Introducción

En una investigación reciente² sobre las estrategias individuales y colectivas desarrolladas por mujeres mexicanas indocumentadas en el barrio de Maryvale-Phoenix, Arizona, frente a la amenaza de la deportación, con frecuencia surgieron relatos sobre el endeudamiento continuo que supone tanto evitar dicha amenaza, como estar inmersa en ella. Es decir, evitar una posible detención, pero también el pago constante de multas, implica tratar de no llamar la atención, tomar todas las precauciones posibles al conducir, e incluso caminando, lo cual implica invisibilizarse lo máximo posible en el espacio público.

Si bien los hombres son más propensos a ser deportados y detenidos que las mujeres (^{Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013}), nuestro interés en las experiencias personales de mujeres mexicanas indocumentadas se centra en comprender de qué manera se ven inmersas en un proceso de feminización de la supervivencia (^{Sassen, 2003}). Si además se considera la desigualdad que genera su estatus legal y su género (^{Dreby, 2015}), las mujeres se enfrentan a una crisis multidimensional que deviene de la reproducción social (^{Narotzky, 2004}).

La investigación nos permitió constatar la forma en que las mujeres migrantes indocumentadas están expuestas a procesos de descapitalización y desposesión dentro de la economía de la “ilegalidad”, no solo como mano de obra flexible, barata y precarizada, sino también como objetos de control a través del aparato económico que circunda la detención y la deportación. Lo que nos interesa dilucidar aquí es que los procesos de descapitalización son constantes y forman parte intrínseca de esa economía que se genera en torno a la “ilegalidad” migratoria. Esta reflexión surge ante la necesidad de ampliar teóricamente qué es la economía de la deportación, la detención o la clandestinidad (^{De Genova, 2016} y ^{Calavita, 2004}).

Proponemos que la economía de la “ilegalidad” se sustenta a través de la acumulación por desposesión (^{Harvey, 2003}) ya que este régimen de gobierno ha transformado a los y las migrantes en mercancías para iniciar nuevos procesos de acumulación de capital. Partimos de una perspectiva de género para entender los discursos feminizados que están inmersos en la economía de la “ilegalidad” y los diversos procesos de descapitalización. Al mismo tiempo, resaltamos la capacidad de acción, agencia y resistencia de las mujeres migrantes.

Con base en el marco analítico de la economía de la “ilegalidad”, queremos aportar a la discusión de investigaciones recientes en torno a la deportabilidad, las consecuencias y los efectos de la deportación, y cómo esta última irrumpe la vida familiar, generando consecuencias a mediano y largo plazo (^{Golash-Boza, 2015}, 2019; ^{Boehm, 2016}; ^{Dreby, 2015}). Además, no se ha puesto en debate la producción de la descapitalización de los sujetos migrantes desde una perspectiva de género. Cabe mencionar que, al referirnos a los sujetos migrantes, estamos haciendo generalmente alusión el sujeto de estudio de la investigación que son mujeres migrantes indocumentadas de nacionalidad mexicana.

El contexto local de Phoenix, Arizona, en torno a la aplicación de política migratoria ha dado forma a la vida cotidiana de los y las migrantes. Precisamente, ha existido una polémica en la aplicación de leyes y el accionar de la policía que se ha centrado en una constante persecución y hostigamiento en contra de la comunidad migrante, la cual se intensificó con la aprobación de la ley Arizona Senate Bill 1070 (SB1070 en adelante).

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En un primer apartado realizamos una breve discusión teórica. En una segunda sección exponemos la metodología y las técnicas aplicadas. Enseguida presentamos el contexto entorno a la política migratoria de Phoenix, Arizona. En el cuarto apartado abordamos la discusión sobre cómo ocurren los procesos de descapitalización a través de una de las tácticas más comunes y sutiles, que son las paradas de tránsito. En la quinta parte examinamos qué sucede cuando los sujetos migrantes están inmersos en un proceso de deportación, realizando un análisis de género explicamos cómo se configura un proceso de acumulación de capital a través de la penalización de la migración, de qué manera produce una crisis multidimensional en la vida de las mujeres migrantes y, a su vez, denotar su capacidad de acción. Finalmente, exponemos las conclusiones.

Coordenadas teóricas

Utilizando las teorías de Michael Foucault, diversos autores han estudiado las tecnologías de poder y control que se han creado para regular los flujos migratorios a partir de la categoría de gubernamentalidad (^{Coutin, 2003}; ^{De Genova, 2002}; ^{De Genova y Peutz 2010}; Martín, 2011). Dentro de los estudios migratorios, la gubernamentalidad es entendida como una forma de gobernar en la que se configuran diversas tecnologías de poder y control, procedimientos, discursos y estrategias de vigilancia, que tienen como objetivo común controlar y vigilar la vida de los individuos y la población en general (Martín, 2011). Así, existen diversas tecnologías de poder y control para controlar los flujos migratorios, por ejemplo: los visados, las redadas de trabajo, la creación de centros de detención, las tecnologías biométricas y la deportación.

