Artículos

 

Retos y encrucijadas conceptuales del estudio de la política como sistema cultural

 

Conceptual Challenges and dilemmas in the study of politics as a cultural system

 

Emanuel Rodríguez Domínguez*

 

* Licenciado en Antropología Social y en Ciencias de la Informática. Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Antropológicas. Correo electrónico: zayolin@gmail.com

 

Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2008
Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2010

 

Resumen

En la actualidad se observa cómo una serie de reconfiguraciones y usos cotidianos de conceptos clave del cuerpo analítico de la cultura política contemporánea han generado una amplia gama de interpretaciones por parte de instancias políticas y sociales de naturaleza, objetivos e ideologías diversas. Ante este escenario de disputa, el presente trabajo busca, en primer lugar, complementar una revisión conceptual de las categorías de ciudadanía y participación a fin de superar las estandarizaciones y normalizaciones del actor político como un sujeto homogéneo. De manera complementaria, se presentan los retos y debilidades que enfrentan las categorías de participación y ciudadanía como parte de un entramado conceptual en constante reconstrucción y resignificación.

Palabras clave: Cultura política, acción política plural, retos y límites de la participación y la ciudadanía.

 

Abstract

In the present we witness how a series of reconfiguration and uses everyday key concepts of the analytical body of contemporary political culture have generated a wide range of interpretations from political and social institutions with different nature, objectives and ideologies. In this scenario of dispute, the present work seeks, in the first place, complement a conceptual revision of the categories of citizenship and participation in order to overcome the standards and normalizations of political actor as a homogeneous subject. In aDDItion, this paper presents challenges and weaknesses that face the categories of participation and citizenship as part of a conceptual framework in constant reconstruction and resignification.

Key words: Political culture, political plural action, challenges and limits of the participation and citizenship.

 

INTRODUCCIÓN

El entendimiento de la vida política de un grupo o colectividad social ha sido el espacio de encuentro y diálogo de diversas disciplinas sociales (antropología, sociología, economía, ciencia política, historia, piscología social, etcétera). Uno de los aportes de este abordaje interdisciplinario ha sido la conformación de un campo de estudio definido como "cultura política", cuyo interés radica en abordar las formas y ejercicios de poder presentes en un espacio político, la configuración de las estructuras de poder, así como los procesos y comportamientos políticos en relación con la cultura de los actores sociales (individuales y colectivos) como integrantes de un contexto sociocultural fragmentado,¹ tomando en cuenta que el poder es eficaz si encaja en los elementos culturales de la sociedad en la que se aplica.

El abordaje teórico-metodológico de la relación entre la cultura y la política se ha desarrollado desde diversas perspectivas de análisis en las ciencias sociales.² Sobre estos enfoques se han realizado reflexiones a nivel conceptual, además de que se han materializado modelos heurísticos aplicados a un sinnúmero de investigaciones empíricas, lo que ha motivado una relación de enriquecimiento recíproco entre conceptualización teórica y aportes metodológicos. A pesar de esto, en la actualidad el debate sobre la posición de la cultura en los procesos políticos no está servido del todo. Por un lado, retomando en gran parte los aportes de los pioneros trabajos de Almond y Verba (1963), están los enfoques apegados a una visión normativa de la cultura que, desde una postura racionalista, infieren que la "cultura política" debe estudiar las pautas de orientación ciudadana — normas y valores— hacia los objetivos políticos (Clark e Inglehart, 1998). Por otra parte, existen posiciones más cercanas a la antropología que postulan por revaluar "lo cultural" de los procesos políticos (Tejera, 2005; Weeden, 2002; y

Álvarez, et.al., 1998); analizar la "cultura política" de los actores sociales en relación con la estructura de poder (Castro Domingo, 2006; y Varela, 2005), y una tercera visión que utiliza el concepto de "cultura política" en forma más amplia para analizar los comportamientos políticos dentro del ámbito social donde se reproducen, y en el contexto histórico donde se ejercen y desarrollan los procesos de poder (Winocur y Ubaldi, 1997; Krotz, 1997; y Alonso, 1996).

Esta reintegración de "lo cultural" dentro del campo antropológico de los estudios políticos, forma parte del giro conceptual que impulsaron los estudios culturales en los años ochenta, en los cuales se proponía enfatizar el interés por abordar los fenómenos políticos privilegiando el ángulo de los actores sociales que los generaban (considerando sus formas de organización, sus expectativas, valores y estrategias), con lo que ya no se limitaba la explicación únicamente al estudio del sistema, las estructuras y las instituciones.³ Además, otro aporte fundamental a este impulso fue la relectura general del marco de análisis gramsciano, que en su afán por establecer y sacar a la luz las contradicciones entre los sectores "hegemónicos" y los "subalternos", dirigió su atención hacia la esfera de acción política de los actores sociales que los integraban.

Cabe destacar que, en cierto sentido, este giro cultural invita a reflexionar lo político como producto de discursos, narrativas, significados y prácticas de los diversos actores sociales, cuya perspectiva interrelaciona la cultura y el ejercicio del poder, pero no por esto se debe dejar a un lado el impacto que tienen los fenómenos globales, las formas de dominación estatal y otros elementos —propios de la nueva lógica cultural fragmentada del capitalismo avanzado que define Fredric Jameson— en las condiciones de vida y las relaciones sociales de las poblaciones locales (Álvarez, 1998).

Esta articulación analítica de los elementos socioculturales micro-macro⁴ nos permite analizar la acción política de los actores sociales como parte de un proceso que intenta redefinir las fronteras y transgredir las visiones reduccionistas de lo político, la cultura política, la ciudadanía y la democracia que prevalecen en las concepciones impuestas por las tradiciones liberales y comunitarias dominantes. Esta nueva mirada colectiva y plural de la acción política de los actores sociales presenta innovadoras ventanas de investigación materializadas en nuevos espacios y arenas públicas de participación, negociación y representación en los que se expresan discursos acerca del género, la identidad, la etnicidad y la autonomía, entre otros elementos socioculturales; para sustentar ideas "alternativas" de ciudadanía, democracia, comunidad, justicia y derechos. De tal forma que, en dichos lugares, surgen nuevos lenguajes, nuevas reglas y nuevos sujetos que intentan desenmascarar las construcciones normativas y limitadas de la democracia para que ésta vaya más allá de lo formal y transforme los discursos dominantes y las prácticas de exclusión hegemónicas (Danigno, 1998).

