Artículos conmemorativos por el 20 aniversario

 

El trabajo, clave en la construcción ciudadana

 

Work, key in citizenship construction

 

Arnulfo Arteaga García*

 

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <arnulfo.arteaga.garcia@gmail.com>.

 

Artículo recibido el 25 de octubre
aceptado el 18 de noviembre de 2011

 

There is probably no other idea in human history
which combines the aspirations of man's need
for equality and man's desire
for liberty as does that of citizenship.¹

 

Resumen

Este artículo se ocupa de la construcción social de la ciudadanía en los lugares de trabajo y su pertinencia para la comprensión del complejo contexto en el que se desarrolla la sociedad mexicana. En la primera parte se toma como referencia el concepto de ciudadanía industrial y se aborda con una perspectiva crítica su capacidad de explicación de la condición actual del trabajo, en particular por su precarización y flexibilización así como por el surgimiento de nuevas figuras sociales en el mundo del trabajo. En la segunda parte, con base en datos estadísticos y estudios de caso, se presenta una visión sintética de la condición del trabajo en México. En la tercera y última parte se muestra un conjunto de referentes globales y locales que pueden ser instrumentos útiles para la recuperación de la cohesión social desde el mundo del trabajo (trabajo decente, Organización Internacional del Trabajo, acuerdos marco internacionales, directrices sobre el comportamiento de las multinacionales, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, responsabilidad social empresarial, ISO 26000 RS y la reforma a la Ley Federal del Trabajo).

Palabras clave: trabajo, ciudadanía, ciudadanía industrial, precariedad, flexibilidad, derechos, cohesión social, clases trabajadoras.

 

Abstracts

This article deals with citizenship's social construction at the work shop and its pertinence to understanding of the complex context in which Mexican society develops. In its first part, the industrial citizenship concept is taken as reference and its capacity to explain current labor's conditions is viewed from a critique perspective; particularly because of its precarious and flexible state, as because of new social figure emergence in labor. In the second part, based on statistical data and case studies, the article forwards an oversight of labor conditions in Mexico. The third and last part, gives a set of global and local references that may be useful tools to the recovery of social cohesion from the labor standpoint (decent jobs, International Labor Organization, international framework treaties, multinational behavior guidelines, Organization for Economic Cooperation and Development, entrepreneur social responsibility, ISO 26000 and Federal Labor Law reform).

Key words: labor, citizenship, industrial citizenship, precariousness, flexibility, rights, social cohesion, working classes.

 

La edición conmemorativa del vigésimo aniversario de POLIS nos convocó a reflexionar acerca de un tema trascendental: México en la encrucijada del siglo XXI. Si la encrucijada representa una situación difícil en que no se sabe qué camino seguir, sin duda evoca la condición actual de la sociedad mexicana. La incertidumbre provocada por no saber ''el camino a tomar'' es reflejo de una situación de crisis, de diferentes órdenes y niveles: económica, social y política, con disímbolas manifestaciones que se expresan de manera transversal por los efectos asociados potenciados y magnificados por su estallamiento simultáneo, sucesivo, escalonado y que exhiben de manera aguda la profundidad de la debilidad institucional y de convivencia en el país. El simple recuento presenta un abigarrado panorama, muchos frentes, demasiadas asignaturas pendientes, muchos enconos, demasiada desconfianza.

En este contexto de profundo desconcierto surgen voces desde diversas perspectivas cuyo origen provienen de los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, las organizaciones empresariales e, incluso, de las iglesias, para dar un giro a la degradada condición de la sociedad mexicana. Blanden las siempre postergadas ''reformas estructurales'',² como si el orden de las cosas se decidiera desde las alturas de las transformaciones jurídicas como demiurgos de la realidad social, que permitirán encuadrar a los desviados servidores públicos y ciudadanos al cauce de la legalidad, del buen comportamiento y ''lo más importante'', de la competitividad. Otra vertiente de respuestas proviene de actores sociales cuya adscripción emerge de movimientos de la sociedad civil clasistas e interclasistas, organizados y no organizados, cuya dinámica responde puntualmente a coyunturas generalmente marcadas por la violencia proveniente del Estado o de la delincuencia organizada. Su dinámica irrupción en la vida social y política, es sucedida a un desvanecimiento que poca organización y más memoria deja para la siguiente oleada de ascenso de la movilización ciudadana. Pero también expresa la capacidad de manifestación y organización espontánea de una sociedad agraviada y desconfiada de las formas tradicionales de hacer la política como vía para salir de la encrucijada. Preguntas que a pesar de ser tan obvias como ¿por dónde empezar y cómo hacerle? siguen siendo fundamentales para contribuir a una reflexión profunda y una acción de largo alcance que contribuya a revertir el actual estado de cosas.

En lo que sigue, trato de poner de relieve el papel que tiene el trabajo como factor de cohesión social, sin dejar de reconocer su conflictividad inherente, y su papel potencial en la construcción de ciudadanía como base para un nuevo tejido social en nuestro país. No se puede negar que la condición del trabajo ha sido devastada en todo el ámbito global desde fines de los años setenta (Edwards, 1998), a la par que se han desarrollado iniciativas para revertir o reconducir los efectos más nocivos de políticas gubernamentales y empresariales. Aunque el saldo ha sido poco alentador (Méda, D. 1998) por la incertidumbre y los efectos diferenciados que tiene sobre las clases trabajadoras, en particular en su valoración de la democracia (Covarrubias, 2009). Admitiendo que el trabajo como fuente de creación de ciudadanía no agota las múltiples fuentes y expresiones de esta última, trato de recuperar su centralidad en la constitución del sujeto social y de la sociedad en su conjunto.

Autores como Claus Offe (1985) y Jeremy Rifkin (1996) preveían la pérdida de la centralidad del trabajo en la constitución de los individuos y de la sociedad, debido al agotamiento de los mecanismos bajo los cuales la fuerza de trabajo fue gestionada, regulada, así como el abandono de las políticas económicas y sociales del Estado para fomentar su reproducción, las cuales habían sido moldeadas desde la primera mitad del siglo XX, hasta mediados de los años setenta. Después, el trabajo se ha caracterizado por su precarización, flexibilización y fragmentación de la fuerza laboral (Lóyzaga de la Cueva, 2002; Dean y Bueno, 2011); la desmaterialización de la producción derivada del cambio tecnológico, así como por cambios profundos en la cultura debido a su transformación (Sennett, 2006). El juicio de Viviane Forrester es poco optimista:

... disimulado bajo la forma perversa de ''empleo'', el trabajo constituye el cimiento de la civilización occidental, que reina en todo el planeta. Se confunde con ella hasta el punto de que, al mismo tiempo que se esfuma, nadie pone oficialmente en tela de juicio su arraigo, su realidad ni menos aún su necesidad. [...] Ahora bien, el trabajo, considerado nuestro motor natural, la regla del juego de nuestro tránsito hacia esos lugares extraños adonde todos iremos a parar, se ha vuelto hoy una entidad desprovista de contenido. [... ] Por cierto, así perpetuamos lo que se ha convertido en un mito, el más venerable que se pueda imaginar: el mito del trabajo vinculado con los engranajes íntimos o públicos de nuestras sociedades (Forrester, 1998: 9-10).

