Introducción

La ocupación del Centro Histórico y su Zócalo en la Ciudad de México se ha venido dando como un proceso de multiterritorialidad en el que este sitio ha dejado de ser un ícono puramente simbólico, en el sentido nacionalista o mítico, y se ha convertido en un sitio de encuentro de la diversidad social, donde las movilidades, las necesidades y las ideologías, etcétera, territorializan el espacio y obedecen no a un sentido de pertenencia pre-dado por un saber topofílico del lugar conocido, sino del lugar por conocer, por experimentar, por vivir, en términos experienciales y relacionales.

Es importante pensar, entonces, en qué medida esta territorialidad converge con el discurso oficial que dirige, legisla y reglamenta este espacio. Algunos de los principales fenómenos que vuelven coyuntural el periodo de estudio en el que se dio esta ocupación son: (1) la entrada del nuevo milenio y con ello el ya conocido proceso de globalización o mundialización imperante, el sustento de pensamientos que consideran que la ciudad y en particular su centro es un nodo informacional, de flujos y redes, dentro de una megalópolis; por tanto, se plantea que la imagen de este espacio debería renovarse y someterse a la revisión de numerosos arquitectos, urbanistas, artistas y demás interesados. Por otro lado, localmente en el marco del «cambio democrático», (2) la estructura de un nuevo gobierno, que tomó en sus manos la dirección de la ciudad en 1997, promoviendo y practicando una administración distinta del primer cuadro y su manejo, haciendo de este espacio sede privilegiada de su propia política, que ha sido alabada y también fuertemente criticada (^{Valdés, 1998}).

Reflexiones conceptuales

Reflexionar sobre la ciudad moderna en la escena pública y en el mundo en general vuelve imprescindible entender su papel en el cambio global, así como conocer qué es aquello que ocurre en su interior, cómo se transforma su sentido territorial y al mismo tiempo cómo estos cambios impactan la construcción de nuevas prácticas, usos y apropiaciones sociales, políticas y culturales. En este sentido, la Ciudad de México en su estructura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), desde 1997, ha implementado una política cultural que masivamente densifica la ocupación del corazón del Centro Histórico, en la plaza de la Constitución.

El presente texto trata de dar cuenta del funcionamiento de este proceso de espacialidad que, desde la planeación, se produce y ha formado parte de un sentido modernizador del Centro Histórico. Dicha espacialidad nace en el brazo que administra (^{Rabinow, 1989}) la vida de la ciudad, haciéndose efectiva mediante las políticas de manejo y diseño de la misma. En este sentido, se pretende la aproximación a una mirada que da cuenta del proceso racional que caracteriza esta cara del espacio concebido¹ y sus representaciones en la ciudad, entendidas como el espacio delimitado por los planificadores, urbanistas, tecnócratas y tomadores de decisiones sobre la misma.

Hablar hoy del Centro Histórico y la evolución de sus espacios urbanos conlleva el reconocimiento de su construcción histórica, su materialidad, estructura y dinámica bajo la lupa de la modernización. De manera que en esta composición de la ciudad es insoslayable la reconfiguración de lo que fue, es y será bajo un ir y venir reflexivo entre el presente y una evocación y reconstrucción del pasado y su futuro. En este sentido, en la ciudad hay una «expansión física de su territorio que abre nuevos espacios para cubrir necesidades renovadas, pero de manera particular es evidente una recomposición de lo ya construido e instituido» (^{Hiernaux, 2005}).

Michel Foucault propone que, junto con la modernidad, llegan los problemas de gubernamentalidad. En este marco, surge la necesidad de repensar el rol del Estado y las formas precisas del manejo político del poder con miras a lograr el control de la población. Entre ellas, el espacio cobra vital importancia como plataforma que incide directamente en el comportamiento de los individuos, de modo que el poder debe estar «situado dentro de un territorio, y el territorio bien controlado en el plano de su obediencia al soberano, es un territorio con buena disposición espacial» (^{Foucault, 2006}). Esta racionalización del espacio se vuelve un proceso moderno que territorializa² el poder, lo que a su vez permite el control de su contenido: la población. Bajo esta mirada, la ciudad ha resultado un «laboratorio» fértil para la «modernidad social» (^{Rabinow, 1989}), es decir, se vuelve el espacio por excelencia para ejercer estos procesos de control, mediante la planificación de la misma, desde una visión racional al estilo high modernism (^{Scott, 1998}), como un componente que busca el progreso con base en propuestas científicas y técnicas puramente lineales, en las que todo se racionaliza para «delimitar y armonizar un sistema de vida».³

El sentido de modernización parece justificar las decisiones de intervención al espacio y, por ende, a la serie de aspiraciones de control por el Estado sobre una planeación determinista de la vida social. En ese sentido, la dimensión administrativa ha sido el eje operativo que sistematiza esta aspiración mediante una suerte de ingeniería social, que si bien justifica su intervención como acciones progresistas de bienestar, su finalidad planificada va de la mano convenientemente con las intenciones del sistema (^{Scott, 1998}). En relación con la visión racional del espacio en la planeación de la ciudad y sus mecanismos de control, parece tener sentido si considero que el componente utópico en su forma de leer la ciudad y a sus ciudadanos es inherente al plan, a su mapa, a su finalidad; es decir, sin esa característica no cumpliría su objeto de ser; por tanto, probablemente el problema no está en el fin en sí mismo de la planificación, sino en la intención de quien la delimita y especula el para qué.

