Artículos

 

Estancamiento económico, desigualdad y pobreza: 1982-2009*

 

Economic stagnation, inequality and poverty: 1982-2009

 

Carlos Tello

 

Profesor de la Facultad de Economía, UNAM <tellocarlos@aol.com>

 

Resumen

Desde 1982, la estrategia de desarrollo de México ha cambiado desde un Estado promotor del proceso de crecimiento económico a un proceso orientado hacia el mercado. El cambio no logró los resultados que se esperaban en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso. En los casi 30 años desde 1982, el PIB per cápita en México prácticamente se ha estancado, la distribución de los ingresos no ha mejorado y las condiciones de vida de la mayoría de la población se han deteriorado.

 

Abstract

Since 1982, Mexico's development strategy changed from a State lead process of economic growth to a market oriented process. The change did not bring about the results that were expected, in terms of economic growth and income distribution. In the almost 30 years since 1982, GDP per capita in Mexico has practically remained stagnant, the distribution of income has not improved and the living conditions of the majority of the population have deteriorated.  

JEL classification: H53, I32, D63

 

A partir de diciembre de 1982, con la crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición, promovido por el Ejecutivo Federal, hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo.

Durante muchos años, de 1933 a 1982, la expansión de la economía nacional se asoció y recibió su mayor y más fuerte impulso de la creciente y muy variada participación del Estado, y de la protección frente a la competencia del exterior de la producción nacional (un modelo de crecimiento económico a base de la industrialización promovida por el Estado, que en la de las manufacturas se orientó, en buena medida, a la sustitución de importaciones). En esos cincuenta años, la tasa de crecimiento del PIB fue, en promedio, de alrededor de 6.5% al año en términos reales. El crecimiento fue sostenido. En ninguno de esos años dejó de crecer la economía y en muchos se pudo combinar con la estabilidad de los precios y del tipo de cambio. En otros, mejoró la distribución del ingreso.

 

El programa neoliberal y sus resultados

El programa neoliberal puesto en práctica en México a partir de 1983, y la política económica y social asociada a él, fue en parte promovido y ampliamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la comunidad financiera internacional. Se caracterizó por un conjunto de reformas, destinadas a alterar de manera significativa la estructura de la economía, que cubren muchas áreas relacionadas entre sí y todas tienen el declarado propósito de mejorar la eficiencia del sistema económico. La magnitud y profundidad de las reformas entraña un período de transición, en el que se modifican las instituciones, se redefinen las relaciones entre los factores de la producción y entre las clases sociales y en el que hay un reacomodo del poder.

El programa neoliberal¹ que compartieron y que con entusiasmo adoptan los gobiernos mexicanos –y que en la actualidad prevalece– promete mejorar la competitividad, estimular el libre acceso a los recursos de capital y a los tecnológicos así como promover una estructura económica más flexible. Todo ello, a fin de desarrollar un ambiente más favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros y así lograr un crecimiento económico sostenido, estabilidad en los precios y los más altos niveles de bienestar para la población.

Se abandona, progresivamente, el proyecto de desarrollo que México siguió durante décadas por otro, distinto y de profundas reformas estructurales, que busca descansar en el libre juego de las fuerzas del mercado para asignar y utilizar los recursos, mercado no regulado, abierto a la competencia con el exterior y con cada vez menor participación del Estado.

El programa, que sin mayor consulta democrática a la población, se puso en práctica en el país (después de varios esfuerzos de ajuste de carácter ortodoxo que no dieron el resultado que de ellos se esperaba) descansó, en lo fundamental, en tres reformas llamadas estructurales:

Redimensionar al Estado

1) en las finanzas públicas, progresiva eliminación del déficit público; reducción del gasto público, sobre todo el de inversión fija y el destinado al gasto social; reducir, hasta eliminar, los diversos subsidios a las actividades económicas y a las personas (no tanto los que benefician a las empresas); incrementar los precios y las tarifas de los bienes y de los servicios que el sector público ofrece a la economía; descansar en los impuestos indirectos (más que en los directos) para aumentar la recaudación; reducir las tasas y los tramos en el Impuesto Sobre la Renta; eliminar paulatinamente los gravámenes al comercio exterior. Pagar cabal y puntualmente la deuda con el exterior y, en el tiempo, reducir la deuda interna y la externa como proporción del PIB.

2) venta, transferencia o cierre de las empresas del sector público. Muchas de las empresas eliminadas, se relacionaban con las actividades agropecuarias y las de desarrollo social. Desmantelamiento de una amplia red de protección social para las clases populares.

3) desregulación progresiva de las diversas actividades económicas y sociales que el sector privado lleva a cabo.

4) simplificación de los trámites de diversa índole que los particulares llevan a cabo ante la autoridad.

Apertura al exterior

1) eliminar, rápida y progresivamente, los gravámenes y los controles cuantitativos al comercio exterior.

2) eliminar progresivamente el control de cambios.

3) ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Posteriormente a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

4) firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

5) firma de tratados y acuerdos de libre comercio y de carácter financiero con varios países.

6) ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

7) apertura a la inversión extranjera y desregulación de la misma. Eliminar los diversos controles sobre el movimiento y destino de capitales.

Política monetaria y financiera

1) desregulación del servicio de banca y crédito (de las operaciones activas y de las pasivas; ausencia de regulación prudencial).

2) el servicio de banca y crédito deja de ser un servicio público concesionado y pasa a ser una actividad tan sólo sujeta a autorización.

3) privatización de la banca y su apertura al capital externo.

4) paulatina eliminación del encaje legal y de su estrecha relación con el sistema de operaciones selectivas de crédito.

5) cancelación de muchos de los fidecomisos de fomento, que operan como mecanismos de descuento y garantía.

6) eliminación de parte de la banca nacional de desarrollo y fomento. La que permanece, reduce sustancialmente sus actividades a operaciones de segundo piso con la banca privada.

7) autonomía del Banco de México. Su tarea principal: velar por la estabilidad de los precios internos.

A estas reformas estructurales, se sumó la continuación de la reforma política –que arranca en 1977– y que busca llevar al Estado "a una democracia representativa que pudiese recoger la pluralidad social e ideológica y diese un cauce productivo y renovador a los conflictos y pugnas distributivas y por el poder que son propias de las sociedades complejas."²

La economía mexicana cumple ya varios lustros de experimentación neoliberal, de largos y penosos períodos de ajuste y estabilización. El saldo de todo ello es: lento –en realidad mediocre–, crecimiento económico (la OCDE, lo llama "decepcionante"); persistente desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso; abrumadora pobreza y lamentables condiciones de existencia en por lo menos la mitad de la población; reducidos ingresos fiscales, que apenas soportan un menor gasto público programable; insuficiente y deficiente infraestructura básica (i.e., uso y aprovechamiento de agua, energéticos, comunicaciones y transportes); desarticulación productiva, sobre todo en las actividades industriales (las manufacturas); pocas oportunidades de empleo bien remunerado, estable y seguro; crecimiento de la informalidad en el mercado de trabajo y migración masiva a Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en el país, son algunas de las expresiones de ello.

En los últimos veinticinco años, los que van de 1983 a 2009, la economía mexicana prácticamente ha estado estancada. En algunos años, pocos, se logró crecimiento económico (1991-1994 y, a un ritmo mayor, 1996-2000). Pero después vinieron los programas de ajuste (1994-1995 y 2001-2003). En todo caso, en conjunto, el PIB por persona no ha superado, en promedio, la tasa real de crecimiento de 0.4% al año, muy por debajo de la de alrededor de 3% al año que registró durante los años de expansión de la economía mexicana (1933-1982). La crisis económica que actualmente vive el país, ya ha empeorado las cosas. Según las autoridades mexicanas, el FMI y el Banco Mundial, en 2008 el PIB por persona no creció y para 2009 se estima que bajará 7% (o más). El comportamiento de la economía y de los precios al consumidor ha sido:³

La economía se ha vuelto una donde predominan de manera notable los servicios y el comercio (incluyendo el informal):⁴

Las políticas de estabilización y ajuste, junto con la apertura de la economía nacional para así mejor incorporarse al mercado global (significadas por el acelerado ritmo con que se instrumentaron, por la característica de no estar acompañadas, principalmente de una activa política industrial y de desarrollo rural y por descansar, destacadamente, en ofrecer mano de obra barata, y no en la promoción de la transferencia de la fuerza de trabajo de actividades de menor a las de mayor valor agregado) no lograron mayor crecimiento económico y sí provocaron desigualdad en la distribución del ingreso en el país.

...el análisis de largo plazo (1950–2000) de las tendencias en la distribución funcional del ingreso permiten apreciar cómo las tendencias dominantes en los sesenta y setenta se revirtieron drásticamente en los ochenta y noventa, como consecuencia de la aplicación de las mencionadas políticas de estabilización y ajuste que tendieron, en términos de la aplicación del modelo de Kalecki ampliado a una economía abierta, a deprimir la participación de las remuneraciones a los asalariados en el producto no agropecuario del país, a consecuencia del rezago que presentó la evolución de los salarios reales vis a vis el tipo de cambio real en la economía mexicana. En términos de la distribución del ingreso de los hogares, el análisis de largo plazo (1963–2000)..., permite inferir la presencia de un fenómeno similar: la existencia de una clara tendencia hacia menores patrones de concentración del ingreso en las décadas de los sesenta y setenta, en las que la economía mexicana transitó las últimas etapas de crecimiento por la vía de industrialización por sustitución de importaciones (economía cerrada) y su notable reversión a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, al mismo tiempo que se impulsaban los más significativos cambios estructurales de la economía mexicana para hacerla funcional con la globalización en marcha.⁵

La participación de las remuneraciones a los asalariados en el ingreso del sector no agropecuario, después de la caída que se registró entre 1982 y 1987, repuntó años después para volver a caer y situarse a finales del siglo XX y los primeros años del XXI en un nivel inferior (o similar) al de 1952.⁶

A partir de los primeros años de la década de los ochenta se da un aumento sostenido en la concentración del ingreso. La parte del ingreso que se llevan los hogares más acomodados crece sistemáticamente entre 1984 y 1994 y se mantiene a ese nivel. En 2008, 10% de los hogares más pobres, apenas sobrevive con alrededor de 1% del total del ingreso, mientras que 10% de los hogares más ricos concentra más de 40% de ese total. Visto de otra manera, para ese mismo año, más de 56% del ingreso lo concentra 20% de los hogares más ricos, mientras que 20% de los hogares más pobres tiene apenas 3.6% del ingreso. El coeficiente de Gini creció después de 1984, se mantuvo en niveles elevados y disminuyó en 2006, para volver a crecer en 2008.

En comparación con lo que ha pasado en el resto del mundo, para el año 2006, México perdió sitio y la brecha que separa al país del resto del mundo creció. Y en estos tres últimos años seguirá creciendo, pues la caída de la economía mexicana es superior a la del promedio de América Latina, a la del promedio de Europa Occidental y a la de Estados Unidos. En términos de PIB por persona, el de México pasa a estar por debajo del de varios países de América Latina. También por debajo del de Corea (que en 2008 su PIB por persona es equivalente a 55% del de Estados Unidos, mientras que el de México, en ese año, tan sólo es equivalente a 23% de ese país), Singapur, Malasia y Hong Kong. En 1950 el PIB por persona en México era 33% más alto que el de Portugal y 4% más alto que el de España, para el año 2000 ya es inferior al de estos países: 40 y 50% respectivamente.

La distribución del ingreso en México en relación a la de otros países es:

 

Toda una década perdida

Para hacerle frente a la crisis de la deuda externa de 1982, para evitar, al decir del presidente De la Madrid "que la patria se nos deshaga entre las manos", se pone en práctica un drástico ajuste fiscal y externo que tiene como objetivo central, casi único, generar un excedente suficiente para continuar pagando cabal y puntualmente la deuda externa del país. Su costo le significó al país entre 5 y 6% del PIB cada año durante 1983-1988. Con ello, se esperaba, estabilizar la economía para, posteriormente, volver a los mercados financieros internacionales y así recuperar el crecimiento. La estrategia no rindió los frutos esperados. Más bien, resultó ser una "política económica del desperdicio":¹¹ se pagó el servicio de la deuda externa –a un muy alto costo para el país–, pero su monto absoluto no se redujo, ni tampoco su saldo como proporción del PIB.

En términos macroeconómicos el sexenio 1983-1988 fue desastroso: el PIB por persona se redujo a un ritmo anual de 2.1% en términos reales; los precios al consumidor aumentaron, en promedio, a un ritmo anual de 90%; el tipo de cambio pasó de 57 pesos por dólar en promedio en 1982 a 2 mil 284 pesos en 1988 (un aumento de más de cuatro mil por ciento). La formación bruta de capital (sobre todo la que lleva a la práctica el sector público) se desplomó: de superar 26% del PIB en 1981 entró en descenso, a partir de 1983 y por varios años llegó a montos inferiores a 16% y en 1995 cayó a 14.5%. El retroceso en el proceso de formación de capital aún se padece, pues es notoria la insuficiencia (y deficiencia) de la infraestructura, como también lo son los agudos embotellamientos que seriamente limitan aún en la actualidad las posibilidades de crecimiento económico.

