1. Introducción

La reflexión que queremos presentar en estas páginas se centra en la fallida vinculación que se pretendió realizar en México del término seguridad ciudadana en las políticas públicas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y los derechos humanos. Este fue el resultado de las reformas estructurales de carácter neoliberal, que son “consecuencia de los pactos con organismos financieros internacionales, acuerdos comerciales o de seguridad con el exterior”.¹ Pese a las evidencias de ausencia del Estado de derecho, del sometimiento a los intereses de otros países o de organismos de financiación internacional, el ciudadano mexicano permanece “inerte, apático e inactivo” y no se percibe como parte del fenómeno de la inseguridad.

Para visibilizar el significado que se le dio a seguridad ciudadana, se decidió partir de algunas opiniones de expertos en el encuadre epistemológico que desde el neoliberalismo se le ha atribuido a la seguridad o inseguridad. Un régimen neoliberal “coloca al mercado, la libertad individual y la desigualdad en el centro de las relaciones sociales, también instaura la idea de escasez, el deseo de competencia, la diferenciación y el miedo al otro en el centro de las subjetividades”.² Según estos modos de ver tales fenómenos, se ha de enfatizar la potencialidad del riesgo, la necesidad de implementar medidas preventivas para actuar en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Se alienta la victimización, el estado de alerta permanente, la significación del miedo y la desconfianza en el otro.³

Se busca apoyar una combinación de libertad económica con autoritarismo en materia de orden público y seguridad ciudadana,⁴ misma que funciona como medio de control social y encuentra su “justificación teórica” en la protección de la sociedad y de los individuos, de aquellos identificados como “delincuentes”.⁵ Así pues, la seguridad ciudadana,⁶ restringida a la prevención y control de la delincuencia, ha adquirido una preponderante importancia objetiva y subjetiva sobre otros temas sociales: “la lucha contra la pobreza y sus consecuencias sociales y culturales de marginalidad y exclusión es subordinada al carácter criminógeno de aquella, es decir, la lucha contra la pobreza -la inversión social-, no parecería tener por propósito satisfacer los derechos de los pobres sino prevenir que delincan”.⁷

El significado del concepto seguridad ciudadana propuesto desde el encuadre epistemológico del neoliberalismo, busca hacer exigibles las obligaciones impuestas a los Estados que desean obtener acceso a la denominada “cooperación internacional para el desarrollo”⁸ a través de créditos y financiamiento internacional⁹ y no para defender a los sectores vulnerables o proteger a la sociedad civil de un país.¹⁰

En este contexto, el sometimiento del Estado mexicano a intereses políticos, financieros y económicos internacionales es una constante a lo largo de los últimos treinta años.¹¹ Como consecuencia de la “memoria selectiva y eliminación colectiva del pasado político incómodo”, se ha desarrollado un modelo neoliberal sui generis, “a la mexicana”,¹² con un “amplio sentido social”¹³ para justificar la imposición del paquete de reformas estructurales¹⁴ que supuestamente se realizaron para garantizar el ejercicio de los derechos sociales¹⁵ y cerrar las brechas de desigualdad social.¹⁶

Por lo arriba expuesto, queda evidenciado que, en materia de seguridad, el país se ha subordinado al marco de la cooperación bilateral impuesta por Estados Unidos mediante el Acuerdo de la Iniciativa Mérida.¹⁷ Este estableció la estrategia de cooperación para el desarrollo (CDCS) de la United States Agency for International Development (USAID) que ha aportado más de 50 millones de dólares al Gobierno de México para “mejorar la seguridad ciudadana mediante el desarrollo de modelos de prevención del delito que fortalezcan la resiliencia de las comunidades y atiendan factores de riesgo asociados al involucramiento de los jóvenes en actividades relacionadas con la violencia”.¹⁸