Con la transición del tiempo, la racionalidad del espacio se convirtió en un fin en sí mismo: en una delimitación que promueve un perfil estándar de la población contenida en él, la cual transita de ser dominada y controlada a una población convencida, de manera que el espacio planificado induce un perfil que define formas de actuar, pensar, ver el mundo y entender un rol dentro de éste, sea moralmente, civilmente o religiosamente en cualquier campo. Así, en la constante repetición, este perfil construido se vuelve un fondo revolvente que a través de las costumbres, tradiciones y arraigos -que además son vistos como características necesarias para identificar un sentido de pertenencia a un grupo o sector social: mejor aún, a un territorio específico-, se vuelve la única vía del deber ser, introyectada por la misma población, heredada y reproducida.

En muchos casos, este proceso ha constituido importantes cambios y crecimientos trascendentales y en otros se ha convertido en obstáculo para la evolución o el avance. Podría preguntarme en qué medida y específicamente en qué casos, espacial y temporalmente, esta condición del espacio es una realidad de actualidad o simplemente es sólo un imaginario social que en realidad no da cuenta de una condición total de una población dada y su contexto. ^{James Scott (1998)} retoma la crítica de Jane Jacobs⁴ en relación con el urbanismo moderno de Le Corbusier,⁵ un análisis que se vuelve interesante, en tanto se polarizan las visiones de uno y otra; mientras Jacobs constituye una perspectiva etnográfica desde la calle y el barrio en un sentido microsociológico, Le Corbusier observa parsimoniosamente desde lo alto, desde el aire. Sería importante pensar que no tendrían por qué extrapolarse sus miradas en relación con un territorio; si esto sucede, es porque sus perspectivas se fundamentan en concepciones distintas. Sin embargo, se vuelven pretenciosamente únicas. La actualidad da cuenta de la multiplicidad de formas y modos de vida urbanos en la ciudad, llena de territorialidades múltiples, eventualmente superpuestas; por tanto, sus posiciones pretenden un alcance desde distintos contextos, dando a cada mirada su propio mérito y alcance; convendría pensarlas en condiciones complementarias para el estudio del espacio en la ciudad.

La disputa por la ciudad central: contexto histórico y político

Comencemos por hacer una revisión contextual concreta de la naturaleza de las relaciones entretejidas por el poder federal y el poder local de la Ciudad de México. Relaciones que han mantenido una dinámica a lo largo del tiempo de estira y afloja respecto a quién administra y controla la ciudad, es decir, quién tiene más poder.

Es imprescindible vislumbrar que las negociaciones entre dos poderes respecto al dominio de un territorio son, de acuerdo con Manuel Perló y Antonio Moya, necesariamente cambiantes, de competencia y de permanente disputa (2003).

Es bien sabido que un poder con origen soberano pretenderá ejercerlo con plenitud absoluta. De ahí la razón del inicio de los conflictos con otro poder que obtenga derechos de gobierno sobre la misma circunscripción. De igual modo, las circunstancias del conflicto entre poderes no son una condición plana, es decir, no son provocadas por las mismas situaciones, ni con las mismas intensidades. Se piensa que los matices en torno a las controversias entre poderes dependerán del momento vivido políticamente por el territorio disputado; por tanto, del caso específico y su momento coyuntural.

A decir de ^{Perló (2003)}, en la Ciudad de México la tendencia dominante a lo largo de su historia ha sido el conflicto y la competencia, más que el acuerdo y la negociación, pero una situación de interés es la observada en años recientes, en los que el predominio del poder central-federal sobre el local ha disminuido, justamente por la entrada del gobierno llamado democrático, suceso que se dio en 1997. Esta situación, por supuesto, no disminuye el conflicto existente desde siempre, pero lo reconfigura y equilibra.

El primer presupuesto causal de este relativo equilibrio de controversias y enfrentamientos puede ser que la posición política de cada poder está bien definida como oposición desde el origen de su formación y a lo largo de su historia, de modo que los enfrentamientos se vuelven más evidentes y con nuevas modalidades al constituirse una modalidad de gobierno, la cual no sólo tiene una estructura orgánica, infraestructura, territorio y derechos, sino una ideología distinta a la que tenía la figura gubernamental anterior.

En términos de la historia, podemos considerar que, al igual que otras ciudades, la de México tiene su primera organización social de fundación en lo local. Con el paso del tiempo, a través de su evolución histórica urbana se convierte en capital de donde surge el poder central. Por tanto, la aparición de un poder local en este tipo de contexto fundamenta el primer inconveniente que genera disputa.

Los principales motivos de controversia entre ambos poderes en el mismo territorio de la ciudad se deben a la necesidad de resolver problemas específicos de carácter político, financiero, administrativo o urbano y, de manera subrayada, a la situación sobre el control de los recursos fiscales generados por la ciudad y la necesidad de definir qué entidad del gobierno (^{Perló, 2003}), sea local o federal, debe recaudarlos y, por consiguiente, ejercerlos en su presupuesto.