Mucha de la producción académica y testimonial generada desde los ochenta ha analizado y documentado en extenso este proceso; a la par de esta tendencia, existen también evidencias de un proceso de reconstitución del trabajo a partir de una gama más amplia de ''viejas-nuevas'' figuras en el mundo laboral: a) los millones de migrantes de países dependientes hacia los centros hegemónicos del capitalismo mundial, que no necesariamente prósperos: Estados Unidos y la Unión Europea. Estos amplios contingentes, impulsados por su condición de fuerza de trabajo pugnan por su visibilización y el reconocimiento a su condición ciudadana; b) los millones de precarizados-informales que toman las calles y el espacio público como ''lugares de trabajo'', dando así cumplimiento a la exigibilidad del derecho al trabajo, construyen su propia legalidad a la sombra de otra que les asfixia y les niega los elementales derechos de inclusión y membresía en la sociedad, y c) los millones de no asalariados que están fuera de la esfera del trabajo remunerado formalmente y por tanto de la reproducción del capital, pero que participan en la reproducción ampliada de la población en sus diferentes grupos etarios y etapas del ciclo de vida laboral y fuera de él.

Para fundamentar el papel del trabajo en la reconstitución de la ciudadanía como un espacio necesario para discutir sobre la condición actual de la sociedad mexicana, divido el artículo en tres partes. En la primera parte reviso algunos autores representativos que seminalmente han hecho énfasis en la relación trabajo-ciudadanía: Thomas Humphrey Marshall (2005) y Harry W Arthurs (1967). Se retoma un enfoque teórico-metodológico (Arteaga García, 2010b) que intenta escudriñar en los lugares de trabajo, con base en una serie de descriptores, las fuentes que permiten identificar las dimensiones a partir de las cuales se puede comprender la construcción del ciudadano desde su actividad laboral (ser social). En la segunda parte incorporo referentes empíricos de dos tipos: estadísticas agregadas acerca de la desigualdad y participación del salario en el ingreso total comparadas entre países y tres casos de trabajadores en diferentes sectores representativos de la condición laboral en México, a partir de estudios previos (Reyes Sánchez, 2008; Hernández Acosta, 2008; Arteaga García, 2011a). Se destaca la perspectiva que asumen en su condición de trabajador-ciudadano (lo hacen pero no lo saben). Finalmente, incluyo un conjunto de instrumentos que tendencialmente permiten fortalecer la ciudadanía a partir del trabajo como una vía para redefinir el tejido social desde el espacio de la producción.

 

Una relectura de los clásicos de la ciudadanía industrial³ o qué tan cerca estamos del pasado para alcanzar el futuro

En este apartado abordo algunas de las reflexiones sustantivas de T.H. Marshall (2005) y Arthurs (1967) respecto de su concepto de ciudadanía, con un doble objetivo: recuperar el énfasis de la ciudadanía en la construcción de la igualdad y plantear la incorporación de los lugares de trabajo⁴ como factor explicativo en el desarrollo de la ciudadanía industrial. Esta relación la encuentro por vez primera en el ensayo The future of the working classes, de 1873, cuyo autor, Alfred Marshall,⁵ es fuente de inspiración de T.H. Marshall, aunque este último no la desarrolla plenamente en su obra clásica Ciudadanía y clase social (1950). Si bien el abordaje que hace A. Marshall es apenas una insinuación, tiene una luminosa aproximación: ''Estamos pensando en el efecto que produce su trabajo en él [el obrero de la naciente gran industria en Inglaterra] antes que el efecto que él produce en su trabajo'' (citado en Marshall, 1950: 18). Esta pista me sirvió de guía en mis reflexiones acerca de la relevancia de los lugares de trabajo como espacio de construcción del ciudadano trabajador (Arteaga García, 2005, 2010a; Arteaga García y Micheli Thirión, 2006). Se trata de abonar en el sentido de la construcción social de la ciudadanía desde un ámbito en que por su naturaleza cooperativa (más allá del conflicto laboral siempre latente y manifiesto), implica un punto privilegiado de cohesión social en el sentido en que lo plantea Castel (1997) y de su potencial y real relevancia como factor de fortalecimiento del tejido social a lo largo de la historia del capitalismo, a pesar de su tendencia a la diferenciación social, acentuada desde el último tercio del siglo pasado.

No obstante este rasgo histórico del capitalismo, para T.H. Marshall es fundamental destacar que corre paralelo al desarrollo de la ciudadanía, cuya aspiración principal es el de la igualdad entre los miembros de la sociedad:

El impacto de la ciudadanía sobre tal sistema estaba destinado a ser sumamente perturbador e incluso destructivo. Los derechos de que estaba dotada la condición general de ciudadanía fueron extraídos del sistema de condición jerárquico de la clase social, despojándola de su sustancia esencial. La igualdad implícita en el concepto de ciudadanía, aunque limitada en contenido, socavaba la desigualdad del sistema de clases, que era en principio una desigualdad total. [Y remarcaba]: Mi preocupación principal es la ciudadanía y mi interés especial es su impacto sobre la desigualdad social. (Marshall, 2005: 38).

No obstante, este proceso tuvo un largo camino por recorrer cuando se debatía entre los derechos civiles -el contrato y la igualdad de los ciudadanos frente a la ley- y los derechos sociales no claramente diferenciados de la beneficencia privada, particularmente por lo que fue la Ley de Pobres:⁶

La Ley [...] trataba [sus] reclamos [...] no como una parte integrante de los derechos del ciudadano sino como una alternativa a ellos [.] que sólo se podían satisfacer si los peticionantes cesaban de ser ciudadanos en todo sentido verdadero de la palabra. Porque lo pobres perdían en la práctica el derecho civil de la libertad personal con la internación en el asilo y perdían por ley todo derecho político que pudieran poseer (Marshall, 2005: 32-33).

Se reconocía que los derechos civiles: ''Le daban a cada hombre, como parte de su condición individual, el poder para participar como unidad independiente en la lucha económica y hacían posible negarle protección social sobre la base de que estaba equipado con el medio para protegerse a sí mismo.'' (Marshall, 2005: 41).

Pero en su sentido más amplio y contradictorio, la beneficencia eleva:

... el nivel del piso en el sótano del edificio social, y lo hacía tal vez más higiénico de cuanto era antes, pero seguía siendo un sótano y los pisos superiores del edificio no se veían afectados. Y los beneficios que recibían los desafortunados no derivaban de un enriquecimiento de la condición de ciudadanía. Cuando eran dados oficialmente por el Estado, se lo hacía con medidas que [.] ofrecían alternativas a los derechos de ciudadanía y no agregados a ellos. Pero la mayor parte de la tarea quedaba para la caridad privada y era la visión general, aunque no universal, de los organismos caritativos que aquellos que recibían su ayuda no tenían derechos personales para reclamarla (Marshall, 2005: 41-42).

En este trayecto de la argumentación de T.H. Marshall acerca del peso de la ciudadanía como un instrumento de igualación social, contrario a la polarización de las clases en la sociedad capitalista, es de la mayor importancia el énfasis que hace en el papel de los derechos civiles, en especial el derecho de asociación en la creación de los derechos sociales. Al garantizar el derecho individual de asociación (derecho civil) se facilitó la construcción de organizaciones colectivas base para el surgimiento del gremialismo:

El gremialismo creó una especie de ciudadanía industrial secundaria [cursivas mías] que naturalmente llegó a imbuirse del espíritu apropiado para una institución de ciudadanía. Los derechos civiles colectivos podían usarse no sólo para negociar en el verdadero sentido de la palabra, sino también para la afirmación de los derechos básicos. La posición era imposible y sólo podía ser transicional. Los derechos no son una materia apropiada para negociar. Tener que negociar por un salario de subsistencia⁷ en una sociedad que acepta el salario de subsistencia como un derecho social es tan absurdo como tener que negociar por un voto en una sociedad que acepta el voto como un derecho político⁸ (Marshall, 2005: 71-72).

