Retrospectiva analítica del movimiento LGBT

Un necesario punto de partida para entender la forma en que se configuran actualmente las demandas de las organizaciones de la sociedad civil que apelan a la reivindicación de los derechos de las personas del colectivo LGBT, es la realización de un análisis retrospectivo del movimiento en el mundo y en México, que haga evidente su vinculación y desarrollo con los cambios políticos, económicos y sociales a nivel local y global a lo largo de las últimas décadas. Este contexto lo ha llevado a situarse estratégicamente desde distintas posturas políticas e ideológicas en búsqueda de su fin primario: la visibilidad, respeto y reivindicación de derechos a las personas no heteronormadas.

La visión tradicionalista de la vida cotidiana, el ideal de progreso, los valores y estereotipos de la feminidad, la masculinidad y de la composición familiar propios de la modernidad, se consolidaron y permanecieron vigentes por lo menos desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX; es entonces que comenzarían a entrar en crisis en el marco de una serie de movimientos sociales, políticos y económicos. Aunque ya a finales del siglo XIX Magnus Hirschfeld y otros científicos en Alemania estaban sentando las bases de la lucha contra la marginación legal que los homosexuales experimentaban, sus esfuerzos no permearon debido a la crisis de posguerra de 1920. Particularmente en México se observa, a partir del vasto registro hemerográfico realizado del “Baile de los 41”, el estigma que todavía a inicios del siglo XX vivía la homosexualidad en el país, así como las sanciones administrativas y sociales por atentar contra la decencia, o por cometer “faltas a la moral y a las buenas costumbres”.¹ La homosexualidad es considerada indecente e inmoral; práctica y conducta meritoria de la señalización y del castigo (^{Lázaro, 2014}).

No es hasta mediados de la década de los años sesenta, y gracias a la influencia de otros movimientos sociales como el de las mujeres y los negros, los encabezados por estudiantes de diversas partes del mundo, los cambios políticos propios de la segunda posguerra como el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración Universal de los derechos humanos y, por supuesto, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que la población LGBT encontró la posibilidad de insertar sus demandas en contra de la violencia y la represión que habían vivido hasta entonces, insertándose en movimientos más amplios y plenamente validados ante la sociedad internacional porque cuestionaban el orden capitalista.

El movimiento de liberación se caracterizó por su radicalización, evidenciada en una exigencia de visibilidad y por ende del coming out. La nueva identidad (la identidad gay), promovió una identidad colectiva reivindicativa de derechos, legitimada socialmente, exigiendo al sujeto como condición de libertad el asumirse públicamente para combatir la opresión; permitió asimismo la lucha organizada contra el sistema heterosexual, y su origen o mito fundacional lo podemos encontrar en los disturbios de Stonewall de la ciudad de Nueva York, sucedidos el 27 y 28 de junio de 1969 (^{Villegas, 2012}; ^{Duberman, 1993}).

A partir de la década de 1970, el movimiento fue expandiéndose en países occidentales a distintos ritmos y con sus matices particulares. Específicamente para el caso de México, ^{Jordi Díez (2011)} identifica el surgimiento del movimiento exactamente el 26 de julio de 1978, fecha en la que un grupo de aproximadamente cuarenta homosexuales y lesbianas, integrantes de los colectivos FHAR, Lamda y Oikabeth, se unieron a la marcha en conmemoración de la Revolución cubana, marcha contra la represión del régimen político, que demandaba libertad de presos políticos; el contingente de homosexuales y lesbianas portó pancartas en las que demandaban a su vez la liberación de ciudadanos homosexuales por parte del sistema político de represión social y sexual dominante, y a partir del año siguiente lograron organizarse y emprender la marcha anual del orgullo de la Ciudad de México.

Si bien es a final de la década de los setenta que los grupos de homosexuales y lesbianas demandan derechos de manera pública, en un evento político, es importante reconocer la incidencia que personajes involucrados en la vida académica, política, artística y cultural del país, como Salvador Novo, Juan Soriano, Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer o Nancy Cárdenas, tuvieron para que, pasada la primera mitad del siglo XX, se conformaran estos grupos en ese momento específico de la historia del país.

La década de los setenta es el escenario de dos movimientos trascendentales en México: El Feminista y el Lésbico Homosexual. El primero cuestionaba la estructura social, así como la enunciación de la ausencia de condiciones igualitarias para mujeres y hombres en los contextos públicos y privados. Esto detonó el desarrollo de diversas propuestas que apuntaron hacia una mayor equidad en las relaciones y la autonomía del cuerpo de las mujeres al interior de diversos ámbitos, como por ejemplo el familiar y el laboral. Se empezaron a denunciar los sucesos cotidianos de violencia “normalizada”, que además impedían el ejercicio libre de la sexualidad, por lo que se pronunciaron a favor del aborto y del uso de anticonceptivos. Se crearon grupos como Mujeres en Acción Solidaria, el Movimiento de Liberación de la Mujer, el Movimiento Nacional de las Mujeres, o los congregados en torno a las publicaciones de las revistas FEM o La Revuelta. A partir de la creación de estos grupos, las mujeres participantes consiguieron compartir sus experiencias de sometimiento, redimensionándolas al visibilizar sus variables macrosociales. Esto les permitió diseñar estrategias para su superación (^{Serret, 2000}).