Hay que hacer notar que aunque existe la recomendación de la CIDH y la asistencia técnica del USAID al Gobierno mexicano mediante el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC),¹⁹ ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 ni el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 utilizan el término seguridad ciudadana cuando se refieren a la prevención general y especial de los delitos o a las acciones del Estado para garantizar el goce, ejercicio y respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, para ajustarse a los términos del acuerdo bilateral de la Iniciativa Mérida y guardar cierta “coherencia conceptual” con el discurso del USAID, el término seguridad ciudadana quedó reducido solamente a un “enfoque”, dentro del marco normativo y la política pública de la prevención social de la violencia y la delincuencia.²⁰ De igual forma, se introdujo en el diseño de las estrategias para el logro de un Gobierno cercano y moderno,²¹ como objetivo estratégico en el programa de digitalización nacional²² y como tema prioritario de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI).²³ No obstante, ninguno de esos instrumentos señala qué debe entenderse por dicho término o si el “enfoque” que se le otorga, desde la prevención social de la violencia y la delincuencia, es también aplicable a estas políticas públicas.

Entonces, el problema que se señala en este escrito y que aquí quiere reflexionarse, consiste en que de acuerdo a las tendencias impuestas por organismos internacionales se incorporó acríticamente el término “seguridad ciudadana” a la política pública nacional, dándole o suponiéndole un significado polisémico. Es decir, el problema se originó por la utilización del término “seguridad ciudadana” sin razonar si es factible su introducción y adecuación a nuestra realidad política, económica, jurídica, social, cultural, etc., con consecuencias y gastos enormes.

La seguridad, las TIC y los derechos humanos se señalan como elementos clave, tanto por la Iniciativa Mérida, como por el PND 2013-2018 para “llevar a México a su máximo potencial”. Por tanto, el objetivo de esta investigación es mostrar las contradicciones de dicho trinomio: entre el discurso, la norma y los programas sectoriales, además del alejamiento del Estado de derecho y la inercia del ciudadano que no se percibe parte del problema de la inseguridad. La fallida vinculación entre el término seguridad ciudadana y el trinomio seguridad - TIC - derechos humanos en las políticas públicas mexicanas se tomó como objeto de estudio. El objetivo es desvincular la lectura de la realidad, de los paradigmas y modelos ineficaces que han sido impuestos en forma acrítica e incidir en el proceso de transformación de dicha realidad.

Para lograr este propósito, si bien el sustento teórico de la prevención social de la violencia y la delincuencia conforme al programa mexicano tiene un sustento teórico de base criminológica^,24 en el ejercicio de elegir el posicionamiento epistemológico del investigador se optó por los postulados de los estudios críticos de seguridad²⁵ con base en la teoría crítica²⁶ desde el enfoque de la escuela de Gales²⁷ como teoría sustantiva que favorece el abordaje del fenómeno social. El diseño del marco metodológico corresponde al paradigma crítico,²⁸ que aunado a una investigación-acción²⁹ emancipadora³⁰-transformadora y a un enfoque metodológico mixto³¹ que diera soporte a la argumentación,³² eliminará los cuestionamientos o atribuciones de subjetividad que, en muchas ocasiones, se confieren a las investigaciones sociales.

Finalmente, la aportación de la investigación al conocimiento existente permite develar la mimetización de lo que hasta ahora se ha entendido como seguridad ciudadana en México, que en el marco de la Iniciativa Mérida³³ se traduce como “militarización de la seguridad”, según la interpretación y adecuaciones ad hoc que cada administración del gobierno estadounidense ha realizado. Esta sumisión ha pasado factura en México, puesto que en 10 años se ha atravesado una crisis de violencia nunca antes vista con índices similares a los de países como Irak, Siria, Nigeria y Afganistán. La Iniciativa ha sido calificada como “la materialización del neoliberalismo”,³⁴ ya que jurídicamente se fundamenta en acuerdos que comprometen la soberanía nacional,³⁵ e institucionalmente en una estrategia de política exterior de los Estados Unidos³⁶ que promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región conforme con sus intereses socioeconómicos y geopolíticos.³⁷ La lectura de los resultados del acuerdo de cooperación no es optimista con respecto a la medición de indicadores relativos a gobernabilidad, paz, seguridad, Estado de derecho, entre otros, ya que México se ubica por debajo de la media o con tendencia al descenso; incluso, en algunos indicadores los resultados son tan negativos que no le permiten posicionarse en la clasificación.³⁸

