Introducción

A la memoria de Fray Miguel Concha Malo O. P.

En el presente artículo indagamos sobre la relación de dos factores fuertemente relacionados en la literatura especializada: la migración y la política en Estados Unidos en el período 2000-2020. En específico, examinamos la posible relación entre el volumen de detenciones en función del partido gobernante a nivel estatal y ciertos eventos coyunturales, aunados a procesos socioeconómicos que podrían coadyuvar al análisis. Analizamos los datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U. S. Department of Homeland Security [DHS])³ que incluyen registros de las tres principales dependencias encargadas del tema migratorio. Los datos permiten establecer diferentes niveles de análisis, con un desagregado de acuerdo con la oficina que efectuó los arrestos, el área donde se realizaron, y la nacionalidad de los detenidos.

Es común hacer referencia al volumen total de aprehensiones y devoluciones, separándolas por año, nacionalidad, sexo y grupos de edad; aportes importantes sin duda. Sin embargo, consideramos que la importancia de este estudio radica en la necesidad de avanzar para conocer qué agencias hacen tal labor, dados sus mandatos y ubicación territorial. De igual manera, nos parece importante revisar qué tantas aprehensiones y devoluciones suceden en la frontera sur estadounidense y en el interior del país; y cuál es la correspondencia que se puede establecer a este respecto entre ocupantes de la Casa Blanca y los gobiernos estatales que sean del mismo partido político o de otra filiación política. Dar respuesta a tales interrogantes puede ayudar a explicar las actuaciones de los agentes gubernamentales estadounidenses y sistematizar elementos que permitan formular escenarios posibles ante cambios de gobierno en los distintos ámbitos que aquí se analizan. Ciertamente, en un texto breve como este, solo se presentan avances que esperamos estimulen otros desarrollos argumentativos. Esto supone la necesidad de hacer análisis más exhaustivos sobre cómo se aplica la política migratoria en su proceso diario por agencia y no solo por las cifras agregadas.

Agencias de seguridad estadounidenses encargadas de la migración internacional

En el sistema de seguridad estadounidense existen diversas agencias con mandato en lo migratorio. Aquí haremos referencia únicamente a las que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (U. S. DHS) debido a las facultades que tienen para realizar desde aprehensiones y arrestos administrativos a inmigrantes, hasta expulsiones (retornos y remociones) del territorio estadounidense. Estas oficinas son las siguientes:

U. S. Custom and Border Protection (CBP) (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), institución encargada de la seguridad fronteriza en Estados Unidos. Dentro de sus funciones están vigilar la frontera y patrullar áreas cercanas donde los inmigrantes indocumentados pueden mantenerse ocultos (^{U. S. CBP, 2021}). Esta agencia puede abordar y buscar a extranjeros dentro del país a una distancia de 100 millas (aproximadamente 160 km) desde la frontera hacia el interior sin una orden judicial para llevar a cabo sus operativos. En el mapa 1 se presenta la ubicación espacial de sus oficinas.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics (^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Mapa 1 Ubicación de las oficinas de la Patrulla Fronteriza (CBP), 2020 

U. S. Homeland Security Investigations (HSI) (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional). Esta agencia es la principal rama de investigación del DHS⁴ en general, y del U. S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)⁵ (Oficina de Inmigración y Aduanas) en particular.

Entre sus temas de interés se encuentran los delitos y amenazas transnacionales como el contrabando de narcóticos, actividades de pandillas, explotación infantil, contrabando y trata de personas, entre otras actividades relacionadas con organizaciones criminales (^{U. S. ICE, s. f.d}). Su finalidad es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas y redes criminales que amenazan las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos (^{U. S. ICE, s. f.c}). En el mapa 2, se aprecia la ubicación de sus oficinas hasta 2020,⁶ ampliamente distribuidas en el territorio. A diferencia de las oficinas del CBP, hay una mayor presencia en la frontera con México y en el este del país. El ICE se creó en 2003 (ver nota 5 al pie de página), por lo que sus registros comienzan a partir de 2006; y sus oficinas se han mantenido a lo largo del tiempo sin modificaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics (^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Mapa 2 Ubicación de las oficinas de investigaciones de seguridad nacional en Estados Unidos (ICE-HSI), 2020 

U. S. Enforcement and Removal Operations (ERO) (Oficina de Detención y Deportación). Al igual que el HSI, esta agencia forma parte del ICE y se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras (^{U. S. ICE, s. f.b}). Sus operaciones están dirigidas contra amenazas a la seguridad pública por parte de extranjeros delincuentes, pandilleros e individuos que hayan violado las leyes migratorias, incluyendo a personas que reingresaron ilegalmente tras ser devueltas, y fugitivos de inmigración con órdenes de remoción. El ERO gestiona todos los aspectos del proceso de aplicación de leyes y control migratorio, que incluye identificación, arresto, transporte, detención, gestión de fianzas y libertad supervisada, además de otras alternativas a la detención. Su facultad más importante es la de expulsar de Estados Unidos a extranjeros que tienen órdenes de remoción a más de 170 países. Aunque la ubicación de sus oficinas puede ser semejante a la de las instalaciones del HSI, posiblemente porque ambas forman parte del ICE, esto no pareciera ser una condicionante para su establecimiento; por lo que llama particularmente la atención su presencia en puntos de la frontera con México y en la costa este, como se puede apreciar en el mapa 3.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics (^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Mapa 3 Ubicación de las Oficinas de Detención y Remoción (ICE-ERO), 2020 

Hablar de seguridad migratoria en Estados Unidos implica hacer referencia a las fronteras y al interior del territorio. Otro aspecto importante en este tema son los objetivos que persigue cada una de las oficinas mencionadas. Si bien en el caso del CBP es clara su relación con el tema migratorio, en las otras dos agencias resaltan asuntos como el tráfico de personas, las redes de narcotráfico y el tráfico de objetos ilícitos, entre otros delitos en los que, de acuerdo con su normativa, está enmarcada la migración llamada ilegal.

Esta forma de asociación con delitos graves, desde su marco legal, ayuda a comprender la visión estadounidense de este tipo de inmigrantes como criminales. Esta perspectiva ha recibido críticas debido a las repercusiones sociales y psicológicas que implica (^{Isacson y Meyer, 2012}; ^{Zamora, 2020}). Esta concepción ha tenido mayor eco desde la administración de Obama (^{Berglund, 2016}).

Volumen de arrestos en estados unidos, 2000-2020

Es importante analizar el volumen de aprehensiones y arrestos administrativos. Al inicio del período se tiene un estimado cercano a 1.8 millones de eventos, la mayoría efectuados por el CBP con cerca de 1.6 millones de aprehensiones. Por su parte, el HSI registró un total cercano a los 138 000. Los datos de ambas agencias indican que durante el año 2000 el interés de la detención migratoria estuvo en el sur estadounidense.

Este comportamiento podría estar relacionado con una serie de reformas y leyes aplicadas a finales de los años noventa, durante la administración del demócrata William J. Clinton (1993- 2001). Tal es el caso de las leyes citadas en ^{Izcara y Andrade (2015}): Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Migrantes de 1996 (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), que entre otras cosas permitió la aplicación en ese mismo año del Programa 287(g) (^{U. S. ICE, s. f.a});⁷ así como la Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva 1996 (AEDPA, por sus siglas en inglés). Ambas leyes redujeron la defensa legal de inmigrantes indocumentados para permanecer en el país, y reclasificaron las ofensas de carácter menor como delitos graves, lo que agilizó arrestos y aprehensiones de extranjeros y su posterior expulsión.