El segundo movimiento exponía la discriminación legitimada a través de las normas legales y morales que se oponían y negaban la existencia de quienes no eran heterosexuales. De la misma manera que lo hizo el primer movimiento, este denunció las arbitrariedades y las vejaciones realizadas en el día a día (^{Fuentes, 2015, pp. 31-32}). Después de 1978, algunos hombres y mujeres se vincularon y formaron algunas organizaciones, lo que dio como resultado el primer contingente de lesbianas y homosexuales que salió a la luz pública y tomó las calles en 1979, con el claro propósito de hacerse visibles y enfrentar la violencia cotidiana y la discriminación dentro de los espacios laborales, escolares, familiares y comunitarios, así como en los lugares exclusivos para socializar dirigidos a las personas homosexuales y lesbianas, ya que al ser estos sitios marginales, no garantizaban la defensa de sus derechos ni el combate a la represión policiaca (^{Fuentes, 2015}).

Durante los próximos casi 10 años, el movimiento apareció en el espacio público a raíz de la apertura política, el aumento del nivel educativo, el movimiento estudiantil de la década anterior, la creciente urbanización y secularización del país y, por supuesto, la adopción de una identidad colectiva basada en la liberación de la represión sexual y la aceptación de la homosexualidad. Representativa de esta época es una de las consignas más reconocidas del movimiento lésbico-homosexual en México: “No hay libertad política si no hay libertad sexual”. En esta década también es importante destacar la organización para articular y presentar demandas para detener actos de represión, particularmente por parte de la policía. Surgieron organizaciones desde la sociedad civil que constituyeron el armazón del movimiento homosexual en México durante esta etapa: los ya mencionados Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), El Grupo Lambda de Liberación Homosexual y Oikabeth, que simpatizaban con el comunismo y el anarquismo, así como con fundamentos feministas y lesbofeministas, mayoritariamente constituidos por personas de clase media (^{Díez, 2011}). En menos de una década surgieron muchos más grupos en la Ciudad de México y otros organizados al interior de la República como en Guadalajara, en 1984, cuando se fundó el Grupo de Orgullo Homosexual y de Liberación (^{Díez, 2011}; ^{Lázaro, 2014}).

Es importante destacar que en esta primera década, la presencia estructural estaba en lesbianas y homosexuales, sus enunciaciones de demandas políticas se hacían desde su orientación sexual, quedando fuera las demandas de las personas transgénero, transexuales y travestis. Si los eventos de Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, el 28 de junio de 1969 se reconocen por la presencia de gays, lesbianas y trans, la realidad es que las necesidades de las personas homosexuales y lesbianas son distintas a las de las personas trans, pues estas últimas se articulan a partir de la identidad sexogénerica, una condición distinta a la orientación sexual, y en México es hasta 1983 que se organiza la primera marcha de transexuales, transgénero y travestis en la capital del país, convocada por la red LHOCA, que visibilizó sus necesidades así como los atropellos y violaciones vividas de forma específica por esta población.

A pesar del proceso de apertura política iniciada a finales de la década de 1970 en México, el movimiento sufrió una notable pérdida de vitalidad y visibilidad a partir de 1984 debido principalmente a tres factores: 1. Las divisiones al interior de los grupos lésbicos, homosexuales y los trans en torno a las estrategias a seguir; 2. La inhabilidad de construir una identidad post-liberacionista que integrara demandas para mejorar las condiciones socioeconómicas que tendían a nivel macro social hacia la crisis, como sí la tuvieron, por ejemplo, las mujeres de clases populares; y 3. El cuestionamiento de la homosexualidad con el arribo de la epidemia del VIH/SIDA, toda vez que la homosexualidad fue culpabilizada por la enfermedad (Galván Díaz, 1988, citado en ^{Díez, 2011}) . Este último punto vino a reforzar la idea en el imaginario colectivo de la perversión y la patologización de los cuerpos no heteronormados (principalmente hombres afeminados y mujeres trans).

Tanto la emergencia del discurso culpabilizante por el VIH, como el pánico social que provocó, junto con la situación generalizada de crisis económica, debilitó en gran medida y desapareció prácticamente del ámbito público al movimiento de liberación sexual en México; pero a su vez, algunos activistas comenzaron a desarrollar una relación importante con el Estado mexicano, toda vez que organizaciones de hombres homosexuales y mujeres trans se volvieron interlocutores entre el Estado y fortalecieron la implementación de programas de prevención y atención; relación que posteriormente influyó en las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil que apelan a la reivindicación de los derechos de las personas del LGBT frente al Estado (^{Díez, 2011}).²

Los nuevos grupos organizados que se formaron en esa época se dedicaron a organizar eventos informativos, de apoyo social y de recaudación de fondos para atender a las víctimas de la enfermedad; fue así como el movimiento pasó de un discurso de liberación sexual a una lucha por la supervivencia. Dado el número de muertes sucedidas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se iniciaron campañas para el uso de medidas preventivas con especial énfasis en el uso del condón. Esto propició el resurgimiento del estigma social, pues la sociedad lo vio como un castigo a su mal comportamiento.

Para finales de la década de 1990, las políticas de prevención y atención del VIH ayudaron a las personas LGBT a organizar un discurso basado en los derechos sexuales y el acceso a la salud como derechos humanos, lo que les ayudó tanto a atender la problemática de salud, como a adquirir legitimidad a través de la vinculación con organismos públicos y de la sociedad civil a nivel internacional y a allegarse de recursos económicos para operar y sobrellevar la situación de crisis económica que afectó en gran medida al movimiento durante el final de la década de 1980.