En este sentido, podemos establecer que el conflicto comienza cuando hay una representación local que produce, asimismo, un gobierno local proveniente de un partido político diferente al del que proviene el gobierno federal o viceversa; de manera inmediata, la controversia se ancla precisamente al territorio donde ambos poderes se encuentran. En términos generales, la confrontación más reciente entre estos dos poderes de la ciudad es la resultante de la orientación política de gobierno, pues el actual Gobierno del Distrito Federal (GDF), bajo una plataforma y perspectiva democrática, sostiene un proyecto descentralizador que apoya por sobre todo su condición de local, restando poder al gobierno federal. En torno a las investigaciones de ^{Perló y Moya (2003)}, podemos establecer una breve contextualización del seguimiento de estas relaciones entre los dos poderes:

El eje fundamental de este breve recorrido de las permanentes controversias entre los poderes local y federal sobre el territorio de la ciudad nos permite subrayar que la constante dicotomía entre ambas se alimenta de una dinámica de enfrentamientos con lógicas principalmente de intereses por predominar en lo político-administrativo, aumentar y extender el poder. Podemos considerar que hoy la ciudad continúa en disputa y seguirá así mientras los intereses de los poderes sean tan dispares y polarizados respecto a las necesidades de la ciudad, pues lo único que se logra con esto es profundizar las diferencias.

Momentos históricos de definición en la distribución del poder por la ciudad

(Tabla resumen de ^{ManuelPerló y Antonio Moya, 2003}) 

Fuente: ^{Perló Cohen y Moya (2003:185-186)}.

Lo cierto es que la condición urbana de la ciudad y su territorio supera la condición de control sólo político y administrativo en el que operan ambos poderes para disputarse el territorio. Por tanto, las relaciones intergubernamentales deberían situarse más allá de contextos sólo físicos del espacio; en la medida en que se establezca una apertura por ambos poderes, un tercero hará la diferencia sustantiva de otorgar mejor respuesta a las necesidades de la ciudad y su territorio. Este tercero, por supuesto, es la sociedad, porque en el momento en que se instrumente una forma efectiva para incluirla en esta arena de lucha, las relaciones entre poderes podrán llegar a ser negociables.

La disputa hoy por el control político y administrativo del corazón del Centro Histórico

Resulta interesante dar seguimiento a las posiciones de estratos políticos o estructuras gubernamentales nacientes en el marco de la nueva administración de la Ciudad de México, acerca de la forma en que se utiliza el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, estas posiciones establecidas en distintas declaraciones en los medios de comunicación, en especial la prensa, poco se preocupan por los usos y prácticas socioespaciales que se observan cotidianamente, o la manera en que estas prácticas se han reconfigurado a partir de la serie de eventualidades que ha promovido el nuevo gobierno desde su Jefatura.

No se dispone, en este sentido, de un diagnóstico que argumente la necesidad de establecer un tipo de usos convenientes o aceptables, mucho menos que éstos estén definidos bajo la mirada y la participación ciudadana. En realidad, pareciera que a la vista de una perspectiva política y administrativa, más política que otra cosa, el interés sobre este espacio es su control como un bien inmueble, el cual, por sus características, historia y centralidad, se vuelve una mercancía a explotar para finalidades políticas.

Algunas de las declaraciones hechas a la prensa por grupos políticos antagonistas del que ocupa el GDF (senadores priístas y diputados panistas) han comparado la actual ocupación del Zócalo con periodos en los que las tropas norteamericanas ocuparon la plaza tras derrotar a Nicolás Bravo en 1847 en Chapultepec y el ejército mexicano se rindió en las batallas de Padierna y Churubusco, entre otras citas que realizan para comparar la manera en que hoy -según ellos- se hace «mal uso» del Zócalo y momentos concretos en los que establecen que, como entonces, hoy existe una «traición a la patria». Señalan que se hace «mal uso» del Zócalo y consideran vergonzoso que la actual administración de la ciudad promueva eventos como los que se realizan hoy día en la plancha: circos, desnudos, bailes de quinceañeras y hasta pistas de hielo, entre otros datos (^{Ramos y Morales, 2007}). Algunas declaraciones manifiestan lo siguiente:

Hoy, gracias al gobierno capitalino, parece que los yankees van a ocupar el Zócalo, participando en el derby de cuadrangulares que planean llevar a cabo las autoridades del Gobierno del DF, en la plaza más importante del país y una de las más grandes del mundo. Pretender realizar un derby de cuadrangulares en el Zócalo de la capital de la república -el centro histórico, político, religioso, cultural y ciudadano de todo México- es una falta de respeto y evidencia de un total desconocimiento de nuestra historia.⁶

Asimismo, llevaron el asunto hasta el punto de presentar el caso a la Senaduría de la República, situación que realizó en diciembre de 2007 la senadora María de los Ángeles Moreno, quien presentó su demanda a tratar como propuesta con punto de acuerdo titulado «Respecto a la utilización de los espacios públicos en el Distrito Federal», suscrita en la Gaceta del Senado de la República en la sesión en comisión permanente del 11 de diciembre de 2007. En esta propuesta se evoca el mito de origen para establecer argumentos como los significados que encierra este sitio para la historia y cultura mexicana. Rememora superficialmente la construcción de una ciudad azteca y su civilización, así como la conquista española y el establecimiento de su metrópoli; subraya también el paso independiente dado en este sitio como ícono de la constitución de una nación.