Las tecnologías de poder y control se sustentan en políticas migratorias, y bajo el discurso de la “ilegalidad” tienen como objetivo el disciplinamiento de los cuerpos de la población migrante. ^{De Genova (2002}) señala que la intención de los Estados nacionales es mantener a la población migrante en la “ilegalidad”, con el fin de producir mano de obra barata y flexible, despojada de todo derecho y excluida de la vida política, pero, paradójicamente, “incluida” a través de la exclusión. La producción legal de la “ilegalidad” ha convertido a los y las migrantes en el centro de procesos de acumulación de capital, convirtiéndolos en trabajadores dóciles, desechables, y a su vez esos cuerpos criminalizados son los que enriquecen a las cárceles y centros de detención privados (^{Lee, 2018}). En este sentido, ^{De Genova (2016)} propone la categoría de economía de la deportación y detención, mientras que Kitty ^{Calavita (2004}) la de economía de la alteridad. Los dos autores sostienen que las lógicas de esta economía se sustentan en una economía de poder.

Para ^{De Genova (2016}), la economía de la deportación y la detención forma parte de un régimen de deportación cuyas características son la deportabilidad y la detenibilidad. Es decir, en este régimen de gobierno se determina quiénes son aceptados o rechazados en una sociedad. Para comprender qué es la deportabilidad y la detenibilidad, consideramos clave incluir la reflexión teórica de ^{Kanstroom (2000}), quien explica cómo los Estados nacionales controlan los flujos migratorios aplicando un modelo de control social continuo y un modelo fronterizo. En este último modelo, el mecanismo principal de los Estados para el control de las fronteras es la deportación. Mientras que en el modelo de control social continuo, es la deportabilidad, como estrategia de la biopolítica, la que funciona como dispositivo de seguridad que disciplina los cuerpos ante la amenaza de la deportación (^{De Genova y Peutz, 2010}). Como señala ^{Aquino (2015}, p. 81) “la deportabilidad graba en los cuerpos de los migrantes los efectos prácticos del control de la frontera”.

^{De Genova y Peutz (2010}) señalan que la efectividad del régimen de deportación está en la deportación de unos pocos, junto con la constante movilidad diaria de otros, lo que produce y mantiene la “ilegalidad” migrante no solo como un estado jurídico anómalo, sino como un modo de ser práctico. Por lo que la “ilegalidad” migratoria se vive a través del sentido palpable de la deportabilidad, es decir, mediante la posibilidad constante de ser expulsado de un Estado (^{De Genova, 2002}).

La deportabilidad se sustenta en otros dispositivos que acentúan y materializan esta condición, como es la detenibilidad. Como ya lo mencionamos, la detención es una tecnología de poder y control; bajo este régimen global de deportación, control y seguridad, se ha impulsado estratégicamente una expansión de la detención de los y las migrantes (^{Martin, 2011}). La detenibilidad se materializa en la vida cotidiana como una realidad simple e inevitable que deriva de algún tipo de “violación”, evidente o no, de la ley. Los y las migrantes sometidos a la detención generalmente son “culpables” de su estatus “ilegal” y son penalizados por el hecho de ser migrantes (^{De Genova, 2016}).

A partir de este lente teórico, adoptamos la categoría de la economía de la “ilegalidad” en contraposición a los otros autores, ya que se entiende que la lógica de acumulación de capital de la fuerza de trabajo de los y las migrantes está determinada directamente por la “ilegalidad” de los sujetos producida por el Estado, mas no por su condición de sujetos deportables. Esto no significa que la deportabilidad y la detenibilidad estén excluidas, pues estas son categorías que refuerzan la configuración de sujetos explotables expuestos a un escenario de desigualdad social y de constante despojo económico. Así, la economía de la “ilegalidad” se sustenta a través de la acumulación por desposesión (^{Harvey, 2003}), ya que ha transformado a los y las migrantes en mercancías para iniciar nuevos procesos de acumulación de capital a través de centros de detención privados y, a su vez, criminalizando sus cuerpos y desposeyéndolos de seguridad física, emocional y psicológica (^{Lee 2018}). La desposesión también puede ser entendida a partir de la propuesta de ^{Butler y Athanasiou (2013}) que, en términos éticos y políticos, está en relación directa con la desposesión de derechos básicos y la dignidad de los seres humanos, lo que provoca la vulnerabilidad de los sujetos migrantes diferenciada por género.

El marco analítico sobre la economía de la “ilegalidad” debe ser entendido en relación con otras categorías de análisis, como es el caso del género. Tomamos la definición de ^{Pujal y Amigot (2010}, p. 131) al teorizar al género como un dispositivo de poder, resaltando siempre su interacción con otros dispositivos como la raza/etnia, el estatus legal, la nacionalidad, y otras tecnologías de control como la deportabilidad y la detenibilidad, que buscan regular los cuerpos de los y las migrantes.

En este sentido, la condición de subordinación y de vulnerabilidad que genera la “ilegalidad”, la deportabilidad y la detenibilidad, se refleja como un estigma en la vida de los sujetos migrantes, pero de manera diferenciada (^{Boehm, 2016}; ^{Dreby, 2015}). Específicamente, en el caso de las mujeres migrantes indocumentadas, y tomando en cuenta las desigualdades sociales y de género, son ellas quienes se enfrentan a diversas formas de exclusión que acarrea la economía de la “ilegalidad”. De esta manera, la forma en la que operan estos dispositivos de poder y tecnologías de control también nos confronta con la capacidad de agencia y acción que tienen las mujeres migrantes indocumentadas.

