Introducción

Los riesgos, principalmente los que subyacen a la conflictividad socioambiental, como expresiones y consecuencias de la producción y reproducción del desarrollo, se han convertido en las principales fuentes de tensión y radicalización de la modernidad (^{Beck, 2006}). En una sociedad moderna, esta radicalización ha llevado a que los riesgos se vuelvan contra sí mismos, provocando conflictos sociales y ambientales de compleja solución (^{Luhmann, 1996a}). Los procesos de desarrollo industrial han generado efectos colaterales que ponen en peligro los requisitos básicos para la vida en el planeta (^{Beck, 2006: 29-31}; ^{Giddens, 1993}, ¹⁹⁹⁶, ^1996a; ^{Bauman, 2006}), donde la naturaleza ha dejado de ser un objeto observado en el entorno de la sociedad, tomando la forma de diversos y complejos problemas ambientales que provienen de su propia dinámica. De acuerdo con Beck, “los problemas del medio ambiente (ya) no son problemas del entorno, sino (en su génesis y consecuencias) problemas sociales, problemas del ser humano, de su historia, de sus condiciones de vida, de su referencia al mundo y a la realidad, de su ordenamiento económico, cultural y político” (2006: 114).

Delineado de modo general el problema, el estudio de los riesgos y peligros socioambientales, sean estos observados como problemas o conflictos latentes o manifiestos, establecen un ámbito privilegiado para analizar la construcción que hace la sociedad del medio ambiente (sus organizaciones y actores), la percepción que éstos tienen de ella y la relación que se da entre los encargados de gestionarla y quienes pueden evidenciar algún riesgo o daño al respecto. Por lo tanto, los riesgos evidencian y ponen en tensión las aproximaciones, construcciones y percepciones de los distintos actores hacia los problemas socioambientales.

El artículo que presentamos tiene como objetivo posicionar desde la teoría social y la sociología la importancia de los riesgos en conflictos relacionados con el medio ambiente, donde tensionaremos las bases objetivistas y normativas de las actuales miradas e intervenciones que se hacen al respecto y desde una mirada constructivista observaremos sus limitaciones y cómo cobran relevancia a la hora de observar e intervenir las dimensiones sociales de los riesgos; vitales a la hora de diseñar y dar cuenta de los problemas y conflictos socioambientales en la sociedad actual. Para lo anterior posicionaremos, primero, el problema desde la teoría social y su abordaje en los riesgos socioambientales, para luego, segundo, ver cómo se ha desarrollado los abordajes sobre el riesgo y, tercero, detenernos en la importancia las posturas que marcan la importancia de las dimensiones sociales del riesgo y su distanciamiento de las posturas normativas y objetivistas. Finalmente cerraremos con unas breves conclusiones.

Teoría social, diferenciación funcional y riesgos socioambientales: aterrizando el problema

Por un lado, para autores como Ulrich Beck, Niklas Luhmann y Anthony Giddens, entre otros, la característica definitoria de la modernidad es la presencia mundial de una sociedad diferenciada en sistemas de función que produce y reproduce sus propios riesgos. Por consiguiente, como lo hemos planteado, en esta dinámica social, la “naturaleza” deja de ser un opuesto situado fuera del orden social (de la sociedad) para tomar la forma de diversos y complejos problemas socioambientales que provienen desde el interior de ésta.

Por lo tanto, la tematización y problematización de los riesgos en una sociedad moderna y funcionalmente diferenciada, dista de las perspectivas positivistas y normativas que observan y definen los riesgos y peligros desde fuera, tomando formas objetivas, estáticas, mitológicas y destino predeterminado, sino más bien como una observación interna que opera al interior de la sociedad, de lo cual se deduce que dependiendo del punto de referencia de la observación, sea este el sistema económico, político, legal, entre otros, se construirá socialmente el riesgo o el peligro que sea tema o problema para el observador. Esto opera fácticamente y materialmente en la realidad social, cuando las organizaciones o individuos toman decisiones que pueden conllevar riesgos y peligros para la sociedad.

