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Articulaciones "glocales" y transfronterizas del conflicto armado colombiano en la Amazonía colombo-ecuatoriana

 

Silvia Mantilla*

 

* Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Politóloga especializada en Relaciones Internacionales. Magister en Estudios Latinoamericanos. Ph.D en Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de Deusto. Ha realizado investigaciones y publicaciones relacionadas con temas de seguridad nacional e internacional, conflicto armado y migraciones transfronterizas. Dirección: San Luis Free Town No. 54 -44, San Andrés Isla. Correo electrónico: scmantillav@unal.edu.co.

 

Fecha de recepción: 14/05/2013
Fecha de aceptación: 04/04/2014

 

Resumen

Este artículo busca introducir el problemático y novedoso concepto de la glocalización al análisis del conflicto armado colombiano, a partir del estudio de caso de la situación de guerra en la frontera amazónica colombo-ecuatoriana. Se sostiene la hipótesis de la configuración de un escenario glocal de confrontación armada que se expresa claramente en: 1) La relación entre el conflicto armado y las articulaciones glocales que se desarrollan en torno a la socioeconomía de la coca y el petróleo en la zona fronteriza, 2) El aprovechamiento de la economía transfronteriza del narcotráfico por parte de los actores involucrados en el conflicto; y 3) El impacto militar y humanitario de la implementación de las políticas globales de seguridad como agente transformador del conflicto a nivel local.

Palabras clave: Glocalización, conflicto armado en Colombia, economía de guerra, narcotráfico, políticas de seguridad.

 

Abstract

This paper introduces the problematic and new concept of glocalization to the colombian conflict analysis from the case study of the war situation in the amazonic colombian-ecuadorian border. The hypothesis to be tested is that it has been possible the configuration of a glocal scenario of armed confrontation which is clearly stated in: 1) The relationship between the armed conflict and the glocal configuration that is developed around the socioeconomics of coca and oil in the border area, 2) The exploitation of transnational drug trafficking economy by the actors involved in the conflict, and 3) The military and humanitarian impact of the global security policies as a transforming agent of the conflict at a local level.

Key words: Glocalization, armed conflict in Colombia, economy of war, drug trafficking, security policies.

 

Introducción

La glocalización y la lógica de los conflictos

La primera referencia teórica al concepto de "glocalización" fue elaborada por el sociólogo Roland Robertson (1992), quien a partir de su propio debate acerca del significado de la globalización, entendía lo glocal como un proceso cultural signado por el problema de la identidad. Para Robertson, por una parte, se encuentran los discursos desde el relativismo (localismo) que se rehúsan a la idea de universalización de los problemas, dada su pretendida discontinuidad frente las diferentes formas de vida individual y colectiva y, por otra, se presenta el discurso de la globalidad o worldism basado en la premisa de que no sólo es posible, sino deseable, aprehender al mundo como un todo analíticamente, hasta el punto en que virtualmente todo lo relacionado con la política o la sociedad —incluido el asunto de la identidad— puede ser explicado o, al menos, interpretado en referencia a las dinámicas del sistema mundial.¹

A la luz de Robertson, la "glocalización" no es un concepto alejado del conflicto, ya que esta dinámica se refleja en la resistencia cultural a la globalización contemporánea representada en algunos movimientos radicales, como, por ejemplo, el movimiento islámico. Estas formas de resistencia expresan su rechazo hacia la concepción de un mundo culturalmente unificado que proviene de la fuerza homogeneizadora de la globalización. El "antiglobalismo" refleja, a su vez, la particularidad identitaria y cultural de diversos grupos étnicos, sociales y religiosos que refuerzan sus ideas, valores y costumbres a medida que se advierte un peligro de secularización y homogeneización desde lo global. (Robertson, 1992, p. 103).

Aportes posteriores a la definición de Robertson fueron elaborados desde la Sociología y la Antropología Social. El sociólogo Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, hizo referencia a los procesos simultáneos de globalización y localización, a partir de una definición de globalización que trae implícita una multiplicidad de relaciones sociales que muchas veces son proclives al conflicto. En sentido estricto, no habría una entidad única llamada globalización, sino más bien globalizaciones proclives a producir ganadores y perdedores. (De Sousa, 1997, p. 5).

