atención en las recientemente promulgadas respecto a los hijos menores de inmigrantes haitianos en situaciónn irregular–, así como ciertos aspectos teórico-conceptuales relevantes para el análisis de las estrategias familiares como respuesta a tales políticas. En la tercera parte se analizan algunas características demográficas de los inmigrantes haitianos (incluidos los haitianos llevados en la infancia) y de los dominico-haitianos, así como de los hogares familiares a los que pertenecen, con el propósito de dar cuenta de la importancia de las estrategias para los hijos en este contexto. En la cuarta, con base en siete entrevistas seleccionadas de entre las 53 que se realizaron a miembros de familias inmigrantes haitianas residentes en RD, analizamos las estrategias que los padres despliegan para sus hijos, vinculadas con políticas migratorias.
LA ACTUAL MIGRACIÓN HAITIANA A RD EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Aunque los movimientos de personas desde Haití hacia RD tienen una larga historia (Michel, 2005; Moral, 1978; Del Castillo, 1978), existe un consenso casi general entre los estudiosos del tema de fechar el inicio de la migración haitiana a este país a principios del siglo XX. En efecto, entre finales del siglo XIX y principios del XX, el capital norteamericano inició un proyecto de transformación de la industria azucarera caribeña para aprovechar una serie de circunstancias internacionales5 y locales,6 pero por distintas razones, fueron RD, Cuba y Puerto Rico los principales beneficiarios de las inversiones (Castor, 1983; Domenach, 1986).
Debido a una serie de barreras estructurales y coyunturales7 que prevalecieron en Haití en la época (Martínez, 1999; Castor, 1971), ese país no se insertó en la nueva economía regional como sede de las instalaciones de dicha industria, sino como proveedor de mano de obra.8 En aquella época, por distintas razones, RD carecía de suficientes trabajadores para realizar la totalidad de las labores que generó el desarrollo del sector azucarero (Tejada Yangüela, 2001; Del Castillo, 1978).9
Otro factor que impulsó el inicio de la intensa migración haitiana a RD fue la ocupación militar simultánea de ambos países por Estados Unidos (EE. UU.) (Haití: 1915-1934 y RD: 1916-1924). En Haití, uno de los corolarios de la ocupación fue la implantación a gran escala de empresas agrícolas estadounidenses, que ocasionó que miles de campesinos fueran despojados de las tierras que ocupaban (Moral, 1978; Castor, 1971; Gaillard, 1981). Esa política, junto con otras medidas en detrimento del campesinado, supusieron la generación de una guerrilla rural contra el ocupante, el cual, para librarse de las revueltas y deshacerse del excedente de trabajadores agrícolas impulsó la salida de campesinos haitianos hacia los ingenios azucareros de RD y de Cuba (Castor, 1983). Lo anterior beneficiaba nuevamente los intereses financieros y empresariales estadounidenses que, en la época, controlaban buena parte de la producción de azúcar en esos países.
Resulta claro que la vigorosa migración haitiana a RD surgió en el marco de un proyecto ajeno a los Estados y a las sociedades haitiana y dominicana. Al contrario, en su inicio el fenómeno generó inquietudes en varios sectores en RD y Haití (Méroné 2017). Con todo, los volúmenes de trabajadores haitianos que migraron a RD siguieron incrementando, de tal manera que durante la década de los veinte esta mano de obra logró dominar el mercado de trabajo azucarero dominicano, desplazando a los trabajadores provenientes de las otras islas (Del Castillo, 1978). Desde entonces y hasta fechas recientes, la relación entre la migración haitiana a RD y la industria azucarera de este país se volvió tan estrecha que gran parte de la historia de esta migración se confunde con la de esa industria, pues durante la mayor parte del siglo XX la dinámica de ésta es la que determinaría las cantidades de trabajadores haitianos que migrarían a RD (Lozano, 2005).
El crecimiento de la migración tuvo lugar en paralelo al diferendo en torno a la delimitación de la frontera entre los dos países, que se resolvió definitivamente en 1936. Precisamente, el trazado de la frontera sería, según varios autores, una de las principales causas de la crueldad –tal vez más extrema– que ha sufrido la población de origen haitiano en RD: la matanza de miles de sus miembros en 1937 (Turits, 2014; Moya Pons, 1992; Castor, 1983; Price-Mars, 1953). Según estos autores, la línea divisoria entre los dos países dejaba a varias comunidades de haitianos en territorio dominicano, por lo que una gran porción de la parte dominicana de la región fronteriza quedaba como una franja “culturalmente haitiana”.
Esta situación fue percibida en algunos sectores dominicanos como un peligro para la soberanía y la identidad nacional de RD (Castor, 1983). De acuerdo con varios autores, en respuesta a ese “peligro” el dictador Rafael Trujillo adoptó el llamado plan de dominicanización de la parte dominicana de la zona fronteriza, el cual tenía como objetivo eliminar las comunidades haitianas y reemplazarlas por dominicanos e inmigrantes blancos procedentes de otros países, buscando construir un “muro” demográfico y cultural frente a la penetración haitiana (Moya Pons, 1992; Castor, 1983).
Sin embargo, a pesar de la matanza de 1937 la industria azucarera dominicana no podía prescindir de la mano de obra haitiana; siendo esto así, las zonas de plantaciones de caña no fueron afectadas por las atrocidades. Para asegurarse de la disponibilidad de suficiente mano de obra, en 1952 el gobierno de Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano para la contratación de trabajadores temporales haitianos para ese sector que, entre tanto, se había transformado en el motor de la economía dominicana. Ese acuerdo entre los dos gobiernos se repitió cada cinco años y funcionó hasta 1986, pues ya desde mediados de la década de los setenta la industria azucarera empezó a presentar signos de debilidad, por lo que desde el punto de vista de sus dirigentes, no era necesario seguir con los acuerdos (Lozano, 2005, 1998).