En 2001 se produjo una baja de aproximadamente 1.38 millones en los arrestos y aprehensiones respecto al año anterior. El protagonista fue el CBP con cerca de 1.2 millones, y el HSI registró cerca de 121 000 arrestos. También en 2001, a consecuencia de los ataques del 11 de septiembre (^{Berumen Sandoval et al., 2011}; ^{Cruz, 2012}; ^{Isacson y Meyer, 2012}) durante la administración del republicano George W. Bush Jr., hubo un cierre temporal de fronteras, se creó el DHS y se promulgaron diversas leyes, entre ellas la Ley Patriota⁸ citada en ^{Guillén (2012}) y en ^{Calva y Alarcón (2018}). La migración indocumentada pasó a ser tipificada como tema de seguridad nacional. Los efectos de estos eventos se observan principalmente a partir de 2003, fecha de creación y despliegue del ICE, con un repunte en el volumen de arrestos, de 1 millón aproximadamente a cerca de 1.26 millones en 2004.

En 2005 nuevamente se registró un incremento con una cifra estimada de 1.29 millones.⁹ Durante este año, el grueso de los arrestos se concentró en las oficinas del CBP, mientras que el HSI tuvo menos de 200 000 arrestos. A inicios de 2006, los registros del ERO presentaron un número bajo de aprehensiones en comparación con el volumen total del CBP. A partir de 2007, hubo un incremento considerable y en 2008 alcanzó los 300 000 arrestos, aproximadamente (ver gráfica 1).

Este repunte pudiese estar relacionado con diversas políticas aplicadas en estos años, como la Iniciativa Mérida (2008). Este programa de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad tenía como objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante el apoyo económico a México, que se materializaba a través de la transferencia de equipo militar e informático, así como la creación de programas de capacitación e intercambio de información, entre otras medidas (^{Berumen Sandoval et al., 2011}; ^{Estrada, 2012}).

Otra política que podría haber influido en este repunte es el Programa de Transferencia de Extranjeros y Programa de Salida (2008), el cual tuvo como objetivo devolver al inmigrante a un lugar distinto del que fue capturado, con la intención de despojarlo de su red social¹⁰ y de sus contenidos funcionales (apoyo instrumental, informativo y afectivo) (^{Zamora, 2020}). El argumento fundamental de esta medida fue impedir que tuvieran un nuevo contacto con los “coyotes” (^{Izcara y Andrade, 2015}). En la misma línea se encuentran el programa Comunidades Seguras de 2008¹¹ y el Programa 287(g), iniciativas que permitieron la cooperación de distintas agencias policiales de nivel federal, estatal y local con el ICE (^{Meza, 2014}; ^{Villafuerte y García, 2017}; ^{U. S. ICE, s. f.a}).

Estos programas tienen lugar al final del período de George. W. Bush Jr. (2001-2009) y al inicio de la administración del demócrata Barack Obama (2009-2017), en el marco de la crisis económico- financiera de Estados Unidos (iniciada en 2008). Ambos eventos están ligados al tema de la migración dada la dirección que tomó la política migratoria. Ejemplo de ello ha sido la forma en que el ICE realiza sus redadas en la búsqueda de inmigrantes (^{Alarcón y Becerra, 2012}), alterando la paz pública en el entorno inmediato, y rompiendo con la cotidianidad de la población estadounidense y extranjera.

* Se revisó la metodología de conteo de las detenciones del ICE-ERO para alinearla con la presentación de informes del ERO para 2016. Para los años anteriores, solo se podía contar una detención administrativa para la misma persona el mismo día (nota del anuario de 2020).

** Los datos del CBP del año 2020 incluyen los registros de expulsiones (retornos) por motivos de salud pública bajo el Título 42 de 2020.

*** Las series de detenciones del ICE-ERO pueden diferir de las publicadas por el ICE debido a las actualizaciones de las cifras publicadas anteriormente (nota del anuario de 2020); a partir de 2009, los datos incluyen las detenciones del ICE-ERO y las detenciones realizadas en el marco del Programa 287(g) (nota del anuario de 2019).

**** Los datos del ICE-HSI en 2008 incluyen las detenciones del ICE-ERO (nota del anuario de 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics ((^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Gráfica 1 Aprehensiones y arrestos a inmigrantes realizadas por autoridades migratorias de Estados Unidos, según dependencia, 2000-2020 

Durante la administración Obama se innovaron los métodos de dichas redadas. El ICE llegaba a las zonas de trabajo a verificar documentos de inmigración y números de seguro social, haciendo un contraste con bases de datos E-Verify¹² (^{Alarcón y Becerra, 2012}). En caso de resultar sospechosos, los empleadores se encargaban de notificar al trabajador mediante una amenaza de despido por no presentar sus documentos legales (^{Herrera y Rubio, 2019}) y exponían su permanencia en Estados Unidos. Durante esa administración, la innovación en lo tecnológico y en la reformulación de las políticas migratorias fueron fundamentales para la detección y arresto de inmigrantes indocumentados, procurando no afectar a la parte empleadora ni al entorno inmediato.

Estos elementos son esenciales para entender la actuación del CBP y el HSI, así como el crecimiento del ERO como potencial brazo ejecutor del ICE. Pareciera ser que, durante estos años, la preocupación por el tema migratorio estuvo mayormente centrada al interior de Estados Unidos como respuesta a la crisis económica, y fundamentada en la preocupación por el narcotráfico mexicano en ese país. Esto se observa principalmente en 2011 cuando, de un total de arrestos cercano a los 670 000, poco más de la mitad fueron realizados por el CBP (340 000) y un volumen cercano por el ERO (322 000).

En los tres años siguientes se aprecia un volumen total de arrestos sostenido, pues hasta 2014 estuvieron muy cerca de los 700 000 (gráfica 1). Sin embargo, hubo cambios sustanciales al interior de estos registros. Primero, se presenta un crecimiento en los arrestos por parte del CBP, que alcanzó una cifra cercana al medio millón. Por otro lado, el ERO registró un aproximado de 181 000. Otro aspecto que cambió respecto a los arrestos de años anteriores son las nacionalidades de los inmigrantes. En 2014 cobra importancia el papel de la migración del norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador). Del total de arrestos, cerca del 49 por ciento provino de alguno de estos tres países (ver gráfica 2); y para los mexicanos hay una clara tendencia a la baja desde 2004, con un repunte en 2008.

Consideramos lo anterior como un efecto conjunto de las distintas políticas aplicadas (^{Zamora, 2020}), que apuntan a una diversificación de subprocesos dentro de la migración a pesar de la política migratoria estadounidense. Dicha política parece tener cambios en función de la administración que las lleva a cabo. Tal es el caso de las redadas del ICE durante las administraciones de Bush y Obama, en las cuales el gobierno de este último parecía más enfocado en la seguridad desde el interior, con medidas más sutiles y fundamentadas en las reformulaciones de la política. Sin olvidar que hubo una disminución del flujo migratorio mexicano.

En ese sentido, un proceso que podría guardar cierta relación con dicha tendencia a la baja en los arrestos a mexicanos, es el posible cambio en el tipo de migración de esta población, pasando de la migración indocumentada a la documentada en ciertos casos. Al decir de un especialista, entre los años fiscales de 2007 y 2017 las visas para mexicanos del tipo H2-A¹³ tuvieron un incremento de un 211 por ciento, pasando de 47 000 a 147 000 y hacia 2018 se alcanzó un estimado cercano a las 180 000 visas otorgadas en los datos preliminares (^{Calva, 2019}).

Durante los últimos dos años de la administración de Obama hubo un decremento en el volumen de arrestos efectuados por el ERO: durante 2015 y 2016 se captó un estimado cercano a los 100 000 eventos. Por otro lado, las oficinas del CBP mostraron un comportamiento creciente: de 337 000 aprehensiones en 2015 pasaron a un estimado de 415 000, volumen inferior al registrado durante la primera década del período. Nuevamente se presentó más interés en la frontera sur, posiblemente debido al incremento en el flujo de migrantes procedentes de la región norte de Centroamérica, que durante estos años concentró aproximadamente el 50 por ciento de los arrestos.

