1. Políticas sociales y continuidad de la visión neoliberal

En primer lugar, destacábamos que en la mayoría de esos países, pese a su prédica en sentido contrario, se acogió la visión neoliberal según la cual la política económica se centraba en la estabilidad macroeconómica. Por su parte, la lucha contra la inflación se llevó a cabo mediante el manejo exclusivo de medidas en el campo fiscal, en la política monetaria y en la política cambiaria. En suma, en términos generales los nuevos regímenes de izquierda no introdujeron grandes modificaciones en lo que hace, en particular, al manejo monetario-financiero de la macro-economía. Dado el contexto económico muy favorable, esa política económica se volvió procíclica, aumentando excesivamente el gasto público y apreciando la moneda nacional ante el dólar. Salvo Chile, ninguno de esos países tomó alguna medida de resguardo anticíclico en caso de que la favorable situación internacional cambiase.

Otra cuestión que planteamos fue si la estabilidad financiera como finalidad principal no dejaba de lado otros objetivos relativos a un desarrollo diversificado de la producción y de la exportación que modificara una histórica estructura de producciones primarias (agrícolas y energéticas) poco industrializadas. Esa estructura primario-exportadora se mantuvo por lo que hubo un débil avance nacional en materia tecnológica y una alta dependencia en innovación y nuevas tecnologías. Estas tecnologías fueron introducidas por grandes corporaciones internacionales, las cuales en materia agroindustrial y minero, por ejemplo, fueron cuestionadas por sus daños ecológicos y en el medio ambiente.

También señalamos que, a) si las altas tasas de interés que prevalecían en moneda nacional no perjudicaban a las pequeñas y medianas empresas, en cambio, estimulaba el ingreso de capitales financieros especulativos con los riesgos que ello acarreaba; b) si los beneficios de un tipo de cambio sobrevaluado no impulsaba esa clase de especulación, fomentaba la fuga de capitales nacionales y promovía un aumento del déficit comercial, en tanto premiaba la importación de tecnología externa, de bienes de consumo y el flujo de turismo hacia el exterior; y c) si la acumulación de reservas financieras internacionales no esterilizaban recursos necesarios para inversiones productivas en el país con el principal afán de demostrar a los acreedores internacionales la alta capacidad para pagar intereses y reembolsar las deudas externas.

Finalmente, una importante conclusión que se extrajo de esas experiencias fue que sus políticas económicas y sociales lograron disminuir ciertamente los altos niveles de desempleo, pobreza e indigencia que se heredaron de administraciones y crisis anteriores. Empero, no lograron una mejora sustantiva en la distribución del ingreso en una región, que como América Latina, figura como de las más desiguales a nivel mundial. La síntesis de lo anterior se podría resumir en que las políticas económicas de los regímenes de izquierda en la región acarrearon una mejora social pero no una mayor equidad.

Hasta aquí lo que inferíamos provisoriamente hace menos de una década. A la luz de la realidad actual cabe confirmar muchas de esas conclusiones acerca de las políticas de izquierda aplicadas en varios de los países latinoamericanos. No obstante, cabe reconocer que hoy existen grandes transformaciones e incertidumbres sobre el rumbo de la economía internacional y al interior de los países. Ese nuevo contexto exige reflexionar y profundizar sobre si el capitalismo no está entrando en el futuro inmediato a una nueva fase en la región (quizás también a nivel internacional) y revisar sus procesos económicos, sociales y políticos.

2. Procesos de cambio político e ideológico. Las democracias del 2%

El mapa político de América Latina ha cambiado. Los gobiernos de izquierda, como Argentina y Brasil, han tenido una alternancia presidencial. Los intentos reeleccionistas de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador se han frustrado. Venezuela vive una grave crisis de gobernabilidad. En fin, la “familia ideológica” de las izquierdas se ha quebrado en Sudamérica. Un ejemplo de ello es la oposición de Brasil y Paraguay a traspasar la presidencia protémpore en el Mercosur a Venezuela por su discutible situación en materia política y de derechos humanos.