Además del inicio de la crisis de la industria azucarera, a partir de la década de los setenta ocurrieron diversos cambios en los dos países que afectaron el volumen, la composición del flujo, y los sectores económicos en los que se insertaban los migrantes. En RD la crisis agraria se había expandido no sólo a la producción del azúcar, sino también al conjunto de la agricultura del país, agravando la situación de los productores rurales que migraron en volúmenes significativos a las ciudades o hacia EE. UU. (Lozano, 2005, 1998). Esta situación ocasionó una escasez de mano de obra nativa en cultivos como el café, el arroz y el tabaco, favoreciendo el ingreso de trabajadores haitianos (Lozano, 2005). Posteriormente, esos trabajadores entrarán en la producción de otros productos como el plátano, la piña o el tomate (Báez Evertsz y Lozano, 1985).
Por otro lado, los cambios registrados en el sector agrícola se produjeron en un contexto de diversificación económica más amplio. A partir de los setenta comenzó el proceso de tercerización de la economía dominicana, con el desarrollo de sectores como las zonas francas de exportación, las actividades industriales y los servicios (Ariza, 2004; Tejada Yangüela, 2001). Aunque los haitianos no se insertaban en gran número en esos sectores, el nuevo dinamismo económico atrajo mayor número de inmigrantes, y con perfiles más diversos. De hecho, los cambios que se dieron en la migración a partir de esa época animaron a algunos autores a hablar de una nueva inmigración haitiana a RD (Silié, Segura y Dore Cabral, 2002).
En la misma época, en Haití ocurrieron diversos acontecimientos que contribuyeron a empeorar la situación económica, política, social y ambiental, aumentando el número de potenciales emigrantes. Por ejemplo, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, a causa de la presencia de la peste porcina el gobierno decidió matar la población de puercos que representaba la base del ahorro en las zonas rurales, acentuando la pobreza en esas zonas. En 1986, la caída de Jean-Claude Duvalier y el movimiento de dechoukaj10 que siguió, agravaron aún más la situación económica. Por otra parte, entre 1991 y 1994 el bloqueo comercial impuesto por distintos organismos internacionales contra Haití afectó enormemente la economía del país, destruyendo miles de puestos de trabajo, especialmente en el sector de fabricación textil.
Finalmente, la serie de crisis políticas y catástrofes naturales que se han seguido durante las décadas de los noventa y dos mil y que culminaron con el terremoto de enero de 2010, el brote de cólera y los sucesivos huracanes e inundaciones, provocaron que una proporción cada vez mayor de personas quisieran salir del país. Una parte de ella se encuentra en RD, un destino con nuevas oportunidades para mejorar sus vidas, o bien, una ruta idónea para alcanzar otros países.
En resumen, en Haití si bien han existido factores que han impulsado a una parte de sus ciudadanos a emigrar hacia la vecina RD, el flujo migratorio responde también a factores de atracción propios de este último, que han ido cambiando a través de las décadas. Ahora bien, a pesar del papel que los inmigrantes haitianos han jugado en la industria azucarera dominicana, y luego en otros sectores económicos, en RD existe un rechazo reiterado hacia aquellos haitianos que desean integrarse en las diferentes esferas de la sociedad. Este rechazo se manifiesta en la dificultad para acceder a la nacionalidad dominicana, y se extiende a sus hijos sin importar que hayan nacido en el territorio dominicano, o que fueran llevados a este país durante la infancia.
LAS POLÍTICAS INMIGRATORIAS RESTRICTIVAS DE RD, SUS EFECTOS EN LA VIDA DE LOS HIJOS DE LAS FAMILIAS HAITIANAS Y LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES
El 27 de febrero de 1844, RD surgió como nación independiente al separarse de Haití,11 pero con un déficit demográfico sustancial frente al país vecino. Desde entonces, nació la preocupación dominicana por poblar un territorio casi vacío para: primero, defenderse de las veleidades y sucesivas tentativas de las autoridades haitianas de la época por recuperar la parte oriental de la isla (Escolano Giménez, 2010); segundo, por el deseo de “reconquistar” territorios que habiendo pertenecido a la antigua colonia española, pasaron a formar parte de Haití durante los acontecimientos que condujeron a la independencia política de este país en 1804 (Moya Pons, 1992). Por ello, la voluntad de las élites políticas dominicanas fue la de propiciar la llegada de inmigrantes europeos o procedentes de antiguas colonias españolas para desarrollar el país (Escolano Giménez, 2010; Capdevila, 2004) y que fueran suficientemente diferentes a los haitianos en términos “raciales” y culturales, para imposibilitar cualquier eventual reunificación entre los dos países (Lilón, 2010).
En este sentido, las políticas y leyes de RD respecto a la población inmigrante en su territorio se han caracterizado a lo largo de su historia por ser restrictivas y discriminatorias con los haitianos y, consecutivamente, con la descendencia de los mismos (Capdevila, 2004; Cedeño, 1992; Perdomo Cordero, 2016). Sin embargo, respondiendo a las necesidades del mercado de trabajo, esas políticas también se han caracterizado por un elevado nivel de permisividad en ciertos sectores con la finalidad de disponer de una mano de obra migrante, tanto regular como irregular, que sea barata, dócil y explotable.
De acuerdo con Capdevila (2004) y Martínez (1999), las primeras leyes de migración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX proporcionaron incentivos para favorecer la llegada y el asentamiento de europeos caucásicos, mientras se erigieron una serie de mecanismos orientados a la exclusión de los “negros” procedentes del país vecino y de otras islas del Caribe (Capdevila, 2004). Es decir, el marco jurídico en materia de migración fue orientado en oponer “una barrera de gente blanca, sana y laboriosa, a la invasión paulatina de los haitianos” (Peynado, 1909, p. 5, citado por Capdevila, 2004, p. 442).