Ante este cambio en la escena nacional e internacional, en la década de los noventa aumentó de forma significativa, en las “marchas del orgullo”, la afluencia de asistentes y las consignas cambiaron de forma muy radical, los fallecimientos asociados al SIDA dejaron de ser protagonistas y en consecuencia la logística cambió también, se incluyeron carros alegóricos patrocinados por los dueños de bares ya legalizados y empezó a haber una resignificación simbólica del movimiento. Mujeres y hombres homosexuales en México se apropian del término “gay”, ya utilizado en Estados Unidos desde el surgimiento del movimiento. En el habla de ciertos sectores se sustituyeron las palabras “homosexuales” y “lesbianas” por “gay”. Lo anterior produjo nuevas formas de lucha, semanas culturales gay y tanto en el activismo como en el ámbito académico se abrió paso a las discusiones y visibilización de la diversidad sexual (^{Fuentes, 2015}).

En las últimas dos décadas, el movimiento ha adquirido una visibilidad y vitalidad mayores debido en gran parte a la vinculación con movimientos y organizaciones supranacionales que cuestionan la expansión del neoliberalismo y la globalización, esto aunado al fortalecimiento que empezaron a tener las organizaciones de la sociedad civil, así como a la adopción de una identidad basada en la diversidad sexual y los derechos sexuales, enmarcados estos últimos en la noción más amplia de los derechos humanos, discurso que ha reforzado su incidencia en temas de sexualidad en las agendas políticas de los Estado-nación suscritos.

Esta evolución ha sido posible por factores estructurales tanto de orden político, como económico y social. La apertura política se logró en gran medida gracias al debilitamiento cada vez mayor de la figura del Estado-nación como una unidad social, racial, lingüística y económica, propia de las últimas formas de neoliberalismo y globalización contemporáneos y a que el discurso de la diversidad y el multiculturalismo se asentó en las discusiones y posicionamientos políticos internacionales de derechos humanos, promoviendo la protección de minorías étnicas, sexuales y culturales (^{Díez, 2011}). Es bajo este contexto de diversificación social que la noción de diversidad sexual y derechos humanos ha resonado más que nunca en las organizaciones de la sociedad civil del país.

Los movimientos sociales, como los emprendidos por los grupos LGBT, se enmarcan en contextos socioculturales específicos y cambian con ellos, ponen en jaque al orden legal imperante, irrumpen los equilibrios establecidos en la normatividad, como un mecanismo para ser vistos, escuchados y atendidos desde la disidencia. En este tenor, las autoridades administrativas tienden a encauzar estos movimientos hacia el marco legal, así la fase política y socialmente aceptable de los movimientos sociales LGBT es la figura de la organización de la sociedad civil, aquella que puede ser delineada desde lo permitido.

Las nociones de diversidad sexual, derechos sexuales y derechos humanos han ayudado a las organizaciones de la sociedad civil orientadas a la población LGBT a enmarcar sus objetivos de lucha por la democratización de derechos dentro de un marco discursivo legitimado socialmente, que responde al contexto de cambios sociopolíticos y económicos del país, en un contexto internacional de globalización y neoliberalismo.

La alternancia política del año 2000 tuvo un significado particular para las organizaciones de la sociedad civil de apoyo a la población LGBT, ya que promovió y aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil; el establecimiento de mecanismos de relación gobierno-sociedad civil, así como el aumento del monto de recursos económicos para apoyar los proyectos de estas organizaciones en los que tienen especial relevancia aquellos destinados a proteger y promover los derechos humanos (^{Aguilar, 2006}).

La apropiación de los derechos humanos por los movimientos del LGBT

La conceptualización de los derechos humanos ha obedecido a fundamentaciones de diversos órdenes, situadas en los ámbitos de lo jurídico, ético e histórico-filosófico; los principios sobre derechos humanos fueron incorporados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, reiterados posteriormente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sometidos a los cambios de las sociedades a las que se dirigen. Buscan concretar las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas. Sin embargo, enfrentan uno de los principales retos de la modernidad de Occidente, definida por Felipe Campuzano como el “fortalecimiento de su capacidad para asimilar el proceso de transformación constante” (2007, p. 32, citado en ^{Estefan, 2013}), desafío que obedece a los procesos de articulación y participación progresiva de nuevas clases y movimientos sociales. Esta revolución democrática, gestada en el orden social moderno de la segunda mitad del siglo XX, ha significado el escenario en el que las minorías pueden exigir su acercamiento a los centros de poder, potenciando la protección de polémicos grupos como el integrado por lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.

La larga historia de las reivindicaciones de este colectivo ha permitido reconocerlo como una comunidad necesitada de especial protección y su lucha contra la exclusión, como una de las causas de indispensable atención en la actualidad. Asimismo, la necesidad de coherencia de las máximas de no discriminación consagradas en los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas obligó a la depuración de las garantías de este grupo por parte de organismos internacionales y a su clara integración en el tema de los derechos humanos (Alston et al. 2007, citado en ^{Estefan, 2013}).

Es así como el inicio del siglo XXI ha representado para la cultura política, social, democrática y educativa del país la apertura a debates, leyes y políticas públicas que giran en torno al cuerpo, las sexualidades y los derechos sexuales de las personas del LGBT. Tal escenario está estrechamente vinculado a eventos internacionales promovidos por organismos internacionales encabezados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los que México ha participado y firmado acuerdos que promueven la lucha contra la discriminación; la igualdad entre los géneros; y la salud sexual y reproductiva para las mujeres y los hombres (^{Sánchez, 2009}).