Las reconfiguraciones y usos cotidianos de conceptos claves del cuerpo analítico de la cultura política contemporánea, como participación, ciudadanía, democracia, derechos humanos, entre otros términos, han generado una amplia gama de interpretaciones por parte de instancias políticas y sociales de naturaleza, objetivos e ideologías diversas, lo cual pone en entredicho cómo tales categorías conceptuales pueden quedar vacías de sentido, y por tanto, perder su capacidad analítica y descriptiva para dar cuenta de la vida política de lo sujetos. A este hecho se suma la imposición teórica y práctica de nociones abstractas (sobre todo de ciudadanía y participación), que no son compartidas en el mismo sentido por todos los actores sociales, debido a la diversidad de contextos socioculturales a los que pertenecen (Krotz y Winocur, 2007).

Tomando en cuenta lo anterior, una salida fácil sería poner en marcha una revisión conceptual que proponga un uso restringido y acotado de los términos con el afán de mantener su utilidad metodológica y analítica. Pero, dejando a un lado esta lógica y buscando un aporte más significativo a la discusión, en las siguientes líneas se pretende analizar cómo esa "ambigüedad" para aplicar y entender dichos términos, en diferentes contextos sociales, reconfigura el marco conceptual y el proceso de la investigación, dado que obliga al científico social a considerar el punto de vista de los actores, lo que constituiría un intento por descentrar la unificación del sujeto.⁵ Para lo cual es necesario matizar esta diversificación con el afán de mantener su fuerza analítica, y considerar que es elemental no perder de vista la relación de los actores sociales con la estructura de poder como eje articulador. De esta forma, el análisis de la vida política se enriquece al dar cuenta de la complejidad de relaciones existentes por el entrecruzamiento de procesos sociales en los que emergen y se recrean nuevos discursos, espacios y arenas de participación, negociación y representación dentro de un campo político⁶ que, como se presenta a continuación, le dan una nueva cara a la especificidad conceptual de la cultura política como sistema cultural.

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES CONCEPTUALES EN EL MARCO ANALÍTICO DE LA CULTURA POLÍTICA

Los estudios sobre cultura política desarrollados desde hace más de dos décadas, principalmente bajo la óptica de los diversos campos disciplinarios de la sociología, la antropología y la psicología social, se caracterizaron por establecer una "tendencia implícita pero efectiva hacia la 'unificación' del sujeto político bajo estudio, ya que éste era concebido ahora fundamentalmente como 'ciudadanía'" (Krotz y Winocur, 2007: 193). Dicha estandarización del sujeto de estudio tuvo como consecuencia una homogenización a nivel nacional, estatal o local, de los sectores poblacionales que se abordaron. Así, la heterogeneidad por estrato social, género, etnia, ocupación, etcétera, se convirtió en una variable secundaria de tipo contextual, cuya importancia fue minimizada en el proceso de investigación y, por ende, en los resultados de la misma.

Por otro lado, la cuestión del fomento de la participación se convirtió en un elemento fundamental dentro de las agendas de trabajo, tanto de las instituciones políticas gubernamentales, como de las organizaciones del llamado "tercer sector",⁷ al grado de que, en tales entidades, es considerado un componente esencial de la democracia y el desarrollo.⁸ Es por esto, de acuerdo con diversos autores, que la noción de participación pude tener diversos matices, que en algunos casos se tornan muy estrechos y arrastran los problemas para prefigurar y estandarizar el escenario de análisis (Portal, 2004; Krotz y Winocur, 2007). Así, algunos estudios indican que la participación puede fungir como eje ordenador de las políticas gubernamentales y ser un elemento clave para definir la vida democrática de una comunidad o localidad y, por lo tanto, su cultura política (Ziccardi 1999, 2000; Canto, 2005; Guillen López, 2005); tener una relación directa con la capacidad de movilización, demanda y presión de diversos sectores sociales frente a las autoridades (Zermeño, 2004), y en sentido opuesto, convertirse en una forma utilitaria y clientelar para obtener votos y/o persuadir la preferencia electoral ante la ausencia de canales institucionales adecuados (Tejera, 2001; y Hernández Muñoz, 2006).

Lo presentado hasta el momento nos lleva a cuestionarnos cómo repensar las categorías de participación y ciudadanía en relación directa con las prácticas y representaciones socioculturales de los diversos actores sociales, donde las "ambigüedades" que establecen múltiples particularidades son el reflejo de la experimentación y la vivencia política del sujeto, ante lo cual, considerar su punto de vista se vuelve un hecho indispensable en todo proceso de investigación que busque dar cuenta del complejo entramado de relaciones que se presentan en el campo político. Por lo tanto, debemos materializar un respaldo teórico-metodológico, desde diferentes perspectivas, a estos dos procesos de la vida política (la participación y el ejercicio de la ciudadanía) que están en constante reconstrucción. Ante esto, resulta necesario ampliar sus dimensiones de análisis para potenciar su utilidad heurística. Por otro lado, de manera paralela al reconfigurado panorama conceptual, resulta interesante plantear algunas líneas de análisis que, en primera instancia, permitan vislumbrar algunos retos y potencialidades de dichas categorías; esto a su vez, impone una reflexión sobre sus principales límites y debilidades, en afán de presentar un panorama general de la participación y la ciudadanía en el marco analítico de la cultura política.

 

DE LA PARTICIPACIÓN A LAS PARTICIPACIONES

Los debates actuales sobre el tema de la participación ciudadana en el ámbito público, consideran a dicho elemento como un punto de partida que fomenta la acción política de los actores sociales para generar formas asociativas y gobiernos más democráticos. En este sentido, la participación aparece como un elemento que genera el interés ciudadano en lo político, aunque esto, en algunos casos, es acotado al ejercicio electoral o restringido a la expresión de la opinión pública; de tal manera que la participación se mide a través del sufragio y en contraposición al abstencionismo, así como por la capacidad del ciudadano de expresar lo que piensa en una encuesta de opinión (Portal, 2004). Es precisamente esta forma de comprender la participación ciudadana la que nos permite buscar una dinamización del concepto por medio de una identificación y superación de sus restricciones.

Para comprender la participación ciudadana desde una óptica diferente, tomaré como punto de partida el concepto acuñado por Alicia Ziccardi, quien considera que "el término participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales) y a la vez que cumplan con sus obligaciones, ejerzan sus derechos" (2000: 1). Esta conceptualización, de manera general, remite a tres temas básicos de la participación: 1) la incidencia en las estructuras gubernamentales y en las políticas públicas; 2) la transformación del orden social y político y, finalmente 3) el asunto de la exigibilidad de derechos (Canto, 2005).