Desde la campaña electoral, la administración del republicano Donald Trump (2017-2021) mostró una actitud negativa hacia la migración y en particular hacia los mexicanos (^{Calva y Alarcón, 2018}). Durante su administración, prevaleció un discurso basado en la xenofobia y el etnocentrismo en contra la migración indocumentada. Esta narrativa ocurre en un momento donde los arrestos van a la baja, las visas a trabajadores agrícolas al alza; se produce un decremento en los intentos por cruzar la frontera por parte de los mexicanos (^{Coubès, 2018}; ^{Zamora, 2020}) y una creciente movilización por parte de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Al inicio de la administración de Trump, se registran aproximadamente 460 000 detenciones, de las cuales 310 000 fueron hechas por el CBP, mientras que el ERO tuvo casi 143 000 arrestos. Un aspecto en el que coinciden estas dos últimas administraciones, en comparación con la de Bush, es en la disminución de los arrestos efectuados por el HSI que, desde 2010, tuvieron una cifra casi constante por debajo de los 20 000 casos.

En 2018 se observó un comportamiento semejante al de 2017, aunque con un incremento en el monto total cercano a 570 000 arrestos. No obstante, en 2019 apreciamos un aumento en el total de arrestos muy similar al de 2008 y 2003, con un volumen estimado cercano al millón. A diferencia de los años anteriores, cerca del 75 por ciento del total fueron de nacionalidades diferentes a la mexicana, especialmente guatemaltecos (285 000), hondureños (268 000) y salvadoreños (99 000), además de un estimado de 105 000 arrestos a personas de otras nacionalidades (ver gráfica 2).

Este comportamiento, probablemente, se debe a la conjugación entre una disminución del flujo migratorio mexicano y un incremento de flujos de otras nacionalidades. De manera que, de un total cercano al millón de aprehensiones en 2019, el CBP realizó aproximadamente 859 000. En el caso del ERO, agencia que muestra una disminución en sus arrestos desde el año anterior, en 2019 se registraron aproximadamente 143 000. La atención en términos generales siguió en la frontera sur.

En 2020, año de inicio del COVID-19 y último año del período aquí analizado, hubo una reducción en el volumen de los arrestos, pasando a un total de 500 000. Esta cifra representa casi la mitad de los registrados en 2019, cuando la caída más notable fue en los arrestos del CBP, registrando cerca del 80 por ciento del total (400 000 aprehensiones.) Por su parte, ese mismo año ERO registró un estimado de 103 000 arrestos en total. Esta misma caída ocurre en los arrestos a migrantes de nacionalidades provenientes de la región norte de Centroamérica, con el 26 por ciento del total; muy por debajo al 64 por ciento de 2019. En cuanto a las aprehensiones de mexicanos, se registró nuevamente un incremento con cerca de 300 000, representando un 61 por ciento del total.

La diferencia de arrestos del CBP frente al ERO es notable. Posiblemente esto se relaciona con la pandemia del COVID-19 que, entre otras cosas, permitió un cierre temporal de fronteras y la aplicación del Título 42. Dicha medida únicamente se llevó a cabo en la frontera sur estadounidense. Ante esta orden, los migrantes retornados a México (procedentes de cualquier nacionalidad) tendrían que permanecer en entornos o alojamientos colectivos antes de ser admitidos a Estados Unidos, como consecuencia de su situación migratoria irregular (^{OIM/ONU Migración, 2021}). Esta medida generó grandes vulnerabilidades a inmigrantes internacionales (^{Ramírez-García y Lozano, 2021}) y, en parte, respondió a una línea de investigación en epidemiología sobre migración y salud (Ramírez- García y Lozano, 2021). Su aplicación podría ser consistente con el crecimiento de los arrestos realizados por el ERO en 2009 y 2010; de los cuales, un amplio número no contaban con registro del lugar en el que se efectuaron. En Estados Unidos la respuesta al COVID-19 fue más radical y podría estar vinculada con el total de casos acumulados (Ramírez-García y Lozano, 2021).

* A partir de 2009, los datos incluyen las detenciones del ICE-ERO y las detenciones realizadas en el marco del Programa 287(g) (nota del anuario de 2019).

** Se revisó la metodología de conteo de las detenciones del ICE-ERO para alinearlas con la presentación de informes del ERO de 2016. Para los años anteriores solo se podía contar una detención administrativa para la misma persona el mismo día (nota del anuario de 2020).

*** Los datos del CBP del año 2020 incluyen los registros de expulsiones (retornos) por motivos de salud pública bajo el Título 42 (nota del anuario de 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics ((^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Gráfica 2 Aprehensiones y arrestos administrativos a inmigrantes realizadas por autoridades migratorias de EE. UU., según país de procedencia, 2002-2020 

Gobiernos estatales, arrestos y aprehensiones

Respecto a la gobernabilidad de las migraciones, surge una interrogante: ¿cómo controlar estos desplazamientos humanos? O, en términos de la preferencia que podrían tener los países de destino y de tránsito: flujos migratorios legales, ordenados y seguros. Esto es un objetivo deseable desde el mundo formal que hasta la fecha permanece sin respuesta, en gran medida debido al carácter multicausal, multifacético y multifactorial de todo proceso migratorio (^{Arango, 1985}; ^{Zamora 2020}). Países como Estados Unidos han optado por medidas extremas para lograr este deseo.¹⁴

^{Villaseñor y Acevedo (2009}) refieren una ausencia de reforma integral que logre dicha gobernabilidad, o que cuando menos alcance un balance entre las circunstancias del mercado laboral, la resolución de la situación de las personas indocumentadas y las necesidades de las sociedades receptoras. Dicha condición prevalece hasta la actualidad; ya que, como se sabe, la legislación migratoria en Estados Unidos es materia federal. No obstante, también se sabe que los estados que integran EE. UU. tienen márgenes de autonomía relativa que hacen valer en distintas circunstancias ante el gobierno federal (^{Berglund, 2016}). Esta capacidad fue puesta en práctica por el gobernador texano Greg Abbott, quien en julio de 2022 ordenó a la Guardia Nacional detener a migrantes en una disputa allende lo migratorio y más bien explicable en el ámbito político entre demócratas y republicanos durante los tiempos electorales.

Cada estado ha desarrollado marcos normativos “que redefinen en su jurisdicción las prácticas cotidianas de los inmigrantes, fundamentalmente las de quienes permanecen en el país sin autorización” (^{Villaseñor y Acevedo, 2009}, p. 415). Este proceso abarca desde su formulación y promulgación, hasta la aplicación de los marcos legales-normativos donde confluyen diversos actores políticos con distintas percepciones acerca de las repercusiones de la inmigración. Aunque pareciera haber una constante: a nivel estatal se aprecia un interés por desalentar y controlar el ingreso y estancia de inmigrantes en situación irregular (^{Zamora, 2020}).

Esta (relativa) libertad de cada estado en cuanto a la aplicación de políticas migratorias, en función de sus percepciones y necesidades, explicaría por qué hay mayores arrestos en unos estados que en otros. Texas, por ejemplo, cuenta con cinco oficinas del CBP de un total de nueve colindantes con México, además de tres oficinas del HSI y tres del ERO. En California hay dos oficinas del CBP, tres del HSI y del ERO. Arizona cuenta con una oficina de cada agencia y en Nuevo México no hay presencia de ninguna de ellas. En la dirección opuesta y desagregadas a nivel local, se puede considerar a las denominadas ciudades santuario, donde pareciera haber una retroalimentación entre las políticas del lugar y actores políticos locales, favoreciendo la integración de inmigrantes con cierta medida (^{Cruz-Lera, 2019}). Posiblemente, esto responde a distintas condiciones presentes en cada estado, que involucran, entre otras, variables sociales y políticas asociadas con lo económico, lo ambiental, etc.