Entre estos eventos podemos destacar distintas conferencias y encuentros internacionales, que han derivado en convenciones y tratados vinculantes para nuestro país, incidiendo a su vez en la creación de leyes a nivel nacional y local. Dentro de estas conferencias destacan la Conferencia del Año Internacional de la Mujer 1975 y la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo de 1994; dentro de ellas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de 1994; finalmente, entre las leyes que a nivel nacional tutelan estos temas se encuentran la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 y la Ley General para Prevenir y Atender la Discriminación de 2003 (^{Sánchez, 2009}).

Mención especial merece la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, en la cual se discute como tema central el ejercicio de la sexualidad y se ratifica que los derechos reproductivos son derechos humanos, reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en los documentos pertinentes de las Naciones Unidas, en la que también las feministas lesbianas introdujeron el tema de orientación sexual no heterosexual como un tema que debía formar parte de la agenda de los derechos humanos (Girard, 2008, citado en ^{Sánchez, 2009}). Igualmente, es importante destacar la Declaración Universal de los Derechos Sexuales del Congreso Mundial de Sexología de 1997, celebrada en Valencia, España; revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de junio de 2001, en el 15º Congreso Mundial de Sexología, París, donde se reconocieron los derechos sexuales como derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos.

Ocho años después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, en abril del 2003, dentro de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Brasil propuso una resolución llamada Derechos Humanos y Orientación Sexual, tomando como modelo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente introdujo también los temas de identidad sexogenérica en 2004 y 2005. Es importante destacar cómo estos eventos y la inclusión paulatina del tema de la orientación sexual y la identidad sexo-genérica no sería posible sin el esfuerzo constante de activistas y académicos como la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), el Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres y El Closet de Sor Juana de México, que desde lo individual y desde la sociedad civil organizada han posicionado el tema al interior de los organismos internacionales desde el marco de los derechos humanos; cabe destacar que estos avances logrados muy pocas veces han repercutido en la visibilización de las experiencias y necesidades de las personas trans, así como en el fortalecimiento de sus organizaciones y acciones colectivas.

Es así como el discurso de derechos humanos se ha consolidado como uno de los espacios más prominentes para la creación de normas y discursos internacionales acerca de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas de la población LGBT; impactando a nivel nacional en reformas constitucionales, así como en la creación de organismos, leyes y programas encargados de promover y vigilar el respeto a los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y la no discriminación, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, La Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) o la Declaración por los Derechos Sexuales que se definió en Tlaxcala en el 2000, que incluye el derecho a la libertad y la autonomía en el ejercicio responsable de la sexualidad sin discriminación; el derecho a expresar la sexualidad propia sin tener en cuenta la orientación sexual; el derecho a la expresión sexual que sea independiente de la reproducción y, por supuesto, a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva.

Análisis del vínculo globalización, democracia y derechos humanos

Desde finales de los años ochenta, en el contexto internacional se empezaron a conjugar entidades discursivas sumamente hegemónicas: democracia, globalización y derechos humanos. Con eso se constituyó un entramado de lo que, en el espacio público y privado, desde el Estado, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, puede enunciarse, demandarse, legitimarse, ser legal o ilegal y por tanto existir; es decir, configuran parte de la ideología que da forma a la realidad contemporánea, la forma en que comprendemos y nos relacionamos en el mundo.

Para ^{Sabsay (2011, pp. 22-23)}, retomando el peso que tienen estas estrategias discursivas, en términos del poder que ejercen en términos objetivos y subjetivos, “el poder atraviesa la determinación y la regulación acerca de lo que es la vida y qué valor tener, así como la intervención sobre cómo ha de reproducirse la vida y en qué condiciones, por no mencionar cómo ésta ha de vivirse y protegerse”. En este caso, el poder lo encarna la globalización y su practicidad económica neoliberal.

La consolidación de la democracia como un proyecto político legitimado en el mundo, coincidió con el arribo de un orden global económico, social y cultural. En medio de las dos estructuras que le dan lógica y sentido a la mayor parte de las naciones, se instaura la defensa de los derechos humanos. La globalización es el paradigma de verdad, que además de crecimiento tecnológico y desarrollo de los mercados y de la comunicación, se extiende como una mancha que amenaza bajo diversas formas distintos derechos humanos (muchos de ellos corresponden a tiempos pasados, pero hay otros que se van construyendo en función de los nuevos contextos), con lo que las democracias se han visto laceradas y por lo que se hace imperativo validar el consenso discursivo en torno a los derechos humanos.

En este sentido, dichos derechos han fungido como el dispositivo que ayuda a gobernar las tendencias de la globalización, las cuales han traído a la vida cotidiana de las personas violencias constantes, lastimando su condición de seres humanos, al grado de privarlas del ejercicio de sus derechos plenos y poder alcanzar una vida digna. Situación que contradice los índices de bienestar social que marcan los organismos internacionales para evaluar a las democracias. La globalización y su exclusión intrínseca son inevitables, pero a cambio las políticas internacionales ofrecen el discurso legal de los derechos humanos como un medio de contención e incluso de legitimación dentro del mercado global.

Los derechos humanos no son un discurso contra hegemónico, sino un discurso elaborado desde el poder mismo que le permite constreñir lo que va a reconocer como vejaciones y lo que simplemente no existe; desde este lenguaje se dicta lo que será reconocido como discriminación, violencia e intolerancia, lo que obliga a los grupos marginados y vulnerabilizados a idear estrategias discursivas de lucha desde lo reconocido por el poder para ser escuchados.

