Dossier: Derechos Humanos

 

Transición a la democracia y derechos humanos en México: la pérdida de integralidad en el discurso

 

Transition to democracy and human rights in Mexico: the loss of holesness in the rhetoric

 

Ariadna Estévez López*

 

* Doctora en derechos humanos por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Correo electrónico: aestevez@servidor.unam.mx

 

Fecha de recepción: 19/05/2006
Fecha de aceptación: 2/10/2006

 

Resumen

A través del método genealógico de Michel Foucault este artículo describe cómo el discurso de derechos humanos en México surge en la década de los ochenta como resultado de una fusión ecléctica de los discursos de la transición a la democracia y la teología de la liberación. Esta fusión dio origen a un discurso integral que daba el mismo valor a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el discurso perdió integralidad en la medida que se subordinó a la transición democrática y se postergó el aborde de los derechos relacionados con la desigualdad socioeconómica. Al agravarse la situación social en México las organizaciones finalmente están abordando estos problemas pero hasta ahora no han podido revertir el rezago causado por una visión de implementación cronológica.

Palabras clave: Derechos humanos, discurso, democracia, organizaciones de derechos humanos, genealogía.

 

Abstract

Using Michel Foucault's genealogical method, this paper argues that human rights consciousness first appeared in Mexico as the result of an eclectic combination of two political tendencies: transition to democracy and liberation theology. In this way of thinking, civil and political rights were considered to have the same importance as economic, social, and cultural rights. However, human rights cause lost ground as it became subordinated to the transition–to– democracy cause, and human rights issues related to socio–economic inequality were put on the back burner. As the economic situation worsened, NGOs are finally addressing economic and social problems, but have not been able to revert the effects of years of neglect.

Key words: Human rights, discourse, democracy, human rights organizations, genealogy.

 

Si bien existe un discurso de derechos humanos con aspiraciones "universales", también es cierto que la apropiación y el ejercicio de este discurso tiene expresiones locales que están determinadas por factores políticos, económicos, sociales y culturales tanto internos como externos. En consecuencia no podemos hablar de un discurso de derechos humanos, sino de una multiplicidad de discursos nacionales o regionales cuyo origen se encuentra en la coincidencia de factores históricos (Nyamu–Musembi, 2002; Baxi, 2002).

El discurso de derechos humanos en México¹ surge en la década de los ochenta y es producto del encuentro armónico entre dos discursos que fueron opuestos durante mucho tiempo y que entraron a nuestro país por la vía de los movimientos sociales y la intelectualidad latinoamericana: la transición a la democracia y la teología de la liberación. Esta mezcla dio origen a un discurso que fue adquiriendo objetos y sujetos en función de las necesidades marcadas por la situación sociopolítica y económica de México —a su vez marcaba la liberalización económica y la consecuente crisis del corporativismo—. Con esta mezcla ecléctica se construyó un discurso de derechos humanos que en un principio propugnaba la integralidad de todos los derechos, pero que fue volviéndose liberal en la medida en que la izquierda social se sumaba a la lucha por la transición a la democracia.

Este artículo hace una descripción del surgimiento y el desarrollo del discurso de derechos humanos en México a partir de una visión genealógica. Para ello describe dos periodos marcados por momentos políticos y socioeconómicos que ampliaron el discurso hasta su versión actual: 1) el surgimiento del discurso integral (1984–1990), y 2) la subordinación al discurso democrático y la resultante pérdida de la integralidad (1991–2000). Las conclusiones son un epílogo a la situación actual del discurso.

 

EL PRINCIPIO: CONSTRUYENDO UN DISCURSO INTEGRAL (1984–1990)

El discurso de derechos humanos en México fue de dominio casi exclusivamente diplomático hasta mediados de los ochenta, cuando la izquierda social empezó a utilizarlo en el contexto del conflicto armado en Centro América, especialmente en El Salvador y Nicaragua, donde la Iglesia progresista creó organizaciones que se encargaban de denunciar abusos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones, detenciones arbitrarias, incomunicación, asesinato político, etcétera, cometidos contra la oposición armada (Acosta, 2004; Aguayo, 2004; Concha Malo, 2004; Maldonado, 2004; Fernández, 2004).

Decenas de defensores de derechos humanos pertenecientes a esas organizaciones fueron asesinados, o en el mejor de los casos perseguidos, como los hermanos Roberto y Benjamín Cuéllar, fundadores del Comité de Derechos Humanos "Socorro Jurídico Cristiano" de El Salvador. Los Cuéllar huyeron a la Ciudad de México, donde de inmediato buscaron a la Orden de los Dominicos, con quienes estaban relacionados en El Salvador en su trabajo de defensa de los derechos humanos. Los Dominicos en México les dieron las facilidades para echar a andar una campaña de solidaridad con el pueblo salvadoreño, a la cual se unieron académicos, promotores de educación popular y simpatizantes de la teología de la liberación, quienes posteriormente crearían las primeras organizaciones de derechos humanos en México.

Aunque los derechos humanos como práctica discursiva entraron a través de este movimiento de solidaridad con Centroamérica, como discurso surgió de la fusión de dos corrientes de pensamiento diferentes pero convergentes en las luchas sociopolíticas en América Latina: la transición a la democracia y la teología de la liberación. En primer lugar, la noción de derechos humanos como herramienta de la transición a la democracia fue utilizada por académicos y activistas laicos que abandonaban progresivamente la idea de "revolución" y se sumaban a las ideas de "democratización" prevalecientes en otros países del continente.² De acuerdo con algunos estudios sobre las razones y usos de la democracia en América Latina, la transición a la democracia tiene su origen en el impacto que tuvieron los golpes de Estado de América del Sur de los setenta en la intelectualidad de la época, la cual empezó a cuestionar seriamente la efectividad de los discursos revolucionarios del marxismo–leninismo para el cambio político (Lesgart, 2003; Roitman Rosenmann, 2005).

La brutal represión de las juntas militares contra la guerrilla y los líderes obreros fue atribuida al proyecto político–intelectual de la izquierda de aquel entonces, que proponía la revolución armada como método y el socialismo como meta. La idea de fondo era que el ideal de la lucha armada como vía para el cambio político y económico había suscitado una reacción feroz en la ultraderecha y polarizado las posturas de los distintos actores políticos y sociales, y por ello era necesario cambiar la dinámica de pensamiento y en consecuencia de la acción política (Lesgart, 2003; Roitman Rosenmann, 2005).