Sobre las ciudades santuario, cabe hacer algunas observaciones: ^{Bauder (2016}) menciona que las políticas y prácticas de estos espacios tienen por objetivo acoger a inmigrantes indocumentados y refugiados en comunidades urbanas que, si bien no les eliminan la condición de indocumentados, les brindan elementos para afrontar esta circunstancia. Sin embargo, conceptualmente existe una imprecisión sobre las ciudades santuario, pues hay diferencias entre ellas en la parte práctica y teórica. En ese sentido, se han hecho distintos intentos por caracterizarlas, como es el caso de Cruz- Lera (2019) quien recupera el conjunto de elementos o dimensiones que pueden conformar la categoría de santuario: leyes, políticas y prácticas informales de diferente naturaleza; así como aspectos discursivos e identitarios (Bauder, 2016). A las ciudades santuario se les considera la principal fuente de oposición a las políticas federales antiinmigrantes con distintos grados de insurgencia que responden a condiciones sociales y geopolíticas

Las ciudades santuario tienen resultados positivos, sin duda alguna, pero su efecto es limitado justamente por el alcance territorial de la autoridad municipal correspondiente. Si a ello le agregamos que son una medida de aplicación limitada en el extenso territorio estadounidense frente a la amplia cobertura de las dependencias gubernamentales involucradas en el tema migratorio, tenemos dos señalamientos importantes en la lógica de este texto: 1) aquilatar favorablemente a las ciudades santuario, y 2) reiterar la validez de analizar los alcances e implicaciones de las actuaciones de las dependencias gubernamentales en la detención y devolución de migrantes indocumentados; así como sus posibles vinculaciones con los gobiernos estatales según su adscripción partidaria.

¿Hay diferencias entre gobiernos estatales demócratas y republicanos?

A continuación, ahondamos brevemente en la relación entre las medidas migratorias empleadas y la política en Estados Unidos, específicamente para revisar si hay diferencias al momento de abordar la migración a través del tiempo en función del partido gobernante a nivel estatal. En Estados Unidos existen dos grandes vertientes políticas: demócrata y republicana, cada una con principios y supuestos que indudablemente afectan el ambiente social (^{López, 2007}). Los mandatarios, de uno y otro partido, son actores de gran importancia que inciden en las decisiones y medidas a emplear.

Para esta muestra, inicialmente de 22 estados y posteriormente de 26, únicamente se seleccionaron aquellos con la presencia de, al menos, una oficina del CBP, HSI o ERO, considerando que su ubicación pudiese estar ligada a un ambiente favorable para su actuación en estos territorios.¹⁵ Hasta 2007 hubo una mayoría de estados bajo el partido republicano, algo consistente con el partido del

presidente George W. Bush Jr. (2001-2009). Sin embargo, de 2007 a 2009 hubo una mayor representación demócrata; en este último año inicia la administración de Obama (gráfica 3). A continuación, el análisis por entidades y agencias en ese orden de aparición (CBP, HSI o ERO).

Fuente: Elaboración propia con base en registros de gobernantes de Estados Unidos.

Gráfica 3 Partidos políticos de gobernadores estatales con presencia de alguna oficina del CBP o ICE (HSI/ERO), 2000-2020 

De 2010 a 2014 hubo un equilibrio entre demócratas y republicanos, en cada caso representando a 11 estados de la muestra considerada. Para 2015 nuevamente hay más estados con gobiernos republicanos, situación que prevalece hasta 2018. En 2019 se amplía la muestra a 26 estados debido a que se abrieron cuatro nuevas oficinas del HSI (ver nota a pie de página 4). Durante 2019 y 2020 los gobiernos demócratas nuevamente cobran más presencia en 15 estados (del total de 26 que contempla la muestra).

Al inicio de cada administración federal se observa una mayoría de estados con gobernantes del partido al que pertenece el presidente en turno. Sin embargo, al término de la administración la mayoría pasa al partido contrario. No obstante, hay estados donde pareciera imponerse cierta tradición partidaria, como en Texas, Florida, Utah y Dakota del Norte, que mantienen gobierno estatal republicano en los 20 años que comprende este análisis. Similar es el caso registrado en Washington y en Washington, D.C. territorios gobernados por demócratas. En Luisiana, Míchigan, Maryland, Minnesota, Pensilvania, Nueva Jersey, Maine y Vermont vemos mayor alternancia, con períodos muy similares de demócratas y republicanos. Resta mencionar los estados con cierto grado de alternancia, aunque durante el período de interés hay un predominio de un partido en específico: Arizona, Georgia y Massachusetts, republicanos; y California, Illinois, Nueva York y Montana, demócratas.

Por otro lado, en los cuatro estados que en 2019 abrieron una oficina del HSI en su territorio (ver nota a pie de página 4), se aprecia mayor peso del partido republicano desde 2018, especialmente en Misuri y Tennessee. Nevada mantuvo un gobierno republicano hasta 2018 y a partir de 2019 cambió al partido demócrata; Carolina del Norte de 2018 a 2020 tuvo un gobierno demócrata. Las elecciones estatales varían de un estado a otro, por lo que, aunque las oficinas comenzaron sus registros en 2019, no es posible saber en qué momento se inauguraron formalmente; de modo que se tomó 2018 como año de referencia en estos estados. Hechas estas precisiones, podemos analizar las actuaciones por dependencias, entidades y adscripción político-partidaria.

Respecto a las aprehensiones del CBP, durante el año 2000 hubo poco más de 1 500 000 eventos (gráfica 4). Arizona, que en ese año tenía una administración republicana, concentró cerca de un tercio de dichas detenciones (616 146). El segundo estado de importancia fue Texas que, bajo gobierno republicano registró cerca de 515 000. Por último, California, gobernado por demócratas, registró un aproximado de 396 000 del total alcanzado por el CBP. En este año apreciamos una marcada diferencia entre los estados demócratas y republicanos, siendo los estados fronterizos de este último partido los que registraron más aprehensiones.

En 2003 se presentó un descenso y se invierte una posible tendencia, pues en los estados demócratas se registró un monto estimado de 600 000 aprehensiones, mientras que los republicanos tuvieron un volumen aproximado de 300 000 detenciones por parte del CBP. Este cambio puede atribuirse en gran medida a la alternancia política en Arizona, que pasó de republicano a demócrata de 2003 hasta 2009. Dicho estado registró un total de 403 951 aprehensiones.

Durante 2004 hubo un incremento de los estados republicanos. California pasó de demócrata a republicana y tuvo cerca de 214 000 arrestos. Por su parte, Texas y Arizona tuvieron 243 000 y 589 000 respectivamente. Estos tres estados agruparon cerca del 90 por ciento de un total estimado de 1 millón 160 000 para ese año. Con menor cantidad, Florida, estado republicano, tuvo 4 602 aprehensiones.

De 2005 a 2008 hubo una ligera caída en las aprehensiones, con un volumen similar entre estados demócratas y republicanos. A partir de la crisis de 2008 ya mencionada, el comportamiento de los arrestos puede sugerir un intento por controlar el ingreso de nuevos migrantes sin importar el partido político. Durante estos años Arizona, concentró cerca de la mitad pasando de 577 000 en 2005 a 326 000 en 2008, registrando en total de poco más de 1 millón 723 000 aprehensiones.

Los estados no fronterizos con una oficina del CBP, como Florida, de gobierno republicano, registraron en promedio un estimado de 6 000 eventos anuales. Luisiana pasó de 1 358 eventos a 4 303 aprehensiones con un gobierno demócrata.