La deficiente actuación del Estado mexicano, la sumisión a intereses internacionales por encima del de los mexicanos, los excesos de los servidores públicos, las contradicciones y fracasos de las políticas públicas, la corrupción y la impunidad y la exclusión de la participación ciudadana en la toma democrática de decisiones abren una amplia gama de posibilidades para realizar investigaciones que abonen a la producción de conocimiento útil para la transformación integral del país y de sus habitantes.

2.Los términos seguridad ciudadana y seguridad pública en las políticas públicas

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 ha sido denominado, equivocadamente, “Programa Nacional de Prevención del Delito” (Pronapred). Es una equivocación porque, en primer lugar, constitucionalmente la prevención de los delitos es privativa de la seguridad pública; en segundo, porque ni su fundamento, ni sus objetivos se orientan al delito, a su prevención o la reducción de la incidencia delictiva.

Efectivamente, los significados que el marco jurídico mexicano atribuye a los términos seguridad ciudadana³⁹ y seguridad pública⁴⁰ establecen claramente que la diferencia radica en los objetos de estudio que les son atribuidos. La seguridad pública se centra en el delito, mientras que la seguridad ciudadana en las causas que generan violencia y delincuencia, tal y como se desprende del siguiente cuadro comparativo:

Cuando el operador político no logra establecer con precisión los objetos de estudio de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, produce consecuentemente la ambigüedad de los significados de los tipos de prevención y el posterior impacto que tendrían los resultados en la política pública.

En el siguiente gráfico se puede verificar que los objetivos relativos a la prevención social de la violencia y la delincuencia en ningún momento hacen referencia expresa al delito o su prevención, ya que son atribuciones exclusivas en materia de seguridad pública.

Ante los nulos resultados del Pronapred, en el 2014, producto de un análisis externo se detectaron errores de diseño en la implementación de estrategias y la ausencia de elementos para la evaluación de sus resultados. Además, se acusó la falta de claridad en la metodología de elección de las demarcaciones y en el monto de recursos asignado a cada una.⁴³ Posteriormente, se insistió en transparentar los criterios de selección de polígonos, corregir los errores en la metodología y aclarar el destino del gasto, puesto que gran parte del presupuesto se empleó en difusión de contenidos relacionados con el programa: campañas temáticas, entrega de aparatos auditivos, actividades en torno a huertos comunitarios y rehabilitación de espacios públicos como estrategia de prevención situacional del delito. Sin embargo, no se identificó que su implementación fuese producto de diagnósticos que acreditaran la existencia de factores de riesgo y cómo podrían incidir en la prevención del delito o en la disminución en la posibilidad de ser víctima de la violencia y la delincuencia⁴⁴.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el desempeño del subsidio Pronapred y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD),⁴⁵ confirmó que no se identificaron elementos para determinar los efectos de la política pública en la reducción de los factores de riesgo. Además, se comprobó que 57.1% de los programas (48 de 84), así como 87% de las líneas de acción (114 de 131), que se financiarían con recursos establecidos en el Anexo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2014,⁴⁶ no tenían relación con las acciones previstas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.

La inversión de más de 9778 millones asignados durante el periodo 2013 a 2016 no se materializó en una reducción significativa en la incidencia delictiva⁴⁷ o en la percepción de inseguridad de los ciudadanos.⁴⁸ Una vez más, se hizo evidente la utilización de términos o modelos impuestos sin realizar los procesos de contextualización, análisis y distinción crítica. La literatura especializada en prevención,⁴⁹ incluso la publicada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, advierte sobre las características particulares cuando se aplica el modelo de prevención social,⁵⁰ también conocido como “prevención mediante el desarrollo social” que requiere trabajo, compromiso, inversión, supervisión y evaluación continua y cuyos resultados se visualizan a largo plazo.⁵¹ Sin embargo, aunque la lectura del tipo de prevención hubiera sido la correcta, los resultados obtenidos hasta el momento tampoco han sido representativos, en relación con los factores de riesgo identificados como prioritarios en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, o sea: los embarazos tempranos,⁵² el consumo y abuso de drogas ilegales,⁵³ los ambientes familiares deteriorados o problemáticos,⁵⁴ entre otros. Por ello, paulatinamente, el programa perdió su estatus prioritario.⁵⁵