De esta forma, los intelectuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) analizaron las características de los regímenes militares —que los intelectuales empezaron a llamar sistemas burocrático–autoritarios para diferenciarlos del viejo autoritarismo, definido por el uso del corporativismo para prevenir la disidencia—, y decidieron elaborar alternativas intelectuales que llevaran a un cambio político que pudiera poner fin a la represión y a los gobiernos militares, pero que evitara movimientos de masa proclives a la revolución (Lesgart, 2003; Ruiz Contardo, 2004).³ La respuesta fue la "democracia" (Lesgart, 2003: 68).⁴

La opción por la democracia fue una decisión difícil toda vez que la izquierda latinoamericana siempre había sospechado de las posibilidades emancipadoras de ese discurso. Durante décadas los activistas e intelectuales de la región habían visto la democracia y los derechos humanos con suspicacia, no sólo por la prevalencia de los discursos marxistas, sino también por el contexto de la Guerra Fría en la que los discursos liberales eran promovidos en la Alianza por el Progreso, un programa patrocinado por Estados Unidos con el que se trataba de impedir el "contagio socialista" a través de programas para el desarrollo y la democracia. Pero detrás del uso de la transición a la democracia como un concepto había razones pragmáticas, ya que la democracia tenía un rol práctico doble: oponerse al autoritarismo, y permitir la defensa individual frente a la brutal represión de las juntas militares (Lesgart, 2003: 81).

Aunque México no había pasado por la terrible situación de represión generalizada que hizo a los países de Sudamérica elaborar la teoría de la transición a la democracia —en México todavía había elecciones y la situación de los derechos civiles no era tan atroz como la de esos países o los de América Central—, la situación política imperante era lo suficientemente mala como para relacionarla con el "autoritarismo burocrático" y la consiguiente necesidad de "transitar a la democracia".⁵ En México "la transición a la democracia" significaba un cambio de partido en la oficina presidencial, misma que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había monopolizado durante 60 años. Incluía la instauración del Estado de Derecho, elecciones libres, un sistema de partidos fuerte, la rendición de cuentas de los gobernantes, el goce de libertades individuales y derechos políticos, y se veía como la forma de lograr un gobierno verdaderamente electo por el pueblo que estuviera dispuesto a revertir las políticas neoliberales y perseguir los ideales de justicia social.

En México la visión de derechos humanos en el marco de la transición a la democracia entendida en estos términos era esencialista. Se les entendía como preexistentes a la ley y emanados de una supuesta naturaleza humana universal. También se enfocaban en el "Estado de Derecho" como precondición para un régimen verdaderamente democrático, el cual veían como un fin en sí mismo, pues en la democracia la ley se aplica en favor de los individuos para que puedan escoger libremente a sus líderes y así asegurar cambios estructurales. Pero a diferencia de los países del Cono Sur donde los asuntos económicos pasaron a segundo plano debido a la represión generalizada contra activistas políticos, en México, donde la represión estaba vinculada a la resistencia contra el ajuste estructural y era mucho menos generalizada, las organizaciones laicas mantuvieron una visión integral de los derechos humanos y advirtieron en sus publicaciones los peligros de remover de la idea de democracia el análisis socioeconómico.⁶

En segundo lugar la noción de derechos humanos basada primero en las "prácticas pastorales" de la Iglesia Católica en el Cono Sur y América Central, y después en las ideas de la teología de la liberación vinculadas a esas prácticas, fue promovida por los Dominicos y los Jesuitas. La teología de la liberación nunca fue tan importante en México como en el resto de América Latina⁷ —excepto en el caso de las comunidades eclesiales de base (CEB)— pero debido al involucramiento de la izquierda social en la campaña por los derechos humanos en El Salvador y el movimiento de solidaridad con los refugiados centroamericanos en México, la obra de teólogos de la liberación que teorizaron sobre los derechos humanos —especialmente Leonardo y Clodovis Boff, Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, los dos últimos basados en la Universidad Centroamericana de El Salvador— fue ampliamente leída entre curas activistas.

Durante la década de los setenta, los teólogos de la liberación rechazaron los discursos de democracia y derechos humanos⁸ porque los veían vinculados con la política intervencionista de Estados Unidos (Sigmund, 1990), pero en Chile y Brasil algunos sacerdotes utilizaban el discurso de derechos humanos de forma pragmática para buscar a los desaparecidos y defender a los torturados y los detenidos arbitrariamente por los gobiernos de la doctrina de seguridad nacional. Pero en la medida en que la transición a la democracia ganaba terreno entre la izquierda social del Cono Sur, y la violencia se extendía en toda América Central, en la década de los ochenta los teólogos de la liberación se volvieron más receptivos y aquellos con base en la Universidad Centroamericana (UCA) empezaron a desarrollar sus propias teorías de derechos humanos (Sigmund, 1990: 77).

Boff, Ellacuría y Sobrino propusieron la idea de derechos humanos como "derechos de los pobres", siguiendo la idea liberacionista de que Dios tiene una "opción preferencial por los pobres". La idea de los derechos de los pobres contrastó con el individualismo de la doctrina de derechos humanos promovida por Estados Unidos, toda vez que proponía los derechos humanos como los derechos de la comunidad y no del individuo (Czerny, 1992). De mucha influencia para esta formulación resultó la idea de la historización de los derechos humanos elaborada por Ellacuría, quien señalaba la importancia del contexto socioeconómico en la construcción de los derechos humanos. Decía que antes de analizar "el problema de los derechos humanos" era necesario descartar cualquier noción abstracta de derechos humanos y examinar el contexto para determinar si el concepto imperante servía únicamente para mantener el estatus quo y los intereses de la minoría poderosa en detrimento de la mayoría empobrecida (Ellacuría, 1990).