Nos posicionamos en la definición de agencia social propuesta por ^{Mahmood (2008}) al exponer que si bien existen experiencias de dolor, sufrimiento, y en el contexto migratorio a las mujeres migrantes se las ha etiquetado como sujetos vulnerables, existen diversas formas de habitar en las normas, y de resistir a las mismas. Por lo anterior, la agencia social nos evoca esa capacidad de acción que tienen las mujeres migrantes para poder sobrevivir al orden social impuesto.

Sobre la metodología

La construcción metodológica de la investigación parte de un enfoque cualitativo. Utilizamos el método etnográfico a partir de lo que propone ^{Geertz (1987}) como una descripción densa. Nos interesa poner especial atención en las experiencias y vivencias que atraviesan las mujeres mexicanas indocumentadas al ser un blanco de deportación. A su vez, develar de qué forma la amenaza de la deportación y la aplicación del modelo de control social continuo llevan consigo una connotación de género.

Esta investigación se centra en migrantes mexicanas indocumentadas residentes en Phoenix, Arizona. Nos centramos en mujeres de esta nacionalidad ya que, al momento de

realizar el trabajo de campo, el contacto inicial se produjo a través de dos organizaciones pro migrantes en Phoenix: Center of Neighborhood Leadership (CNL en adelante) y Puente Human Rights Movement (Puente en adelante), donde la mayoría de las personas que acudían a las juntas semanales para empoderamiento comunitario eran de nacionalidad mexicana. El hecho de ser mexicanas provoca también que las estrategias frente a los procesos de deportación o a su amenaza sean distintos a las de otras nacionalidades, ya que el escenario histórico, geográfico, político y diplomático con México es diferente al de otros países de Latinoamérica. Se estudió a mujeres que migraron alrededor de los años noventa desde zonas rurales de México, que forman parte de familias con estatus legal mixto; la mayoría tienen al menos un hijo/a, están insertas en el mercado de trabajo de limpieza y cuidado, y son parte de una organización promigrante desde que atravesaron directa o indirectamente por un proceso de deportación.³ El cuadro 1 expone sucintamente las características demográficas del sujeto de estudio.

Decidimos enfocarnos en el barrio de Maryvale, de la ciudad de Phoenix, Arizona, que tiene el mayor porcentaje de población hispana de la ciudad, con un 85 porciento según ^{The Demographic Statistical Atlas of the United States (2017)}. Con respecto a la espacialidad, tomamos en cuenta dos escalas. La primera, y más importante, es de nivel estatal y local. Se tomó en cuenta las políticas migratorias que empiezan a desarrollarse a partir de 2010 en torno a la Ley SB1070 y, a su vez, se consideraron las leyes posteriores a este año que impulsaron la consolidación de esta. Por otro lado, fue clave abordar el nivel federal a partir de las modificaciones legislativas realizadas por Donald Trump y dirigidas a profundizar los procesos de deportación de migrantes indocumentado/as desde enero de 2017 hasta inicios de septiembre de 2017, con el intento de terminación del DACA.

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron el análisis documental de políticas migratorias, tres entrevistas a profundidad dirigidas a expertos legales de migración y dos entrevistas dirigidas a la directora de CNL y Puente, así como 30 entrevistas semiestructuradas dirigidas a mujeres y cinco a hombres. Sobre las entrevistas semiestructuradas debemos señalar que duraron aproximadamente dos horas y la mayoría fueron realizadas en sus domicilios. Por otro lado, los hombres entrevistados son pareja de estas mujeres y, a su vez, son indocumentados. Las entrevistas con ellos duraron alrededor de veinte minutos debido a que existía mucha resistencia en entablar una conversación sobre sus dificultades en torno a su situación migratoria. Finalmente, se realizó observación participante, que consistió en acudir a las juntas semanales de las organizaciones, realización de talleres y acompañamiento a check in. El check in, significa acompañar a aquellas personas que están en proceso de deportación y que deben presentarse regularmente a las oficinas de US Immigration and customs Enforcement (ICE en adelante) para firmar y comprobar que siguen en Phoenix, mientras su caso sigue abierto.

Respecto a la sistematización de la información, se optó por realizar perfiles de caso. Para su construcción se tomaron en cuenta las siguientes variables: si las mujeres han sido deportadas o están atravesando por un proceso de deportación, si algún familiar o ser querido ha sido deportado o está atravesando por un proceso de deportación. En este sentido, 7 de las 30 mujeres entrevistadas estaban en proceso de deportación. Por otro lado, 23 de las 30 mujeres entrevistadas tenían algún familiar cercano que había sido deportado o estaba en proceso de deportación. El cuadro 2 expone detalladamente esta información.

Los testimonios presentados en este artículo fueron seleccionados de tal manera que ilustren cuatro situaciones relacionadas con los procesos de descapitalización que están en relación directa con la deportabilidad y detenibilidad. En este sentido, nos centramos en situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo detenciones debido a un perfil racial en el espacio público, interrogatorios con agentes migratorios, experiencias en cárceles locales y centros de detención migratorios. Cabe mencionar que todos los nombres utilizados en este documento son seudónimos, a fin de proteger la identidad de los y las entrevistadas.