Como se comentó anteriormente, en el ejercicio del poder de varios gobiernos de izquierdas o progresistas, sus políticas económicas no fueron, como en sus comienzos, tan antagónicas en materia macroeconómica a una línea neoliberal. Por ejemplo, varios de esos gobiernos comenzaron a aplicar políticas de privatización mediante procedimientos como la “tercerización” de servicios públicos, concesiones, proyectos de inversión de participación público-privada y la proliferación de zonas francas o maquilas a empresas extranjeras con total exoneración de impuestos. Llegado el momento de enfrentar procesos inflacionarios o disminuir sus altos déficit fiscales, muchos de esos países aplicaron los ajustes clásicos del neoliberalismo en cuanto a recortar el gasto e inversión pública, aumentar impuestos, tarifas y contraer la masa monetaria o, llegado el caso, aumentar el endeudamiento del Estado. Todas esas medidas acentuaron la desaceleración económica o la recesión que ya comenzaba a cobrar cuerpo desde 2014 en casi todos los países latinoamericanos.

En cuanto a la polémica sobre la vigencia o eventual retorno del neoliberalismo en América Latina, se estimó que la misma se ve progresivamente superada por otra clase de debates y confrontacio-nes que son más de orden político que ideológico. Concretamente las líneas divisorias en materia política se centran cada vez más entorno al binomio clásico de izquierdas con sensibilidad social (tildadas de populismo) y derechas reaccionarias y conservadoras (tildadas de empresariales o excluyentes).

Ese debate es ciertamente válido, siempre y cuando involucre un distinto estilo de gestión de la administración y de las empresas públicas y estén apoyadas en diferencias programáticas y de propuestas dispuestas a ser cumplidas. Pero eso no está ocurriendo en la realidad actual, puesto que esas opciones están cada vez más subordinadas y cobran fuerza fundamentalmente en las contiendas electorales, ahí donde los intereses y juegos políticos tienen como objetivo predominante el retener, aumentar o acceder al poder. Vale decir, las ambiciones políticas están por encima de las posturas ideológicas, las que pasan a un plano secundario. Por lo tanto no llama la atención que izquierdas y derechas empleen idénticos procedimientos de clientelismo (p.e. por la vía de los programas sociales), de nepotismo y lleguen a manejar grandes cantidades de dinero en sus campañas.

Ese fenómeno ha llevado a dividir y agrietar la sociedad por mitades entre gobierno y oposición, cuando no entre partidos de oposición entre sí. Este fenómeno lo hemos definido como las “democracias del 2%” porque ese fue la mayoría porcentual que en promedio lograron las fórmulas triunfantes recientemente en las elecciones o referéndum en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú (igual que el Brexit en Gran Bretaña). Cuestión ésta que abre la interrogante sobre las debilidades de la gobernabilidad que surge de esos procesos y las eventuales dificultades del cambio político y la búsqueda de acuerdos entre y dentro de los partidos políticos.

3. Recesión, pobreza y riqueza

Los países latinoamericanos han desacelerado su crecimiento, están estancados y muchos de ellos están más cerca de vivir procesos de recesión. Esta situación se agudiza por las medidas de ajuste que varios países aplican para atenuar la deficitaria y grave situación fiscal del sector público. Son políticas de ajuste tradicionales, -antes denominadas de estabilización. Esta fórmula ortodoxa clásica va en detrimento del mercado interno y el crecimiento económico pero sobre todo de la situación social, puesto que tiende a aumentar el desempleo y así disminuir salarios y aumentar la ya desigual distribución del ingreso.

Este panorama no parece que habrá de sufrir muchos cambios en el resto de esta década. Por lo tanto, los gobiernos latinoamericanos -cualquiera sea su signo- aspiran a que la solución llegue desde el exterior. En las actuales circunstancias de incertidumbre del comercio exterior y los acuerdos de integración, se apuesta prioritariamente a la inversión extranjera financiera (mayor endeudamiento y rendimientos especulativos). Pero, sobre todo, se aspira a atraer, cuando no se pide directamente, que ingresen inversiones directas; o sea, aquellas que puedan financiar grandes obras de infraestructura y proyectos productivos, imposibles de llevarse a cabo con recursos públicos por las restricciones fiscales. La avidez por seducir esas inversiones directas llevan a misiones y contactos que tratan de mostrar el mayor grado de apertura de la economía, sus buenos fundamentos macroeconómicos y las altas concesiones que se está dispuesto a ofrecer en materia tributaria, de infraestructura física, medio ambiente y adquisición de tierras. La recesión o cuasirecesión que se proyecta tendrá por lo tanto una consecuencia a mediano plazo en cuanto a una mayor extranjeriza-ción en la mayoría de las economías latinoamericanas y también un grado de mayor concentración capitalista.

