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Introducción
Diversas investigaciones estudiaron el patrón de distribución de ingresos en las economías latinoamericanas y existe consenso en que esta región es la más inequitativa del mundo (CEPAL, 2014; Medina & Galván, 2008). Sin embargo, se ha señalado que el descenso de la desigualdad fue una característica de la región en el nuevo milenio (CEPAL, 2014; López-Calva & Lustig, 2010). En este contexto, el presente trabajo analiza los cambios en la distribución del ingreso durante la última década en la Argentina, se adopta una perspectiva histórica y se considera las mediaciones macro y micro sociales que subyacen al patrón distributivo.
El caso argentino constituye un buen ejemplo para este tipo de análisis porque en los últimos cuarenta años se sucedieron transformaciones de signo opuesto en el régimen de acumulación (Basualdo, 2010; Lindenboim, 2012; Torrado, 2010; Salvia, 2012). Es por ello que el estudio del patrón distributivo se desarrollará al reconocer distintas etapas político-económicas. Esta periodización incluye los últimos años del modelo de sustitución de importaciones e inicio del ajuste ortodoxo (1974-1988), la etapa de crisis hiperinflacionaria y posterior ciclo de reformas estructurales bajo un régimen de convertibilidad (1988-2003) y el ciclo post-reformas (2003-2014).
El nivel de ingresos monetarios de los hogares y el patrón distributivo resultan de las interrelaciones entre las oportunidades que brinda el mercado laboral, la intervención del Estado bajo políticas sociales1 de transferencia monetaria y los comportamientos micro-sociales que despliegan las unidades domésticas (Cortés, 2000; Salvia, 2012). Este trabajo busca describir la manera en la cual los mercados laborales y el Estado -a través del sistema de jubilaciones y pensiones, los programas de asistencia y transferencias condicionadas- contribuyeron a modelar la desigualdad en cada etapa político-económica. Esta dimensión se articula con otros aspectos subyacentes a la distribución, tales como el esfuerzo desplegado por los hogares para hacerse de recursos y la manera en que los mercados y las políticas sociales retribuyeron tal esfuerzo. Este análisis brindará una perspectiva histórica a lo ocurrido en la última década en materia de desigualdad en el caso argentino.
La tradición de estudios sobre desigualdad distributiva en la Argentina es extensa (Altimir & Beccaria, 2001; Benza & Calvi, 2005; Cruces & Gasparini, 2009; Groisman, 2014, 2013; Salvia, 2012; Salvia & Vera, 2013; Trujillo & Villafañe, 2011). Sin embargo, ha sido poco frecuente que esta temática sea abordada en perspectiva histórica; y quienes lo hicieron (Cruces & Gasparini, 2009; Groisman, 2013) no han puesto énfasis en el abordaje articulado de los elementos mencionados.
La información se construyó a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina desde el año 1972. Por razones de disponibilidad de información, el análisis se restringe al aglomerado Gran Buenos Aires.2 El ingreso mensual relevado por la EPH corresponde al “ingreso corriente de bolsillo” (neto de obligaciones fiscales) proveniente de fuentes laborales y no laborales.3
En la próxima sección de este artículo se sintetizan los principales cambios económicos, del mercado de trabajo y del sistema de políticas sociales en la Argentina entre 1974 y 2014. La segunda sección describe la evolución de los ingresos por perceptor (laboral y no laboral) y del número de perceptores en distintos grupos socioeconómicos, lo que permite integrar procesos macro-sociales (la distribución funcional del ingreso, la dinámica laboral y las políticas sociales) y micro-sociales (la participación laboral, la posibilidad de captar recursos no laborales). La tercera sección presenta un ejercicio de descomposición del coeficiente de Gini según fuentes, tomando en cuenta lo ocurrido en cada período, pero con énfasis en el período post-reformas (2003-2014). El documento concluye con algunas reflexiones y una sistematización de los hallazgos.
