1.1. El derecho de propiedad social al nivel de núcleo agrario (1917-1992)

A partir del momento de su creación y hasta 1992, el ejido y la comunidad se rigieron por las mismas disposiciones jurídicas y su funcionamiento estuvo sujeto a reglas homogéneas. Puede decirse que, en realidad, lo único que las diferenciaba era su origen histórico y, a veces, su tamaño o la composición étnica de sus titulares. De suerte que, de no haber sido porque los respectivos procedimientos para su constitución eran distintos, hubiera resultado fácil pensar que se trataba del mismo modelo de propiedad.

En efecto, a nivel poblado el ejido y la comunidad se regulaban internamente con las mismas disposiciones legales previstas en la legislación de la materia (Ley Federal de Reforma Agraria), sin que hubiere diferencias que distinguieran al uno de la otra (^{Medina Cervantes, 1987: 342}).

Conforme las disposiciones de dicho ordenamiento, a partir de su creación formal, las tierras pertenecientes a los regímenes de propiedad ejidal y comunal adquirían los siguientes atributos:

Según se observa, las propiedades ejidal y comunal quedaban amortizadas sin remedio, pues la rigidez de su régimen jurídico las sujetaba a una paralización tal que les suprimía cualquier posibilidad de movimiento, lo que impedía su circulación en los mercados de bienes inmuebles bajo ningún concepto. O sea, no era factible transmitir ni el derecho de disposición (dominio) ni el derecho de disfrute y aprovechamiento (uso y usufructo), lo que las dejaba fuera del comercio.

El titular de los derechos a nivel de núcleo agrario era la masa de ejidatarios o de comuneros constituidos en asamblea, órgano supremo a través del cual se ejercitaban las facultades que como propietarios les correspondían, las que si bien no abarcaban gran cosa convertían al grupo en el dueño de sus tierras.

Algunos consideran que si, por un lado, las características jurídicas mencionadas amortizaban por completo a las propiedades ejidal y comunal, por el otro, tutelaban la integridad de las tierras de los núcleos campesinos al mantenerlos teóricamente a salvo de eventuales abusos de propios y extraños (^{Delgado Moya, 1993: 813}). Sin embargo, en rigor, no era eso lo que determinaba el talante social de estas formas de propiedad de la tierra.

Es preciso comentar que, desde la década de 1970, en algunos ámbitos de las ciencias sociales se popularizó la idea de que los núcleos agrarios no eran propietarios de sus tierras sino solamente sus "usufructuarios", puesto que éstas seguían perteneciendo a la nación (a la luz del concepto de propiedad originaría consagrado en la Constitución de 1917). Como esta idea era compartida por prestigiados investigadores, fue convertida en uno de los argumentos más explotados para justificar las reformas de 1992. Las críticas de las que ha sido objeto esta concepción ya se han encargado de aclarar que, aun cuando presentan reglas distintas a las de la propiedad privada en pleno dominio, los núcleos agrarios sí eran propietarios de la tierra en condiciones diferentes, o sea, de propiedad social (^{Azuela, 2009: 103}; ^{Pérez Castañeda, 2002: 54-55}).

1.2. El derecho de propiedad social a nivel individual (1917-1992)

A nuestro juicio, más que las notas jurídicas presentadas a nivel de núcleo agrario, la orientación social tanto de la propiedad ejidal como de la comunal obedecía básicamente a los dispositivos que regulaban los derechos agrarios individuales. Éstos imponían a sus titulares una serie de obligaciones y taxativas de corte proteccionista y solidario que, sin duda, propendía a la consecución de objetivos sociales, con la observación de que, a nivel individual, los ejidatarios y los comuneros también se regulaban por el mismo sistema de derechos y obligaciones.

En el sistema de propiedad vigente durante la era de la reforma agraria, tanto ejidatarios como comuneros eran titulares de un solo derecho, que integraba el derecho a la parcela y el derecho a las tierras de uso común (LFRA), 1971, artículos 66, 67 y 69). Por la misma razón, ambos se acreditaban con un solo documento: el certificado de derechos agrarios.

Entre los aspectos que imprimían a los derechos agrarios individuales un efectivo matiz social, sobresalían los siguientes:

Estos cuatro aspectos principales dotaban a la propiedad ejidal y a la comunal de un efectivo contenido social, toda vez que se orientaban tanto a la protección de la familia campesina y del núcleo agrario, como a la satisfacción del interés de la población en general , ésta última en términos de producción de alimentos para el abasto del mercado interno.

Respecto al carácter patrimonial de los derechos, cabe recordar que hasta 1992 la única vía legalmente válida para su transmisión era la hereditaria; por lo tanto, se impusieron drásticas limitaciones a la libertad testamentaria con la finalidad de convertir los derechos agrarios individuales en patrimonio familiar, lo que obligaba a sus titulares a designar un sucesor dentro de los miembros de su núcleo y de acuerdo con un orden de preferencia preestablecido, candado que reducía aún más el marco de movilidad de la propiedad (^{Hinojos Villalobos, 2000: 117}).

Para reforzar este carácter, quien recibía la parcela por sucesión tenía la obligación legal de sostener a la viuda del ejidatario fallecido, lo mismo que a los hijos afectados por alguna discapacidad permanente (física o mental) y a los menores de edad (hasta que alcanzaran la mayoría de edad). Ese deber, representaba uno de los mecanismos de mayor tendencia social establecidos en el sistema constitucional agrario.

