Artículos

 

Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006)

 

Self-Defence Groups and Paramilitarism in Colombia (1964-2006)

 

Pedro Rivas Nieto y Pablo Rey García*

 

* Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. privasni@upsa.es / preyga@upsa.es

 

Fecha de recepción: 25/09/07
Fecha de aceptación: 28/01/08

 

Resumen

En este artículo se estudia el proceso de inicio y de desarrollo del paramilitarismo colombiano desde su surgimiento formal, en los años sesenta, hasta su desaparición formal, en 2006. Se analiza su evolución, sus resortes y las relaciones con diversos grupos sociales que le dieron forma, especialmente los campesinos y ganaderos, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas. Se hace especial hincapié en el cambio producido entre las autodefensas -defensa legítima auspiciada por el Estado- y los grupos paramilitares, cuyo fin era acabar con la insurgencia, pero que terminaron dedicados a la delincuencia común y al lucro, mezclando intereses diversos.

Palabras clave: paramilitarismo, violencia política, conflicto, Fuerzas Armadas, guerra.

 

Abstarct

This paper studies the phenomenon of the Colombian paramilitarism from its formal emergence, in the sixties, up to its formal disappearance, in 2006. This analysis comprises the evolution and the relations with diverse social groups that constituted the paramilitary movements, specially ranchers, drugs traffickers and the Armed Forces. Special emphasis is given to the change produced among the "self-defence groups" -legitimate defence supported by the State- and the paramilitary groups, whose purpose in the beginning was to finish with the insurgency, but at the end both of them were dedicated to criminal activities.

Key words: paramilitarism, political violence, conflict, Armed Forces, war.

 

I. ORÍGENES REMOTOS.

No es tan sencillo como parece a priori, entender el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Tampoco lo es comprender sus causas y las formas de su nacimiento. Suelen confundirse en el discurso público sus motivaciones y comportamientos y es habitual escuchar en el discurso común ideas que, sin ser falsas del todo, son incompletas, como que todos los "paras" son violentos sicarios del narcotráfico, que forman parte del brazo sucio e ilegal de las Fuerzas Armadas, que no son más que delincuentes comunes o que, por el contrario -se dice, más generosamente- son esforzados campesinos que tuvieron que alzarse en armas contra los desmanes de la guerrilla. Posiblemente sean todas esas cosas y ninguna a un tiempo. El fenómeno paramilitar, como todo en Colombia, es complicado.

Ya en el siglo XIX existían fórmulas de impartir justicia y de solucionar disputas de forma violenta al margen del Estado. Por extraño que resulte, no han sido pocos los países en los que esto ocurría si el poder público no tenía capacidad de imponerse en todo el territorio nacional. Así que esta singularidad no lo es tanto si se compara a Colombia con otros países del área o incluso de otras zonas del mundo. En este país, de posición estratégica a la entrada de América del Sur, la violencia fue más acusada desde 1920 y los ejércitos privados que defendían el orden social la agravaron. No obstante, las raíces históricas del fenómeno paramilitar están en La Violencia¹ del medio siglo, singular y conocido período de la vida colombiana que partió en dos el siglo XX y en el cual la barbarie estalló en el centro político y geográfico del país para, finalmente, manifestarse y arraigar en la periferia campesina. No es extraño que, después, el paramilitarismo enraizara en los mismos lugares de entonces, pues los antecedentes directos de los recientes señores de la guerra están en "la ley del llano", los "chulavitas" o los llamados "pájaros" de la década de los cincuenta (De Lima, 2005: 10; Chica, 2004: 45).²

Pese a todo, el surgimiento formal de los grupos armados al margen del Estado data de 1965 y de 1968, cuando dos textos jurídicos -el Decreto 3398 y la posterior Ley 48- sentaron las bases legales que permitieron crear organizaciones de defensa civil. Estas normas de marcado carácter presidencial hablan por sí mismas de la violencia que vivió el país no sólo en aquellos años, sino en los decenios anteriores. La debilidad de las instituciones estatales, fuera culpable o no de este asunto, sí tenía cierta responsabilidad en la aparición de estas formas singulares de ejercer el derecho legítimo a la defensa y a la protección de la propiedad privada: cuando el Estado no controla el territorio no puede ejercer sus funciones de protección de la población ni ostentar el monopolio exclusivo de la violencia.

Los dos decretos presidenciales antes mencionados se relacionan, además, con la lógica contrainsurgente del tiempo de la Guerra Fría (Richani, 2003: 167) y, más en concreto, con la Doctrina de Seguridad Nacional; es decir, con la necesidad de combinar elementos diversos de carácter militar, psicológico, político, económico y paramilitar en la lucha contra la izquierda emergente, que ponía en solfa tanto el orden social de los países de Iberoamérica como a los regímenes democráticos. La insurgencia decía querer acabar con la iniquidad que dañaba a los débiles, pero también con la democracia que, en ortodoxia doctrinal, es pura emanación del pensamiento burgués. Al fin y al cabo, esta vez Colombia no era una excepción en el mundo, pues la Doctrina de Seguridad Nacional -adaptación "a la latinoamericana" de los métodos empleados por las tropas francesas en la guerra de Argelia- se aplicó en todo el continente de forma similar al aprender los oficiales sus procedimientos en la Escuela de las Américas y en los Estados Unidos. Téngase en cuenta que los dos decretos presidenciales mencionados se promulgaron después del nacimiento de las FARC, en 1964, y del ELN, en 1965. La Ley 48 permitió la creación de ejércitos privados, con el consiguiente quebranto posterior de la legitimidad de las instituciones democráticas colombianas y, tras nacer milicias paralelas que ofrecían protección a quien pudiera pagarlo, se ahondaron más las brechas de la sociedad colombiana.

