INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de nuestro país los principales actores políticos autorizados para proponer candidatos en las competencias electorales por los cargos de gobierno y de representación han sido los partidos políticos (PP).¹ Sin embargo, los candidatos emanados de este tipo de organizaciones no han sido los únicos en participar; los candidatos independientes (CI)² o candidatos ciudadanos, aquellos que no contaban con el respaldo de algún PP también han sido reconocidos como adversarios formales en ciertos periodos de nuestra historia. Además, esta idea de que los ciudadanos puedan acceder a la participación política por sí mismos no es tan novedosa como se podría suponer. Esta modalidad de intervención electoral viene del siglo XIX y se mantuvo en las leyes electorales de 1911, 1916 y 1918 (^{Báez y Tello, 2015:239}), hasta que desaparece a partir de la promulgación de la Ley Electoral Federal en 1946 (^{dof, 07.01.1946}).

Es importante mencionar que la figura de las CI nunca estuvo prohibida en el ámbito local, sino hasta la reforma constitucional de 2007 (^{DOF, 13.11.2007}).³ No obstante, la primera elección local en la que participa y gana un CI se realizó en el estado de Yucatán el 20 de mayo de 2007 (6 meses antes de esta modificación reglamentaria). Y, no sería sino hasta la reforma constitucional de 2012-2013 (^{DOF, 09.08.2012}; y, ^{DOF, 27.12.2013}),⁴ después de 67 años, que iniciará la reinstauración de las CI debido, principalmente, al desprestigio del sistema político y, en particular, de los PP (^{Instituto Nacional Electoral, 2014:22}). Se ha señalado que tales modificaciones, incluida la participación política ciudadana, proceden de la tradición de lo que se conoce como ‘democracia otorgada’ (^{Loaeza, 2013:314}). Otros analistas han identificado este reformismo con un proceso de ‘transición política’ (^{O’Donnell y Schmitter, 1988}; ^{Linz, 1987}; y, ^{Morlino, 1985}), cuyo propósito es el de lograr una ‘democracia de calidad’ (^{Morlino, 2013}).

Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de lo que se conoce como comunicación política⁵ ocurre durante los procesos electorales y, de manera más específica, en la etapa en la que los candidatos de los PP y los propios CI se presentan a sí mismos y dan a conocer las plataformas electorales. En este breve periodo de las campañas electorales, se pueden observar una diversidad de ‘esfuerzos organizados de operaciones de comunicación para conseguir un objetivo político, a través de las cuales se busca influir, persuadir y movilizar al electorado’ (^{Chaffee, 1981: 182}). En este periodo los candidatos en cualquier elección buscarán convencer a la ciudadanía de que ellos son la mejor opción para ocupar el empleo de gobierno o representación por el que compiten y que deben otorgarle su voto. Y, es en esta etapa, en la que los candidatos invierten la mayor cantidad de recursos de toda índole (sobre todo financieros: de origen público y privado)⁶ porque es aquí cuando pueden convencer al electorado (sobre todo a los indecisos) para que les otorguen su voto. Aquí el discurso político tiene como propósito primordial persuadir tratando de ‘disminuir la resistencia del elector frente al mensaje y a las imágenes que en la campaña se proyectan y que los candidatos tengan una imagen satisfactoria y que agrade a los electores’ (^{Kuschick, 2006:107}).

Una de las propuestas analíticas para segmentar el fenómeno de las campañas electorales propone cuatro secciones (^{Norris, 2002a: 127} y ^{2005:5): 1}) el ambiente contextual basado en el marco regulatorio, la estructura del sistema de medios de comunicación y del sistema de partidos dentro de cada país; 2) las organizaciones de campaña (partidos políticos y candidatos) con los objetivos estratégicos que estas organizaciones intentan comunicar al electorado; 3) los canales de comunicación basados en el contacto intensivo con la gente, en medios masivos impresos/electrónicos y en Internet/redes sociales, como indirectos (cobertura informativa, entrevistas y apariciones en medios electrónicos e impresos, etc.) empleados por estas organizaciones para transmitir sus mensajes políticos y, 4) los efectos de estos mensajes en el conocimiento, las actitudes y el comportamiento político del público (o públicos) objetivos.

Así, en el estudio de las EP que se expone en este documento, que situaríamos en la segunda sección de la propuesta analítica de ^{Norris (2002} y ²⁰⁰⁵), consideramos que ‘las comunicaciones de campaña también pueden persuadir a los electores de cambiar sus actitudes y preferencias políticas, así como la orientación de su voto’ (^{Schmitt-Beck, 2007}); los esfuerzos que realizan los candidatos, tanto de los PP como CI, están motivados por este supuesto. Las EP son de diversas formas de habla o mecanismos, canalizadas al electorado principalmente a través del discurso político, mediados a través de radio, televisión o internet con el formato de ‘entrevista’, y que tienen como propósito convencer de que ellos son la mejor opción de gobierno o representación. De acuerdo con la literatura especializada, tales formas de habla pueden clasificarse en un ‘cuadrado ideológico’ (^{Van Dijk, 2005:30}; y, ^{2003:107 y 121}), como estrategias para todos los niveles de acción, significado, formas de texto, formas de habla y las estrategias globales son: a) hacer énfasis en nuestras cosas buenas; b) hacer énfasis en sus cosas malas; c) minimizar nuestras cosas malas; y, d) minimizar sus cosas buenas.

Otro de los aportes significativos es el que nos propone ^{Benoit, Blaney y Pier (2000)}), con la propuesta de tres EP en el discurso político de campaña al que denomina como: elogiar, atacar y defender. Esta teoría señala que la campaña política es claramente un medio para lograr un fin particular: persuadir a los ciudadanos para votar por el candidato propio en lugar de un oponente (aunque, por supuesto, algunos candidatos también pueden hacer campaña para defender un tema). Los ciudadanos votan por un solo candidato, por lo que los intentos persuasivos de presentar al candidato como la opción preferida son inherentemente comparativos: “Cada campaña se esfuerza por hacer que su lado se vea mejor y el otro por peor” (^{Popkin, 1994:232}).