En el mismo sentido, el titular de los derechos agrarios individuales estaba impedido para vender, ceder o donar su parcela; tampoco podía darla en arrendamiento, mediería, aparcería o asociación en participación, ni ofrecerla en garantía o aportarla al capital de alguna sociedad civil o mercantil (LFRA, 1971, artículos 75 y 76). De hecho, la sucesión hereditaria era el único medio posible para la transmisión de la tierra, que encima de todo estaba sujeta a prohibiciones específicas que restringían las facultades de disposición de dichos derechos y hermetizaban el sistema de propiedad al no permitir que agentes externos ampliaran la membresía de los núcleos agrarios (LFRA, 1971, artículo 81).

En cuanto al segundo aspecto, esto es, a la obligación de los propietarios en general (sociales y privados) de mantener la tierra en explotación, conocida en la doctrina jurídica como función social de la propiedad (^{Azuela, 1982}), hay que comenzar diciendo que configuraba un deber de larga tradición en nuestro país, cuyos antecedentes datan del periodo prehispánico, pasan por la Colonia y se retoman durante la reforma agraria.

Tal obligación respondía a un simple principio de reciprocidad a cargo de aquellos a los que la nación —a través del Estado— concedía la prerrogativa de gozar y usar bienes agrarios específicamente determinados a título de propietarios —privados o sociales—, quienes adquirían en contrapartida el compromiso de explotar dichos bienes de manera permanente, con la finalidad de generar los productos agropecuarios que la nación requiriese para el abasto de su población y el impulso de su economía.

En consecuencia, antes de 1992, los miembros de las comunidades agrarias y de los ejidos tenían prohibido dejar de trabajar la tierra por más de dos años consecutivos, al grado de que el infractor podía ser sancionado con la suspensión temporal o la privación definitiva de sus derechos agrarios individuales (LFRA, 1971, artículos 85, fracción I, y 87). Este deber que implicaba una conducta activa también obligaba a los propietarios particulares, quienes corrían el riesgo de ver afectados sus predios para fines de reparto en caso de que incurrieran en inexplotación, sin perjuicio de que también se les aplicaran las disposiciones relativas a las tierras ociosas contenidas en la Ley de Fomento Agropecuario publicada en 1981 (^{Ruiz Massieu, 1988: 67}).

Dentro de sus efectos colaterales, este principio de reciprocidad desalentaba el acaparamiento de la propiedad y la especulación inmobiliaria, puesto que, ante el riesgo de que les quitaran las tierras por no trabajarlas, quienes las pretendían para darles un uso especulativo o utilizarlas como activo de portafolio, optaban por no invertir en ese rubro y enfocar sus capitales hacia otros objetivos (^{Rincón Serrano, 1980: 189}).

Lo anterior conduce al tercer aspecto que remarcaba el rasgo social del que se habla, ya que la obligación de trabajar la tierra era más rigorista cuando se trataba de la propiedad ejidal y de la comunal, pues en ésta, a diferencia de lo que ocurría en la propiedad privada, era imperativo que el titular de la parcela la trabajara personalmente (LFRA, 1971, artículos 76, 77 y 85, fracción I). Es decir, no sólo se exigía que las tierras individualizadas estuvieran permanentemente explotadas, sino además que esto se hiciera directamente por el titular de los derechos agrarios, exceptuando los casos de las mujeres con familia a su cargo, el de los menores de 16 años y el de los incapacitados (LFRA, 1971, artículo 76).

La obligación de cultivar personalmente las parcelas y la prohibición de contratar trabajo asalariado tenían por objetivo arraigar a los campesinos a la tierra. Si por un lado ello operaba como un freno a la emigración, por el otro reforzaba el papel de la parcela como unidad económica familiar de producción y consumo, ya que la única fuerza de trabajo en la que el ejidatario y el comunero podían apoyarse era la de su cónyuge y la de sus descendientes. Esto, según Zaragoza y Macías, tenía la finalidad de que "el sujeto de derecho sea el productor y no simplemente la persona" (^{Zaragoza y Macías, 1980: 176}).

Finalmente, el cuarto aspecto que habla del perfil social de los derechos agrarios individuales es su inacumulabilidad, cualidad jurídica que impedía a los terrenos ser objeto de acaparamiento por parte de una sola persona; probablemente como un mecanismo para evitar la concentración de tierras y asegurar la distribución de la riqueza. Los ejidatarios o comuneros que infringían esta disposición y concentraban parcelas podían ser privados de sus derechos por las asambleas de los núcleos agrarios.

En tales circunstancias, más allá de los rasgos jurídicos de imprescriptibilidad, inalienabilidad, intransmisibilidad, inembargabilidad e indivisibilidad, cuyo propósito ulterior era puramente tutelar, esto es, proteger la integridad de las tierras de los ejidos y comunidades, se observa que son los dispositivos vinculados a los derechos individuales los que realmente teñían a este tipo de propiedad de un tono social más intenso, incluso más que el derivado del hecho clasista de que se trataba de bienes pertenecientes a grupos sociales vulnerables protegidos por la Constitución.