Algunos de los principales puntos tratados a través de esta demanda en el Senado fueron considerar que «tristemente», a partir del año 2000, pareciera que las autoridades del gobierno del Distrito Federal se hubieran esmerado en demeritar la dignidad y majestuosidad del Zócalo, sin referirse precisamente a los mítines y marchas de protesta, tampoco a las concentraciones populares para defender presuntos derechos civiles o políticos, sino a eventos que lo demeritan al convertirlo en un centro de espectáculos públicos, que probablemente esconden propósitos mercantilistas, o de publicidad personal, todo esto sin contar con la contaminación adicional que provocan las largas colas de automóviles ante avenidas arbitrariamente cerradas.⁷ Se denunció también que han convertido el Zócalo en un predio para instalar desde un circo, un salón de baile para quinceañeras, una pista para exhibición de patinetas y bicicletas, un espectáculo musical de cualquier tipo, hasta una pista de hielo, considerando que el costo y justificación de este último proyecto no tiene ningún sentido.

Algunas de las preguntas referidas en este documento: ¿esto le hace algún servicio a la ciudad o eleva el nivel de vida de sus habitantes? Frente a ello, ¿cuánto cuesta la operación en energía eléctrica, por ejemplo?, ¿y cuánto nos cuesta al resto de la población el tiempo adicional de tráfico?⁸ Bajo esta serie de argumentos también se expresa que no se está en contra del Gobierno del Distrito Federal, sino en contra de actividades ocasionales y sin contexto. Al final, la demanda subraya que más allá del tipo de eventualidad y su importancia o no, lo que no les parece bien es que se realice precisamente en el Zócalo. Por tanto, su principal petición es que el estatus territorial y administrativo del Centro Histórico, pero principalmente del Zócalo, no debe pertenecer a una delegación, ni gobierno local; por ende, debería pertenecer al gobierno federal.⁹

La posición de la administración en turno, respecto de esta serie de declaraciones, en realidad no fue muy distinta a la de sus críticos, pues tampoco parte de consideraciones provistas de una posición desde la ciudadanía para establecer un manejo específico sobre el uso del Zócalo. El GDF hace hincapié en que la política establecida en cuanto al uso del Zócalo y las actividades programadas o autorizadas, de ningún modo amenaza las facultades y derechos que ya tienen los ciudadanos y las instituciones de la capital; establece que desde que se devolvió a los habitantes el derecho de disponer de su Zócalo, se ha convertido en un espacio de vitalidad plena.

La respuesta establecida por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados ha considerado que los senadores apoyan esta propuesta de manera confusa e ilógica en diversas disposiciones jurídicas que ni siquiera se relacionan entre sí. Exponen que entre la mezcolanza que hacen, terminan confundiendo los monumentos históricos y la declaratoria de éstos con la propiedad federal, y los bienes de dominio público con los de dominio privado, locales o federales, que ni siquiera distinguen el aspecto relevante de lo que pretenden, que es arrebatar un bien de dominio público, propiedad del Distrito Federal, como vía pública, que es el Zócalo, después de once años de haber sido declarado como tal desde que se dotó a la capital de facultades de dominio propias.

Asimismo, este grupo de diputados perredistas establece una serie de preguntas que refuerzan su negativa a ceder este espacio al gobierno federal; entre ellas, las siguientes: ¿por qué el principal espacio público de la ciudad no puede albergar eventos culturales, políticos y recreativos? ¿Cuál «deterioro físico» y de «imagen urbana» provocan los eventos en el Zócalo? ¿Qué «mercantilización» puede implicar la realización de eventos gratuitos en el Zócalo? ¿Por qué los eventos «demeritan» la «dignidad y majestuosidad» del Zócalo?¹⁰

En este punto habría que considerar qué se entiende cuando se refieren a derecho de disponer de este espacio, cuando la perspectiva se establece desde arriba y con una visión polarizada políticamente. Precisamente a partir de 1997, año en que inicia el cambio de estatus político en el entonces Distrito Federal y con el primer gobierno en turno del PRD, se diseña un programa llamado La Calle es de Todos, y con el pasado jefe de Gobierno otro denominado DFiesta en el Distrito Federal; con ellos se acentúan las actividades referentes a conciertos, festivales, exposiciones, obras de teatro, recitales de artistas mexicanos y extranjeros, de géneros populares y de culto, para público infantil, joven y adulto. Este fue un punto de acuerdo para acciones sobre los festejos alusivos al grito de la Independencia propuesto por el legislador ^{Fernando García (2006)}. Esta serie de actividades masivas que concentra a la población ha sido objeto de atención en los últimos años por convertirse en una novedad. Si bien había, no era de libre acceso y sin costo como lo es hoy; esta condición de ser eventos gratuitos ha sido, sino el principal, sí uno de los principales argumentos del GDF para contraponerse a cualquier crítica.

Esta reconfiguración de la estructura generó expectativas principalmente políticas para dirigir o establecer nuevas acciones. Esta nueva forma de reestructurar los planes para el uso de este espacio a manos de la nueva administración dio paso a una reconfiguración, adaptación o reacomodo de las prácticas socioespaciales, es decir, la territorialidad que emerge al establecerse usos y apropiaciones sociales del espacio día con día, además de la disputa que sigue vigente sobre el control del espacio-inmueble.