En la elaboración de su modelo, Ziccardi no es ajena a reflexionar sobre la diversidad de agentes que intervienen en los espacios locales de concertación social, con el afán de no encasillar su modelo analítico a un solo tipo de interlocutor ciudadano (formalizado en la figura vecinal) cuyo desarrollo ideal sería lineal y homogéneo. Así pues, abre el espacio de análisis a nuevos actores, cuyas demandas entran en juego en el campo político en busca de construir una nueva institucionalidad que reconozca otros grupos de pertenencia (jóvenes, mujeres, indígenas, ambulantes, migrantes, profesionales, técnicos, empresarios, etcétera), y que facilite nuevas formas de actuación entre lo gubernamental, lo privado y lo público, en torno a problemas y soluciones relacionados con la sociedad. De manera paralela, aunque sin postular una salida al problema, reconoce la complejidad de las relaciones sociales y la dificultad de entender los diversos niveles de interés o apatía de la gente por participar en los asuntos públicos (Ziccardi, 1999).

Las reflexiones anteriores ilustran un buen intento por superar las nociones que, en su afán por tener una aplicación general en cualquier contexto sociocultural, unifican e idealizan al sujeto de estudio. Aun así, vale la pena problematizar un poco más estas limitantes, que en gran medida pueden sesgar e incluso desviar la interpretación de las acciones políticas de los actores sociales. En primer lugar, conviene entender la participación de acuerdo a los procesos y las formas como los diversos actores comprenden la acción de participar, pues en cierto sentido la interrelación del contexto, el nivel de análisis (nacional, regional o local), así como su experiencia individual y sus actos colectivos —normados subjetivamente por el habitus— legitiman o contradicen su actuar político. De tal forma que tomando en cuenta la experiencia concreta del sujeto para entender lo que significa, desde su punto de vista y en relación directa con sus intereses inmediatos, la palabra "participar" en una acción colectiva "hace más sentido cuando las personas se sienten afectadas por algún problema que compromete seriamente el funcionamiento de sus rutinas cotidianas, o la integridad física y emocional de sus familias" (Krotz y Winocur, 2007:198).

Ahora bien, no se puede negar que estas recomendaciones permiten superar las limitantes que imponían prácticas y marcos de análisis normativos y homogéneos, dando pie a una acción política diversa y plural según su particular contextualización sociocultural. Sin embargo, esto lleva a la investigación a otro extremo también problemático: un relativismo que nos puede extraviar en la circularidad de explicar la cultura por la cultura misma. Ante lo cual, resulta indispensable posicionar el acto de participar como un proceso que interactúa directamente con una estructura de poder y se desarrolla en un campo político. Así, este enfoque, de manera complementaria, puede arrojar nuevos conocimientos sobre cómo los actores sociales construyen nuevas significaciones en relación al poder (Castro Domingo, 2006).

 

LOS IMPACTOS DE LA ACCIÓN POLÍTICA PLURAL EN LA CIUDADANÍA

A lo largo de la historia, la noción de ciudadanía se ha construido con referencia al Estado y el sistema político. De modo que, en teoría, los ciudadanos piensan y sienten que la estructura política estatal es quien les otorga reconocimiento, los integra como miembros de la comunidad y les proporciona y garantiza la seguridad debida. De tal manera que esta definición de ciudadanía mantiene cierto "núcleo duro" y un marco normativo institucional, sobre una supuesta igualdad de derechos universales que la ubica y define en un espacio y contexto determinados, establece los criterios de inclusión y exclusión de la categoría ciudadano (social e individual), además de regular las formas de participación política (Meyenberg, 1999).

La emergencia de nuevas identidades y nuevos movimientos sociales en el marco de la globalización ha propiciado la aparición de nuevos actores políticos, cuyas demandas se han diversificado. Además, presenciamos una crisis en las formas tradicionales de participación y representación política que se han desbordado más allá del marco institucional, a lo que se suma la reconfiguración del Estado debido la pérdida de su centralidad política. En general, estos hechos han erosionado los significados tradicionales de la ciudadanía institucional, propiciando una nueva conceptualización del término que la vislumbra como una construcción social condicionada por prácticas sociales y experiencias históricas y culturales, en gran parte, producto de un redimensionamiento del ámbito político y una pluralidad de la acción política.

Este redimensionamiento de la esfera político-estatal y su impacto directo en la noción de ciudadanía ha sido uno de los centros de atención del análisis político de Norbert Lechner (2000). Guiado por la premisa de que el Estado y el sistema político han dejado de ser los destinatarios de muchas demandas ciudadanas, a lo que suma una "desideologización" de la política que genera procesos de identificación y adhesión política más reflexivos, el autor infiere que el ejercicio de la ciudadanía se ha ido desplazando paulatinamente de un marco político institucional hacia otras instancias de acción política y distintos espacios de concentración política donde se expresan nuevos actores y núcleos organizacionales, que conciben de una manera diferente su rol de ciudadanos mediante una emergente pluralidad de intereses y una amplia gama de representaciones de lo político, que en términos generales podrían agruparse en dos tipos de ciudadanía. Por un lado, Lechner establece una ciudadanía de tipo "instrumental" que mantiene una visión de la política como algo ajeno y, no obstante, se dirige al sistema político en tanto solución a los problemas sociales. Por otro, parece emerger lo que puede llamarse una "ciudadanía política más activa" en tanto guarda más relación con el vínculo social que con el sistema político, por medio de una mayor participación en organizaciones sociales, mayor confianza interpersonal y social, así como una mayor percepción de la reciprocidad (2000: 31-32).

Cabe destacar que para Lechner este replanteamiento de la ciudadanía en relación con la trama social, sin quedar ya determinada por su vínculo con el sistema político, no debe ser confundido con una despolitización del actuar social del individuo. En dado caso, representa la politización del entorno local o "la ciudadanización de lo político", donde las acciones de la vida cotidiana de los actores sociales reflejan un mayor grado de agencia política en relación directa con su interacción con las instituciones tanto formales como informales.

Por otro lado, toda interpretación de la dinámica cultural requiere de una contextualización histórica que, retomando lo planteado por Claudio Lomnitz (2000), nos ayude a entender los cambios y transformaciones de la construcción de la ciudadanía como producto de una serie de redefiniciones y situaciones políticas, que, en el caso de México, parten del ascenso del ciudadano ideal del primer republicanismo, para dar paso a sus transformaciones contemporáneas que reflejaron durante muchos años una consideración paternalista del Estado, pero actualmente se ha vaciado de contenido por su simple acotamiento al ejercer los derechos electorales. Así pues, para lograr una visión compresiva de la ciudadanía en la actualidad es necesaria "una interpretación de la relación entre las definiciones legales e institucionales de ciudadanía y su elaboración cultural en la interacción social" (Lomnitz, 2000: 132).