Esta visión de la necesidad de contextualizar los derechos humanos rechazaba cualquier separación entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, y proponía una jerarquía basada en la lucha de los pueblos por su liberación, la cual era entendida como la lucha del pueblo contra la opresión para lograr su libertad. Esta jerarquía debía ser cronológica y priorizar un derecho sobre todos los demás: el derecho a la vida. La centralidad de este derecho estaba vinculado a la represión sistemática y generalizada en América Central (Sigmund, 1990; Ellacuría, 1990; Czerny, 1992).

En México, la visión religiosa de los derechos humanos se fusionó con la concepción laica ofrecida por el discurso de la transición a la democracia y dio origen a una primera versión de un discurso de derechos humanos propiamente mexicano. Esta visión mexicana establecía que las violaciones a los derechos civiles y políticos (DCP) —como tortura, asesinato, detención arbitraria y desaparición forzada— eran expresiones obvias de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). A partir de mediados de los ochenta, se puso igual énfasis en la importancia de estos dos tipos de derechos.

Sin embargo, la fusión de estas dos corrientes de pensamiento que enfatizaban la necesidad de adquirir conciencia sobre el contexto socioeconómico e impulsar la solidaridad no eliminó las diferencias fundamentales entre las visiones laica y religiosa de los derechos humanos ya que una de ellas era legal (iusnaturalismo) y la otra estaba basada en las prácticas pastorales de la teología de la liberación, como la organización de las bases. Estas diferencias llevaron a la creación de dos diferentes tipos de sujetos de derechos humanos: las ONG académico–profesionales y las religiosas (jesuitas y dominicas). Impulsados por el trabajo de los Cuéllar y en respuesta al problema de los refugiados centroamericanos, los dominicos crearon el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria" en abril de 1984; y un grupo de académicos, políticos y activistas laicos crearon la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en octubre de ese año.⁹

Al principio estas organizaciones no abordaban problemáticas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en México. El Vitoria se dedicaba a registrar la violencia política en Centro América, y la Academia se concentraba en educación e investigación en derechos humanos. No es que estas organizaciones no tuvieran conciencia de la relevancia de los derechos humanos para la problemática mexicana, pero no había las condiciones para hacerlo: el discurso estaba muy relacionado con la política "imperialista" de Estados Unidos, y muy poca gente fuera del circuito de solidaridad latinoamericana sabía lo que eran los derechos humanos, por lo que éste no tenía respaldo social y los activistas ponían sus vidas en peligro. Los coordinadores de las organizaciones decidieron que la mejor forma de lograr respaldo social era una difusión amplia entre la clase política, la academia y el activismo social, de lo que son los derechos humanos, a través de publicaciones y seminarios, y la multiplicación de grupos de derechos humanos en la base.

Pero además de crear una cultura de derechos humanos, los activistas vieron la necesidad de producir información sobre violaciones. Así pues, en 1988 se publicó el informe Las violaciones a los derechos humanos individuales en México, en el Primer Informe sobre la Democracia en México, un libro editado por Pablo González Casanova. El informe registraba las violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, publicadas en la prensa mexicana de 1971 a 1986, y mostraba que mientras las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la tortura eran prácticas generalizadas en Argentina, El Salvador y Guatemala, y donde la víctima podía ser cualquier persona de la oposición, en México estas prácticas eran sistemáticas pero no generalizadas pues se aplicaban sólo a líderes sindicales y campesinos, estudiantes y miembros de la oposición política. En contraste con América del Sur y Central, en México la represión era aplicada selectivamente (Concha Malo y Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", 1989).

El informe fue importante no sólo porque logró poner en contexto la situación de represión de México, sino también porque fue el primer intento de ver la represión del gobierno mexicano desde una perspectiva de derechos humanos. De esta manera el informe estableció las bases para la construcción del discurso y la metodología en el futuro cercano: la documentación de casos de violaciones a derechos civiles y políticos. Este factor fue decisivo en la elaboración de un discurso mexicano de derechos humanos, pues desde este momento la construcción de casos paradigmáticos y la estadística de violaciones individuales se volvieron centrales en la metodología de derechos humanos.

En el largo plazo, ésta dificultaría la adaptación del método a casos de violación de DESC. Pero en aquel entonces el énfasis en DCP no quería decir que el discurso estuviera desasociado de los desc y de una visión integral, pues desde su creación en 1984 el Centro Vitoria había publicado en su boletín Justicia y Paz artículos y reportajes sobre desc tales como vivienda, trabajo, medio ambiente, alimentación y pueblos indígenas. Si bien la metodología era pobre —se hablaba de DESC con escasas referencias a los instrumentos internacionales o regionales, los cuales de cualquier forma eran muy limitadas en ese entonces— había un esfuerzo consciente por mantener la integralidad entre la situación socioeconómica (DESC) y la represión contra la resistencia pacífica a esta situación (DCP).

Por este tiempo (1988) las organizaciones de derechos humanos no eran numerosas —apenas unas seis (Maldonado, 1995)—. Pero ese año se creó el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez",¹⁰ el cual, junto con el Centro Vitoria, empezó a promover la creación de organizaciones de derechos humanos de base, y a ayudar a organizaciones populares que se oponían al gobierno. Se crearon tantas organizaciones de derechos humanos en un tiempo tan corto que para 1989 se creó la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos",¹¹ la cual tenía el fin de coordinar actividades y crear una red de apoyo para el trabajo solidario. Ese año también se creó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), como resultado de una escisión en la Academia, donde un grupo de activistas decidió que preferían defender "casos" en vez de "causas", como ocurría en la Academia. Con la convicción de litigar casos paradigmáticos, esta organización agregó al discurso en ciernes una práctica que se volvería crucial para adaptar la metodología de DCP a DESC: la defensa jurídica.

Al mismo tiempo, la Red TDT logró elaborar la primera agenda conjunta, misma que no pudo incluir los DESC. Comprendía impunidad y violaciones a lo que empezaron a llamar "derechos fundamentales", es decir, los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física y psicológica (Concha Malo, 2004 [entrevista]). El trabajo coordinado de las organizaciones a través de la Red TDT definió la agenda de represión (violación a los derechos fundamentales) y la estrategia política (defender a los grupos que estaban en resistencia frente a las políticas de ajuste estructural) en un marco de derechos humanos claramente integral.