Pero, además, en el corto plazo, el freno que representan esos procesos de bajo o nulo crecimiento económico se convierte en la práctica en un fuerte e inusual instrumento antiinflacionario. A tal grado que esa situación viene a superar aquellos mecanismos teóricamente basados en medidas monetarias y fiscales. Lo ocurrido en los últimos años en los países europeos (ínfimo crecimiento, casi nula inflación y alto desempleo) impulsado por la troika constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y nuestro conocido Fondo Monetario Internacional, es demostrativo de ese fenómeno.

Un apartado particular merecen los temas de la pobreza y lesa distribución del ingreso. En el caso de la pobreza sus formas monetarias de medirla son muy cuestionables. Son criterios según los cuales, los pobres sería aquella parte de la población que está por encima de una línea de ingresos mínimos (2 a 2.5 dólares diarios). Mientras, extrema pobreza es la población cuyos ingresos no cubren sus necesidades mínimas de alimentación (1 dólar diario). Bajo estos criterios no se toman en cuenta, sin embargo, déficit fundamentales que sufre fundamentalmente una gran parte de las poblaciones pobres. Concretamente nos referimos a la provisión en términos de servicios públicos básicos (grado de acceso a la educación, salud, vivienda), por citar los más significativos. Estos déficits pesan tanto o más que los ingresos. Por lo tanto, la metodología con base en los ingresos, los pobres son cuantitativa pero, sobre todo, cualitativamente subestimados en sus condiciones de vida y su real marginación social.

En cuanto a la distribución del ingreso, este elemento de juicio se maneja generalmente como un factor complementario a las situaciones de inequidad económica-social. En este punto, el análisis más usual es determinar la proporción que en materia de ingresos existe entre los muy ricos y los más pobres, usando generalmente encuestas de hogares. En base a esos datos se suele manejar la diferencia que existe, por ejemplo, entre los ingresos del 5% que más gana vis a vis el 5% que menos gana. En el caso chileno, esa brecha se estimó en 15 veces.² En Brasil, la conclusión obtenida fue que la proporción entre el 20% de la población más rica era 28 veces mayor respecto al 20% más pobre.³

Con la perspectiva de mejorar la distribución del ingreso algunas medidas de ajuste fiscal han aumentado los impuestos directos a los ingresos de las personas físicas bajo el slogan (en boga en Uruguay) de que “pague más el que más gana o más tiene”. Frase ésta que es inconsistente puesto que por un lado se alude al flujo de ingresos y por el otro se hace referencia a una acumulación o stock de riqueza o patrimonio. Por fuera de esa confusión, hay una cuestión de fondo que concierne a las diferencias que existen entre la dinámica de la distribución del ingreso, por un lado, y la acumulación o propiedad de capital, por el otro.

Han habido numerosos trabajos sobre la distribución del ingreso a nivel global. Por supuesto no existe una única metodología de cálculo y los resultados no son similares en todos los casos. Pero la unanimidad de las posiciones establecen que existe una gran brecha en la distribución del ingreso entre población rica y pobre. Y ello ocurre a nivel mundial. Por ejemplo, para Thomas Piketty en las dos últimas dos décadas el 1% y el 10% de la población más rica obtienen respectivamente el 25% y 50% de los ingresos percibidos por todo concepto.⁴

Igualmente a nivel global, Isabel Ortiz y Matthem Cummins en un trabajo de UNICEF llegan a la conclusión de que hacia el año 2007, el 20% más rico de la población absorbía entre 70% y 83% de los ingresos (según distintos métodos aplicados), mientras el 20% más pobre sólo obtiene entre el 2 % y 1%, respectivamente.⁵

Branko Milanovic afirma que la desigualdad del ingreso ha aumentado en los últimos 25 años y que nunca estuvo peor que en la actualidad. Milanovic estima que el 1% de la población más rica tiene el 14% de los ingresos mundiales mientras el 20% más pobre sólo alcanza el 1% de dichos ingresos. ⁶

En fin, más allá de las cifras, todos los estudios apuntan a que la distribución del ingreso es muy inequitativa en el mundo desarro-llado como subdesarrollado o emergente. Pero más impactante que esa conclusión es observar los impresionantes niveles de concen-tración o desigualdad en la riqueza que se viene produciendo en las últimas décadas

El más reciente y polémico informe bajo el llamativo título Una economía al servicio del 1%, fue presentado por la ONG, OXFAM, en el Foro de Davos. En el mismo se subraya que 62 personas milmillonarios acaparan una riqueza acumulada a nivel mundial similar a la que tiene la mitad más pobre de la humanidad estimada en 3.600 millones de personas….