Esta contextualización histórica de la ciudadanía como práctica social nos ofrece una innovadora mirada para entender cómo las pautas de acción social y la participación ciudadana pueden estar condicionadas por factores históricos, percepciones interiorizadas y relaciones asimétricas de poder, entre otros elementos que nos permiten explicar la poca o mucha confianza que tienen los actores sociales en las instituciones y organizaciones cívicas, políticas y estatales, e incluso los accesos diferenciados a estos esquemas de participación, producto de las formas de gobierno antidemocráticas y paternalistas. Si bien no se puede negar que la reconfiguración del Estado ha generado la aparición de nuevos actores sociales que demandan nuevas formas políticas de representación y participación, con lo que se da un fuerte impulso a la democratización y hacia la consolidación de nuevas formas de ciudadanía, también hay que tomar en cuenta que esto se ve mermado por los usos y abusos del concepto de ciudadanía en el discurso político, ya que, tal y como lo advierte Lomnitz, "el énfasis actual en los derechos electorales conlleva el riesgo de vaciar esta categoría de contenido una vez más" (2000: 149).

Por otro lado, la simple recuperación de la política como competencia ciudadana que propone Lechner, no resuelve del todo la disputa por los significados de un concepto polisémico que puede aparecer y ser usado, tanto en los discursos y programas de los movimientos sociales, como en los de las instituciones políticas del Estado. Esto deja abierta una reflexión para ver qué tan efectivos son dichos términos para solucionar de fondo los problemas sociales, dado que, quizá, enmarcar la problemática de las desigualdades sociales en políticas de reconocimiento puede llevar a definir ciudadanías limitadas, tanto como las condiciones de existencia de los que las detentan, con lo que estaríamos ante la existencia de una especie de "lumpen-ciudadanías"⁹ (Sousa Santos, 2001).

Ahora bien, esta última explicación estructural de las prácticas ciudadanas diferenciadas puede tener otro matiz que, sin dejar de tomar en cuenta los condicionamientos institucionales verticales, postule por revaluar las luchas sociales por los derechos ciudadanos como una arena política en la que se disputa la creación de nuevas oportunidades para incrementar la influencia de la sociedad civil en las estructuras de poder. En este sentido, los nuevos actores sociales luchan por transformar o ampliar su ciudadanía, realizando un cuestionamiento a los códigos impuestos o dominantes, con lo que estas prácticas reflejan la dinámica de los sujetos dentro de un campo de conflicto que bien podría ser llamado un "espacio de ciudadanía" (Tamayo, 2006).

Así, se puede concluir esta sección del ensayo reconociendo que en la lucha por los conceptos y su resignificación está una parte medular de la vida política de los actores sociales contemporáneos. Dado que, a la par que se reconfiguran la democracia, la participación y la ciudadanía, destacando sus aspectos positivos y fomentado sus relaciones asociativas horizontales en pro del interés de los sectores locales, también se pueden fragmentar y estratificar las relaciones verticales del mismo grupo, promoviendo una segregación y diferenciación social mayor. Esto nuevamente nos obliga a contextualizar la trama analítica (en este caso, la ciudadanía y la participación) en relación con la estructura de poder y el campo político en el que se desarrollan, pues si es omitido, postulando por una simple reconfiguración de los términos, se elimina el núcleo duro de la relación cultura y política, al dejar fuera la disputa por el poder, legitimando un discurso que convierte esta disensión conceptual en una suave y armoniosa construcción de consensos.

 

LOS RETOS DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CIUDADANÍA: CAPITAL SOCIAL, PROYECTOS DE TRASCENDENCIA Y NUEVAS FORMAS DE AGENCIA

En cierto sentido, no se puede negar que actualmente la organización y la participación de la ciudadanía son consideradas un recurso muy importante, un capital social para que todos contribuyamos corresponsablemente a mejorar la calidad de vida y con ello alcanzar una democracia incluyente que supere los límites que impone su conceptualización como procesos electorales democráticos. Pero, ¿cuál es el camino a seguir para llegar a dicha meta?; ¿cuáles son los retos que deben enfrentar la participación solidaria y el ejercicio de la ciudadanía entendidos como capital social?, ¿existen elementos complementarios al capital social que fomenten la participación social? En las siguientes líneas se presentan algunas ideas generales para tratar de responder estas interrogantes, las cuales no son vistas como obstáculos, sino que representan retos de las nuevas formas de participación y ciudadanía.

En la actualidad, es común encontrar la noción de capital social en una gran cantidad de trabajos e investigación donde se le concibe como una teoría, un concepto o un recurso para ser aplicado a la investigación de problemas concretos, un elemento existente que puede ser abstraído, una metáfora para analizar la realidad, un cúmulo de relaciones medibles, entre muchas otras prefiguraciones. Esto impone al presente trabajo una precisión conceptual de dicho elemento. Así, considero al capital social como una herramienta que nos ayuda a representar la realidad social, pero, retomando las precisiones que se hacen en los estudios de redes sociales (Molina, 2001),¹⁰ hay que tener en cuenta que la realidad no está constituida de redes (como elementos tangibles) sino que representamos dichas prácticas sociales usando una categoría o concepto en un sentido metafórico, lo cual nos remite a la existencia de un marco interpretativo que le otorga sentido y poder explicativo.

El capital social debe ser entendido, de manera general, como una serie de recursos y componentes que se adquieren como consecuencia de las relaciones de una persona con otras, así como de la participación en organizaciones. Por un lado, dicho término se considera un indicador crucial para la puesta en marcha de cualquier programa o política pública y, de manera paralela, se le llega a considerar el motor interno de la acción colectiva que fomenta la participación social. A nivel conceptual, el capital social se puede agrupar en dos vertientes:

1) Las que consideran en su marco de análisis las desigualdades y el poder y, por lo tanto, sus efectos positivos y negativos, así como las condiciones estructurales que lo generan¹¹, y

2) Los enfoques que ponderan los elementos positivos de las redes de relaciones y su disponibilidad para movilizar recursos en búsqueda de un fin propio o colectivo.¹²

Ahora bien, en la actualidad, el primer elemento no está exento de las construcciones conceptuales y desarrollos teóricos (sobre todo de las que contienen una visión crítica), aunque predomina el uso y abuso de la segunda posición, especialmente en las agencias y organismos enfocados a la implementación de programas sociales en donde el concepto ha proliferado, al grado de que en el afán de afinar su utilidad analítica se han generado una serie de clasificaciones que distinguen entre formas, tipos, alcances, ámbitos, niveles, etcétera.¹³ Estos intentos no deben ser descartados, pues nos proporcionan elementos heurísticos que arrojan indicadores sugerentes para la definición de acciones políticas demandadas por los grupos sociales, siempre y cuando su obtención tenga en consideración que un tratamiento sistemático de este concepto debe distinguir, y no mezclar ni confundir, entre: a) los poseedores de capital social (quienes hacen reclamos); b) las fuentes de capital social (quienes aceptan estas demandas), y c) los recursos mismos (Portes, 1999:247).