Por ello es que ^{Benoit, Blaney y Pier (2000:62)}, considera que la naturaleza instrumental del discurso de campaña política impulsa a los emisores a construir enunciados que tienen como propósito tres funciones básicas: 1. Elogiar al candidato y/o al partido (elogio: elogio de las cualidades o logros positivos y las propuestas del candidato preferido); 2. Atacar al candidato opositor y/o partido (criticar a los candidatos opuestos por poseer cualidades negativas o por haber realizado o propuesto acciones inadecuadas); y, 3. Defender al candidato y/o partido de tales ataques generados por los oponentes.

Por ello es que esta investigación tiene como propósito comprender las diversas estrategias persuasivas (EP) que los CI han utilizado en sus comunicaciones de campaña a través del formato de ‘entrevista periodística’ canalizada al electorado por diversos medios electrónicos (radio, prensa e internet) durante su participación en campaña. El objeto de investigación se ubica en lo que se dice y cómo se dice y no en el emisor o en los efectos del mensaje.

El contexto del que proceden los datos para el presente análisis fueron las elecciones locales ordinarias que se realizaron en nuestro país el 5 de junio de 2016. En este año se realizaron tres tipos de elecciones de manera simultánea: 1. elecciones locales ordinarias; 2. elecciones locales extraordinarias; y, 3. una elección ‘única’⁷ de diputados locales para la Ciudad de México. Tales procesos electorales tuvieron lugar en 17 de las 32 entidades del país: en 13 de ellas se efectuaron elecciones ordinarias (el 5 de junio), en 5 se verificaron elecciones extraordinarias (una el 17 de enero, dos el 13 de marzo y dos el 4 de diciembre) y en la Ciudad de México se llevó a cabo la denominada ‘elección única’ de diputados locales constituyentes (5 de junio). En total estuvieron en juego: 13 gubernaturas (12 ordinarias y 1 extraordinarias), 966 ayuntamientos (de los cuales 4 fueron extraordinarias), 239 diputados locales por el principio de mayoría relativa (MR), 209 diputados locales por el principio de representación proporcional (RP) y 1 presidente municipal (Hidalgo).

Los contendientes que, de acuerdo con la legislación electoral (nacional y locales), podían participar en tales comicios fueron: 1. Los partidos políticos nacionales; 2. Los partidos políticos locales; 3. Las alianzas o coaliciones entre partidos políticos (locales y/o nacionales); y, 4. Los candidatos independientes. Los nueve partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como ‘partidos políticos nacionales’ fueron: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), el Partido Nueva Alianza (PNA), el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES).

De igual forma, compitieron los siguientes 14 PP que contaban con registro local: en Baja California: el Partido Peninsular de las Californias (PPC), el Partido de Baja California (PBC), el Partido Municipalista de Baja California (PMBC) y el Partido Humanista de Baja California (PH); en el estado de Durango: el Partido Duranguense (PD); en el estado de Oaxaca: el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Unidad Popular (PUP); en el estado de Puebla: el Partido Compromiso por Puebla (PCPP) y el Partido Pacto Social de Integración (PPSI); en el estado de Sinaloa: el Partido Sinaloense (PAS); en el estado de Tlaxcala: el Partido Socialista (PS) y el Partido Alianza Ciudadana (PAC); y, en el estado de Veracruz: el Partido Alternativa Veracruzana (PAV) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).⁸

Las diversas coaliciones que realizaron los PP nacionales y/o locales entre sí en la disputa por los ayuntamientos fueron: en Aguascalientes (PRI-PT-PNA); en Baja California (PRI-PVEM-PT-PNA); en Chihuahua (PRI-PVEM-PT-PNA); en Durango (PAN-PRD y PRI-PVEM-PNA-PD); en Hidalgo: (PRI-PVEM-PANAL); en Oaxaca (PAN-PRD y PRI-PVEM-PANAL; en Puebla (PAN-PT-PANAL-PCPP-PSI; y, PRI-PVEM-PES); en Quintana Roo (PAN-PRD y PRI-PVEM-PANAL); en Sinaloa (PMC-PAS y PRI-PNA); en Tamaulipas (PRIPVEM-PANAL); en Tlaxcala (PRI-PVEM-PNA-PS); en Veracruz (PAN-PRD y PRI-PVEM-PANAL-PAVE-PFCRN); y, en Zacatecas (PAN-PRD y PRI-PVEMPANAL).

Con respecto de la participación de los CI, se sabe que pudieron obtener su registro 296 ciudadanos, de los cuales 21 contendieron por las gubernaturas, 76 por algún escaño de mayoría relativa y 208 hicieron lo propio por algún ayuntamiento. Así, los resultados que obtuvieron los CI en las elecciones locales ordinarias de 2016, enfrentando como contendientes a los candidatos de los partidos políticos nacionales y locales, fueron más bien modestos: de los 966 ayuntamientos en juego, en los que alcanzaron a competir 208 candidatos sin partido, solo 9 de ellos pudieron ganar y fueron los siguientes: 1 municipio en el estado de Aguascalientes (Cosío), 2 municipios en el estado de Chihuahua (Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral), 1 municipio en el estado de Oaxaca (Putla), 2 más en el de Tamaulipas (Jaumave y Llera), 2 en el estado de Tlaxcala (Mazatecocho y Santa Cruz Tlaxcala) y 1 más en Hidalgo (Tlanalapa).

