Introducción

El cierre de este dossier ha coincidido con la propagación a nivel global del Covid 19, que suma más de quince millones de personas infectadas y más de seiscientas mil defunciones (^{Johns Hopkins University, 2020}). Con impactos aún impredecibles en las esferas económica, social, política y cultural, la pobreza va en aumento -se estima que entre cuarenta y sesenta millones de personas en el mundo enfrentarán extrema indigencia (^{UNDP, 2020})-, al mismo tiempo que migrantes y refugiados han visto minadas sus expectativas, por lo que requieren mayor protección.

La mención anterior es un imperativo ético, a la par que abre la posibilidad de subrayar la importancia de la movilidad humana en el grupo de artículos que aquí se introducen dado que, en su mayoría, el análisis cruza por las condiciones de pobreza de diversos actores, o bien por el factor educativo.

Así también, la educación deviene en elemento estratégico -pues debe ser guiado e implementado en un determinado tiempo y espacio-, y se convierte en clave para que los migrantes tengan acceso a la movilidad social ascendente, lo cual favorecería su proceso de integración a la sociedad receptora.

La propia definición de movilidad humana de la Organización Internacional para las Migraciones refiere a “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho [humano] a la libre circulación” (^{OIM, 2012}), lo que constituye un concepto incluyente que, al dar cabida a procesos diversos y complejos, como los esbozados en los casos de estudio que aquí se integran,¹ enmarca también su riqueza multidisciplinaria.

Son seis los artículos que forman este dossier, y tienen mayoritariamente como eje de atención al factor humano -los niños, los migrantes y los trabajadores-, identificado por su vulnerabilidad como denominador común, a lo largo de distintos puntos de la vasta geografía del norte y el sur de las Américas -Oaxaca; Nueva York; Salta, Argentina y Bolivia. Los que colaboramos en este esfuerzo, asumimos el desafío de trascender fronteras y regiones, buscando que los lectores valoren el contrastar lecturas, conocimientos y posiciones para ser capaces de ratificar o reorientar aquello que hace de un trabajo especializado parte de un habitus, que en ocasiones limita la libertad de expresión de saberes diferenciados.

Antes de entrar en materia, es obligado agradecer a todos y cada uno de los ocho colegas de distintas nacionalidades que participan como autores en este compendio, pues su dedicación y empeño en este esfuerzo colectivo nos ayudan a que Norteamérica, Revista académica, tienda más puentes que favorezcan la interlocución de muchos estudiosos interesados en comparar nuestra región con otras más, buscando también estimular un diálogo más directo y fecundo en las Américas sobre temas de absoluta prioridad, como lo son la movilidad humana y la educación.

El texto inicial es de Marta Rodríguez-Cruz, mismo que conlleva una valiosa crítica a los mecanismos implementados por México para atender las necesidades de educación de los menores de edad que no hablan español, a propósito de la repatriación forzada o voluntaria de sus padres desde Estados Unidos. Centra sus observaciones etnográficas en Oaxaca -una entidad federativa donde la pobreza prevalece en el 66.4 por ciento de la población, mientras que el 7.5 por ciento de los niños entre tres y quince años no asisten a la escuela (^{Murat, 2019})-; la autora advierte que las políticas de aceptación y acceso al sistema educativo mexicano son insuficientes para atender las necesidades de una población infantil que inició su escolarización en inglés. Rodríguez-Cruz habla de un sistema educativo incluyente-excluyente, que no beneficia la adaptación de los niños ni mucho menos su integración a un contexto sociocultural distinto, circunstancia que queda manifiesta por el bajo rendimiento y la tendencia hacia la deserción de este grupo de escolares. Sin embargo, destaca también lo propositivo del artículo, al sugerir una alianza de los gobiernos de México y Estados Unidos para echar a andar un programa educativo especial, que beneficie a este grupo de niños y jóvenes, muchos de los cuales ostentan la doble nacionalidad.

Para armonizar la riqueza de contenidos de este conjunto de colaboraciones, Victor Toledo nos refiere a la condición de vulnerabilidad de los niños de Salta, Argentina. Su argumento se desarrolla a partir del severo impacto que la pobreza tiene en su desempeño escolar, asentando cifras críticas que nos alertan respecto a que el 32 por ciento del total de la población de su país se ubicaba bajo la línea de pobreza en 2018, añadiendo que en la región del noroeste argentino (NOA), la provincia de Salta cuenta con el 28 por ciento de los asentamientos, en donde la pobreza y la indigencia superan la media nacional.

Según el Índice de Desarrollo Humano (^{UN, 2019}), Argentina ocupaba la posición 48 a nivel internacional, pues registraba un promedio de escolaridad de 10.6 años. Esta cifra adquiere una dimensión de profundidad cuando Toledo menciona que, si bien su país cuenta con el 100 por ciento de los niños escolarizados, la baja motivación para asistir a la escuela que se detecta en los hogares vulnerables -por hacinamiento, carencia de servicios, bajo nivel de escolaridad del principal proveedor, presencia de trabajo infantil, etc.- llega al 72 por ciento a nivel nacional, y en Salta al 68 por ciento.

En busca de alternativas que beneficien una educación de calidad para los menores, el autor subraya que las métricas que nutren las políticas sociales argentinas requieren, entre otras cosas, romper con el círculo de insuficiencia y desarticulación, y también del desarrollo de mayores capacidades por parte de las organizaciones sociales, las cuales, para ser más efectivas, deben concurrir con aquellas del Estado.