En 2009 Arizona, con gubernatura republicana, registró un estimado de 248 000 arrestos. Durante este año, gran parte de los estados con una oficina del CBP fueron en su mayoría republicanos, especialmente los colindantes con México: California, Texas y Arizona concentraron cerca del 97 por ciento de las aprehensiones. Los demócratas alcanzaron la cifra más baja del período con un total de 5 000, frente a los estados republicanos con un aproximado de 550 000.

Para los dos años siguientes, nuevamente hubo una caída de las aprehensiones en general, llegando a aproximadamente 339 000 eventos en 2011. En ese año, California pasó a manos demócratas y se observa un ligero incremento en las aprehensiones en estados del partido azul, con un aproximado de 76 000 eventos; de los cuales cerca de 72 000 se dieron en ese estado. En los estados republicanos se aprecia una diferencia considerable con un estimado de 262 000 aprehensiones, la mayoría en la frontera sur: Arizona con 129 000 eventos y Texas con 125 000.

En 2014, nuevamente se presenta un aumento considerable de aprehensiones en los estados republicanos, especialmente en Texas, con un estimado de 341 000. Arizona tuvo una ligera disminución, de 127 000 en 2013 a cerca de 93 000 en 2014. Una vez más, California fue el de menor aporte con 44 422. No obstante, en estos tres estados se hicieron cerca del 99 por ciento de las aprehensiones de todo el país.

En los años restantes hubo ligeros repuntes, especialmente en los estados republicanos. Sin embargo, en 2019 apreciamos el efecto de los flujos migrantes procedentes del norte de Centroamérica. De un total cercano a 859 000 aprehensiones por parte del CBP, el 65 por ciento se dieron en sectores de Texas. Independientemente del partido, observamos un interés por frenar dicho flujo migratorio.

Hacia 2020, el último año del período analizado y marcado por la pandemia del COVID-19, los sectores de mayor importancia para el CBP fueron nuevamente los de Texas y Arizona. Y para 2020 los tres estados de la frontera sur concentraron cerca del 99 por ciento del total de arrestos. Estos datos pueden ser efecto del Título 42. Texas, desde 2013, pasó a ser el estado con mayor número de aprehensiones del CBP.

* Los datos del CBP del año 2020 incluyen los registros de expulsiones (retornos) por motivos de salud pública bajo el Título 42.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics (^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Gráfica 4 Volumen de aprehensiones realizadas por el CBP, según el partido de gobiernos estatales 2000-2020 

Los arrestos del HSI (gráfica 5), fueron mayores durante los primeros años del siglo XXI en estados republicanos. Texas concentró cerca de 35 000 arrestos administrativos, seguido por Arizona, con cerca de 13 000 detenciones. California, estado demócrata, registró 30 000. Gran parte de estos arrestos fueron en la zona fronteriza, el 58 por ciento de un total estimado de 136 000 durante el año 2000.

Para el porcentaje restante, resalta lo ocurrido en Colorado, que hasta 2007 mantuvo un gobierno republicano, con cerca de 10 000 arrestos. Illinois, también republicano, reportó 6 493. Por otro lado, también destaca Nueva York, estado republicano que registró un aproximado de 8 600.

Durante 2003 los arrestos por parte del HSI en gobiernos demócratas y republicanos muestran un comportamiento casi similar, pues registraron aproximadamente 57 000 y 56 000 respectivamente. Este comportamiento podría estar relacionado con los eventos del 11 de septiembre de 2001 que, como se ha presentado, generó un cierre temporal de fronteras; así como modificaciones y regulaciones en el ámbito legal-normativo que devinieron en un cambio conceptual de la inmigración, trasladando este proceso poblacional a la agenda de seguridad nacional (^{Izcara y Andrade, 2015}; ^{Calva y Alarcón, 2018}). Otra explicación es el cambio en las administraciones estatales, pues Georgia y Maryland, previamente demócratas, pasaron a ser estados republicanos; mientras que en Illinois, Míchigan, Pensilvania, Minnesota y Arizona comenzaron gobiernos demócratas. Estos cambios fueron acompañados por un incremento en los arrestos, en la mayoría de los casos sin importar el partido, que en suma, representa un ligero repunte de 104 000 durante 2002 a 113 000 para 2003. Si bien este incremento pareciera poco significativo, se repite en otros momentos como se verá más adelante.

* Los datos del ICE-HSI en 2008 incluyen las detenciones administrativas llevadas a cabo por el ICE-ERO.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics ((^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Gráfica 5 Volumen de arrestos administrativos realizados por el ICE- HSI, 2000-2020 

En 2004, nuevamente apreciamos una diferencia entre ambos partidos, siendo en los estados republicanos donde se efectuó el mayor número de arrestos, con un estimado de 67 000. Por su parte, en los estados demócratas se realizaron cerca de 34 000. Entre los sucesos de ese mismo año, destacamos el efecto del cambio de gobierno en California, que pasó a ser republicano, mostrando un mayor dinamismo desde 2003 y manteniendo un promedio cercano a los 27 000 arrestos durante 2004 y 2005. Mientras tanto, Texas tuvo un aporte promedio próximo a los 14 500 arrestos durante los mismos años. Por otro lado, algunos gobiernos demócratas registraron un ligero descenso; tal es el caso de Arizona que pasó de 12 300 en 2004 a 10 600 en 2005; y de Illinois, que pasó de 8 000 a 7 000 arrestos aproximadamente.

Más adelante, en 2007, nuevamente se aprecia un aumento en el volumen de detenciones en estados demócratas, tal como sucedió en 2003. Al igual que en aquel año, este comportamiento no pareciera estar relacionado con un incremento en el desempeño de las autoridades migratorias. Más bien podría haber surgido como respuesta a un cambio en las gubernaturas, pues estados como Maryland, Massachusetts, Nueva York y Colorado, dejaron la representación republicana. A la par, esto fue acompañado por un descenso en el total de arrestos efectuados por esta agencia (HSI), pasando de 99 000 el año anterior, a 52 000 en 2007. Probablemente esto se debió a lo que podría interpretarse como un cambio en la finalidad de la agencia, ya que, aunque tiene la facultad de efectuar arrestos, estos posiblemente fueron llevados a cabos por el ERO, como sugieren los datos de esta oficina más adelante.

Durante 2007 los estados republicanos con un mayor número de arrestos fueron Texas con 9 300, seguido por Georgia con un estimado de 4 600, y California con 4 300. Mientras que los estados demócratas de mayor importancia fueron Illinois, Colorado, Luisiana y Washington con 4 700, 4 000, 3 000 y 3 500, respectivamente. Ya desde esos años, la seguridad migratoria no se limitaba únicamente a la frontera. Aunque en menor medida, los estados alejados de la frontera gradualmente fueron ganando importancia en su contribución al control migratorio.

Para los años siguientes es notable la caída de arrestos por parte del HSI, pues desde 2010 tiene registro de totales que rondan entre los 20 000 y 10 000 arrestos anuales, cifras inferiores a las registradas al inicio del período de interés. No obstante, destacan ciertos comportamientos, particularmente en 2011 cuando los arrestos realizados en estados demócratas y republicanos alcanzan cifras similares y, al igual que en 2003 y 2007, esto coincide con cambios en los partidos gobernantes. Estados previamente republicanos pasaron a ser demócratas, como fue el caso de Minnesota y California, mientras que, Míchigan y Pensilvania optaron por la opción republicana.