Para la recolección y análisis de los datos se mantuvo como referente una epistemología subjetivista, en donde el investigador y el investigado, crean entre ambos el conocimiento (Denzin y Lincoln, 2011:87-88). Los CI, sobre todo aquellos que contaban con experiencia partidista, se convirtieron en nuestros informantes y nos fueron revelando (por el interés que ‘demostraron en ciertos temas’), las diversas EP que utilizaron en ese contexto y circunstancia como contendientes de un proceso electoral asimétrico con respecto de los candidatos de los PP. Los datos que se construyeron para este análisis proceden principalmente de dos fuentes: i. De los resultados de la preferencia electoral, en los que participaron los PP y los CI; y, ii. De 30 entrevistas que los CI otorgaron a diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet). Ambas fuentes de datos emergen del contexto de los procesos electorales locales ordinarios de 2016. El proceso de construcción de los datos fue el siguiente: se seleccionaron y obtuvieron las entrevistas más relevantes, se transcribieron con las convenciones de ^{Jefferson (1984: 346-369)} y se analizaron y sistematizaron mediante la técnica de la categorización (^{Strauss y Corbin, 2002:110,134 y 157}).

En este documento se elabora una explicación teórica de la diversidad de estrategias persuasivas (EP) que han utilizado los candidatos independientes (CI) durante su participación en las elecciones locales ordinarias del 5 de junio de 2016 en los estados de Aguascalientes, Baja California y Chihuahua. Es una investigación realizada desde la perspectiva del paradigma constructivista, los lineamientos del enfoque cualitativo y la propuesta teórico-metodológica de la teoría fundamentada [grounded theory] (^{Glaser y Strauss, 1967}). Las categorías emergentes relevantes para este análisis se encuentran asociadas a la familia de las ‘Estrategias Persuasivas’ [EP] y fueron las siguientes: 1. ‘Muestra las Cualidades del Candidato’ [MCDC]: ‘yo fui presidente de organismos empresariales’; 2. ‘Toma Distancia del Partido Político’ [TDPP]: ‘fui invitado […] en aquel momento como ciudadano […] cuando nadie […] quería’; 3. ‘Expone las Deficiencias de los Partidos Políticos’ (EDPP): “hoy en Aguascalientes hay dos “dedeados” y “tuve que […] darle […] empleo a gente de los diputados del PRI”; y, 4. ‘La Construcción de la Imagen de Candidato Independiente [CICI]: ‘si ser “Bronco” es gente […] que repudia a quien quiere imponer, pues entonces sí soy “Bronco”’.

Se argumenta que los CI-insider, a diferencia de los CI-outsider, con el propósito de persuadir al electorado de que ‘ellos son la mejor opción’ de gobierno o representación se inclinaron por: ‘mostrar sus cualidades’, ‘tomar distancia del partido político al que pertenecieron’, ‘exponer las deficiencias de los partidos políticos’ y ‘construirse una imagen como candidato independiente’. Este tipo de CI, que cuentan con amplia experiencia como miembros de los PP (en su postura de agentes dominados [MDO]), nos han permitido comprender que la ideología dominante en sus organizaciones es el ‘presidencialismo estratificado’ y que, a su vez, son expertos en el conocimiento del sistema social del ‘intercambio’ como base para la distribución de los recursos con los que cuentan tales organismos políticos.

Los hallazgos más relevantes de este trabajo nos confirman: I. Que se mantiene el modelo binario (dual) de PP que tiene su expresión en los resultados de las elecciones municipales del norte del país que se presentan en los datos descriptivos; II. Que los CI observaron resultados más bien magros al obtener apenas 9 empleos de 966 ayuntamiento por los que compitieron contra los PP; III. Que las EP de los CI insider coinciden con las estrategias generales con las que los agentes de la política intervienen en el discurso ideológico, excepto en la categoría ‘minimizar las cosas buenas’ de los PP; IV. Que el ‘presidencialismo estratificado’, como el sistema dominante de creencias (ideología), se encuentra en la base de la dominación que ejercen las FDO de los PP; y, V. Que el ‘sistema social del intercambio’ (material y/o simbólico), resulta de gran utilidad para los actores de la política porque será la base para la distribución de los recursos con los que cuentan los PP.

ANTECEDENTES

En los cien años que van del inicio de la guerra de independencia (1810), hasta principios de la guerra de revolución (1910), la participación política se realizaba a título personal; ‘los individuos se registraban de manera individual, no obstante que grupos de ciudadanos compartieran una plataforma ideológica […] los candidatos a puestos de elección popular en el siglo XIX eran figuras ciudadanas notables de los distintos sectores sociales, organizados en fracciones o agrupaciones: abogados, eclesiásticos, escritores, militares, como lo fueron también después dela revolución de 1910’ (^{Gimate-Wels, 2015:33-34}). De acuerdo con el análisis de ^{Santiago (2014:71)}, en las Constituciones Federales de 1824 y 1857 nunca se mencionó a los PP como las organizaciones exclusivas autorizadas para la competencia electoral que, por otra parte, se realizaba a través de diversos sistemas: sufragio público, elección indirecta en varios grados (mediante escrutinio secreto) y de representación mayoritaria.

Según ha comentado ^{Molinar (1991:27)}, entre 1918 y 1946 las reglas que candidatos y partidos debían acatar eran: ‘minimalista en lo que a sus obligaciones y condicionamientos atañía y maximalista en lo que a derechos tocaba […] los PP no eran los canales únicos para presentar candidaturas a puestos de elección popular. La ley permitía a cualquier ciudadano registrarse como candidato independiente a una diputación, senaduría o a la misma presidencia de la República, con la única condición de reunir los requisitos de elegibilidad y contar con el apoyo firmado de 50 ciudadanos’.