Política migratoria local

Los y las migrantes en Estados Unidos se enfrentan a un sistema de políticas migratorias que incluye un componente exterior, en forma de frontera militarizada, y un componente interior, en forma de múltiples fronteras internas (^{Menjívar, 2014}). Arizona ha sido, en este sentido, uno de los estados que ha intentado sobrepasar los lineamientos federales en materia migratoria con la promulgación de la SB1070 en el año 2010. En la misma línea, la aplicación de las políticas antinmigrantes en la ciudad de Phoenix ha sido polémica debido a la forma en la que la policía local las interpreta y aplica, además del accionar de una de las figuras más controversiales como lo fue la del Sheriff Joe Arpaio. En esta sección nos centraremos en explicar sucintamente estos dos puntos.

La aprobación de la SB1070 deviene de la emisión de más de cuarenta leyes antinmigrantes desde 2004 (^{Torre, 2016}; ^{Montoya, Ochoa y Woo, 2014}). El objetivo principal y, redactado en la primera sección de dicha ley, es el attrition through enforcement el cual consiste en que los y las migrantes “ilegales” se vean obligados a desistir y regresar a su país voluntariamente o auto expulsarse (^{Cornelius, 2012}). Además, varios activistas denominaron a la SB1070 como “la máquina de hacer dinero”.

Una de las características de la maquinaria de la deportación es crear una infraestructura carcelaria. Las empresas privadas han encontrado un negocio en el arresto indefinido de migrantes indocumentado/as y aquellos que solicitan asilo. Corrections Corporations of America (CCA) y Geo Group son las empresas más grandes que el Department of Homeland Security (DHS en adelante) y el US Immigration and Customs Enforcement (ICE en adelante) contratan para alojar, detener, vigilar y procesar migrantes para la deportación (^{Gilman y Romero, 2018}; ^{Gómez, Menjívar y Staples, 2017}). Estas empresas tienen vínculo directo con el American Legislative Exchange Council (ALEC), institución conservadora que promueve, por medio de lobby político⁴, la aprobación de leyes antiinmigrante en todo el país (^{Gómez et al., 2017}).

En Phoenix-Arizona funcionan dos centros de detención, Eloy Detention Center y Florence Correctional Center, las dos son cárceles privadas manejadas por Corrections Corporations of America. Están ubicadas a 40 millas de la ciudad, donde no hay transporte público, lo cual dificulta visitar a la población migrante detenida. Eloy, creado en 1994, es el tercer centro de detención de migrantes más grande del país y el de peor reputación a nivel nacional⁵.

Respecto a la aplicación de las leyes migratorias en Phoenix, uno de los principales problemas es el accionar de la policía local. Tal es el caso del Acuerdo 287g firmado por el Condado de Maricopa que estuvo vigente desde el año 2003 hasta el 2012. Este tipo de acuerdo daba facultades a policías locales para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona y, a su vez, permitía que el ICE estuviera en las cárceles locales, facilitando la identificación de migrantes indocumentado/as que hubieran cometido delitos menores como manejar sin licencia. El DHS canceló el acuerdo debido a constantes denuncias de detención de migrantes respecto al perfil racial (^{Meissner, Kerwin, Chishti y Bergeron, 2013}).

A inicios de 2009 el Departamento de Justicia inició una investigación federal con el fin de analizar las prácticas de control y detención del Sheriff Joe Arpaio. La investigación determinó que se habían producido abusos de poder al basar la detención de individuos de acuerdo con el perfil racial (^{Meissner et al., 2013}; ^{Castañeda, 2015}). Después de la cancelación del Acuerdo 287g, en el 2012 se inició una demanda directa al sheriff del condado. La demanda se basaba en tres puntos principales: acciones policiales discriminatorias, en las que los latinos eran detenidos por motivos de raza, color u origen nacional; criminalización de grupos defensores de migrantes; prácticas discriminatorias en cárceles, como Tent City, contra reclusos de origen latino y con habilidades limitadas de inglés; (^{Meissner et al., 2013, p. 105}).

A pesar de lo expuesto, la promulgación de la SB1070 continuó con las medidas de detención basadas en el perfil racial. El protocolo apuntaba a las siguientes características: personas de “color”, personas que conduzcan camionetas-trokas, autos que tengan pegatinas en español, si había muchas personas en el auto y si las personas hablaban en español (V. Hernández, directora de CNL comunicación personal 13 de marzo de 2018). Las detenciones se realizaban generalmente en barrios con mayor población latina, como Maryvale. De hecho, como señalan ^{Meissner et al. (2013}), en este periodo un conductor latino en el Condado de Maricopa tenía entre cuatro y nueve veces más probabilidades de ser detenido por la policía que los conductores no latinos.

En noviembre de 2016 el demócrata Paul Penzone ganó las elecciones para ser Sheriff, venciendo a Arpaio, que ocupó el poder durante 24 años. Una de sus principales promesas de campaña fue retirar a el ICE de la cárcel de la 4ta avenida de Phoenix. La existencia del ICE en la cárcel local respondía al funcionamiento del Criminal Alien Program (CAP), el cual permite que agentes migratorios estén en cárceles locales.