De cualquier modo, la inmovilidad absoluta que afectaba a la propiedad ejidal y a la comunal resultaba poco realista, ya que se trataba de una vinculación jurídica cristalizada a perpetuidad, no solamente entre las tierras y los bienes de los núcleos agrarios sino también entre éstas y el patrimonio de sus integrantes, obstaculizando cualquier aprovechamiento que no fuera el llevado a cabo directamente por sus titulares y sus familias.

No obstante, se debe aclarar que lo que establecía la norma era muy distinto de lo que acontecía en la realidad. En los hechos sucedía que a menudo la aplicación de la ley se convertía en letra muerta, de modo que su cumplimiento no era precisamente un paradigma a seguir. En muchas regiones, si no es que en todo el territorio nacional, por una u otra razón la renta ilegal de las parcelas bajo diferentes modalidades (aparcería, arrendamiento, mediería, usufructo) se había convertido en práctica común, abierta o simulada, tolerada por las autoridades del ramo y más aún por las asambleas de los propios núcleos agrarios. Esta situación representó uno de los principales argumentos blandidos en 1992 para impulsar las reformas al marco jurídico (^{Mackinlay, 1994}).

Empero, el hecho de que una disposición jurídica como la de la amortización no se ajuste del todo a las prácticas sociales, no la hace intrínsecamente incorrecta. La amortización de la tierra no es necesariamente negativa en todos los casos y situaciones. Ello depende de las condiciones históricas que le aportan contexto y de la orientación de las políticas públicas de apoyo al desarrollo del campo, así como del tipo de amortización que se promueve, la cual puede ser total o parcial y perseguir distintos fines, entre muchas otras cosas. ¹

Es cierto que una amortización como la que prevaleció durante la era de la reforma agraria en México tiende a proteger la propiedad de las tierras de las familias campesinas de escasos recursos ante la voracidad de los mercados; pero también es cierto que un régimen jurídico demasiado tutelar y paternalista, por lo general da pie a actitudes que no incentivan la eficiencia y la productividad, a menos que se implementen políticas públicas que contrarresten esos fenómenos.

En las condiciones actuales de capitalismo agudamente competitivo y abierto, no es fácil defender una propuesta amortizadora a ultranza, que —como se dijo— a todas luces era excesiva. Lo más ilustrativo de dicho exceso, además de la prohibición de contratar fuerza de trabajo asalariada (que por irreal nadie tomaba en cuenta), era el impedimento de arrendar la tierra, situación que ante la imposibilidad de los campesinos de trabajarla en forma directa debido a la carencia de medios pertinentes para su explotación, realmente desalentaba la canalización de inversiones y la generación de empleos en el campo.

A pesar de ello, es necesario advertir que una desamortización dejada al vaivén de las fuerzas del mercado y sin una adecuada conducción estatal puede desembocar en procesos agrarios atropellados y anárquicos, que no sólo ahonden el desorden territorial y los estragos ambientales, sino que además se traduzcan, por una parte, en una desposesión masiva de familias carentes de ingresos y de oportunidades dignas de trabajo en otros sectores de la economía, y, por la otra, en procesos de concentración de tierras que preludien el retorno a una nueva etapa de florecimiento de los latifundios.

2.1. La nueva propiedad ejidal (1992-actualidad)

Las reformas de 1992 a la legislación agraria causaron la metamorfosis del ejido mexicano. A partir de ese momento, éste perdió rasgos jurídicos característicos y dejó de constituir una de las modalidades de la propiedad social. Con su apariencia actual, el ejido conserva las mismas características de forma, pero no de contenido, las cuales lo sustraen del influjo orbital inherente a los modelos de propiedad de textura social (^{Pérez Castañeda, 2002}).

Para desentrañar objetivamente la naturaleza de este nuevo modelo es forzoso que, al igual que en el análisis de la otrora propiedad social, nos introduzcamos a su estudio analizando por separado lo que ocurrió a nivel de núcleo agrario y lo que ocurrió a nivel individual; cuenta habida de los trascendentales cambios registrados en cada uno de esos planos.

2.1.1. La propiedad ejidal a nivel de núcleo agrario (1992-actualidad)

El ejido mexicano de hoy en día constituye un régimen de propiedad cuyos rasgos lo hacen diferir radicalmente de su anterior modelo. Es probable que en apariencia se mantengan algunas semejanzas de forma que pudieran provocar confusión hasta en el observador más acucioso, pero en lo particular asume características distintas, lo que parece acreditar verazmente su existencia bajo una nueva modalidad, por mucho distante de su antecesora.

Bajo esta nueva modalidad, los ejidatarios están actualmente en la más completa libertad de hacer con sus tierras lo que mejor les plazca, desde venderlas todo o en parte, rentarlas, ofrecerlas en garantía, aportarlas al capital social de las sociedades civiles o mercantiles; en fin, todo lo que puede hacer un propietario privado con los bienes inmuebles de su pertenencia, con la aclaración de que para ciertos actos jurídicos los ejidos tienen que cumplir con algunos requisitos o trámites de forma que en nada obstruyen o limitan el libre y efectivo ejercicio de su derecho de dominio.

La asamblea general de ejidatarios está facultada por la ley para disponer de las tierras del núcleo agrario de manera tan amplia como los propietarios privados en pleno dominio, con la única salvedad de que las tierras de los ejidos son imprescriptibles y que la embargabilidad sólo se pude fincar sobre el usufructo, protección legal de la que no gozan aquéllos y que antes que mermar fortalece el dominio que ejercen los ejidos sobre las mismas (LA 1992, arts. 24, 46, 74, 75).