Podemos recordar lo que Alejandro Aura comentó acerca de la organización de actividades en la plancha de la Plaza de la Constitución en el marco del nuevo gobierno, que comenzó organizando un baile masivo con la cantante Celia Cruz. Las primeras impresiones de su equipo fueron, de acuerdo a su propia narración:

¿Ya preguntaste si se puede bailar ahí?, me dijo una colega de alta jerarquía política sorprendida por mi ocurrencia. ¿Y quién nos lo va a impedir si el gobierno somos nosotros?, le contesté. No, pero cerciórate de que no haya restricciones constitucionales o limitaciones del uso para ceremonias oficiales. Así nos tenía acostumbrados el Partido Revolucionario Institucional (PRI); la ciudad y el país estaban enajenados, había que pedir permiso para usarlos o eso era lo que nos habían grabado en lo profundo del alma. (^{Aura, 2008}).

La nueva condición que adquirió el corazón del Centro Histórico no puede explicarse sin la intervención y réplica de sus usuarios y en una plataforma en que se establecen eventualidades de esta índole, donde la historia local de este espacio se reconstruye socialmente (^{Romero, 2009}). La serie de éxitos obtenidos con este plan de acciones que logró la participación colectiva redefinieron su proyecto y acrecentaron el espectro de acciones con más y nuevos eventos de distintos rubros hasta entonces nunca realizados en este espacio. Lo que podemos señalar es que todas estas actividades carecían de una regulación específica, pues al ser ellos el gobierno en turno y siendo este espacio territorio local, no había que rendir cuentas a nadie más que a sí mismos, y entonces, como señala Aura, «El Gobierno al carecer de una política cultural propia se las cedió a los promotores comerciales, pero sin dejar de ser quien autoriza y puntualiza las actividades llevadas a cabo en este espacio como un centro de concentración.» Esto corrobora una probable falta de plan de trabajo sobre el manejo de esta serie de actividades masivas en el Zócalo y, por ende, sobre las percepciones sociales de ellas.

Conforme el tiempo ha pasado, la visión del gobierno local acerca de este espacio y sus actividades ha mantenido una visión geométrica, es decir, un espacio inmueble que puede contener actividades que reditúen políticamente; por tanto, busca establecer un mejor marketing para su explotación, situación que, por supuesto, ha llamado la atención de estratos y posiciones principalmente políticas, interesadas en adquirir acciones en la administración de esta plaza; de ahí que prevalezca la actual disputa por el espacio y las anacrónicas y mal fundamentadas argumentaciones de la posición federal para tomar el poder sobre el mismo o del gobierno local para seguir manteniéndolo.

Se debe pensar en qué medida estas posiciones que critican la actual administración están utilizando argumentos fuera de contexto, con el objetivo de arrebatar este poder de control del espacio. Asimismo, hasta qué punto el manejo del actual gobierno de la ciudad sobre el Zócalo está capitalizando o mercantilizando este espacio al instrumentar programas, actividades masivas, planes de inclusión social, etcétera, mediante los cuales los sujetos, al volverse participes de ellos, legitiman indirectamente la toma de decisiones del gobierno, es decir, al gobierno mismo, aun cuando no se realice un diagnóstico ciudadano previo.

En definitiva, esta serie de enfrentamientos sobre el manejo y control del Zócalo surgen de forma emergente, visualizan y dan un giro a la conceptualización del Centro Histórico como territorio de una nueva centralidad. El giro que repiensa y reconfigura el lugar y el territorio es para la posición política y gubernamental uno y para los practicantes que viven el espacio otro totalmente distinto. Así, lejos de considerar en esta serie de discusiones elementos que integren a sus ciudadanos como un eje sustancial por su derecho a la ciudad y sus espacios, se vuelve un elemento de disputa política con intereses propios de una estructura que toma sus decisiones desde arriba.

Como podemos visualizar, hay un contexto en torno al espacio urbano de nuestro Centro Histórico como representación territorial de la totalidad de la ciudad. En este sentido, en términos políticos y administrativos, su regulación urbana deviene la estructura gubernamental del jefe en turno de la ciudad. Al ser una realidad vigente y en la búsqueda de conocer la situación relacional entre las leyes y reglamentos del distrito Federal y la realidad observada, podemos interpretar que vivimos en una ciudad oficial y una ciudad social. Cabe señalar esta dicotómica situación permanente a ras de suelo, donde las prácticas sociales implican la construcción misma del espacio, mientras el deber ser de los reglamentos y discursos se vuelve efímero por la polarización que existe entre ambas dimensiones, contexto oficial ≠ contexto social.

Lo cierto es que esta ciudad oficial es el resultado de patrones esencialmente especulativos respecto a la manera de administrar el espacio urbano, basados en criterios técnicos irreales que no consideran condiciones e intereses diversos (^{Romero, 2009}). Justamente ante una situación como esta, una respuesta convincente es la de Henri Lefebvre en cuanto a su rechazo a la naturaleza sistémica de lo urbano; y es que parecen posiciones difíciles de conciliar, pues se genera una relación más conflictiva que armónica, ya que, a decir de Lefebvre, el urbanismo y sus reglamentaciones no son un sistema que diagnostique condiciones sociales y necesidades en el marco del derecho a la ciudad (Lefevbre, 1976); por esa razón, se construye una ideología que por condiciones obvias presupone enfrentamientos.