Cambios económicos, ocupacionales y en el sistema de políticas sociales en la Argentina (1974-2014)
En los últimos cuarenta años, la sociedad argentina experimentó un conjunto de transformaciones en su modelo de desarrollo. De manera estilizada, las diferentes etapas atravesadas se describen a continuación:
- Fase final del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) e inicio del ajuste ortodoxo (1974-1988):
Al igual que en otros países de América Latina, tras la crisis de los años treinta se expandió en la Argentina un modelo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Ello condujo a la configuración de una “estructura productiva desequilibrada” (Diamand, 1972), con una capacidad exportadora limitada y una industria demandante de importaciones con escasas oportunidades de insertarse en el comercio exterior. El carácter cíclico de este modelo y los cambios en la economía mundial condujeron a partir de la década de 1970 a la aplicación de políticas de ajuste, estabilización y cambio estructural (Basualdo, 2010). Las medidas implementadas provocaron un aumento del endeudamiento externo, de la inflación y tuvieron un efecto regresivo sobre la estructura productiva y el mercado de trabajo. Las medidas propiciaron una mayor heterogeneidad del sistema ocupacional, una expansión del empleo no protegido y el aumento de las primas por calificación (Poy, 2017).
La Argentina tenía hasta mediados de la década de 1970 un sistema de política social basado en un régimen universal y estratificado que incluía la provisión universal de educación y salud, prestaciones de salud y previsionales estratificadas según nivel salarial y rama de actividad y la atención localizada de la pobreza extrema y la falta de vivienda (Lo Vuolo & Barbeito, 1998). El estancamiento económico, el creciente déficit fiscal y los programas de ajuste, tuvieron un impacto regresivo sobre el sistema de políticas sociales, en particular sobre el componente previsional.4 A su vez, a mediados de la década de 1980 comenzaron los programas de “lucha contra la pobreza”, principalmente como transferencias en especies.5
Durante esta década, la crisis del modelo sustitutivo desembocó en un escenario de desequilibrios estructurales, que dieron lugar a diversos intentos de estabilización (como el Plan Austral y el Plan Primavera, entre 1985 y 1988). Sin embargo, sus resultados se desvanecieron con rapidez y les sucedió un período de recesión y alta inflación que se convirtió en un proceso hiperinflacionario.
Crisis hiperinflacionarias y ciclo de reformas estructurales bajo un régimen de convertibilidad (1988-2003)6
La salida de la crisis hiperinflacionaria se resolvió, a comienzos de la década de 1990, a través de un sistema de caja de conversión y un paquete de reformas estructurales más radicales que las anteriores, orientadas a la liberalización financiera y del comercio exterior, la desregulación de los mercados y el traspaso de los monopolios públicos al sector privado mediante privatizaciones (Gaggero, Schorr & Wainer, 2014). Entre 1992 y 1994 estas políticas controlaron la hiperinflación, promovieron el acceso al crédito externo, la inversión de capital y la reducción del déficit fiscal, lo que activó un ciclo de crecimiento. Si bien mejoró el bienestar y descendió la pobreza, muy pronto las políticas de reconversión productiva hicieron crecer el desempleo y aumentar la precariedad (Salvia, 2012). Tras el “efecto Tequila” en 1995 la economía enfrentó una recesión que elevó los niveles de desempleo a cifras récord. Sin embargo, con bastante rapidez se inició una recuperación basada en el endeudamiento externo. Esto redujo el desempleo y la pobreza pero no se alteró la precariedad laboral. A partir de 1998, las crisis financieras globales restringieron el financiamiento externo, lo que condujo a una prolongada recesión y se elevó nuevamente el desempleo, la precariedad y la pobreza.