Por otra parte, el artículo “Migrantes bolivianos en barrios populares de la Ciudad de Salta” nos presenta la oportunidad de establecer algunos paralelismos con la región fronteriza México-Estados Unidos, toda vez que dicha provincia argentina se convirtió en un polo de atracción de trabajadores agrícolas desde el siglo XIX. Un punto adicional sorprende al reconocer que Estados Unidos y la República Argentina comparten una característica común en el Continente Americano, pues ambos países cuentan con la mayor concentración de población inmigrante en los hemisferios norte y sur, respectivamente. Las psicólogas Paula Ulivarri y Amelia Clark -responsables de esta investigación cualitatitva- se concentran en un universo de doscientos veinte hogares, de los cuales el 11 por ciento corresponde a familias de migrantes bolivianos. Sus observaciones apuntan las circunstancias de vulnerabilidad socioeconómica y de discriminación étnica y cultural de este grupo, lo que nos reitera que en Argentina aún predomina un racismo estructural que estigmatiza por igual a migrantes, indígenas y afrodescendientes (^{Bermejo, 2020}). Derivadas de esta reflexión se pueden desprender preguntas como ¿qué características tiene la interacción en el trabajo de los migrantes bolivianos con sus pares argentinos?, ¿cómo se resuelven las diferencias étnicas, raciales o culturales en los barrios argentinos donde impera la precariedad? Ambos cuestionamientos podrían incentivar a las dos colegas en las fases sucesivas de su valioso proyecto.

En busca de un diálogo entre los diversos contenidos de este dossier, considero que la aportación de Beltrán Roca Martínez y Pilar Pinto Buzón, intitulada “Educar desde la interseccionalidad: recepción de una película en un centro de trabajadores”, da pautas interesantes para la socialización y concientización de los trabajadores migrantes de origen latinoamericano en Nueva York, mismas que podrían servir de referencia en otras latitudes.

En el espacio del citado centro, los inmigrantes de bajos ingresos generan vínculos de solidaridad y empatía por medio de distintas actividades, una de las cuales se desarrolla a partir de un cine-debate, cuyo propósito les permite identificar sus condiciones de opresión e injusticia. Con la orientación de los activistas, uno de los objetivos principales de este núcleo es la educación de los trabajadores mediante fórmulas que van más allá de lo convencional. Se busca beneficiarlos con el reconocimiento del valor agregado de un entorno de relaciones laborales interétnicas, además de estimular la formación de capital social entre los miembros del grupo.

Resta atender ahora sólo dos de los trabajos que componen este conjunto, cuya característica común es que estudian procesos de integración en la región sur de las Américas. En el caso del Mercado Común del Sur (Mercosur), Melisa Languasco destaca la variable migratoria de este acuerdo, mientras que Martín A. Rodríguez alude a las características de la cooperación educativa del proceso de integración subnacional de la Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano (Zicosur).

Languasco refiere al hecho de que el Mercosur contempla una ambiciosa visión para afianzar la libre movilidad de las personas, dando preferencia a la problemática laboral y pretendiendo escalar gradualmente a la ciudadanía comunitaria. Recordemos primero que este instrumento contempla a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, sumando a Bolivia en proceso de adhesión.

El artículo señala que dicha integración estipula la libre residencia para las personas provenientes de cualquier país miembro, por lo que los migrantes y sus familias debieran contar con los mismos derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales que los nacionales. Pero en los hechos subsisten serios problemas por la complejidad intrínseca de cada país y las asimetrías económicas, institucionales y técnicas entre ellos.

Una propuesta sería investigar los paralelismos entre lo que menciona Languasco en torno a que la política migratoria común del Mercosur es aún una meta secundaria, y el estado de continuidad que se ha dado a la migración de profesionales y ejecutivos de negocios en el tránsito del TLCAN al T-MEC circunscribe a una regulación selectiva y excluyente (^{USCIS, 2020}).

Continuamos con el texto de Martín A. Rodríguez, quien inicia mencionando que la Zicosur tiene como objetivo central integrar a una amplia región del centro-oeste sudamericano, cuya especificidad consiste en un proceso de complementación económica, comercial y cultural de entidades subnacionales, que en total suman una población mayor a setenta millones, localizada en algunas regiones de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Perú, además de la totalidad de los territorios del Paraguay y el Uruguay (^{Zicosur, 2020}). El autor decanta la importancia que la cooperación educativa tiene para este marco de integración, reconociendo que las alianzas entre las instituciones de educación superior y la movilidad de estudiantes, científicos y docentes es esencial para potenciar el desarrollo y la competitividad de la región a nivel internacional, observando al mismo tiempo la relevancia de la generación de capital social en esta red de vínculos asociativos. Advierte, sin embargo, que persisten grandes retos, pues la dimensión de la propia Zicosur es muy amplia, al igual que el número de actores involucrados, de cara a la ausencia de compromiso de muchos de ellos y a la prevalencia de fondos insuficientes.

Para concluir, es necesario extender un reconocimiento particular a todos los compañeros y amigos de la Universidad Católica de Salta, Argentina, que dieron los primeros pasos para establecer una estrecha colaboración académica con el CISAN de la UNAM, y que con este dossier fructifica en los hechos. Mi aprecio a José Luis Valdés Ugalde, editor en jefe de esta importante revista; a Silvia Maldonado, editora, y a Juan Carlos Tarriba, editor asistente.

La utilidad y el interés que encuentren los lectores en este dossier será la recompensa para todos los involucrados en su elaboración.