Actores, objetos y escenarios del espacio urbano como locus. El nuevo giro en los usos del corazón del Centro Histórico

Después de reflexionar sobre las condiciones que han constituido el espacio urbano de la Ciudad de México y específicamente del primer cuadro del Centro Histórico, así como sobre su situación relacional con las prácticas socioespaciales, podemos señalar que su condición planeada desde la racionalidad es la de locus, es decir, un espacio localizado como contenedor de hechos, fenómenos, prácticas, transformaciones, etcétera; esto nos introduce en un nivel más cercano a la realidad observada, desde una visión que recurre a los hechos y sus explicaciones, es decir, a la dimensión de la percepción generalizada sobre los hacedores de su materialidad, de sus usos y apropiaciones.

Esta mirada vuelve evidente el nuevo giro de actividades llevadas a cabo en la Plaza de la Constitución, diseñadas o autorizadas por la política cultural del Gobierno de la Ciudad de México, objeto de la mirada, participación y crítica de distintas posiciones sociales y políticas. En este caso, la medición de la forma en que se ha densificado a la población mediante estas actividades masificadoras es un parámetro importante para explicar este nuevo giro en los usos dados a este sitio.

La información recabada para la elaboración de este estudio fue una serie de casos identificados y clasificados sobre los usos masivos registrados en la plancha del Zócalo capitalino (^{Romero, 2009}). La base de datos se elaboró con un registro longitudinal de este periodo.¹¹ Si reflexiono en torno a las actividades realizadas en el Zócalo, es necesario remitirme a quién decide sobre este espacio al interior del GDF, es decir, si el control es del Jefe de Gobierno de la ciudad como poder distrital predominante de la misma ciudad o el jefe de la Delegación Cuauhtémoc como quien rige localmente este espacio delimitado por su alcance político.

Volviendo a los casos buscados como información básica para entender la reconfiguración de usos masivos en la plancha del Zócalo, fue posible identificarlos mediante los informes de gobierno del Distrito Federal que justamente se encuentran en el Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF). El problema hasta este punto se resolvió de manera parcial, pues la información se halla sólo como totales acumulados en la sección cultural; no se desglosan o describen los eventos para conocer su índole, permanencia u otro dato. Asimismo, considerar sólo esta información sería tomar parcialmente los casos sucedidos en la plancha, es decir, se contaría con las actividades promovidas, organizadas o permitidas por el GDF, pero no otras como no programadas, no permitidas o inesperadas que sucedieron y suceden en esta plancha multi receptora.

Por tanto, la segunda fuente informativa, además de estos informes, consistió en dar seguimiento, a través de notas periodísticas, de las actividades de toda índole registradas sobre la plancha del Zócalo y retomadas por la prensa de la ciudad. En esta medida, la fuente construida nos permitió un acceso a información no sólo polarizada de los usos de este sitio, sino además desglosada y detallada sobre los contextos y circunstancias en que se dieron.

Se construyó una tipología con la información, con la que se pudieron calcular tendencias. Bajo este proceso, se consideraron tres tipos: el primero registró las actividades o eventos «organizados» (o) en su totalidad por el GDF. El proceso implica el diseño del evento, su promoción y aplicación. Prácticamente en todos los casos de este tipo, la organización varía entre instancias responsables, según la índole de la actividad realizada; lo que no cambia es que todas pertenecen al GDF. El segundo tipo refleja las actividades que no necesariamente son planeadas por el gobierno de la ciudad, ni ninguna de sus instancias o extensiones, sino diseñadas por otras organizaciones, como empresas comerciales, el gobierno federal, televisoras u otros medios de comunicación, ONG, delegaciones varias, etcétera, las cuales negocian con el GDF para llevar a cabo el evento; éste, a su vez, llega a participar de manera parcial en la planeación o realización, o da, por lo menos, el visto bueno y por tanto les concede el permiso o autorización. A este tipo lo llamo actividades o eventos «Coorganizados» (CO). El tercer tipo considera justamente las actividades y eventos que no son organizados total, ni parcialmente por el GDF, ni alguna de sus instancias, es decir, las actividades no programadas o inesperadas que suceden en este espacio multiterritorial; a diferencia de los dos tipos previos, los eventos de este tipo no se anuncian como parte de algún programa o ciclo de actividades en la ciudad o en el Zócalo; son registrados el mismo día que suceden o un día después de haber sucedido en la plancha; la consideración para este tipo de actividades o eventos es de «No programados» (NP).

Para ser más precisos sobre esta tipología, ejemplifiquemos algunos eventos recurrentes durante el periodo observado, con mayor permanencia y repetición:

Tabla 1: Tipología de eventos en el Zócalo 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, cdmx, México.

Cabe señalar que en la política cultural promovida por el GDF desde que el gobierno capitalino se rige por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha habido un aumento de las actividades organizadas o coorganizadas en el Zócalo, a través de su estructura; también resulta interesante observar cómo a medida que interviene en más actividades sobre este espacio, el GDF gana mayor presencia ante la masa social que participa de estos eventos. Por tanto, en la medida en que ha ocupado este lugar, a través de estas actividades (O y CO), el GDF «mata dos pájaros de un tiro», pues, además de lograr un impacto social, ha conseguido la reducción de las actividades y eventos no programados (NP), los inesperados, situación que en años anteriores era casi la única que se mantenía, además de eventos de índole política, protocolar o de resistencia social.