Así, con la promulgación de ley electoral de 1946, el entonces presidente de la república Manuel Ávila Camacho centralizó la administración electoral con la intervención del Poder Ejecutivo en la organización de los comicios (^{Arreola, 2008:36}; ^{Ayala, 2015:48}), otorgó el monopolio para postular candidatos a cargos de elección popular a los PP, se eliminó la figura de los CI (^{Fernández, 1991:89}) y, según expone ^{Arreola (2008:29)}, se eliminó cualquier posibilidad de elecciones verdaderamente competitivas. Dos de las modificaciones que atañen a las CI en esta legislación fueron establecidas en el artículo 60: ‘Las candidaturas para presidente de la República se registrarán, en la Comisión Local Electoral de la entidad respectiva, y las de diputado en el Comité Electoral Distrital que corresponda. Solamente lo partidos podrán registrar candidatos’.

No obstante, se ha llegado a considerar que en un contexto como ese ‘la centralización no era necesariamente una medida antidemocrática, sino un contrapeso a los poderes locales’ (^{Loaeza, 2013:317}).⁹ Por ello, el propósito de la nueva reglamentación electoral fue el de: ‘introducir reglas que amortiguaran los efectos disruptivos de la lucha por el poder […] la ley vigente propiciaba el desorden que se producía en muchos procesos electorales […] la intención fue la de limitar la fragmentación del poder que representaban la multitud de partidos, la mayoría de ellos efímeros, que poblaban el horizonte político nacional (^{Larrosa y Guerra, 2005:245}; ^{Astudillo, 2015:70}). También se trataba de acabar con el descontrol que resultaba que las autoridades municipales fueran responsables de la organización y administración de los comicios’ (^{Loaeza, 2013:315-316}).

Durante este periodo mantuvo su vigencia el ‘reformismo autoritario’ (^{Loaeza, 2013:314}), que ya se había anclado en el Estado de la posrevolución. La consolidación de un fenómeno como este se puso de manifiesto con la expedición de la Ley Federal Electoral de enero de 1973 (^{Diario Oficial de la Federación, 1973}), con la reforma política de 1977 y a las modificaciones que le siguieron (1986, 1989-1990, 1993, 1994 y 1996) que daban la impresión de ser una especie de ‘democracia otorgada’.¹⁰ Para ^{Chanona (2008:34)}, el propósito de estas reformas fue el de ‘darle certeza al proceso electoral, la creación del sistema de partidos y el de ganar la confianza ciudadana sobre las instituciones electorales, a lo que respondió la ciudadanización de las mismas mediante la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) […] La democracia electoral se convirtió así en prioridad, dejando “para después” la agenda de la democracia participativa, con temas como el plebiscito, referéndum, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas e iniciativa popular’.

El primer proceso electoral ordinario, en el que formalmente se permitió la participación política de la ciudadanía a través de la figura de los CI, fue el que se realizó el 20 de mayo del 2007 en el estado de Yucatán. En este proceso estuvieron en juego la gubernatura, 15 diputados locales de MR, 10 diputados locales por el principio de RP y 67 ayuntamientos.¹¹ Así, sería a partir de que la VII Legislatura del Congreso del Estado aprobara, el 17 de mayo de 2006, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán que se autorizó a los ciudadanos sin partido su participación en la contienda electoral por los cargos de gobernador, fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de regidores por ambos principios.¹²

Así, este proceso de reinstauración de las CI que se iniciara en 2007 como se ha señalado, viene a reforzarse con la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012 (^{Diario Oficial de la Federación, 2012}) y se materializa reglamentariamente con la promulgación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) del 23 de mayo de 2014 (^{Diario Oficial de la Federación, 2014}). Y, sería con la modificación del artículo 35, fracción II, de la CPEUM, que sería posible de allí en adelante el registro de candidatos de los PP y de CI (o sin partido) ante la autoridad electoral, siempre y cuando los candidatos ciudadanos fueran capaces de cumplir con los requisitos, determinados por la legislación (federal o local). Concluía de esta forma una ausencia de 68 años (1946-2014) de esta figura y, concluye de igual forma, el monopolio que mantuvieron los PP para registrar candidatos a cargos de elección popular.¹³

Luego de su debut de 2007 en el estado de Yucatán, los candidatos ciudadanos tuvieron su segunda aparición en las elecciones locales ordinarias el 7 de julio de 2013. En esa ocasión se efectuaron en México elecciones locales de manera simultánea en 14 de las 32 entidades del país y estuvieron en juego 1 gubernatura, 441 diputaciones locales, 1348 presidencias municipales y 391 presidentes de comunidad.¹⁴ Y, no obstante que todas las legislaturas de los estados, según se disponía en el Artículo Tercero Transitorio, de la reforma política de 2012, tenían la obligación de adecuar su normatividad electoral en el plazo de un año para incluir en la contienda a los CI, esto solo fue posible en los estados de Quintana Roo y Zacatecas.

En el caso de Quintana Roo, en donde se diputaron 35 cargos de elección popular, lograron obtener su registro 10 CI a diputados locales y 4 para alguna alcaldía; no obstante, ninguno alcanzó el triunfo. Por su parte, para el estado de Zacatecas, en el que estuvieron en juego 88 cargos públicos, no hubo CI inscritos para competir por las diputaciones locales, pero sí lograron inscribirse 9 ciudadanos para contender por 8 de las 58 alcaldías (dos de ellos lo hicieron por la alcaldía de Sombrerete). Y, sería en Zacatecas en la que triunfa por primera vez, después de la reforma política de 2012, un CI que compite por una alcaldía: Raúl de Luna Tovar, quien ya había sido presidente municipal por el derechista PAN, obtuvo el triunfo con 1 377 votos en el pequeño municipio de General Enrique Estrada, dejando en segundo lugar a su antiguo partido (la coalición PAN-PRD) que logró obtener 1 110 sufragios.¹⁵ El total de la votación válida emitida para esa elección ascendió a 3 200, el PAN obtuvo 647 sufragios, el PRD 463, el PRI 432, el PT 115, el PVEM 59, el PANAL 16 y el PMC 2.