Lo cierto es que también de manera contradictoria, la ciudadanía es la gran legitimadora de la desigualdad en las sociedades capitalistas al establecer, independientemente de las diferencias de condición, la igualdad, en teoría, de todos los ciudadanos frente a la ley. Aunque lo más relevante es lo que representa para cada sociedad en particular y en los derechos de ciudadanía en el ámbito global. Se trata del techo de la condición más amplia de aspiración de derechos ciudadanos, independientemente de cada sociedad en particular:

La ciudadanía es una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y deberes de que está dotada esa condición. No hay ningún principio universal que determine cuáles deben ser esos derechos y deberes, pero las sociedades en que la ciudadanía es una institución en desarrollo crean la imagen de una ciudadanía ideal con la cual puede medirse el logro y hacia la cual deben dirigirse las aspiraciones. El impulso a avanzar por el camino así trazado es un impulso hacia una medida más plena de igualdad, un enriquecimiento de la materia con la que está hecha la ciudadanía y un incremento en el número de aquellos a los que se otorga la condición (Marshall, 2005: 37).

Por su parte. Arthurs (1967) reflexiona sobre la condición de la clase obrera en las sociedades más avanzadas hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado. Su definición de ciudadanía industrial incorpora una visión de derechos con un amplio sentido de inclusión referida también a los más vulnerables:

Una nueva definición [...] debe conferir el estatus de empleado o ciudadano industrial, o a cualquier persona que es obligada⁹ a vender sus servicios en un mercado en el que es económicamente dependiente de un comprador individual. Bajo esa definición las ventajas de la ciudadanía industrial deben ser extendidas [...] a aquellos generalmente denominados como ''empleados'' [y] también a todos aquellos que pertenecen a grupos económicamente vulnerables —autoempleados, dueños de camiones, operadores de taxis, pescadores y arrendatarios de estaciones de servicio [.]. Todos estos grupos podrían ser incorporados en un nivel superior de negociación (a través de la acción colectiva) y contra la inseguridad económica (a través de una legislación social de bienestar diseñada para proteger ''empleados'') (Arthurs, 1967: 790).¹⁰

Reconoce, además, que el concepto ''...no procede de una definición articulada en la cual los derechos y obligaciones [...] hayan sido deliberadamente agregados''. Por lo que se tiene que rescatar el carácter histórico de la ciudadanía, y obviamente del concepto, como ''... un intento de racionalizar y de integrar los desarrollos individuales [de los derechos] en una perspectiva histórica para ser vistos como los que han generado la 'ciudadanía industrial''' (Arthurs, 1967: 790).

En este sentido es pertinente la crítica que Michael Mann (1987) hizo al enfoque anglocéntrico de T.H. Marshall sobre la evolución de la ciudadanía a partir de una tipología de regímenes, que plantea la historicidad del concepto y su evolución en función de las condiciones particulares de países o regiones.

Para los objetivos del presente artículo, remarcaré que en la perspectiva de los autores referidos destaca el papel que tiene el desarrollo de la ciudadanía en la disminución de las desigualdades entre los miembros de las distintas clases sociales, en su condición de sujetos de derechos ciudadanos. Además, retomo la condición de techo al máximo desarrollo de la ciudadanía como aspiración de cualquier sociedad, pero que no garantiza por sí mismo su aplicación universal ni su irreversibilidad, ya que independientemente de las titularidades y de su exigibilidad, se ha dado una conculcación sistemática y de largo plazo en el mundo del trabajo.

Por tanto, la pregunta que planteo es si la condición de degradación de la ciudadanía industrial es a su vez irreversible y si no es así, dónde se pueden encontrar las claves para alcanzar dos objetivos centrales.¹¹ El primero es indagar con mayor acuciosidad acerca del efecto que produce el trabajo —tanto de manera agregada como individualmente— en quien lo realiza directamente, base de su constitución como sujeto social para entender la forma en que tendencialmente incide en su ser ciudadano. El segundo es ampliar el concepto de ciudadanía industrial para dar cuenta de la transformación del mundo del trabajo y extender el campo de los derechos laborales.

Una aproximación del primero está en Alfred Marshall. Este autor consideraba, a decir de Arrigo Opocher, que ''lo que está pasando es que las calificaciones se están expandiendo e incrementando y las clases trabajadoras,¹² en el sentido estricto de la palabra, tienden a desaparecer'' (Opocher, 2008: 19), debido principalmente a que ''todo el trabajo será calificado'' (Marshall, 1925, citado en Opocher, 2008: 19). Y más adelante decía: ''El conocimiento es poder y el hombre deberá tener conocimiento. Las invenciones lo incrementarán y ellos rápidamente lo aplicarán. [...] No habrá reconocimiento para los hombres que no tengan calificación'' (Marshall, 1925, citado por Opocher, 2008: 19). El efecto a nivel social es que habrá un marcado progreso moral: ''Aun si tomamos a los trabajadores más ordinarios, nosotros encontraremos un conjunto de factores en contra de sus hábitos por la bebida y sus vulgares pasatiempos [...] porque habrá en ellos la semilla de cosas mejores y cuando se abra una nueva era, ampliarán y elevaran sus intereses, desechando sus viejos y estrechos intereses'' (Marshall, 1925, citado por Opocher, 2008: 19).

Haciendo a un lado la optimista predicción de A. Marshall acerca de la realidad laboral, lo que me interesa poner de relieve es la clara conexión entre el efecto del contenido del trabajo sobre los trabajadores y su repercusión en la condición social de las clases trabajadoras. Esta relación está ausente en T.H. Marshall y Arthurs, ya que ambos parten de una condición dada, ciudadanía industrial, sin indagar el lugar de trabajo como fuente de ella.

Por lo anterior, retomo a A. Marshall y Marx (1975) para comprender la construcción social de la ciudadanía desde los lugares de trabajo; lo que planteo es deconstruir al sujeto de la producción en tres dimensiones (Arteaga García, 2005, 2010a, 2011; Arteaga García y Micheli Thirión, 2006): como actor social, como actor económico y como actor político, cada uno con sus múltiples determinaciones incorporadas como descriptores. Se trata de releer el espacio del trabajo: el piso de la fábrica, el lugar de atención a los clientes, la calle, en sus múltiples significados, como resultado del establecimiento de las relaciones sociales derivadas de las situaciones de trabajo que tienen como objeto central el acto de la producción (bienes, servicios, tangibles, intangibles), incorporando los aspectos objetivos y subjetivos del proceso de producción y sus diversos impactos en el sujeto social: clases trabajadoras (Arteaga García, 2010a: 19-21). Es la resignificación de aspectos tales como: la jornada laboral, el salario y su estructura, el lenguaje de la producción, los atuendos, la forma de gestión gerencial, la estructura jerárquica de la organización, la tecnología de proceso y producto, la membresía a un sindicato y la condición de acceso a la seguridad social, entre otros aspectos, como fundamento para explicar cómo se construye la ciudadanía en el trabajo.¹³

El segundo objetivo es la discusión alrededor del concepto de ciudadanía industrial,¹⁴ a partir de las evidencias del desplazamiento de la clase obrera industrial como clase mayoritaria representante del trabajo y, por tanto, la necesidad ampliar el concepto, incluyendo al conjunto de las clases trabajadoras. Lo relevante es dar cuenta de la modificación de los procesos productivos, las formas de gestión de la producción y su influencia en la fuerza de trabajo para identificar su papel en las relaciones industriales y por tanto en el acervo de derechos que dan sustento a la ciudadanía industrial.¹⁵

Para concluir este apartado destaco que en la tradición sociológica en México, en particular en la sociología del trabajo, estos temas han estado ausentes como parte de la comprensión y transformación de la realidad nacional. Datos y casos como los que se presentan en el siguiente apartado pueden ser interpretados no solo como parte de la fatalidad de la globalización, sino como campos de intervención desde las ciencias sociales.