El 17 de febrero de 2017, Penzone dio por terminado cualquier convenio con el ICE que facilitara su entrada a la cárcel local de Phoenix. Sin embargo, una semana después reactivó los acuerdos debido a la presión mediática y política que señalaba un aumento de inseguridad en Phoenix a causa de la población migrante indocumentada. La presencia del ICE en la cárcel local de Phoenix es problemática, ya que acelera los procesos de deportación. En este sentido, el panorama en Phoenix, Arizona, a inicios del 2018 era desalentador para la población migrante, debido a que las medidas antinmigración eran muy parecidas a las existentes durante el régimen de Arpaio.

Formas sutiles de descapitalización: multas de tránsito

La descapitalización de los sujetos migrantes se produce a cualquier escala; la más fuerte y evidente es al entrar en un proceso de deportación, y la más invisible, que pasa desapercibida son las multas de tránsito. Sostenemos que los sujetos migrantes, independientemente de su condición legal, están expuestos a una descapitalización directa e indirecta, en la que las mujeres migrantes resultan ser las más afectadas. Esta reflexión surge alrededor de varios testimonios de mujeres que han sido detenidas y multadas recurrentemente por las fuerzas policiales. Estas prácticas de persecución y hostigamiento hacia la población migrante tienen como objetivo, más allá de promover miedo, obtener ganancias económicas que permitan sostener el modelo de control social continuo a través del endeudamiento en el que se ha convertido también el régimen de detención y deportación de migrantes.

El barrio de Maryvale concentra a la mayor población latina de Phoenix por lo que el incremento de la vigilancia y control está direccionado a este tipo de barrios, diversas investigaciones muestran que en barrios pobres y de clase media trabajadora es común encontrar estas prácticas en comparación con suburbios de población blanca (^{Golash-Boza, 2019}; ^{Gilman y Romero, 2018}; ^{Zarrugh, 2019}). Durante los dos primeros años de la SB1070, la competencia de la policía de tránsito y la de los sheriffs, estaba difuminada. Generalmente las mujeres, o sus familiares, eran detenidas por policías de tránsito o sheriffs al conducir o ir de acompañantes. Entre las principales causas de arresto están las infracciones menores de tránsito, por ejemplo: exceso de velocidad, conducir sin licencia y desperfectos del vehículo.

Las detenciones por perfil racial relacionadas con cuestiones de tránsito vial, se transformaron en algo común. Como nos indicaba Sonia, migrante indocumentada de 40 años residente de Maryvale, un día, cuando regresaba a casa, un policía la detuvo sin motivo aparente, siendo víctima de perfil racial. El policía le solicitó su licencia de conducir y le preguntó si había bebido y fumado marihuana, ya que sus ojos estaban rojos. Sonia señaló que únicamente estaba cansada, sin embargo, la policía procedió con el arresto y la envió a la cárcel de la 4ta avenida, para posteriormente entregarla al ICE. Sonia no tenía antecedentes penales ni faltas migratorias, por lo que le concedieron una fianza de 1500 dólares americanos para salir en libertad y posteriormente presentarse ante un juez de migración. Sin embargo, no acudió a la corte de migración lo que significó tener una orden de deportación automática. Además de la fianza que pagó para permanecer en el país temporalmente tuvo que cancelar la multa de tránsito por no portar licencia de conducir.

La historia de Sonia representa una continuidad en las prácticas con las que opera la policía de Maryvale. La mayoría de las mujeres entrevistadas señalaron que era una cuestión de “suerte”, según el tipo de policía que las detiene. Esas detenciones solían tener un sesgo de género, mucho más automático para los hombres que para las mujeres. Las preguntas de los oficiales de la policía, cuando detenían a las mujeres y encontraban que no tenían licencia, solían referirse a la composición familiar de su casa: número de hijos o hijas, edad de estos, si son ciudadanos o no. Es decir, la no detención apela comúnmente a la maternidad. No obstante, si bien las mujeres por lo general no eran detenidas, se veían obligadas constantemente a pagar multas por infracciones de tránsito. Esto se debía a que las placas del auto quedaban registradas en el sistema policial y, al tener el reporte de que pertenecían a personas indocumentadas, las multas al mismo auto solían ser recurrentes.

Después de ocho años de vigencia de la ley SB1070 y del cambio de autoridades locales, la mayoría de los testimonios indican la existencia de un continuum en la detención y en las prácticas racistas hacia la población migrante, vemos cómo la raza y el género son utilizados como dispositivos de control de las poblaciones. Si bien las detenciones en la zona no son tan visibles como en la época de Arpaio -pues el amedrentamiento se producía en todo el espacio público (parques, centros comerciales, lugares de ocio)-, las detenciones continúan y se han intensificado las formas de control a través de las infracciones menores de tránsito.

Uno de los lugares en donde las prácticas racistas de la policía local son más visibles es en las afueras de las escuelas de Maryvale. Camila, migrante indocumentada de 38 años, fue detenida en 2015 por un policía al momento de dejar a sus hijos en la escuela. Si bien todos los autos se estacionaban en un lugar no autorizado para dejar a niños y niñas en la escuela, pero ella fue la única detenida.