En esos años, se concentró aún más el ingreso y el impacto en el bienestar de la población, la más pobre y la de ingresos medios, fue doble: el ingreso nacional se redujo, pues la economía decreció, y ese reducido ingreso nacional se distribuyó de manera más inequitativa: tanto los salarios mínimos como los contractuales se desplomaron y el desempleo se multiplicó.

Acostumbrada a un proceso de crecimiento económico acelerado, prácticamente sin interrupción durante casi cinco décadas, la sociedad mexicana vivió, a partir de 1982 y hasta 1988, la más severa y prolongada crisis económica y social desde el final de la etapa armada de la Revolución Mexicana.

En términos reales, el descenso en el ingreso nacional fue mucho mayor que la caída del PIB. Ello, no sólo como consecuencia del aumento en el egreso neto pagado al exterior (el servicio de la deuda externa del país representó durante los años de crisis entre 5 y 6% del PIB), sino también como resultado del movimiento adverso en los términos de intercambio (los precios promedio de las exportaciones mexicanas cayeron drásticamente –principalmente petróleo–, en tanto que los precios promedio de las importaciones del país continuaron aumentando). Este empobrecimiento del país estuvo acompañado de una sustancial aceleración de la tasa de inflación y de una fuerte depreciación de la moneda.

 

Todo ello provocó una más inequitativa distribución del ingreso

La caída en el ingreso fue muy desigual. Los ricos, con las devaluaciones de la moneda frente al dólar estadounidense aunadas a la especulación monetaria y bursátil, se hicieron más ricos (el índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores, que se multiplicó varias veces, creció muy por encima del índice de precios al consumidor¹³). Las clases medias perdieron, con la creciente inflación y sus relativamente estancados sueldos, los niveles de vida que ya habían alcanzado. A los obreros, a los campesinos y a los subempleados urbanos y rurales les fue cada vez más difícil satisfacer sus necesidades esenciales.¹⁴

El desempleo formal creció: pasó de 6% de la PEA en 1980, a 14.7% en 1985 y 11% en 1988. Los salarios mínimos llegaron a representar tan sólo 50% del nivel alcanzado en 1982 y los contractuales 62%. La participación de las remuneraciones a los asalariados en el ingreso del sector no agropecuario pasó de 39.4% del total, en 1982, a 29.9% en 1987.

Los precios de garantía de los productos agrícolas –en cierto sentido, el salario de los campesinos– también disminuyeron, la producción de granos básicos se estanca o cae y los rendimientos por hectárea cultivada se reducen.

La reducción en el empleo y en los ingresos de los campesinos y de los trabajadores estuvo acompañada de una importante caída en el gasto público en los renglones asociados al bienestar social de trabajadores y campesinos.

Y fueron las entidades federativas más pobres (Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo) las que mayormente fueron afectadas a raíz de la reducción del gasto público:

Los resultados de las encuestas que lleva a cabo el Instituto Nacional del Consumidor (INCO) indican que, en 1983, la mayoría de las familias de ingresos por debajo de dos veces el salario mínimo disminuyeron el consumo de todos los productos alimenticios (tortillas no). También la composición de los alimentos cambió en contra de las proteínas animales. Para 1985, seguía sucediendo lo mismo. Además, la mortalidad infantil causada por deficiencias nutricionales aumentó a partir de 1982, luego de haber caído en forma continua durante varios años. En materia educativa, después de 1982 disminuyó el número de niños y de jóvenes que continuaba sus estudios y, en esa medida, el promedio de escolaridad de la población subió en la década de los años ochenta más lentamente (tan sólo un año, cuando en la década anterior subió dos).¹⁵

La caída en los salarios, el crecimiento en los niveles de desempleo y la disminución del gasto público destinado al desarrollo social, al combinarse con la reducción en el nivel general de actividad económica y un fuerte proceso inflacionario, hizo a la sociedad mexicana, durante estos años de crisis, más desigual de lo que ya era y, además, la empobreció. En México, al inicio de la última década del segundo milenio, había más pobres y la sociedad era más desigual. Se retrocedió respecto a los niveles de justicia social que ya se habían logrado. En particular en las zonas rurales del país, donde aún vive casi la cuarta parte del total de la población.

Durante estos años, la correlación de fuerzas en la sociedad mexicana cambió y se movió aún más a favor de los ricos y poderosos.

Las condiciones de vida de los campesinos se deterioraron severamente durante la década de los años ochenta: el PIB agropecuario por persona en 1988 fue menor que el de 1960 y notoriamente inferior al alcanzado en 1981. La inversión pública federal en esta actividad, que en 1980 representó 25% del PIB agropecuario, cayó año tras año para representaren 1988 tan sólo 3.2%. Los precios de los productos del campo no guardaron relación con los crecientes costos de producción y los rendimientos por hectárea cayeron. A ello se sumó la reducción del gasto público social, que notablemente se dio en las zonas rurales.

En estos años se afectaron de manera desigual a los campesinos y a sus organizaciones. Desde luego que los mejor organizados se movilizan para defender sus intereses y su economía. Luchan por mejorar los precios de garantía para los productos agrícolas, por conservar –incluso ampliar– los programas sociales para la población rural y los de fomento agropecuario y por conservar sus recursos. Pero esas luchas y conquistas no benefician a la totalidad de los campesinos. Los más no están debidamente organizados o, si lo están, su organización es frágil, precaria y sujeta al poder caciquil. La CNC, en tanto organización mayoritaria de los campesinos, continúa perdiendo fuerza. Sigue hablando a nombre de los campesinos pero éstos, cada vez más, descansan en sus organizaciones locales o de grupos de productores.¹⁷

Si en la década de los setenta el movimiento obrero elaboró, renovando su discurso, planteamientos en torno al desarrollo nacional, en la década de los ochenta del siglo XX su actividad se centró en la defensa de las conquistas ya alcanzadas.

Casi todos los organismos gremiales se encontraron en una situación defensiva y se dedicaron entonces a conservar sus prerrogativas más elementales: salarios –seguros aunque sean bajos–, empleo –que se vuelve casi un privilegio frente a crecientes reajustes y cierres de empresas– y prestaciones laborables –recurso útil para compensar, aunque sea poco, las insuficiencias de los salarios– fueron las demandas que preocuparon más a los trabajadores y a sus sindicatos.¹⁸

La naturaleza heterogénea del movimiento obrero organizado y las prácticas que lo caracterizaron durante los años de auge, se acentúan en los años de relativo estancamiento. A pesar de que muchas de las medidas puestas en práctica por el gobierno le afectaron adversamente, el movimiento obrero, al asumir la crisis como inevitable y la política económica del gobierno como la única opción para hacerle frente, tuvo en la década de los ochenta una presencia cada vez menos protagónica en las discusiones y las decisiones nacionales. La dirigencia obrera se quedó rezagada frente a la política económica gubernamental: el desempleo creció y disminuyó el salario real de los que mantuvieron su empleo.

Los empresarios, en cambio, se fortalecen y ganan terreno en estos años. De inmediato ajustan cuentas con el gobierno en turno, que desde luego acepta (y en buena medida, comparte) el diagnóstico económico que hacen de la situación: uso excesivo e ineficiente del gasto público, su inadecuado financiamiento, creciente participación del Estado en la economía, el "populismo" y la corrupción son, para ellos, los factores que la explican la crisis. La política económica que el gobierno instrumenta para combatirla recoge buena parte de las demandas de los empresarios: se reduce el gasto público, se privatizan empresas públicas, se ajustan los precios relativos –baja el salario real y sube la tasa real de interés– se liberan los precios controlados y se reducen los subsidios. Algunos de los programas gubernamentales orientados a reducir la pobreza y a combatir la desigualdad en la sociedad mexicana son tachados, de populistas, incluso por el propio gobierno, y abandonados.

Ante las concesiones gubernamentales, crecen las demandas de los empresarios que, por lo demás –y contra las expectativas del gobierno–, no comprometen sus recursos con la nación sino que, por el contrario, acrecientan sus ganancias por la vía especulativa, que en parte envían al extranjero. La política cambiaria instrumentada hace de la compra de divisas un atractivo y redituable negocio.

Durante la década de los setenta, la estructura de costos y el peso del margen de ganancia en el valor de la producción privada se mantuvieron relativamente estables, ... , durante la crisis [a partir de 1983] aumentan la participación del margen de ganancia –en más de 6 puntos porcentuales– y la participación de los insumos provenientes de empresas públicas –en más de tres puntos– reduciéndose en términos relativos la participación de los insumos importados, a pesar de su notable incremento de precios, y sobre todo los costos de trabajo, como resultado del rezago de los salarios frente a los precios.¹⁹

El fracaso de los programas de ajuste puestos en práctica durante los cinco años que van de 1983 a 1987 (no se pudo controlar el proceso inflacionario y sí se pagó el alto costo que esos programas significaron en materia de crecimiento económico, empleo y bienestar de la población), llevó al gobierno en diciembre de 1987 a introducir el Pacto de Solidaridad Económica (PSE).

Junto con las políticas monetaria y fiscal restrictivas (típicas de los programas ortodoxos de estabilización), en el PSE y, después, en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento (PECE), que se instrumentó de 1989 a 1992, se añadieron políticas heterodoxas (como el control negociado y acordado de los precios líderes de la economía) y se aceleró la apertura comercial "para fijar un límite superior a los precios de los bienes comerciables y contribuir a abatir el costo de los bienes intermedios."

El Presidente de la República y los representantes de los obreros, campesinos y empresarios suscribieron los dos pactos y hubo reuniones periódicas a partir de 1987 para evaluar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los compromisos.

El gobierno emprendió entonces la búsqueda de consensos y se comprometió a respetar un ajuste fiscal real, permanente y visible. Este ajuste no sólo se reflejó en una reducción del gasto corriente, sino en un sólido programa de privatización y en el cierre de compañías deficitarias manejadas por el Estado. Por su parte, el sector privado debía comprometerse a sacrificar sus márgenes de ganancia mientras que los sectores obrero y campesino prescindían de un incremento adicional en sus salarios reales.²⁰

 

La distribución del ingreso y la pobreza

Los años que siguieron, de 1992 a 2000, continuó la política económica diseñada a partir de las tres reformas llamadas estructurales.

En diciembre de 1994, durante el cambio de gobierno, se registró una profunda crisis económica, "el error de diciembre", que se caracterizó por una intensa y cuantiosa fuga de capitales, lo que provocó una brusca variación del tipo de cambio, fuertes incrementos en la tasa de interés, se dispararon los precios y el PIB cayó más de 6% en 1995. El desempleo creció y la distribución del ingreso se hizo más inequitativa. Los pobres patrimoniales llegaron a representar 70% del total de la población en el país.²¹

Entre 1988 y 2000, el salario mínimo y los salarios contractuales, en términos reales, continuaron bajando y la participación de los salarios en el ingreso no agropecuario subió de 33% del total en 1988 a 38.5% en 1994, para después caer a 33% en 2000. En este año, 10% de los hogares en México (los más pobres) contaban con apenas 1% del ingreso total del país. En cambio, 42% del ingreso total lo absorbía 10% de los hogares más ricos.

Durante los años que van de 1982 a 2000, los principales indicadores macroeconómicos se comportaron de la siguiente manera:

En los años de 1983 a 1988 en que cayó en picada el PIB por persona, el gobierno poco (casi nada) hizo para atender a las necesidades de la población que vivía en la pobreza y la indigencia. Lo que sí hizo fue desmantelar Coplamar.

En diciembre de 1988, después de seis años de no atender el asunto, se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) con el fin de mejorar las condiciones de existencia de la población que en México vivía en pobreza. Aprovechando la experiencia y el trabajo de Coplamar, que a su vez tomó mucho del Pider, el Pronasol tuvo como propósito desarrollar programas de bienestar social, infraestructura y otros proyectos productivos enfocados a los grupos de la población más pobres.

Cuatro principios organizaron su trabajo: a) respeto a la iniciativa y forma de organización de las comunidades participantes; b) organización y democracia: para participar era necesario que las comunidades se organizaran y que la elección de los dirigentes se llevara a cabo a través de métodos democráticos; c) corresponsabilidad: que las comunidades beneficiadas aportaran recursos y trabajo; d) transparencia en el manejo de recursos.

Vino después, en 1997, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que concentró sus esfuerzos en la población más necesitada. La que vive en condiciones de pobreza extrema que, a mediados de la década de los noventa, se estimaba en casi 25 millones de personas, o sea cerca de 37% de la población total del país. Más de la mitad de ellos vive en zonas rurales, en localidades con menos de 2 500 habitantes (la mayor parte de las localidades de alta y de muy alta marginación, tienen muy pocos habitantes: hasta 500 personas, casi todas ellas muy pobres).

Progresa está integrado por tres componentes, otorgados simultáneamente para aprovechar sus mutuas complementariedades: i) apoyos educativos... a niños y jóvenes...; ii) atención a la salud básica de todos los miembros de la familia...; iii) apoyos para mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional...²³

Mientras que Pider, Coplamar y Pronasol atendian a los grupos sociales y procuraban la organización de los beneficiarios –estableciendo una relación directa entre el gobierno y las comunidades–, Progresa (y después Oportunidades, que así se le llamó a partir del año 2001), establece un esquema de transferencias de recursos que implica una relación entre gobierno y las familias pobres. Es decir, optó por focalizar los apoyos. Privilegia al individuo, sobre el grupo o la comunidad. También, mientras que los primeros programas de combate a la pobreza buscaron establecer en las comunidades condiciones mínimas de bienestar y un piso social básico (i.e., servicios de salud y educativos, agua potable, electricidad, caminos de acceso), Progresa y Oportunidades descansan en el apoyo monetario a las familias pobres.