 

Dos indicadores generales y tres casos sobre la condición del trabajo en México

La incorporación de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 1994, vino precedida de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde la perspectiva de los promotores, era el ingreso del país a las ''ligas mayores'' en la euforia de la modernización y la globalización. En ese momento, la OCDE¹⁶ agrupaba a las 24 principales economías del mundo, por lo que todo hacía pensar que México estaba en condiciones de equipararse a las economías de los miembros de esa organización y a las condiciones generales de vida de la población de esas sociedades.

Los datos de la OCDE revelan las distancias con las sociedades más igualitarias. Incluyo en primer lugar, como el indicador más general, la distribución del ingreso de los distintos estratos de la población en el total nacional con base en el coeficiente de Gini.¹⁷ Como se puede ver en la gráfica 1, México con .48 es, únicamente después de Chile —.50—, el país miembro de esa organización con mayor desigualdad en el ingreso. Si lo comparamos con sus socios comerciales del TLCAN —Estados Unidos, .38; Canadá, .32—, podemos constatar que la promesa de alcanzar un desarrollo homogéneo basado en la prosperidad de la apertura comercial sigue siendo una asignatura pendiente.

Otro indicador relevante para ponderar la condición del trabajo de manera agregada es el de la participación del salario en el ingreso total de la economía (ws: wage-share). Con base en la información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010: 30-40), si bien existe una tendencia descendente de largo plazo entre los países miembros de la OCDE, podemos encontrar algunas diferencias notables (OIT, 2010: 24-25).

Al considerar el promedio del periodo 2004-2007, salvo contadas excepciones (Grecia 39.8, Irlanda 48.5, Polonia 45.8, Eslovaquia 44 y México 29.9), en el grueso de los países el salario participa alrededor de dos tercios o la mitad del ingreso nacional; México es el único donde ni siquiera alcanza un tercio. Con relación a sus socios comerciales del TLCAN —Canadá, 59.7; Estados Unidos, 63.7—, en México el salario representa escasamente la mitad del ingreso nacional. Para identificar la tendencia general del ws, en el cuadro 1 se incorpora el concepto de volatilidad de la ws, a partir del coeficiente de variación (ver la nota 2 del cuadro). Solo para tener un punto de referencia con relación a los países que han tenido una evolución positiva de la ws, Dinamarca tuvo en el periodo 1980-1985 una participación del 69 y pasa al 74.7 como promedio entre 2008-2009, con una variación de 2.8. Grecia, sacudida hoy por una crisis que amenaza al resto de la Unión Europea, tuvo una evolución positiva. Para los mismos periodos pasó del 32.4 al 39.8, con un coeficiente de variación de 7.6, en tanto que Islandia transitó del 59.8 al 77.2 y el último indicador es de 10.5. En dirección contraria, Irlanda pasó de 59.4 a 48.5 y una variación de 10.5, en tanto que en México se da una disminución del 38.5, al 29.9 y una variación de 11.

Un último dato es el del porcentaje de asalariados en el empleo total, que oscila entre 94.5% en el caso de Suecia y 63.2% en el de República de Corea que gruesamente podría inferirse como parte de la economía formal, en tanto que para México ni siquiera existe el dato, pero justamente el hecho de que se carezca de información resulta una información reveladora.

Como vemos, la adhesión de México a organismos como la OCDE y el TLCAN no ha significado una mejor distribución de la riqueza ni mejora salarial, y por el contrario, se ha experimentado un retroceso en las remuneraciones que percibe la clase trabajadora.¹⁸ Este desmantelamiento del salario como fuente de bienestar impacta de manera exponencial la condición general de vida de las clases trabajadoras y su condición ciudadana, promoviendo su ingreso a actividades de alto riesgo e incluso ilícitas.

 

Entre la precariedad y la construcción de la ciudadanía

Los casos presentados ilustran la condición en que se asume de manera implícita la relación entre trabajo y ciudadanía a partir de una breve descripción general, las estrategias en el trabajo, los derechos y deberes y la organización como ciudadanía posible.¹⁹

En primer lugar incluyo un caso típico del sector informal²⁰ en la ciudad de México (Martínez Pérez, 2005; Silva Londoño, 2010), el de los comerciantes informales del Eje Central (Reyes Sánchez, 2008), cuya presencia se ubicaba, hasta el año 2008, principalmente entre las calles de Izazaga y Madero, en ambas aceras de una de las principales vialidades de la capital del país.

Esta actividad en los años recientes ya no es sinónimo de autoempleo; hoy existe una estructura y una línea de mando: líderes, patrones, seguridad y logística. Tampoco es ya la última alternativa como trabajo, ya que en ocasiones es mayor el ingreso que en el sector formal, lo que explica también porqué en el periodo de 2000 a 2004 el empleo formal creció apenas unas décimas por encima de 0%, en tanto que el informal creció 40%,²¹ en particular el comercio en la vía pública (Reyes Sánchez, 2008: 7).

Esto ha generado la ocupación masiva de las vialidades, con la consiguiente modificación y resignificación del espacio público, pues cada día se erige un efímero corredor comercial, que dura apenas la jornada laboral al tiempo que se configura una ''legalidad alterna''. A pesar de ser vistos como subproductos de una globalización excluyente, los comerciantes informales constituyen una expresión genuina de sus efectos más evidentes. La contraparte es que su inserción en la economía requiere creatividad, sensibilidad política —no necesariamente tersa, sino oportunista, la mayor de las veces—, pero también de ingenio para recorrer los entreveros de la legalidad y visibilizarse políticamente, la mayor de las veces apelando a la autoorganización, sumado a la apropiación del funcionamiento de nuevas tecnologías y de un performance en la relación con los clientes de ocasión. Adaptación es la consigna.

Esta capacidad de adaptación se puso a prueba en 2007, cuando el gobierno de la ciudad de México decidió reubicar a los aproximadamente 45 000 vendedores callejeros concentrados en el Centro Histórico.

Todos los comerciantes organizados²² fueron ubicados en plazas (o terrenos baldíos donde se construirían) ubicadas en las calles de López, Independencia, Vizcaínas, Ayuntamiento y Artículo 123. Para el 18 de abril de ese año, prácticamente todos habían sido reubicados. Parte de la negociación era otorgar préstamos a los comerciantes que lo solicitaran, hasta por un monto de 5000 pesos para la compra de mercancía y 1300 pesos mensuales durante medio año (El Universal, 13 de abril de 2007, versión en línea).

Del clientelismo corporativo a la ciudadanía en ciernes.

Organizaciones a la medida

Lo que podría parecer un caos por la azarosa distribución de los puestos es la parte visible de una organización compleja: líderes, cuotas por uso de suelo, red de seguridad, códigos, reglas e infracciones. Don Amador, vendedor de bisutería, dice al respecto: ''Sí está cabrón, está cabrón entrar así con puesto; nos dicen que ya no hay espacio para nuevos [...[ ellos tienen su sistema, sus leyes y ya no es fácil entrar, aunque tengas para la cuota, de hecho este puesto es de mi hermano'' (Reyes Sánchez, 2008: 40).