El montaje respecto al “supuesto cambio de paradigma”, adoptado en cada sexenio para reducir el delito, se redujo a la presentación de programas de política pública con nombres distintos, pero siendo los mismos acuerdos de cooperación bilateral, y, naturalmente, los mismos pésimos resultados:⁵⁶ los niveles de violencia son equiparables a países en guerra declarada⁵⁷ y México es considerado entre los diez más violentos del mundo.⁵⁸

Este escenario se convirtió en terreno propicio para que los Estados Unidos aplicaran su política injerencista basada en la lucha contra el narcotráfico, justificada en la cooperación bilateral y bajo el amparo de la Ley de Seguridad Interior que es el equivalente a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (HR 1540)⁵⁹ norteamericana. Se implementó mediante el modelo de seguridad ciudadana, entendida como la militarización de la seguridad pública⁶⁰ y la implementación del sistema penal acusatorio y oral, que armoniza el modelo penal al de Estados Unidos.

3. El trinomio seguridad -tecnología de la información y la comunicación- derechos humanos

El conocimiento es el activo más importante que los bienes de capital y mano de obra existen en una economía del conocimiento. El conocimiento debe ser de gran calidad y sofisticación, de manera que permee en las actividades económicas y sociales. Su razón de ser es la creación, difusión y el uso del conocimiento. Este es el nuevo horizonte rector de las políticas públicas educativas y de producción de las tecnologías de la información y la comunicación.⁶¹

El modelo de desarrollo económico, en la sociedad del conocimiento, “implica un proceso colaborativo que involucra al gobierno (en sus tres niveles), empresas, universidades y sus centros de investigación e instituciones sociales a través de ecosistemas de innovación, por lo que toda esta actividad y dinámica denota un creciente interés por vincular conocimiento científico al desarrollo local, regional y nacional, derivando en tendencias que se van consolidando y que suben en el ranking de importancia atribuida a la ciencia y la tecnología”.⁶²

Esto cobra relevancia debido a la actual vinculación entre seguridad y TIC. Un ejemplo es que el término “seguridad ciudadana” se encuentra presente en las estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013- 2018, posicionado como un objetivo estratégico en la Estrategia Digital Nacional e identificado como tema prioritario en el que las TIC deben funcionar como instrumentos para el logro de los objetivos planteados en esta área por el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (Peciti). Sin embargo, ninguno de estos instrumentos señala qué debe entenderse por el mismo o si alguna de las acepciones expuestas en el marco de la prevención social de la violencia y la delincuencia es el aplicable a estas políticas públicas. Inclusive, se infiere que dichos programas sectoriales no están diseñados con la misma visión de lo que debe entenderse por seguridad ciudadana.

Muestra de lo anterior es que, en el Peciti 2014-2018, el tema prioritario, denominado seguridad ciudadana, viene vinculado con los objetivos y la estrategia sectoriales en materia de inteligencia militar, procuración de justicia, sistema penal acusatorio, seguridad integral asociada al turismo y a impulsar las relaciones bilaterales.⁶³ Por otra parte, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en sus estrategias para la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento, busca fortalecer la “seguridad ciudadana” utilizando medios digitales. La Estrategia Digital Nacional, en el objetivo seguridad ciudadana, se refiere a la utilización de las TIC para promover la seguridad, y prevenir y mitigar los daños causados por los desastres naturales.