No se pudo lograr, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, una distribución más equitativa del ingreso entre las familias, y una reducción en el número de personas que vive en condiciones de pobreza en el país.

Las mejoras en la distribución del ingreso logradas hasta 1982, se revirtieron a partir de 1983, año en el que, junto con el creciente desempleo, se cancelaron y redujeron varios programas de carácter social que venía impulsando el gobierno para atender a la población más pobre del país.

En términos relativos, siguiendo el comportamiento de la economía en su conjunto (cuando la economía crece, el número de pobres disminuye), la proporción de la población en condiciones de pobreza pasa de 53% del total en 1992, para subir a 69% en 1996 y volver a establecerse en torno a 54% del total de la población en 2000 y 47% en 2008. Dicho de otra manera, en 2006, 1% de los hogares más ricos disponían de 9.2% del ingreso y 31% de los hogares más pobres disponían, también, de 9.2% del ingreso.²⁵

También la desigualdad en la distribución del ingreso está estrechamente correlacionada con la extrema riqueza (los más ricos de los ricos). Lo que hace más desigual a México en comparación con otros países, es la barrera que separa a la minoría relativamente más rica con el resto de la población: desigualdad persistente, requiere de elites persistentes. Esto se puede apreciar al examinar en México el coeficiente de Gini: por ejemplo, en 1996, Gini convencional 0.521 y Gini truncado (excluye 10% más rico) 0.340.

La situación es aún más inequitativa, pues dentro del décimo decil hay enormes diferencias: dentro de este decil, los más ricos concentran, en buena medida, el ingreso de ese grupo de población. Hay grandes disparidades en las remuneraciones entre aquellos que más ganan y el resto de la población.

En 2001, los directores generales de compañías líderes (ingresos superiores a 500 millones de dólares) tuvieron remuneraciones promedio de 866 666 dólares anuales (de las más altas del mundo). Ello se repite en el gobierno: en 2002, en México los secretarios de Estado (nivel equivalente a ministros) tuvieron remuneraciones promedio de 179 000 dólares anuales, superiores a los que sus contrapartes obtienen en otros países (por ejemplo, España, Gran Bretaña). Algo similar sucede en el ámbito parlamentario y en el del gobierno local (municipios). En cambio, en esos años, el salario promedio anual de trabajadores formales fue de 6 000 dólares.²⁶

No podía ser de otra manera. Por más programas de combate a la pobreza que se lleven a la práctica (y en buena hora que así suceda), difícilmente podrán superar, de manera significativa, las condiciones de pobreza en que viven la mitad de los mexicanos si el resto de la política económica y social que se instrumenta promueve la desigualdad. Por un lado, sólo marginalmente se combatió la pobreza y se procuró mejorar la distribución del ingreso. Por el otro, se pusieron en práctica muchas y muy diversas políticas económicas y sociales que promovían la desigualdad en la distribución del ingreso y provocaban mayor pobreza. Además, con ello se apoya a los muy ricos.

La política económica instrumentada durante los años de relativo estancamiento económico necesariamente tuvo que arrojar mayor desigualdad y mayor pobreza. No se estimuló el crecimiento económico y, en esa medida, generó mayor desempleo de la población que año con año accedía al mercado de trabajo en busca de un ingreso estable y seguro. Ello multiplicó el trabajo informal, que durante los últimos veinte años del siglo XX tuvo un crecimiento acelerado (aunque inferior al que ha tenido en los primeros años del siglo XXI). Y ello justo en los años en que se estaba dando la transición demográfica, el llamado bono demográfico, en que la población de jóvenes y de jóvenes adultos presionaba para incorporarse al trabajo.

Los salarios monetarios, incluyendo los de los trabajadores organizados, crecieron por debajo de los precios y de la productividad. La reducción del gasto público (el de inversión y el de desarrollo social) y el desmantelamiento de muchas de las entidades públicas orientadas a proteger y atender a la población rural y urbana marginada, contribuyó a la mayor desigualdad y a mantener en condiciones de pobreza a la mitad de la población.

La política tributaria y de transferencias sociales, que puede mejorar la distribución del ingreso, se mantuvo en México favoreciendo el ingreso derivado de la posesión de capital y gravando de manera más que proporcional al ingreso derivado del trabajo. Las pocas transferencias sociales que hizo el gobierno de México no modificaron de manera importante la desigualdad en la distribución del ingreso.

Se dejó de apoyar al campo: los recursos, de toda índole, que el Estado canalizó a las zonas rurales se desplomaron y los campesinos con dificultad sacaron adelante la producción. Muchos de ellos, se dedicaron a obtener ingresos de fuentes distintas al trabajo agropecuario. Conforme pasaban los años, la proporción de los ingresos de la población rural proveniente de las tareas agropecuarias fue disminuyendo y, en cambio, creciendo la parte del ingreso que obtuvieron de trabajos no agropecuarios de muy distinta naturaleza. En los primeros años del siglo XXI, tan sólo 18% del total de los ingresos de los hogares rurales provienen de actividades de producción agropecuaria.²⁸ Se acentuó la división entre los pocos, los agricultores que cuentan con capital, buena tierra y agua disponible (y que, además, concentraron los reducidos apoyos al campo que el gobierno proporcionó: notablemente Pro-campo), y los muchos, los campesinos minifundistas que cultivan tierras de un temporal muy incierto.

La apertura de la economía nacional, que sin duda estimuló el crecimiento de las exportaciones, también lo hizo respecto a las importaciones que el país hace. De hecho, éstas en su monto son mayores y han crecido a un ritmo superior que las primeras. México pasó de ser una de las economías más protegidas del mundo a una de las más abiertas. Y ello tan sólo en unos tres años. Dejó de estimularse el mercado interno, para descansar fundamentalmente en el externo. En la práctica, se dio un proceso de desintegración industrial al desarticularse muchas de las cadenas productivas.²⁹ No se generó empleo industrial, en la medida de lo que se esperaba. El que sí creció fue el de la industria maquiladora. Empleo de poco valor agregado (el modelo maquilador de exportaciones tiene pocas relaciones intersectoriales con el resto de la economía. Ello inhibe el crecimiento de la actividad económica en su conjunto). Las organizaciones obreras fueron perdiendo presencia en la política nacional. Ante la falta de trabajo estable y seguro, se concentraron en defender sus muy específicos intereses. La informalidad en el trabajo (de los jóvenes y, crecientemente, de las mujeres y de los niños), fue ocupando a la oferta de mano de obra que no pudo obtener empleo formal en la industria y en los servicios.

Todo ello provocó que se mantuvieran altos índices de desigualdad y de pobreza. En México, al terminar el segundo milenio los pobres están en todas partes. Los extremos de opulencia y miseria se encuentran y se enfrentan en todos los lugares de la República Mexicana.

La mayoría de los mexicanos en situación de pobreza extrema sobreviven en las zonas rurales, montañosas del país –de difícil acceso– que arrancan de los Altos de Chiapas y continúan por Oaxaca y parte de Tabasco, la sierra de Guerrero, una parte de la sierra de Veracruz, partes de los estados de Puebla, de Hidalgo, de Michoacán, de Nayarit y que se prolonga hasta la sierra Tarahumara en Chihuahua. También sobreviven en las zonas desérticas del país: en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua. Alrededor de dos terceras partes de la población en extrema pobreza en el año 2000 vive y trabaja en zonas rurales. Muchos de ellos son indígenas. El resto, se encuentra en las zonas marginadas de prácticamente la totalidad de los centros urbanos del país. Estos últimos, a su vez, concentran el grueso de los mexicanos que están en situación de pobreza. Si bien la pobreza es un fenómeno crecientemente urbano, la pobreza extrema crece conforme se mueve uno –dentro del país– de norte a sur, de la costa al altiplano, de las ciudades al campo.

Entre las características más destacadas de la población de México que está en condiciones de pobreza y de pobreza extrema están, en primer lugar, lo heterogéneo de su quehacer. Hacen todo tipo de cosas para subsistir. En segundo lugar, son particularmente móviles, trasladándose de un lugar a otro (incluso algunos fuera del país) para ganar los ingresos que tanto necesitan para sobrevivir. En tercer lugar, cambian con frecuencia el tipo de actividades que desempeñan: un día hacen una cosa y al día siguiente otra. En cuarto lugar, por la naturaleza del trabajo que desempeñan, difícilmente se pueden agrupar y –en esa medida– defender como grupo sus intereses. Más bien, están sujetos a todo tipo de extorsiones y represiones. Analfabetas –o analfabetas funcionales– los trabajadores pobres urbanos y rurales carecen de capacitación para el trabajo y no cuentan con organizaciones que defiendan sus intereses. Al no estar vinculados a sindicato alguno, o estarlo de manera muy precaria (i.e., industria de la construcción), no tienen la protección de la seguridad social, ni de otros beneficios (i.e., tiendas sindicales, vivienda). En quinto lugar, los ingresos que reciben por su trabajo son precarios, poco estables y fluctúan de un día a otro. Alejados de su fuente de trabajo, viven en casas alquiladas. Por ello, sus gastos de transporte y vivienda son desproporcionados al ingreso que reciben y sus hijos y sus mujeres complementan su reducido ingreso monetario dedicándose –por lo general– a la venta ambulante y al empleo ocasional. Los trabajadores en condición de pobreza y de pobreza extrema constituyen una enorme reserva de fuerza de trabajo, marginalmente ocupada, que además mantienen el nivel general de los salarios en el país relativamente bajo. Finalmente, al no tener un trabajo estable y subordinado a un patrón, el acceso a los servicios que el Estado proporciona en las áreas sociales (i.e., salud, seguridad social, vivienda, incluso educación) es muy limitado, prácticamente inexistente.

En los hogares pobres:

... el número de personas por perceptor de ingresos o el número de miembros inactivos que depende de un activo, así como el número de personas por cuarto para dormir, son sustancialmente mayores que en los hogares no pobres... Pero los hogares pobres no sólo son de mayor tamaño que los no pobres sino que... tienden a mostrar una mayor presencia de niños menores de 12 años (prácticamente el doble)... La proporción de hogares encabezados por mujeres es mayor en los hogares no pobres que entre los pobres... Los jefes de hogares pobres exhiben menores niveles de escolaridad que los no pobres... En cuanto a la incidencia de la pobreza según la edad de los jefes de los hogares, el panorama es claro: la pobreza tiende a estar más generalizada entre los hogares con jefes jóvenes (entre 21 y 40 años) y menos entre los de 41 a 60 años de edad ... Las viviendas con piso de tierra, que no cuentan con energía eléctrica, que no tienen agua entubada y que no disponen de baño se presentan en mayor proporción en los hogares pobres que entre los no pobres... la proporción de viviendas no pobres que poseen diversos bienes de consumo durable es claramente más elevada que en los hogares pobres.³⁰

En las zonas rurales, los pobres son por lo general campesinos sin tierra (o con una parcela muy chica y de mala calidad) y jornaleros agrícolas migrantes (i.e., cortadores de caña, pizcadores de café). Dentro de la población rural, los pueblos indígenas son los relativamente más afectados por la pobreza extrema. En todos los casos, son las mujeres, los niños menores de seis años de edad, los jóvenes y los ancianos los grupos de la población más afectados.

Los sistemas de producción e intercambio marginales al resto de la economía sirven, por el hecho de serlo, para acentuar la desigualdad de origen. Se trata de un colonialismo interno generalizado que se ve apoyado por una forma paternalista y aún racista de ver ese mosaico cultural que todavía es México, que ha servido para que se siga explotando a los indios y como excusa para continuar combatiendo las formas de vida, costumbres y organización social de las comunidades campesinas. Generalmente analfabetas y sin el beneficio de los servicios que aseguren un mínimo de bienestar, los grandes contingentes de marginados no constituyen un mercado en lo económico. En lo político, por carencia de un claro proyecto nacional, falta de representación y voz en la cosa pública, sus puntos de vista e intereses generalmente son ignorados o, si se conocen no son tomados en cuenta. Son doblemente explotados.

La abundancia de mano de obra, una suerte de oferta ilimitada de mano de obra (el mercado informal de trabajo representa alrededor de 50% del total), posible de contratar a salarios muy bajos, no se ha aprovechado productivamente, pues el ritmo de acumulación apenas da para un reducido crecimiento económico, que poco incorpora mano de obra al proceso productivo. Ello ha debilitado a las organizaciones de masa de trabajadores, que ahora, además con la crisis económica encima, sólo buscan preservar sus empleos y sus ingresos. Cada vez son menos los trabajadores que están sindicalizados.

La concentración de la propiedad continúa creciendo. Es superior a la que se observa, por ejemplo, en Estados Unidos. La concentración se puede apreciar mejor en la industria al medir la participación en el mercado de las cuatro empresas más grandes en las diferentes ramas industriales (CR4).