Son organizaciones corporativas y clientelares, entre cuyas obligaciones están el pago de cuotas, la limpieza del espacio y la asistencia a las asambleas y marchas, pues, además, fungen como organizaciones parapartidarias y a sus miembros se les recomienda votar por ''el'' candidato. Esta capacidad de control y maniobra deriva de los liderazgos y se expresa en alianzas y acuerdos políticos. Los dirigentes suelen realizar convenios con los jefes en turno del gobierno del Distrito Federal; esto no se oculta. El sector informal siempre ''nos apoya y nos ayuda y nosotros tenemos que ver por este sector social'',²³ y la contraparte: ''Confiamos en la palabra del jefe de gobierno, porque sabemos que Marcelo sí cumple; sabemos que cumplirá''.²⁴

Los beneficios de colaborar con la organización son pocos, pero los necesarios para mantener la cohesión y una relativa lealtad a los líderes. Entre otros: conservar el espacio, participar de los eventuales beneficios que pueda obtener la organización en sus negociaciones, gozar de seguridad contra los operativos y ser liberados en caso de ser levantados, así como la protección contra los ladrones que merodean por sus áreas de comercio.

Un aspecto central de su construcción social es la autopercepción sobre su actividad, que oscila entre la aspiración a ''algo mejor'' y la convicción del derecho al trabajo y a un ingreso: ''no güey, pss si tengo que tener un trabajo, bueno yo creo que voy a tener un trabajo bien y chambiarle chingón, ¿no?, porque pss igual también quiero comprar mi casa, aunque sea del Infonavit [...] trabajar en un lugar donde te den crédito para poder sacarlo''; además, afirma que su ocupación no es delictiva, sino positiva: ''Está mal [que nos tachen de delincuentes], porque a mí me sale, con eso mantengo a mi hijo y no molesto a nadie...'' (Ximena, 26 años, madre soltera) (Reyes Sánchez, 2008: 27).

Esta condición de indefinición es el sustrato sobre el que los dirigentes medran o promueven una mayor participación de sus agremiados y que a la postre definen los tipos de liderazgos en las principales organizaciones del comercio informal en la vía pública. El proceso de reubicación que tuvieron los comerciantes del Eje Central (2007) revela algunas de sus características.

El de Alejandra Barrios (véase nota 22 en la página anterior) de larga trayectoria entre la ilegalidad y el chantaje hacia arriba y hacia abajo, es el prototipo de la organización clientelar. La relación con las autoridades en turno van desde la presión vía movilización hasta el acuerdo y su aplicación a conveniencia; por ejemplo, cuando se apropió de la totalidad de la Plaza Victoria,²⁵ originalmente destinada a compartirla con otra organización. Sintéticamente, la relación con sus agremiados es expresión del añejo corporativismo priista, que más que fortalecer el desarrollo ciudadano, promueve la incondicionalidad como vía para gestionar las necesidades de los comerciantes.

En el caso del liderazgo de Rafael Rojas Tarín (véase nota 22 en la página 29), logró, vía la negociación constante (Excélsior, 29 de septiembre de 2007, versión en línea), la reubicación de sus casi 600 agremiados —dedicados a la venta de discos piratas y carpeteros—,²⁶ a una plaza en ruinas y así mantener la venta de productos de origen ilícito. Por su parte, Esther Chavarría (véase nota 22) ha desarrollado un discurso que incluye aspectos civiles, sociales y políticos dentro del repertorio de su organización. El día en que formalmente se inició la reubicación declaró: ''No es un día de tristeza, no se debe tomar como el adelanto del levantamiento del comercio popular en la vía pública. Se debe tomar como el inicio del nacimiento de miles de pequeños empresarios'' (Excélsior, 12 de octubre de 2007, versión en línea). Por último, Teresa López (véase nota 22) aprovechó la reubicación para cambiar de giro hacia la venta de equipos de cómputo y electrónica, facilitado por el financiamiento que recibió del gobierno del Distrito Federal con el cual mantiene, además, afinidad política. Un rasgo peculiar es la promoción de la participación de los agremiados en la toma de decisiones mediante reuniones y asambleas, lo que ha repercutido en la dignificación del trabajo y la construcción de prácticas activas en la promoción de su condición ciudadana.

Este apretado panorama de un sector de la población característico de la negación al trabajo y los derechos vinculados, habla de la capacidad de revertir esa condición, incluida la construcción de las organizaciones defensoras de sus derechos.

Bon Ice, la trasnacional del subempleo callejero o por qué me cuesta ser ciudadano. ''Todos los días, vendiendo en mi esquina, barritas congeladas, mis barras Bon Ice''²⁷

El segundo caso que nos ocupa es el de la empresa trasnacional Bon Ice (Hernández Acosta, 2008), el cual ejemplifica una de las modalidades de la precarización y flexibilización que hace de la calle una fuente de ganancias para los grandes corporativos.²⁸ Quala es una empresa trasnacional de origen colombiano. Inicia operaciones en México en 2004. ''Qué alegría, venderlo a tanta gente, ver caras sonrientes, saboreándose un Bon Ice'' (Himno Bon Ice).

La gama de productos que manejan en este mercado son: Bon Ice, YogurIce, Gelafut, Quipitos y Frutimax y su cara visible son los miles de hombres y mujeres que uniformados y dotados de sus hieleras pregonan en cientos de cruces, calles y avenidas, convertidos en puntos de venta de los productos puestos en las ventanillas de los millones de los consumidores potenciales montados en su vehículos: ''Entre el tráfico, yo me voy metiendo, vendiendo mis barritas, porque soy el mejor'' (Himno Bon Ice).

A partir de la caracterización de Hernández Acosta (2008), la venta de productos de esta trasnacional se ubica como un subempleo derivado de la subcontratación que implica la ''degradación de las condiciones de trabajo [...] para estos trabajadores, la incertidumbre se convierte en el signo de existencia y la vida precaria a la que ella los condena les impide forjarse una idea de sus propios derechos como ciudadanos'' (Iranzo y De Paula Leite, 2006: 136). En concreto, se traduce en: jornadas más largas, ingresos irregulares, situaciones de alto riesgo, sin seguridad social, ni autonomía, a diferencia de los trabajadores informales no dependientes de una empresa. Con base en las entrevistas llevadas a cabo con vendedores de Bon Ice, refieren que son supervisados, implicando una relación de empleado/patrón invisibilizada, una condición de subempleados -con la connotación de trabajadores informales- con un alto grado de flexibilidad laboral, colocados en el sector informal por las empresas ''formales'' para deslindarse de sus responsabilidades patronales Es así que derechos como el salario, la seguridad social, el derecho a la organización, un contrato, oportunidades de ascenso y de desarrollo de las capacidades del trabajador son sistemáticamente denegados, lo que constituyen verdaderos déficits en el desarrollo de su ciudadanía.

Son miembros del sector informal -aunque no ejercen un oficio o venden productos piratas o caseros-, que están inmersos en la estrategia competitiva de las corporaciones globales en una condición de absoluta indefensión. Son subempleados con una relación laboral que se caracteriza por la sumisión, desinformación de sus derechos, que genera conformidad con sus condiciones de vida en tanto que les permite mantenerla, a pesar de que se conculcan derechos sociales, civiles y políticos típicos de la ciudadanía industrial. Para la contraparte, representa: ''Crear una relación salarial menos costosa [...] que al desentenderse del compromiso con el personal subempleado logra incorporar a los trabajadores al proceso productivo sin compromisos para el capital, transfiriéndoles las responsabilidades de su reproducción'' (Iranzo y De Paula Leite, 2006: 410).