Las observaciones que a continuación se muestran de esta tipología de eventos realizados en el Zócalo dan cuenta de las tendencias por año y a lo largo del periodo completo. Se trata tanto de eventos previamente identificados que se llevaron a cabo en la plancha del Zócalo, como de observaciones hechas por año y por periodo completo. El análisis de frecuencia se establece en torno a la cantidad de eventos identificados por cada año y periodo completo; de igual modo, se compara la incidencia entre eventos «Organizados» por el GDF, eventos «Coorganizados» y eventos «No programados».

Tabla 2: Periodo del 2000 al 2008 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, cdmx, México.

Tabla 3: Eventos masivos en el Zócalo de la ciudad de México, 2000-2008 

Fuente: Elaboración propia de gráficos.¹²

Análisis de resultados y reflexiones finales

Como se señaló dos párrafos anteriores a los gráficos, el primer momento de alza en el número de actividades con las que gana terreno esta política y administración, se refleja en el año 2000 y siguientes. Es decir, hasta antes de este momento coyuntural no había este tipo de actividades y en ese número. Sin embargo, podría pensarse, por lo que refleja el gráfico, que con el paso de los años hubo una importante disminución. Justo la esencia del punto radica en ese detalle. Entre menos actividades llevadas a cabo en la plaza de la Constitución, mayor control, porque ahora casi el 100% de esas actividades fueron organizadas o por lo menos coorganizadas por el gobierno local. Mientras tanto, el número de actividades no programadas o inesperadas correspondieron a marchas, manifestaciones y otro tipo de prácticas que en alguna medida contravenían la nueva imagen del Zócalo, sea porque estos eventos eran contra del gobierno federal o de la ciudad. La mayor parte de los mismos fueron canalizados, orientados o redirecionados si se permite la expresión a otros puntos de destino, entre ellos el Ángel de la Independencia, Los Pinos y la Cámara de Diputados, entre otros sitios.

Repensando la manera en que es entendido el concepto de espacio, es importante señalar que para el caso del corazón del Centro Histórico el discurso de la estructura gubernamental y en general el pensamiento político ha fusionado lo público con lo político; es decir, las fronteras de lo público han sido también las fronteras de lo político (^{Rabotnikof, 2003}). Se debe cuestionar, sin embargo, si esta categorización de espacio público enmarca usos de connotación público-político o cívico-comunitario; mejor aún, para nuestro caso, si las tendencias en torno a los usos dados en el Zócalo y administrados por la estructura gubernamental se definen con una tendencia sociopolítica y económico-administrativa con finalidades e intereses de orden gubernamental, o si se diseñan bajo criterios que subrayen la participación cívica, ciudadana, comunitaria, etcétera, que apuntalen a una diversidad democrática.

El seguimiento de actividades en general permitidas y reguladas por el Gobierno del Distrito Federal en el marco de su política cultural, que permea a gran cantidad de la población, se puede evaluar en dos sentidos. Por un lado, hay un criterio puramente político en el que se aprueba, en términos legales, la administración del Zócalo por pertenecer a un territorio gobernado por un Jefe de Gobierno en turno; por tanto, los criterios y decisiones sobre el mismo sólo pertenecen a su estructura y su poder de gobernar la entidad. Hasta aquí se acentúa el criterio que le da mayor peso a la perspectiva política y sus intereses. Por otro lado, con el eslogan de un contexto de gobierno nuevo y democrático, predomina un criterio que bajo su discurso defiende una apertura a la ciudadanía y una invitación a la participación en esta serie de actividades diseñadas, programadas o, en todo caso, autorizadas. Cabe señalar en este punto que, aunque no todas las actividades masivas realizadas en el Zócalo son diseñadas por completo por el GDF, todas pasan por un filtro estructural que define bajo qué criterios serán autorizadas.

Lo cierto es que toda esta nueva política cultural implementada en el Zócalo de la ciudad se ha venido convirtiendo en una plataforma contenedora de la masificación social a través de sus actividades. Lo que es importante señalar es que esto no determina precisamente un grado real de participación social desde el sujeto mismo; me refiero a la producción social donde la acción va más allá de la masificación. En todo caso, lo que esta política ha logrado es una generalización inducida por esta estructura de actividades que se ha vuelto mediática en la reproducción de lo social y de su cultura. Esta es, entonces, la nueva mirada que la administración gubernamental ha construido sobre este espacio, como un filtro que capitaliza intereses políticos, es decir, el poder.

En este sentido, es preciso considerar un repensar la cuestión urbana, desde un modo de vida en la ciudad, que nace a ras de suelo, donde es preciso el reconocimiento de sus habitantes y sus practicantes, así como un diagnóstico territorial de lo urbano y el manejo de sus espacios, pero estos cambios deberán basarse en una gestión democrática y participativa de la ciudad, con miras a sustentar el cumplimiento de una función social y de garantizar una justicia que establezca condiciones dignas de participación ciudadana.