Las organizaciones de la sociedad civil en el entramado democracia-derechos humanos

En un contexto donde políticamente se valida a la democracia como discurso de verdad, otros discursos, derivados de ésta, toman relevancia como es el caso de la ciudadanía, y específicamente ante las amenazas de un orden voraz que genera discriminaciones y violencia, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cobran una profunda legitimidad y fuerza, pues se considera que una “sociedad civil vigorosa fortalece al gobierno democrático. El Estado se transforma mediante procesos de democratización y por la forma en que la sociedad civil se organiza para garantizar la fundamentación política” (^{Vargas, 2003, p. 523}).

^{Vargas (2003)} señala que en muchas naciones se está transitando de una sociedad gobernada por un sistema de democracia representativa a una democracia participativa donde la participación directa de la ciudadanía posee mayor relevancia como una forma de apoyar al Estado para administrar el interés público. Lo cierto es que la aparición de la sociedad civil se debe en gran medida a la falta de gobernabilidad del Estado-nación ante el avasallamiento de la globalización económica.

En este mismo sentido, las OSC es otro más de los discursos avalados por el poder, que le otorga a las democracias prestigio y legitimidad. Los derechos humanos en tanto entramados simbólicos y lingüísticos, requieren de un ente que les dé operatividad en la vida cotidiana, es decir, las organizaciones de la sociedad civil que incluso van a estar reguladas y normadas por organismos internacionales. Las OSC se encuentran a su vez constreñidas por el financiamiento que reciben; de acuerdo a las luchas que abanderen existe una gama de posibilidades acotada mediante las cuales pueden acceder a obtener recursos económicos, pero sólo desde esas vías, y lo que es más, son controladas a partir de ciertos criterios de eficiencia y eficacia que no escapan a las lógicas del mercado.

Bajo el contexto de crisis del Estado-nación emerge la sociedad civil que se organiza y opera de forma política pero fuera de las estructuras del Estado, pero nunca fuera de la estructura supranacional. “El concepto prevaleciente de sociedad civil es que es un sistema de asociaciones civiles autorreguladas, descentralizadas y voluntarias, basadas en una vida moral y organizadas en forma autónoma del Estado” (^{Vargas, 2003, p. 527}). En palabras de algunos políticos como ^{Razcón (2002)}, la sociedad civil se convirtió en la compañera del neoliberalismo, pues surgió como su conciencia crítica.

Así, las OSC son realidades paradójicas, por un lado, son contestatarias del status quo, y se organizan para revertir las prácticas nocivas a la condición humana, y por otro, sólo les es posible existir si se alinean a la normatividad discursiva y jurídica supranacional que diseña el poder.

En esta paradoja, las prácticas de la sociedad civil se cimentan sobre relaciones de interdependencia de confianza mutua y sobre nuevas formas de ejercicios de derechos ciudadanos que se conquistan a través de formas no institucionales. Los grupos de la sociedad civil luchan por derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero, los derechos fundamentales se vuelven el agente movilizador de los grupos de la sociedad civil, a la vez que son las reivindicaciones centrales de los movimientos sociales.

En estas banderas de demandas, ^{Canto (2005)} subraya que los derechos humanos se constituyen cada vez más como el lenguaje básico de las reivindicaciones de las OSC. Los derechos humanos se posicionan como un imperativo exento de lo ideológico y por tanto logran colocarse como algo irrefutable de valor universal.

La llegada de la democracia como proyecto político único y legítimo trajo consigo la revalorización de los derechos humanos, su ponderación por encima de todo, y en ese tenor adquirieron un estatus de carácter político-jurídico. Las naciones en torno a ellos firmaron numerosos convenios y tratados internacionales, con lo cual los derechos humanos se convirtieron en un derecho de orden positivo, es decir, en normas exigibles, a no ser que, como menciona ^{Canto (2005)}, en la legislación interna de cada país no haya una prescripción explícita sobre algunos de estos derechos.

Dada esta significativa valoración y respeto discursivo de los derechos humanos, numerosas OSC han amparado sus luchas en estos derechos.

También en términos políticos resulta relevante tener en cuenta que las estrategias de las OSC tienden a que los derechos devengan de norma moral en norma positiva, y a la vez, que de norma jurídica devenga en la política pública, que por supuesto no ocurre de manera automática […] la existencia de una prescripción explícita no es garantía de que las acciones de gobierno se orienten en esa dirección; para ello se requiere de estrategias tanto de reclamo jurídico como de seguimiento y propuesta de políticas públicas (^{Canto, 2005, pp. 15-16}).

Cabe señalar que el o los ejes articuladores de las OSC son las disputas ideológicas que tienen frente al Estado, en consecuencia, los derechos que demandan estas organizaciones se encuentran atravesados de igual manera por querellas ideológicas: “tendríamos que reconocer que toda demanda de constitución de derechos tiene un carácter ideológico y socialmente situado (en función de intereses clasistas o sectoriales) y culturalmente ubicado” (^{Canto, 2005, p. 17}).

La construcción sociocultural de los principios validados en los derechos humanos

Los derechos se ubican en un contexto delimitado por un tiempo, espacio y formas de pensar y crear la realidad, por lo que la constitución de derechos se va transformando en el tiempo, en ocasiones evolucionan y otras involucionan, pues los derechos no escapan a los intereses de la época y pueden ser clasistas, sectoriales, pero también raciales, sexistas y heteronormativos.

La democratización de la sexualidad se ha vuelto sinónimo del respeto por las libertades individuales y los valores democráticos, entendidos en términos de tolerancia y aceptación de las diferencias, y de este modo, se ha conformado como uno de los ejes mediante los que un Estado puede definirse a sí mismo como democrático y moderno [...] Precisamente en la medida en que la democratización de la sexualidad marca el horizonte de la democracia, ésta está siendo instrumentalizada hoy al servicio de la reedición de la supremacía de Occidente, y consecuentemente se ha convertido en la ocasión para el ejercicio de otras discriminaciones basadas en diferencias culturales y religiosas, para la implementación de políticas antiinmigratorias, o, incluso para la justificación de la guerra y la islamofobia” (^{Sabsay, 2011, p. 31}).