En igual sentido, Piketty subraya que el 1% de la población más rica acapara el 40% del capital acumulado.⁷ Pero en comparación con la distribución del ingreso, ese autor introduce dos aseveraciones por demás impactantes. La primera es que la concentración o desigualdad en la propiedad de la riqueza o el capital es mayor que lo que se observa a nivel de la distribución del ingreso. La segunda afirmación (muy a tener en cuenta en el período de recesión que vive América Latina) es que, en períodos de lento crecimiento, la desigualdad de la riqueza tiende a aumentar mucho más que los ingresos de los trabajadores.

Estas afirmaciones son trascendentes puesto que jerarquizan los factores que intervienen en la desigualdad económica y social en el capitalismo. Ponen al descubierto que la gran desigualdad de ingresos entre países y a su interior es superada y, puede decirse, tiene una profunda raíz en la desigualdad existente en la propiedad del capital acumulado en sus distintos componentes. Este punto de vista cuestiona por sus efectos limitados, entre otras, a las políticas tributarias basadas en ingresos y los mecanismos de asistencia monetaria orientada a los pobres, porque no llegan a afectar con impuestos a las enormes fortunas patrimoniales.

Pocos países han introducido el llamado impuesto al patrimonio. No obstante, esa clase de política es más bien simbólica en su gran mayoría, pues los dueños de la riqueza logran eludir con facilidad al fisco por el proceso de globalización del capital (p.e. paraísos fiscales). De modo tal que no existen medidas que afecten esa riqueza creciente y contribuyan a fortalecer una mayor justicia como objetivo en las políticas económicas y sociales.

4. Corrupción y narcosociedad

La corrupción no es un fenómeno reciente en los países latinoamericanos. Se arrastra en el tiempo desde la época colonial y siempre guarda una estrecha correlación con el tamaño y los recursos de la economía de cada país. Por lo mismo, la corrupción es cuantitativamente desigual en cada nación. Lo novedoso, si se puede llamar así lo que ocurre en nuestro tiempo, es la enorme dimensión financiera e irradiación social que la corrupción ha provocado, así como los diversos y nuevos mecanismos que la hacen posible.

En la actualidad por lo menos podemos citar tres grandes vertientes de la corrupción. En primer lugar, está la vertiente que representa los desvíos de recursos públicos que nacen de las grandes y millonarias obras de infraestructura. La corrupción en ese tipo de inversiones es frecuente y se origina en la cartelización de las empresas constructoras y en un porcentaje de comisiones que se extrae de costos sobreestimados de las obras, aún si éstas no cumplen con lo estipulado en los contratos o licitaciones.

Una segunda vertiente está vinculada a las empresas surgidas de procesos de nacionalización de servicios públicos. Estas empresas públicas generalmente tienen autonomía y discrecionalidad en el manejo de sus recursos. En este caso, una mala gestión puede confundirse con corrupción. Pero, no hay dudas, que la corrupción ha estado presente y se ha comprobado en aquellos organismos que manejan bienes y servicios estratégicos para el país y que cuentan con grandes presupuestos. El ejemplo más conspicuo al respecto está representado por la corrupción verificada en empresas públicas encargadas de la explotación, exploración, refinación de petróleo o la distribución de nafta o gasolina: PEMEX en México, PDVSA en Venezuela, Petrobras en Brasil e IPF en Argentina. El caso de ANCAP en Uruguay está actualmente en una etapa judicial.

Otra vertiente de corrupción está vinculada al financiamiento de los partidos políticos y gobernantes. Aunque algunos países han intentado establecer normas que fijan montos máximos a los recursos destinados a los partidos políticos y sanciones por aportes superiores, en la práctica su efecto es casi nulo. Muchos de esos fondos encubiertos provienen de la corrupción existente a nivel de la propia administración y empresas públicas. Pero, también existen apoyos financieros (y su condicionamiento) por parte de los grandes consorcios empresariales y, cada vez más, del narcotráfico.