Si bien las leyes sucesivas eliminaron paulatinamente las ventajas concedidas a los caucásicos, no dejaron de excluir a los haitianos y a sus hijos, nacidos o no en RD. Por ejemplo, aunque las leyes de migración de 1932 y 1939 permitieron el ingreso de trabajadores temporales para las labores de baja calificación de la industria azucarera –haitianos esencialmente– los colocaron bajo un régimen de excepción que impidió que fueran autónomos, o que pudieran permanecer de forma regular en el territorio dominicano si así lo deseaban (Capdevila, 2004). A partir de 1952, los consecutivos acuerdos bilaterales de contratación de mano de obra haitiana introducían la repatriación de los trabajadores haitianos al terminar la zafra, a la par de reglamentar su asentamiento en sitios específicos del territorio –los bateyes–, negándoles toda existencia legal fuera de los mismos (Lozano, 2005; Moya Pons, 1986).
Es en esta tradición de políticas migratorias antihaitianas que se inscriben las políticas en contra de los dominico-haitianos adoptadas en décadas recientes. Dichas políticas incluyen medidas que no solo han negado la nacionalidad dominicana a miles de personas de origen haitiano nacidas en RD, sino que también han arrebatado la nacionalidad dominicana a miles de personas que hasta recientemente habían sido consideradas como tales.
Para entender en específico la situación legal actual de gran parte de los dominico- haitianos, es necesario retomar antecedentes legales que se remontan, al menos, hasta la Constitución en 1907. En aquel texto constitucional se incluyó la excepción de transitorialidad para la obtención de la nacionalidad de acuerdo al principio de íus soli. Esta disposición constitucional favoreció que en muchas ocasiones se ha considerado a los padres haitianos en situación irregular como personas en tránsito para así negar la nacionalidad dominicana a sus hijos (Cedeño, 1992). Esta interpretación por parte de las autoridades derivó en diversos cambios legislativos, varias circulares administrativas y largas batallas legales ante jurisdicciones dominicanas e internacionales.
Un primer intento para otorgar valor de iure a la exclusión que de facto se estaba llevando a cabo en contra de los haitianos y sus descendientes, particularmente en lo que respecta a la obtención de la nacionalidad por parte de los dominico-haitianos, fue la ley general de migración de 2004 (Ley No. 285-04, General de Migración, El Congreso Nacional, 2004). Este documento jurídico recoge en su artículo 36, párrafos 5, 6 y 9 que “los trabajadores temporeros”, los “extranjeros que residen en áreas fronterizas limítrofes al territorio nacional” y los “estudiantes que ingresen al país para cursar estudios como alumnos regulares en establecimientos reconocidos oficialmente” –los tres grupos conformados por haitianos en su mayoría– son considerados como “no residentes”. En el párrafo 10 del mismo artículo, la ley establece que “los no residentes son considerados personas en tránsito” (Ley No. 285-04, General de Migración, art. 36, El Congreso Nacional, 2004).
Como señala Lozano (2005, p. 89), se trata de un “artificio jurídico para excluir a los trabajadores temporeros de los derechos y condiciones legales que pueden beneficiarles […], pero sobre todo es un artificio para manipular […] el asunto de la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en el país, principalmente de padres haitianos”. De hecho, contrariamente al principio de jerarquía normativa, la ley de migración de 2004 restringe el derecho constitucional del ius soli en la atribución de la nacionalidad en caso de los hijos de los “no residentes”; una disposición que se confirmaría en la revisión constitucional de 2010. En efecto, en su artículo 18, párrafo 3, la nueva Carta Magna dominicana valida la excepción del derecho del suelo para los hijos de los “extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano” y agrega que “se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas” (Consejo Nacional de Reforma del Estado, 2010, art. 18).
Como consecuencia de la ley de 2004, los dominico-haitianos empezaron a enfrentar mayores dificultades para obtener la cédula de identidad y electoral,12 pues la Junta Central Electoral (JCE), aplicando retrospectivamente la ley, rechazaba sus solicitudes argumentando que sus padres eran “no residentes” o “personas en tránsito” al momento de su nacimiento,13 y por tanto, nunca habrían tenido el derecho a la nacionalidad dominicana (Open Society Foundations, 2010). En este mismo sentido, una circular adoptada en 2007 por la JCE instó a los oficiales del registro civil a “abstenerse de expedir copias de actas de nacimiento de hijos de padres extranjeros, si no es probado que esos padres tienen residencia o status legal en la República Dominicana ” (Cámara Administrativa de la JCE, 2007, s/n).14
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano (TC) “cerró” abruptamente el debate en torno a la nacionalidad de los dominico-haitianos con una sentencia que reavivó la discordia entre los dos países, e incluso perjudicó las relaciones de RD con otros países e instituciones regionales. La sentencia TC/0168/1315 supuso que decenas de miles de personas de ascendencia haitiana, en su mayoría nacidas en RD de junio de 1929 a enero de 2010 , carezcan de la nacionalidad dominicana que había gozado toda su vida.
A raíz de esa sentencia, surgió una ola de controversias y críticas severas internas e internacionalmente, llevando el gobierno dominicano a adoptar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana (PNRE), y la ley 169-14. Ambas iniciativas ambicionaban regularizar a las personas en situación irregular en el país, y permitir a una parte de los afectados por la mencionada sentencia acceder a la naturalización.16 Sin embargo, la aplicación tanto de uno y como de otro instrumento ha dado resultados limitados, por lo que no se ha resuelto el limbo jurídico de los dominico-haitianos, al igual que los inmigrantes haitianos.