En las publicaciones de estas organizaciones, especialmente en las religiosas, la contextualización de las violaciones y la estrategia ubica las violaciones a los derechos políticos en un contexto de violación masiva de desc. Sin embargo, las organizaciones académicas y religiosas trataban los desc exclusivamente como una forma de dar contexto y no los analizaban en sí mismos debido a las limitaciones del discurso internacional que no daba muchas herramientas de implementación, y también porque la represión era sistemática y sus recursos y conocimientos limitados. Por ello, como lo recomendaron los teólogos de la liberación, los activistas establecieron sus prioridades de una forma cronológica que priorizara el derecho a la vida y estableciera un cumplimiento secuencial de los diferentes derechos humanos.

La expresión de esto fue la adopción de las "tres generaciones de derechos humanos", un aborde que establece que la instauración de un sistema de protección individual y de ciudadanía política corresponde a los siglos XVII y XVIII y conforma la primera generación; el establecimiento de protección de social y económica corresponde a los siglos XIX y XX, y conforma una segunda generación de derechos; y el reconocimiento de asuntos que interesan a los pueblos como el desarrollo, la paz y el medio ambiente corresponden a una tercera generación de derechos que se ha expresado a partir de la década de los setenta del siglo XX (Davidson, 1993).

Los resultados de la fusión de la teología de la liberación y la transición a la democracia en la metodología de las tres generaciones de derechos humanos puede verse en las formulaciones estratégicas de reportes y boletines de las organizaciones, las cuales promovían las ideas de que las violaciones a los derechos civiles y políticos tenían sus raíces en causas políticas, sociales y económicas; y que la defensa de estos derechos debía llevar eventualmente a un régimen democrático que apoyara un proyecto de justicia social (la prioridad de los derechos civiles y políticos llevaría inevitablemente a la realización de los DESC). Estas prioridades fueron definidas en parte por las circunstancias —represión sistemática y selectiva— pero también por la creciente importancia que cobraba el discurso de transición a la democracia, que ponía como objetivo estratégico la defensa de los DCP. Las organizaciones apoyaban la integralidad formalmente, pero en la práctica daban poca atención a los DESC.

Debido al aborde de las tres generaciones y el contexto político específico que hacía de los derechos civiles y políticos una prioridad, los asuntos de la economía política no se establecieron como un objeto del discurso de derechos humanos en el momento que el gobierno empezaba a responder a la acción cada vez más asertiva de las ONG. Esto ocurrió con la creación del primer organismo oficial de derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual marcó claramente el momento en que el discurso de derechos humanos se volvía un terreno en disputa, pues el gobierno dejó de repeler los ataques y lanzó sus primeros intentos por definir los límites del discurso. El gobierno, que había sido sujeto y autoridad para hablar del discurso de derechos humanos internacional (el de la Organización de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos), tomó la decisión de disputarse los límites del discurso interno de derechos humanos de acuerdo con su propia agenda de intereses políticos.

La creación de la CNDH marcó el momento en que las ONG se convirtieron en un interlocutor oficial del gobierno porque la CNDH se creó como una reacción a las agendas y preocupaciones de las organizaciones. Al decir que la observancia de los derechos humanos tenía que ser ajena a la política y que no podía erigirse en un órgano jurisdiccional que reemplazara a las cortes existentes, la CNDH definió un mandato que le impedía (e impide) admitir quejas sobre violaciones a los derechos político–electorales y los laborales, dos de los derechos más violados en México entonces (y todavía ahora). En consecuencia, las organizaciones de derechos humanos empezaron a distanciarse del discurso gubernamental pues en su opinión el gobierno no consideraba, como ellas, la promoción y defensa de todos los derechos humanos de forma integral. Las organizaciones reforzaron su propia identidad al marcar una diferencia cualitativa entre su discurso y el del gobierno.

Sergio Aguayo dice que la CNDH marcó también un momento de expansión del discurso de derechos humanos. La agenda se amplió en dirección del proyecto político de la sociedad mexicana en su conjunto, la democracia. Esta se construía como un objetivo estratégico para alcanzar la justicia social, pues a través de ella se elegiría libremente a un gobernante que cambiara el rumbo económico del país.

El siguiente periodo, pues, estuvo definido por la subordinación del discurso de derechos humanos al de transición a la democracia, con la consecuente pérdida de integralidad pues ésta se concentraba en la defensa de los DCP.

 

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA PÉRDIDA DE LA INTEGRALIDAD (1991–2000)

El énfasis en la transición a la democracia llevó a una interpretación más bien dogmática de la historización de los derechos humanos de la que hablaba Ellacuría. Esto se expresó en la adopción acrítica de la metodología de las tres generaciones de derechos humanos, la cual indicaba que los desc solamente se podían cumplir una vez que los DCP fueran satisfechos. Esta interpretación, junto con las circunstancias particulares del contexto político, llevó a que las organizaciones se volvieran complejas en su aborde a los derechos civiles.

Sin embargo, en 1991, gracias a la acción conjunta y la retroalimentación de las organizaciones participantes en la Red TDT, y en respuesta a las distintas circunstancias represivas que producía la acción del Estado autoritario, el discurso estaba pasando de incluir, como objetos, los asuntos relacionados exclusivamente con la represión política (violaciones a los derechos a la integridad personal, la vida, un juicio justo, y la libertad de expresión, asociación y opinión, a través del asesinato, la tortura, la incomunicación, la ejecución extrajudicial y la detención arbitraria), a incluir también asuntos relacionados con la vida civil (abuso policiaco y violaciones perpetradas por los militares en la lucha antinarcóticos). Asimismo, el análisis histórico de las violaciones y el creciente desarrollo de capacidades en el campo jurídico estaban añadiendo asuntos estructurales a la agenda, como la impunidad en las esferas civil y política.

Sin embargo, el énfasis más fuerte en la ampliación del discurso empezó a ponerse en el campo de los derechos políticos, en particular los derechos a ser elegido y a votar en elecciones democráticas, pues éstas eran áreas de especial disputa entre la sociedad civil y el Estado, por la primacía del discurso democrático. Dos eventos ayudaron al rápido desarrollo de los derechos políticos como derechos humanos. En primer lugar, en 1990 y 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en relación con los fraudes en los procesos electorales en Chihuahua, Durango y Nuevo León en la segunda mitad de la década de los ochenta.