^{Canto (2005)} señala que se han podido dar avances en las exigencias de las OSC cuando a las fricciones ideológicas se imponen los consensos vinculados a ciertos valores reconocidos como legítimos dentro de la episteme vigente, y ésos actualmente son: pleno empleo, seguridad social, planeación, etcétera. Dichos valores adquieren un estatus por encima de la ideología y se les otorga la calidad de derechos humanos, porque se han incluido previamente en el paquete de productos y compromisos jurídicamente vinculantes entre los Estados. Así, se puede decir que hay demandas de derechos humanos más fáciles de ser aceptadas por el Estado que otras. Bajo esta argumentación es posible comprender las dificultades que han tenido las OSC que abanderan las luchas de las personas LGBT, en especial las que se alejan más del modelo heteronormado aceptado por el mercado y el Estado, como el caso de las mujeres trans.

La construcción de demanda de un derecho se encuentra atravesada por una triple circunstancia: ideológica, social y cultural, y dentro de esta situación se pueden gestar la constitución de nuevos derechos, que siempre están en función de las condiciones particulares del sujeto demandante. Ubicar la circunstancia permite prever las consecuencias políticas y tener conocimiento de las razones de las personas demandantes, pero no determinan la validez ni la integralidad del derecho reclamado (^{Canto, 2005}).

Los derechos que se demandan de una u otra forman apelan a la noción de ciudadanía plena y en consecuencia la exigencia se dirige hacia el Estado, Algunas de esas demandas tienen que ver con la idea de ciudadanía y exclusión; en este entendido, las OSC reivindican aquellas personas que por diversas circunstancias son excluidas de su comunidad política. Así, el discurso de los derechos humanos surge como un intento de sobrepasar la exclusión implícita de derechos de ciudadanía.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el lenguaje de los derechos, menciona ^{Nora Rabotnikof (2005)}), fue ganando terreno como campo articulador de nuevas demandas, reivindicaciones y aspiraciones. El hecho de que la legitimidad del poder político estribara cada vez más en lo legal, propició que las relaciones sociales se tornaran jurídicas. La fuerza que cobra el lenguaje de los derechos ha hecho que cualquier grupo de interés pueda formular sus argumentos en términos de derecho para emprender una demanda y esto resulta ser una estrategia muy poderosa ante la máxima de que “los derechos no se niegan”, lo que ha redituado en una táctica empleada tanto por grupos conservadores como liberales. Por ejemplo, en el tema del aborto: los grupos liberales han construido su defensa en función de derechos a la libertad, a la disposición del propio cuerpo y el derecho a la vida de la mujer embarazada, mientras que los grupos conservadores se han opuesto en términos del derecho a la vida del producto.

No obstante, considerando la triple circunstancia por la que se encuentra atravesada la formulación de un derecho y que en numerosas ocasiones suele ser determinante para ejecutar su invalidez, el florecimiento del lenguaje de derechos ha permitido, pese a las diversas críticas, que distintas OSC construyan argumentos en términos de derechos y así posicionar sus demandas en el espacio público, insertarlas en la agenda pública y que devengan en política pública. En este entendido se puede ubicar a las organizaciones de la sociedad civil LGBT como entes que exigen sus derechos de ciudadanía, económicos y sociales en nombre de los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil LGBT y sus estrategias discursivas

Las OSC relacionadas con las demandas LGBT han tenido que sortear una serie de estrategias discursivas para permanecer visibles dentro de los nuevos escenarios de lucha, en las agendas políticas y en las políticas públicas, pues a diferencia de otras organizaciones, han tenido que lidiar con la imposición de una ciudadanía normativa que implementó la democracia liberal y que dentro de sus características de regulación destaca la heteronormatividad.

Como se discutió en párrafos anteriores, hay un conjunto de demandas validadas dentro del orden global como los derechos a la alimentación, al pleno empleo, a la salud, laborales, entre muchos otros, y cuando estos se violentan los grupos sociales que se levantan en su demanda pueden recurrir incluso a los propios acuerdos y tratados internacionales que sus naciones han firmado, pero se repara poco en reflexionar que estos derechos validados y susceptibles de ser reparados por el Estado, implícitamente poseen condiciones heteronormativas, pueden acceder a ellos mujeres y hombres heterosexuales; por lo que demandar estos mismos derechos para las personas LGBT muchas veces representa un doble o triple esfuerzo según las estrategias políticas y discursivas que utilicen para acceder a ellos, entre otros factores.

Los nuevos movimientos sociales se caracterizan por ejecutar prácticas de resistencia, por redefinir la vida política, pública o cotidiana y por constituir nuevas formas de libertad, organización y alternativa (^{Rodríguez, 1993}). Estos movimientos, por lo general, tienen un enemigo común que es el proyecto neoliberal; no obstante, no son homogéneos. Por el contrario, se encuentran fragmentados y dispersos tanto en ideología, en política, de tal suerte que estos rasgos no representan una amenaza para el poder hegemónico.