Cinco años después, en 2016 se observó el volumen más bajo registrado por el HSI durante el período de interés. Los arrestos contabilizados en ese año fueron 4 205, de los cuales los estados demócratas aportaron cerca de 1 200 y los republicanos cerca de 2 900, la mayoría en Texas (1 300). En el resto de los estados, tanto demócratas como republicanos, el número se encontró por debajo de las 500 detenciones. En 2017, con la llegada de la administración Trump, nuevamente hubo un ligero repunte, con una cifra cercana a los 7 100 y siendo Texas el estado donde se realizaron más detenciones con cerca de 2 000 eventos. En segundo lugar, aparece Illinois con 848, seguido por Luisiana con aproximadamente 723. En el año 2019 se abrieron cuatro nuevas oficinas de esta agencia en los estados republicanos de Misuri y Tennessee, además de Carolina del Norte y Nevada, ambos con gobierno democrática.

Hacia el final del período observado, en 2020 apreciamos una caída significativa en los arrestos, llegando a 9 900 eventos, una décima parte del volumen inicial en el año 2000. No obstante, destaca nuevamente Texas, con aproximadamente 4 400 arrestos, seguido por California, con cerca de 1 400 arrestos.

La siguiente agencia es el ERO, creada en 2003 con registros a partir de 2006. En la gráfica 6 observamos un volumen bajo de arrestos en comparación con los años posteriores, situándose muy cerca de los 15 000. La mayoría de estas detenciones (aproximadamente 11 000) se realizaron en estados republicanos, principalmente en California, donde se contabilizaron cerca de 3 000, Texas con 1 900, Florida con 1 400 y Massachusetts con 1 000. Los estados republicanos registraron 4 200 detenciones aproximadamente, siendo Nueva Jersey el estado de mayores cifras con cerca de 1 000 y Míchigan con un estimado de 898.

En 2007 se observó un incremento en el total de arrestos en casi todos los estados, con cerca de 30 400. Al igual que en el caso del HSI, en este año nuevamente hubo estados que pasaron de republicanos a demócratas, como fue el caso de Maryland, Massachusetts, Nueva York y Colorado. En conjunto, los estados gobernados por este partido acumularon aproximadamente 13 800 arrestos, Massachusetts, Míchigan, Nueva York y Nueva Jersey con 1 400, 1 800, 2 000 y 2 000, respectivamente. Mientras que los estados con gobierno republicano tuvieron un estimado de 16 500, siendo California el de mayor número con 5 400, Texas, con 4 800, Miami con cerca de 2 500 y Georgia con 2 200.

Durante 2008 en los estados republicanos y demócratas el volumen de arrestos fue muy similar, rondando los 60 000. Para los primeros, destacan California y Texas, donde se registraron 23 000 y 16 400, respectivamente, además de Miami, con cerca de 7 500. Por su parte, en los estados demócratas hubo un repunte considerable en Arizona, que pasó de 475 en 2007 a cerca de 18 500 en 2008; seguido por Illinois con 12 800 y Nueva York, con cerca de 8 700. No obstante, más de la mitad, es decir cerca de 167 500 detenciones, carecen de registro del lugar donde se efectuaron. Esto ocurre durante el último año del mandato de George W. Bush y el inicio de la administración Obama.

Una posible explicación a lo ocurrido en 2008 y 2009, además del cambio de administración, podría estar relacionada con la aplicación de los programas migratorios mencionados con anterioridad. Destacan entre estos, el Programa de Transferencia de Extranjeros y Programa de Salida (2008) y el programa Comunidades Seguras (2008), ambos vinculados con el Programa 287(g), que en conjunto permitieron la detención de inmigrantes por parte de autoridades de nivel federal, estatal y local¹⁶ (^{Meza, 2014}; ^{Villafuerte y García, 2017}), además de la purga de inmigrantes en prisiones y la detención de inmigrantes enlistados en bases de datos del ICE (^{Yrizar y Alarcón, 2015}; ^{Cruz-Lera, 2019}). En el caso de aquellos aprehendidos, al menos la mitad, no tenían registro criminal previo (Cruz-Lera, 2019) y en los casos donde se realizaron devoluciones,¹⁷ los inmigrantes no necesariamente fueron repatriados por el lugar de ingreso (^{Izcara y Andrade, 2015}), lo que podría justificar la ausencia de información sobre el lugar de detención, considerando las críticas al llamado coctel antimigrante (Izcara y Andrade, 2015; Villafuerte y García, 2017; ^{Calva y Alarcón 2018}; ^{Zamora, 2020}).

* A partir de 2009, los datos incluyen las detenciones llevadas a cabo por el ICE-ERO y las detenciones realizadas en el marco del Programa 287(g).

**La metodología de conteo de las detenciones administrativas por parte del ICE-ERO se revisó para alinearse con la presentación de informes del ERO para 2016; para los años anteriores solo se podía contar una detención administrativa para la misma persona el mismo día.

*** Las series de las detenciones administrativas del ICE-ERO pueden diferir de las publicadas por el ICE debido a las actualizaciones de las cifras publicadas anteriormente.

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Yearbook of Immigration Statistics ((^{U. S. DHS, 2010}, ²⁰¹¹, ²⁰¹², ²⁰¹³, ²⁰¹⁴, ^2016a, ^2016b, ²⁰¹⁷, ^2019a, ^2019b, ²⁰²⁰, ^2022a, ^2022b, ²⁰²³).

Gráfica 6 Volumen de arrestos administrativos realizados por el ICE-ERO, 2006-2020 

Para 2009 los registros carentes del lugar de detención bajaron considerablemente, siendo muy similares a los arrestos captados en gobiernos republicanos con un estimado cercano a los 121 000 eventos. Los estados con más arrestos fueron Texas, con 37 000, California, con 32 000 y Arizona, que a partir de este año pasó nuevamente a ser republicano, con un estimado de 13 000. Siguiendo

esa misma tendencia, Florida tuvo una participación notable con 15 400 y Georgia con cerca de 7 000 eventos. Por otro lado, los estados demócratas mostraron un ligero incremento: Illinois con un aproximado de 12 600; Nueva York, con 9 300, y Míchigan y Washington con cerca de 7 000 por estado.

De acuerdo con lo observado en la gráfica 6, a partir de 2009 los datos incluyen los arrestos efectuados en el marco del Programa 287(g) (^{U. S. ICE, s. f.a}), lo que podría explicar el descenso en el volumen de arrestos efectuados por el HSI, así como la paulatina disminución de las detenciones sin registro del lugar de origen durante 2010, que llegaron a un estimado de 19 000. Complementariamente, hay un incremento en los arrestos realizados en estados con gobierno republicano, mismos que alcanzaron la cifra más alta del período con un aproximado de 220 000. De estos, poco más de la mitad se efectuaron en alguno de los tres estados de la frontera sur con una oficina del ERO. Tal es el caso de California, estado que durante ese año fue el que registró un mayor número de arrestos con cerca de 67 000 y donde al año siguiente se dio un cambio en el partido gobernante, pasando a ser nuevamente un estado demócrata. Dicha cifra es muy cercana a la registrada en Texas, donde se efectuaron aproximadamente 66 000. Por su parte, Arizona, a diferencia de lo observado en los datos del CBP, mantuvo un volumen considerablemente menor al presentado en los estados anteriores, con 17 500.

Georgia mostró un incremento considerable superando a Arizona con 21 700 arrestos y, al igual que California, al año siguiente tuvo un cambio de gobernante, también de matriz republicana. En los estados demócratas de igual manera hubo un repunte, aunque no tan notable como en los estados republicanos, con un total de 74 000. Illinois tuvo el mayor número de detenciones con cerca de 19 000, seguido por Washington y Nueva York, ambos con 10 000 aproximadamente. En este último estado al año siguiente también hubo elecciones, en las que se mantuvo el mismo partido, pero con diferente gobernante, el demócrata Andrew Cuomo, quien eventualmente dejaría su cargo por una denuncia de acoso sexual (^{BBC, 2021}).