Fuere como fuere, hubiera mucha o poca Doctrina de Seguridad Nacional y guerra contrainsurgente de Guerra Fría -junto a otros elementos que explicaremos en breve-, el surgimiento del paramilitarismo en Colombia se debió a una manifestación reactiva a los desmanes de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver los problemas de orden público y los conflictos sociales (García, 2004: 62). Nació como un fenómeno de autodefensa y, aunque pudiera pensarse que en eso se parece a otras formas de vigilantismo de Latinoamérica, conviene hacer una distinción. Las autodefensas no han sido -ni son- ciudadanos organizados contra la criminalidad común ni gentes que espontáneamente se enfrentan a delincuentes comunes –como ocurre en el linchamiento (Huggins, 1991)³-, sino grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador cuyo fin era mantener un orden sociopolítico establecido (Rosembaun y Sederberg, 1976: 4). Si en la tradición anglosajona el vigilantismo era un movimiento organizado, al margen de la ley, que se tomaba la justicia por su mano y respondía a la carencia de orden y ley en las regiones de frontera (Brown, 1969: 154),⁴ en Colombia, el fenómeno era distinto. Aunque en el nacimiento de las autodefensas existiera un vigilantismo ciudadano espontáneo de raíz local, el fenómeno pronto desbordó el localismo y surgió un actor armado con peso en todo el país. No en vano, casi desde los comienzos, los grupos paramilitares estuvieron bien estructurados, tuvieron funciones explícitas y claramente definidas⁵ y mando centralizado.

Este es el origen principal del fenómeno de las autodefensas. Sin embargo, no conviene tampoco idealizar estas formas legítimas de defensa porque pronto derivaron hacia fórmulas menos lícitas. De la contrainsurgencia popular, defensiva y eficaz de los comienzos, bien arraigada en la sociedad tradicional, rural y de frontera, se pasó a un paramilitarismo ofensivo. De la respuesta de carácter reactivo se pasó a la respuesta de carácter preventivo. Si empleamos a nuestra conveniencia la conocida frase de Mao-Tse-Tung para explicar este problema podría decirse que, pasado el tiempo, los paramilitares, mediante sus tácticas de guerra irregular, han intentado impedir que aumente el nivel del agua del pez revolucionario.

Recuérdese que desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta nacieron grupos armados irregulares como reacción al fortalecimiento de los grupos guerrilleros en Colombia, coincidente con la segunda ola guerrillera de Iberoamérica tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1979. A finales de 1982 tuvo lugar la primera reunión de comerciantes, ganaderos y agricultores de Puerto Boyacá -alrededor de 250- que se organizaron para defenderse de la guerrilla, trastocando el espíritu de la ley que permitía que los ciudadanos se organizaran para defender sus predios en colaboración con las Fuerzas Armadas. Se reunieron en Medellín y nació ACDEGAM⁶ con la justificación de llenar el vacío dejado por el Estado. Así que, en pocos años -apenas un par de decenios desde los decretos y las leyes de amparo de la defensa civil- la participación interesada de los grandes terratenientes, de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del narcotráfico complicó el ya de por sí conflictivo fenómeno del paramilitarismo y lo degradó. Si en los años sesenta y en los setenta había sido parte de la solución a los problemas causados por la guerrilla -especialmente para los propietarios de tierras y los ganaderos- en los años ochenta se transformó su esencia. Por regla general, las autodefensas dejaron de ser pequeños grupos protectores de tierras, bienes y vidas para convertirse en bandas que defendían los intereses privados de los propietarios perjudicados por la guerrilla. Es más, en ese tiempo -con honrosas excepciones- se estaban formando y consolidando grupos diferentes de paramilitares, como los de los narcotraficantes, los de las mafias de las esmeraldas y los de los ganaderos y de los terratenientes.⁷ Hay que añadir a esto que la negativa de algunos sectores más radicales e ideologizados de las Fuerzas Armadas colombianas a las -entonces, las primeras- negociaciones con la guerrilla, llevadas a cabo por el Gobierno de Belisario Betancur, hizo que esos sectores se adhirieran moralmente o de facto al paramilitarismo. Casi todos estos grupos, ya fueran soldados convencidos de la urgencia de enfrentarse a la guerrilla por métodos poco ortodoxos, antirrevolucionarios de corazón, defensores de sí y de los suyos o delincuentes comunes, que aprovechaban el paramilitarismo para sus propios fines, acabarían uniendo objetivos e intereses comunes, mediados los años noventa.

No obstante, en el período descrito, seguían intentando transmitir la imagen y la idea de que eran grupos de defensa legítima de haciendas y personas, de naturaleza contrainsurgente y vocación reformista. En breve frase de Palacios y Safford que resume la evolución de este fenómeno:

Con el tiempo algunas autodefensas reciben patrocinio de viejos y nuevos señores de la tierra, como los narcotraficantes. Adquieren movilidad y poder ofensivo que buscan proyectar [...] en una escala nacional. Pero la imagen que, al menos desde 1990, quieren ofrecer estas organizaciones, es la de la legítima defensa (Palacios y Safford, 2002: 661).

Quizá por esto el Gobierno colombiano se ha esforzado, en los últimos años, por distinguir con claridad entre los grupos de autodefensa y los paramilitares. Según el Alto Comisionado para la Paz (1997:13), aquéllos tienen un proyecto político y éstos son simples mercenarios, pero esto no se ve fácilmente en la práctica.

 

II. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL FENÓMENO PARAMILITAR

El fenómeno paramilitar no nació de la nada ni ha marchado al margen de las peculiaridades del continente o de Colombia. Se ha aprovechado de las instituciones, del Estado, de las necesidades, de la ideología y de cualquier asunto que le fuera útil y ha sacado partido de las contradicciones de la sociedad colombiana. Los tres grandes pilares del paramilitarismo fueron los terratenientes y campesinos que querían defenderse de las guerrillas; los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos sediciosos y los militares que, deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualesquiera métodos para lograr sus fines. Al mismo tiempo, sería injusto acusar al grueso de los agricultores o los terratenientes y a las Fuerzas Armadas de connivencia con esos grupos porque la mayoría intentó vivir conforme las leyes marcaban. De esos tres pilares vamos a hablar ahora.

1) Terratenientes, ganaderos, mineros y campesinos

Tradicionalmente la privatización del Estado en Colombia tendía a ser mayor en la región que en la nación y era más intensa en ciertas zonas. Bajo el régimen de hacienda de las zonas rurales nació una suerte de capitalismo de familia, de carácter paternalista, con influencia sobre la propiedad, la justicia, la policía o el sistema electoral, que organizaba la vida en no pocos lugares del país. Pues bien, los ganaderos, los poderosos terratenientes o los -más humildes- campesinos o mineros comenzaron a defenderse de la guerrilla mediante los grupos clásicos de autodefensas. La insurgencia ponía en peligro su modo de vida e incluso sus vidas.