En el siguiente cuadro comparativo se muestran las principales diferencias que existen a nivel de núcleo agrario entre el anterior y el actual ejido mexicano, contrastando este último con las características que en nuestro país reviste la propiedad privada en pleno dominio:

Como se observa en el cuadro, de todas las características que revestía la propiedad ejidal hasta 1992, en la actualidad sólo conserva la de imprescriptibilidad; ahora se trata de una propiedad alienable, transmisible, embargable, divisible y convertible. Empero, si por un lado, la imprescriptibilidad es lo único que la asemeja a la propiedad social, por el otro, es lo que la diferencia de la propiedad privada en dominio pleno, convirtiéndola en una propiedad privada en dominio moderado.

De este modo, aunque en apariencia se conservó la antigua fisonomía, la estructura del derecho de propiedad de los ejidos en tanto núcleos agrarios y personas morales experimentó una mutación sustancial. Dentro de las nuevas características jurídicas, la más trascendental de todas fue, sin duda, el derecho con que ahora cuentan los ejidos de disponer libremente el destino de sus tierras; es decir, de ejercer su dominio, facultad de la que antes carecían las asambleas ejidales y que automáticamente las convierte en titulares de una propiedad privada.

Dicho dominio se refleja en la facultad de los ejidos de transmitir el uso y usufructo de las tierras (LA, art. 45), de aportarlas al capital social (LA, art. 75), de ofrecerlas en garantía (LA, art. 46) de convertirlas al dominio pleno (LA, art. 23, frac. IX), de acordar la terminación del régimen ejidal (LA, art. 23, frac. XII), etcétera, todo lo cual habla de un modelo de propiedad más cercano a la propiedad privada que a la social.

Es de señalarse que si bien la imprescriptibilidad y la embargabilidad temporal del usufructo confieren a los ejidos un régimen protector especial sobre sus tierras, se trata de rasgos que no bastan para que se mantengan en el ámbito de la propiedad social. En el primer caso, la inoperancia de la prescripción no constituye una limitante que afecte las posibilidades de enajenación de los terrenos (compraventa, donación, dación); sino un impedimento para que terceros los adquieran por vía de la posesión, mecanismo que tutela pero no acota el ejercicio del derecho de propiedad. En el segundo, la imposibilidad de embargar la propiedad quizá configure una eventual restricción al no poder ofrecer en garantía el dominio de las tierras ejidales (LA 1992, art. 46); no obstante, más que un atributo que la convierta en propiedad social, representa una característica que transforma el dominio de las asambleas ejidales en dominio moderado.

El cuadro comparativo que se comenta muestra que los cambios de 1992 al artículo 27 constitucional repercutieron de manera determinante en el derecho de propiedad de los núcleos agrarios, con lo que se ubicó como un género próximo al de los propietarios privados en pleno dominio. Los separa apenas una leve limitación que si bien no permite encasillarlo dentro de dicho régimen, tampoco es suficiente para seguir catalogándolo de propiedad social, conclusión que se refuerza al analizar las normas que regulan los derechos agrarios individuales.

Se debe advertir que la transformación de los modelos de propiedad ejidal y comunal también trajo cambios relacionados con la reformulación de aspectos conceptuales, entre los que resalta la evolución del concepto de "núcleo agrario", cuya mutación sustancial arroja mayor luz sobre la orientación de su actual naturaleza jurídica.

En efecto, en el marco de la legislación de tierras anterior a 1992, el concepto de núcleo agrario era incluyente en el sentido de que su halo protector no solamente amparaba al grupo de individuos titulares de los derechos ejidales sino a la totalidad de los habitantes de los poblados; compuestos a la sazón por ejidatarios y avecindados (con sus respectivas familias). Esa circunstancia hacía que las deliberaciones de las asambleas ejidales tomasen indirectamente en cuenta el beneficio de la comunidad en su conjunto. De hecho, las locuciones núcleo agrario y núcleo de población eran utilizadas en diversos ámbitos como sinónimos.

Después de 1992 las cosas cambiaron. El concepto registró una profunda variación de contenido que le desproveyó de su revestimiento social y lo equiparó con el derecho compartido que se cristaliza en las relaciones jurídicas de la copropiedad privada (regulada por el derecho civil), cuyos titulares tienen en todo momento la potestad de decidir su disolución o de mantenerse proindiviso sin más trámite que cumplir con el procedimiento establecido en la ley. De ahí se colige que si previamente la propiedad social era perpetua, en la actualidad la propiedad mancomunada es transitoria.

Desde entonces, por núcleo agrario se debe entender exclusivamente como aquel grupo de individuos titulares de derechos ejidales, aptos para tomar las decisiones inherentes a su derecho de propiedad sin estar legalmente obligados a considerar lo que convenga a sus familias ni al resto de los moradores de los poblados. Se trata, en rigor, de grupos excluyentes en la medida en que están compuestos por sujetos que son guiados por el interés particular o personal y a quienes no se les impone ninguna taxativa que los fuerce a velar por el bienestar de sus familias ni el de sus comunidades. De ahí que los citados conceptos hayan dejado de ser sinónimos.