Durante la década de 1990, se introdujeron cambios en las políticas sociales tendientes a reducir el déficit fiscal, promover la participación del sector privado en las prestaciones sociales y asistir de manera focalizada a los “grupos de riesgo” (Barrientos & Hulme, 2008; Barba Solano & Cohen, 2011). Así surgió una serie de programas de transferencia de ingresos, que incluyen subsidios para el cuidado de la alimentación y la salud (programas welfare), los sistemas de pensiones no contributivas y los programas de empleo y capacitación (o workfare). En el caso argentino, un exponente de estos programas de atención al desempleo fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) a fines del 2001 que, a diferencia de programas previos, tuvo un alcance masivo llegando rápidamente a 1.5 millones de beneficiarios. Con respecto al régimen previsional, junto al sistema público se instaló un régimen privado de capitalización. Ello promovió un mayor déficit fiscal mientras se deterioraban las prestaciones del régimen estatal de reparto (Curcio & Beccaria, 2013; Danani & Beccaria, 2013).
El déficit fiscal y el elevado endeudamiento emergieron una vez más como una restricción al crecimiento económico. La puesta en marcha de medidas de ajuste agravó la situación. En un escenario de fuerte crisis social e institucional se declaró el default de la deuda externa a fines de 2001 y se abandonó la convertibilidad por medio de una fuerte devaluación a principios de 2002. La crisis de 2001-2002 dio lugar a un abrupto aumento del desempleo y la pobreza (Lindenboim, 2012), lo que hizo evidente la fragilidad del sistema ocupacional, de protección y asistencia social alentado por el programa de reformas estructurales.
Ciclo post-reformas (2003-2014)
La devaluación de 2002, que implicó una transferencia desde quienes percibían ingresos fijos (trabajadores, cuentapropistas y jubilados) hacia el resto de los sectores sociales, condujo a una nueva fase de crecimiento económico (Gaggero, Schorr & Wainer, 2014; CENDA, 2010). La salida de la convertibilidad estimuló la producción local, lo cual se combinó con el aumento de precios de los productos de exportación. Ello se tradujo en una intensa recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) y de la demanda de empleo (Kulfas, 2016). Sin embargo, el perfil productivo mantuvo los principales rasgos de la década previa: alta concentración económica, dependencia tecnológica y exportaciones de bajo valor agregado (Gaggero, Schorr & Wainer, 2014; Fernández Bugna & Porta, 2008).
El gobierno implementó políticas activas de ingresos, a través del aumento del salario mínimo e incrementos salariales en el sector público y privado (Beccaria & Maurizio, 2012; Cruces & Gasparini, 2009; CENDA, 2010; Lindenboim, 2012); y amplió su labor regulatoria en el mercado de trabajo (Kulfas, 2016). Así, se redujeron el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza extrema durante la primera parte de la década. Sin embargo, estas mejoras coexistieron con niveles de precariedad y empleo en el sector informal elevados en términos históricos, limitando la superación de la pobreza estructural (Beccaria & Maurizio, 2012; Damill, Frenkel & Maurizio, 2011; Salvia, Vera & Poy, 2015; Salvia, 2016).
De forma paralela, fue modificándose el régimen de políticas sociales. En tanto algunos beneficiarios del PJJHD lo abandonaban tras conseguir empleo, otros fueron transferidos a nuevos programas de asistencia de tipo welfare (plan familias por la inclusión social) o workfare (seguro de capacitación y empleo). A partir de 2009, el gobierno lanzó un nuevo régimen de transferencias monetarias condicionadas (la asignación universal por hijo), dirigido a los trabajadores informales o desocupados que concentró a la mayoría de los beneficiarios de programas anteriores (Curcio & Beccaria, 2013).7 Por otra parte, se implementaron una serie de “contra-reformas” (Danani & Beccaria, 2013) en el plano del sistema de jubilaciones y pensiones. El gobierno re-estatizó el sistema previsional, promovió el aumento de los haberes, la ampliación de la cobertura y un significativo incremento de pensiones no contributivas (Curcio & Beccaria, 2013).