Téngase en cuenta que, en 1960, el 60% de la población colombiana aún vivía en áreas rurales y el empeoramiento de la economía agrícola, desde ese período, fomentó las actividades económicas alternativas ilegales, especialmente el contrabando y el narcotráfico. Las rutas por las costas caribeñas que habían servido de corredor para el tráfico de esclavos, oro y mercancías, en tiempos de la conquista española, siguieron siendo útiles en el último tercio del siglo XX (Betancourt y García, 1994: 48). Además, en algunas zonas rurales de Colombia, se instauró cierta actitud de indolencia y permisividad con respecto a las leyes.

Los esmeralderos, los terratenientes y los ganaderos desarrollaron su lucha contra la insurgencia; formaron a los paramilitares y los financiaron para salvaguardar sus intereses. No es cierto, tal y como afirma la guerrilla de modo recurrente, que el grueso de los potentados promoviera la guerra sucia; era una minoría dentro de la elite del país, pero algunos cohonestaban con los grupos paramilitares. Al fin y al cabo, estos últimos se financiaban tanto con los impuestos a los pequeños negocios, empresas agrícolas, comerciantes y a las grandes empresas multinacionales que los contrataban para protegerse como con las contribuciones jugosas de ganaderos y terratenientes, si bien es cierto que, desde los años ochenta, empezaron a depender mucho más del narcotráfico.

La ilicitud en los comportamientos se ve más claramente en la producción de esmeraldas, por ejemplo. En las zonas esmeraldíferas de Boyacá se observa la mezcla de lucha sectaria y comportamiento mafioso -encarnada en la figura de Efraín González, legendario jefe de las bandas conservadoras del lugar- con la oposición a todo lo que supusiera poder legítimo del Estado.⁸ La privatización, en 1973, de la explotación de las minas de esmeraldas en Boyacá permitió la creación de ejércitos privados tolerados por el Estado al haber sido éste incapaz de controlar las operaciones mineras.⁹ Los mineros resolvían por sí mismos sus disputas, los cuales se organizaban en grupos afines, al modo mafioso y con métodos similares, para controlar las esmeraldas y el territorio.¹⁰ Las zonas de mayor producción de esmeraldas estaban en Puerto Boyacá que, diez años después, sería lugar de producción de paramilitares. Es decir, en donde había riqueza se hacía necesario armar a grupos violentos para proteger los recursos propios y aumentarlos por cualesquiera métodos. Téngase en cuenta que la incapacidad del Estado para legislar de forma eficaz sobre la minería fue un acicate para el surgimiento de grupos militares esmeralderos y la guerra fue la principal fórmula para dividir zonas y controlar la producción esmeraldera (Uribe, 1992: 93). Es más, las mafias esmeralderas mantenían relación con grupos paramilitares, hasta tal punto que llegaron a constituir algunos y a relacionarse con los narcoparamilitares para formar unas extrañas y confusas alianzas en las que los perfiles y los objetivos eran poco claros. Lo único seguro es que se lucraba con estas relaciones. Víctor Carranza, por ejemplo, llegó a hacer una de las mayores fortunas del país, durante la confusa y convulsa situación de violencia.

La lucha de poder entre los clanes esmeralderos convergió con otra lucha que estaba surgiendo entre las guerrillas y sus aliados, la emergente narcoburguesía y sus grandes terratenientes y los ganaderos en Puerto Boyacá. Las dos luchas se entremezclaron en esta zona en los años subsiguientes, cuando estos grupos comenzaron a disputarse el control territorial ejercido por las guerrillas sobre aquellas zonas en las que habían adquirido tierra y fincas ganaderas. El surgimiento del [...] MAS [...] llevó el antagonismo a mayores niveles de violencia. (Richani, 2003: 171)

2) Las Fuerzas Armadas

Si bien los militares colombianos han sido respetuosos con las decisiones de los gobernantes democráticamente elegidos, a veces, algunas minorías más radicalizadas e ideologizadas se han acercado a los paramilitares. No es justo acusar en la actualidad a los militares de connivencia con ellos. Sin embargo, ha habido momentos, en la reciente historia colombiana, que muestran una mayor dejación de responsabilidades institucionales por parte de algunos mandos. Ya durante la vigencia del Estatuto de Seguridad del Gobierno liberal de Julio César Turbay (1978-1982) se permitió todo tipo de excesos contra quien se opusiera a lo establecido en Colombia. Por si fuera poco, la política anticomunista de entonces criminalizó no pocas formas de movilización social (Buitrago, 1994).

Quien le sucedió al frente del Gobierno, Belisario Betancur (1982-1986), prometió negociar con la guerrilla y, una vez en la presidencia, limitó las capacidades del Ejército, sobredimensionadas durante el mandato de su antecesor.¹¹ Aunque era conservador, el nuevo presidente vio a la guerrilla como un actor político y concedió una amnistía, en noviembre de 1982, que irritó a parte de las Fuerzas Armadas y de las elites colombianas. Vieron su política de paz como una cesión ilimitada ante los insurgentes, que empleaban la violencia para tomar el poder por las armas (Leal y Zamosc, 1990: 490-493). Además, los límites que se impusieron a los militares, en estos años, -como la eliminación de la justicia castrense con respecto a los civiles- frustraron a no pocos y buscaron otras formas de enfrentarse a la guerrilla para impedir que se quebrara el país y la convivencia (Uprimmy y Vargas, 1990).