Las distintas fuentes de corrupción necesitan de plataformas internacionales para movilizar, blanquear y operar los cuantiosos recursos que alcanzan. En ese sentido, las plataformas elegidas más utilizadas por la corrupción, son los consentidos paraísos fiscales que, además, manejan recursos que derivan de otras actividades delictivas (narcotráfico, trata de personas, venta de armas, evasión fiscal, p.e). La plataforma complementaria a la arriba mencionada está constituida por los bancos privados internacionales que operan como enlace en la trama de sociedades anónimas y testaferros que tejen relaciones cruzadas para evitar que se identifiquen a los propietarios de esos capitales malhabidos. Informaciones provenientes de investigaciones como los “Panamá Papers” por citar lo más reciente, es una prueba concluyente del intrincado y complejo tejido que envuelve, entre otros, las fortunas provenientes de la corrupción.

Los esfuerzos de la OCDE por establecer disposiciones de mayor transparencia en ese enorme tráfico financiero y delictivo se ha centrado sobre todo en hacer más fluida la información tributaria entre países, lo cual es positivo. Pero ello es de alcance limitado ya que a lo máximo a lo que puede llegar es a detectar únicamente procesos de evasión fiscal. Por su parte, los propósitos del G20 por atacar el fenómeno de los paraísos fiscales han fracasado, entre otras razones, porque países que integran ese Grupo no sólo tienen paraísos fiscales en su territorio sino que para sus gobiernos significaría un serio problema y una fuerte confrontación -no deseada- con los grandes bancos y sectores ricos de la población.

En lo concerniente al narcotráfico conviene comenzar diciendo que ya se agotó como hipótesis la existencia de países productores de drogas y países de tránsito. La droga se produce en proporción a la dimensión de la demanda externa y se consume en proporción a la demanda interna. Pero, conviene tener en cuenta que además de los cultivos de marihuana, cocaína o amapola, aparecen ahora producciones domésticas de drogas basadas en fórmulas químicas que conquistan sus propios mercados. Los recursos que todo ese comercio de estupefacientes representa es tan significativo que puede considerarse como un nuevo sector económico que podemos denominar como narcoeconomía.

Sin embargo, los efectos de su presencia, por contraste con cualquier otro sector económico, no se circunscribe a lo económico, sino que irradia al funcionamiento de la sociedad en su conjunto y al comportamiento sectores más vulnerables y, en especial, a los desempleados y a una juventud de esta época sin ideales o sin destino educativo ni laboral. Por ello denominamos ese fenómeno de penetración social del narcotráfico como narcosociedad porque cuestiona relaciones y valores de conviven-cia, tolerancia y respeto por el ser humano, que se expresa en inseguridad continua y violencia extrema. Temas estos que constituyen la principal preocupación en las encuestas de opinión en los distintos países latinoamericanos.

5. Democracia y sistema político

Por un lado, es un logro invalorable que en la actualidad existan gobiernos democráticos que hayan sido elegidos por la voluntad popular, luego de etapas oscuras de la historia latinoamericana poblada de dictaduras militares. Pero, por otro lado, ese juicio contrasta con la disconformidad y falta de credibilidad sobre el sistema o la clase política en su conjunto que constituye una opinión que es mayoría en varios de países de la región. Ese desprestigio recae sobre los elencos gubernamentales pero también sobre los políticos en general, más allá del partido al que pertenecen.

Las razones de ese hecho son de distinta naturaleza. A veces tiene que ver con la ostentación de modos de vida, con el enriquecimien-to ilícito, con las prebendas que se otorgan, con la ausencia de principios en su conducta política, con la corrupción e impunidad y con las alianzas espúreas que se verifican en lo electoral. Y quizá se pueden agregar otros factores de orden ético, que, en mayor o menor medida, han llevado a descreer del sistema político. Pero lo que merece subrayarse es que el sistema y clase política han tendido a encerrarse en sí misma y perder comunicación permanen-te con sectores de la sociedad y con sus reclamos legítimos en cuestiones de derechos ciudadanos y atención a las grandes carencias en cuestión de ingresos y en cuanto a la satisfacción respecto a la prestación y acceso a servicios públicos esenciales.