En caso de que permanezcan en RD, tanto si se trataba de menores haitianos llevados en la infancia, o dominico-haitianos, el estatus jurídico irregular les pone en condiciones de precariedad laboral y exclusión social semejantes a las de sus ascendentes haitianos. Asimismo, en caso de que regresen a Haití voluntariamente o por un proceso de deportación (suyo, o de algún familiar), pueden encontrar problemas de diversa índole para integrarse, ya que incluso pueden no conocer este país en absoluto, con independencia de su lugar de nacimiento. En función de la edad en la que se produjese una movilidad a Haití, pueden llegar a encontrar diversos problemas y dificultades para adaptarse al sistema escolar haitiano, hacer válidos los estudios que realizaron en RD, o dificultades derivadas del desconocimiento de los idiomas que se hablan en Haití (creole y francés), en su inserción en el mercado laboral haitiano, o incluso para encontrar un lugar donde residir y obtener los ingresos suficientes para su manutención.
Como ya se mencionó, las familias inmigrantes haitianas han desarrollado una serie de estrategias con el objeto de hacer menos probable que sus hijos menores tengan que hacer frente a escenarios futuros adversos, como la escasez de oportunidades y la deportación. Por tanto, antes de analizar las estrategias antes señaladas, se considera oportuno traer a colación las aportaciones que diversos trabajos han hecho en el campo de las estrategias de los migrantes y sus familias.
Particularmente cuando existe carencia de documentación, los migrantes y sus familias tienen que hacer frente a las políticas migratorias que los Estados receptores –políticas inmigratorias– y de aquellos Estados por los que transitan–políticas de tránsito– aprueban en su detrimento. Asimismo, recientes investigaciones han evidenciado que las familias migrantes tienen la capacidad de desarrollar estrategias para eludir los efectos negativos de las políticas antiinmigrantes y de las crisis económicas (Pedone, Echeverri y Gil Araujo, 2014; Bean, Brown y Bachmeier, 2015; Torre Cantalapiedra y Anguiano Téllez, 2016; Vargas Valle y Coubès, 2017).
Por ejemplo, Pedone et al. (2014) analizan como las familias colombianas y ecuatorianas, en un periodo de crisis económica en España y frente a las políticas generadas en este país respecto a los inmigrantes indocumentados, reacomodan el lugar de residencia de sus miembros como una estrategia para amortiguar los efectos adversos propiciados por el contexto político y económico. Vargas Valle y Coubès (2017) examinan el crecimiento de los nacimientos de hijos de familias mexicanas en EE. UU. como estrategia de vida transfronteriza para procurar a sus hijos un eventual acceso al mercado laboral estadounidense. A diferencia del caso que nos ocupa, cualquier persona nacida en EE. UU. adquiere la nacionalidad estadounidense por aplicación de un ius soli sin importar el estatus migratorio de sus progenitores.
Adicionalmente a las estrategias, otro aspecto teórico-conceptual relevante en nuestro trabajo es el familismo. La literatura señala que las familias en América Latina y el Caribe se caracterizan por establecer lazos fuertes entre sus miembros. Esto supone que cuando los hijos son menores, los padres toman decisiones sobre el futuro de la familia teniendo en cuenta de manera privilegiada el bienestar de los mismos. En este mismo sentido, Puyana Villamizar (2008) denomina familismo a la tendencia de las familias y, en especial de las madres, a concentrar todas sus funciones en la crianza y cuidado de niños, niñas y personas mayores.
Estos trabajos ponen de manifiesto que las familias cuentan con cierta capacidad de agencia, manifestada en sus estrategias, para hacer frente a las vicisitudes del contexto de políticas restrictivas y persecutorias, en tanto las familias se establecen como estancia mediadora entre las estructuras sociales y los individuos que las componen. Esta función es particularmente importante durante la crianza de los hijos, puesto que estos se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad. En este trabajo seguimos esta incipiente línea de investigación, enfocándonos en el caso de las estrategias de las familias haitianas con respecto a sus hijos, puesto que las políticas antiinmigrantes de RD amenazan con perjudicar el desarrollo de sus vidas, en particular en cuanto a la posibilidad de permanecer en RD y desarrollar una carrera profesional.
LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS FAMILIAS HAITIANAS EN RD
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes levantada en 2012 por la Oficina Nacional de Estadística de RD –Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana, ENI-2012 (ONE, 2013)–, en este apartado se analizan algunas características demográficas de los inmigrantes haitianos (este grupo incluye a los menores haitianos llevados en la infancia), sus hijos nacidos en este país, así como algunas características seleccionadas de los hogares. Las variables para el análisis de estos dos grupos –tanto individuales como del hogar– se escogieron porque permiten comprender el contexto demográfico en que se desarrollan las estrategias de los padres para con sus hijos.
Ahora bien, sobre la estructura etaria, en la gráfica 1 se destaca un enorme contraste entre los dos grupos. Como se puede observar, los haitianos están mayoritariamente concentrados en edades laborales, mientras que los dominico-haitianos constituyen un grupo joven, en gran parte menor de 18 años. Sin duda, la concentración de los haitianos en las edades económicamente activas está asociada con el hecho de que la migración haitiana a RD ha sido principalmente motivada por cuestiones laborales (Lozano, 2005,1998 (Encuesta sobre los inmigrantes haitianos en República Dominicana, FLACSO y OIM, 2004). Como señalamos con anterioridad, tradicionalmente la migración haitiana a RD se orienta hacia el sector agrícola y, más recientemente, hacia otros segmentos del mercado, diversificándose los nichos laborales de los haitianos en este país (Lozano, 2005, 1998; Silié et al., 2002).