2.1.2. Los derechos ejidales a nivel individual (1992 actualidad)

Si bien en el aspecto externo el ejido mexicano conserva en apariencia su antigua forma jurídica, en su interior la situación varió no sólo en lo relativo a los derechos a nivel de núcleo ejidal, sino también en lo que concierne a los derechos agrarios individuales, los cuales resintieron igualmente una modificación sustancial que acabó por redondear su nuevo perfil.

En general, el ejido sigue siendo el propietario de las tierras que le fueron concedidas en dotación, de modo que aun cuando las parcelas y terrenos de uso común que lo integran cambien internamente de manos, la nuda propiedad² continúa perteneciendo al núcleo agrario. Sin embargo, el derecho agrario individual, que antes constituía una sola unidad jurídica integrada por el derecho a la parcela (unidad de dotación) y el derecho proporcional sobre los terrenos de uso común, se bifurcó y dio origen a dos derechos distintos, independientes el uno del otro, cada uno de los cuales se acredita con su respectivo certificado. Debido a que se han fragmentado los derechos individuales de los ejidatarios en parcelarios y mancomunados (o de uso común), ambos se abordan a continuación por separado para facilitar su análisis:

a) Derechos parcelarios

La parcela ejidal se convirtió en un bien inmueble amparado por un derecho en sí mismo y que puede circular libremente en el mercado en virtud de cualquier acto traslativo del dominio, del uso o del aprovechamiento. El derecho parcelario es ahora jurídicamente alienable, prescriptible, transmisible y embargable, con la única diferencia de que continúa siendo indivisible.

El ejidatario está facultado por la ley para decidir unilateralmente la transmisión de la titularidad de sus derechos sobre la parcela, lo que significa que puede enajenarlos onerosa o gratuitamente (compraventa, cesión, donación, dación en pago, etcétera) sin tener que pedir permiso o aprobación de nadie; además es susceptible de perderlos por prescripción³ a manos de terceros (LA 1992, artículo 48), lo que no ocurre a nivel de núcleo agrario.

En cuanto a quien adquiere los derechos parcelarios por enajenación, en caso de que no sea ejidatario, la ley exige que previamente sea reconocido como avecindado por la asamblea ejidal, lo cual no representa mayor dificultad y, en su defecto, en caso de la negativa de ésta, su determinación puede revertirse ante los tribunales agrarios (LA 1992, artículos 13 y 80).

En materia de sucesiones, el titular del derecho parcelario tiene ahora la facultad de designar como su heredero a quien mejor le parezca, con entera libertad, forme o no parte de su parentela, con lo cual la parcela pierde el carácter de patrimonio familiar (LA 1992, artículo 17). Consecuentemente, ello desligó a su titular de la obligación de sostener a quienes dependían económicamente del ejidatario que le había heredado el derecho, carga que configuraba uno de los rasgos de más evidente tendencia social.

En lo que concierne a la familia, la relación jurídica se basa ahora en el principio de autoridad, ya que el ejidatario tiene la posibilidad de hacerla a un lado si así lo desea, resarciéndola de su desvinculación del derecho parcelario con supuestas medidas compensatorias de trascendencia casi insustancial, como el caso del derecho del tanto (LA 1992, artículo 80).⁴ Ello imprimió a este modelo de propiedad el tratamiento propio de los sistemas jurídicos liberales, en los que la familia es situada en un plano de igualdad frente a cualquier otro individuo.

Por lo que corresponde al aspecto contractual, actualmente el ejidatario puede transmitir la parcela con entera libertad a través de cualquier contrato traslativo del uso y del aprovechamiento; es decir, darla en arrendamiento, aparcería, usufructo o asociación en participación; ofrecerla en garantía o fideicomiso; aportarla al capital de las sociedades civiles o mercantiles, en fin (LA 1992, artículo 45 y 79).

Asimismo, ya no es forzoso que el ejidatario mantenga la parcela en explotación permanente, y menos aún que sea él quien la trabaje directamente, lo que facilita el desarraigo de los titulares de los derechos y abre la puerta a la emigración temporal e incluso definitiva. También da lugar a la posibilidad de mantener la tierra en estado de ociosidad, lo que se vincula con la lógica de mercado de dejar de trabajar las superficies cuando su explotación no resulte costeable.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión también se verificaron cambios que equiparan a la propiedad parcelaria ejidal con la llamada pequeña propiedad privada, puesto que antes de 1992 el tamaño señalado para la parcela ejidal era de 10 hectáreas de riego o su equivalente en otra clase de tierras (LFRA, 1971, artículo 220), mientras que para la propiedad privada este límite ascendía a 100 hectáreas de riego o sus equivalentes (LFRA, 1971, artículo 249). En la actualidad, de acuerdo con la Ley Agraria, un ejidatario puede ser titular de hasta el 5 por ciento de la superficie del núcleo agrario al que pertenezca o, en su defecto, de una superficie que no rebase los topes establecidos para la pequeña propiedad agrícola o ganadera, según se trate (artículo 47), lo que lo iguala al nivel que la invocada ley concede a la propiedad privada en pleno dominio.