Las quejas, que habían sido interpuestas por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), llevaron a la CIDH a establecer que el gobierno federal había violado los derechos políticos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues había faltado a su obligación de respetar los derechos de los mexicanos a participar en elecciones auténticamente democráticas y a contar con un marco legal adecuado para interponer quejas sobre violaciones a sus derechos políticos (Concha Malo, 1994). La resolución tuvo un gran impacto, pues transformó el típico comportamiento fraudulento del PRI en violaciones a garantías universales, proporcionando mecanismos para la lucha nacional por la transición a la democracia.

En segundo lugar, durante las elecciones intermedias de 1991, las organizaciones de derechos humanos que habían buscado de forma consciente y activa extender la agenda de derechos humanos hacia la lucha por la democracia, como la Academia (el nuevo director, Sergio Aguayo, orientó la agenda en esa dirección), empezaron a llevar a cabo observaciones electorales en la Ciudad de México y en estados donde iban a llevarse a cabo elecciones locales, como San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Coahuila. La Red TDT se unió a la observación electoral, pero nuevamente el PRI volvió a cometer fraude y propició en todo el país un amplio movimiento ciudadano que defendía explícitamente los derechos políticos. La observación proporcionó información empírica —manipulación y compra de votos, parcialidad de los medios, manipulación del padrón electoral— que fácilmente fue interpretada desde la perspectiva de los derechos humanos, convirtiendo las elecciones en un objeto más del discurso de derechos humanos en ciernes. Además, la denuncia de violaciones a los derechos civiles —actos represivos anteriormente relacionados con la lucha campesina y obrera— se extendió a la de los militantes de partidos de oposición.

Aunque la expansión del discurso estaba siendo subordinada al discurso democrático, las organizaciones de derechos humanos trataron de conservar su visión integral participando en conferencias sobre el libre comercio y observación de elecciones sindicales, o incluyendo reportes sobre violaciones a los derechos a la educación, el medio ambiente sano, la vivienda y la alimentación en informes anuales (Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", 1992 y 1993). No obstante, estos análisis no tenían la misma efectividad que los análisis de DCP, pues carecían de referencias a instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre el Estado autoritario y las organizaciones colocaba las disputas de poder en el campo del discurso de la democracia, así que fueron los asuntos electorales y no los económicos o culturales los que empezaron a volverse objetos del discurso de derechos humanos. De hecho, en su participación en conferencias relacionadas con el libre comercio,¹² las pocas organizaciones de derechos humanos que participaron (en especial el Centro Prodh y la CMDPDH) no establecieron demandas de desc propiamente dichas, como el impacto del libre comercio sobre el empleo, el campo o la producción local, sino "demandas democráticas", como exigir a los Estados que firmaran convenios internacionales de derechos humanos, o que el gobierno mexicano pusiera fin a las violaciones relacionadas con la represión a campesinos, trabajadores, líderes sociales y políticos, o con las operaciones policiacas y militares en la lucha contra el narcotráfico.

Así pues, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones, las circunstancias llevaron a que de 1991 a 1993 la agenda de derechos humanos perdiera en gran medida su carácter integral y se enfocara en los DCP, justo lo que se habían propuesto evitar. La razón más obvia de esto fue justamente las circunstancias que favorecían el desarrollo del discurso democrático, pero también incidieron otros factores. Por una parte, de más en más el discurso de derechos humanos se definía en el terreno del derecho, así que la construcción de capacidades en asuntos socioeconómicos era prácticamente inexistente. Por la otra, el aborde de las tres generaciones de derechos humanos, que estaba subordinado al proyecto de la transición a la democracia, favorecía la idea de que la lucha por los derechos humanos tenía que ser necesariamente por los de la primera generación, pues eran justamente los más violados por la represión y el fraude electoral estatales (Cortez, 2004 [entrevista]). Sólo hasta alcanzar el cumplimiento de éstos podía empezarse la lucha por los de segunda generación, es decir, los DESC.

Esta situación hizo borrosa las diferencias de origen entre organizaciones religiosas y laicas, ya que ambas perseguían los mismos objetivos enfocados en los derechos civiles y políticos: la defensa de los individuos y su voto frente a la represión estatal y en la lucha por la democracia.

 

LA LLEGADA INCONCLUSA DE LA "SEGUNDA GENERACIÓN" (1994–2000)

El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue una gran influencia en la ampliación y construcción del discurso de derechos humanos. Para empezar, el Zapatismo amplió el marco conceptual para el que los derechos humanos servían de objetivo estratégico, pues replanteó la definición de democracia usada en los movimientos sociales hasta entonces. Para los zapatistas ésta debía ir más allá de lo electoral: las organizaciones civiles y sociales tenían que ser consideradas como un actor político más cuya función fuera la de reclamar la rendición de cuentas de los gobernantes mediante la participación activa en los procesos políticos y la toma de decisiones. Y aunque los entrevistados insisten en que el Zapatismo hizo a las organizaciones entrar en la cuenta de la urgencia de demandar los derechos económicos y sociales de las poblaciones indígenas en el país, la expansión no se dio en ese sentido, sino que llevó a la especialización de las organizaciones en los campos de los derechos políticos, los derechos culturales y la denuncia de violaciones a los derechos civiles en la esfera internacional (la inserción de la sociedad civil mexicana en el discurso internacional).

La ampliación del discurso en este sentido obedece a varias razones. Primero, a que la represión sobre los rebeldes indígenas y su replanteamiento de la democracia hicieron que algunas organizaciones involucradas superficialmente en la observación electoral abandonaran este campo para dedicarse de tiempo completo a denunciar el gran número de detenciones arbitrarias, cateos, intimidaciones, amenazas, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, suspensión de garantías civiles y hostigamiento a defensores de derechos humanos que se dieron en la zona de conflicto durante los primeros años. Otras organizaciones apoyaron estas causas, pero no quitaron el énfasis sobre la parte electoral de la lucha sobre la democracia. Mientras éstas se especializaron en la observación electoral, el monitoreo de los medios y su cobertura de los procesos electorales, así como en la construcción de propuestas para un sistema electoral ciudadano y democrático, aquéllas se concentraron, durante los siguientes cinco años, en las violaciones a los DCP en los ámbitos del conflicto en Chiapas y en la lucha contra el narcotráfico (campo definido desde principios de los noventa).