Al año siguiente, en 2014, se realizaron en México dos elecciones locales ordinarias y cuatro elecciones locales extraordinarias. Las dos elecciones ordinarias se realizaron el 6 de julio de 2014 en los estados de Coahuila y Nayarit de manera simultánea. En el estado de Coahuila estuvieron en juego 25 escaños al congreso local (16 diputados de MR y 9 de RP) y, en el estado de Nayarit, se diputaron 18 escaños de diputados locales por el principio de MR, 12 por el principio de RP y 20 ayuntamientos) (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014b}). Para el caso de las elecciones extraordinarias, éstas se efectuaron en las siguientes entidades: en Veracruz (3 ayuntamientos el 1 de junio de 2014); en Tlaxcala (1 ayuntamiento el 23 de febrero del 2014); en Oaxaca (2 ayuntamientos por el sistema de partidos -el 4 de mayo del 2014 y el 14 de diciembre de 2014- y 28 por ‘sistemas normativos internos’); y, en Puebla un ayuntamiento el 6 de julio de 2014 (^{Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014a}).

Posteriormente, en 2015, se realizaron dos tipos de elecciones de manera simultánea: la elección federal intermedia, en la que fueron electos 300 diputados por el principio de MR y 200 diputados por el principio de RP, y las elecciones locales ordinarias en 17 de las 32 entidades federativas del país. Todos estos procesos se realizaron el 7 de junio de 2015, excepto la elección local del estado de Chiapas, que se realizó el 19 de julio del mismo año. En estas elecciones locales concurrentes estuvieron en juego 2, 085 cargos de elección popular que se distribuyeron como sigue: 8 gobernadores, 361 diputados locales de MR, 231 diputados locales de RP, 942 ayuntamientos, 20 juntas municipales (Campeche), 16 jefaturas delegacionales (Distrito Federal) y los 500 diputados federales (300 por el principio de MR y 200 por el de RP).

Los resultados que obtuvieron en la competencia los ciudadanos sin partido fueron más bien escasos (^{Camargo-González y Díaz Unzueta, 2015:62}): de los 133 CI que participaron en ambos tipos de procesos (22 para diputados federales, 3 para gobernadores, 79 para presidentes municipales y jefes delegacionales y 29 a diputados locales), sólo 6 obtuvieron el triunfo en sus respectivas elecciones (3 alcaldes, 1 diputado local, 1 gobernador y 1 diputado federal) y fueron los siguientes: José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal Comonfort, en el estado de Guanajuato; José Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado Local por el distrito X en el estado de Jalisco; Alfonso

Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia en el estado de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado Nuevo León; César Adrián Valdés Martínez, Presidente Municipal de García, Nuevo León; y, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Diputado Federal por el distrito 5 en Culiacán, Sinaloa (^{Instituto Nacional Electoral, 2015}; ^{Instituto Electoral de Estado de Guanajuato, 2015}; ^{Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Jalisco 2015}; ^{Instituto Electoral de Michoacán, 2015}; y, ^{Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 2015}).

Finalmente, los requisitos que debían cumplir los ciudadanos interesados en contender por una gubernatura durante este proceso, según se disponía en la reforma política de 2012-2014, serían los siguientes: I. constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria y registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); II. Una vez que el ciudadano logra obtener su registro como aspirante a candidato, debería reunir el apoyo de 3% del total de la ciudadanía inscrita en el padrón de la localidad por la que se compite; III. Una vez que se cumple con este plazo, los postulantes obtienen su candidatura y compiten por esos cargos con los ciudadanos que sí fueron respaldados por los partidos y coaliciones.

SOBRE EL ENFOQUE, LOS MODELOS TEÓRICOS Y LA TEORÍA FUNDAMENTADA

En la construcción del objeto de investigación de las EP que aquí se presenta, hemos utilizado principalmente el enfoque o investigación cualitativa (IC) en el que, de acuerdo con la literatura especializada, es posible identificar varias tradiciones o marcos interpretativos.¹⁶ No obstante, tal pluralidad para la vertiente de investigación social es posible entrever una serie de características primordiales con las que se le asocia. Así, tenemos que para ^{Flick (2007:27)}, por ejemplo, la IC “se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales”. Es decir, que la IC busca la subjetividad, y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales y grupales (^{Álvarez-Gayou, 2012:41}). A una investigación de este tipo se le identifica porque (^{Flick, 2015:20}): “utiliza el texto como material empírico (en lugar de los números), parte de la noción de la construcción social de las realidades sometidas a estudio y se interesa en las perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas y el conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada”. De acuerdo con lo que explican ^{Strauss y Corbin (2002:12)} , la IC: “produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadístico u otros medios de cuantificación […] Algunos datos pueden cuantificarse […] pero el grueso del análisis es interpretativo”.

De aquí que, los componentes que deben considerar quienes realicen una IC serían los siguientes (^{Straus y Corbin, 2002: 13}): i. Los datos, que pueden provenir de fuentes diversas, tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas; ii. Los procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Entre éstos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones proposicionales (a este procedimiento conjunto se le denomina ‘codificar’); el proceso analítico también incluye: el muestreo no estadístico, escribir memorandos y diagramar; y, iii. Los informes escritos y verbales, que pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas o como libros.

Un listado complementario de los rasgos que definan a la IC los propone ^{Flick (2007:18 y 40)} al considerar: 1. La adecuación de los métodos y las teorías; 2. Las perspectivas de los participantes y su diversidad; 3. El poder de reflexión del investigador y la investigación; 4. La variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa; 5. La Verstehen como principio epistemológica; 6. La construcción de casos como punto de partida; 7. La construcción de la realidad como base; 8. El texto como material empírico. Finalmente, el ‘análisis cualitativo’ hará referencia, no en la cuantificación de los datos cualitativos, sino en el proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (^{Straus y Corbin, 2002: 12}).