A partir de 2007, el aumento de la oferta de bienes y servicios por debajo de la demanda agregada y el crecimiento de los precios de exportación, generaron un proceso inflacionario, lo cual dio lugar a desequilibrios del balance comercial y condujo a la reaparición de la “restricción externa” (Gaggero, Schorr & Wainer, 2014). Como resultado, descendió el ritmo de crecimiento y se implantó un sistema de control de cambios que hizo declinar aún más la tasa de inversión y el ritmo de creación de empleo. La política fiscal expansiva propició una mayor inflación. El resultado fue un nivel menor de crecimiento en el período 2008-2014 (Kulfas, 2016).
En las próximas secciones, el artículo avanza sobre la forma en que los cambios económicos, laborales y del sistema de políticas sociales en cada etapa se transmitieron, con la mediación de comportamientos micro-sociales, en el patrón distributivo.
Articulaciones micro y macro sociales en la configuración del patrón distributivo
Diferentes perspectivas teóricas coinciden en destacar que los hogares desempeñan un rol activo en la optimización de sus niveles de bienestar (Cortés, 2000; Filgueira & Kaztman, 1999; Martínez Franzoni, 2005), por lo que sus comportamientos inciden sobre el patrón distributivo. Abordamos dos aspectos de esta dimensión: el número de perceptores de ingresos y el ingreso promedio por perceptor, tanto de fuentes laborales como no laborales, entre los hogares de distintas posiciones sociales.8
De acuerdo con la Tabla 1, entre 1974 y 1988 los hogares de más bajos ingresos aumentaron su cantidad de perceptores, al revés de lo ocurrido en los hogares de los dos quintiles superiores. Si bien a nivel agregado se retrajo el número de perceptores laborales -debido a la baja capacidad de absorción del mercado de trabajo en la década de 1980-, los hogares del primer quintil debieron aumentar la auto-explotación de la fuerza de trabajo para que el deterioro de sus condiciones de vida no fuera mayor. En cambio, se advierte un aumento en el número de perceptores de ingresos no laborales por hogar. Pero como una parte importante de ello se debió a una mayor cobertura previsional, este proceso se concentró en los quintiles medios.
Tabla 1 Cambios en el número de perceptores de ingresos, de ingresos laborales y no laborales. Gran Buenos Aires 1974-2014
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC para los períodos indicados.
Disponibles en: www.indec.gov.ar
La etapa de reformas estructurales dio lugar a una retracción de la cantidad de perceptores por hogar. Si se toma en cuenta lo ocurrido con los perceptores laborales, se advierte el contraste con respecto a la década de 1980: no sólo los hogares enfrentaron dificultades para aumentar su participación en el mercado laboral sino que los del estrato más bajo fueron los más afectados. Esto puede explicarse por el sesgo de la demanda laboral hacia la fuerza de trabajo con altas calificaciones (Beccaria & Maurizio, 2012). Como contraste, los años de reforma estructural muestran el aumento del número de perceptores de ingresos no laborales (principalmente, entre 1998 y 2003). Ello estuvo ligado al surgimiento del PJJHD9 y por ello el número de perceptores de ingresos no laborales se expandió más en los quintiles más pobres de la estructura social.
A diferencia de las etapas previas, durante el período post-reformas aumentó significativamente el número promedio de perceptores por hogar. De forma contrastante, fueron los quintiles más bajos los que tuvieron mayores oportunidades. Ello fue así, principalmente, entre 2003 y 2007. El incremento del número de perceptores de ingresos laborales explica la mayor parte de este dinamismo, lo cual se asoció con la recomposición de la demanda laboral en ocupaciones de baja calificación (Beccaria & Maurizio, 2012). En cambio, entre 2007 y 2014, el aumento del número de perceptores de ingresos se asoció con lo ocurrido con los perceptores no laborales. Su importancia fue más destacada en los quintiles más pobres, como resultado de los referidos cambios en el sistema de políticas sociales.