Si comparamos los dos años límite, se puede observar una tendencia creciente a la concentración. Pero ésta no es lineal en el tiempo... la concentración en esta década [los setenta] se mantiene muy estable. Este comportamiento refleja las políticas oficiales... que promovían el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento acelerado del mercado. En contraste, cuando cambian las condiciones macroeconómicas, la concentración sube... Este incremento puede atribuirse sobre todo a la crisis financiera y económica con un impacto negativo en el producto industrial y una reducción de la política pública de promoción industrial.³¹

La evolución de los indicadores generales de bienestar –alimentación, salud, educación y vivienda– durante estos años arrojan resultados que reflejan el deterioro de las condiciones de existencia de la población.³²

En estos primeros años del siglo XXI, más de una tercera parte de los habitantes del país se encuentran por debajo de los mínimos nutricionales comúnmente aceptados y la mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales, sobre todo en las entidades de menor desarrollo relativo. De los cerca de dos millones de niños que nacen anualmente en el país, 100 mil mueren durante los primeros años de vida por factores relacionados con la mala nutrición y un alto porcentaje sobrevive con defectos físicos o mentales debido a insuficiencias alimentarias. La mortalidad infantil es seis veces la de Japón, tres veces la de Cuba y el doble que la de Chile y Costa Rica. No es sólo un problema de abasto. Es también una cuestión de equidad en la distribución: 30% de la población más pobre del país consume tan sólo 13% de los productos alimentarios, mientras que 10% de la población, la más rica, consume más de 30% de esos productos. El consumo aparente de granos básicos por habitante registra una disminución significativa en los años de crisis. Además, siete de cada diez mexicanos en edad adulta están en condiciones de sobrepeso. Esta situación, agravada con la carga genética, representa en una alta propensión a la diabetes, que es la primera causa de muerte en México.

La situación nutricional es el resultado de la reducción del ingreso real de amplias capas de la población, del menor ritmo de crecimiento de la producción nacional de alimentos básicos, de su desviación hacia consumos alimentarios relativamente elitistas y de su deficiente distribución interna. Esto último provoca, por un lado, el insuficiente acceso a los alimentos necesarios para ciertos sectores de la población (los pobres) y, por otro, el exceso de consumo y desperdicio de una minoría. En materia alimentaria y de nutrición casi todos los indicadores apuntan hacia abajo y han sido los grupos más pobres los que mayormente han padecido el ajuste.

La naturaleza cerrada de las instituciones de salud y seguridad social limita el acceso a los servicios de salud a millones de mexicanos y los que lo tienen, han visto que la calidad del servicio ha empeorado. A pesar que la mortalidad general en el país se ha abatido, para el año 2000 la esperanza de vida al nacer (alrededor de 71 años) continuaba siendo inferior a la de otros países con igual o menor grado de desarrollo relativo (Sri Lanka, Malasia, Rumania, Chile, Argentina, Panamá, Guyana, Costa Rica, Cuba). Más de la mitad de muertes de los niños es atribuible a deficiencias en la nutrición y la proporción de niños de bajo peso al nacer aumentó de 12 a 15% entre 1983 y 1998. Todavía en el año 2000, del total de muertes en el país, 35% se consideran evitables si existieran las condiciones de salud adecuadas. Una alta proporción de personas en condiciones de pobreza extrema mueren a causa de enfermedades potencialmente curables y la amibiasis es treinta veces más frecuente entre los pobres que entre los estratos ricos. De cada 100 tuberculosos, 60 son campesinos y 30 obreros. A todo ello se suma la disminución de la calidad de vida por el deterioro del ambiente –i.e., defecación al aire libre, basura, contaminación atmosférica y del agua– que daña y afecta más a los pobres por sus deficiencias nutricionales, entre otros factores.

En síntesis, el derecho a la protección de la salud no es una realidad para muchos mexicanos y, para otros, se ha reducido a una desigual y diferenciada atención médica. A las deficiencias en el área de salud y a la desigualdad en el acceso a los servicios se suman los problemas de desnutrición, insuficiencia de agua potable, drenaje inadecuado, aire impuro y deplorables condiciones de muchas de las viviendas. Todavía se está lejos de romper el círculo pobreza-enfermedad-pobreza.

En el área educativa también hubo deterioro en estos años y afectó más a los pobres que a los ricos. En general, la calidad de la educación bajó para todos los niveles. En el año 2000, alrededor de 10% de la población mayor de quince años es analfabeta, pero el analfabetismo funcional alcanza a más de 30% de la población adulta. El promedio de años de escolaridad en el país apenas pasa los siete (en las entidades federativas más pobres no llega a los cuatro). Pero el número de mexicanos mayores de 15 años con primaria incompleta es cercano a 30% y sin educación básica –primaria más secundaria– es de 60% del total. La eficiencia terminal del sistema educativo en el país es muy baja y, en las zonas rurales, lo es aún más. Con los años de crisis, muchos jóvenes se han tenido que dedicar cada vez más a trabajar para contribuir a los gastos familiares.

A pesar de los avances registrados en materia educativa, el país se caracterizó en el año 2000 por un bajo índice de escolaridad y los que lo tienen relativamente alto, presentan serias deficiencias en lo que a calidad se refiere. Todo ello se acentúa en las entidades de mayor pobreza relativa. Al deterioro educativo general se añaden las desigualdades entre las distintas regiones y grupos sociales del país en el acceso, permanencia y egreso, en la calidad de los servicios. En el sistema educativo también se ha dado un mecanismo que reproduce y multiplica la desigualdad: los servicios educativos que se ofrecen a los núcleos más pobres de la población son los de peor calidad y los niños provenientes de esos núcleos presentan los mayores índices de fracaso escolar.

En materia de vivienda la situación a finales del siglo XX es similar a la que prevalece en las otras necesidades básicas de la población. El derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa no ha podido convertirse en realidad para todos los mexicanos. Lejos de ello: para finales del siglo el déficit se calcula en alrededor de 5 y medio millones de viviendas.

No es sólo una cuestión de viviendas faltantes. Es, además, el serio deterioro de las existentes, una considerable falta de servicios públicos (i.e., agua potable, electricidad, drenaje), un alto porcentaje de precariedad en la posesión de las viviendas y elevados índices de hacinamiento. Por lo demás, los costos de las viviendas de interés social de carácter popular crecieron a un ritmo superior que el índice de los salarios mínimos y contractuales.

La situación en materia de vivienda no mejoró. Ello es resultado de diversos factores, entre los que destacan el crecimiento de la población y la falta de capacidad de pago ante el deterioro de sus condiciones de vida; el encarecimiento de la vivienda y otros satisfactores vinculados a ella; el elitismo en el otorgamiento de recursos crediticios altamente diferenciados y subsidiados, que restringen la posibilidad de canalizar este tipo de apoyos a los grupos de la sociedad más necesitados; la inseguridad en la tenencia de la tierra y la dificultad de acceso a la misma por parte de los más pobres.

En el año 2000, viven en México alrededor de 53 millones de personas –más de 50% del total de la población– que no satisfacen sus necesidades mínimas. De ellos, casi la mitad vive en condiciones de pobreza extrema.

 

Nuevo milenio: desigualdad y pobreza

Los extremos de opulencia y miseria que existen en el país en el año 2000 ofenden a los más, a los pobres. Cotidianamente observan y contrastan los lujosos fraccionamientos y suntuosas residencias, con sus pobres casas y el consumo suntuario y el desperdicio de los ricos y poderosos, con su hambre. Se les discrimina y maltrata por el sólo hecho de ser pobres –y aún más si son indígenas– y los lastima la abundancia que con ostentación unos cuantos disfrutan. Además de la desigualdad entre el campo y la ciudad, se observa la desigualdad en todas las calles de todas las ciudades del país.

Durante la campaña (la del año 2000) para la Presidencia de la República, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), propuso para el país "un cambio en el modelo económico. Un modelo distinto a los que hemos visto en México: ni las políticas populistas, ni el dogmatismo del neoliberalismo. Nuestra propuesta es un modelo económico donde el ser humano y el desarrollo de sus cualidades esenciales sean el objetivo: una economía humana y moderna." También desde su campaña presidencial reiteró su compromiso "de un programa fiscal que logre un equilibrio presupuestario no más tarde que el 4º año de mi gobierno."³³

Fox triunfó y, con él, se da la alternancia en la Presidencia de la República, después de más de 80 años en los que gobernó a México la coalición política de los revolucionarios que se formó durante la década de los años veinte y que ha participado en el proceso electoral con varios nombres: PNR, PRM y PRI. No hubo tal cambio durante su gobierno (2000-2006). Tampoco lo ha habido con el del presidente Felipe Calderón, también candidato triunfante del PAN a la presidencia, que en diciembre de 2006 inició su gobierno, después de prometer ser el "presidente del empleo."

De 2000 a 2009, se siguió con el mismo modelo económico: el neoliberal, aunque operado –si es evaluado por sus resultados– con menos talento y oficio. En estos años, por encima de todos los demás objetivos de política económica –incluyendo los del crecimiento económico y los del bienestar social de la población– se ha privilegiado la estabilidad de los precios internos y el equilibrio de las finanzas públicas. Este ha sido el caso, por ejemplo, en 2009: cuando se estima que el PIB por persona disminuya 7% o más el gobierno reduce el gasto público autorizado por la Cámara de Diputados. México es uno de los pocos países del mundo que reduce gasto público, en medio de una muy seria y profunda crisis económica.³⁴ Para J. Stiglitz, premio Nobel de Economía el manejo de la crisis en México ha sido de las peores del mundo.

Parafraseando a Einstein: es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Con la misma política económica se han obtenido, como era de esperar, los mismos resultados. Incluso peores, en términos de crecimiento de la economía nacional, ahora agravada por la crisis económica en la que se ha estado desenvolviendo el país, sobre todo desde enero de 2008.

Los indicadores de confianza del consumidor en relación a las condiciones actuales y futuras de la economía mexicana reflejan que, desde que se han recabado estas estadísticas en 2001, nunca se había llegado a niveles tan bajos: desde finales de 2007, este indicador se ha desplomado (del ya de por sí bajo nivel que tenía) en más de 20%. Y en lo que va de 2009 continúa haciéndolo. Lo mismo sucede con el índice de confianza de los productores en México, que de registrar un valor de 52 puntos en enero de 2008, cayó a 34 puntos en marzo de 2009: un desplome de 25 por ciento.³⁵

En promedio, durante los nueve años que van de 2001 a 2009, el PIB por persona no ha crecido. La inversión pública, como porcentaje del PIB se ha mantenido estable en esos nueve años y la privada apenas ha crecido y en 2009 ha caído, lo que anuncia crecimiento reducido o nulo en los años por venir. Los trabajadores permanentes asegurados por el IMSS se han estancado: pasaron de 10.9 millones en el año 2000, a 10.6 millones en 2003 y a 11.3 en 2006. Después, ya registrados por el IMSS bajo una nueva metodología, en 2007 llegaron a 12.5 millones. En lo que va de 2009 se ha reducido en cerca de 750 mil al número de trabajadores permanentes asegurados en el IMSS. Al cierre del presente año, el sector productivo mexicano habrá perdido un millón de empleos, estima la COPARMEX. Tampoco han crecido los salarios en términos reales: el mínimo mantiene su tendencia secular a la baja (no hay que olvidar que todavía en 2007, más de 45% de la población ocupada tenía un ingreso equivalente a dos o menos salarios mínimos) y los contractuales se encuentran, también en términos reales, aún muy por debajo de lo alcanzado en 1982. Para los primeros meses de 2008, la productividad media laboral por persona en las manufacturas registró un incremento de 73% respecto a la del año 1993, y las remuneraciones medias en la actividad manufacturera son en 2008 las mismas que hace quince años. Los salarios reales han crecido menos que la productividad.³⁷ Es el capital, y no la mano de obra, quien se ha beneficiado de los incrementos en la productividad.

Como resultado de todo ello, la población en edad de acceder al mercado de trabajo se ha enfrentado a la alternativa de: incorporarse a las filas del trabajo informal, precario o bien emigrar a Estados Unidos a buscar un trabajo que en México no encuentra (en promedio, se ha estimado que alrededor de medio millón de personas lo han hecho cada año en lo que va del siglo XXI. En 2008 y 2009, el número se ha reducido, pues también resulta difícil encontrar trabajo en ese país).

El estancamiento de la economía en los últimos años y, en esa medida, la falta de empleo seguro, estable y los reducidos salarios de los que trabajan han aumentado la desigualdad en México.

La participación de las remuneraciones a los asalariados en el ingreso del sector no agropecuario continúa fluctuando en torno a 30% del total, después de representar 39.4% en 1982. La distribución del ingreso entre los hogares sigue siendo inequitativa. Ahora, con la crisis económica en marcha, lo es aún más pues conforme baja el ritmo de actividad de la economía crece el número de pobres y el relativamente más reducido ingreso se distribuye de manera más inequitativa. Para 2008, los 47 millones de pobres de patrimonio tienen un ingreso promedio mensual de mil 905 pesos (140 dólares) en las zonas urbanas y de mil 282 pesos (95 dólares) en las rurales. Los pobres alimentarios –18 millones– en zonas urbanas perciben 949 pesos (70 dólares) y en las rurales 707 pesos (52 dólares).³⁸

En México, en los años recientes, el gasto público en desarrollo social: a) es reducido; b) dentro de ese gasto, se llevan a la práctica (por el gobierno federal y por las entidades federativas) numerosos programas, no siempre coordinados entre sí y, c) y no siempre es ejecutado de manera eficiente.