Cabe mencionar otro factor que, unido al enojo anterior, sirve para comprender la actitud de parte de los militares. Es el origen tanto de la clase de tropa como de los mandos. Tradicionalmente, los militares colombianos provenían de áreas rurales pequeñas o medianas y su apego a la tierra, a las tradiciones y al conservadurismo era claro y lógico. Según Richani, este reclutamiento era parte de un plan diseñado por los Estados Unidos para evitar el ascenso de gentes de izquierda en las Fuerzas Armadas, más fáciles de encontrar en los núcleos urbanos (Richani, 2003: 95). Fuere así o no, los datos muestran que los oficiales eran mayoritariamente hijos del pequeño y mediano campesinado. La oligarquía terrateniente y la burguesía urbana no se interesaban en las Fuerzas Armadas como medio de promoción social y los altos mandos del Ejército apenas se integraban en las clases altas. En un país enfrentado por la tierra durante parte del siglo XX, y en unos oficiales cuya ideología se construyó en el duro ascenso social dentro del ejército, fue fácil establecer cierto vínculo con la oligarquía terrateniente cuando ésta creó sus grupos de autodefensa. Se defendía la tierra y sus costumbres, el orden social y las instituciones sociales. Así que, desde los años sesenta, parte del ejército se involucró en la creación del paramilitarismo.

El paramilitarismo debilitaba a la guerrilla y hacía lo que, en buena lid, no debían -ni podían frecuentemente, por falta de medios o de capacidades- hacer los soldados regulares. Las Fuerzas Armadas, como apenas cambiaron su manera de enfrentarse a la guerrilla, pudieron ser comprensivas, desde su nacimiento, con los contrainsurgentes. Es más, la importancia de los grupos paramilitares en los ochenta y en los noventa crecía, al parecer, por la amenaza de la guerrilla y de los grupos políticos de izquierda. Baste como ejemplo el hecho de que más de 3,000 miembros de la Unión Patriótica (UP) fueran asesinados desde 1985 -año de su nacimiento oficial-, durante el Gobierno de Betancur. Y aunque los grupos paramilitares fueron declarados ilegales en tiempos del gobierno de Virgilio Barco -cuando se derogó la Ley 48 de 1968- mediante el Decreto 1194 de 1989 en el que se establecían penas de cárcel para quienes organizaran o financiaran a grupos paramilitares, los militares afines a aquéllos continuaron siéndolo. Tanto oficiales en activo como en la reserva formaron parte de grupos paramilitares a los que los entrenaron. Human Rights Watch denunciaba, en el año 2000, que en 1999 -diez años después de la declaración de ilegalidad- oficiales vinculados a la III Brigada, situada en el Valle del Cauca, junto con pararamilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fundaban el Frente Colima (Human Rights Watch, 2000: 6).¹² Y desde la pura lógica de victoria y derrota, desprovista de criterios jurídicos o morales, la idea de entablar relaciones con milicias "paralelas" no era descabellada. Al fin y al cabo, mientras los paramilitares lucharan contra la guerrilla, el Estado no tendría interés en combatirlos y sería posible mantener, oficialmente, un discurso antiparamilitar y colaborar con ellos, al mismo tiempo, en las zonas de conflicto.

Sin embargo, hay que decir lo siguiente en defensa de las Fuerzas Armadas: una de las diferencias entre los grupos paramilitares de Colombia y los de otras zonas de América Latina es la carencia de una política estatal clara a favor de ellos (Lair, 2002: 138). Además, los grupos paramilitares en Colombia tenían autonomía organizativa y operativa con respecto a las Fuerzas Armadas; estaban más fragmentados y tenían vínculos con el narcotráfico que les permitía financiarse a sí mismos.¹³Eso significa que no estaban organizados por el Estado, pese a las muchas proclamas que afirman lo contrario. Huelga decir, además, que los Estados democráticos -y Colombia lo es- no pueden apoyarse en grupos paramilitares en su lucha contra la guerrilla o el terrorismo. Los grupos civiles con escaso control estatal han dado pocos resultados positivos en América Latina porque, a la larga, causaban problemas mayores. La única excepción a esta regla fueron las Rondas Campesinas en el Perú, que permitieron derrotar a Sendero Luminoso debido a que, en aquel país, existían fuertes comunidades campesinas e indígenas que lograron mantener el control sobre las armas de la comunidad, a la que ellas mismas pertenecían (Pizarro, 2004: 163). Así se evitó el aumento de la violencia y su perversión. La permisividad de las elites colombianas y de parte de las Fuerzas Armadas para con los grupos paramilitares fue un error grave, porque estos tendían cada vez a ser más autónomos y a rechazar a los gobiernos elegidos democráticamente (Linz, 1967: 59).¹⁴ Acabaron siendo una amenaza para la estabilidad del régimen democrático.

Lo espinoso de este asunto se agrava con la relación que los militares partidarios de los paramilitares establecieron, a veces, con los narcotraficantes. En opinión de Richani los guerrilleros amenazan el orden que permite el ascenso político y social de los mandos del ejército y, por si fuera poco, su proyecto social insiste en reformar radicalmente las Fuerzas Armadas colombianas.¹⁵ Es conocida la idea de las FARC -por mencionar a la más importante de las guerrillas colombianas- de que la doctrina militar y de defensa nacional habrá de ser bolivariana.¹⁶ Esto significa que el narcotráfico no es una amenaza para el orden social o, al menos, no una amenaza tan grande como la guerrilla. De ahí que su relación pueda considerarse una especie de unión útil para todas las partes. En palabras de Richani (2003),

los lazos entre militares, narcotraficantes y paramilitares corresponden asimismo a la doctrina de seguridad nacional de contención de la amenaza guerrillera mediante la persecución de sus bases campesinas y de sus seguidores urbanos. [...] Es el tipo de guerra que conviene, ya que no implica costos ni para los militares ni para el Estado; éstos corren, de todas maneras, por cuenta de los narcotraficantes y grandes terratenientes. (p. 98)

Estas duras palabras, acertadas quizá en parte, parecen decir que las masas campesinas y obreras son mayoritariamente partidarias de la guerrilla. Y, sobre todo, entienden al Estado y a las Fuerzas Armadas como un grupo monolítico que, dados sus métodos y relaciones, más bien parece transgredir el orden democrático que defenderlo. A nuestro entender, son palabras ideologizadas y categóricas en exceso y, por ende, poco acertadas e injustas para con las Fuerzas Armadas colombianas que, en la actualidad, mantienen una triple actitud en su relación con el paramilitarismo.