La Tabla 2 complementa el análisis al incorporar lo ocurrido con los ingresos promedio por perceptor. Entre 1974 y 1988 se advierte una retracción del ingreso promedio por perceptor. Un rasgo significativo fue que afectó tanto a aquellos de fuentes laborales como no laborales y en similar proporción. Las dos etapas incluidas en el análisis estuvieron unificadas por el carácter socialmente regresivo de esta retracción: los quintiles más pobres experimentaron la mayor caída relativa. En ello incidió la fuerte caída salarial propiciada por el programa económico de la dictadura militar (Lindenboim, Kennedy & Graña, 2010) y la caída de los ingresos jubilatorios debida a la crisis del sistema previsional (Arza, 2010).
Tabla 2 Cambios en el ingreso promedio por perceptor, por perceptor laboral y no laboral. Gran Buenos Aires 1974-2014. En variación porcentual.
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC para los períodos indicados.
Disponibles en: <www.indec.gov.ar>
Inicialmente, el ciclo de reformas estructurales posibilitó una recuperación del ingreso por perceptor, por la estabilización de precios que siguió a la hiperinflación. Durante toda la década, el incremento del bienestar por fuentes laborales y no laborales se centró en los hogares de los quintiles más ricos, lo cual pudo deberse al aumento de las primas por calificación en el mercado laboral (Beccaria & Maurizio, 2012) y a la mayor desigualdad en el sistema previsional (Arza, 2010). La devaluación que siguió al ciclo de reformas, implicó un nuevo pico en la retracción de ingresos. Nuevamente, el retroceso fue similar para el ingreso medio de fuente laboral y no laboral y más acentuado para los primeros quintiles de la estructura social.
El ciclo post-reformas estructurales contrastó con lo ocurrido en las etapas previas también con relación al ingreso promedio por perceptor. Se destacó un aumento del ingreso promedio por perceptor en el primer período del ciclo (2003-2007), y un estancamiento o retracción en la segunda fase (2007-2014). En tanto esta secuencia (aumento-retracción) fue similar a la registrada en el período de reformas estructurales, hubo una diferencia cuantitativa en cuanto a la magnitud del retroceso y otra cualitativa: durante el período post-reformas los principales beneficiados del aumento del ingreso por perceptor fueron los quintiles más pobres de la estructura social. Cuando se considera lo ocurrido con los ingresos por perceptor laboral y no laboral, se advierte en ambos casos una recomposición en la primera etapa y una estabilidad o retracción en la segunda etapa. Así, en el ingreso medio por perceptor de fuentes laborales y no laborales se dio un crecimiento “pro-pobre”: se incrementaron más los ingresos medios en los primeros quintiles.
El aporte del mercado de trabajo y de las políticas sociales a la evolución de la desigualdad
En tanto que la sección anterior permitió describir la evolución del patrón distributivo tomando en cuenta una articulación de rasgos micro y macro sociales, a continuación examinamos el comportamiento del coeficiente de Gini como índice sintético de desigualdad. Su descomposición complementa la mirada previa, al permitir conocer los efectos de las distintas fuentes de ingreso en la desigualdad.