Lo anterior legaliza actos o conductas que antes de 1992 estaban prohibidos y sancionados drásticamente, por ejemplo, la acumulación de parcelas al interior de los núcleos agrarios. Quien incurría en el acaparamiento de unidades de dotación se hacía acreedor a la privación de sus derechos ejidales por parte de la asamblea, de suerte que los procesos de concentración de la tierra quedaban obstruidos. Esta situación cambió por completo, pues en la actualidad es posible adquirir cualquier número de parcelas ejidales, siempre y cuando no se rebasen los límites señalados.

b) Derechos sobre los terrenos de uso común

El derecho individual de los ejidatarios sobre los terrenos de uso común se convirtió también en un bien en sí mismo que puede circular lícitamente en el mercado mediante cualquier acto traslativo del dominio y bajo reglas muy parecidas a las que regulan a la copropiedad privada; es decir, con las especificidades consustanciales a la naturaleza mancomunada que le da el constituir un bien a parte alícuota y proindiviso.

Se trata de un derecho proporcional e indivisible que no es susceptible de prescripción ni de actos traslativos del uso y del aprovechamiento por parte de los ejidatarios en lo individual, no porque éstos no quisieran sino porque el carácter jurídico indivisible de las tierras no se los permite. En consecuencia, pueden transmitir la titularidad del derecho respectivo, pero no la posesión material de los terrenos de que se trate (LA 1992, artículo 60).

Por ser un bien de propiedad grupal, el único ente autorizado por la ley para transmitir las superficies de uso común es el ejido, a través de su asamblea general. Estas tierras pueden ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento hasta por 30 años prorrogables o de aportación al capital social de sociedades mercantiles por acciones (LA 1992, artículos 45 y 75), aunque la última opción lleva implícita la privatización indirecta.

Este derecho grupal, pero exclusivo de los ejidatarios en lo individual, sobre los terrenos en mancomún también fue desvinculado del patrimonio familiar; de manera que puede ser transmitido por la vía hereditaria a quien su titular desee con entera libertad de decisión, con lo que se impone imperativamente, también en el aspecto testamentario, la soberanía de su voluntad.

Al igual que las parcelas ejidales, los derechos de uso común son en la actualidad susceptibles de acumulación, sin que la Ley Agraria prevea un tope porcentual máximo para su concentración, lo que los acerca jurídicamente a la copropiedad privada en pleno dominio y deja con rasgos de incertidumbre la regulación clara de estos derechos (Pérez Castañeda, 2001).

Como se puede apreciar, tanto el derecho parcelario como el derecho individual de los ejidatarios sobre los terrenos de uso común, cada uno por su lado, revisten en la actualidad la mayoría de los atributos jurídicos clásicos que desde la Roma antigua han caracterizado a la propiedad privada. Hoy, la nueva propiedad ejidal puede circular en el comercio sin muchos impedimentos ni formalidades, como lo hace la propiedad privada en pleno dominio, cuya movilidad mercantil es literalmente irrestricta.

Se trata de dos derechos independientes que se encuentran disociados de la categoría jurídica de ejidatario, por lo que cada uno puede circular en el mercado inmobiliario por su cuenta y ser transmitido de forma temporal o definitiva a quien goce o no de esa calidad jurídica y sin la necesidad de que las tierras involucradas salgan del régimen ejidal. Ambos derechos fueron convertidos virtualmente en mercancías e incorporados al comercio sin muchas restricciones, por lo que pueden ser lícitamente objeto de cualquier contrato de orden civil o mercantil traslativo del dominio, del uso o del aprovechamiento.

Ahora bien, mediante un escudriñamiento de mayor profundidad es posible detectar, además, que los derechos ejidales de propiedad individual han sido jurídicamente manumitidos de cualquier tipo de imposición tendiente a restringir el derecho de plena disposición de sus dueños, incluso de la obligación de trabajar la tierra. Ello se traduce prácticamente en la consagración del libre albedrío de los propietarios como el principal bien jurídico a tutelar actualmente por el derecho agrario ejidal.

En la actualidad, el principio de la autonomía de la voluntad es lo que rige en esta materia, mismo que utiliza a las libertades contractual, testamentaria y del usufructo como ejes motrices del nuevo modelo del ejido mexicano. Sobre esa base puede decirse que no existe elemento alguno que permita aplicar con justa razón a la propiedad ejidal, parcelaria y mancomunada, el epíteto de social, como puede corroborarse en el cuadro que enseguida se muestra:

El cuadro anterior muestra con claridad que los actuales derechos parcelario y mancomunado no tienen nada que ver con los derechos agrarios individuales que imperaban antes de 1992, pues, como se puede apreciar, lo único que ambos derechos conservan de su viejo modelo es la indivisibilidad, tanto de las parcelas como del derecho proporcional al uso común. De ahí en fuera, todas sus características son típicas de la propiedad privada: son alienables, prescriptibles, transmisibles, embargables y acumulables. Incluso, en el caso de la propiedad parcelaria se iguala la superficie impuesta por la ley a la propiedad privada como tope a su superficie máxima por individuo (antes 10 y ahora 100 hectáreas).

Sin duda, el espíritu liberal que incubó e impulsó las reformas al artículo 27 en 1992 determinó una transformación radical de la propiedad ejidal y demolió los principales soportes que la identificaban con la propiedad social al convertirla en un modelo de tenencia de la tierra con las especificidades típicas de la propiedad privada, aunque con singulares matices. En cuanto a la magnitud del impacto de las modificaciones, se trata de la privatización virtual de un total de 27,410 ejidos existentes en 1992, mismos que ocupaban una superficie de poco más de 85 millones de hectáreas, equivalentes a alrededor del 43 por ciento del territorio nacional (^{Escárcega y Botey, 1990: 17}).