Por otra parte, respecto a la vinculación seguridad - derechos humanos, el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia califica a la “seguridad como derecho humano”. Señala que “la violencia y la delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y afectan la construcción de la seguridad ciudadana”. No obstante, el Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos Conforme a los Nuevos Principios Constitucionales y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 son omisos en cuanto la utilización del término seguridad.

Los instrumentos de las políticas públicas, los programas y estrategias se pusieron en marcha para atender a problemas nacionales, cuya solución es considerada fundamental para el país. Sin embargo, durante todos estos años no se ha dejado claro qué se entiende por seguridad ciudadana vinculada a la CTI.

Por esta falta de visión y de claridad conceptual, ahora de los términos seguridad ciudadana y economía del conocimiento, sin haber realizado diagnósticos que permitieran dimensionar los retos que implicaba la vinculación de estos programas sectoriales, nuevamente se realizaron falsas promesas y resultados muy poco exitosos. Lo anterior ha propiciado el rezago de México frente a otras naciones en la apropiación y aprovechamiento de las TIC.⁶⁴ Se mantiene la enorme brecha digital: 42.6% de la población no es usuaria de internet.⁶⁵ Además, se hizo público el escándalo atribuido al exceso y mal uso de los servicios de inteligencia, por realizar acciones de espionaje a periodistas y activistas a través de las TIC⁶⁶ y la ineficacia e ineficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Desde su creación en el 2014 a la fecha, los resultados en lo conducente a congelar cuentas e incautar bienes provenientes del narcotráfico, de las redes de corrupción y las bandas criminales, no reflejan ningún impacto en la incidencia delictiva. Esto llevó a la renuncia de su titular, una vez que se publicó el Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el 2018. Aunado a todo lo anterior, es igualmente innegable la impune violación a los derechos humanos.

Posteriormente, en el 2017 se canceló el apoyo financiero para el Pronapred, se disminuyó significativamente el presupuesto asignado a Plataforma México y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que desarrolla el trabajo de inteligencia civil para el Estado mexicano. De igual forma, los recursos destinados a la promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación fueron drásticamente reducidos.⁶⁷ En el 2018, pusieron en marcha los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito,⁶⁸ a fin de reactivar el subsidio a la acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, aunque de forma limitada y condicionada. En cuanto al área de CTI, la asignación de recursos en ese ramo se redujo 3.7% en términos reales respecto del año anterior.⁶⁹

4. Impunidad gubernamental e inercia ciudadana. ¿Fenómenos aislados?

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que: “para combatir la corrupción se debe partir de reconocer que es un asunto cultural y se encuentra en el ADN de los mexicanos”⁷⁰ e invitó a construir una nueva cultura ética en la sociedad mexicana. Si la corrupción es una característica de los mexicanos, la impunidad ya es identificada mundialmente como una particularidad inherente al país. Debido a esta situación, es el cuarto país del mundo y primero de América con mayor índice de impunidad,⁷¹ que está directamente relacionada con la corrupción y el Estado de derecho.

Pero no sólo están las confusiones conceptuales arriba señaladas; Véase que no hay correlación significativa entre el índice de corrupción y los indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad. La impunidad existe independientemente de las condiciones sociales o económicas locales del país.⁷² Por otro lado, respecto a la corrupción, a pesar de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción⁷³ y los avances en la implementación del sistema, descendió 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público. Con ello, se ubicó en el último lugar, entre los 35 países que integran la OCDE. Además, se sabe que 51% de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos.

Respecto a la corrupción, en un estudio realizado en el 2015 por la Universidad Autónoma de México⁷⁴ se identifica la percepción que la población tiene sobre dos fenómenos que le son inherentes, pero a los que no suele asociarse: la corrupción y la impunidad. En lo que respecta a la corrupción, 92% de los encuestados considera que hay corrupción en el país; 63.6% asoció la corrupción con las palabras delitos e ilegalidad, 52.6% con “función de gobierno y malos políticos”, 26.2% con “mentiras, deshonestidad y descontento” y sólo 4.7% con “personas distintas a servidores públicos”. Cuando se les pidió autoevaluarse, en una escala donde 0 es “nada honesto” y 10 es “muy honesto”, el promedio de los encuestados se calificó con 7.9. De ellos, 18.3% aceptó que era común que ellos iniciaran la acción corrupta. En cuanto a la impunidad, los encuestados aceptan haber realizado diversas conductas poco éticas o ilícitas, porque 90% considera que hay muy pocas posibilidades de ser atrapado.