En este trabajo se retoma la metodología propuesta por Leibbrandt, Woolard & Woolard (1996).10 El aporte de una fuente de ingreso k, en un tiempo t, a la desigualdad general dependerá de cuánto participe en el ingreso total (Sk,t), cuán desigual sea su distribución (Gk,t), y de su correlación con la posición relativa del hogar en la distribución general (Rk,t). En el Anexo Estadístico se expone el aporte de cada fuente de ingreso k a la desigualdad -así como también los componentes de dicho aporte- para cada uno de los años seleccionados. En fórmula:
A partir de (1), el valor del coeficiente de Gini de ingresos de los hogares puede ser descompuesto de la siguiente forma:
En donde G representa el coeficiente de desigualdad de Gini de ingresos familiares, D ILt la desigualdad generada por los ingresos del mercado de trabajo, D INLt aquella proveniente de los ingresos no laborales. Esta última se desagrega en la desigualdad generada por recursos provenientes de programas sociales y el sistema jubilatorio -D PSt - (entre las que se incluyen los programas de empleo -D PEt -, el conjunto de programas de transferencias de ingresos -D PTIt - y el sistema de jubilaciones y pensiones -D JPt -11) y por otros ingresos no laborales -D OINLt - . El subíndice t simboliza el tiempo. Según demuestra Cortes (2000), el cambio entre dos índices de Gini, uno referido al tiempo t (Gt) y otro al tiempo 0 (G0), puede descomponerse de acuerdo con la siguiente ecuación:
Según la ecuación (3) la contribución de una determinada fuente al cambio general de la desigualdad estará determinada por: (i) los cambios en la correlación entre la distribución del ingreso familiar de un determinado origen con respecto a la distribución total del ingreso (R); (ii) el cambio en la concentración relativa del ingreso por parte de cada fuente considerada (S); (iii) los cambios que registre la desigualdad al interior de cada fuente (G); y (iv) el efecto de cada una de las correlaciones de primer y segundo orden entre estos factores.12
Entre 1974 y 1988, el coeficiente de Gini del ingreso familiar en el Gran Buenos Aires pasó de 0.3662 a 0.4400, dando cuenta de los ya mencionados efectos del programa de ajuste militar (Tabla 3). Si bien las diversas fuentes de ingresos consideradas incrementaron su contribución a la desigualdad, el aporte de los ingresos laborales al coeficiente de Gini se redujo levemente (de 96.6 a 95.6%) mientras que aumentó la participación de los ingresos no laborales (3.4 a 4.4%). Esto último se debió al aumento de los ingresos por rentas, utilidades, remesas y préstamos familiares (1.8 a 2.8%) mientras que el aporte de ingresos provenientes de la seguridad social fue similar entre los años 1974 y 1988 (1.6%).
Tabla 3 Coeficiente de Gini familiar y su descomposición según fuentes de ingreso. Área Gran Buenos Aires, 1974-2014. En puntos del coeficiente de Gini y en porcentajes
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC para los períodos indicados.
Disponibles en: <www.indec.gov.ar>
El aumento de 0.0738 puntos en el coeficiente de Gini -el más alto de toda la serie histórica- entre 1974 y 1988 estuvo ligado principalmente (90.7%) a lo ocurrido con los ingresos laborales (Tabla 4). La mayor parte del comportamiento de los ingresos no laborales se explicó por lo ocurrido con ingresos por rentas y utilidades (7.5%), mientras que las políticas sociales jugaron un papel menor.
Tabla 4 Cambios en el coeficiente de Gini familiar y su descomposición según fuentes de ingreso. Área Gran Buenos Aires, 1974-2014. Variación absoluta en puntos del coeficiente de Gini y participación relativa en el cambio interanual.
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC para los períodos indicados.
Disponibles en: <www.indec.gov.ar>
La Tabla 5 examina los factores a los que cabe imputar los cambios en la desigualdad. Más allá de que los ingresos laborales hayan disminuido su participación relativa en este período (1974-1988), los mismos incrementaron su inequidad interna dado que, tal como señaló, el mercado laboral se volvió más estratificado (Poy, 2017). Los ingresos no laborales aumentaron su correlación con la distribución general (R), aspecto más acentuado en los ingresos de rentas, utilidades y otras fuentes13 que en el caso de los ingresos provenientes de política social y el sistema jubilatorio. Puede conjeturarse que la crisis del sistema previsional, asociada a una homogeneización de la distribución de los haberes, podría explicar el reducido papel jugado por los ingresos de políticas sociales en el incremento de la desigualdad0.14
Tabla 5 Descomposición del cambio absoluto del coeficiente de Gini familiar según fuente de ingresos. Área Gran Buenos Aires, 1974-2014. Variación interanual en valores absolutos/puntos del coeficiente de Gini
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH-INDEC para los períodos indicados.