Segundo, las violaciones a los derechos civiles en el conflicto chiapaneco alcanzaron magnitud internacional y las organizaciones enfocadas en la denuncia aprovecharon esto para llevar el caso chiapaneco al ámbito internacional, apoyadas por organizaciones internacionales. En primer lugar fueron a la CIDH, donde denunciaron el carácter ilegal de la militarización en Chiapas y las violaciones a los derechos civiles mencionadas arriba. Luego en marzo de 1994 fueron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde denunciaron las violaciones y llamaron a los Estados parte y las ONG internacionales a apoyarlas en su llamado al gobierno mexicano a castigar a los perpetradores, a ratificar convenciones y protocolos sobre derechos civiles, y, de forma más importante, a invitar a una delegación de la comisión que evaluara la situación de derechos humanos en el país. Este último reclamo se volvería la base de una estrategia internacional para mejorar la situación de los DCP en el país, basada en la creciente legitimidad del discurso internacional de derechos humanos y en la tendencia del gobierno mexicano a apoyar causas de derechos humanos en otros países. Con ello, la arena internacional se volvió el sitio privilegiado para la disputa entre el gobierno y las organizaciones por la función enunciativa en el discurso internacional.

Tercero, aunque en un principio los zapatistas no hablaban de sus demandas en términos de derechos o de discriminación, la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos —las cuales empezaron proporcionando cinturones de seguridad y terminaron presentando las ventajas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la formulación de los acuerdos de San Andrés— los llevó a formular sus demandas identitarias de acuerdo con los mecanismos de derechos humanos. Así, en sus primeros comunicados, los zapatistas atribuían sus problemas a la falta de democracia más que a la ausencia de derechos. Antes de 1996 hablaban de su lucha por "democracia, justicia y libertad", pero en febrero de 1999 dijeron que "Nuestras demandas principales son el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indios, y democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos" (Molina, 2000).

Con esto, las organizaciones de derechos humanos ampliaron el discurso de derechos humanos en la dirección de los derechos culturales. La ampliación del discurso en esta dirección fue una expansión casi natural pues el asunto de los derechos indígenas había estado en la preocupación de las organizaciones desde mediados de los ochenta. Sin embargo, la expansión del discurso hacia los desc para retomar la integralidad con la que nació el discurso de derechos humanos en México no fue posible a pesar de la conciencia tomada a partir de las terribles condiciones de la población indígena y del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías después de la crisis económica de 1994.

Hasta 1999 la agenda permaneció enfocada en los DCP y en menor medida a los culturales, aunque con frecuentes referencias al "contexto socioeconómico" de esas violaciones y con un mejor manejo de los instrumentos internacionales en la fundamentación de éste y del análisis de algunos desc. Pero aun en contextos evidentemente económicos como el del libre comercio, la coyuntura era utilizada para la denuncia de violaciones a los DCP. Tal es el caso de la participación de organizaciones de derechos humanos en un grupo de organizaciones y redes encargado de incidir en las negociaciones y en la inclusión de una cláusula democrática, del acuerdo de libre comercio México–Unión Europea.

 

EL FIN DE LA TRANSICIÓN: CRISIS EN IMPASSE

Para el 2000, las organizaciones de derechos humanos se habían vuelto sofisticadas y profesionales al defender casos, presentar informes sobre la situación en México en organismos internacionales y abordar una amplia gama de temas que incluía el multiculturalismo. Pero cuando la agenda de la transición a la democracia se relajó, las ONG se vieron perdidas. En el contexto de las tres generaciones de derechos humanos, el cabal cumplimiento de los derechos civiles y políticos dio lugar a la defensa de los DESC, pero en el caso de México las ONG encontraron esta transición difícil.

El relajamiento de la agenda electoral comenzó en 1997 cuando el perredista Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no fue sino hasta 2000 cuando la presidencia pasó a manos del PAN y la transición a la democracia se dio por concluida. El cambio de partido en la presidencia de la República no sólo hizo del proyecto de la transición democrática una causa pasada, sino que también cambió las reglas del juego de poder en la construcción del discurso de derechos humanos porque el nuevo presidente, Vicente Fox, estableció una política de derechos humanos engañosa.

Mientras que Fox respondía favorablemente a las demandas de la agenda de las organizaciones en los noventa, al mismo tiempo implementaba una política económica que empeoraba las condiciones socioeconómicas en el país. Por un lado empezó una agresiva campaña internacional para mejorar la imagen del gobierno respecto de su récord de derechos humanos. La campaña incluyó la firma de diversas convenciones internacionales, la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la invitación a diversos relatores internacionales y el nombramiento de una "embajadora" de derechos humanos, un puesto que al final no pudo justificar y terminó desapareciendo. Acerca de las violaciones "tradicionales", las ONG le dieron el beneficio de la duda y resultó que la situación mejoró un poco (García Alba, Gutiérrez y Torres Ramírez, 2004). Por otro lado, el nuevo gobierno de derecha no mostró señales de revertir la política económica de los últimos 25 años. Lejos de eso, Fox reforzó las medidas de liberación económica y colocó a personas de negocios en carteras sociales importantes como la secretaría de trabajo.

Esta situación contradictoria indicaba que la disputa por el discurso se había movido al campo de la economía política, así que postergar el aborde del tema dejó de ser opción para las organizaciones. Pero no sabían cómo hacerlo pues carecían de experiencia y conocimiento en los campos de economía y política social para construir una agenda de DESC, y encontraron difícil establecer prioridades de la forma como estaban acostumbradas a hacerlo y que estaba definida por la transición a la democracia. La gama de objetos económicos y sociales era muy amplia y era difícil decir que era "urgente" de la misma forma que se podía decir que la prevención de la tortura lo era.