Las percepciones que tienen las personas que laboran para la trasnacional revelan sus estrategias de vida en torno al trabajo. Eduardo, quien trabaja en la delegación Iztapalapa, vende a una distancia de de su casa y a veinte de donde se surte de mercancía: ''Fíjate que sí creo que es buen trabajo, más que na', emm, cómo te explicaré, es que en una fábrica muchas veces te liquidan y ya te dan ¡'amonos!, te corren cuando ya se acaba que los aguinaldos, las utilidades, y todo eso, recortan mucho personal y aquí no, aquí tú trabajas el tiempo que quieras'' y abunda comparando el ingreso con relación al sector formal: ''La verdad deja más que una fábrica, [ahí] te encierras por $600 o $200, y aquí es lo que yo saco en cuatro, tres días''. Otro aspecto importante es la manera en que asumen este trabajo como lo mejor, ya que no hay otro: ''Debería de tener uno mejor pero no hay de otra, y aunque sea aquí, ya es bueno'' (Lorenza). En tanto, Luis Enrique lo plantea en estos términos: ''En primer lugar por la edad [.], el tipo de conocimientos [.] que tengo, ya no tengo ninguna posibilidad, ni siquiera remota, no, ni siquiera la esperanza, [además] es un trabajo honrado'', donde no se requieren ''papeles'' (Lorenza) (Hernández Acosta, 2008).

Sometidos a esta condición, el horizonte de derechos no forma parte de su imaginario ciudadano, más bien promueve una resignación basada en el ''peor es nada'', por lo que este tipo de empleos adulados por su ''flexibilidad'' deben ser estudiados con mayor detenimiento para generar marcos de derechos adecuados a su condición.

De mano de obra a gestor de la producción: una vía de recuperación ciudadana

El tercer caso se basa en una de las industrias emblemáticas del desarrollo histórico de la ciudadanía industrial: la automotriz. A partir de la reestructuración global que se dio en esta industria desde fines de los años setenta, las filiales de las empresas trasnacionales del sector que operaban en el país fueron incorporadas a sus estrategias de competencia global (Arteaga García, 2003). Eso implicó una profunda transformación en el país: reubicación geográfica, cambios en la política industrial, tecnológica, organizacional, salarial y sindical, entre otras dimensiones. Un factor clave del mejoramiento de la competitividad de las filiales fue el incremento de la productividad y calidad de la fuerza laboral. Además del salto tecnológico que implicó, ha sido más importante la adopción-adaptación de los sistemas de alto desempeño en el trabajo (SADT, por sus siglas en inglés), a partir de la organización de la producción en equipos de trabajo, de clara influencia japonesa en sus principios pero con una buena dosis de ajuste para hacer ''el traje a la medida'', lo que ha llevado a una ''hibridación'' del modelo (Abo, 1994, 2006).

Para analizar la forma en que estos sistemas inciden potencialmente en la reconfiguración de la ciudadanía industrial, retomo el principio con el que los japoneses redescubrieron el papel activo de la fuerza de trabajo en la mejora continua del proceso y el producto: el que hace el trabajo es el que más sabe de él, base del funcionamiento de los SADT y del paso del uso de la fuerza de trabajo como mano de obra al de gestora de la producción (Arteaga García, 2011b).

Una de las características más relevantes de las dos empresas²⁹ que incluí para hacer esta investigación, es que en ambos casos la instrumentación de los SADT se hizo en un contexto marcado por la tensión entre la empresa y el sindicato, lo que permitió valorar la capacidad de la organización de los trabajadores para responder a un ambiente cambiante, en un sentido similar a la tensión vivida por las organizaciones de vendedores ambulantes.

El proceso de implantación se hizo bajo dos modalidades: negociada e impuesta, que incidieron en los procesos de reclutamiento de la fuerza laboral, el funcionamiento de los equipos de trabajo, la formación continua y el reforzamiento del sentido de identidad y pertenencia y finalmente algunos impactos de los sistemas de trabajo en la vida extrafabril. Con base en lo anterior se pudo constatar la manera en que emergía un operario con nuevos rasgos derivado de la aplicación sistemática de los SADT lo que se tradujo en un involucramiento responsable con la organización y con el sindicato. Los factores incorporados a su ''saber hacer'' se sintetizan en: a) concepción; b) planeación; c) ejecución; d) retroalimentación (mejora continua); e) polivalencia. La introducción de estos factores, permitieron la delegación de áreas de responsabilidad que anteriormente estaban destinados a los mandos medios de la empresa: productividad, control de calidad, medio ambiente de trabajo, condiciones de seguridad y capacitación (Arteaga García 2011b: 60). Este conjunto de herramientas y responsabilidades generó una visión crítica y mejorable del modelo de producción. Lo que implicó el tránsito de una postura defensiva asumiendo las nuevas condiciones de producción y al final, basados en el conocimiento colectivo dentro de la organización sindical, desarrollaron propuestas que rebasaron las expectativas originales del modelo de gestión empresarial:

... es lo que me han enseñado y lo de calidad se puede relacionar con lo de calidad de vida, calidad familiar [...] Sí me sirven [para] estar actualizando. En el medio ambiente que debe cuidarse tanto en la fábrica como en la calle. De la calidad, que es satisfacer al cliente [...] el que le sigue en la línea. Y así yo soy cliente del de la primera operación, [porque] no empieza cuando la empresa pone los productos en el mercado, sino que empieza en la línea [...]; desde el diseño. Por eso. los que están antes de mí también están capacitados en las mismas cosas (Jorge, ESAP).

La interiorización y la capacidad de aprendizaje tanto del sindicato como de los trabajadores hicieron posible abrir una agenda donde se plantea de manera directa la demanda de asumir el tema de la gestión de la productividad, como una vía de participación de la fuerza de trabajo en la conducción de la empresa:

El sindicato y [los trabajadores] se acostumbran en los primeros años, a aceptar esto [los SADT] como un mal necesario. El hecho de crear nuevas fuentes de trabajo, de crear nuevas condiciones económicas hacia los trabajadores, nuevas inversiones, un estatus en el producto y el reconocimiento de la mano de obra muy alto a nivel nacional y del consorcio, hace que a lo mejor el sindicato lo tome como algo que puede ser aceptado, [pero] en el transcurso de los años se empieza [a] modular el sistema de grupos de trabajo, (...) la representación sindical ya metida, le [plantea] a la empresa que el sistema podría funcionar mejor si fuera realizado conscientemente por los trabajadores, con una alta intervención de la representación sindical. Lo que se propone es un esquema de productividad, de reconocimiento, que cuesta mucho trabajo al sindicato convencer a la empresa [entre 2000 y 2003] que se abra ese espacio. Ahora estamos explorando todavía para introducirnos como promotores de la productividad, en donde obviamente el resultado sea una mayor eficiencia del proceso productivo bajo ideas de los propios trabajadores, bajo control del propio trabajador pero recompensado con beneficios económicos, diferentes a lo que hoy es el salario (Ramiro, SG, EST) (Arteaga García, 2011b: 252-253).

El testimonio del secretario general del sindicato de la empresa de la industria terminal remite a uno de los aspectos centrales sobre la influencia del trabajo en quien lo realiza. Asumirse como responsables de la productividad les permite exigir que las ganancias no sean solo para las empresas. Se trata de visibilizar de quién depende la productividad y lleva a las preguntas de quién la hace posible, para quién se produce, cómo se produce, así como los efectos de lo que se produce y la manera en que se produce.