Con relación a la composición por sexo, la información de la gráfica 1 indica que los inmigrantes presentan una importante brecha a favor de los hombres, especialmente en las edades económicamente activas, formando un grupo fuertemente masculinizado. En contraste, los dominico-haitianos presentan porcentajes de hombres y mujeres parecidos en todos los grupos de edad. Así, según las estimaciones realizadas con base en los datos de la ENI-2012 (ONE, 2013), 65 por ciento de los inmigrantes haitianos son hombres, mientras que entre los dominico-haitianos nacidos en RD este porcentaje es de 53.5 por ciento.
La inserción de los haitianos en trabajos agrícolas durante un largo periodo puede explicar, en parte, la alta masculinización del grupo, pues usualmente esos trabajos ocupan a mano de obra masculina. Asimismo, este desequilibrio podía deberse a la presión social, que durante décadas atrás se ejercía en Haití en contra de la emigración femenina a RD, generada por la creencia de que las mujeres que migraban a aquel país se dedicaban a la prostitución (Méroné, 2017). Sin embargo, en las dos últimas décadas existe una tendencia sostenida de aumento de la proporción de las mujeres en el colectivo haitiano en este país (Encuesta sobre los inmigrantes haitianos en República Dominicana, FLACSO y OIM, 2004; IX Censo nacional de población y vivienda 2010, ONE, 2012). Es muy probable que esta tendencia esté relacionada con la diversidad de los nichos laborales de los haitianos en RD y la reducción de la presión social en contra de la emigración femenina.
La feminización reciente del stock de haitianos en RD representa uno de los factores que explican el auge de la población dominico-haitiana en aquel país y su relativa juventud como grupo. Durante mucho tiempo, los inmigrantes haitianos en RD eran principalmente hombres cuyos cónyuges vivían en el país de origen, aunque no únicamente, por lo que sus hijos nacieron principalmente en Haití. El aumento del porcentaje de mujeres en edad laboral en RD y en edades fértiles en fechas recientes, ha supuesto que exista un mayor número de nacimientos con al menos un progenitor procedente de Haití en aquel país.
En suma, la gráfica indica que en conjunto existe una alta proporción de niños menores de edad en la población de origen haitiano para quienes las familias pueden percibir la necesidad de implementar acciones orientadas a reducir los efectos perjudiciales de las políticas restrictivas, sobre todo a partir de su mayoría de edad (18 años),17 o en caso de deportación, para que los hijos tengan mejores posibilidades educativas y laborales ya sea en RD o en Haití.
Respecto a los hogares, los datos indican que en 2012 en RD había un total de 235 722 hogares encabezados por una persona de origen haitiano,18 la mayoría de tipo nuclear19 (62.6%) (Cuadro 1). Los hogares extendidos20 y compuestos21 eran menos comunes entre los inmigrantes haitianos y los dominico-haitianos (menos de 10% en cada caso). En cuanto a los unipersonales, conformaban uno de cada cinco de los hogares, mientras que aquellos conformados por personas sin ningún vínculo de parentesco (hogares no parientes) representaban solo 3.8 por ciento en la población de origen haitiano en RD. Pero, en conjunto, los hogares que cuentan con más de un miembro de los cuales la totalidad o algunos poseen algún lazo de parentesco entre ellos (nuclear, extendido y compuesto) representan 76 por ciento. En otras palabras, la mayor parte de los hogares dirigidos por algún inmigrante haitiano o dominico-haitiano agrupaban a personas con lazos fuertes (cónyuges, padres, hijos y otros vínculos de parentesco). Esto puede potencializar la tendencia de los miembros para desarrollar estrategias que beneficien los unos a los otros, como pueden ser aquellas aplicadas por los padres en su pretensión de garantizar un futuro mejor para sus hijos o, por lo menos, amortiguar en sus vidas efectos adversos del entorno social.
Características de los hogares | Frecuencia | % |
---|---|---|
Tipo de hogar | ||
Unipersonal | 47 493 | 20.1 |
Nuclear | 147 531 | 62.6 |
Extendido | 17 021 | 7.2 |
Compuesto | 14 710 | 6.2 |
No pariente | 8 967 | 3.8 |
Total | 235 722 | 100 |
Presencia de menores de 18 años | ||
Hogares sin menores de 18 años | 125 349 | 53.2 |
Hogares con menores de 18 años (al menos 1) | 110 373 | 46.8 |
Total | 235 722 | 100 |
Fuente: Cálculos de los autores con datos de la ENI-2012 (ONE, 2013)
Con respecto a la presencia de personas menores de 18 años de edad, los datos de la encuesta muestran que casi la mitad de los hogares dirigidos por inmigrantes haitianos, o los dominico-haitianos, tenía al menos una persona con esta característica en 2012. Es decir, una proporción considerable de familias de origen haitiano en RD están en situación de llevar a cabo acciones en beneficios de sus miembros en quienes es posible aún evitar o mitigar los efectos negativos de las políticas migratorias restrictivas, como son los menores de edad. Además, como se discutió en el apartado anterior, la mayoría de los menores de edad nacieron en RD (gráfica 1), lo cual puede reforzar la determinación de muchas de estas familias para buscar la obtención de la nacionalidad dominicana para ellos.
En suma, tanto la información sobre el tipo de hogar como la referente a la presencia de menores de edad sugieren que, entre otras funciones, los hogares de origen haitiano en RD están en posición de fungir como estructuras protectoras para sus miembros más jóvenes, especialmente en relación con las políticas inmigratorias.