Como resultado, las ONG de derechos humanos entraron en crisis. Toda vez que no pudieron encontrar su lugar en el México post–2000, entre 2000 y 2002 hubo un impasse (Fernández, 2004 [entrevista]). En este tiempo se concentraron en terreno conocido —los derechos civiles e indígenas— y aprovecharon los beneficios de la actitud de Fox respecto del sistema internacional de derechos humanos. Los derechos políticos se abandonaron casi en su totalidad, y se empezó a abordar el derecho a la información y la participación. Les llevó un tiempo a las organizaciones encontrar su nicho en el área de la política social y económica. No fue sino hasta 2002–2003 que empezaron a encontrar su lugar al abordar temas "tradicionales" desde una perspectiva más estructural (la reforma del sistema judicial, y la política de seguridad pública), pero también abordando los temas de la pobreza y el neoliberalismo. Algunas organizaciones se dedicaron al tema de la discriminación, y otras se dedicaron al desarrollo social, el cual se integraba al discurso de derechos humanos desde mediados de los noventa a través de la participación de las ONG de desarrollo que empezaron a adoptar el aborde de "derechos básicos" al desarrollo social.

 

CONCLUSIONES

El actual discurso de derechos humanos en México podría verse reflejado en el de sus inicios, cuando se formuló la integralidad de todos los derechos humanos. Incluso algunas organizaciones se han propuesto erradicar la idea de las tres generaciones de derechos humanos que tanto daño causó a la defensa de los DESC. Sin embargo, una defensa efectiva de estos derechos aún se encuentra lejos y con ello también el rescate de los objetivos del discurso originario. Esto se debe a dos cosas. En primer lugar, algunas organizaciones no han logrado desarrollar capacidades para mantenerse como sujetos activos del discurso —no han podido desarrollar metodologías adecuadas o no logran definir sus nuevos mandatos—. En segundo lugar, con la supuesta transición a la democracia, las principales autoridades del discurso de la sociedad civil (los activistas más connotados) se han ido a instancias gubernamentales, dejando a las organizaciones sin líderes y cuadros que pudieran guiar a éstas en la construcción del discurso.

Frente a esta perspectiva, la construcción de un discurso integral de derechos humanos como fue planteado en los inicios, cuando se tomaron las ideas de la teología de la liberación y de una democracia con adjetivos, parece lejana.

 

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Entrevistas

Miguel Concha (2004).
Jesús Maldonado (2004).
David Fernández (2004).
Edgar Cortez (2004).
Rocío Culebro (2004).
Mariclaire Acosta (2004).
Adrián Ramírez (2004).
Silvia Aguilera (2004).
Sergio Aguayo (2004).

 

NOTAS

¹ Aquí se entenderá el discurso según la definición de Michel Foucault, es decir, una serie de enunciados que establece objetos y sujetos en una disciplina de conocimiento que normaliza la conducta humana y crea relaciones de poder (Foucault, 1977, 1985, 1988, 1998, 2002).

² Hay tres abordes de democratización. El primero es la teoría de la modernización, la cual enfatiza los aspectos económicos de la democratización y la vincula con la modernidad y su supuesto de progreso. Establece que la democracia es un producto del desarrollo capitalista. El segundo es el aborde estructural o de la sociología histórica, el cual señala que la relación cambiante e histórica entre el Estado y las clases sociales determinan el sistema político. El tercer y más reciente es precisamente el de la teoría de la transición, el cual es uno centrado en el sujeto como agente de cambio, y se enfoca en el papel de las elites políticas en los procesos democráticos. Toda causa estructural se encuentra fuera del análisis. La teoría de la transición ha sido recientemente reformulada por J. Grugel, quien encontró dos deficiencias fundamentales en estos tres abordes. Por un lado, todos carecen de una visión integral del cambio político que pueda dilucidar la influencia tanto del sujeto como de la estructura en los procesos de democratización. Por otro lado, ninguno comprende una visión internacional que incorpore el rol de la economía política así como de la sociedad civil. Grugel, sin abandonar la definición schumpetariana de democracia, propone una visión que ponga igual énfasis en el Estado, la sociedad civil y la globalización. Para ello, hace una conexión entre los procesos democráticos como el de México y los procesos globales de cambio político, económico y cultural. En lo económico, Grugel observa una coincidencia en el surgimiento de la economía global y la expansión mundial de la democracia como sistema político. En este contexto, la democracia se construyó con base en estrategias de liberalización económica global que redujeron la capacidad de los Estados autoritarios para cooptar y comprar apoyo político. Esto no significa que la liberalización económica haya llevado automáticamente a la democratización, pues solamente alentó la construcción de democracias formales al tiempo que incrementaba la pobreza y la desigualdad social, lo cual actúa contra formas más sustantivas de democracia. En lo político, Grugel cree que los procesos socioeconómicos tuvieron gran influencia en la formación de la gobernabilidad global, la cual refleja las desigualdades estructurales entre pobres y ricos, y por ende promueve el discurso democrático predominante que se enfoca solamente en elecciones y alternancia en el poder. Finalmente, en relación con los aspectos culturales, Grugel señala que el desarrollo tecnológico jugó un papel importante en la difusión de los valores democráticos en todo el mundo (Grugel, 2002).

³ Para una amplia discusión sobre las preocupaciones de la comunidad intelectual latinoamericana véase Lesgart (2003).

⁴ La reacción contra el marxismo en el trabajo teórico–político en América Latina también alcanzó a la teología de la liberación. En los ochenta, con miles de personas muriendo con la guerra en curso en Centro América, los teólogos de la liberación hicieron una crítica al uso de herramientas marxistas para el análisis social. La experiencia de la Iglesia denunciando violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile fue muy iluminadora. Para una interesante discusión de los desafíos que imponía la creciente importancia de los derechos humanos y la democracia en la conceptualización de la teología a la libración, véase Sigmund (1990). Sobre las implicaciones de la doctrina de seguridad nacional en la teología de la liberación, véase Comblin (1979).Sobre la influencia de la teología de la liberación en la izquierda en general, véase Castañeda (1993).

⁵ La forma en que los derechos humanos y la democracia se relacionan en el caso mexicano es muy ilustrativa en Acosta (1994).