La principal justificación de esta necesidad de repensar lo urbano, sus usos y apropiaciones, es el respeto a esta composición natural y espontánea propia de la comunidad y su forma de habitar el lugar, entendido esto como la forma de apropiarse del espacio que, en términos de Lefebvre, rebasa la concepción reduccionista del espacio contenedor, como satisfactor de usos utilitarios, como los que en el corazón del Centro Histórico se generan masivamente: «la dignidad de habitar fundamenta la esencia del hombre y comienza por su propia construcción» (Lefevbre, 1976).

De manera que la constitución de una negociación entre lo oficial y lo social (Figura 1) conformaría un verdadero ejercicio para transformar el espacio en territorio socialmente construido, pues se estaría fusionando, como señala ^{Haesbaert, (2006)}, un componente que implica un dominio económico, político y administrativo, y un componente que implica un dominio simbólico, cultural e histórico, donde el espacio, una vez representado, ya no será espacio, sino territorio.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, CDMX, México.

Figura 1 

Se tiene la necesidad, e incluso urgencia, de que el debate de estas condiciones no quede limitado a círculos políticos y técnicos, ya que los espacios de la ciudad, como el Zócalo, se han reconfigurado en el lugar donde las relaciones espacio-temporales convergen en una multiplicidad de prácticas con mil posibilidades de comunicación y movilidad en su sentido social mucho más que en el físico. Profundizar sobre la participación social no significa coartar responsabilidades, ni erosionar el marco institucional, sino contribuir a una mayor legitimidad de dicho marco, siempre y cuando las políticas se establezcan bajo iniciativas que no vayan en contra de la realidad observada.

La cuestión es que el diseño de planeación e implementación de los tomadores de decisiones, sobre una política cultural en la plaza de la Constitución, no nace precisamente con criterios de una integración partícipe de la colectividad social, sino de una estructura que busca movilizar y dirigir a sus gobernados, consumidores de este espacio, mediante la administración de acciones definidas como sociales, del pueblo, gratuitas, abiertas, públicas, accesibles, entre otros adjetivos, logrando de entrada la atención de la población. Éstos, a su vez, se vuelven consumidores de estos productos políticos y culturales, que indirecta y progresivamente los asocia a un fin político. Resulta, entonces, explicable que un instrumento de esta índole se vuelva la manzana de la discordia, o bien el Zócalo de la disputa entre gobiernos local y federal, pues tiene la capacidad de filtrar de manera suave la condición de lo social, mediante una política que estructura actividades masivas no comunes en las pasadas administraciones gubernamentales de la ciudad y que se han vuelto un plus para practicar la ciudad y principalmente el Zócalo como un nuevo espacio de vida.

En estos términos, Patricia Ramírez Kuri¹³ define cómo el manejo del espacio público en los últimos años se ha tenido que repensar y redefinir desde el interés de las estructuras gubernamentales, coincidiendo en que el significado de lo público tiene que ver con lo que es de todos y para todos, pero que, sin embargo, se contradice cuando hay orientaciones hacia la defensa de intereses gubernamentales, o definiciones de que los espacios de democracia participativa sólo pueden ser los «espacios públicos NO estatales».¹⁴ Esto quiere decir que la regulación y manejo del Zócalo como espacio público estatal, o en este caso del Gobierno del Distrito Federal, se encuentra al margen de otros intereses que no sean los que favorezcan su permanencia como gobierno. Por esta razón es que la disputa sobre el control de este espacio se mantiene y, más aún, se acrecienta, ya que la nueva condición que ha adquirido la plaza como espacio de capitalización de finalidades políticas eleva su valor de uso.

Ciertamente, el corazón del Centro Histórico en el marco de todos estos distingos, sean más convergentes o de conflicto, ha devenido en un espacio de coexistencia de muchas visiones de manera articulada. Se organizan y reconfiguran de acuerdo con el flujo y transformación social de la vida cotidiana. En esta medida, el Zócalo, a pesar de estas estructuras establecidas, es territorializado por numerosos usos y apropiaciones sociales que conjugan una representación de la ciudad. Cabe destacar que la óptica de este estudio acerca del discurso gubernamental propone una crítica en cuanto al alto sentido racionalista con que construye su concepción sobre el espacio en esta plaza y la forma de regular sus usos. No obstante, es importante subrayar que la nueva condición que ha adquirido este lugar, como un espacio urbano de renovada centralidad y nueva administración política, se ha convertido en una plataforma coyuntural de cambio y reconfiguración de las prácticas socioespaciales y del imaginario colectivo.

Más allá de la tendencia que hasta ahora refleja este texto en relación con una especie de «destino fatal» de planificación high modernism (^{Rabinow, 1989}) y su visión racional del espacio, podemos considerar que esta condición no ha sido determinante en cuanto al control único del mismo, mucho menos en cuanto al control total de la sociedad; es decir, un elemento aún más interesante por subrayar en este proceso es que, en la medida en que esta serie de eventos planeados o regulados, se han vuelto una constante de producción el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, al mismo tiempo se ha superpuesto una dinámica de apropiación de la multiplicidad social, donde más allá del evento especifico y su finalidad política o particular, es una plataforma mediática de la realidad social, la cual fluye a ras de suelo, desde los propios habitantes-practicantes del espacio, es decir, un fenómeno que se vuelve un buen pretexto para quien suele vivir la ciudad.