En comparación con lo que se gasta en otros países, México está por debajo del promedio para América Latina.

El gasto público social no beneficia más a los que menos tienen: prácticamente la mitad de ese gasto beneficia a la población de mayores ingresos (a 40% de la población relativamente más rica). Lo mismo sucede con los apoyos que el gobierno ha venido otorgando en estos últimos años a las actividades agropecuarias: entre 80 y 45% del monto de ellos, lo recibe 10% de los productores con más tierra, los más ricos. Este es el caso del programa Ingreso Objetivo, donde 10% de los productores concentra 80% de los recursos, 60% de los subsidios energéticos e hídricos; 55% del programa Alianza para el Campo, y 45% de los del programa Procampo.⁴⁰

A ello se viene a sumar la enorme cantidad de programas sociales que en las diferentes entidades federativas se operan. Hay poca coordinación entre ellos y prácticamente nula entre las diversas entidades y, entre ellas y los programas que directamente opera la federación. Los sectores sociales a quien están dirigidos varían sensiblemente de una entidad a otra y los montos de gasto por persona también lo hacen.⁴² Además, está la desigualdad que reproducen los programas de servicios de sociales.

Los derechos sociales (i.e., a la educación, a la salud) se han pensado, y en la práctica así ha sido, como de carácter programático. No han sido exigibles. Sólo obligan al Estado a poner lo que está de su parte para ir avanzando en su cabal cumplimiento y atención. El que los derechos sociales sean exigibles, como deben ser, es una asignatura pendiente en México.

Precisamente por no asumirse como derechos exigibles y universales, la forma como se han atendido en el país más que contribuir a disminuir la desigualdad la han aumentado.

Buena parte de las instituciones y los programas de clara orientación social se han articulado a partir del concepto de trabajo subordinado y han tenido un sesgo marcadamente urbano. Ello es así, entre otras, en las áreas de apoyo nutricional, salud, seguridad social y vivienda.

Existe una marcada estratificación social en el acceso a los servicios públicos de salud. Subsiste una asociación entre la calidad de los servicios y la posición ocupacional, contribución previa, capacidad de pago o poder de negociación de los grupos que la reciben. En términos generales, la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social recibe servicios notablemente diferentes y desiguales entre sí. También por debajo de la calidad que reciben ciertos grupos de la población que tienen servicios de salud y de seguridad social específicos (i.e., petroleros, empleados bancarios). Todos ellos cuentan con servicios notablemente superiores a los que tienen acceso la población que no está asegurada y que además, no dispone de ingresos suficientes para acudir a la medicina privada. Cuando tienen que hacerlo, se hace aún más precaria su situación. Esta población, la de menos recursos, presenta en general las mayores carencias de salud y necesidades de atención médica. La disparidad en la calidad de los servicios no sólo resulta absurda tratándose de un derecho social (de un derecho para todos los mexicanos), sino que merma los recursos de que dispone el sector público para realizar la labor que tiene encomendada. Paralelamente a la desigualdad en la atención que reciben los usuarios, ha prevalecido una concentración geográfica y una desigualdad en las remuneraciones, instrumentos e instalaciones con que cuenta el personal médico y paramédico de las diversas dependencias. Más aún, la proliferación de servicios médicos diferenciados propicia que algunos grupos estén cubiertos por dos o más servicios, mientras otros no reciben ninguno o están confinados a una atención de calidad notoriamente insuficiente. Esto es particularmente cierto en las zonas rurales, que en ocasiones carecen hasta de los servicios de un médico, pero afecta también a grandes grupos urbanos.

En términos generales, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social se ha concentrado en los grupos organizados de obreros y empleados, y conforme el trabajo está mejor remunerado parece haber una mayor cantidad de servicios disponibles. Esta dependencia de los sistemas de salud respecto a las relaciones contractuales y su estratificación posterior, contradice la naturaleza misma de la acción estatal en la materia. Estimula la desigualdad. Favorece a los grupos relativamente más ricos de la población.

Además, hay una tendencia hacia un modelo de servicio de salud donde predomina la atención individual y curativa, con énfasis en las acciones hospitalarias. Se ha descuidado, y mucho, la medicina preventiva. Así, el derecho a la salud se ha traducido, en el mejor de los casos, en el derecho a la atención médica. Y ello no favorece a los que menos tienen.

En la actualidad, cerca de la mitad de la población que trabaja en el país, no tiene acceso a los servicios formales de salud y seguridad social. Los que lo tienen, se encuentran ante un sistema segmentado y altamente diferenciado de servicio que va, desde los trabajadores (del sector público y del privado) que se benefician de un sistema privado elitista, con contratos y seguros de gastos médicos mayores, hasta el Seguro Popular, pasando por los asegurados por el IMSS, por los sistemas que atienden a las fuerzas armadas, a los empleados del gobierno (ISSSTE), a los trabajadores de ciertas actividades (i.e., petroleros), a los empleados bancarios (de la banca pública y de la privada), a los empleados de los gobiernos de muchas de las entidades federativas. La atención que se da, la calidad de los servicios, los presupuestos de que disponen, las características de las instalaciones y muchas otras cosas más son distintas. Estimulan la desigualdad. Además, desde 1992 –hace ya 17 años– no se incrementa la derechohabiencia de la población en las instituciones formales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, fuerzas armadas, Pemex y universidades).

En los últimos años, se puso en marcha el Seguro Popular para atender a la mitad de la población del país, la que no cuenta con acceso a los servicios formales de atención a la salud y a la seguridad social. El Seguro Popular no sólo profundiza la segmentación y diferenciación en la atención del derecho constitucional a la salud, sino que, además y más grave, a pesar de estar destinado a la mitad de la población del país, la relativamente más pobre, dispone de reducidos recursos. Cuenta con escasa, muy limitada capacidad para operar y con un servicio por debajo del nivel que prevalece en los sistemas formales de atención a la salud que operan en el país.

En México se canaliza en la actualidad sólo 6% del PIB al gasto en salud, por debajo del promedio que gastan los países miembros de la OCDE –8.7% de su PIB–, también por debajo del gasto de Brasil, Costa Rica y Uruguay y muy por debajo de lo que destina Estados Unidos (16 por ciento).

El país destina pocos recursos a la atención a la salud, si se toma en cuenta que diversos indicadores en México –i.e., tasa de mortalidad en menores de un año, mortalidad materna, mortalidad por enfermedades infecciosas, mortalidad por enfermedades crónicas– están por encima de los que corresponden a un país considerado por la ONU de ingreso medio alto. Además, los relativamente pocos recursos que destina, los utiliza mal. De acuerdo con la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud,⁴³ en 2003, en materia de atención a la salud, los recursos públicos representaron 46% del total (presupuestos gubernamentales más contribuciones del gobierno a la seguridad social), el prepago (seguros) 3% y el "gasto de bolsillo" 51%. Por tanto, la mitad del gasto en salud lo hacen las familias en función de sus necesidades, no de sus capacidades económicas, lo que con frecuencia lleva a las familias a hacer gastos en salud empobrecedores. La Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúa a México en el lugar 144 (en una lista de 189 países) en equidad en la contribución financiera a la salud.⁴⁴

En la actualidad los servicios de atención a la salud y los de seguridad social dejan algo que desear: la cobertura es parcial, con duplicaciones y carencias marcadas; el financiamiento es mixto, público y privado; la distribución de recursos es injusta y discrecional; la gestión administrativa es mixta, pero tendiente a la centralización; la calidad es desigual; la organización técnica de los servicios es desarticulada y de libre demanda.⁴⁵

Lo mismo sucede con los programas de vivienda, en los que se les proporciona, a unos, vivienda completa y, a otros, tan sólo un piso firme de cemento para sustituir el de tierra que tienen. El acceso al financiamiento para vivienda es desigual (depende dónde se trabaja), está relacionado con el carácter subordinado del trabajo, la organización de los trabajadores y está en función del nivel de ingreso y de la capacidad de negociación.

Los servicios educativos que se ofrecen son desiguales. La calidad de la enseñanza y las instalaciones de que se dispone es distinta de una zona del país a otra. Las de menor desarrollo relativo, cuentan con las peores y más precarias instalaciones, a las que acuden –nunca con la frecuencia necesaria– profesores menos calificados. En la actualidad prácticamente la totalidad de las escuelas unitarias (lo que implica que un sólo maestro atiende todos los grados que se ofrecen en el plantel) y las incompletas (las que no ofrecen los seis años de primaria) se encuentran en las entidades federativas de menor desarrollo relativo y en las zonas pobres de las de mayor desarrollo relativo.

Una correlación muy estrecha se observa entre la población en condiciones de pobreza y el analfabetismo, los pocos años de escolaridad, la deserción escolar, la poca absorción de un ciclo a otro superior. Las diferencias en la calidad de la educación son abismales entre las diferentes zonas del país. A mayor pobreza menor calidad.

La amplia extensión de la escolarización básica: pre primaria, primaria y secundaria (no debe olvidarse que el porcentaje de analfabetas en el país sigue siendo alto, que muchos niños no tienen la primaria completa y que sólo 60% de los jóvenes hasta 15 años de edad asiste a la escuela) representa, en principio, un beneficio potencial para las generaciones de jóvenes y para el país en su conjunto. Pero este beneficio se reduce drásticamente si se toman en cuenta los bajos niveles de logro que obtiene una alta proporción de los estudiantes que termina la educación básica en campos fundamentales de competencia académica: comprensión de lectura, uso de matemáticas y aplicación del razonamiento científico fundamental.⁴⁶

De acuerdo con los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de 2006 (PISA, por sus siglas en inglés), estables desde la primera aplicación de esta prueba en 2000, y considerando seis niveles de logro, 47% de los estudiantes mexicanos se ubica en los dos niveles más bajos de comprensión de lectura; 57% ocupa esas posiciones en aplicación de las matemáticas y 51% lo hace en razonamiento científico.

En términos formativos los resultados de la escolarización lograda en el país son inciertos y, para algunos sectores sociales, probablemente ilusorios.

Los resultados de PISA por entidades federativas (si se compara a las tres con mejores resultados con las tres con los más bajos), revelan que las entidades de menor desarrollo relativo –las más pobres– son las que dieron peores resultados. Por lo demás, las entidades mejor situadas están por debajo de la media de los países de la OCDE. Si se toma el caso de las ciencias, se tienen los siguientes resultados:

En general, los resultados de PISA no han sido objeto de una reflexión rigurosa. En sectores amplios, la información difundida por los medios produce un impacto de corta duración, que se diluye y no deja huella. En otros sectores más vinculados al campo, la explicación se centra en la pobreza comparativa del país, la enorme desigualdad económica y social de la población y la distancia cultural lingüística y ocupacional que existe entre la población en condiciones precarias y las exigencias de la escuela. Frecuentemente esta posición se asocia al señalamiento de insuficiencias e inequidades de la oferta escolar, en la mala preparación de los profesores, la carencia de recursos materiales y tecnológicos y la incompetencia y corrupción en la administración escolar.⁴⁷

Y el futuro, tal y como van las cosas, poco promete. Los jóvenes se encuentran atrapados en un círculo perverso de privaciones. "Al menos la mitad de los mexicanos de 12 a 29 años en situación de pobreza, suelen truncar sus estudios en el nivel de educación básica." En el escenario en que se movilizan "prevalece el índice de desocupación abierta, así como salarios muy bajos entre quienes trabajan." Es por ello que "no es casual que en la mayoría de los jóvenes predomine una noción de futuro incierto." Hay, en la actualidad, en la juventud mexicana poca esperanza de progreso. Sólo uno de cada tres jóvenes, 35.4%, tiene al estudio como única actividad; 38.1% trabaja; uno de cada cinco, 18.8% no trabaja ni estudia y 7.7% trabaja y estudia.⁴⁸

Y así sucede con los demás programas asociados a los derechos sociales. Su atención está directamente asociada al nivel de ingreso y fuerza de negociación de los diferentes grupos sociales. Los que no están organizados y sobreviven con ingresos mínimos, simple y sencillamente no cuentan o difícilmente acceden a los programas y a los servicios institucionales en materia social. En parte, es precisamente por ello, que se pusieron en práctica los programas específicos de combate a la pobreza.

Desde luego la política de bienestar social promovida por el gobierno tuvo, a lo largo de los años, un importante y favorable impacto en las condiciones de vida de la población que rápidamente se urbanizaba. Pero con el despliegue del modelo industrializador que se fue estructurando fundamentalmente alrededor del eje industrias–sindicatos–obreros, se fue dando una apropiación corporativa y poco democrática de los beneficios del salario social (atención médica, viviendas, seguridad social, escuelas, tiendas sindicales). Esta política social, que en sus inicios tuvo importantes repercusiones en el bienestar de la población, con el tiempo se convierte en privilegio de grupos o de gremios y perpetúa la desigualdad no sólo entre las clases sino, además, dentro de la clase trabajadora. Y se sigue actuando y con mayor ímpetu en esa dirección.