⁶ Véase por ejemplo Academia Mexicana de Derechos Humanos (1990). Por otra parte, la idea de democracia desvinculada al análisis estructural fue la promovida por Clacso. Aquí, el tipo de democracia al que los sistemas autoritarios debían transitar tendría que estar definido de acuerdo con una formulación pragmática de las causas de la democratización. Al principio los intelectuales evaluaron las implicaciones de la cultura política, las instituciones y los ciclos del capitalismo para el desarrollo de una democracia liberal. Pero los análisis mostraron que la desaparición de la democracia coincidía con las crisis cíclicas del capitalismo, en especial en países con industrialización tardía, como los del Cono Sur y en general como América Latina toda. Como este análisis tenía consecuencias negativas para la construcción de alternativas conceptuales (Chile y Argentina estaban justamente en una época de crisis capitalista), los intelectuales tomaron la decisión de separar la democracia de su contenido socioeconómico y cultural, y dejarla como una categoría exclusivamente política, independiente de factores culturales y socioeconómicos (Lesgart, 2003). En consecuencia comenzaron a vincular la democracia con categorías con las que no se le había vinculado antes, como "transición", la cual fue redefinida como cambio gradual; y "régimen político", que se refería al diseño de instituciones. Así pues, se dejó de analizar la democracia en términos de requisitos y se empezó a valorar en términos de las posibilidades de tránsito. El énfasis en las elites políticas de la transición a la democracia viene precisamente de la idea de que éstas tienen que negociar un pacto que eventualmente lleve a la instalación de una democracia política. Las características sustantivas de la democracia formuladas por otros teóricos fueron reducidas a la "construcción de la sociedad civil" y la "participación" en el proceso de democratización (Lesgart, 2003: 85–90). Al reducirla a términos meramente políticos, los intelectuales latinoamericanos transformaron la democracia en "democracia política" y empezaron a considerarla únicamente en términos de la construcción de instituciones y procedimientos, y en la representación. Esto es porque la democracia política estaba construida sobre las bases de la "democracia liberal", la cual se define como aquella en la que los gobiernos son electos directa o indirectamente en elecciones periódicas y libres; las elecciones se hacen con base en partidos políticos; se garantiza un determinado número de libertades civiles para hacer efectivo el derecho a elegir; se establece la igualdad frente a la ley; se protege a las minorías; y se acepta el principio de máxima libertad (Macpherson, 1977: 11). Separar la democracia de su contenido más sustantivo y circunscribirla exclusivamente al estudio de la ciencia política significó desconocer los factores socioeconómicos y las relaciones de poder. De hecho la transición a la democracia ha sido fuertemente criticada por intelectuales marxistas, quienes creen que se trató de una elaboración en exceso pragmática y conservadora, pues establece un concepto de democracia que no toma en cuenta los problemas más sentidos en la región —la desigualdad y la pobreza—, al tiempo que contribuye a la expansión de la democracia formal promovida por los grupos conservadores. Véase Lesgart (2003) y Macpherson (1977).

⁷ No interesa en este artículo abundar sobre este asunto, baste con decir que de acuerdo con el sacerdote dominicano y activista de derechos humanos Miguel Concha, la razón de esto es la naturaleza conservadora del clero mexicano, que persiguió y reprimió a aquellos curas que simpatizaban con las causas políticas y sociales posteriores a la masacre estudiantil de 1968. Roderic Ai Camp asegura que la teología de la liberación no fue muy popular en los setenta en México porque la violencia gubernamental no fue tan grave como la de América del Sur. Véase Camp (1997), y Concha Malo, González Gari, Salas y Bastian (1986).

⁸ La excepción fue José Comblin, quien compartía el punto de vista de sus colegas teólogos de la liberación de que la Iglesia debía enfocarse en la crítica al desarrollo, pero además señalaba que en la práctica, dado lo extendido de la doctrina de seguridad nacional, los derechos humanos se estaban volviendo clave en un nuevo aborde pastoral a los problemas que presentaban los gobiernos militares. Señalaba que en los países donde se había establecido la doctrina de seguridad nacional, las iglesias habían producido declaraciones "en defensa de los derechos humanos", las cuales no eran "estudios teóricos de una doctrina ética elaborada en el vacío. Son actos públicos de confrontación con el sistema político. Los derechos humanos definen la forma en que la Iglesia percibe su presencia en el mundo real y su posición real en relación con el Estado" (Comblin, 1979: 105). La visión de Comblin respecto de los derechos humanos y su crítica a la violencia provocada por las ideas marxistas de revolución fueron una excepción dentro de la teología de la liberación de la década de los setenta. Sin embargo, una vez que la violencia se extendió a Nicaragua y El Salvador a finales de esa década, los teólogos empezaron a incorporar los derechos humanos en lo que Comblin anunciaba tiempo antes como un doble aborde pastoral que observa los problemas relacionados con el desarrollo y promueve los derechos humanos. Véase Comblin (1979).

⁹ Antes de que aparecieran las organizaciones de derechos humanos existían grupos que luchaban contra los mismos objetos del discurso (tortura, desaparición forzada, ejecuciones), como el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), creado por Rosario Ibarra en 1977. Sin embargo, el análisis genealógico de este artículo está interesado en las luchas de poder dentro de una disciplina determinada, que es la de derechos humanos. La lucha del FNCR se daba en el ámbito de la represión política.

¹⁰ En adelante, me referiré a esta organización como "Centro Prodh".

¹¹ En adelante, me referiré a esta organización como "Red TDT".

¹² Resaltan dos eventos. Primero, el Foro Internacional La Opinión Pública y la Negociación del Tratado de Libre Comercio: Alternativas Ciudadanas, que tuvo lugar en la ciudad de Zacatecas, México, del 25 al 27 de octubre de 1991. Los grupos de trabajo eran: desarrollo, soberanía y deuda; trabajo y derechos sociales, y salud; medio ambiente, desarrollo urbano y agricultura; democracia, derechos humanos y mujeres; y educación, cultura y etnicidad. Segundo, la conferencia Intercambio trinacional. Perspectivas internacionales de derechos humanos, realizada en Reynosa, Tamaulipas, México, del 11 al 13 de septiembre de 1992. La conferencia se enfocaba exclusivamente en la relación entre el libre comercio y los derechos humanos, pero fue un fracaso por dos razones: las organizaciones no lograron encontrar el vínculo entre problemas de derechos humanos a nivel nacional y la agenda comercial, y los tres países tenían visiones muy distintas de los derechos humanos (los estadounidenses no consideraban los DESC como derechos). Véase Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (1992), Acosta (2002) y Acosta (2004 [entrevista]).