Entre las ventajas de este concepto en relación con los procesos de participación y el ejercicio de la ciudadanía, tenemos que, en primer lugar, no se puede negar que gracias a los debates en torno al capital social se han establecido una serie de puentes interdisciplinarios entre las ciencias sociales, con el afán de captar la complejidad de la relación entre política y vida social, considerada ya no sólo en relación con instituciones formales y procesos económicos, sino también desde el punto de vista de los elementos socioculturales. Esta perspectiva ha puesto en marcha diversos programas de acción que tuvieron como eje una visión integradora de múltiples variables de diversa índole: social, cultural, económica, cultural, etcétera. El hecho de que empiecen a tomar importancia los aspectos socioculturales en los estudios de capital social ha permitido fomentar procesos de respeto hacia formas específicas de identidad y pertenencia étnica, tradiciones, memoria social, prácticas religiosas, formas de producción y reciprocidad comunitaria, entre otros "satisfactores socioemocionales" (Durston, 2000; citado en Arriagada, 2003: 25).

En este sentido, Jeanine Anderson (2008), desde la óptica de los estudios de género, desarrolla una mirada innovadora para destacar la capacidad de agencia de los actores sociales, por medio de la implementación de proyectos de trascendencia en los que se evidencian algunos "activos" (capital social) que poseen los sujetos sociales y que permiten superar las visiones que los encasillan y victimizan de acuerdo a sus debilidades y carencias. Así, se reconoce la existencia y posesión de una especie de "portafolio" de bienes y recursos de diversa índole (desde materiales hasta simbólicos) que le permiten a una persona o grupo entablar relaciones de negociación e intercambio con otros, en afán de conseguir otros recursos, enfrentar y resolver las situaciones que se presentan en sus vidas y mejorar sus condiciones de vida personal, familiar y comunitaria.

Las consideraciones anteriores son de suma importancia para avanzar en la reestructuración de la profundidad de las relaciones del reconocimiento, en un afán por desdibujar las diferenciaciones de grupo; además de que el actor y su conocimiento local son la base para la solución y la aplicación de programas sociales para obtener beneficios colectivos, de esta forma se puede reforzar la organización social local y fomentar nuevas formas de ciudadanía donde se pondera la perspectiva individual y colectiva de los actores. De tal manera que la reconfiguración de la idea de ciudadanía por parte de las colectividades sociales refleja un ejercicio del derecho de sus habitantes, por medio de una plena y activa participación ciudadana democrática. Pero, la participación ciudadana no sólo tiene que ser entendida como el ejercicio de un derecho democrático, sino que debe ser pensada en función de distintos grados de involucramiento de los actores en las decisiones de los problemas que les afectan.

Esto permitiría fomentar la integración social y la conformación de redes sociales más densas que posibilitarían el empoderamiento de organizaciones locales, además de un fortalecimiento institucional que puede derivar en resultados positivos para las comunidades en relación con sus demandas ante el Estado. Sin embargo, en este aporte se debe tomar en cuenta el problema que representaría regular las relaciones viciadas que no encuadran dentro de los valores positivos de los esquemas de capital social y participación solidaria; además, el empoderamiento de un sector supone la pérdida de poder o, al menos, del interés del otro sector para compartir el poder de su esfera política y generar un proyecto conjunto, con lo que se postularía por una sociedad más integrada.¹⁴

Finalmente, hay que destacar la utilidad operativa que se le atribuye a los conceptos de capital social, proyectos de trascendencia y nuevas formas de agencia, pues su análisis permite identificar los activos o recursos de sectores estudiados que no están siendo plenamente utilizados para buscar mejoras en sus vidas cotidianas, lo que se relaciona directamente con una temática contemporánea importante: los marcos de desigualdad existentes en nuestros países ante el proceso inacabado de la consolidación de la democracia participativa. Por otro lado, no se puede ignorar el aporte a nivel de indicadores que pueden arrojar los estudios que analicen dichos elementos desde una perspectiva sistemática e integral, y que consideren un análisis multidimensional, que no deje de lado la poca confianza en las instituciones, los obstáculos para lograr una participación solidaria, y otros elementos negativos que inciden en los resultados de la investigación, a fin de dar luz a los campos de oportunidad que deben ser atendidos a través del diseño pertinente, eficaz, relevante y, sobre todo, participativo de los programas de acción diseñados y ejecutados por medio de la articulación de la sociedad civil, la sociedad política y el Estado.

Hasta aquí, se puede reflexionar sobre qué tan problemática es la relación entre la estructura de poder y la participación política de cualquier colectividad social (agrupados bajo el término de sociedad civil), a fin de no encasillar la participación y la ciudadanía, siguiendo lo planteado por Sonia Álvarez (1998), como parte de una nueva "celebridad política" a la que se le aplaudirán todas sus manifestaciones positivas enmarcadas en políticas afirmativas y redistribuciones superficiales.¹⁵ Así pues, ya que hasta este momento se ha presentado una revisión de los factores positivos de los conceptos de capital social, participación y ciudadanía, considero necesario abordar algunas reflexiones generales que permitan evidenciar los efectos no tan positivos que se desprenden de su configuración conceptual y su aplicación dentro de cualquier investigación.

 

LAS DEBILIDADES DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CIUDADANÍA: ACCESOS INEQUITATIVOS Y DESIGUALES, BROKERS, FREE RIDERS, REDES CLIENTELARES Y OTROS LASTRES HISTÓRICOS

Las principales desventajas de los procesos de participación y la ciudadanía van asociadas a la conceptualización teórica y clasificación taxonómica de las propuestas aplicativas, que han simplificado la realidad asumiendo la "naturalidad" solidaria de ciertas relaciones sociales que implican conflicto y desigualdad. Desde esta perspectiva, ambos procesos se descontextualizan del todo que los integra, dejando fuera del análisis elementos importantes que tienen que ver con la crítica a las relaciones de poder, y postulando por procesos en los que las redes de relaciones se dan en una comunidad armónica idealizada que no puede ser alterada, minimizando y, en cierto sentido, olvidando que sus relaciones sociales son una práctica social dinámica.