Así, dado que la intención primordial de este trabajo es la de construir una explicación teórica, a partir de datos obtenidos sistemáticamente sobre la diversidad de EP a las que los CI han recurrido durante su participación en los procesos electorales del 2016, por ello es que hemos recurrido a la teoría fundamentada [TF] (^{Glaser y Strauss, 1967:1}) como el procedimiento metodológico para el abordaje de este fenómeno.¹⁷ Consideramos importante señalar que esta teoría tiene como uno de sus fundamentos el Interaccionismo simbólico [IS] (^{Blumer, 1969:2}), cuyas premisas establecen que: i. Los seres humanos actúan con respecto de las cosas de acuerdo con los significados que estas tienen para ellos; ii. El significado de estas cosas se deriva o surge de la interacción social que se tiene con los propios compañeros; y, iii. Estos significados se manejan en un proceso interpretativo utilizado por la persona al hacer frente a las cosas que encuentra, y este proceso las modifica.¹⁸Así, con ^{Strauss y Corbin (2002: 13)} definimos a la TF como: “una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí”. Se trata, como puede observarse, de una teoría que “da preferencia a los datos y al campo en estudio frente a los supuestos teóricos. Éstos no se deben aplicar al objeto que se investiga, sino que se ‘descubren’ y formulan al relacionarse con el campo y los datos empíricos que se encontrarán en él (^{Flick, 2007:56}).

Una vez construida, la TF debería de comprender: “un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos,¹⁹ interrelacionadas de manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase. Las oraciones que indican una relación explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los acontecimientos” (^{Strauss y Corbin, 2002: 25}). Su propósito, por lo tanto, sería el de: “desarrollar ideas cada vez más abstractas acerca de los significados, las acciones y los mundos de los participantes de la investigación, y buscar datos específicos para completar, refinar y controlar las categorías conceptuales emergentes” (^{Charmaz, 2013:271}).

Ahora bien, respecto de las estrategias para desarrollar una TF son principalmente dos (^{Glaser y Strauss, 1967}): 1. El método de comparación constante, por el cual el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos que le permitirán desarrollar ideas teóricas; y, 2. La técnica del muestreo teórico, mediante la que el investigador selecciona nuevos casos a estudiar según su potencial para refinar y/o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. El proceso de investigación de la TF incluye principalmente los siguientes aspectos: “1. El muestreo teórico; 2. La codificación teórica; y, 3. La escritura de la teoría” (^{Flick, 2007:57}).

De acuerdo con lo que señala ^{Charmaz (2013:271)}, los métodos de la TF: “son un conjunto de pautas analíticas flexibles que permiten a los investigadores concentrar su recolección de datos y elaborar teorías inductivas de alcance medio a través de sucesivos niveles de análisis de datos y de desarrollo conceptual” […] “consisten en la recolección y el análisis simultáneos de datos que, a lo largo del proceso de investigación, se moldean y focalizan recíprocamente”. En otras palabras, la TF (^{Jones, Manzelli y Pecheny, 2007: 48-51}) “se basa en un procedimiento de análisis creado con el propósito de generar conceptos y desarrollar teoría a partir del material procedente del estudio de casos. Esta teoría no constituye un método o una técnica específica, sino que es más bien un estilo de hacer análisis cualitativo que incluye una serie de herramientas metodológicas distintivas, como el muestreo teórico y la realización de “comparaciones constantes”.

EL PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Ahora bien, en el diseño de nuestra investigación hemos utilizado el ‘muestreo completo’, esta técnica nos ha permitido limitar el conjunto de casos de antemano según ciertos criterios de interés para la investigación (^{Flick, 2007:77)}. Dado que el propósito era comprender la diversidad de fenómenos, que en la esfera de la política, es posible comprender desde la perspectiva de los informantes, se eligió a los CI (mujeres y hombres); que participaron en alguna de las elecciones que se realizaron el 5 de junio de 2016 (gubernatura, alcaldías y/o diputaciones locales); y, que se efectuaron en alguna de las tres entidades seleccionadas (Aguascalientes, Baja California y Chihuahua).²⁰

Fue así que, los datos que se construyeron para el análisis, proceden de 30 entrevistas que los CI otorgaron a diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet) durante sus respectivas campañas. Así mismo, fueron integrados al análisis los resultados de la preferencia electoral que nuestros informantes y los partidos políticos obtuvieron durante esta contienda electoral. El procedimiento para el análisis fue el siguiente: se ubicaron, seleccionaron y obtuvieron las entrevistas; los archivos de audio y/o video fueron transcritos según las convenciones de ^{Jefferson (1984: 346-369)} y se analizaron y sistematizaron mediante el procedimiento estándar de categorización que se expone más abajo; se concluyó con esta etapa en el momento en el que se alcanzó la ‘saturación teórica’ (^{Flick, 2007:199}). En la tabla que sigue, se especifican las cualidades de los casos de CI que se convirtieron en nuestros informantes para este trabajo.

LA PREFERENCIA ELECTORAL EN TRES ENTIDADES DEL NORTE DE MÉXICO (2016)

En esta sección se presenta la distribución de la preferencia electoral para las elecciones locales ordinarias por las alcaldías en los estados de Aguascalientes, Baja California y Chihuahua realizadas el 5 de junio de 2016. Los datos descriptivos que aquí se exponen, se han agrupado en función de los resultados que obtuvieron los PP y los CI, cada uno por su cuenta, en la competencia por las alcaldías. Resulta pertinente la exposición de tales datos, ya que son la dimensión contextual de los fenómenos estudiados, al mismo tiempo que contribuyen con una mejor comprensión del comportamiento electoral, del significado que estos procesos electorales han tenido para los propios CI y del tipo de régimen en el que ellos han sido contendientes.