Los movimientos LGBT y feministas también tienen como enemigo común al neoliberalismo, pero no sólo en su vertiente económica, sino que profundizan su esencia patriarcal y conformación heteronormativa, con lo que enfrentan dos dificultades en sendas dimensiones distintas: frente al Estado y frente a la sociedad. Si muchos movimientos sociales encuentran resistencia en la sociedad, esto se agudiza más con los movimientos que emprenden los grupos LGBT, por lo que también se han visto en la necesidad de ampararse en la actualidad en la efervescencia del lenguaje de los derechos humanos. Sólo en éstos han encontrado resquicios dentro de los propios movimientos para aparecer en la esfera pública.

Los movimientos LGBT han tenido que recurrir a estrategias discursivas muy sofisticadas para ser escuchados, como el hecho de vincular la exigencia de derechos humanos con otros de gran impacto y reconocimiento como la pobreza, es decir, hablar el lenguaje de los Estados-nación desde su lógica de democracia y desarrollo humano, haciéndoles visible que su discriminación y violencia impacta en los índices de desarrollo humano, medidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que su no atención por los Estados tiene como consecuencia restricciones en el momento de otorgamiento de créditos por organismos internacionales, asimismo tiene un impacto negativo en la inversión de capitales extranjeros, etcétera.

No obstante, como vimos en la primera parte de este trabajo, los movimientos LGBT siempre han tenido que buscar discursos de refugio que sí se encuentren legitimados, para poder existir, para ser visibles en el espacio público. En los años setenta, estos grupos se ampararon en el discurso socialista para pertenecer a su comunidad política. El mundo en esa época estaba dividido en dos modos de producción: capitalismo y socialismo. Era el contexto de la Guerra Fría y esas dos entidades eran los mayores referentes de lucha y divisionismo, hacer referencia a uno implicaba reconocer la contraparte. En los contextos capitalistas, las voces enemigas eran las socialistas y viceversa; si se tenían inconformidades con el sistema, la única forma que tenían las voces disidentes de ser escuchadas era colocándose desde el lado del adversario. Por tanto, movimientos de obreros, campesinos, maestros, estudiantes del mundo entero inconformes con el capitalismo, aludían al socialismo. En estas estrategias de lucha, homosexuales y lesbianas activistas recurrieron a la ideología de izquierda y se hicieron militantes de los partidos políticos que defendían dicha postura. En un inicio, sus manifestaciones en las calles las realizaban dentro del marco de los contingentes políticos de izquierda.

Con la caída del Muro de Berlín, el discurso socialista se agotó y el capitalismo alcanzó sus niveles de desarrollo más altos con el neoliberalismo y el mercado global, y como también ya se explicó, emergieron los derechos humanos como nuevos discursos validados en el orden internacional y por el propio poder económico. Entonces, los movimientos LGBT también se vieron obligados a hacer una transición discursiva que tiene un paréntesis con la aparición del VIH/SIDA. Del refugio que les otorgó el socialismo, se van al gran discurso de los derechos humanos, y esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, no sólo en México.

Las luchas por la ciudadanía sexual en América Latina no son nuevas, pero los discursos públicos sobre derechos sexuales y ciudadanía sexual surgieron recientemente, apenas en la década de los noventa del siglo XX. El hecho de que esto fuera posible obedece a cuatro razones principalmente: 1. Aumento de movilizaciones contra la homofobia y la transfobia en la región, que se han sumado a otros movimientos más amplios en contra de la globalización. 2. El incremento de grupos políticos y religiosos conservadores que en ocasiones ha revertido los avances sobre derechos reproductivos. 3. El surgimiento de redes transnacionales que tratan explícitamente los derechos sexuales como una cuestión de derechos humanos y los vinculan a programas de desarrollo y de lucha contra la pobreza. 4. Las coyunturas políticas que han surgido una vez que partidos de izquierda han llegado al poder y como gobierno se han comprometido en materia de política pública con los derechos sexuales de las personas

Por ejemplo, en la década de los noventa, en Ecuador se aprovechó la efervescencia de los movimientos sociales y de derechos humanos orientados a destituir del poder a Abdalám Bucaram, presidente de esa nación, y la apertura de estos a ideas revolucionarias y progresistas para plantear una demanda anticonstitucional sobre el inciso 1 del artículo 516 que penalizaba con cuatro años de prisión a personas que consentían la homosexualidad.

Se arma todo […] en el orden político, se hace un comité, se busca a otros grupos. Sin embargo, había algo muy controversial que sólo ahora nos hemos problematizado. O sea, solo desde hace poco que nos lo replanteamos. Y es que las resoluciones de por qué se declara anticonstitucional el 516, tal como lo plantea la Corte, es que los gays y las lesbianas -por ser gays y lesbianas- tienen un ‘problema’, una ‘situación de salud o psicológica’ […] Ni siquiera explican bien qué mismo. En el fondo, el tribunal despenaliza la homosexualidad porque dicen: ‘vamos a quitar esta ley porque estas personas se encuentran en una situación de discapacidad’. Es como que te hacen un favor, por estar […] no sé. Ahí hay algo que no calza. (Patricio Brabomalo, abril de 2005, Citado en ^{Argüello, 2008, p. 10}).

A esta reflexión de Brabomalo sobre la demanda anticonstitucional sobre el inciso 1 del artículo 516, podemos integrar también el análisis de Elizabeth Vásquez sobre la Ley de Antidiscriminación por Orientación Sexual en Ecuador en la que se genera un discurso de reivindicación de los derechos humanos LGBT frente a la violencia ejercida por el Estado.