Uno de los errores más notorios del enfoque "neutro" —que deja fuera las relaciones de poder— ha sido la omisión de las diferencias de acceso a las redes de relaciones y a los recursos que éstas proveen entre hombres y mujeres. De esta manera, se cuestiona la utilidad del capital social y la participación solidaria en sus usos analíticos descontextualizados, ya que emite una visión parcial de la complejidad social. La capacidad analítica para dar cuenta de los procesos de articulación y empoderamiento de algunos grupos sociales y colectividades en contextos marginales es de gran utilidad, pero se corre el riesgo de considerar simétrico el acceso a los recursos entre todos los actores sociales, siendo que, en algunos casos, las redes pueden servir como medios para el mantenimiento de las desigualdades, por ejemplo, de género.

Lo argumentado en los dos párrafos anteriores desmiente el supuesto de que la participación es por naturaleza democrática y, que a su vez, el simple hecho de hacerlo ya involucra cierto grado de inclusión en la toma de decisiones de cualquier colectividad (Krotz y Winocur, 2007). La acción y participación social no implican un empoderamiento directo para, en la mayoría de los casos, incidir o tomar parte en las decisiones, sino más bien refleja el hecho de que los actores cooperan o se vinculan en redes sociales, las cuales tienen un esquema donde deciden los que están autorizados para hacerlo, ya sea porque controlan los recursos de poder, o porque tienen un estatus mayor en la organización social. Por otro lado, hay que tratar de analizar hasta dónde llega el alcance de la participación ciudadana y su acción colectiva, además de ver qué sujetos no entran en esta esfera, a fin de evitar generalizaciones que consideren la parte como el todo, dado que puede ser que nos encontremos ante la existencia de minorías intensas y mayorías silenciosas. Por otro lado, la participación en una acción colectiva no implica, en la mayoría de los casos, una influencia directa en el sistema político, por lo que no se debe de entender como un sinónimo de democracia (Tejera, 2001).

Bajo la misma línea de crítica, se ubica la omisión del sistema político en los estudios que establecen los procesos de participación solidaria como intrínsecamente comunitarios, pues en algunos casos la corrupción y diversos actos de "coyotaje", generados desde instancias estatales, merman la credibilidad del desempeño gubernamental y, por lo tanto, de la participación de los actores sociales. Desde esta perspectiva, se ha establecido y generalizado que el asociacionismo colectivo, horizontal o vertical, fomenta la producción de normas de reciprocidad y confianza generalizada, además de incrementar el nivel de compromiso cívico y participación democrática, dejando de lado la existencia de vínculos y relaciones multilaterales (en la organización y en la relación con el Estado) en los cuales, como comenta Margaret Levi (1996), es común encontrar procesos del tipo free rider, donde es muy difícil saber quién engaña a quién con el fin de sacar una ventaja oportunista de la situación, y donde no queda claro quién debe pagar los costos de estos actos, con lo que no siempre se reduce la incertidumbre en las transacciones.

En cierto sentido, algunas críticas antropológicas a los procesos de desarrollo se han hecho extensivas a las investigaciones basadas en el capital social como motor de participación y ciudadanía, pues consideran que al dejar fuera el análisis de poder, y en el afán de apoyar los programas de desarrollo dirigidos desde el Estado, se está legitimando un discurso que convierte la lucha de poder en una suave y armoniosa construcción de consensos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que por medio del capital social se pueden establecer coaliciones (asociaciones verticales), pero también dentro de ellas se pueden conformar facciones, lo cual nuevamente lleva el análisis a la esfera de poder (Bahamondes, 2003). Es importante destacar que si se parte adjudicando un sentido positivo a la acción sin considerar el contexto, se crea un escenario ideal donde las relaciones son equilibradas y homogéneas entre las partes que componen la red social. En este sentido, estoy actuando con una conceptualización que tiende a ser normativa y que busca ordenar lo social, más que con una herramienta descriptiva y analítica.

Por otro lado, se ha dado por hecho que las redes de reciprocidad y confianza generalizada son un factor "natural" en los procesos de asociacionismo horizontal e incluso regularmente se vinculan a los niveles sociales de más bajos ingresos o rurales, lo que nuevamente supone colectivos homogéneos y estáticos. Tal generalización puede ser producto de los estudios enfocados al análisis de redes sociales y las estrategias de sobrevivencia de los sectores marginados (Lomnitz, 1994), pero incluso dentro de estos trabajos se hace alusión a las relaciones patrón/cliente que se caracterizan por ser asimétricas, además de tener la función de articular al sector informal con el sector formal.

Esta precisión me lleva a plantear un problema de acaparamiento en los análisis de capital social, participación y ciudadanía, con lo que su aplicación podría derivar en un clientelismo instrumental utilizado por líderes locales (brokers),¹⁶ autoridades y otros actores implicados en cualquier transacción de información.

Ahora bien, conviene detallar un poco más los límites que imponen las prácticas clientelares a la consolidación de procesos de participación y ciudadanía. Para lo cual es necesario utilizar una visión amplia del clientelismo entendido como una práctica estructurada en la que confluyen factores subjetivos que van más allá del simple y estereotipado trueque de favores por votos. De esta manera, el clientelismo es considerado una red de relaciones cotidianas en las que se articula un patrón que otorga, detenta y delega autoridad a los mediadores, quienes son los encargados de establecer relaciones con los clientes. Todos estos actores imbrican intereses mutuos y cálculos utilitarios, pero también relaciones afectivas y aun sentimientos de solidaridad recíprocos. Así, el clientelismo pasa a ser una "forma de ver el mundo" compartida por los involucrados en este tipo de redes que se desarrollan en un contexto caracterizado por la disputa y efectividad del uso patrimonial del poder, para obtener una rentabilidad o prestigio político por medio de la provisión de favores y servicios (Hernández Muñoz, 2006).

Un escenario que enmarque cualquier acción clientelar refleja un severo déficit democrático, pero, sobre todo, limita la agencia y la participación ciudadana de las colectividades por medio de canales adecuados para su institucionalización y gestión. Puesto que las acciones gubernamentales o los programas sociales implementados bajo esta lógica pueden abanderar causas sociales que atiendan las demandas especificas de una colectividad, pero por detrás esconder la intención de la cooptación política de los sujetos. Además, las formas clientelares de intermediación reconfiguran el campo político al considerarlo como un espacio de competencia donde se busca captar más actores que entren en el intercambio clientelar; de esta forma, la participación ciudadana se limita a tener el derecho a la "oportunidad" y/o a la "esperanza" para ser atendido por medio de un programa o política social. Lo anterior refleja la institucionalización y formalización de un "pacto clientelar" sustentando e impulsado por políticas asistencialistas que convierten a su población receptora en "ciudadanos de segunda" (Hernández Muñoz, 2005).