Algo similar sucedió dentro del conjunto de la población rural. Nunca ha contado –en la cantidad y en la calidad necesaria– con los servicios sociales de que han disfrutado grupos de la población urbana. Además, la política de fomento a la producción del campo, en un principio orientada a elevar las condiciones materiales de vida de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, devino en una creciente apropiación de los recursos y de la tierra por los grandes propietarios privados y por las organizaciones campesinas incorporadas, de manera subordinada al gobierno. Se establece y reproduce la desigualdad, no sólo entre los grandes propietarios privados y el resto de la sociedad rural sino también dentro de esta última. Doble esquema de desigualdad: entre los que no tienen y los que tienen tierra y, dentro de estos últimos, entre los minifundistas y los grandes propietarios.

 

Los últimos años y la desigualdad

En los últimos nueve años, buena parte del sector productivo de la economía nacional –agricultura, minería, manufacturas– ha crecido muy por debajo de la economía en su conjunto. Los servicios han sido "el motor" del mediocre crecimiento económico. Como resultado de ello, la participación de las manufacturas en el PIB, que a principio de la década de los años ochenta superaba 22%, a partir de 2001 se ha ubicado a niveles inferiores a 19% del PIB. En el caso de la agricultura, su participación en el PIB en los últimos años ha disminuido a la mitad.

El crecimiento de la economía nacional ha sido lento, la desigualdad socioeconómica ha crecido y se han agudizado los problemas de desempleo, migración y subempleo (i.e., empleo informal).

La caída de la inversión pública –y, consecuentemente, el arrastre que hizo de la privada– en parte explica el mediocre crecimiento de la economía. La reducida inversión privada y los huecos que el menor gasto público dejó (y que no los ha cubierto el sector privado), ahora limitan la expansión de la economía. La política cambiaria ha reducido la tasa de rentabilidad de la inversión privada y la falta de financiamiento a las actividades productivas (la cartera conjunta de la banca comercial y la de desarrollo ha caído de 63 a 21% del PIB entre 1995 y 2008, uno de los más bajos coeficientes de intermediación financiera en el mundo) no favorece la formación de capital.⁴⁹

De esta manera, desde la década de los años noventa, la economía no ha logrado absorber al grueso del incremento anual de la población económicamente activa (PEA), que crece entre 1 y 1.2 millones de personas anualmente. Para 1994-2008, los últimos quince años, sólo 38% de la PEA obtuvo un empleo formal adscrito al IMSS. El resto, casi dos terceras partes del aumento anual de la PEA, o migró a Estados Unidos o buscó empleo en el mercado informal (en una ocupación que llevan parcialmente a cabo en su domicilio, en el ambulantaje, en puestos fijos o semifijos, o en empresas formales bajo condiciones encubiertas de informabilidad).⁵⁰ Con la crisis actual en marcha, la contracción del empleo formal es más severa que en otros años. Para el primer trimestre de 2009, en México 2.3 millones de personas quieren trabajar y buscan activamente un empleo pero no lo consiguen. Casi todos ellos, cuenta con experiencia laboral previa y el grueso la tuvo en las manufacturas.⁵¹

De 1993 a la fecha, los costos unitarios laborables de las manufacturas han caído: de 100% que eran en ese año a 51% en 1996, 68% en 2004 y 61% en 2009. La precariedad laboral es significativa: 47% de los trabajadores asalariados no cuenta con contrato de trabajo escrito. En la mitad de las entidades federativas, la cifra supera 50% y en Puebla llega a 64%. Más de 45% de los asalariados no tiene acceso a instituciones de salud y seguridad social y 41% no disfruta de vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades.⁵³

En la actualidad México ocupa la posición 60 –entre 134 países– en el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Harvard. Pero ello es el resultado del peso que, dentro del índice, tiene el tamaño del mercado (que en México es relativamente grande) y la estabilidad macroeconómica (que en México se estima razonable, a pesar de que la economía no crece). La posición de México disminuye conforme se utilizan otros indicadores: salud y educación primaria, baja al lugar 65; sofisticación del mercado financiero, baja al lugar 66; infraestructura, al 68; capacidad tecnológica, al 71; eficiencia del mercado, al 73; educación superior, al 74; innovación, al 90; instituciones, al 97; eficiencia del mercado laboral, al 110.⁵⁴

El ritmo de crecimiento de la economía mexicana, acelerado y sostenido por un lapso considerable, aunado a los recursos que en ese tiempo pudo captar y canalizar el sector público a entidades y programas sociales permitió avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales en el país.

En los años de relativo estancamiento económico, los que van de 1982 a la fecha, casi treinta años, en que ha prevalecido el modelo neoliberal de desarrollo, se retrocedió y creció la desigualdad.

Las políticas económicas puestas en práctica a lo largo de esos años no han promovido mayor equidad. Al contrario, han propiciado la desigualdad. La salarial en los últimos treinta años es buen ejemplo de ello. Los salarios, incluyendo los contractuales, han venido disminuyendo en términos reales. Tampoco la política de empleo promueve mayor equidad: sólo ha creado trabajo informal, precario y expulsado del país a un buen número de mexicanos calificados que van a Estados Unidos a trabajar y ganar el dinero que aquí, en el país, no pueden. La maquila, forma de exportación de la mano de obra sin que ésta salga del país, agrega poco valor a la economía. La fiscal, tanto en el aspecto de gasto como de su financiamiento, tampoco ayuda al logro de una mayor igualdad. Son pocas las transferencias que se le proporcionan a la población en condiciones de pobreza y los tributos premian el ingreso que proviene de la posesión de capital, al tiempo que gravan al ingreso derivado del trabajo. No hay impuestos que graven las herencias, los legados, las donaciones entre vivos, las ganancias de capital, las operaciones en la bolsa... la lista de tratamientos especiales y excepciones es interminable. La política comercial, con las exportaciones al mercado norteamericano ha creado enormes desigualdades, al tiempo que ha empobrecido el mercado interno y desarticulado cadenas productivas. Y así sucesivamente.

La propiedad, la riqueza, está altamente concentrada en México. Actividad por actividad se observa como un reducido, literalmente un puñado de empresas (con frecuencia, y cada vez más, en manos extranjeras) controla el grueso de la producción de los bienes y de los servicios que en el país llevan a cabo los particulares. Esto es así en el caso de los servicios financieros, notablemente los bancarios y los de seguros. También lo es en la distribución de mercancías (tiendas de autoservicio y departamentales). En la distribución de medicinas. En el servicio de hospitales. En el transporte interurbano de mercancías y de personas. En el transporte aéreo. En la televisión y el radio. En la telefonía. En la hotelería y sus servicios. En la producción de bienes de la línea blanca. En la industria automotriz, siderúrgica, cervecera, de refrescos y aguas envasadas, textil, electrónica, alimenticia, cigarrera, química, de la construcción, vidrio, farmacéutica, cemento, hule, plásticos, muebles. En la producción de tortillas. En la minería, donde tan sólo un puñado de empresas genera 98% del valor agregado de la actividad. Y así sucede en muchas otras actividades. A pesar de la reforma agraria, aún quedan latifundios simulados en varias partes del país. En los distritos de riego del noroeste y el noreste, unas cuantas familias literalmente controlan la producción de varios alimentos y la agroexportación.

En 2003, 0.3% de las unidades económicas en la industria manufacturera ocupaba 52.3% de los trabajadores, pagaba 69.3% de las remuneraciones, generaba 74% del valor agregado y cuntaba con 73.6% de los activos fijos. Del valor agregado total de este puñado de grandes empresas, los trabajadores tan sólo recibían 30%. El resto fue a las utilidades.

 

La concentración de la riqueza y del ingreso es enorme⁵⁵

Las empresas en México son propiedad de un número muy reducido de personas. El control familiar de las empresas (de las más grandes, pero también de las medianas y chicas) es importante, está muy difundido y es mayor al que se observa en los demás países miembros de la OCDE y al de varios países de América Latina (i.e., Argentina, Brasil, Chile). El capital no está distribuido. Está concentrado. El mercado de valores, altamente concentrado (tan sólo 15 empresas representan más de 80% de la muestra que se utiliza en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores), desempeña un muy limitado papel en el financiamiento de las empresas. Sólo un muy reducido número de ellas cotiza en la Bolsa. Y aún menos, es el número de ellas cuyas acciones son altamente bursátiles.

Para 2008, la base de datos de Forbes indica que México cuenta con diez multimillonarios, con un capital, en conjunto, de 96 000 millones de dólares. Durante 1996 a 2006, veinte individuos (o familias) declararon tener un capital superior a mil millones de dólares. Casi la mayoría de ellos heredaron parte de su riqueza y casi la mitad se benefició de las privatizaciones de empresas públicas que se llevó a cabo en los primeros años de la década de los noventa. El capital de los multimillonarios, pasó de representar 4% del PIB en 2000 a un estimado de 10% en 2008 (todo ello, cuando el PIB por persona no creció). Esta proporción, muy superior a la que se observa en varios países (entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Tailandia, Indonesia, Corea, Singapur, Japón, Reino Unido), es inferior a la que se observa en Arabia Saudita, Kuwait, Malaya y Rusia.⁵⁶

En toda sociedad de clases, la propietaria –detentadora de privilegios–, se apropia de una buena parte del excedente social y lo aplica a su consumo, pero también al ahorro y a la inversión. En México, esta segunda parte no se ha cumplido a plenitud o ha estado deformada. La función de transformar la parte principal del excedente social generado en una mayor capacidad productiva, se ha dado poco y, en la medida en que se ha dado, lo ha hecho con un sesgo consumista que define patrones de demanda y de oferta, pero sobre todo que alimenta la concentración creciente del ingreso y la riqueza. A esta dinámica de acumulación excluyente, contribuyen las dimensiones históricas: la vieja tradición consumista que la colonia copiaba de la metrópoli y, más recientemente, la nueva influencia que viene del norte y que con fuerza se ha sedimentado a lo largo del siglo XX. Ello es lo que explica, por ejemplo, el auge del consumo de automóviles.

El excedente que se genera en la sociedad y que concentran los ricos no ha sido utilizado en forma tal que efectivamente contribuya al desarrollo nacional. De las utilidades que genera la economía (por lo general, más de 50% del ingreso nacional) poco se invierte (apenas alrededor de 10% de ese ingreso). El grueso de ellas se despilfarra, o quema, en los consumos suntuarios de los grupos dominantes, o sirve de multiplicador del empleo en otras economías (se fuga). Escaso ha sido el compromiso que asumen los ricos con el país y su progreso. Con frecuencia se le ha visto como recurso a explotar en beneficio de los pocos que no acaban de ver, en una vida frugal y productiva, una forma de ser y de hacer en México. Se busca el máximo beneficio, en el menor tiempo posible y con poco, casi ningún riesgo que asumir. Son poco emprendedores. Buscan el negocio seguro y rentable. Así lo han hecho siempre. Así lo siguen haciendo. Hay, desde luego, excepciones. Pero son eso. Casos especiales, casi únicos.

Para la preservación de las desigualdades ha sido decisiva la capacidad de adaptación de las elites a nuevas circunstancias: han logrado preservar su posición bajo diferentes esquemas políticos. También han reconvertido sus negocios a través de diferentes etapas de crecimiento económico. Primero como terratenientes y hacendados, después como industriales, comerciantes y banqueros, como socios o intermediarios del capital extranjero.⁵⁷

De tiempo en tiempo las elites cambian, pero sus miembros siempre conservan los privilegios. Las cosas pueden cambiar, pero ellos no tanto. El dinero, con el tiempo, es el pasaporte que permite el ingreso. Una vez adentro hay que respetar usos y costumbres.

Han buscado el control de la educación (conquistar el futuro, actuando en el presente). Al principio, en la colonia, fue el monopolio sobre la lectura y la escritura. Más tarde se dedicaron a la enseñanza primaria, media y media superior. Después, gracias a que el Estado multiplicó los centros de enseñanza básica, se concentraron en la educación superior. Ello fue, sobre todo, alrededor de 1985 y contaron con el apoyo del gobierno. Fueron varias las decisiones que se tomaron (gobierno y particulares): 1) se dejó de impulsar la educación pública superior. Los presupuestos base del gobierno, en términos reales, se congelan y el gobierno federal no ha creado, desde entonces, una universidad pública en la zona metropolitana del Valle de México; 2) por el contrario, se impulsa la educación superior privada (surgen al estrellato y crecen a un ritmo acelerado, entidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras universidades privadas); 3) se resuelve apoyar de manera focalizada la docencia y la investigación. Ya no se apoya a una entidad en su conjunto. Ahora se apoya, con el Sistema Nacional de Investigadores y con otros programas, a los investigadores en lo individual que ahí colaboran; 4) las universidades privadas concentran su actividad en pocas áreas del conocimiento, las que a su juicio importan para la conducción del país: Administración y Contaduría, Derecho, Economía y, después, Medicina y sólo recientemente las ingenierías; 5) buscan dar prestigio a las ideas que las elites promueven y, a partir de ello, influir en los curricula de la enseñanza de las diversas disciplinas (en teoría económica, por ejemplo, se ha logrado prestigiar el pensamiento Neoclásico mediante el otorgamiento de muchos premios Nobel a profesores e investigadores relacionados con la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Entre 1974 y 2000, ocho profesores de esta universidad y otros, más de once, que estuvieron en algún momento asociados a ella obtuvieron el premio Nobel de economía).