Hay que reconocer tres hechos importantes que marcan la inclusión de una ley antidiscriminación por orientación sexual en Ecuador, que luego servirá además para promover el tema de los derechos GLBTI en la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos. Por un lado, el apoyo del movimiento de mujeres que desde la caída de Bucaram se fueron constituyendo para promover una agenda a favor de los derechos de las mujeres: derechos sexuales y reproductivos, ley de maternidad gratuita, leyes laborales, etc. En segundo lugar, la incidencia y trabajo de algunos activistas GLBTI, que a partir de la experiencia en Sudáfrica comenzaban a lanzar líneas y alianzas con grupos para incluir particularmente un artículo antidiscriminación. Por último, la coyuntura política era la apropiada. En un país en el cual era más importante reformar la constitución en los aspectos políticos y de intereses de grupos de poder, los derechos sociales y culturales fueron bien trabajados e incluidos por actores sociales específicos. (Elizabeth Vásquez, junio 2007, citado en ^{Argüello, 2008, pp. 12-13}).

En el caso de la Ciudad de México, la vía institucional para garantizar la igualdad de todas las personas, demandada por las organizaciones LGBT de la sociedad civil durante las últimas décadas, han sido: El Programa de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, del 2009, y el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, emitido en 2012, ambos cruciales para establecer las bases de una política pública orientada a garantizar el derecho a la igualdad y no-discriminación de las personas. Ejemplos concretos se pueden ubicar dentro del sector salud, la Clínica Especializada Condesa (2000), y en materia de atención/educación, el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual (2011) y el Centro de la Diversidad Sexual en Tlalpan (2014). Concretando con ello este papel de las organizaciones de la sociedad civil: observar que el Estado garantice los derechos y servicios a los que está obligado y, hasta entonces, sólo había cubierto los de la sociedad civil organizada.

Reflexiones finales

Es así como en las últimas décadas, los movimientos representados por los grupos LGBT han encontrado en el discurso del respeto a la diversidad sexual, amparado en la máxima de los derechos humanos, sus mayores estrategias de lucha, que les permite existir en la esfera pública, no porque sus demandas carezcan de validez, no porque la negación de muchos derechos no dañe su integridad y dignidad, sino porque por sí solos no están en sintonía con las entidades discursivas imperantes y, por consiguiente, no están validados para existir y mucho menos incorporarse en una agenda política.

En una realidad donde el Estado tiene sexo y está edificado en el binario masculino y femenino, heterosexual y cisgénero (^{Argüello, 2014}), las posibilidades de exigencia y transformación también se encuentran supeditadas a ese orden, por lo que se tiene que recurrir a lo legitimado para existir. Vincular los derechos humanos, la diversidad sexual, la salud y la pobreza es señalar problemas en términos de desarrollo humano, entendido este como la reducción de la pobreza y la expansión del desarrollo de capacidades de las personas como elementos claves para avanzar en las tareas de lograr mayor libertad para los individuos del mundo. Desde el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la concepción de desarrollo está vinculada con la de libertad. El desarrollo humano de las personas es visto como la condición para que estas amplíen sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida. La libertad de los individuos y, por lo tanto, sus posibilidades de elegir, requieren del desarrollo de un conjunto de capacidades que permitan el ejercicio de esa libertad e incluyan principalmente la salud, la educación y las oportunidades de ingreso.

Es importante enfatizar cómo se está construyendo un discurso muy robusto desde las personas trans en términos de las implicaciones de la exclusión de derechos, discriminación y violencia, y la precarización económica que están obligando a los organismos internacionales a realizar estudios al respecto. En 2012, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició un proyecto llamado PRIDE (Orgullo), con el propósito de realizar investigaciones que permitieran conocer la situación de la discriminación contra los trabajadores y las trabajadoras LGBT alrededor del mundo. Ese estudio arrojó que las personas transexuales son las que enfrentan las formas más severas de discriminación laboral, como consecuencia de no contar con un documento de identidad que demuestre su género y su nombre; la resistencia de las personas empleadoras a aceptar su forma de vestir; la disuasión de utilizar baños acordes con su género; y una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y el acoso por parte de sus compañeros y compañeras de trabajo (Citado por ^{Marjane, 2017}).

El discurso de los derechos humanos cobra entonces mayor sentido cuando se vincula con la precarización de la vida económica de las personas, pues esto impacta en el crecimiento económico de los países, con lo cual los movimientos y las organizaciones LGBT de la sociedad civil presionan a los Estados-nación para atender estas problemáticas aunque sea de forma paulatina en unos casos y en otros un poco más rápido.

Aun con el peso que juega el discurso de los derechos humanos a escala internacional y del trabajo de las organizaciones LGBT de la sociedad civil para lograr desde lo nacional vincular su trabajo con este constructo y alcanzar legitimidad, incidencia política y supervivencia económica, las resistencias son mayores y, por lo menos en México, es posible encontrar en el mismo país realidades muy diversas entre, por lo menos, la capital del país y los estados. En estos últimos el común denominador ha sido que los grupos conservadores permanecen en el poder político influidos en gran medida por el discurso religioso, menosprecian las demandas de estas organizaciones, refuerzan leyes homofóbicas y transfóbicas y limitan en gran medida el acceso de recursos públicos a las OSC orientadas al LGBT con el fin de que no tengan forma de operar y censurar sus demandas.

Contemplando el marco internacional y nacional de globalización, democracia neoliberal y derechos humanos, es necesario fortalecer la creación y consolidación de las OSC LGBT al interior de los estados de la República Mexicana, que puedan consolidar las iniciativas que ocasionalmente se dan desde los esfuerzos individuales y los análisis académicos, y consigan, además, la vinculación con los organismos internacionales protectores de los derechos humanos para incidir políticamente en las legislaciones locales.