Hay un sector que lo rechaza y lo combate ardientemente, otro que lo acepta y lo justifica y un sector, quizá más amplio, que se comporta pasivamente (Valencia, 2001: 253). Aunque es verdad que los militares colombianos cada vez respetan más los derechos humanos y sus estándares democráticos son crecientes, es cierto que aún son parte -reducida, a decir verdad- del problema de la violencia en el país, especialmente en las zonas rurales.¹⁷ Sin embargo, los altos mandos del Ejército, aun reconociendo que las simpatías de algunos militares por los "paras" son ciertas, aseguran que son una reducidísima minoría y que quienes los rechazan son el grueso de sus miembros, que respetan las directrices democráticas y presidenciales. El general retirado Adolfo Clavijo afirmó, en el año 2000, que parte de los militares que se unían, se acercaban a los paramilitares o juntaban sus fuerzas a las suyas;

...inclusive lo hacen circunstancialmente por operaciones o por algo por el estilo y, a veces, hasta por engaño. Pero no es una política institucional. Y esto tiene una gravedad muy grande. Esta es la pieza mayor de la desinformación. Al decir que la fuerza pública está con los paramilitares estamos polarizando al país y les estamos dando fuerza a los paramilitares y razones a la guerrilla. (Clavijo citado por Valencia, 2001: 253)

Sus palabras quizá sean compasivas y comprensivas con quienes se vinculan con los paramilitares, pero dan idea de que el problema no tiene la hondura de hace años.

Llegado este punto, creemos necesario apuntar un matiz que establece diferencias entre soldados y paramilitares. Hay militares que no sólo no han amparado a los "paras", sino que, incluso, se han sentido heridos en su honor por el -aparentemente simple- hecho de llamar "paramilitares" a quienes, según ellos, no son más que otra peligrosa parte del conflicto en Colombia. Este asunto tiene más relevancia de la que parece a simple vista, pues no es sólo de orden nominalista. Es verdad que el vocablo "paramilitar" puede dar lugar a equívocos y que puede ser lesivo para la honra de los militares pues, en un sentido formal, la palabra se aplica a las organizaciones no oficiales que, además de ostentar los caracteres propios de un ejército, ejercen la acción bélica en la misma dirección y con los mismos propósitos de las fuerzas militares regulares (Vélez, 1999: 149). Se entiende por tanto que, en sentido formal, los paramilitares pueden ser aliados de aquéllas.

Si los paramilitares colombianos combaten a la insurgencia, hay comunidad de fines entre ellos y las Fuerzas Armadas. Pero esto no significa que, por el hecho de coincidir en los fines, coincidan en los medios o en los métodos o, mucho menos, que sean aliados naturales, que es lo que aseveran algunos, de forma interesada, aunque sea cierto que, en ocasiones, se haya podido producir. La búsqueda de los mismos objetivos que las Fuerzas Armadas puede hacerse con su consentimiento o sin él y no parece que el consentimiento haya sido lo habitual ni la política oficial. Se entiende, entonces, que los "paras" colombianos son paramilitares en sentido material, porque tienen estructura, métodos y disciplina de tipo militar, aunque no lo sean en el sentido formal, pues el Estado con sus Fuerzas Armadas -al menos, oficialmente- está enfrentado a un paramilitarismo que niega los fines estatales de conservación del orden y del bienestar de los ciudadanos que en él se amparan. Es decir, no actúan "junto con" el Estado, sino "paralelamente", "al margen" del Estado, para enfrentarse -entre otras cosas- a un mismo problema: la guerrilla. Por tanto no pretenden destruir al Estado ni combatirlo.

Así que, por molesto que resulte a una parte de las Fuerzas Armadas el uso del vocablo "paramilitar", se lo ha de seguir usando para designar a los grupos, objeto de este estudio, porque es el más preciso de la lengua española. Ese mismo vocablo, por definición, excluye a los militares y, al hacerlo, no los deshonra, sino que limpia su imagen al distinguirlos de otros grupos que, disponiendo de la fuerza, la detentan ilegítimamente (Vélez, 1999: 153).¹⁸ Si las Fuerzas Armadas, sometidas a un rígido mando y control, a veces cometen desafueros, más fácil es que lo hagan los grupos que, aun buscando sus mismos objetivos, carecen de estos sistemas de freno.

3) El narcotráfico

Más grave es quizá la penetración del narcotráfico en el conflicto colombiano y el establecimiento de lazos entre él y los paramilitares. Aquél ha posibilitado el auge del paramilitarismo de formas diversas. Como idea sintética y precisa puede decirse que la entrada del narcotráfico en la vida del país produjo un doble efecto: desestructuró a los políticos y al Estado y aglutinó a la delincuencia común y, al dañar al Estado, permitió alianzas de sectores diversos con el narcotráfico que dieron origen a una forma más perversa de paramilitarismo (Granada, 1998: 16).

La acción de la guerrilla dañó desde los comienzos los intereses de los narcotraficantes. Se les pedía el "gramaje", un porcentaje del dinero obtenido por el negocio de la droga para financiar las actividades insurgentes. A los narcotraficantes les suponía una considerable pérdida económica y un daño en su poder y en su imagen. No quedó ahí el quebranto que la guerrilla causó a sus intereses, pues sus posesiones en tierra también se vieron perjudicadas tras adquirir el estatus de grandes terratenientes. Recuérdese que en los años ochenta comenzó una tendencia que consistía en comprar tierra con el dinero ganado en el tráfico en sustancias ilícitas. Los traficantes compraban tierras devaluadas en zonas en las que la guerrilla tenía una fuerte presencia, que se revalorizaban cuando los paramilitares lograban desplazarla y "restaurar" el orden.