Los economistas mexicanos: los egresados de las universidades particulares, pero también muchos de las universidades públicas, buscan dar prestigio a las ideas que las elites promueven. El resultado es el predominio del pensamiento Neoclásico, que ya es abrumador en la enseñanza de la economía en México. Se le considera, cada vez más, como el pensamiento y la teoría adecuada, correcta, técnica. Mismo ahora, en medio de la más profunda crisis económica en muchos años, se insiste en que lo correcto es intervenir lo menos posible en el libre juego de las fuerzas del mercado. Estos economistas tienen ahora en sus manos los principales puestos en el gobierno y en la iniciativa privada.

La relación que mantienen con el gobierno, con la política económica y social que el Estado busca promover, es otro de los elementos que ayuda a las elites a reproducirse y mantenerse, a adaptarse al mundo de los cambios. Esto ya se advertía durante la colonia. Se mantuvo durante los primeros cien años de vida independiente del país. Con la Revolución, las elites pronto lograron acomodarse. Se logró por un tiempo armonía y surgió la muy reconocida economía mixta mexicana.⁵⁸ Pero luego vinieron las discrepancias.

Con la creación en 1975 del Consejo Coordinador Empresarial, que formalmente inicia en México la Revolución de los Ricos (fecha que claramente coincide con lo que sucede en Estados Unidos), se establecen principios y se define estrategia para alcanzar las metas expuestas. Se busca ya no sólo influir en la toma de decisiones. Ahora se busca tomarlas, en función de intereses claramente definidos. Se trabaja. Logran que la política económica puesta en práctica se ajuste cada vez más a los principios que el Consejo Coordinador Empresarial promueve. Con el tiempo acceden al poder y presidentes y secretarios de Estado se forman en las universidades que los particulares crearon y mantienen.

Se observa en México una gran pasividad intelectual y creativa, un ir a la zaga y a remolque, siempre tardíamente, de las fórmulas y modelos que vienen de las metrópolis y que las elites tratan de adoptar con poco espíritu crítico y sin sentido original propio, sin tomar en cuenta como patrón básico las verdaderas capacidades y necesidades del país. Esto se deriva de su antigua y cada vez más profunda polarización interna –cultural, social, económica, política– que tiende a reconformar la estructura colonial. Lo que hoy, en medio de la profunda crisis económica que se vive, sucede en materia de política económica claramente ilustra lo anterior. Mientras que en el mundo se está revisando a fondo el paradigma neoclásico (o neoliberal) y los más diversos gobiernos abandonan principios ortodoxos, como el no incurrir en el déficit público o el de no intervenir en el libre funcionamiento del mercado, en México se actúa como si nada estuviera sucediendo. Para 2009 el déficit fiscal en el Reino Unido se estima será de 12.8% del PIB, en Estados Unidos 10.2%, en España 9.1% y en México inferior a 1 por ciento.

Desde luego que hay problemas y conflictos. Altas y bajas. Pero, en conjunto, ha sido asombrosa la capacidad de las elites para conservar su influencia. Para mantenerse en el poder. Ello contribuye a mantener la desigualdad.

En estos casi treinta últimos años, se ha perdido terreno (en términos del PIB por persona) frente a muchos otros países: desde luego frente a los países de mayor desarrollo relativo, notablemente frente a Estados Unidos con quien se pensó que habría convergencia económica a raíz de la firma el TLCAN. Pero también se ha perdido terreno frente a varios de los países de América Latina y de otras partes del mundo.⁵⁹

A pesar de los avances en las diferentes áreas del desarrollo, sin duda importantes, México sigue siendo un país extremadamente desigual y con enormes insuficiencias y deficiencias en materia social.

En 2008, el número de analfabetas es alto, sobre todo entre la población de menores ingresos. Las personas mayores de 15 años con primaria incompleta, también lo es. Desde 1992 no se incrementa la derechohabiencia de la población en las instituciones formales de seguridad social. La población ocupada sin ella es de 92% entre el total de la población más pobre y de 65% a nivel nacional. Cerca de la mitad de la población de 65 años y más está sin trabajo y no recibe pensión y 44% de los hogares en el país, no tienen cobertura de programas sociales ni seguridad social.⁶⁰

Muchos de los programas de gobierno con orientación social, más que reducir la desigualdad la promueven. Más que beneficiar a los más pobres, el recurso termina en manos de los que no son tanto. En Chile, por ejemplo, del total de los recursos destinados al gasto social, 71% benefician a 40% más pobre de la población. En México, tan sólo 35% del total de gasto social beneficia a 40% más pobre de la población.

En todas partes del país hay pobres. Hay pobres en las localidades más ricas y hay ricos en las localidades más pobres. Dentro de México las diferencias regionales son abismales y han crecido.

Entre 1950 y 2000 el Índice de Desarrollo Humano nacional (IDH) calculado por las Naciones Unidas (PNUD) mejoró poco más de 72%. Entre 1950 y 1980, lo hizo en 52% y entre ese año y 2000 tan sólo en 13%. La evolución del IDH por entidad federativa entre 1950 y 1980, muestra una sostenida convergencia. A partir de este último año se vuelve a ampliar la brecha entre las entidades de menor desarrollo relativo y las de mayor desarrollo. Para el país en su conjunto, el IDH para 2007 sigue estando por debajo de varios países de América Latina (Bahamas, Cuba, Uruguay, Argentina, Chile). Entre 2000 y 2007, el IDH mexicano ha estado prácticamente estancado (tan sólo 3.5% de crecimiento para todo el período). Seguramente, después de la crisis económica en curso México bajará su IDH aún más.⁶¹

El norte del país, relativamente próspero, poco tiene que ver con el sur.⁶³ El IDH, calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que los valores más altos se localizan en: Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila y los más bajos: en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán. Visto de otra manera: mientras que el Distrito Federal tiene un IDH con un valor que lo ubica en el lugar 30, dentro de la clasificación mundial de los países, el lugar 106 lo ocupa Chiapas.⁶⁴

La evolución del producto por persona de las diferentes entidades federativas refleja, en conjunto, una tendencia divergente y la brecha entre las más ricas y las más pobres crece. De las 32 entidades federativas, la población de la mitad de ellas (16) mayoritariamente vive en la actualidad en condiciones de pobreza. De las diez entidades federativas con menor grado de desarrollo en la actualidad (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, entre otras) ocho ya lo eran a principio del siglo XX. Lo mismo sucede con las de mayor grado de desarrollo: prácticamente siguen siendo las mismas (además del D.F., los estados del norte) que en 1900 ya lo eran.⁶⁵

El Índice de Capital Humano (ICH), que mide el nivel de conocimientos de la población que se adquieren a través de la educación formal y la capacitación en diversos centros de aprendizaje y escolar, también ilustra sobre las enormes diferencias regionales que en el país existen. Los estados del norte, el de México y el Distrito Federal tienen un grado alto en ese indicador. En cambio, los del sur del país (particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca) lo tienen muy bajo.⁶⁶

Los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las entidades con mayor índice de marginación. El Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Aguascalientes el más bajo. Pero en todos ellos hay pobreza... hay miseria.

México también es desigual por la forma en que el ingreso se distribuye entre las diferentes clases sociales que contribuyen a generarlo. Desigual en la forma en que el ingreso se distribuye entre los hogares. La mitad de la población vive en condiciones de pobreza y, una parte importante de ella, en condiciones de extrema pobreza.

Todo ello no es algo fatal, que tenga necesariamente que ser. Depende de la política económica y social que se instrumente.⁶⁸ Muchos países (algunos más pobres en términos del PIB por persona y otros más ricos... muchos con mucho menos recursos naturales que los que tiene México) tienen una mejor distribución del ingreso y la riqueza que la que el país tiene. Otros más, en el tiempo, han atenuado de manera significativa la desigualdad y reducido también la pobreza.

La política económica puesta en práctica en México a partir de 1983 no ha dado los resultados que de ella se esperaban: ni ha habido crecimiento económico, ni han mejorado las condiciones generales de existencia de la población, ni la distribución del ingreso es más equitativa. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, del 9 de octubre de 2009, señala que la economía mexicana es la que más va a caer en todo el hemisferio occidental, con un descenso de 7.3% en el PIB. Ello significa que el PIB por persona caerá cerca de 9% en 2009. Ninguna nación asiática caerá más que México y en África, sólo Botswana, va a caer más. Sólo algunas economías de Europa oriental, las que, como México, han seguido a pie juntillas las recomendaciones de política del FMI saldrán peor libradas.

Hasta el FMI, ahora frente a la profunda crisis económica que el mundo vive, sugiere que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Su director gerente, Dominique Strauss-Kahn recientemente dijo en Estambul, Turquía: "El modelo económico que teníamos antes de la crisis ha sido destruido. La cuestión fundamental es de dónde surgiran las nuevas fuentes de crecimiento." El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, fue contundente: "... el viejo orden se ha terminado. No deberíamos perder tiempo y lagrimas lamentándolo. Hoy debemos empezar de nuevo."⁶⁹

Todo es cuestión de la política que se instrumente y la perseverancia y congruencia con que se actúe. El rasero de toda política debe ser uno sólo: contribuye o no a atenuar la desigualdad, contribuye o no a reducir la pobreza. Políticas de crecimiento económico y social pro-pobres.⁷⁰

De eso se trata.

 

Notas

* Este artículo forma parte del libro Sobre la desigualdad en México (de próxima aparición) y fue discutido y comentado ampliamente en el Seminario que sobre historia de la economía mexicana coordina la profesora Esperanza Fujigaki en la Facultad de Economía de la UNAM.

1 Este modelo (que a lo largo de la década de los años ochenta se puso en práctica en muchos países) después se le llegó a conocer, en la década de los años noventa, como el Consenso de Washington. Ver J. Willamson, The progress of policy reform in Latin America, Institute for International Economics, Washington D.C., Estados Unidos, 1990.         [ Links ] También, del mismo autor, "Democracy and the Washington Consensus", en World Development, vol. 21, 1993, pp. 1329-1336.         [ Links ] Ver también de Estado y desarrollo económico: México 1920-2006, UNAM, México, 2007, pp. 625 en adelante,         [ Links ] y de Rolando Cordera y CarlosTello, La disputa por la nación, Siglo XXI Editores, México, 1981.         [ Links ]

2 Rolando Cordera, "Introducción" al libro de Rolando Cordera y Carlos Javier Cabrera Adame (coordinadores), El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México, UNAM y Lecturas Trimestre Econó         [ Links ]mico, núm. 99, FCE, México, 2008, p. 29.         [ Links ]

3 Varias publicaciones de INEGI, Banco de México, FMI y el Banco Mundial. También los informes al Congreso de la Unión que periódicamente entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La OCDE estima la caída del PIB en 2009 en 8%. El Banco Mundial estima el crecimiento del PIB para 2010 en 1.7% y de 3% en 2011. De ser este el caso, el PIB por persona para 2012 sería inferior al de 2006, pero seis años después. Ver, del Banco Mundial, Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2009: el derrotero de la recuperación mundial, Washington D. C., Estados Unidos, 2009.         [ Links ]

4 Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros, Development and Growth in the Mexican Economy, Oxford University Press, Nueva York, Estados Unidos, 2009, p. 263.         [ Links ]

5 Enrique Hernández Laos y J. Velázquez Roa, Globalización, desigualdad y pobreza, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Plaza Valdés, México, 2003, pp. 178 y 179.         [ Links ]

6 Ibid., pp. 79 y 210 y, de E. Hernández Laos, "Crecimiento, distribución y pobreza en México (1992-2006)", UAM, mimeo, 2008, pp. 24 y 27.         [ Links ] Para 2008, estimación propia.

7 Fernando Cortés, "Procesos sociales y evolución de la distribución del ingreso monetario (1977-2004)", en Rolando Cordera y Carlos Javier Cabrera Adame (coordinadores), El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México, UNAM y Lecturas Trimestre Econó         [ Links ]mico, núm. 99, FCE, México 2008,         [ Links ] los años de 2006 y 2008, me los proporcionó el autor.

8 Tomado de Juan Carlos Moreno y Jaime Ros, Development and Growth... , op. cit., p. 261.

9 Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 2004 y 2005.

10 Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo, Washington D. C., Estados Unidos, 1996 e Informe del Banco Interamericano de Desarrollo,         [ Links ] Washington D. C., Estados Unidos, 1998.         [ Links ]

11 Ver de V. Brailovsky y N. Warman, La política económica del desperdicio. México en el período 1982-1988, Facultad de Economía, UNAM, 1989.         [ Links ]

12 La información se ha tomado de varios informes del Banco de México e INEGI. También ver Enrique Hernández Laos y J. Velázquez Roa, Globalización, desigualdad y pobreza, Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza Valdés, México, 2003 y Pedro Aspe,         [ Links ] El camino mexicano de la transformación económica, FCE, México 1993.         [ Links ]

13 C. Ruiz Durán, "Moneda y crédito", en Carlos Tello (coord.), México, informe sobre la crisis (1982-1986), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, México, 1989, p. 255.         [ Links ]

14 La información incluida en esta párrafo y los que siguen, se ha tomado de: Banco de México, Carpeta de indicadores económicos y las series de estadísticas que en México publican: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de Programación y Presupuesto, INEGI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos (en México) y diversos informes del Banco Mundial de esos años.