Durante 2011 hubo cambios en las gubernaturas de algunos estados ya mencionados y un incremento en el número total de arrestos, registrando aproximadamente 322 000. Así mismo, hubo un aumento considerable en la participación de los estados demócratas, con 147 000 eventos. Dicho incremento fue, en gran parte, resultado del cambio de gobierno y partido en California, donde un demócrata resultó ganador. En dicho estado se realizaron cerca de 78 000 arrestos, el de mayor cifra. También Illinois tuvo una participación notable con aproximadamente 18 700, seguido de Washington con 9 000 y Nueva York con un estimado de 8 800. En Colorado y Minnesota se dieron cerca de 7 000 eventos en cada uno. En este último estado también tuvo lugar un proceso electoral donde resultó vencedor un demócrata.

Los estados gobernados por republicanos realizaron en total cerca de 170 800 arrestos, destacando nuevamente Texas con un estimado cercano a 71 700, Arizona con 14 900 y Georgia con 26 600. Desde 2010, Utah comenzó a formar parte de los estados de mayor dinamismo, pasando de 9 000 a cerca de 8 700 en 2011, con un gobierno republicano a lo largo del período analizado y una sola oficina del ERO.

En los años posteriores, apreciamos una disminución del volumen total de arrestos. Sin embargo, en 2015 se inició un ligero incremento para el caso de los estados gobernados por demócratas, aunque nuevamente destacan con procesos de cambio de gobierno en estados como Maryland, Massachusetts e Illinois, que en aquel año pasaron a un gobierno republicano. Por su parte, Pensilvania pasó a una administración demócrata. Un año más tarde, en 2016 comenzó un repunte de los estados republicanos, mismo que encuentran su punto más alto en 2018 con un total cercano a los 158 000 arrestos.

Es evidente la clara la tendencia mayoritaria de los estados republicanos ese año, con cerca de 98 000 arrestos realizados en alguno de ellos, destacando particularmente Texas, donde se llevaron a cabo alrededor de 44 000 arrestos, seguido por Georgia con cerca de 15 000, Florida con aproximadamente 8 400 y Arizona con 7 000. Para el caso de los estados demócratas, destacan California con 20 000 y Luisiana con cerca de 10 200, mientras que en el resto de los estados vemos un intervalo con un mínimo de 2 700 en Colorado y un máximo de 5 000 en Pensilvania, volúmenes menores y una distribución cercana en cada estado. Cabe destacar que en 2013 California se convirtió en el primer estado santuario, lo que dejó sin efecto cualquier legislación que obligara a los gobiernos locales a cooperar con actividades de refuerzo migratorio. En 2018 se publica la Ley Santuario de California (California Values Act), citada por ^{Cruz-Lera (2019}), y se establecen como zonas seguras las escuelas, las cortes y los hospitales, lo que implicó la nula operación del ICE en estos espacios considerados sensibles. Esto podría explicar la reducción en el volumen de arrestos para años posteriores, siendo entre los estados fronterizos el de menor dinamismo respecto al ICE (ERO-HSI).

Durante los dos años restantes observamos un comportamiento similar al descrito anteriormente, acompañado por una disminución en el volumen total que pasó de 143 000 en 2019, a 103 000 durante 2020. Los montos agregados según el partido político gobernante muestran una disminución, como es el caso de los estados republicanos, que pasaron de 80 000 a 61 000. Mientras los estados demócratas, que en 2019 registraron un aproximado de 59 000, en 2020 realizaron cerca de 40 000. Aunque es probable que este comportamiento pueda relacionarse con el incremento en la seguridad fronteriza como pudo observarse en el caso de la jurisdicción del CBP (bajo el argumento del COVID-19), llama la atención el volumen de arrestos registrados en Texas, que bajo el gobierno republicano registró aproximadamente 34 000, siendo el estado con mayores cifras en esta dependencia desde 2012. Caso contrario al de Arizona, igualmente republicano, que en los últimos dos años tuvo un volumen promedio cercano a los 5 000 eventos, siendo el estado fronterizo con menor cifra de esta misma dependencia. No obstante, Georgia se mantuvo como uno de los estados republicanos de mayor importancia con arrestos superiores a los 10 000, caso similar a lo ocurrido con Florida, que en promedio registró cerca de 8 000 entre 2019 y 2020.

En el agregado de estados demócratas, durante estos dos últimos años California se mantuvo como el lugar donde se realizó el mayor número de detenciones, 14 000 en 2019 y 9 000 durante 2020. A este agregado se sumaron Illinois y Minnesota en 2019, cuando el primero mantuvo un volumen considerable con 8 400 aprehensiones durante su primer año bajo gobierno demócrata y con cerca de 6 200 en 2020, similar a lo ocurrido en Luisiana que pasó de 9 800 a 6 300.

Comentarios finales

La migración, entendida como un proceso social, abarca diferentes momentos, aunque en este texto solo se destaca el relativo a la detención, la cual puede ocurrir de dos formas según las oficinas involucradas: aprehensión (CBP) y arresto administrativo (ICE). Cada una tiene diferentes repercusiones: puede concluir en distintos momentos o escenarios probables; puede ser un proceso administrativo que resulte en la estancia en prisión antes de la devolución o a la propia devolución al país de nacimiento o diferente, sin procedimientos previos.

La política migratoria estadounidense es materia federal. Sin embargo, cada estado tiene relativa libertad de decidir en qué medida la aplica, se apega o desapega de la misma, e incluso al interior de cada estado la política local puede desentenderse en lo práctico de los mandatos legales migratorios, según se argumentó a lo largo del texto.

Respecto a los datos presentados con base en los registros del DHS, observamos que las dinámicas son diferenciadas entre los estados pertenecientes a la frontera y los no fronterizos, particularmente al sur, donde hay mucho mayor dinamismo del CBP y el ICE en comparación con su frontera norte, mientras que al interior de EE. UU. solo algunos estados presentaron mayor actividad institucional (ICE) contra la migración indocumentada. Por lo que muestran los datos, esto ocurre particularmente durante 2006 y también se presenta cierto endurecimiento y refinamiento en las medidas político- legales durante la administración Obama.

No todos los estados al interior tienen un comportamiento similar, independientemente del partido. Pareciera haber un incremento en aprehensiones y arrestos, además de repuntes y adhesiones a políticas y programas migratorios federales en períodos electorales.

La dinámica fronteriza también tiene diferencias estatales. California, que al inicio del período de interés jugó un papel importante en las medidas de control a la migración a través de las instituciones referidas, con el paso del tiempo fue cambiando su protagonismo. Esto está muy relacionado con su alternancia política, particularmente en los mandatos demócratas en los que se presentó una clara distinción de los mandatos federales contra la migración, pero sin llegar a un volumen cero en aprehensiones y arrestos. Texas, por su parte, se mantuvo constante tanto en actividad de las instituciones (CBP e ICE), como en afiliación partidaria republicana. Arizona también mantuvo un constante nivel y dinamismo en aprehensiones y arrestos, con incrementos en función de los cambios de representación política a nivel estatal.

Respecto a las instituciones, la de mayor dinamismo fue el CBP, especialmente en la frontera sur. Al interior del país, el ICE tuvo mayor actividad a partir de 2007, siendo la división ERO la más activa durante el período analizado, mientras que el HSI fue perdiendo protagonismo.

El dinamismo de cada oficina no parece ser aleatorio. Existe relación con eventos del momento, como fueron los ataques a las torres gemelas, la iniciativa contra el crimen organizado en coordinación con México, la crisis económica de 2007 y las caravanas migratorias procedentes del norte centroamericano, por mencionar los más importantes. No obstante, esta respuesta o reacción no es la misma en cada estado, lo que refiere a una conjugación de factores principalmente de corte político-económicos y, en casos particulares como el de California, un tanto más político-locales y socio-identitarios según lo observado.