Por otro lado, la teoría de la sociedad del riesgo concibe dicho fenómeno como global (^{Giddens, 1993}; ^{Beck, 2008}, ²⁰⁰⁶, ²⁰⁰²; ^{Luhmann, 2007}, ¹⁹⁹²), en la cual riesgos y peligros se mundializan y se presentan imprevisibles como inevitables, resquebrajando la idea de seguridad. Por ello, los daños e impactos no sólo afectan a las modernidades centrales sino también a las periféricas como América Latina, pues ambas, al generar dispositivos para prevenir y controlar los riesgos y peligros socioambientales que producen, se muestran cada vez más ineficientes ante sus manifestaciones.

En particular, el aumento de los riesgos socioambientales en América Latina puede ser observado y atribuido a resultados del diseño e implementación de modelos de desarrollo económico anclados en esquemas extractivistas, lo que constituye un factor importante para explicar los principales problemas socioambientales que se han expresado en la región durante los últimos 25 años, y frente a lo cual la capacidad institucional para prevenirlos y resolverlos se ha visto sobrepasada (^{OCDE, 2005}). Ante tales riesgos y los problemas que traen consigo, la sociedad ha reaccionado bajo el diferencial reacción/no reacción. En el lado izquierdo de esta distinción, la sociedad ha reaccionado con una conflictividad socioambiental que ha escalado en intensidad desde 1990 (^{OLCA, 2015}; ^{Sabatini y Sepúlveda 1997}), pero las reacciones a estas externalidades no han sido respuestas sin sentido, sino que han estado mediadas por el significado que los problemas socioambientales han tenido y tienen para los sistemas, organizaciones, comunidades y personas involucradas. En el lado derecho de la distinción, la sociedad no ha reaccionado de manera manifiesta ante los impactos de los proyectos de desarrollo, lo cual no ha querido ni quiere decir que los problemas o conflictos no existan o no sean visibilizados y percibidos por quienes son impactados (^{Espluga, 2004}, ²⁰⁰⁷; ^{Espluga y Ferré, 2007}).

Con lo anterior se quiere expresar e ilustrar que las respuestas sociales ante los riesgos y peligros se tornan complejas, dado que las responsabilidades no pueden ser fácilmente delimitadas, pues el principio científico de causalidad ha perdido su capacidad aseguradora ante la magnitud de las incertidumbres de una sociedad moderna (^{Beck, 1998}, ²⁰⁰²). La misma tematización de los riesgos y peligros socioambientales, en cuanto problemáticas sociales, crea una “inseguridad en la sociedad” que activa nuevas formas de responder sobre éstos (^{Luhmann, 1992}, ^1996a), produciendo y visibilizando las limitaciones en sus formas de reflexión, decisión y acción, pues hay un bloqueo de la observación de la latencia de las amenazas y una imposibilidad para la anticipación (^{Luhmann, 1992}, ^1996a). Lo que se muestra limitado y pareciera requerir una mayor atención, finalmente, es la capacidad de la racionalidad moderno-occidental, accionada por la política y sustentada por la ciencia, para estructurar respuestas ante los complejos riesgos y peligros socioambientales.

En este sentido, la amenaza ambiental autoprovocada ha llegado a ocupar un lugar destacado en la comunicación contemporánea, pero la ubicuidad que ésta tiene en la sociedad global, carece de un lugar propio desde donde pueda ser pensada para orientar las respuestas sociales ante los riesgos y peligros (^{Luhmann, 1992}; ^{Arnold, 2000}). La carencia de este referente único se explica en la complejidad social, que impide a la sociedad alcanzar la unidad (^{Luhmann, 2007}). Ello determina la especialización de los sistemas a través de las selecciones que les permiten manejar dicha complejidad, ganando competencias para seleccionar las irritaciones que provienen del entorno (^{Luhmann, 1996: 201}), pero quedando imposibilitados de responder a los problemas socioambientales, a menos que cuenten con distinciones propias que se lo permitan (^{Luhmann, 2007}).