Ahora bien, si por social se entiende el hecho de que: a) la propiedad ejidal pertenezca a grupos de campesinos de bajos ingresos; b) que ésta sea regulada por algunos dispositivos jurídicos de tendencia protectora (como la imprescriptibilidad e inembargabilidad del dominio de los terrenos de uso común), o c) que el núcleo agrario cuente con personalidad jurídica propia (^{Téllez, 1993: 24}), entonces probablemente estaríamos ante una propiedad de esa clase. Sin embargo, se trataría de una tesis muy endeble, ya que, por un lado, existe otro tipo de propiedades de carácter imprescriptible e inalienable que no obstante no son catalogadas de sociales (como los bienes privados de la federación, de los estados y de los municipios); por el otro, existen personas morales que gozan de personalidad jurídica y son propietarias de tierras, mas no por eso son consideradas de naturaleza social (como las mismas sociedades agrarias mercantiles y civiles).

Se debe reconocer sin ambages que estamos ante la presencia de un nuevo modelo de propiedad cuyos titulares pueden decidir a discreción el destino y uso de sus bienes de acuerdo con su exclusivo interés personal, sin necesidad de tomar en cuenta el parecer de nadie (ni del poblado, ni de la asamblea, ni del comisariado, ni de su familia) y sin la obligación de actuar con atención en el interés del núcleo poblacional al que pertenece o al de sus familias, mucho menos al de la sociedad en su conjunto. De este modo, no se percibe cómo o a cuenta de qué pudiera ubicarse válidamente a la propiedad ejidal en el rango de la propiedad social sin incurrir en desatino.

Así pues, la propiedad mancomunada y la parcelaria ejidal presentan muchas más afinidades que diferencias respecto a la propiedad privada en pleno dominio. Las últimas apenas se reducen a un par de rasgos que matizan superficialmente su régimen de tenencia, como son: una alienabilidad relativamente restringida (los derechos parcelarios sólo se pueden transferir a otros ejidatarios o avecindados) y una embargabilidad especial (sólo temporal y limitada al usufructo); aunque en el caso de la parcela hay que añadir su indivisibilidad material.

Lo anterior conduce a una sola conclusión: la propiedad parcelaria ejidal, al igual que la mancomunada, configuran una nueva modalidad de la propiedad privada. Estas se distinguen por la existencia de un dominio comparativamente moderado con respecto del derecho de disposición casi ilimitado que caracteriza al modelo de propiedad privada en pleno dominio. No obstante, si bien constituyen un régimen jurídico —digamos— "un poco menos liberal", de ninguna manera se modifica su naturaleza privada de fondo.

Como tal, se trata de una forma de tenencia de la tierra que responde a principios filosófico-jurídicos de índole liberal individualista; lo que significa que en su decálogo de fines y valores, el bien jurídico tutelado es, única y exclusivamente, el interés personal del titular del derecho agrario (o dueño de la tierra). Como dirían los juristas, es el respeto a ultranza del querer autárquico de los actuales propietarios ejidales lo que señala los límites de su derecho de disposición y lo que dicta el sentido de sus decisiones.

2.2.1 La propiedad comunal al nivel de núcleo agrario (1992-actualidad)

Con las reformas de 1992, el derecho de propiedad de las comunidades agrarias sobre sus tierras resintió cambios muy parecidos a los que sufrieron los ejidos, de suerte que también lo sustrajeron de la órbita de la propiedad social, pero sin insertarla de lleno en el de la propiedad privada en general. Hoy las comunidades gozan de un derecho de propiedad alienable por excepción, imprescriptible, embargable, transmisible, divisible y convertible, características que a nivel de núcleo agrario lo acercan a la propiedad privada. Empero, los derechos agrarios individuales se encuentran sujetos a una regulación que impide que se convierta en tal, y la revisten de cierto matiz social, aunque no suficiente como para que adquiera ese calificativo.

Ciertamente, la única diferencia a nivel poblado entre los ejidos y las comunidades es que los primeros pueden decidir la enajenación y la privatización de sus bienes en forma directa, lo que significa que la alienabilidad de sus tierras es prácticamente irrestricta, mientras que las tierras de las comunidades sólo pueden enajenarse y privatizarse por la vía directa a través de su aportación al capital social de las sociedades civiles o mercantiles (LA 1992, artículo 100), lo que habla de una alienabilidad condicionada o por excepción, pues, en caso de que se quisieran transmitir por otra vía (compraventa, donación) o privatizarlas, deben primero convertirse en propiedad ejidal.

Lo mismo que en los núcleos agrarios ejidales, las tierras de uso común de las comunidades son imprescriptibles y su embargabilidad sólo afecta al usufructo (LA 1992, artículo 99, fracción ii), notas jurídicas que, como se expresó, tutelan la propiedad pero no limitan el alcance del derecho de disposición. Si a ello se aúna la posibilidad de la transmisión del dominio de las tierras por medio de su aportación a las sociedades, es claro que, como aquéllos, tampoco constituyen una propiedad de orden social.

Las cualidades jurídicas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e indivisibilidad confieren a la propiedad comunal una cobertura especial en términos de la protección que la ley brinda a sus tierras al hacerla sujeto pasivo de un régimen jurídico tutelar; sin embargo, esto no parece de ninguna manera suficiente para que una modalidad de tenencia se granjee merecidamente el calificativo de social, sobre todo si se considera que se trata de rasgos que no se traducen para los propietarios en obligaciones, sino tan sólo en conductas pasivas o abstenciones que no representan mayor compromiso ni implican esfuerzo alguno.