Con los datos seleccionados será posible: 1. Relacionar los resultados del análisis cualitativo con el contexto en el que ocurren los procesos electorales; 2. Ubicar a los CI en la justa dimensión de su potencial competitivo al comparar los resultados que obtuvieron con los de los PP; 3. Poner en evidencia que una distribución del mercado electoral como la que se observa, es consecuencia de un electorado que históricamente, ha elegido a candidatos de la derecha ideológica (PRI y PAN); y, 4. Que en el norte del país, prevalece de facto un sistema de partidos ‘binario’ o ‘dual’ en el que la contienda real ocurre ordinariamente entre dos fuerzas políticas independientemente de la adscripción ideológica.

Fuente: elaboración propia con datos del ^{Instituto Estatal Electoral Aguascalientes (2016)}. http://www.ieeags.org.mx/index.php?iee=4&mod=verproceso&n=8, consultado el 15 de diciembre de 2016.

Gráfica 1: Distribución de la preferencia electoral y Elección ordinaria por las alcaldías de Aguascalientes 2016 

Según se puede observar en el gráfico anterior, fueron los derechistas PAN (175 979) y PRI (152 363) por sí mismo y en coalición las dos organizaciones políticas que más votos obtuvieron. En tercer lugar, se ubicó el candidato independiente que compitió por el municipio de Aguascalientes (39 108) y, en un lejano cuarto lugar se ubicó el PRD. Así, con un total de 462 380 votos emitidos, de un listado nominal de 938 141 electores potenciales (^{Instituto Nacional Electoral, 2016}), los partidos políticos en conjunto obtuvieron 404 274 votos y los candidatos independientes alcanzaron entre todos apenas 44 664 sufragios. Una distribución como esta permitió que el PAN se hiciera con cuatro de las once alcaldías en juego (Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, y San José de Gracias); el PRI por sí mismo ganó una; mientras que en coalición (PRI-PT-PNA) alcanzó tres (Asientos, El Llano y el Rincón de Romos); el PVEM 1; el PRD 1; y, un candidato independiente obtuvo el triunfo el municipio de Cosío (^{Instituto Estatal Electoral Aguascalientes, 2016}).

Baja California

En la elección local del estado de Baja California estuvieron en juego los 5 ayuntamientos, 17 diputados por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional. En la contienda por las alcaldías participaron 9 partidos políticos, 1 coalición (PRI-PT-PVEM-PNA) y 8 candidatos independientes. De éstos, 1 compitió en la elección por el ayuntamiento del municipio de Tecate; dos lo hicieron por el de Tijuana, dos más por el de Ensenada y tres por el municipio de Playas de Rosarito.

Fuente: elaboración propia con datos del ^{Instituto Estatal Electoral Baja California (2016)}. https://www.ieebc.mx/prep/prep2016/html/html/index.htm, consultado el 15 de diciembre de 2016.

Gráfica 2: Distribución de la preferencia electoral y Elección ordinaria por las alcaldías de Baja California 2016 

Tal y como se puede observar en el gráfico de arriba, los derechistas PAN (226 203) y PRI (206 389) en coalición fueron los dos partidos políticos que más votos obtuvieron. Le siguió Morena (80 981) en un lejano tercer lugar. Así, con una participación del 32% del electorado, de un listado nominal de 2 570 078 electores potenciales (^{Instituto Nacional Electoral, 2016}), los partidos políticos en conjunto obtuvieron 647 429 votos y los candidatos independientes alcanzaron entre todos apenas 81 559 sufragios. Una distribución como esta permitió que el PAN se hiciera con tres de las cinco alcaldías en juego (Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito), mientras que la coalición que encabezó el PRI alcanzó dos (Tecate y Ensenada); en esta elección ningún candidato independiente ganó su elección (^{Instituto Estatal Electoral Baja California, 2016}a).

Chihuahua

En la elección ordinaria para el estado de Chihuahua se contendió por 67 alcaldías, 22 diputados locales de mayoría relativa, 11 diputados locales de representación proporcional y un gobernador. En este proceso participaron 9 partidos políticos, 3 coaliciones en torno del PRI (PRI-PNA; PRI-PVEM-PNA; y, PRI-PVEM-PT-PNA) y 12 candidaturas independientes: uno por la alcaldía de Cuauhtémoc, uno por la de Chihuahua, uno por la de Delicias, dos por la de Hidalgo del Parral, tres por la de Jiménez, uno por la de Juárez, uno por la de Ocampo y dos por la de Santa Bárbara. De todos los independientes, solo dos obtuvieron el triunfo en sus respectivas elecciones: Hidalgo del Parral y Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo que se puede observar en la gráfica 3, fueron de igual manera los derechistas PAN (397 701) y PRI (316 886), por sí mismo y/o en coalición, las dos organizaciones políticas que más votos obtuvieron. En tercer lugar se ubicó el candidato independiente que compitió por el municipio de Juárez (209 762) y en un lejano cuarto lugar se ubicó el candidato independiente por el municipio de Chihuahua (74 490). Así, con un total de 1 292 029 votos emitidos, de un listado nominal de 2 643 565 de electores potenciales (^{Instituto Nacional Electoral, 2016}), los partidos políticos en conjunto obtuvieron 925 599 votos y los candidatos independientes alcanzaron entre todos ellos 321 030 sufragios. Una distribución como esta posibilitó que el PAN se hiciera con 29 de las 67 alcaldías; el PVEM con 1; el PMC de 4; el PRI-PNA con 4; el PRI-PVEM-PNA con 4; el PRI-PVEM-PNA-PT con 20; y, 2 fueron para los candidatos independientes: Héctor Armando Cabada Alvídrez de Ciudad Juárez con 209 762 votos (48.94% del total de votos emitidos) y José Alfredo Lozoya Santillán quien gana el de Hidalgo del Parral con 23 351 votos (48.45% del total de votos emitidos) (^{Instituto Estatal Electoral Chihuahua, 2016}).