La excepción estabilizada y recurrente se da cuando eventos socioambientales agudos generan reverberancia comunicacional, favoreciendo que los sistemas incorporen distinciones sobre los riesgos y peligros (^{Arnold, 2003}). Es así que aunque tales riesgos expresados en problemas y conflictos se hagan o no se hagan manifiestos y sean rechazados públicamente, los distintos actores sociales por medio de sus propias distinciones, aprueban y rechazan los riesgos y peligros, así como las interpretaciones que los expertos hacen de éstos. Ello no ocurre automáticamente ni depende de la intensidad de los eventos asociados a éstos, siendo necesarias condiciones en las estructuras de los propios sistemas, organizaciones y actores sociales de manera que puedan manifestar irritación ante los problemas socioambientales. A su vez, para que exista resonancia comunicativa frente a los eventos asociados a tales fenómenos, tanto sistemas y organizaciones como actores sociales lo harán elaborando tales ofertas de sentido en sus propios códigos: la política y sus organizaciones la registrarán a través del filtro del poder; la economía y sus empresas lo harán a través del dinero; y los actores sociales con filtros basados en sus vivencias (valóricos). Así, la elevación de la capacidad de incentivos permite a cada subsistema responder a los problemas socioambientales en sus propias lógicas de operación aún cuando ello no sea posible en la totalidad del sistema social (^{Paulus, 2004: 203}). Se concluye, por tanto, que las respuestas de los actores sociales ante los riesgos sólo pueden ocurrir fragmentadamente.

En el entendido que la teoría de la sociedad del riesgo concibe los riesgos y peligros como globales, fenómenos problemáticos como el nuclear, el químico o el genético, se observan imprevisibles como inevitables ante la incertidumbre, contingencia y la carencia de un centro para regular e intervenir. Por ello, los daños que estos puedan traer consigo, afectan a todos por igual, pues en lo fáctico la sociedad en su conjunto carece de dispositivos para prevenir y controlar los riesgos y peligros socioambientales que produce y reproduce. De allí que se diga que los riesgos son democráticos: se reparten de igual forma en regiones ricas y pobres, en países industrializados y en vías de serlo. Así, si en la modernización simple (industrial capitalista) los conflictos sociales ocurrían por la repartición de la riqueza, en la modernización reflexiva, basada en una sociedad funcionalmente diferenciada, ocurren por la producción, distribución y división de los riesgos (^{Beck, 2006}).²

Los estudios sobre el riesgo y sus abordajes

La literatura sobre los riesgos ha sido amplia y fecunda, estableciendo en sus primeros estudios un criterio de umbral de riesgo (Starr, 1970) cuyo objetivo fue comprender y mitigar los impactos que las nuevas tecnologías producían para que las personas tuvieran una comprensión más adecuada de estos fenómenos, pero donde tales construcciones estaban a cargo de los expertos. Bajo el concepto de “preferencias reveladas” (^{Starr, 1969}) hechas por la gente, a través de ensayo y error, la sociedad podía lograr un equilibrio ante los riesgos y los beneficios asociados a cada actividad (^{Espluga, 2007}, ²⁰⁰⁴). Ante la poca consistencia que estos estudios plantearon (^{Otway y otros 1975}), se adujo una falta de fiabilidad de los datos y se criticó el supuesto de que si la gente no protestaba era porque aceptaba los riesgos. Más bien se propuso que la gente no acepta riesgos sino opciones, siendo el riesgo sólo una característica, entre otras, que la gente tiene en cuenta a la hora de evaluar y elegir entre distintas alternativas (Fischhoff et al., 1981).