En términos generales, vemos una reducción en el volumen de arrestos con el paso del tiempo, sin considerar la composición porcentual de los flujos. En un escenario inercial, esto podría sugerir una disminución de los flujos con dirección a Estados Unidos, o la posibilidad de un cambio en el tipo de migración, especialmente la proveniente de México, pasando de migraciones indocumentadas a desplazamientos documentados. Como refiere ^{Calva (2019}), el aumento de solicitudes de visas para trabajadores ha sido una estrategia probable para hacer frente a los riesgos asociados a todo proceso migratorio, y más recientemente a la dificultad de mantener su permanencia en ese país. Aunque es difícil afirmar la desaparición de este tipo de migración, no se pueden negar los ajustes y la generación de nuevas estrategias para cruzar la frontera, ante las barreras y complejidades para lograr un tránsito hacia Estados Unidos. Sobre este tema, ^{Izcara y Andrade (2015}) han mencionado la adquisición de documentos mexicanos apócrifos por parte de migrantes centroamericanos, como una salida posible para lograr una devolución cercana en caso de detención. A esta veta de investigación cabría añadir las estrategias empleadas por inmigrantes que les permitan radicar en Estados Unidos cuando no tienen los documentos que acrediten su estancia.

Respecto a las detenciones relacionadas por los partidos gobernantes a nivel estatal, pareciera que en los gobiernos republicanos hubo un mayor número de arrestos. Los demócratas también juegan un papel importante, pero considerablemente menos independiente del estado. Quizá esto se debe a las demandas o a la tradición migratoria de cada estado particular, como fue el caso de Arizona, pues independientemente del gobierno demócrata, la cantidad de arrestos se mantuvo e incluso aumentó, especialmente en la jurisdicción del CBP. Mientras que en lo referente al ERO, pasó lo contrario: su participación fue mucho menor. Texas, que en las tres jurisdicciones se mantuvo como el primero o segundo estado de importancia, en todo momento tuvo gobierno republicano. California, estado con alternancia política, fue menos destacable en la jurisdicción del CBP, aunque en el caso de las oficinas del ICE (HSI/ERO) mantuvo una posición similar a la de Texas, colocándose entre uno de los estados con altos números de arrestos. Las agencias federales tienen actuaciones diferentes entre sí y también ciertas distinciones de acuerdo con las lógicas partidarias en los estados.

Los repuntes en las aprehensiones totales de cada dependencia, pero en especial en las pertenecientes al ICE (HSI/ERO), parecieran estar relacionadas con los períodos electorales de la administración federal y estatal, considerando que, al momento de una transición de gobernante o cambio de partido político, observamos un incremento en el volumen de arrestos y aprehensiones. Al parecer, una forma de mantener las candidaturas o gobiernos estatales podría estar relacionada con el incremento en las medidas para frenar y controlar la inmigración. Consideramos la posibilidad de ver el control migratorio como una medida para mantener la legitimidad y garantizar cierto número de votos para cada partido en períodos posteriores, dado que el tema migratorio pesa en el campo de seguridad nacional y abona al discurso de mejorar la seguridad, especialmente con la construcción del inmigrante indocumentado como un criminal (^{Zamora, 2020}).

Algunos estados con gobierno demócrata muestran poco dinamismo en dichas medidas, pero es en intervalos específicos cuando incrementan su contribución al control de la migración como se observó en California y Nueva York, situación similar a lo ocurrido en algunos estados republicanos, como Florida. Es posible que en entidades de mayor alternancia haya un incremento en los arrestos y aprehensiones a inmigrantes durante períodos electorales, aunque esto también puede ocurrir en estados con cierta tradición partidista. En efecto, pareciera haber mayor consistencia en los totales anuales de aprehensiones en estados como Texas y Arizona.

La zona de mayor actividad para el CBP es la frontera sur, algo predecible dados los flujos migratorios en ella. Desde 2005, California, Arizona y Texas concentraron entre el 97 y el 99 por ciento del total de aprehensiones realizadas por esta dependencia. A partir de lo analizado, afirmamos que no toda la frontera se comporta de manera homogénea, pues los estados de mayor dinamismo son Arizona y Texas, mostrando este último una consistente tradición republicana en el gobierno estatal. Algo similar a lo observado en Arizona, que solamente de 2003 a 2009 tuvo gobierno demócrata. En California pasa lo contrario: durante el período estudiado, hubo más gobiernos demócratas, excepto por un intervalo republicano (2003-2011). Es notable que, en comparación con los otros estados de la frontera sur, California registró cifras más bajas de aprehensiones.

El ICE (HSI/ERO) tuvo una notable participación en los estados colindantes con México, principalmente en California y Texas, y su presencia en estados no fronterizos fue adquiriendo mayor relevancia con el paso del tiempo, especialmente en períodos electorales. Destaca su dinamismo en Georgia, Nueva York, Illinois, Colorado y Míchigan, estados que no mostraron una tendencia clara sobre un partido en su gobierno estatal. El posible aumento de arrestos administrativos en estados alejados de la frontera, especialmente durante la administración de Obama, podría ser resultado de las políticas implementadas durante la crisis económica y de un mayor interés en la seguridad interna de Estados Unidos. Esto podría haber generado una diversificación y desplazamiento de poblaciones inmigrantes hacia otros territorios en busca de trabajo en nuevos destinos.

Además, cabría analizar el efecto inmediato de las ciudades santuario como uno de estos destinos que pueden favorecer la inserción de inmigrantes. Si bien estas ciudades son una reacción a las políticas extremistas que criminalizan la migración y surgen como resultado de un proceso político, podrían tener también una relación con la intención mantener un voto en contiendas electorales, como sugiere la información presentada y lo mencionado en investigaciones por ^{Cruz-Lera (2019}). Sin embargo, su impacto no es tan evidente a nivel estatal, excepto en el caso de California, y más bien responde a condiciones locales más específicas, como ocurre en San Antonio. Esta ciudad, a pesar de ser un santuario, no generó un gran efecto agregado en el estado de Texas, que se mantuvo en los primeros lugares en términos de arresto y aprehensión de inmigrantes. Este tema es una veta por investigar, especialmente enfocándose en su potencial de incidir y escalar en la política a nivel estatal o transversal, pudiendo replicarse en ciudades de otros estados.

Otra posible explicación relacionada con el mismo efecto de esta persecución interna sugiere una población migratoria que no sigue un patrón tan claro en estos últimos años con respecto a su destino.

Esto también podría estar relacionado con el crecimiento demográfico y la distribución espacial de la población inmigrante en Estados Unidos considerando la relativa antigüedad de los flujos y destacando los estados con cierta tradición migratoria, como California, Texas y Arizona, para diversas nacionalidades. Pareciera ser que quienes aprovecharon las reformas administrativas y políticas implementadas durante la administración Obama fueron los republicanos. Como pudimos observar, fueron los estados gobernados por este partido los de mayor número de aprehensiones y arrestos.

No hay suficientes elementos para descartar la posible asociación entre gobierno estatal y volumen de arrestos y aprehensiones, ya que parece existir cierta influencia del partido gobernante. Sin embargo, hay estados que muestran un comportamiento constante, al menos antes de 2018, con la excepción de Texas que continúa siendo uno de los estados con el mayor número de arrestos a lo largo de la frontera con México. Aunque esta afirmación no pretende ser determinante, abre la brecha a posibles estudios focalizados en estados del centro y norte de Estados Unidos, en los que se analicen con más detalle las características de la población inmigrante y la historia particular de cada territorio, pues no todos los inmigrantes se dirigen a los mismos lugares y no radican necesariamente en los mismos espacios del siglo XX.