Una última reflexión sobre este apartado nos obliga a destacar las diferencias entre los sectores a los que pertenecen. Los dos primeros, aunque parte del comercio informal en vía pública como una estrategia de inserción económica y social para quienes laboran en ellos, tienen orígenes distintos. El primero como respuesta ''espontánea'' de miles, sino es que millones de personas -si ampliamos su peso real en la economía-, y su paulatino avance en la constitución de organizaciones que, entre la manipulación social y política y una verdadera representación, van transitando hacia expresiones de organización ciudadana en busca de reconocimiento de sus derechos como tales. En tanto que el segundo caso responde a la estrategia deliberada de una empresa trasnacional 36 del sector formal de la economía, que hace de la calle una fuente de obtención de ganancias a partir de una condición de empleo informal. La fragmentación de la ''fuerza de venta'' en los miles de puntos de venta hace prácticamente imposible su organización y, por el contrario, hay una reivindicación de su condición:

Yo soy vendedor de bonice desde hace dos años en Morelia Michoacán, al quedar desempleado y no tener otra alternativa de generar ingresos [.] si es pesado soportar trafico, jalar el carrito y aguantar el calor, pero [...] lo que gano no lo ganaría en ningún otro lado, ya que en México no existen muchas posibilidades de empleo aquí ganas [si le] echas ganas y no estas limitado a un misero sueldo, es cierto que no tienes seguro pero diganme ustedes si es garantía tener ese servicio, te tratan con la punta del zapato, en cambio diariamente recibo mi lana de las comisiones [.] teniendo un ingreso promedio de 350 a 450 pesos diarios que al mes son aproximadamente 10,000 en donde te los pagan dime... (Mario, mayo de 2009, a las 20:05; disponible en: <www.bitnube.com/.../bon-ice-y-sus-campaas-engaos>.³⁰

El tercer caso, a pesar de que los trabajadores tienen una sólida base de reconocimiento de sus derechos estipulados en sus respectivos contratos colectivos y de contar con organizaciones sindicales cuyas dirigencias no se perpetúan en el poder, a la par que han experimentado los efectos generalizados de la caída del poder adquisitivo del salario, su adscripción a empresas de carácter global les permite reconocer que su productividad es igual o por encima de sus pares en otras regiones y países, pero tienen ingresos y condiciones contractuales menores que ellos, a pesar de que lo que producen les otorga la condición de ciudadanos industriales globales, pero no así en su condición de garantías laborales.

 

A manera de conclusiones. El amplio repertorio de recursos de poder para la recuperación de la ciudadanía en el trabajo

El recorrido presentado partió de una reflexión teórica sobre el concepto mismo de ciudadanía y su vínculo con el trabajo para interpretar, con otra mirada, el mundo del trabajo; en el segundo, con grandes pinceladas se hizo referencia a la condición del trabajo en México en dos niveles: estadístico y tres casos específicos sobre la condición de la fuerza laboral en sectores que representan la gran heterogeneidad del mundo del trabajo y su común denominador en términos de ser el factor central de su inserción económica y, social y en menor medida, política.

Para concluir hago un breve recuento de un conjunto de instrumentos que hoy abonan en el sentido de una recuperación del trabajo como un factor clave para revertir la polarización social en México. Habrá cejas levantadas, pero es hora de ampliar el horizonte sobre las posibilidades y las opciones. Ninguno de ellos es por sí mismo creador de un orden distinto en el mundo laboral, lo estratégico es que constituyen parte de un acervo que tiene alcance global y local. En ese sentido representan el techo del repertorio de la ciudadanía industrial. Su efectividad dependerá siempre de la manera en que los actores involucrados sean capaces de utilizarlos de manera eficaz basados en un diálogo social que reconozca las diferencias de clase y la igualdad ciudadana basada en una democracia deliberativa.

El primero es la responsabilidad social empresarial (RSE)³¹ (Sire, 2009: 5). En la práctica dejó de ser una acción unilateral de parte de las empresas, para convertirse en un tema de la agenda social. Como lo señala Sire (2009: 6) en el caso de la gran empresa: ''Su esfera de influencia no se reduce a su impacto en la sociedad salarial, su tamaño tiene un peso exponencial sobre los sistemas financieros, políticos, sociales y ambientales en el conjunto del planeta [.] la relación entre la empresa y la sociedad se hace más grande y evidente''.³² Guardadas las proporciones, esto no es menos cierto en cualquier tamaño de empresa. El complemento de la RSE es la Norma RS 26000 RS;³³ la cual expresa los principios, temas y prácticas para el conjunto de las organizaciones orientadas bajo los lineamientos de RS. Se guía por siete principios: responsabilidad, transparencia, comportamiento ético, respeto y consideración por los intereses de los integrantes de la organización, respeto a la ley, respeto a las normas internacionales y respeto a los derechos humanos. Se trata de abrir la caja negra del comportamiento de las empresas a la deliberación y participación de los involucrados en sus actividades, los de adentro, pero también los de afuera (Sire; 2009).

Como referentes globales sobre el respeto a los derechos laborales es necesario incorporar en el repertorio de los recursos de poder para fortalecer la ciudadanía desde los lugares de trabajo: el concepto y prácticas de trabajo decente³⁴ (OIT, 2011), las directrices de la OCDE para empresas multinacionales (OCDE, 2011a) y los acuerdos marco internacionales (AMI).³⁵

De estos, destaco los principios que apuntan al papel del trabajo como factor de cohesión social basado en una condición digna y de respeto a los derechos:³⁶ a) creación de empleos basados en el desarrollo de la calificación, con ingreso suficiente; b) garantía de los derechos laborales y humanos en general; c) extensión de la protección social; d) promoción del diálogo social (Robles, 2011):³⁷ sindicatos, patrones y autoridades, organizaciones civiles; e) prácticas de gobierno empresarial basadas en la confianza con la sociedad; f) promover sus prácticas con la cadena de proveedores, y g) seguridad profesional y formación permanente, entre otros.

El último factor en la reconfiguración del trabajo en México es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Las expectativas no son muy favorables, partiendo de la ausencia del ''diálogo social'' como principio del trabajo decente, además de pretender sancionar legalmente lo que en los hechos se ha venido aplicando: la tercerización de las relaciones laborales basadas en el outsourcing.³⁸ En las propuestas están ausentes temas referidos a la RSE, a los AMI, a las directrices y los principios del trabajo decente, así como los factores que permiten el involucramiento de la fuerza laboral en la gestión de las empresas basada en los SADT. No obstante, sabemos que los cambios estructurales se van abriendo brecha paulatinamente y en su trayecto van haciendo viables referentes que aparentemente no tenían asidero en la vida real de las sociedades. No se trata de una utopía, en el sentido de no lugar, sino exactamente de eutopía, la del trabajo, como factor clave en la construcción de la ciudadanía y su influencia en el tejido social.

 

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Notas

Este texto contó con la colaboración de Rigoberto Reyes Sánchez, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y de Luis Alberto Hernández Acosta.

¹ Ralf Dahrendorf, ''Citizen and beyond: the social dynamics of an idea'', citado por Michael Harris (1996).

² Una de estas se refiere en particular a la Ley Federal del Trabajo, cuyas propuestas, como veremos más adelante, tienden a formalizar lo que en los hechos ha venido operando a través de las distintas formas de flexibilización y a precarizar aún más el trabajo, a lo que se suma la falta de interlocución con los actores involucrados de manera directa.

³ Aunque no es idéntico el concepto de ciudadanía industrial (industrial citizenship) construido por estos autores, se comparte el papel que tiene la figura social del trabajador industrial como resultado de su inclusión plena en el campo de los derechos y obligaciones en la sociedad capitalista. Si bien estos autores tomaron como referencia países industriales avanzados, hay una relativa similitud, aunque con diferencias de grado y alcance con los países dependientes que transitaron por procesos de industrialización desde la segunda posguerra. En ambos casos, el Estado asumió un papel relevante en la reproducción de la fuerza de trabajo, como resultado de la aplicación de políticas de pleno empleo y de redistribución del ingreso a partir del incremento sostenido de la participación del salario en el ingreso nacional.