Una propuesta contraria a la de Starr es la de las “preferencias expresadas”, enmarcada en los estudios psicométricos del riesgo (^{Slovic et al., 1984}) y que a través de una noción multidimensional proponía que las personas introducían en sus juicios otros elementos, aparte de los de carácter científico, buscando de fondo una taxonomía de riesgos que sirviera para entender y predecir la forma cómo la sociedad debiera responder ante estos. Las conclusiones llevaron a decir que apenas había correlación entre riesgos y beneficios percibidos, por lo que respecto de la voluntariedad de exposición, que era la clave para Starr, se mostró que entraban en juego otros factores (conocimiento, inmediatez) igualmente influyentes (^{Espluga y Ferré, 2007}).

Otra vertiente que va más allá de la ciencia como factor explicativo de los riesgos es la teoría cultural (enfoque estructuralista y constructivista) (^{Douglas y Wildavsky, 1982}, ¹⁹⁹⁶; ^{Dake, 1991}; ^{Rayner, 1990}), donde las creencias, actitudes y valores compartidos inciden en lo que los actores y grupos consideran o no como riesgo, preocupándose más por los eventos y aspectos que puedan afectar o poner en peligro sus sistemas de creencias y valores y su manera de entender y vivir las relaciones sociales. Su intención es indagar qué tipo de grupos se preocupan de unos determinados riesgos y por qué, es decir, por qué en una misma sociedad hay grupos que difieren a la hora de otorgar importancia a unos mismos riesgos. En otras palabras, la argumentación tiene que ver con la separación entre la magnitud física de la fuente de riesgo socioambiental y su reconocimiento social (^{Lezama, 2004}).

Desde la psicología social (^{Otway y Von Witerfeldt, 1982}) (teorías actitudinales y de la expectativa del valor) surgen a su vez preguntas relacionadas con la forma en que los individuos mantienen o rechazan determinados sistemas de valores y creencias, puesto que se supone que las actitudes de estos respecto a los riesgos y tecnologías forman parte de los modelos con los cuales conforman su identidad social e individual (^{Otway y Fischbein, 1976}). En contra de que las percepciones se fundamentaban en atribuciones universales, como lo proponía la perspectiva psicométrica, había que tener en cuenta la existencia de diferentes modelos de actitudes originados por las diferentes procedencias sociales de los individuos y los contextos sociales y políticos específicos en los cuales las personas experimentan el riesgo.

Por último, allegada a la vertiente más sicológica -psicométrica y reflexiva- revisitada en este apartado, se allega el marco de la amplificación social del riesgo (^{Kasperson, 1992}; ^{Renn, 1991}; ^{Pidgeon, 1992}), cuya tesis es que los acontecimientos relacionados con el riesgo interactúan con procesos psicológicos, sociales, institucionales y culturales, de tal manera que puedan aumentar o atenuar las percepciones del riesgo, así como dar forma a los comportamientos ante estos (^{Kasperson y otros, 1988}; ^{Espluga, 2004}).

Las dimensiones sociales de los riesgos como variables fundamentales en la construcción y percepción de los riesgos socioambientales

Bryan Wynne y su propuesta de un enfoque reflexivo, pone el foco en la importancia del contexto social e institucional en el cual se experimenta el riesgo a la hora de valorar las percepciones y entender los comportamientos de las personas que se sienten expuestas. Es un marco donde los riesgos son definidos socialmente de acuerdo con el grado de amenaza percibida hacia las relaciones sociales y las prácticas cotidianas, y no de acuerdo con magnitudes numéricas de daños físicos, ni tampoco con atributos universales de riesgo (^{Giddens, 1993}), donde un rol clave sería la disposición de las personas de mantener voluntariamente un tejido de relaciones sociales, unos estilos de vida, unas afiliaciones a determinados grupos sociales o unas identidades sociales (^{Espluga, 2004}). De fondo, Wynne tiene como objetivo dar cuenta de las racionalidades de la vida cotidiana desde las cuales los riesgos, las actividades que los generan y las instituciones que los gestionan, son identificados y experimentados por la gente (^{Turner y Wynne, 1992}; ^{Wynne, 1980}, ¹⁹⁸², ¹⁹⁸⁹, ^1992a), así como las relaciones de confianza que existirían entre los actores locales y las organizaciones o instituciones que los construyen y gestionan (^{Solá et al., 2009}; ^{Wynne, 1996}), complementado las miradas más técnicas y psicológicas de los actuales enfoques sobre los estudios de riesgo.