ESTRATEGIAS FAMILIARES PARA HIJOS DE HAITIANOS EN RD
Este apartado está basado en la información recabada durante una estancia de investigación realizada por uno de los autores en RD entre julio y octubre de 2015. Durante este periodo, fueron entrevistadas 53 personas –en catorce comunidades–; siete fueron recuperadas para la realización de este análisis. Estas personas fueron escogidas intencionalmente por protagonizar al menos una de las dos estrategias familiares analizadas en este trabajo. Las siete personas seleccionadas tenían entre 20 y 45 años y cinco de ellas son mujeres. Asimismo, poseían bajos niveles de escolaridad y se dedicaban a distintas actividades económicas como el comercio minorista, enseñanza, jardinería y la conducción de taxi. Finalmente, una persona entrevistada estaba desempleada y otra era estudiante en el momento de la entrevista.
Cabe señalar que la estancia de investigación se realizó en el marco de la tesis doctoral de uno de los autores, la cual versa esencialmente sobre las diferencias entre los inmigrantes haitianos, los dominicanos y los dominico-haitianos en el mercado laboral de RD (Méroné, 2017). Los datos fueron recolectados a través de cuatro técnicas: entrevistas semiestructuradas, observación directa, observación participante y conversaciones informales. En cuanto a las catorce comunidades, estas fueron elegidas por su ubicación entre las zonas de mayor concentración de la población haitiana en RD, y porque corresponden a mercados laborales locales específicos. Es decir, las siete entrevistas seleccionadas para este artículo son parte de un corpus más amplio que da cuenta de una serie de procesos que ocurren a nivel micro y meso social, pero articulados con un contexto adverso para los haitianos y los dominico-haitianos.
Ahora bien, una de las estrategias que han utilizado las familias para evitar que los hijos carezcan de documentos es la obtención de documentos de identidad y nacionalidad al margen de las reglas establecidas, sobre todo actas de nacimiento. Las modalidades de obtención varían e implican a diversos actores, inclusive, a familias dominicanas e instituciones del Estado dominicano. Entre nuestros entrevistados, encontramos que la consecución de esos documentos puede resultar: 1) de la compra de actas de nacimiento u otros documentos de niños dominicanos fallecidos, 2) la declaración de niños haitianos en el registro civil por familias dominicanas o por otros haitianos titulares de cédula dominicana –fungiendo estos “padres declarantes” como los “verdaderos” padres del niño ante la ley–, 3) la obtención de documentos de autoridades locales que avalen la expedición del acta de nacimiento.
Las familias que recurren a esta estrategia pagan cantidades considerables de dinero para obtener el “servicio”, ya sea a otras familias haitianas o dominicanas, o autoridades locales. Sara, dominico-haitiana nacida en Barahona (RD), para quien los padres obtuvieron el acta de nacimiento a partir de uno de los medios antes citados, explica:
No estoy problemas porque la persona que me declaró cuando era niña tenía la cédula [dominicana]. […] Imagina la cantidad de cédulas que la Junta [Central Electoral] está eliminando ahora. ¿Por qué? Porque los declararon personas que no tenían buenos papeles. Yo, por fortuna, la persona que me declaró era un dominicano (Sara 22 , 45 años, dominico-haitiana, con escolaridad primaria, desempleada, Distrito Nacional, comunicación personal, 15 de agosto de 2015).
También existen casos en que familias dominicanas o haitianas que poseen la cédula dominicana, declaran a hijos de inmigrantes haitianos ante la JCE con la intención de “hacer algo bueno para ayudar”, sin exigir dinero u otra forma de recompensa. Esto sucede frecuentemente cuando esas familias tienen algún vínculo con el niño –por ejemplo, madrinas o padrinos– o su familia –comadre/compadre, vecino, amigo, entre otros. En ocasiones, se dan casos de familias haitianas que dan a sus hijos como ahijados a familias dominicanas o haitianas con documentos, con este propósito.
Un caso ilustrativo al respecto es el de la familia de Graciela, de 20 años. Aunque nació en RD, sus padres eran inmigrantes haitianos en situación irregular, por lo que no pudieron declararla para solicitar el acta de nacimiento. Para obtener este documento, pidieron a su madrina –una dominicana– que la declarara, lo cual hizo sin reclamar alguna compensación económica. En el acta de nacimiento de Graciela no aparecen los nombres y apellidos de sus padres biológicos, sino los de sus padrinos dominicanos. Aunque no se expresa de forma entusiasta respecto a la situación, Graciela se muestra comprensiva ante el acto de sus padres. Declara:
En la mayoría de los sitios, para obtener un trabajo te piden tu cédula. […] Si no tienes tu acta de nacimiento, no puedes tener la cédula, por eso lo hizo mi mamá. Ahora, con mi cédula, espero conseguir un trabajo. Nadie va a decir que soy haitiana o que mis papás son haitianos. No tengo miedo por eso. Por eso, quiero terminar la escuela para entrar a la universidad. Conozco otros [hijos de] haitianos que nacen aquí que sí tienen ese miedo, porque no tuvieron acta de nacimiento (Graciela, 20 años, dominico-haitiana, con escolaridad media superior, estudiante, Sosúa, comunicación personal, 18 de septiembre de 2015).