En buena medida, la existencia y reconfiguración de estos pactos clientelares pone de manifiesto cómo los procesos de asociacionismo no son por naturaleza homogéneos, solidarios y positivos, sino que configuran nuevos fenómenos de sociabilidad de mayor complejidad. Pero, a su vez, nos alertan sobre la vigencia de una idea que vincula la participación y la ciudadanía como el simple acto de demandar soluciones. Esto demuestra el arraigo de una ideología política sustentada en un paternalismo, como forma de ver la relación entre el Estado y la ciudadanía, compartida ampliamente por diversos sectores de la población (Portal, 2004). El arraigo de elementos históricos derivados de una cultura autoritaria que postula por el tutelaje de sus ciudadanos nos advierte que cualquier análisis de la participación y la ciudadanía debe tener en cuenta los factores históricos, las percepciones interiorizadas y las relaciones asimétricas de poder, así como la constante lucha social por la asignación de significados a las relaciones sociales, para poder entender el grado de confianza que tienen los actores sociales en las instituciones y organizaciones cívicas, políticas y estatales, e incluso los accesos diferenciados a cualquier esquema de participación.

Con lo presentado hasta este momento se ha dibujado un panorama general de lo que, a mi juicio, representan los retos y límites que enfrentan las categorías de participación y ciudadanía como parte de un entramado conceptual en construcción y cuyo objetivo es analizar la vida política de los actores sociales. Las potencialidades y limitantes de estos conceptos advierten al investigador evitar ponderaciones excesivas u omisiones que le impidan materializar un análisis lo más completo posible. Así mismo, tener en cuenta estas limitantes resulta clave para entender la cultura política y su relación con la estructura de poder. Esto nos permite precisar el control especifico de la autoridad que detenta el poder, así como las posibilidades de acción de la participación ciudadana, con el afán de sustentar propuestas que busquen construir una nueva forma de hacer política desde el ámbito local, considerando los diversos puntos de vista, pero sobre todo, buscando que dicho ejercicio reconozca la heterogeneidad y autonomía de los agentes civiles para participar en el proceso de democratización social de nuestro país.

 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El objetivo primordial del presente trabajo es iniciar una revisión crítica de los marcos teóricos explicativos que han desarrollado dos ejes nodales del campo de estudio de la cultura política: la participación y la ciudadanía, a fin de aclarar sus pros y contras como instrumentos interpretativos y descriptivos. En primer lugar, se han presentado las reconfiguraciones analíticas que han sufrido tales conceptos. Además, con un sentido propositivo, se muestran algunos elementos negativos ligados a las debilidades de la participación y la ciudadanía, los cuales no deben confundirse con una imposibilidad innata que impida generar trasformaciones. Por el contrario, se pretende indicar un conjunto de elementos a modificar para generar transformaciones profundas del campo político y sus arenas, las cuales han sido rebasadas, ampliadas y resignificadas por las acciones de nuevos actores políticos cuya principal característica es la heterogeneidad.

La pluralidad de prácticas sociales y proyectos políticos emanados por las acciones de estos nuevos actores promueve la consideración de una amplia gama de puntos de vista que cuestionan las concepciones tradicionales de participación y ciudadanía, desbordando sus aplicaciones y acepciones normativas. De tal forma que no podemos negar que la ampliación política ha sido uno de los grandes aportes del cuestionamiento de las categorías y sus limitaciones aplicativas, con lo cual se han superado las visiones reduccionistas que generaban una acción política limitada (generalmente asociando la participación ciudadana con el ejercicio electoral y la ciudadanía con los derechos y obligaciones que otorgaba el Estado). Pero, ¿qué tanto estos conceptos presentan un uso desmedido realizado principalmente por los sectores dominantes? Los cuales, en afán de simular su ampliación teórica y práctica, postulan por una armoniosa construcción de consensos y arreglos comunitarios que se ajustan a su interés por mantener sus posiciones privilegiadas, por lo cual intentan borrar la dimensión de conflicto, despolitizar la acción pública, así como idealizar y homogenizar a los nuevos actores políticos que contradicen y proponen una nueva forma de participación política.

Lo anterior se ve reflejado en los cambios y continuidades conceptuales producto de la configuración de la política como sistema cultural, generados por una serie de contradicciones, disputas, usos y abusos de los conceptos que adquieren diferentes matices en los discursos y en las agendas políticas de los diversos actores sociales, los grupos políticos, las organizaciones del tercer sector, así como las instancias gubernamentales. Esto, en primera instancia, nos impone la tarea de precisar la aplicación analítica y metodológica de las categorías tratando de superar sus visiones reducidas que limitan su capacidad heurística. Pero, por otro lado, debemos ser precavidos y no enmarcar estos procesos en una lucha entre sectores antagónicos homogéneos, pues es innegable que los distintos proyectos políticos se desarrollan en contextos específicos, los cuales no están exentos de experimentar cambios socioculturales de naturaleza estructural o coyuntural que propicien la articulación, vinculación y generación de asociaciones programáticas entre los agentes del campo político (actores sociales, tercer sector, partidos políticos, organizaciones gubernamentales, etcétera).

Ahora bien, lo presentado hasta este momento refleja los primeros pasos hacia la superación de la visión minimalista de la política por medio de la ciudadanización de la política. Dado que dicho proceso no debe ser visto como una meta sino que representa un canal en construcción y reconstrucción constante, lo cual crea nuevas vetas por analizar; tal es el caso de los límites que se vienen arrastrando y reproduciendo en las nuevas formas de actuar de los actores políticos que cuestionan las construcciones normativas y limitadas de la democracia, para que ésta vaya más allá de lo formal y transforme los discursos dominantes y las prácticas de exclusión hegemónicas. Algunos de estos lastres (paternalismo, clientelismo, poca institucionalidad, autoritarismo, etcétera) deben ser concebidos, en parte, como producto de una tradición e historia particular, pero también deben verse como factores constitutivos de nociones acotadas de política y ciudadanía que buscan imponer y fomentar el individualismo extremo, por medio de políticas de reconocimiento de derechos culturales y formas de ciudadanía limitadas. Ante lo cual, resulta necesario remarcar nuevamente la pluralidad de los sujetos sociales que se desenvuelven en un campo político pero, sobre todo, el carácter colectivo de sus luchas, reflejadas en una serie de expresiones multidimensionales que logran materializar comportamientos políticos en los diversos ámbitos de la vida social.