Cabe reconocer que la humillación popular por los escándalos vinculados a la corrupción e impunidad y ostentación del enriquecimiento ilícito de muchos políticos ha producido reacciones e indignación en vastos sectores de la población. Estos hechos han llevado a ciertos gobiernos a adoptar medidas para contrarrestar esas críticas, como es el dar a conocer públicamente los ingresos y patrimonios de las principales autoridades. Una respuesta tardía y sobre la cual también se siembran muchas desconfianzas.

No alcanza a restablecer la falta de comunicación con la sociedad haciéndose presentes ante ciertas catástrofes naturales y asistir moralmente a las poblaciones damnificadas. O tratar de conectarse con la sociedad mediante el uso frecuente de la cadena de radio y televisión para dar a conocer los supuestos logros de su gestión. En el fondo, son discursos que nunca contemplan el reconocer errores o fracasos ni realizar autocríticas; o sea, se vuelven relatos apologéticos y complacientes con el estado de situación de los países o, llegado el caso, se orientan a atacar a la oposición política. El lema que se estila emplear permanentemente como estribillo es que se ha avanzado mucho pero que todavía falta mucho por hacer; o que gran parte de la problemática nacional obedece exclusivamente a factores internacionales.

El descreimiento y desprestigio del sistema político se extiende al funcionamiento de los tres poderes del Estado y sus instituciones, lo que erosiona a la propia democracia. A nivel de los partidos políticos y gobernantes se observa una mediocridad que se nota en los debates parlamentarios y en la gestión de los gobernantes. Es difícil encontrar personalidades que alcancen la estatura de estadistas, como hubo en el pasado, intelectuales y visionarios de la política por formación y vocación, genuinos líderes que atraían y concitaban una gran confianza y honradez en su proceder a nivel popular.

En la actualidad existe un vacío en lo referente, precisamente, a los liderazgos políticos. No ha habido un cambio generacional y salvo muy escasas excepciones, no han surgido aquellas figuras carismáticas que son reconocidas por haber abrazado y luchado desde el llano por causas sociales o haber enfrentado la injusticia en los congresos o tribunas públicas. Muchos de los liderazgos políticos actuales no son propios sino heredados de expresidentes que fueron sus maridos (Hilary Clinton, Cristina Krichner), su padre (Keiko Fuyimori), su hermano (Raúl Castro) o su padrino (Dilma Rouseff). Y los ejemplos no se agotan ahí. Ya aparecen en el horizonte con ambiciones futuras de pasar de primera dama a presidente a Rosario Murillo (esposa de Daniel Ortega en Nicaragua) y a Margarita Zavala (esposa del expresidente Felipe Calderón en México).

Adicionalmente, son actores políticos claves los medios de comunicación. Su poder que les permite acceder a una amplia audiencia los ha llevado a ensalzar a artistas o deportistas. A un grado tal de convertirlos en íconos populares y darles una proyección nacional y así construir artificialmente pseudolideraz-gos precarios que esas figuras aprovechan para disputar y obtener cargos de gobierno a distintos niveles.

Todo ello sucede especialmente en el seno de los partidos tradicionales y conlleva a un manifiesto y creciente rechazo de los ciudadanos a esas élites de personajes anquilosados en el sistema político que muchas veces, en alianza con fuerzas económicas, tratan por todos los medios de mantenerse en el poder. Aparecen entonces movimientos o personalidades que se presentan como una alternativa distinta y contraria a la estructura política tradicional.

Un caso más que ilustrativo de ello es la elección de Jimmy Morales, actor y comediante, como presidente actual de Guate-mala. La crisis europea ha sido también un campo propicio para la formación con relativo éxito de esos individuos o partidos anti-sistema que emplean ampliamente las redes sociales. Así es que el comediante Beppe Grillo en Italia conformó su exitoso Partido de 5 estrellas y en España, los movimientos de los indignados contra la crisis y la corrupción, dieron a luz a los partidos Podemos y Ciudadanos.

6. A manera de conclusión

Estas reflexiones responden a una especie de pensamiento en voz alta que, a grandes trazos y sin una pretensión de abarcar a todos los países por igual, tratan de mostrar algunas nuevas facetas económicas, sociales y políticas del capitalismo del siglo XXI en América Latina. Con base a ese análisis, algunas breves conclusiones pueden servir para ser incluidas como propuestas en la agenda de cambios requeridos en el futuro inmediato.