Los resultados anteriores pueden compararse con otra encuesta sobre corrupción realizada en el 2016.⁷⁵ En ella, 79% de la población asocia la palabra corrupción con una actividad característica y casi exclusiva de los políticos y los trabajadores del Estado (gobernantes saqueando el erario público, policías pidiendo mordidas para “perdonar” multas y burócratas solicitando “propinas” para facilitar trámites). Así, 96% considera que participa “poco” o “nada” en actos de corrupción. Los entrevistados se mostraron indignados ante la posibilidad de que sus actos fueran catalogados como “corruptos” (ofrecer una mordida para pasar la verificación, poner un “diablito” para pagar menos luz y contratar a un familiar en el trabajo) y “explicaron” que sus actos son ejemplos de “astucia”, “audacia” e “ingenio”, una especie de justicia social o redistribución de la riqueza en un contexto de desigualdad, saqueo y abusos históricos.

El panorama no es alentador: a los altos índices de violencia, delincuencia y criminalidad que se registran en nuestro país, se unen los escasos resultados en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. A la mala administración de los recursos, se le añade la falta de ética y compromiso de las autoridades a todos los niveles de gobierno amparados en la creencia de que la corrupción y la impunidad son la “regla y no la excepción”.

La inercia ciudadana es la reacción lógica en un sistema de inseguridad ciudadana. El riesgo de victimización al que se encuentra expuesto el ciudadano que decide emanciparse de las relaciones de poder de las elites es real. Pero en este caso, el miedo asociado a la percepción de estar en riesgo es al Estado.

Así lo confirman los informes de tortura, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Finalmente, como se ha explicado a lo largo de este documento, esta no es una investigación realizada en los términos de un paradigma positivista de investigación. El propósito no ha sido establecer relaciones de causa y efecto entre variables, ya que no se busca comprobar ninguna hipótesis, ni contribuir a alguna postura teórica o emitir conclusiones con base en resultados empíricos. Por el contrario, lo que se busca es la producción de conocimiento útil para construir soluciones para la transformación de la realidad. Por ese motivo, queda claro que la aportación de esta investigación permite develar la mimetización de lo que hasta ahora se ha entendido como “seguridad ciudadana” en México y las falsas promesas del trinomio “seguridad - TIC - derechos humanos”, que se usaron en el discurso, la norma y los programas sectoriales, además del alejamiento del Estado de derecho y la inercia del ciudadano que no se percibe parte del problema de la inseguridad. La exposición de esta “mimetización” permite desvincular la lectura de la realidad, de los paradigmas y modelos ineficaces que han sido impuestos; además, en forma acrítica para poder incidir en el proceso de emancipación de los ciudadanos y en la toma de decisiones para la transformación de su realidad, sin ninguna otra pretensión empírica.

Aunado a lo anterior, el momento histórico no permite todavía cerrar algunas conclusiones. Quizá lo que aquí podría considerarse son reflexiones o referencias a tareas “prometidas”: la aprobación express de la Ley de Justicia Interior sin dar voz ni atención a las preguntas y propuestas de organismos internacionales, diversas ONG, académicos e investigadores y a los ciudadanos en general, abre una amplia gama de posibilidades para realizar investigación. Las decisiones en materia de seguridad no son ni naturales, ni irrevocables, ni inmutables.⁷⁶ Es posible que, en el corto plazo, sea prioritario realizar investigación respecto a la forma como México deber realizar un cambio radical en la distribución del poder y en la manera en que el poder debe ser concebido y ejercido.