 

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NOTAS

¹ Retomo la idea de Fredric Jameson, quien define la disolución de la supuesta autonomía de la esfera cultural ante la lógica del capitalismo avanzado. Dicho proceso no implica la pérdida de la cultura, sino que se trata de una prodigiosa expansión de la cultura en el dominio de lo social, al grado de considerar que en "nuestra vida social, ya todo —desde los valores mercantiles y el poder estatal hasta los hábitos y las propias estructuras mentales— se ha convertido en cultural de un modo original y aún no teorizado" (1991: 106-107).

² En términos generales, de acuerdo con Héctor Tejera, se pueden agrupar en: a) la psicologista, que estudia la relación entre las orientaciones individuales y los objetos políticos; b) la comprensiva, que analiza las orientaciones individuales y los comportamientos asociados a ellas; c) la durkhemiana, que aborda el análisis de las normas y valores dominantes en la sociedad; d) la simbólica, que considera a la cultura política como un conjunto de símbolos que ordenan la interpretación de las relaciones políticas y, e) la semántica, que da cuenta de la cultura política desde el lenguaje y el discurso. Cabe acotar que muchos de los postulados de estas propuestas teóricas se entrecruzan y complementan en diferentes enfoques y definiciones (2005: 1).

³ Algunos de los primeros trabajos en torno al estudio de la cultura política en México fueron editados por Esteban Krotz en la década de los noventa (1996); posteriormente, el mismo autor desarrolló un estado del arte de la construcción conceptual de este campo de estudio (2002). Para una discusión más contemporánea véase Castro Domingo (2006).

⁴ Acotando el análisis al entorno latinoamericano, valdría la pena agregar a estas relaciones la profundización de los procesos de democratización del sistema político,cuyos efectos han transformado la forma de gobierno, propiciando una expansión de la ciudadanía política y social. La alternancia y el pluralismo político en cierto sentido promueven una competencia de los partidos políticos por obtener —o cooptar clientelarmente— las preferencias electorales, lo que a su vez renueva y acrecienta las expectativas de los sectores populares respecto a la atención de sus postergadas demandas (Ziccardi, 2000).

⁵ La consideración del punto de vista del actor en la investigación nos remite, en primer lugar, a la tensión que existe cuando al investigador se le desdibuja la "otredad", pues tal como lo propone Sandra Harding (1987) no existe un "otro" único sino muchos "otros" diversos, sustentados en la idea de que tanto en el sujeto que conoce, así como en el que vive la realidad existen varias maneras de entender a la "otredad". Partiendo de este reconocimiento reflexivo podemos salir de los escenarios prefigurados que nos impedían ver la complejidad de cualquier situación política que interrelaciona la lógica subjetiva y objetiva de los procesos sociales.

⁶ Entendido desde la perspectiva procesualista como la totalidad de relaciones entre actores sociales que disputan premios y valores, y que refleja un conflicto de fuerzas. Dichas relaciones sociales son estudiadas en un tiempo y espacio determinados.

⁷ En la jerga de la economía social, se identifican así a todas las instituciones, organizaciones o sociedades a las que pertenecen los ciudadanos que no son una empresa en el mercado ni una agencia en el gobierno. En general, son organizaciones sin fines de lucro, entre las que encontramos asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, ONG, y empresas que trabajan en el ámbito de la economía social (Rifkin, 2004).

⁸ Para destacar esta importancia basta señalar los títulos de los paneles organizados en octubre de 2006 para la presentación de la III Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación: "Mesa 1. Cultura política y participación ciudadana: el concierto Latinoamericano" y "Mesa 2. El papel de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas para el fomento de la cultura democrática en México".

⁹ Por si fuera poco, no basta con que haya ciudadanos de "primera" y ciudadanos de "segunda", hay otros que ni siquiera se les da la oportunidad de ser incluidos como ciudadanos al ser estigmatizados (por ejemplo, los niños en situación de calle, los delincuentes, los homosexuales, por mencionar algunos), quedando excluidos de todo derecho humano y social.

¹⁰ A diferencia del capital social, el análisis de redes ha desarrollado todo un esquema pormenorizado a nivel metodológico para potenciar su capacidad analítica y heurística. Cabe destacar que es común encontrar estas herramientas en las investigaciones que atienden al capital social.

¹¹ En este punto destaca la pionera conceptualización de Pierre Bourdieu dentro de su teoría de los campos sociales. Bourdieu lo definió de la siguiente manera: "El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo" (Bourdieu, 2000: 148).

¹² Dentro de esta perspectiva destaca uno de los aportes más recientes al debate contemporáneo del capital social realizada por Robert Putnam (1993) y orientado por el neoinstitucionalismo económico. Este autor considera que el capital social se puede identificar con la participación de los actores en organizaciones locales, clubes y asociaciones, así como en grupos cívicos. De tal manera que el capital social se refiere a las características de la organización social, como por ejemplo redes, normas y confianza que facilitan la cooperación y la coordinación en beneficio mutuo; por lo que se convierte en un elemento vital para el desarrollo económico de los grupos y para su partición política. Así pues, el concepto de capital social alude directamente a las comunidades donde predominan las relaciones horizontales y los efectos positivos (confianza, reciprocidad y compromiso cívico) de su densificación e institucionalización, cuyos beneficios económicos y políticos son el abaratamiento de los costos de transacción y la incertidumbre al cooperar y participar en asuntos comunes aún entre estratos que no son horizontales.

¹³ Si bien las tipologías tienen alguna utilidad como tipos ideales para saber qué elementos se asemejan o difieren de los elementos constitutivos de cada categoría, es evidente que la construcción dinámica de las relaciones, de acuerdo a cada contexto, no debe de hacernos pensar de facto que lo que se ha aplicado en una comunidad tendrá los mismos resultados en otra con similares características.

¹⁴ Esta quizás pueda ser una de las mejores enseñanzas que han dejado (y que se pueden retomar de) las experiencias exitosas. Algunos de estos casos se pueden revisar en Kliksberg (2000).

¹⁵ Nancy Fraser (1999) indica que las políticas afirmativas y las redistribuciones superficiales exacerban más las desigualdades, haciendo ver a las clases más desfavorecidas como inherentemente deficientes e insaciables, y necesitadas de más y más, al grado de llegar a generar, con el paso del tiempo, injusticias de reconocimiento.

¹⁶ En un estudio sobre la cultura política de diversos sectores de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Guillermo de la Peña (2000) determinó que la organización en redes sociales supone la presencia estratégica de intermediarios (brokers) de tiempo completo.