Disponibles en: <www.indec.gov.ar>
Durante el ciclo de reformas estructurales, el coeficiente de Gini pasó de 0.440 a 0.4867 (Tabla 3). El aporte absoluto de las fuentes laborales como no laborales se incrementó entre los años 1988 y 2003; pero el aporte relativo de las primeras se redujo de manera importante (de 95.6 en 1988 a 91.8% en 2003) a favor de lo ocurrido con las fuentes no laborales. Los ingresos por políticas sociales y sistema jubilatorio, pasaron de una participación relativa de 1.6 a 4.1% entre 1988 y 2003.
Si se evalúa el incremento de 0.0467 puntos del coeficiente de Gini familiar (Tabla 4) registrado en este período, se evidencia que de la intensificación de la desigualdad sólo un 55.7% se explicó por lo ocurrido en el mercado de trabajo. Los ingresos provenientes de políticas sociales y del sistema jubilatorio explicaron 27.6% del incremento de la desigualdad.
La Tabla 5 indica que los ingresos laborales aumentaron su contribución al Gini debido, principalmente, a un crecimiento de su inequidad. Como se mencionó, ello se habría originado en el aumento de las primas por calificación. En tanto, la mayor participación de las fuentes de ingreso no laboral en el presupuesto de los hogares (S) habría contribuido a un aumento del aporte de los ingresos no laborales al Gini. Esto habría sido resultado de un decremento relativo de los ingresos laborales, muy afectados por el funcionamiento del mercado de trabajo y el incremento del desempleo. Los ingresos no laborales nuevamente -al igual que en la etapa anterior- aumentaron su correlación con la distribución general (R). Pero esta tendencia operó sólo en los ingresos provenientes de políticas sociales y sistema jubilatorio. En otras palabras, durante una fase de deterioro laboral en que la generación de recursos quedó cada vez más en correspondencia con el “libre” funcionamiento de los mercados, la percepción de haberes previsionales prevaleció en hogares mejor posicionados en la estructura distributiva; lo cual cabe imputar al deterioro del sistema público de reparto.15
Durante el ciclo post-reformas, se advierte un cambio de tendencia, puesto que el Gini pasó de 0.4753 a 0.3851 (Tabla 3), a partir del descenso del aporte absoluto tanto de fuentes laborales como no laborales. Durante el período, volvió a incrementarse el aporte relativo de las fuentes laborales al coeficiente de desigualdad (93.1 a 94.4%) y se redujo el de los ingresos no laborales (6.9 a 5.6%).
La reducción de 0.0902 puntos del coeficiente de Gini durante la etapa post-reformas (Tabla 4) se originó tanto en el comportamiento de las fuentes laborales (87.6%) como de las no laborales (12.4%). La “contra-reforma” del sistema previsional implicó que los ingresos provenientes de jubilaciones y pensiones explicaran 11.8% de la reducción de la desigualdad distributiva. Con respecto a los planes de empleo, los datos revelan que éstos no participaron en el proceso de reducción de la desigualdad durante este período. Mientras que en el año 2003 reducían el nivel de desigualdad preexistente -aunque en una proporción muy pequeña-, dicha compensación no está presente al final del período (Tablas AE.6 y AE.8 del Anexo Estadístico). Ello se debió a que los planes de empleo perdieron la relevancia que tenían anteriormente, se concentraron cada vez menos en los más pobres y a que los ingresos de esa fuente perdieron peso durante el período (Tablas AE.6 y AE.8 del Anexo Estadístico).16 En contrapartida, los programas de transferencias condicionadas de ingresos (como la asignación universal por hijo) aportaron con mayor intensidad al descenso de la desigualdad.