Fuente: elaboración propia con datos del ^{Instituto Estatal Electoral Chihuahua (2016)}. http://www.ieechihuahua.org.mx/_resultados_computos, consultado el 15 de diciembre de 2016.

Gráfica 3: Distribución de la preferencia electoral y Elección ordinaria por las alcaldías de Chihuahua 2016 

LAS CATEGORÍAS EMERGENTES DE LA FAMILIA ‘ESTRATEGIAS PERSUASIVAS’ [EP]

CONCLUSIONES

En el régimen político-electoral mexicano la competencia entre los PP y los CI es asimétrica debido a los cuantiosos recursos públicos que se destinan a los PP. En este contexto, y, por otra parte, la escasez de recursos financieros que padecieron los CI los llevó, en las pasadas elecciones locales de 2016, a implementar una serie de estrategias que les permitieran hacer llegar sus ofertas de campaña al electorado. Algunas de las más relevantes fueron:

a. La utilización de un equipo de campaña mínimo; b. El uso de recursos propios que se destinan a distintos rubros de la campaña (popularidad, dinero, vehículos, oficinas, etc.); c. El uso de las redes sociales (Facebook, YouTube, Watsapp, Instagram, etc.); d. el intercambio simbólico (promesas de empleo) con la estructura de promotores del voto; e. el financiamiento individual (micro-financiamiento); y, f. la venta de objetos para la publicidad del candidato, entre otras.

Es importante señalar que las principales EP que los CI utilizaron en la esfera discursiva, sobre todo ante los MMC, fueron las siguientes: i. Mostrar, desde su propio punto de vista, lo que podrían ser sus cualidades como CI al cargo por el que se compite; ii. Tomar distancia del PP en el que militaron antes de convertirse en CI; iii. Exponer lo que, desde su perspectiva como CI, son las deficiencias de los PP como organizaciones políticas; y, iv. Construir una imagen propia como CI o ciudadano. No obstante, los CI mantienen bajo reserva el hecho de que todos los recursos que ellos invierten, ya sea de corte material o simbólico, tienen como propósito primordial el de ganar el empleo de gobierno o representación por el que compiten; en su lugar aparecen una gran diversidad de promesas de campaña, tales como: la realización de un gobierno diferente, la eficiencia en la implementación de políticas públicas, el conocimiento del aparato de gobierno, cumplimiento con las promesas de intercambio, un ejercicio gubernamental ‘de la gente’, entre otras.

En este encuadre, los CI conocen, de forma práctica por tratarse de actores legos, las distintas formas en las que puede ser utilizado el sistema del intercambio: i. Los CI invierten sus propios recursos en una campaña política que tiene como propósito ganar el cargo por el que se compite [se intercambian los diversos recursos con los que se cuenta por los recursos financieros y políticos que obtendrán cuando ganen el empleo]; ii. Los CI intercambian recursos (dinero o promesas) con los promotores de firmas y del voto; y, iii. A su vez, los colaboradores del CI invierten sus recursos a cambio de la promesa de empleo en el servicio público.

Ahora bien, serán las representaciones sociales a las que pertenece el CI (creencias y valores) las que los lleven a considerar y a creer, siempre contextual y circunstancialmente, que un determinado perfil (p. ej. empresarial-neoliberal) será la mejor opción de gobierno para el electorado. Asimismo, el elemento fundamental que motiva a los agentes en su lucha por el poder político son los recursos, sobre todo económicos, que de allí pueden obtener (empleos gubernamentales y de representación). En México subsiste una partidocracia que, no obstante que a partir de la reforma política de 2012 abre la posibilidad de competencia para las CI, detenta el control sobre los recursos públicos que se asignan a los agentes que compiten en la arena electoral.

Finalmente, la reglamentación electoral mexicana hoy en día no tiene un límite para el registro del PP (nacionales o locales), basta con que cumplan con los requisitos de ley para que se les permita competir en los procesos electorales. No obstante, prevalece un régimen de partidos binario (de facto): es decir, que en realidad solo dos partidos son capaces de competir por los cargos de elección popular. En este sentido, la recientemente instaurada figura jurídica del CI generó una gran expectativa entre el electorado y los ciudadanos interesados en contender en los procesos electorales; sin embargo, fueron los miembros tránsfugas de los PP (CI-Insider) quienes principalmente se convirtieron en CI.

Además, esta vertiente de participación política, antes que una vía real de participación para la ciudadanía en general (ciudadanos sin experiencia política partidista), resultó ser en realidad una alternativa para los actores de la política profesionales que no habían obtenido el respaldo de la candidatura por su propio partido; fue más bien una especie de válvula de escape para corregir las fallas de intercambio al interior de los PP.

Por último, consideramos que el cuantioso financiamiento público que hoy en día reciben los PP resulta por demás infructuoso. El argumento de los mismos legisladores partidistas para otorgar a sus organizaciones políticas tal cantidad de recursos es que solo así podrán los partidos mantenerse al margen de los poderes fácticos. Como se sabe, tal distanciamiento nunca ha existido en realidad; siempre ha sido una oligarquía político-económica la que ha mantenido el control sobre el ejecutivo y el legislativo (principalmente). Si los CI fueron capaces de competir casi sin recursos públicos, luego entonces los candidatos de los PP también deberían de ser capaces. Aquí el problema para cualquier gobierno que se lo propusiera, en todo caso, sería desmontar el entramado institucional de proteccionismo político que han construido en su conjunto los PP a los que acertadamente se les ha denominado como ‘partidocracia’.