En este marco, y de acuerdo con ^{Turner y Wynne (1992)}, hay un distanciamiento de concebir el riesgo como algo objetivo, propio e independiente de los complejos cuerpos sociales en los cuales los actores los experimentan, así como también (metodológicamente) de los estudios de corte cuantitativo que dan por sentado que todo el mundo entiende lo mismo por riesgo y los daños colaterales que pueden producir, no cuestionando ni preguntándose por la inclusión y participación de la gente en la definición de tales riesgos y sus significados (^{Renn, 1991}).

Siguiendo a ^{Wynne (1992}, ¹⁹⁹⁶⁾, existen dos aspectos sociales que se tornan relevantes para comprender la construcción y percepción social de riesgos, se trata de la confianza y la comunicación de los riesgos. La confianza se entiende como un mecanismo de reducción de complejidad (^{Luhmann, 1996b}) que tiene las características de sustento para cualquier acción a futuro. Cuando este sustento se pierde, tienden a cuestionarse las acciones y capacidades institucionales por parte de la sociedad, llevando a una pérdida de la confianza y la credibilidad, haciendo que todo diseño propiciado por las instituciones pertinentes (públicas y privadas) en pos del control y la generación de seguridades, se muestre limitado para dar cuenta de los riesgos y peligros que generan las producciones concretas por parte de la sociedad, las cuales se visibilizan en problemas y conflictos socioambientales -sean estos tecnológicos, sociales, ecológicos, entre otros. En este escenario, los estudios del riesgo han comenzado a prestar una fuerte atención a la confianza, que funge como “un prerrequisito para conseguir una efectiva comunicación y gobernanza del riesgo” (^{Kasperson et al., 1992}, citado por Espluga, 2009: 3).

Rodríguez eleva el tratamiento de la confianza respecto a la confianza depositada en las instituciones a cargo de la seguridad. En su análisis distingue tres modelos de cómo se construye esta expectativa positiva:

El modelo competencial liga la confianza al nivel de competencia mostrado por los sistemas expertos. El modelo cultural sostiene que la confianza está relacionada con la compatibilidad valorativa. El modelo relacional afirma que la confianza es el resultado de un proceso interactivo en el cual juegan un papel fundamental las relaciones de autoridad o dependencia que definen las tomas de contacto entre las instituciones y el público (2009: 130).

La relevancia actual de la confianza pública hacia las instituciones que regulan los riesgos en una sociedad que avanza científica como tecnológicamente, ha dado paso a estos modelos que resaltan la resistencia de la sociedad hacia las instancias reguladoras encargadas de dar seguridad y dejar de lado que toda resistencia a estos avances son irracionalidades del público hacia los riesgos. De ahí que Rodríguez haga repaso a cómo algunos autores han puesto énfasis en el lado del público y su percepción del riesgo, en cuanto a las relaciones que las instituciones expertas tienen con la sociedad, tomándose como algo dado la capacidad institucional para garantizar un desarrollo seguro de la ciencia y la tecnología.

Para el autor esto fue lo que condujo a las instituciones en la década de 1980 a agregar la comunicación de riesgo como otra función al análisis, pues habría una resistencia del público a las tecnologías e ignoraría los verdaderos riesgos de estas, teniéndose que difundir a éstos la verdadera naturaleza de los riesgos para que hubiera una mayor aceptación pública de aquellas tecnologías consideradas problemáticas. Ahora, tales estrategias no tuvieron los resultados esperados, pues el público no se limitaría a solamente percibir riesgos, sino que también prestaría atención a cómo son esos riesgos gestionados por las instituciones (Cobb y Macoubrie, 2004: 395, citado por ^{Rodríguez, 2009}; ^{Turner y Wynne, 1992}, ¹⁹⁸⁰).