En estas zonas hubo alianzas entre los narcotraficantes y los grupos de autodefensas y se pasó frecuentemente de la defensa de la propiedad agraria a la constitución de enormes dominios socioterritoriales. Los nuevos lazos transformaron los objetivos iniciales de las autodefensas y el resultado fue que se hablara, casi indistintamente, del fenómeno paramilitar y del de autodefensa (García, 2004: 64). Se reorganizó a las autodefensas con el apoyo de mercenarios británicos e israelíes, aparecieron grupos paramilitares que se unieron a la lucha contra la guerrilla para satisfacer sus intereses económicos y, por si fuera poco, los narcotraficantes crearon sus propios grupos paramilitares. El paramilitar como actor local -por ejemplo, un grupo de jóvenes, o de campesinos o de ciudadanos amedrentados por el poder de la insurgencia- que mantenía relaciones ambiguas con el ejército, los políticos locales y los terratenientes, se transformó en un combatiente externo al vecindario, encuadrado en un grupo lejano, organizado verticalmente y fácilmente identificable para todo el mundo, salvo -en ocasiones- para los cuerpos de seguridad del Estado (Palacios y Safford, 2002: 662). En esta situación, es lógico que el paramilitarismo se expandiera en las zonas del país en donde se creaba buena parte de la riqueza nacional (Rivas, 2007: 92-93) y que el más vinculado con los traficantes fuera enemigo acérrimo de la guerrilla. Los narcotraficantes son una forma de capitalismo, y este elemento es lo que les dificulta relacionarse con la guerrilla, nacida para enfrentarse al capitalismo (Richani, 2003: 163) -al menos a largo plazo, porque es bien cierto que la guerrilla también se relaciona con el narcotráfico cuando lo cree conveniente.¹⁹ No en vano los narcotraficantes y, frecuentemente, los jefes paramilitares invierten el dinero acumulado en fincas y otros bienes raíces, lo cual aumenta los precios de la tierra y agrava la lucha por ella.²⁰

No obstante, el acto fundador del paramilitarismo -es decir, de lo que se tiene por tal con denotación y connotación negativas, una degradación de la defensa colectiva originariamente legitimada por la necesidad de proteger la vida y la propiedad y amparada por las leyes- se remonta a 1981 y 1982. El nacimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), en 1981, marca un hito en el conflicto colombiano porque el enfrentamiento social y la violencia aumentaron sobremanera. Surgió tras el secuestro, en noviembre de 1981 por parte del M-19, de Marta Nieves Ochoa, hermana de Los Ochoa, conocidos narcotraficantes de Medellín. Estos convocaron a una reunión a la que asistieron miembros del Cartel de Medellín²¹ y decidieron constituir grupos violentos para acabar con los guerrilleros (Thoumi, 1997: 147). El MAS mató a guerrilleros, simpatizantes y gentes de izquierda y, aunque el M-19 liberó a Marta Nieves Ochoa, sus actividades paramilitares continuaron. De hecho, el paramilitarismo contemporáneo se concentró en la zona del Magdalena Medio -al menos en los comienzos, y desde allá se expandió a Córdoba, Urabá, Meta y Putumayo-, históricamente conflictiva y marcada por la colonización. En ella está el paradigma del fenómeno paramilitar. La emigración y la violencia, unidas a la casi total ausencia del Estado, la definen (Sánchez y Peñaranda, 1986: 334-335) y fue la incapacidad de éste para solucionar los problemas y dominar el territorio el que facilitó la aparición de la guerrilla, que aprovechó esta circunstancia para convertirse en el poder político y militar de la región. Lo mismo hizo después el narcotráfico, que logró que los campesinos se dedicaran al cultivo de sustancias ilícitas -a los que impuso condiciones- además de tener la fortuna de que el ejército no ejerciera funciones policiales de persecución del delito común al dedicarse casi en exclusiva a combatir a la guerrilla.

Téngase en cuenta que el Magdalena Medio es una región que fue refugio de la guerrilla liberal durante La Violencia y de asentamiento de la insurgencia de izquierda, gracias a la simpatía de la población, en los años sesenta. A finales de los setenta llegó el ejército para combatir a los rebeldes y en los ochenta -hacía un decenio que la población no simpatizaba en exceso con ellos- arraigó el paramilitarismo. A medida que los ganaderos de la región vendieron sus tierras y se fueron a las ciudades, los narcotraficantes las compraron, vieron las posibilidades de negocio de la zona y cambiaron las funciones de las autodefensas. De hecho, tras matar al ministro de Justicia, en abril de 1984, e intentar protegerse de la represión gubernamental, se resguardaron en esta "república independiente anticomunista" (Palacios y Safford, 2002: 663). Desde 1986 hasta 1989 exterminaron a militantes de partidos políticos, movimientos cívicos, periodistas, sindicalistas, funcionarios y a cualquiera que se les opusiera. De esa manera pelearon de forma eficaz en donde los necesitaban: contra los competidores en el negocio de la droga, para debilitar la lucha nacional e internacional contra el narcotráfico y para pararle los pies a la subversión comunista y guerrillera (Palacios y Safford, 2002: 663).

Los narcotraficantes lograron implantar -junto con sectores de los militares y de los grandes terratenientes- una estrategia contrainsurgente cuando el Gobierno de Betancur empezó a negociar con las guerrillas. Las insalvables diferencias entre la ideología y la práctica del Gobierno y la acción de estos grupos debilitaron las posibilidades de llegar a acuerdos²², y los grupos paramilitares se beneficiaron tanto del apoyo y entrenamiento de Fuerzas Armadas y de mercenarios como del dinero venido de los narcotraficantes. Se estableció una suerte de narcoparamilitarismo que no ha dejado de existir desde entonces. De hecho, ya en 1988, los hermanos Castaño tenían unos sólidos lazos con el Cartel de Medellín y con el de Cali, y Carlos Castaño, cabeza principal del paramilitarismo en Colombia durante ese período, reconoció que los "paras" se habían puesto directamente al servicio de los ganaderos y de los narcotraficantes para proteger sus intereses (Aranguren, 2001)²³.

Se había organizado un proyecto contrainsurgente sin precedentes en el país. Los pobladores de las zonas controladas por los paramilitares pasaron de pagar tributos comunistas a tributos anticomunistas (García, 2004: 65) y a soportar un grado de violencia altísimo (Reyes, 1991: 38).²⁴ Buscando acabar con las fuerzas de izquierda, se reprimió a sus bases, campesinos y habitantes de zonas rurales. Las acciones paralelas de represión y matanzas lograron el éxodo de la población (Rivas, 2007: 94);²⁵ "voluntario", unas veces, -las gentes se iban por miedo, aunque no se les decía expresamente que debían abandonar su hogar-; obligatorio, otras, -se les decía a las familias acusadas de colaborar con la guerrilla que podían salvar su vida si se marchaban-.