Como un año duró ese policía quitando carros afuera de la escuela, era horrible, desde que me quitó el auto me tocó ir en bus para dejar a mis hijos, él me tenía fichada. Además, a las personas blancas que hacían eso nunca las paraba. Un día creo que le tocó una persona de “color” que sí tenía documentos y ahí se armó la grande […] nunca nos quejamos en la escuela sobre el policía, yo tenía miedo […] No podía manejar el auto porque esa vez me tocó pagar 650 dólares para sacarlo del corralón, no podía estar pagando esa cantidad siempre, decidí no arriesgarme (Camila, comunicación personal, 12 de febrero de 2018).

En la actualidad, el acoso policial continúa siendo una práctica común en el barrio de Maryvale. Fidela, migrante indocumentada de 46 años, señalaba que en diciembre de 2017 fue multada dos veces por el mismo policía en Maryvale en un corto intervalo de tiempo. La primera detención fue por no encender las luces de su auto mientras conducía, y una semana después, por no prender la luz de su placa. Poseer una licencia de conducir emitida en la década de los noventa y hablar inglés fluido evitó la detención en los dos casos, pero no así las multas por infracciones de tránsito.

Los testimonios reflejan con claridad los efectos y el peso social que genera el régimen de detención y deportación en las mujeres migrantes. Las diferentes dimensiones de poder que están inmersas dentro de estas detenciones sutiles, denotan una serie de prácticas violentas, discriminatorias, y además se evidencia de qué forma la maternidad es utilizada como un filtro para ser o no detenida. En este sentido, el accionar policial está atravesado por prácticas patriarcales ya que la libertad de las mujeres migrantes indocumentadas depende de la obligatoriedad de la maternidad.

En este sentido, tanto si se está inmersa plenamente en el “caos” de la deportación, como si solo se es candidata a la misma, la deportabilidad termina configurando cuerpos dóciles y disciplinados (^{Boehm, 2016}) que tratan de habitar en las normas sin ser detectados, pues el miedo no solo es a la expulsión sino al castigo económico constante en un contexto de hostigamiento, miedo y persecución.

Las formas de descapitalización en los procesos de deportación

La economía de la “ilegalidad” se sostiene a través de la aplicación de diversas tecnologías de poder, como por ejemplo la detención y la deportación. En esta sección nos centraremos en explicar las diferentes formas de descapitalización y desposesión que se generan al momento en que las mujeres migrantes mexicanas indocumentadas están inmersas en un proceso de deportación, y qué implicaciones tiene tanto a nivel individual como familiar. Partimos de una de las expresiones más repetidas al momento de conversar con las entrevistadas, con respecto a cuál sería su accionar al entrar en un proceso de deportación; ellas señalaron firmemente estar dispuestas a “pelear el caso”, lo cual está en relación directa con poseer un fuerte capital económico y preparación en conocimiento de derechos para poder afrontar el confuso proceso legal que es la deportación. Con base en lo anterior, explicaremos qué significa “pelear el caso desde afuera”, que se refiere a formar parte de Alternatives to Detention Program (en adelante ATD), y qué significa “pelear el caso desde adentro”, que hace alusión a estar detenida en un centro de detención migratorio. De esta manera, queremos explicar de qué forma funciona la industria de la detención a través de la criminalización de los sujetos migrantes que tiene fuertes connotaciones de género.

De la descapitalización a una crisis multidimensional

En este apartado nos interesa explicar de qué manera afecta mayoritariamente a las mujeres estar inmersas ellas o sus familiares en un proceso de deportación. Sostenemos que la deportabilidad y los procesos de descapitalización provocan una precarización de la vida. Por un lado, se produce una descapitalización económica, y por otro, una desposesión emocional. Sin embargo, surgen diversas estrategias para sobrellevar este proceso de despojo.

Sobrevivir a un proceso de deportación implica una descapitalización que afecta directamente las relaciones familiares. Lo que hemos observado es que cuando una persona está inmersa en un proceso de deportación o es detenida, se produce una reestructuración en los roles de género dentro de la familia. Por ejemplo, ya sea en familias monoparentales o biparentales, por lo general los hijos o hijas que están en edad de trabajar, sin importar su estatus legal, deben insertarse en el mercado laboral para pagar las grandes deudas que implica hacer frente a la deportación.

En el caso de las parejas de estas mujeres que están en proceso de deportación sin estar encarcelados, y que deben presentarse regularmente a corte y check in, hemos detectado que esto ocasiona una crisis multidimensional que afecta, principalmente en las mujeres. Primero, debido al riesgo que significa trabajar con un número de seguro social fraudulento, sus parejas deciden buscar trabajo en el sector informal, mientras que otros simplemente no buscan empleo. Esto ocasiona que los ingresos familiares disminuyan y frente a este escenario las mujeres deben trabajar dobles jornadas, además del trabajo doméstico y de cuidados que está a su cargo.