Por lo tanto, más allá de la construcción y percepción del riesgo, es relevante la percepción que el público tiene de las instituciones, lo que respondería a un juicio acerca del comportamiento institucional y no a una representación cognitiva errónea de un riesgo dado (Hansson, 2005: 79, citado por ^{Rodríguez, 2009}) y donde

[...] ciertos análisis pertenecientes al ámbito del estudio social del riesgo sostienen que la percepción y el nivel de aceptación pública del riesgo están fuertemente condicionados por el estado de las relaciones de confianza entre el público y las instituciones a cargo de la seguridad [...] (^{Rodríguez, 2009: 127}).

Siendo la confianza un reductor de la complejidad social, se transforma en sustento ante una sociedad que no puede asegurar seguridades ni certidumbres, fungiendo como un dispositivo que aumenta la probabilidad de las instituciones y público de actuar coherentemente en un entorno altamente complejo y desbordante, lo que posibilita tener mayores probabilidades de acción en el presente en torno al anhelado futuro más cierto. Ante la complejidad del entorno y la poca información que se pueda tener, la confianza establece una certidumbre interna que garantiza cada una de las operaciones en el momento de tomar decisiones.

Conclusiones

Ante la relevancia del tema y problema planteado, y si nos hacemos parte de la perspectiva de la sociedad del riesgo vaciada de un referente único de orientación, suponemos un conflicto latente y muchas veces manifiesto de dinámicas particulares entre las distintas organizaciones y actores insertos en éstas, que observan y construyen desde sus propias lógicas de operación social y permitan diseños pertinentes para la intervención en problemas y conflictos socioambientales. En consecuencia, los análisis que se realizan sobre los riesgos pueden ser entendidos como confrontaciones entre distintas lógicas en permanente tensión, propias de la construcción y percepción política y científica, por un lado, y de los actores sociales, por otro. De esta forma, la comprensión y la valoración de los riesgos chocan entre sí, primero, por la establecida jerarquía social del conocimiento: “Mientras la ciencia fija los riesgos -mediante sofisticados procedimientos de cálculo y verificación- la población los percibe a través de su experiencia directa en un continuum que la propia ciencia define como racional/irracional y que divide al mundo entre expertos y opinión pública” y donde “estas tensiones entre racionalidades confirman que la racionalidad científica ha fallado al establecer las premisas de valoración que determinan lo que es o no es un riesgo socialmente aceptable” (^{Beck, 2006: 80-82}).

Como la ciencia está sistemáticamente involucrada en la misma producción, tales tensiones acrecientan la crítica y la negación social de la racionalidad tecnocientífica. De fondo, “lo que está finalmente en juego en el conflicto de estas lógicas es la defensa de los actores e instituciones expertas sobre su propia capacidad para tener conocimiento sobre las consecuencias ecológicas no deseadas” (190), quedando al descubierto que las soluciones a los riesgos y a los conflictos que estos desencadenan van más allá de aspectos técnicos. En efecto, son las dimensiones sociales las que adquieren relevancia para dar cuenta de la conflictividad que resulta de una multiplicación de problemas socioambientales.

Segundo, debido a la diferenciación funcional o fragmentación social, que hace que cada riesgo o peligro sea definido desde algún sistema funcional, una organización o un individuo de la sociedad permite que la objetividad se pierda y sus referencias sean remitidas siempre a formatos diferenciados y contextualizados social como territorialmente.

Finalmente, la problemática planteada puede ser descrita como desacoplamientos internos en una sociedad moderna, donde los riesgos no pueden ser definidos y aceptados unilateralmente por un sistema, organización o individuo, así como descontextualizados de la operatoria socioterritorial que los sustenta en su construcción.

En consecuencia, si lo anterior no es tomado en cuenta, existe una alta probabilidad que los diseños e instrumentos de intervención se muestren limitados y tensionados para dar cuenta de fenómenos complejos y contingentes como son los riesgos y peligros que en el marco de una sociedad globalizada han llegado para quedarse.