Otra modalidad de obtención de actas de nacimiento que resulta en la pérdida de los apellidos de los padres biológicos es la compra de documentos que pertenecieron a niños fallecidos. Varios entrevistados relataban que conocían a familias dominicanas que no rehusaron la oferta de intercambiar los documentos de sus hijos menores de edad fallecidos. Con estos documentos, obtenido a cambio de una cierta cantidad de dinero, los “nuevos titulares” adquieren no solamente la nacionalidad dominicana y las prerrogativas que conlleva, sino también los nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los menores fallecidos. Este es el caso de Sonia, 30 años, que tenía 12 años cuando su madre consiguió el acta de nacimiento de una niña que había fallecido en la comunidad donde vivía. Sonia no quiso revelar el monto de la transacción, pero afirmó que su madre invirtió en la compra una buena parte de sus ahorros. Ambas, madre e hija, se mudaron a una comunidad suficientemente distante para garantizar la confidencialidad del acto realizado. Al igual que en el caso de Graciela, Sonia expresa un doble sentimiento respecto al gesto de su madre. Dice:
No creas que fue algo fácil para mi mamá. Es como deshacerte de tu propia hija porque ya no aparece tu nombre en su acta de nacimiento, sino el de otra persona. […] Ahora que tengo a mis dos hijos, lo puedo dimensionar aún más. Era un gran sacrificio, pero era necesario, si no estaría en los mismos problemas que todos esos [hijos de] haitianos, [que] nacen aquí pero no son dominicanos; tampoco son haitianos totalmente porque no tienen papeles de Haití (Sonia, 30 años, llevada en RD en la infancia, con escolaridad primaria, comerciante detallista, Higüey, comunicación personal, 18 de septiembre de 2015).
Otros padres lograron obtener documentos para sus hijos con el apoyo de autoridades locales (militares o civiles). Esta opción parece ser más ardua ya que, además de la remuneración financiera, requiere disponer de redes que posibiliten el acceso directo o indirecto a autoridades suficientemente influyentes para orientar las decisiones de las agencias locales de la JCE.
Un caso que ilustra lo anterior es el de la familia de Tania, de 26 años y maestra en una escuela primaria. Aunque nació en RD, Tania no obtuvo ningún documento que estableciese su vínculo con el Estado Dominicano. Cuando nació su hija no quería que enfrentara las mismas dificultades que ella, así que junto a su cónyuge decidieron hacer todo lo posible para conseguir un acta de nacimiento. Finalmente, a través de un amigo de la familia –dominicano, representante de un influyente partido político de su comunidad–, que a su vez tenía amistad con una autoridad local, lograron obtener el precioso documento. Tania se lamentaba amargamente de la experiencia vivida:
Todo eso no es justo, porque nací aquí. ¿Por qué crees que tuvimos que gastar tanto dinero, rogar a tantas personas, esperar tanto tiempo [para obtener el acta]? […] Porque mis papás son haitianos. ¿Qué culpa tenemos mi hija y yo de que mis papás sean haitianos? […] Pero si no lo hubiéramos hecho, mi hija hubiera vivido los mismos problemas que estoy teniendo ahora, y cuando tenga a sus propios hijos también estarían en la misma dificultad para conseguir sus papeles (Tania, 26 años, dominico-haitiana, con escolaridad media superior, maestra, Sosúa, comunicación personal, 18 de septiembre de 2015).
Experiencias como las de la familia de Tania ilustran una parte de las consecuencias desfavorables de las políticas restrictivas en lo referente a la obtención de la nacionalidad para los hijos de los inmigrantes haitianos en situación irregular y de los dominico- haitianos. Como ya se mencionó, la consecución de documentos dominicanos para los menores busca aminorar las dificultades asociadas a su carencia en diversos ámbitos: social, político, laboral, entre otros. Asimismo, permite asegurar la permanencia en RD, lugar donde los hijos se han socializado y donde, por lo general, gozan de más oportunidades laborales. En este sentido, la nacionalidad está considerada por los padres de familia haitianos como un mecanismo de protección y de participación social de los dominico-haitianos.
Otra estrategia para sus hijos presente entre las familias haitianas residentes en RD, es la doble matrícula escolar. Es decir, en varios casos, además de la escuela oficial dominicana, muchos niños haitianos y dominico-haitianos se encuentran asistiendo a una escuela haitiana (no oficial). En varias zonas existen establecimientos escolares que, además de ayudar a los alumnos con sus tareas de la escuela dominicana, ofrecen programas del sistema educativo haitiano en creole y francés. Estas escuelas no son reconocidas por los Estados haitiano o dominicano –aunque son toleradas–, por tanto, no otorgan a sus alumnos ningún título o certificado reconocido oficialmente. En lugares donde son accesibles, muchas familias haitianas envían a sus hijos a la escuela dominicana durante una parte del día, y a la escuela haitiana el tiempo restante.
Entre otros objetivos, esta estrategia trata de anticipar un eventual retorno de la familia a Haití y las consecuencias que pueda tener en la escolaridad de los niños. Con la doble matrícula escolar, en caso de un retorno/migración a Haití, los niños no tendrían que empezar de nuevo o ser retrasados a niveles inferiores que sus pares de la misma edad. Adela, que envía a sus dos hijos a las dos escuelas no oficiales, expresa:
Si un niño llega a Haití y solamente puede hablar y leer en español tendrá que empezar desde cero. […] RD es un terreno resbaloso, hay que estar preparados para cualquier eventualidad (Adela, 38 años, haitiana, con escolaridad primaria, Sosúa, comunicación personal, 18 de septiembre de 2015).
Asimismo, algunos padres de familia valoran más el sistema educativo haitiano porque lo consideran más estricto; en su opinión, los alumnos son más disciplinados y tienen un mejor aprendizaje. En este sentido, el esposo de Adela, Jean-Louis, señalaba:
Mira, a pesar de que [el año escolar] empieza en agosto aquí y en septiembre o [a veces] octubre en Haití, prefiero la escuela haitiana. […] En Haití los alumnos pasan menos tiempo en la escuela, pero tienen una mejor formación. Hay más seriedad, los alumnos aprenden más. Es común que niños que vienen de Haití retan a otros que van a la escuela aquí en matemáticas, […] yo mismo he visto algunos, incluso, aunque estos [en RD] estén en grados escolares más avanzados (Jean-Louis, 42 años, haitiano, con escolaridad primaria, jardinero, Sosúa, comunicación personal, 5 de septiembre de 2015).