Las obligaciones sociales, en cambio, conllevan el cumplimiento o la ejecución de conductas activas que se materializan en un hacer de carácter imperativo para los propietarios; por lo tanto, con ellas la propiedad agraria tiende a cumplir una auténtica función social. Dicho de otro modo, no es con la omisión (no hacer) sino con la comisión (hacer) de actos dirigidos a la satisfacción del bien común y a la salvaguarda del interés de la colectividad que la propiedad de carácter social se perfecciona. Por consiguiente, a consecuencia de la abolición de las obligaciones de que fueron objeto los derechos individuales en las comunidades agrarias, éstas abandonaron también el ámbito de la propiedad social agraria.

Con todo, la actual comunidad agraria en México constituye un modelo de tenencia de la tierra que difiere del de la propiedad ejidal. La cuestión consiste ahora en determinar si ésta se mantuvo dentro de las coordenadas que enmarcan el género de la propiedad social o si, al igual que la ejidal, devino una modalidad de la propiedad privada; o bien, si, en su defecto, configura una forma de propiedad en sí misma, toda vez que su regulación interna tampoco corresponde a la que presentaba antes de 1992.

Para dar respuesta a la cuestión planteada se debe advertir que —al igual que los ejidatarios— los comuneros fueron eximidos de la obligación de trabajar la tierra de manera personal e ininterrumpida; de la sucesión forzosa de la parcela a un miembro de su familia; y, de la residencia permanente en el núcleo agrario, aspectos cuya impronta social —como se dijo— eran de igual o mayor trascendencia que las cualidades intrínsecas de la propiedad. La descarga de tales imposiciones exentó a los comuneros de los principales deberes solidarios que tenían hacia sus familias, el núcleo de población y la sociedad en su conjunto.

No obstante, ello no significa que —como en el caso de los ejidos— las comunidades agrarias se hayan convertido también en una nueva forma de propiedad privada. Si bien éstas fueron liberadas de imposiciones de orden social, no fueron objeto de una emancipación tan amplia como aquéllos, por lo que salieron de un régimen jurídico pero no entraron a otro.

Aunque en torno a las comunidades agrarias también gravita el principio jurídico de la autonomía de la voluntad y las libertades testamentaria y contractual, que imprimen a su régimen de propiedad un sesgo de influencia individualista, la situación se equilibra con la presencia de ciertos mecanismos de corte social, como la regulación e integración de los derechos agrarios individuales, la imposibilidad de transmitirlos a otros comuneros y la vinculación de éstos a la calidad jurídica de comunero, entre otros. Con ello, el modelo de propiedad comunal no bascula para ninguno de los dos lados (^{Pérez Castañeda, 1998a: 40}).

Al no ser pertinente ubicar a la propiedad comunal en la esfera de la propiedad social ni en la de la privada (mucho menos en la de la pública), se debe colegir que necesariamente se trata de una forma de propiedad per se. No sólo porque presenta una caracterología distinta a la de aquéllas, sino porque, además, responde a su propia mismidad con especificidades que le son exclusivas y características jurídicas que a veces comparte con la propiedad privada y en otras con la propiedad social; por tanto, es susceptible de calificarse como semisocial o semiprivada, sin que ambas definiciones sean incompatibles.

Ahora bien, es preciso aclarar que el caso de las comunidades agrarias de composición indígena constituye un asunto especial, porque si con las comunidades en general el Estado mexicano no ha sabido qué hacer, con las indígenas menos. Esto obedece a que a su carga histórica se añade una amplia regulación normativa basada en el derecho nacional y en el internacional; además de que socialmente persiste la exigencia del reconocimiento de la autonomía de los pueblos, tema que durante las últimas dos décadas se ha mantenido en el ojo del huracán.

Además de regirse por las normas jurídicas de las comunidades en general, la Ley Agraria (artículo 106) remite las "tierras que correspondan a los grupos indígenas" a la protección que les otorguen las leyes reglamentarias del artículo 4 y del segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución Política, a lo que debe añadirse el contenido de la reforma publicada el 14 de agosto de 2001, mediante la que se adicionan y modifican los artículos 1, 2, 4, 18 y artículo 115 del referido ordenamiento.

Por otro lado, las comunidades indígenas pueden acogerse a diversos ordenamientos de nivel internacional, entre los que destaca el Convenio 169 de la oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito en 1989, y, más recientemente, las "Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional", aprobadas apenas en 2012 en el seno de la onu, y cuyo contenido no resulta del todo compatible con las disposiciones del derecho positivo agrario vigente, en especial lo referente al territorio (^{López Bárcenas, 2009: 108 y ss.}).

Paradójicamente, o sea, pese a ese vasto cúmulo preceptivo, no se alcanza a visualizar con claridad el tratamiento específico que debiera aplicarse a las comunidades de composición indígena para el ordenamiento y la regularización de sus tierras y bienes agrarios. Así que, se trate o no de un régimen de tenencia de la tierra —pudiera decirse— no acabado, éstas revisten, por lo pronto, los rasgos jurídicos de las comunidades agrarias en general.