Bajo la premisa de que los pobladores de zonas con alta presencia subversiva son en alto grado colaboradores de la guerrilla, la estrategia paramilitar se basó en realizar matanzas y en obligar a grandes desplazamientos de población ahondando en la degradación del conflicto. Se incrementó al enfrentarse al Estado y al sentenciar a pena de muerte a las personalidades que luchaban contra el narcotráfico. (García, 2004: 65)

No obstante, es cierto que, a veces, el paramilitarismo pacificó zonas en las que la violencia guerrillera había desangrado a la población, pero a costa de usar una nueva barbarie. En otras zonas del país instauró una violencia que hasta entonces no existía. El intento de pacificar mediante la eliminación total del contrario se extendió como la pólvora y nació un tipo de convivencia basada en la pura fuerza en vez de en el acuerdo.

Por si no fuera bastante, en los años ochenta y noventa, la lucha estatal contra la guerrilla y contra el narcotráfico postergó el problema del paramilitarismo: se obvió su potencial destructivo para la convivencia al recrudecer la violencia en Colombia. Y, sobre todo, los paramilitares aprendieron muy bien que podían ser un modelo antiinsurgente en toda Colombia; que podían adquirir poco a poco estatus político si se oponían a las iniciativas de paz del Gobierno colombiano con respecto a la guerrilla y que podían obtener representación en los municipios si, de forma más o menos encubierta, se presentaban a las elecciones. Llegado a este punto, el fenómeno paramilitar se desbordó, organizó un proyecto político que le permitió negociar con el Gobierno y terminó por disolverse -formalmente- y entregar las armas en Casibare, una aldea del Departamento del Meta, en abril de 2006.

 

III. A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN

Se supone que, en la actualidad, los paramilitares colombianos no existen, aparentemente disueltos tras el cumplimiento de los acuerdos de Santa Fe de Ralito. Pero esto no es del todo cierto. Se les ha permitido la reintegración a la vida ciudadana gracias a unas leyes compasivas que soslayaron buena parte de los delitos comunes cometidos por ellos. Los militares fueron separándose progresivamente de ellos y cumpliendo los estándares propios de unas Fuerzas Armadas democráticas que, ya desde los tiempos de Pastrana, y gracias a las Unidades de Derechos Humanos, lo fueron logrando (Estrada, 2006). Los ganaderos y terratenientes han confiado cada vez más en la eficacia del Estado para solventar problemas; y con el afianzamiento de la autoridad, especialmente en las zonas urbanas, y el apoyo internacional, las instituciones se han fortalecido. Pero los sólidos lazos con el narcotráfico han degradado el fenómeno y han impedido una solución definitiva, pues sin el rápido crecimiento del narcotráfico ellos no habrían crecido tanto. Aunque no es cierto que en los años finales sólo buscaran acumular bienes materiales o el lucro por el lucro -pues éste era un medio mediante el cual buscaban restaurar regímenes políticos amenazados o construir otros nuevos- sin embargo, con el tiempo, los paramilitares fueron confundiendo como insurgente a cualquiera que defendiera propuestas reformistas. Esta reacción tan conservadora, unida a la expansión del narcotráfico, agrandó y complicó el fenómeno paramilitar en Colombia.

La deriva hacia la simple delincuencia común de buena parte de los grupos y el hecho de que aún sigan algunos en pie de guerra lo empeora.²⁶ El deseo de derrotar a la guerrilla parece haber dejado paso a la necesidad de obtener beneficios económicos. Y aun así, Colombia empieza a respirar al haber sido capaz de debilitar -sin cerrar del todo, no debe olvidársenos- un frente peligroso. Le queda el de la insurgencia.

 

Referencias

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Notas

1 Fue una etapa comprendida, aproximadamente, entre 1946 y 1964, aunque su mayor brutalidad se desencadenó entre 1948 -tras el asesinato del líder a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948- y 1953. La muerte de Gaitán dio lugar a una serie de protestas, motines y sangrientas revueltas protagonizadas por las clases populares y por las clases medias -entre las cuales Gaitán tenía gran predicamento- en la capital de Colombia, conocida como El Bogotazo, al que le siguió un tiempo de barbarie desaforada que asoló el país, conocido como La Violencia. Los elevados niveles de pobreza de los sectores populares, los ataques a la propiedad privada, el temor a la izquierda emergente de las clases adineradas y la brutalidad de aquellos años, marcaron aquel fatídico periodo. Los odios reprimidos desde las guerras civiles del siglo XIX afloraron y arrasaron el país. Conservadores y liberales se enfrentaron en una guerra civil no declarada. Algunos liberales huyeron a los campos y, aliados con el comunismo, organizaron partidas de resistencia armada que pretendían tomar el poder. Algunos conservadores y grandes propietarios organizaron grupos armados para enfrentarse a los liberales y, no pocos, se degradaron hasta dedicarse al bandidaje. Supuestamente se puso fin a este fenómeno con el acuerdo que alcanzaron en 1957 el Partido Conservador y el Partido Liberal al constituir el Frente Nacional, consistente en apoyar ambos a un único candidato presidencial y repartirse por igual los cargos públicos y los ministerios. No obstante, en las zonas rurales siguieron los enfrentamientos, si bien atenuados, pero constantes. Los enfrentamientos se saldaron, según sean las fuentes, con un número de muertos que oscila entre los 80,000 y los 400,000, lo cual revela el partidismo incluso de la estadística.

2 A veces la literatura es más penetrante que el ensayo para explicar la realidad. Una novela del escritor colombiano Gustavo Álvarez (1994), Cóndores no entierran todos los días, explica muy bien este fenómeno. En ella León María Lozano, un convencido conservador y personaje clave de la obra, es el jefe de Los Pájaros, un grupo dedicado a ejercer la violencia en el Valle del Cauca en los tiempos posteriores a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.

3 Martha Huggins (1991) establece una interesante tipología de las formas de vigilantismo en el continente cuya consulta es muy recomendable.

4 Era un problema básicamente estadounidense y en aquel país se daba sobre todo al oeste de los Apalaches, una de las regiones más desguarnecidas y salvajes del país.