Segundo, a nivel de hogar se generan diversas estrategias para la provisión de bienestar y la reproducción social de la vida, el motivo fundamental que mueve a las mujeres para el sostenimiento de la vida parte de esa necesidad de crear un sistema de aprovisionamiento de recursos para poder sobrevivir. Por tal motivo, han adoptado formas de supervivencia similares a las que tenían en México, por ejemplo: compran alimentos al por mayor y preparan comida en casa, como tortillas, para alivianar los gastos.

Tercero, algunas mujeres adoptan como “estrategia” la compra de un seguro social fraudulento, que en el mercado negro oscila entre los 400 a 600 dólares, a fin de conseguir un mejor empleo que aumente los ingresos familiares. Cuarto, debido a que sus parejas no se pueden arriesgar a una posible detención por conducir, son las mujeres, en la mayoría de los casos levantados, quienes los transportan.

Quinto, la deportabilidad y la detenibilidad configuran una cultura de miedo, la cual tiene un sesgo de género, debido a que las mujeres tienen temor a convertirse en madres solteras (^{Dreby, 2015}) debido a la poca autonomía económica que tienen. Sexto, las mujeres también se ven obligadas a reforzar la masculinidad de su pareja (^{Hochschild, 1990}), debido a que el proceso de deportación produce procesos de desgaste de la masculinidad hegemónica y patriarcal de su pareja. En resumen, todos los factores mencionados ocasionan una crisis en el uso del tiempo de las mujeres, disminuyendo su calidad de vida y precarizando aún más sus vidas.

En los casos en los que la pareja ya había sido deportada en el momento de la entrevista, nos percatamos de que que existía un proceso de empobrecimiento constante. Es decir, los procesos de descapitalización también se perciben después de la deportación, nos referimos a la pérdida de bienes muebles e inmuebles que estuvieron a nombre de la pareja y que no se puede realizar el traspaso legal. A pesar de verse inmersas en crisis multidimensionales, estas mujeres decidieron permanecer en Estados Unidos y no retornar a México. Su principal argumento fue tener mayor independencia, seguridad y oportunidades que en su lugar de origen.

En el caso de las mujeres que están en proceso de deportación, se evidenció cómo el uso del grillete electrónico les impedía insertarse en el mercado laboral debido a la carga simbólica y estigma que evoca el dispositivo de control. A su vez, existía una desposesión emocional y psicológica debido a que su futuro se tornaba incierto, además del temor que sentían al imaginarse separadas de sus hijos o hijas.

En el escenario en el que la persona deportada es mujer, la crisis de la reproducción social que genera la deportación es aún mayor. En diferentes testimonios pudimos detectar que son las hijas de estas mujeres, sin importar su edad, las que usualmente asumían el trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares. En aquellas madres solteras que tenían familia en Phoenix el trabajo de cuidados estaba a su cargo.

Derivado de lo anterior, la custodia y el cuidado de los hijos es un tema sensible, traumático y controversial. Existe temor por parte de las mujeres al imaginarse una separación abrupta (^{Golash-Boza, 2019}; ^{Dreby, 2015}). Sin embargo, este miedo las ha impulsado a realizar trámites legales para delegar la custodia de sus hijos. Diversas activistas de organizaciones pro migrantes señalan que tienen en custodia legal a varios hijos e hijas de mujeres migrantes indocumentadas que no tienen familia en Estados Unidos. Además, surgen estrategias colectivas y cadenas de cuidado, las mujeres que asisten a estas organizaciones, y que son indocumentadas, se han ofrecido a ser cuidadoras a pesar de no tener la custodia legal. Cabe recalcar que, a pesar de estar inmersas en procesos de despojo, estas mujeres se dan el tiempo para formar parte de organizaciones pro migrantes. La reproducción social de la vida no solo debe ser vista por el lado económico sino también desde lo social y lo político y, precisamente, estas mujeres están tejiendo diversos lazos comunitarios para poder sobrellevar el miedo y la amenaza constante de la deportación (^{Narotzky, 2004}; ^{Mahmood, 2008}).

La descapitalización y la crisis multidimensional que atraviesan las mujeres migrantes, sus familiares y seres queridos, se perciben en los efectos después de la deportación y la decisión de retorno. La consolidada industria del cruce ilegal de las fronteras también forma parte de la economía de la “ilegalidad” e implica una serie de eventos violentos y deshumanizantes que los sujetos migrantes deben atravesar (^{Lee, 2018}; ^{Gerard y Pickering, 2014}). El cambio en la frontera es evidente, y el reingreso es peligroso, no solo por poder ser objeto de nuevas detenciones y violencias sino por la presencia del narco en la frontera, además de las altas sumas de dinero que requiere la contratación de un coyote. Por tal motivo, varios familiares deportados de estas mujeres han tomado la decisión de vivir en una ciudad fronteriza, usualmente Puerto Peñasco que está a cinco horas manejando de Phoenix, Arizona, con el fin de iniciar un negocio, recibir visitas de familiares que puedan viajar a México. Aquellas mujeres solteras y que no tienen familia en Phoenix, usualmente retornan a su lugar de origen.