15 Nora Lustig, México, hacia la reconstrucción de una economía, El Colegio de México, FCE, México, 1994, pp. 115 a 119.         [ Links ]

16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2008, p. 20.         [ Links ]

17 Gustavo Gordillo, "Un nuevo trato para los campesinos", en Carlos Tello (coord.), México: informe..., op. cit.

18 Raul Trejo Delarbre, "La nueva crisis... ", en Ibid., p. 18.

19 J. I. Casar y Jaime Ros, "Utilidades, precios y salarios", en Ibid., pp. 145 a 148.

20 Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, FCE, México, 1993, pp. 27 a 59,         [ Links ] para una descripción del PSE y del PECE.

21 Para una explicación y versión de la crisis, ver las declaraciones de Jaime Serra Puche al periódico La Crónica del 2 de diciembre de 1998, México. También ver Banco de México, Exposición sobre la Política Monetaria, 1º de enero 1995–31 de diciembre 1995 y el Informe Anual 1995. De Carlos Salinas de Gortari, México. Un paso difícil a la modernidad, Plaza Janes editores, México, 2000 y de CEPAL,         [ Links ] Panorama Social de América Latina, 1998, Santiago de Chile, 1999.         [ Links ]

22 La misma fuente que se cita en la nota 12 de este apartado.

23 Santiago Levy y E. Rodríguez, "El programa de educación, salud y alimentación, Progresa-Programa de desarrollo humano oportunidades", en Santiago Levy (compilador), Ensayos sobre el desarrollo económico y social de México, FCE, México, 2004, pp. 261 y 262.         [ Links ]

24 Fernando Cortés, "Procesos sociales y evolución de la distribución del ingreso monetario (1977-2004)", en Rolando Cordera y Carlos Javier Cabrera Adame (coordinadores), El papel de las ideas.         [ Links ].. , op. cit.

25 Son muchas las estimaciones sobre el número de pobres en el país y la forma en que ha evolucionado en el tiempo. La información se ha tomado de CONEVAL, op. cit., p. 20. Ver también, E. Hernández Laos y J. Velázquez Roa, Globalización... , op. cit. y, de E. Hernández Laos, Crecimiento, Distribución..., op. cit. Por lo general, se coincide en las tendencias en los diversos estudios que sobre el tema se han hecho: baja relativa y absoluta del número de pobres entre 1950 y 1981. A partir de la crisis de la deuda externa, se revierte la tendencia y, después de mejorar, con la crisis de 1994 y 1995 ("el error de diciembre") se vuelve a elevar el número de pobres para después establecerse en torno a 50% del total de la población en el año 2000. Para 2008, vuelve a crecer el número de pobres. También hay diferentes definiciones de pobreza: ver J. Boltvinick (coordinador), "Pobreza: desarrollos conceptuales y metodológicos", en Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, mayo de 2003, México.         [ Links ] También, sobre el tema, ver Medición de la pobreza, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), México, julio 2002,         [ Links ] y diversos ensayos y estudios de Fernando Cortés: "La incidencia de la pobreza y la concentración del ingreso en México", mimeo, México, 2008.         [ Links ] También ver de J. Boltvinik y A. Damián (coordinadores), La pobreza en México y el mundo, Siglo XXI Editores, México, 2004.         [ Links ] Para un análisis de la evolución de la distribución del ingreso y de la pobreza –y de la relación que existe entre ellas– ver Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI editores, México, 1999.         [ Links ]

26 Ver de L. Reygadas, La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, UAM, México, 2009, pp. 117 y 118 y pp. 148 y 149.         [ Links ]

27 Transferencias incluye: aportaciones a la seguridad social y otras ayudas sociales (incluye pensiones), Banco Mundial, Poverty Reduction and Growth. Virtuos and Vicious Cycles, Washington D. C., Estados Unidos, 2008, pp. 92 a 94.         [ Links ] Ver también The Mexico Competitiveness Report 2009, World Economic Forum, Harvard University, 2009.         [ Links ]

28 A. Yúnez Naude, "Crisis económica, agricultura y campo mexicanos", PRECESAM (http://precesam.colmes.mx), El Colegio de México, UNAM, 31de julio de 2009.         [ Links ]

29 Ver, de S. J. Flores Salgado, Cambio estructural e integración regional de la economía mexicana. Un estudio de desintegración industrial, UAM, México, 2009.         [ Links ]

30 Fernando Cortés, D. Hernández, E. Hernández Laos, et. al., Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, Sedesol, México, 2002, pp. 24 y 25.         [ Links ]

31 Lilia Domínguez Villalobos y Flor Brown Grossman, Estructura de mercados de la industria mexicana, Facultad de Economía, UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, pp. 17 y 36-37.         [ Links ]

32 La información se ha tomado de los diversos informes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y de la Encuesta de ingresos y gastos, de INEGI. También de la presentación que José Narro Robles, Rector de la UNAM, hizo al Grupo Central, México, 19 de junio de 2009.

33 www.vicentefox.org.mx/pag_campaña/2000.

34 El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que en su artículo 17º establece el equilibrio presupuestario como mandato legal y, en el 18º, se establece que no podrá haber aumento de gasto si no va acompañado de un correspondiente aumento en los ingresos. El segundo recorte al presupuesto autorizado para 2009, se distribuye así: 42% en infraestructura, 39% en gasto social. Prensa nacional del 15 de agosto de 2009.

35 INEGI. Ver también Monitor de la Manufactura Mexicana, que coordina Enrique Dussel Peters, Facultad de Economía, UNAM, Canacintra, Centro de Estudios China-México, UNAM, año 5, 2009, núms. 7 y 8.         [ Links ]

36 La información se ha tomado de INEGI, varios informes del Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para 2009, cifras estimadas.

37 Monitor de la Manufactura Mexicana, que coordina Enrique Dussel Peters, Facultad de Economía, UNAM, Canacintra, Centro de Estudios China-México, UNAM, año 5, 2009, núms. 7 y 8, op. cit.

38 CONEVAL, boletín de prensa 6/09.

39 CEPAL, Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile, 2008, pp. 136 y 137.         [ Links ]

40 A. Yúnez Naude, Crisis económica, agricultura ... , op. cit.

41 CEPAL, Panorama social ... , op. cit., p. 131.

42 Ver PNUD y Transparencia Mexicana, Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (Ipro), México, 2009.

43 Ver Invertir en salud para el desarrollo económico, FCE, México, 2006.         [ Links ]

44 Ver nota de Ciro Murayama "Salud y economía: gastamos poco y mal", publicada en el periódico El Universal, México, 5 de mayo de 2009.         [ Links ]

45 Presentación que José Narro Robles, Rector de la UNAM,... , op. cit.

46 Con base en O. Fuentes Molinar, "Posiciones frente al problema de la calidad de la formación que ofrece la educación básica en México", presentado en el Seminario Universitario de la Cuestión Social, UNAM, México, octubre de 2008.         [ Links ] También ver Aprender para el futuro, Fundación Este País e Instituto Nacional para la Evaluación, México, 2003.         [ Links ]

47 O. Fuentes Molinar, "Posiciones frente ... "., op. cit.

48 Tomado de las declaraciones de Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública. Periódico El Universal, México, 10 de julio de 2009.

49 Información tomada de los informes del Banco de México.

50 Monitor de la Manufactura ... , op. cit. También, de Norma Samaniego, "La crisis, el empleo y los salarios en México", en ECONOMIAUNAM, núm. 16, enero-abril 2009, México.         [ Links ]

51 INEGI. La tasa de desempleo está muy lejos de expresar lo que realmente sucede en México: basta con que una persona haya laborado una hora a la semana previa a la encuesta de INEGI para que se considere ocupado. Medir el desempleo de una manera más amplia (i. e., aquellos que laboraron menos de quince horas en la semana en que se llevó a cabo la encuesta) da una tasa de desempleo de más del doble: 11.5 % de la PEA. Ver, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

52 Tomado de Enrique Hernández Laos, Crecimiento... p. 49. Es una definición amplia, que incluye a los trabajadores en empresas formales, pero al margen de toda prestación de ley. Para 2008, estimación propia.

53 ENOE, INEGI, México, 2009.

54 Reporte de competitividad de México 2009, WEF y Universidad de Harvard, Estados Unidos, 2009.

55 Mauricio de Maria y Campos, Lilia Domínguez y Flor Brown, Desarrollo de la industria manufacturera mexicana, del Instituto de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, México, junio de 2009.         [ Links ]

56 http://www.forbes.com Ver de, I. Guerrero, L. F. López-Calva y M. Walton, "The Inequality Trap and Its Links to Low Growth in Mexico", en S. Levy y M. Walton, No Growth without equity, Palgrave Macmillan y Banco Mundial, Nueva York, Estados Unidos, 2009, pp. 115 a 119.         [ Links ]

57 L. Reygadas, La apropiación..., op. cit., p. 163.

58 Ver de R. Vernon, The Dilemma of Mexico's Development: The Role of the Private and Public Sectors, Harvard University Press, Cambridge, Mass., Estados Unidos, 1963 y de R.         [ Links ] Hansen, The Politics of Mexican Development, John Hopkins University Press, Baltimore, Md., Estados Unidos, 1971.         [ Links ]

59 Incluso, en 2009, se continuará perdiendo terreno: el PIB regional de América Latina en promedio se contraerá 1.9% (esto es incluyendo a México. Si se excluye a México dentro del promedio de la región, la contracción del PIB regional será menor) pues el PIB de México para el mismo año disminuirá alrededor de 7-8 %. Ver de CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-2009, http://www.eclac.cl , julio de 2009.         [ Links ]

60 CONEVAL, comunicado de prensa No. 006/09, de 18 de julio 2009.

61 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2002, PNUD, México, 2003 y PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007, México, 2007.

62 CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política Social en México 2008, México, 2009, p. 44.         [ Links ]

63 Ver de E. Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy, "El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de México", en Santiago Levy (compilador), Ensayos sobre el..., op. cit.         [ Links ]

64 PNUD, Informe sobre desarrollo... , 2007, op. cit., pp. 26, 27 y 39.

65 Eduardo Pascual Moncayo, "Desarrollo regional", en Rolando Cordera y Carlos Javier Cabrera Adame (coordinadores), El papel de las ideas..., op. cit., pp. 357 y 386.

66 Ver Aregional, año 3, núm. 30, septiembre de 2009, México, p. 52.         [ Links ]

67 CONEVAL, Informe de Evaluación... , op. cit., p. 41.

68 G. Fields, Distribution and Development: A New Look at the Development World, MIT Press, Mass., Estados Unidos, 2001.         [ Links ] A. Alesina y D. Rodrik, "Distributive politics and economic growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 109, núm. 2 (may), Estados Unidos, 1994.         [ Links ] E. Helpman, The Mystery of Economic Growth, the Belknap Press de Harvard University Press, Cambridge, Mass., Estados Unidos, 2004.         [ Links ]

69 Declaraciones hechas a la prensa con motivo de las reunions del FMI y del Banco Mundial, la semana del 4 de octubre de 2009.

70 M. Ravallion, "Pro-poor growth: A primer", World Bank Policy Research Working Paper, WPS 3242, Banco Mundial, Washington D.C.,Estados Unidos, 2004.         [ Links ] Del mismo autor,

"Inequality is bad for the poor", en Inequality and Poverty reexamined, S. Jenkins y J. Micklewrigth (editors), Oxford University Press, Inglaterra, 2007.         [ Links ]

 

Información sobre el autor

Carlos Tello. Estudio la licenciatura en economía en Georgetown Universisty en Washington D.C., la maestría en Columbia University, en Nueva York y sus estudios de doctorado los realizó en Cambridge University, en Inglaterra. El profesor Tello ha impartido cátedra en la Facultad de Economía de la UNAM durante muchos años y en el Colegio de México también impartió clases algunos años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III; profesor titular C, de tiempo completo, en la Facultad de Economía de la UNAM, donde actualmente ofrece dos cursos: Economía Mexicana I y II, en la licenciatura, y Finanzas Públicas y Estructura Fiscal en México, en el posgrado. Autor de varios libros: entre otros, La tenencia de la tierra en México, La política económica en México, La nacionalización de la banca en México, Cartas desde Moscú, Estado y desarrollo económico: México 1920-2006 y coautor, con Rolando Cordera, de La disputa por la nación y La desigualdad en México. Es autor de artículos en revistas especializadas. Profesor, investigador y conferencista en varias universidades de México y del extranjero. Asimismo ha sido funcionario público: Subsecretario de Hacienda, Secretario de Programación y Presupuesto, Director General del Banco de México, Director General del Instituto Nacional Indigenista, embajador de México en Portugal, URSS, Rusia y Cuba. Es integrante del Consejo asesor de la revista economíaunam desde su fundación.