5 En esto se diferencian de los "escuadrones de la muerte", casi siempre financiados por el Estado al que sirven, menos organizados, sin sedes conocidas y más flexibles en virtud de su carácter "oculto", necesario para sus actos clandestinos. Frecuentemente estaban compuestos por miembros de los servicios secretos y se hacía indispensable la ocultación.

6 Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM).

7 A estos se les ha llamado, a veces, los de las "autodefensas" porque no hay un único fenómeno autodefensivo. Las autodefensas también las formaban, a veces, grupos de sencillos campesinos que querían defender de la guerrilla sus hatos ganaderos y sus tierras. Querían, simplemente, seguir con sus vidas al margen de insurgencias revolucionarias, no defender grandes extensiones de terreno ni propiedades millonarias.

8 Con las contradicciones propias de la sociedad colombiana, González era jefe esmeraldero, "juez" que resolvía disputas que le planteaban las gentes sencillas, luchador de la violencia política del período de La Violencia y, según cierta altisonante prensa de la época, Robin Hood colombiano.

9 En 1947, se intentó que el Banco de la República obtuviera el derecho de explotación exclusiva de las minas en Boyacá, pero continuó la explotación clandestina. El Estado no fue capaz de imponerse. En 1969, se transfirió la explotación a inversores privados y un recurso público se convirtió en propiedad privada. Las tensiones aumentaron poco después, con la llegada de mafias esmeralderas, oligopolios y clanes.

10 El negocio de la minería se organizaba mediante una estructura familiar de clan que reproducía el sistema de hacienda. Se pagaba un salario al productor, pero éste, a cambio, debía lealtad absoluta al jefe. Si a esto se añade que todo tenía lugar en zonas rurales en donde la agricultura extensiva coexistía con el minifundio y había intereses encontrados y gentes rudas, se generaban conflictos que sólo se resolvían mediante la violencia. Algo propio de grupos semejantes a las mafias.

11 Recortó los poderes del Ejército al nombrar a un general de la Fuerza Aérea como ministro de Defensa y esto se vio como una afrenta.

12 Se puede consultar también en la dirección de internet http://www.hrw.org/reports/2000/colombia/

13 En otros países del área, los grupos paramilitares solían depender en mayor media del Estado y con frecuencia, el dinero les llegaba de él, como en el Perú, en Guatemala o en El Salvador.

14 En este caso los estudios teóricos son claros al respecto. Aunque no se ciñan al caso colombiano, siguen teniendo validez para el asunto que nos ocupa.

15 Véase, por ejemplo, La Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional de la VIII Conferencia Nacional de las FARC-EP de abril de 1993, disponible en Internet en muchas páginas afines a este movimiento, como la siguiente: http://contracultural.com.ar/notas/docu2.htm. Esta doctrina no ha variado un ápice con los años. O el programa de las FARC que puede encontrarse en su muy cuidada página web, ventana propagandística abierta al mundo escrita en seis idiomas.

16 Bolívar decía que "el destino del ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelvan las armas contra los ciudadanos".

17 A veces, el empleo de materiales tóxicos para acabar con los cultivos ilícitos es causa de desplazamiento de población civil, por ejemplo. Es la manera más rápida y sencilla que tienen las autoridades de acabar con las plantaciones de droga, pero, al mismo tiempo, por los efectos perniciosos que los productos empleados tienen sobre los ciudadanos corrientes, éstos huyen de sus aldeas y pueblos y aumenta el volumen del desplazamiento interno.

18 Como bien dice Vélez (1999:153) en Colombia el problema no es de orden nominalista. Al fin y al cabo "el uso anfibológico, impreciso o inadecuado del lenguaje [...] no constituye precisamente la raíz del mal ni ostenta entidad propia, sino que es uno de sus epígonos perversos, y que, [...] apenas refleja a medias y equívocamente algunos aspectos del problema".

19 Sin ir más lejos, la Comandante Sonia de las FARC, extraditada en mayo de 2004 a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, fue condenada a 16 años de prisión el 2 de julio de 2007. Antonio Celis y Juan Diego Giraldo, compañeros de armas en las FARC y en el negocio ilícito, fueron condenados a 14 años y medio y a 16 años y medio de prisión, respectivamente, por el mismo delito. Eran los primeros miembros de las FARC condenados en EE.UU. por ese motivo. Ver, por ejemplo, el diario La Jornada, de México, en http://www.jornada.unam.mx/2007/07/03/index.php?section=mundo&article=027n2mun

20 La guerrilla aún sigue hablando de reforma agraria. De esa manera parece enfrentarse a estos expoliadores, aunque ella también esté involucrada en actividades que perjudican al campesino y a los menesterosos. No obstante, se enfrenta a los paramilitares por la tierra y esto recrudece la violencia.

21 Según las FARC, también asistieron militares en servicio activo, políticos, ganaderos y representantes de la Texas Petroleum Company, cuyas actividades se concentraban en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio. Fuera cierto o no, un grupo de investigadores y jueces demostraron -así aparece en el Informe del Procurador General de la Nación- que de las 163 personas vinculadas al grupo, 59 eran militares.

22 Se dice a veces que el fracaso fundamental de las conversaciones de paz con la insurgencia fue la acción del paramilitarismo y la debilidad del Estado frente a él, pero no conviene olvidar que la guerrilla tampoco quería ceder nada en sus pretensiones.

23 Hay un grueso libro en el que Carlos Castaño cuenta su vida. Hace ya tres años que murió asesinado por su guardaespaldas. Poco tiempo antes, con la ayuda de un periodista que redactó la obra, este jefe paramilitar relató sus inquietudes, esperanzas, proyectos y justificaciones. El texto es Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos, de Mauricio Aranguren.

24 Desde 1982 hasta 1984, por ejemplo, los "paras" mataron a más de 800 personas en la zona del Magdalena Medio.

25 Téngase en cuenta que el único bien con valor de cambio para los campesinos es la tierra. Abandonarla es dejar atrás todas sus posesiones, además del daño moral que supone para quienes están apegados a la tierra el dejar su vida entera.

26 Con fecha de 25 de septiembre de 2007, Adital publicaba que los ex miembros de las AUC aún siguen reclutando niños. Ver ADITAL, "Conflictos armados afectan a entre 6 y 11 mil niños", en http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=29679