En este sentido, vemos cómo los procesos de acumulación de capital afectan los procesos de reproducción de la vida. La economía de la “ilegalidad” configura un círculo vicioso, ya que somete a los y las migrantes a pagar grandes deudas, lo que lleva a sus allegados a trabajar de una manera más flexible y precaria. La vida de estas mujeres se transforma en un constante caos ya sea cuando ellas o sus parejas están inmersas en un proceso de deportación. El género se entrecruza con otras formas de dominación y opresión, como la deportabilidad, detenibilidad, “ilegalidad”, para facilitar la explotación económica y la configuración de sujetos explotables y vulnerables. Como lo señala ^{Boehm (2016}), por medio de la deportación el Estado no solo disciplina a los sujetos migrantes deportados -que generalmente son hombres-, sino también a sus familiares, además de someterlos a procesos de empobrecimiento debido a una constante descapitalización.

Conclusiones

La economía de la “ilegalidad” se sostiene por medio de la descapitalización de los sujetos migrantes diferenciada por género. Es decir, la “ilegalidad” no solo ofrece mano de obra barata, sino también contribuye a la creación de un sistema de enriquecimiento estatal, corporativo y global en el que, por medio de multas, fianzas, detenciones, se beneficia directamente de los sujetos migrantes. El sistema capitalista ha encontrado una nueva forma de acumulación de capital global al someter obligatoriamente a los sujetos migrantes, y específicamente a mujeres migrantes indocumentadas, a procesos de descapitalización sutiles y violentos. De igual manera, está acumulación de capital produce daños irreparables en la vida de la población migrante, al desposeerlos de seguridad física y psicológica. En este sentido, estos cuerpos dóciles, racializados, generizados y etiquetados como “ilegales” se han transformado en el centro de acumulación de este régimen de deportación.

Sostenemos además que estos procesos de descapitalización no empiezan con el proceso de deportación, sino con las multas de tránsito recurrentes a las que está expuesta la población migrante y, que las mujeres son las más afectadas. Desde ahí debemos reflexionar a dónde va el dinero de las multas, quién se está́ enriqueciendo; ya que es posible que los sujetos migrantes, y específicamente las migrantes mexicanas indocumentadas, estén sosteniendo indirectamente la vigilancia policial que es evidente en barrios como el de Maryvale. Además, si partimos de una perspectiva más amplia, comprenderemos que la descapitalización y la deshumanización de los sujetos migrantes empieza mucho antes, desde el inicio del proyecto migratorio, pues se necesita de fuertes sumas de dinero y la contratación de coyotes para llevar a cabo el traslado, y además, repensar un posible retorno después de la deportación. Esto se conecta con la idea de una descapitalización y endeudamiento continuo, transnacional, que se asienta en una economía sumergida, pero al mismo tiempo legitimada por el régimen de la deportación.

Por otro lado, al ingresar en un proceso de deportación y querer “pelear el caso”, las estrategias que se despliegan están en relación directa con el capital económico de cada sujeto migrante diferenciada por género, de la estructura y negociaciones familiares para poder hacer frente a todos los requisitos impuestos por las leyes migratorias.

Las fianzas son altas cantidades de dinero que los y las migrantes deben pagar si quieren salir en libertad. La acumulación de capital global, junto al régimen de deportación, ha creado alianzas con instituciones financieras para dar préstamos a migrantes, y a su vez controlar sus movimientos con grilletes electrónicos. Lo que evidenciamos es que los sujetos migrantes están hipotecando su libertad.

La penalización de la migración debido a la producción legal de la “ilegalidad” ha provocado que los sujetos migrantes sean vistos como mercancías. No importa si han cometido un delito, lo que interesa es sustraer la mayor cantidad de ganancia en la detención. No es de extrañar la proliferación de políticas que instan a la detención indefinida de migrantes, convirtiendo a los centros de detención en “campos de concentración” cuyas prácticas internas deshumanizan aún más la vida de los y las migrantes.

La descapitalización y la desposesión afectan mayoritariamente a las mujeres migrantes indocumentadas ocasionando una crisis multidimensional en sus vidas. La deportabilidad y detenibilidad precariza la vida de estas mujeres y las somete a procesos de empobrecimiento, de despojo emocional constante y crisis del uso del tiempo. Programas como el ATD, asientan las desigualdades sociales de las mujeres migrantes, provocando un control de sus cuerpos en el hogar, espacio laboral, espacio público. Hay que ser críticos respecto a este tipo de programas que se presentan como “humanistas” pero en el fondo son formas de reinvención del capitalismo y del mercado global de la detención para lucrar del cuerpo de las mujeres haciendo, generalmente, alusión a la maternidad. A la vez, son estas mujeres las que han creado diversas estrategias para poder sobrevivir a la amenaza de la deportación, y que a pesar de su vulnerabilidad son resistentes, desafiando al poder por medio de su capacidad de acción y agencia.

En definitiva, consideramos que la economía de la “ilegalidad” no solo se sostiene de la mano de obra barata y flexible de los sujetos migrantes, sino también de la descapitalización que se va produciendo del mismo, lo que provoca un círculo vicioso de explotación diferenciada por género. Este régimen global de control y deportación apoyados en la producción legal de la “ilegalidad”, ha encontrado un nicho de poder y acumulación de capital al criminalizar los cuerpos de las mujeres migrantes indocumentadas. Por tal motivo, es clave reflexionar de qué forma este régimen está acumulando capital a nombre de la institucionalización del control migratorio.