Aunque no es una opinión que compartan todos los miembros de la población de origen haitiano en RD, es común que se escuchen comentarios elogiosos acerca del sistema escolar haitiano, y apreciaciones desfavorables hacia el sistema y los alumnos dominicanos.
Otra razón que motiva a los padres a matricular doblemente a sus hijos es que muchos quieren que aprendan los idiomas oficiales de Haití en caso de un eventual retorno/migración a este país, pues no solo permitiría una mejor inserción escolar y/o laboral, sino que también facilitaría su integración social. Judenel explicó que envía a sus hijos a una escuela haitiana en paralelo a la dominicana con el objetivo de “que puedan dominar bien el creole y el francés, además del español”, pues:
[…] uno nunca sabe qué van a querer los niños cuando crezcan. ¿Qué tal si deciden ir a vivir a Haití? ¿Qué tal si de aquí a unos quince o veinte años empieza a haber desarrollo en el país? Hay que darles las mejores oportunidades a los niños (Judenel, 35 años, haitiano, con escolaridad primara, jardinero y taxista, comunicación personal, 8 de septiembre de 2015).
Cabe señalar que además de que responde a la anticipación de la eventualidad de un retorno a Haití y a brindar a los niños diversas herramientas para mayores posibilidades de inserción social y laboral tanto en RD como Haití, la doble matrícula escolar representa también una estrategia familiar vinculada con las actividades laborales de los padres. Como ya se mencionó, la mayor parte de los inmigrantes haitianos son personas en edad de trabajar cuya principal motivación para migrar es de tipo laboral. Para muchos padres, el hecho de que los niños vayan a dos escuelas les facilita que tengan una jornada laboral completa. Adela, citada anteriormente, explica:
Imagínate, mi esposo y yo pasamos todo el día afuera. No hay otra persona con nosotros. Si no fuese por la otra escuela [haitiana], no habría quién los cuide cuando salen de la escuela dominicana […]. Llegan [de la escuela dominicana], comen, se cambian, y rápido se van a la otra escuela [haitiana]. Así [mi esposo y yo] estamos tranquilos, es más difícil que les pase algo (Adela, 38 años, haitiana, con escolaridad primaria, Sosúa, comunicación personal, 18 septiembre de 2015).
Como se puede ver en este extracto, la doble matrícula de los niños no está orientada únicamente hacia el beneficio de los hijos, sino también hacia un mayor desempeño socioeconómico del grupo familiar en su conjunto. Si bien no es una práctica generalizada para tener algún efecto en la situación de la población haitiana en el mercado de trabajo, en comunidades donde existe puede estimular la participación laboral, sobre todo de mujeres con niños pequeños que posiblemente estarían obligadas a suspender sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de los hijos, al menos durante una parte de la jornada.
REFLEXIONES FINALES
La historia de las migraciones de haitianos hacia el territorio dominicano y de las políticas migratorias de RD nos enseña que la integración de los inmigrantes haitianos y de los dominico-haitianos en territorio dominicano tiene dos escollos de enorme calado: por un lado, el racismo y la xenofobia imperantes en la sociedad dominicana ante la población haitiana predominantemente “negra”. Por otro lado, las políticas restrictivas que pretenden impedir que su participación en la sociedad sea plena. Particularmente, a través de restringirles los documentos migratorios y el acceso a la ciudadanía.
Ante los retos de las políticas restrictivas y las deportaciones, las familias haitianas han respondido desarrollando ciertas estrategias. La primera estrategia señalada está orientada básicamente a lograr que el hijo forme parte de la sociedad dominicana como un miembro de pleno derecho. Las experiencias de los migrantes en otros contextos señalan que la nacionalidad no es la panacea para evitar que los hijos de los migrantes estén en igualdad de condiciones que la población de origen no migrante, pero sin duda es una condición necesaria para que esta se produzca. En cualquier caso, la disposición de la nacionalidad tiene ciertas ventajas muy claras: 1) acaba con la incertidumbre generada por las políticas restrictivas, 2) quienes poseen documentos legales de RD dejan de estar sometidos a los procesos de deportación, 3) permite el acceso a mejores ocupaciones y salarios, y 4) permite una incorporación sociopolítica plena. La segunda estrategia, la doble matrícula escolar, apunta hacia una mejor inserción en Haití en el caso de que por cualquier motivo se produjese una movilidad de la familia o del hijo hacia aquel país.
Futuras investigaciones deberán abordar en mayor profundidad la vinculación entre la discriminación, la xenofobia y el racismo y las políticas antiinmigrantes de RD. Si bien esta vinculación ha sido analizada por diversas publicaciones, evidenciando múltiples prácticas racistas y xenófobas, todavía hay muchos aspectos pendientes de análisis. Por ejemplo, se podría abordar interrogantes como ¿qué actores han influenciado en la aprobación de estas políticas antiinmigrantes? ¿hasta qué punto las políticas antiinmigrantes estarían promoviendo más racismo y xenofobia?, entre otros. Asimismo, dado que varias familias lograron obtener documentos para sus hijos, sería útil analizar los resultados de estos en su integración social y laboral frente a aquellos que no los obtienen. A pesar de que quienes obtienen la nacionalidad son legalmente miembros de pleno derecho en la sociedad dominicana, se debe analizar en qué medida la discriminación racial u otros factores siguen operando como barreras visibles o invisibles para la integración de la población de origen haitiano en RD.
Dada las elevadas cifras de deportaciones y de emigración de haitianos y sus familias tras la sentencia de Tribunal Constitucional de 2013, futuras investigaciones podrían analizar cómo les fue a los hijos que tanto de manera forzada como voluntaria se desplazaron a Haití, en función de su presencia o no en las escuelas haitianas, y su dominio de los idiomas creole y francés.