⁴ Considero al lugar de trabajo como el espacio donde ocurre el proceso de socialización derivado de la condición de la actividad productiva, además de la función objetiva del trabajo mismo.

⁵ La mayoría de las referencias de este autor las tomo de Opocher (2008).

⁶ La referencia, aunque nos remite al siglo XVIII (¿tiempos idos?), no deja de ser reveladora de una política de caridad pública, confundida con política social que no promueve ciudadanos, sino peticionistas carentes de derechos.

⁷ El concepto de subsistencia no está asociado a la precariedad, sino al monto suficiente para cubrir decorosamente las necesidades del trabajador, que podríamos vincular con el precepto constitucional de salario mínimo.

⁸ Qué pensaría T.H. Marshall acerca del lugar que ocupa hoy, en un país como México, la negociación de un salario mínimo remunerador y la demanda de elecciones limpias.

⁹ El sentido de obligada no se refiere a una coerción, sino impuesta por su condición de 20 vendedor de su fuerza de trabajo.

¹⁰ Traducción libre del autor, así como las siguientes referencias de Arthurs.

¹¹ Dado el alcance de esta colaboración, no es el lugar apropiado para desarrollarlos, pero lo dejo señalado para las investigaciones que tengo en curso.

¹² A. Marshall consideraba que las clases trabajadoras correspondían al concepto de mano de obra general dedicada al trabajo manual descalificado, por lo que a partir de trabajos que requerían más conocimientos y una mayor educación permitirían esa transición de la fuerza laboral.

¹³ Aun cuando existen los estudios sobre comportamiento ciudadano dentro de las organizaciones (organizational citizenship behavior, OCBb) en el campo de la psicología, su interés se centra en la explicación de los comportamientos de los empleados que rebasan los estándares de desempeño establecidos por la norma, a partir de indicadores como: autonomía, identidad, significancia, retroalimentación, organización del trabajo, involucramiento en las decisiones. Véase Smith, Organ y Near (1983).

¹⁴ En un sentido más general, pero también partiendo de las nuevas condiciones del trabajo. Véase Harris (1996).

¹⁵ Un ejemplo es la subcontratación de la fuerza de trabajo en las propuestas de reforma de la Ley Federal del Trabajo (Dean y Bueno, 2011; Bermúdez Tapia y Hernández Pérez, 2006)

¹⁶ México ingresó a dicho organismo el 18 de mayo de 1994. Véase <http://www.oecd.org/pa ges/0,3417,es_36288966_36288128_1_1_1_1_1,00.html> [consulta: 26 de julio de 2011].

¹⁷ Este coeficiente, donde el valor de 0 expresa la igualdad total y el valor de 1 la máxima desigualdad, se ha convertido en el instrumento más socorrido en la economía para medir la desigualdad de los ingresos. Véase <http://www.elblogsalmon.com/el-blog-salmon/conceptos-de-economia>.

¹⁸ ''De acuerdo con la medición por ingresos [...], el número de pobres patrimoniales creció en 7.1 millones de personas, ya que pasó de 50.6 millones (47.7%) en 2008 a 57.7 millones (51.3%) en 2010'' (La Jornada, 2011).

¹⁹ Dado que los tres casos presentados no compartan en sentido estricto una misma metodología; se hizo una ordenación general con base en la propuesta de sistematización desarrollada por Rigoberto Reyes Sánchez como parte de su colaboración para este artículo.

²⁰ Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el subsector informal es una rama de la economía que está conformada ''por los trabajadores por cuenta propia que ocasionalmente emplean asalariados y generalmente no se inscriben en registros oficiales, fiscales o de seguridad social'' (INEGI, 2004: 3). Dentro de este subsector se encuentran los vendedores ambulantes, los artesanos, los transportistas y personas de servicio, entre otros. El INEGI también marca ciertas excepciones; el subsector informal no incluye ''la demanda económica subterránea ni actividades ilegales'', como la piratería, y la producción y el tráfico de drogas.

²¹ Según un estudio realizado por Economist Intelligence Unit, reseñado en La Jornada

²² Las cuatro grandes organizaciones y sus líderes son: Asociación Legitima Cívica Comercial (ALCC), de Alejandra Barrios; Asociación Cívica Comercial (ACC), de Teresa López Salas; Unión de Comerciantes del Centro Histórico, A.C. (UCCH), de Rafael Rojas Tarín, y más tarde se incorporó a ellas la Asociación de Comerciantes Semifijos Asalariados Benito Juárez (ACSABJ), de Esther Chavarría (Reyes Sánchez, 2008: 56).

²³ Declaraciones de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal (El Universal, 2007).

²⁴ Lideresa Esther Chavarría (El Universal, 2007).

²⁵ Ubicada en el cruce de la calle Victoria y el Eje Central. Originalmente sería compartida con la organización de Teresa López, según el acuerdo con Marcelo Ebrard en 2007.

²⁶ Carpeteros son los vendedores ambulantes que llevan los catálogos de programas computacionales en carpetas para su exhibición.

²⁷ Himno Bon Ice, entonado por los vendedores al inicio de la jornada al más puro estilo de las corporaciones japonesas

²⁸ Si bien existen numerosos ejemplos, tal vez el más emblemático sea el de Telmex, empresa origen de la mayor fortuna individual en el mundo propiedad de Carlos Slim, que también ha encontrado en la calle una fuente de ganancias a través de la subcontratación de los ''tarjeteros''.

²⁹ Las empresas que incluí fue una del sector terminal, ensamblado de automóviles (EST) y otra del sector de autopartes (ESAP). Se utilizaron encuestas a establecimientos, a trabajadores en varias empresas y entrevistas en dos de ellas.

³⁰ Se respetan la redacción y ortografía originales.

³¹ Su origen se remonta a las acciones de caridad y filantropía de los empresarios estadounidenses de fines del siglo XIX y principios del XX, pero no es sino hasta los años cincuenta cuando se desarrolla el concepto en el mundo académico (Sire, 2009).

³² Traducción libre del autor.

³³ Esta norma, aplicable a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, se asume como un instrumento de carácter voluntario para establecer estándares internacionales en todos los aspectos relativos a la responsabilidad social (RS), como son el medio ambiente, los derechos humanos, las prácticas laborales, el gobierno organizacional, las prácticas de negocios justas, entre otros (Veloz Gutiérrez, 2008: 9).

³⁴ Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas.

³⁵ Disponibles en, <www.imfmetal.org> [consulta: 25 de julio de 2011]. Los acuerdos marco internacionales surgen al final de los ochenta, con la firma en 1988 del acuerdo entre la compañía francesa Danone y Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide (IUF), por el interés de los sindicatos globales de generar reglas, acuerdos y convenios con las grandes compañías transnacionales. Su contenido se centra en las normas laborales internacionales establecidas por la OIT. En México, las empresas que opera bajo los AMI son Danone, Telefónica, Volkswagen, Renault e Inditex.

³⁶ Los puntos que incluyo se refieren a los tres instrumentos; el orden y desarrollo de los contenidos se pueden revisar en las direcciones electrónicas incluidas.

³⁷ Si el espacio de la empresa es de orden social, económico y político, entonces será relevante la manera como la sociedad, los de adentro, pero también los de afuera, la convierten en un espacio de deliberación. Lo que también se hace extensivo a todos los órdenes de la vida social donde se dirime la condición del trabajo.

³⁸ Un excelente resumen de los efectos negativos de la propuesta de reforma se encuentran en el artículo de Arturo Alcalde Justiniani, Tres riesgos de la reforma laboral, disponible en: <http://www.unam.mx/2011/07/30/opinion>.