Durante la etapa post-reformas, los ingresos laborales disminuyeron su contribución al Gini debido, principalmente, al descenso de su desigualdad interna (Tabla 5), lo que cabe asignar a la reducción de las primas educativas (Groisman, 2014). Los ingresos no laborales redujeron su correlación con la distribución general (R), es decir que los hogares peor posicionados de la estructura distributiva ganaron participación en estas fuentes, produciendo un efecto progresivo en términos de equidad. En el caso del sistema jubilatorio, la reducción del aporte de dicha fuente a la desigualdad se debió a su menor desigualdad interna y a una pérdida de correlación con la distribución general; es decir que el sistema de jubilaciones y pensiones perdió importancia en la determinación de la estratificación general. Ello se habría originado en el aumento relativo de prestaciones “mínimas” y en la reducción de la distancia entre éstas y las jubilaciones de mayor ingreso (Bertranou et al., 2012). En el caso de los programas de transferencias condicionadas de ingresos, aumentaron su participación en el volumen de ingresos totales durante el período post-reformas, intensificándose así su impacto progresivo en términos de equidad (Tablas AE.6 y AE.8 del Anexo Estadístico).17 Dichos ingresos redujeron su desigualdad interna, a la vez que hicieron menos negativa su correlación con la distribución general (Tablas AE.6 y AE.8 del Anexo Estadístico): esto es, si bien el ordenamiento de los hogares según esta fuente continúa siendo inverso al ordenamiento según el ingreso total, los ingresos por transferencias perdieron levemente en “focalización” en los estratos más pobres durante el período 2003-2014.
Resumen de hallazgos y reflexiones finales
El trabajo centró sus preocupaciones en el análisis de los cambios ocurridos en la distribución del ingreso en el caso argentino durante la última década adoptando una perspectiva de largo plazo. El modelo propuesto consideró los cambios en el patrón distributivo reconociendo las mediaciones generadas por el mercado laboral, las políticas públicas y los comportamientos de los hogares.
La etapa de crecimiento post-reformas evidenció una reversión en la tendencia ascendente de la desigualdad distributiva iniciada en la década de 1970. En el caso analizado, la trama de factores macro y micro sociales involucrados incluyó: (i) una demanda laboral que incluyó posiciones de baja calificación permitió a los hogares volcar un mayor número de perceptores al mercado de trabajo; (ii) una modificación del sistema de política social que extendió su cobertura, lo que también amplió las oportunidades de los hogares de incrementar su número de perceptores en estas fuentes; (iii) en un caso como en otro, el incremento en el número de perceptores fue mayor entre los estratos más bajos; (iv) tras un punto de partida muy bajo (resultante de la devaluación en 2002), fue posible que los ingresos promedio por perceptor se incrementaran sostenidamente.
A través de una mirada sintética ofrecida por la evolución del coeficiente de Gini, pudieron advertirse rasgos complementarios: (v) los ingresos de fuentes laborales redujeron su contribución absoluta a la desigualdad por una reducción de su inequidad interna y por su descenso en la participación relativa en el presupuesto de los hogares; (vi) el descenso del aporte de los ingresos no laborales devino principalmente de la disminución de la correlación de los ingresos por políticas sociales y sistema jubilatorio con la distribución general, lo que tuvo que ver con la mayor cobertura previsional y su mayor homogeneidad, así como con el crecimiento del gasto en programas de asistencia social y seguridad social no contributiva.
Los datos han permitido señalar que el patrón distributivo en el Gran Buenos Aires era en el siglo veintiuno más regresivo de lo que era a mediados de la década de 1970. Ello da cuenta de un particular proceso de polarización que enfrenta un “piso estructural” difícil de revertir en la actual fase de globalización. La evidencia presentada dio cuenta de algunos de los límites que enfrentan las políticas sociales para resolver las desigualdades estructurales que generan el sistema productivo y el mercado de trabajo en esta etapa. La modificación del patrón de distribución de ingresos laborales -que no resulta ajeno al modo de inserción económica del país en el mercado externo ni a su pauta de mayor o menor especialización productiva- y la intensificación de políticas de protección universales parecen ser un mecanismo fundamental en las posibilidades de alcanzar una mayor integración social.