De Sousa propone dos nociones analíticas opuestas y, a la vez, complementarias: la del "localismo globalizado", entendido como el proceso por medio del cual un fenómeno local dado se globaliza exitosamente, y la del "globalismo localizado", que consiste en el impacto específico de las prácticas e imperativos transnacionales sobre las condiciones locales que son desestructuradas y reestructuradas para responder a los imperativos transnacionales (De Sousa, 1997, p. 4). Desde la perspectiva del conflicto, entiende también la globalización como un conjunto de relaciones sociales que interactúan a través de lucha hegemónica de relaciones de poder, que se manifiestan, por ejemplo, en el enfrentamiento entre proyectos globales divergentes tales como el Foro Económico Mundial (Davos), y la "otra globalización posible" del Foro Mundial Social (Porto Alegre).²

En la sociología de Anthony Giddens (1990), por otro lado, el autor define la globalización como "la intensificación de relaciones sociales mundiales que vincula a las localidades de tal manera que sucesos locales son formados por eventos que ocurren lejos de ahí y viceversa" (Giddens, 1990, p. 64). En Giddens se observa un planteamiento de lo "glocal" entendido como un proceso simultáneo en donde ambas dimensiones se transforman, se reinventan o se resisten para crear distintos escenarios. La globalización se concibe por el autor como un proceso identitario y cultural donde se mezclan elementos de lo tradicional y lo moderno, y se producen formas nuevas de identidad incorporadas por distintos grupos desde distintas sociedades. Así pues, lo global no sólo refiere a lo externo, sino que la transformación de lo local juega un papel fundamental, pues es también parte de la globalización, como lo es la extensión lateral de las conexiones sociales a través del tiempo y el espacio (Ibíd., p. 64).

Desde la Antropología, y en la perspectiva de los imaginarios sociales, Arjun Appadurai (1996) plantea igualmente que, en el actual contexto de la cultura global, ocurre un nuevo proceso de reificación de lo local y lo transnacional a partir de los flujos de comunidades diaspóricas y de los medios de comunicación que, al mismo tiempo, han producido una ruptura del imaginario del Estado-nación. La nueva economía de la cultura global, según el autor, tiene que ser vista como un complejo traslapado y un orden disyuntivo que no puede seguir siendo entendido en términos de modelos existentes de centro periferia, sino a través de lentes contextualizados y cambiantes de lo local y lo transnacional; o lo que el mismo autor denomina como scapes o "paisajes"³ (Appadurai, 1996, p. 33), que son, a su vez, lentes amorfos desde donde es posible moverse más allá de las nociones fijadas de los procesos de la cultura global.

Perspectivas complementarias que entienden el fenómeno glocal como un fenómeno político, económico y de profunda transformación espacio territorial se desarrollaron desde la Economía Política y las Relaciones Internacionales. El cientista político James Rosenau, por ejemplo, ha hablado más recientemente de una tensión entre fragmentación e integración, entre globalización y localización, entre descentralización y centralización que se explica de la siguiente manera:

…en todas partes del mundo, en comunidades, países y regiones, las fuerzas globalizadoras y localizadoras están fomentando a la vez la integración y la fragmentación. Y ellas no sólo ocurren de forma simultánea, sino que son también interactivas. Se nutren unas de otras, tanto así que no parece exagerado afirmar que cada aumento en la globalización lleva consigo un aumento de localización, y viceversa. (Rosenau, 1997, p. 117).

Rosenau define, entonces, lo glocal como un proceso "fragmegrativo", en el cual el mundo se ve desprovisto de distinciones claras entre asuntos domésticos y externos y donde los problemas locales pueden volverse transnacionales en cuanto a su alcance, mientras que los retos globales pueden tener repercusiones para las comunidades más pequeñas (Rosenau, 1997, p. 116).

Natalia Ribas, por su parte, lo entiende como un proceso de globalización (universalización, unificación) especialmente en su vertiente de integración económica, que se complementaría, a su vez, con otro de fragmentación (heterogeneización, individualización y particularización) (Ribas, 2002, p. 22), mientras que Edgar Moncayo, considera que entre estas dos tendencias, la global y la local, hay una relación positiva de causalidad circular, pues la reestructuración a escala mundial induce procesos de cambio en el nivel subnacional que, a su turno, retroalimentan las transformaciones globales (Moncayo, 2002, p. 213).

La glocalización, desde las anteriores perspectivas, reflejaría una nueva fisionomía del mundo en la cual ocurren de manera simultánea y complementaria procesos expansivos de homogeneización e integración de las economías, los sistemas políticos y las tendencias socioculturales a una escala mundial, y a su vez, el fortalecimiento de las localidades ya sean subregiones, territorios delimitados o conglomerados humanos específicos, en donde se materializan las actividades económicas y productivas y se redefinen las identidades políticas, sociales y culturales de los individuos.

Más allá de las cuestiones identitarias o geoespaciales, en este artículo se privilegia una versión crítica del concepto de la glocalización, es decir, aquella que lo entiende como un proceso económico de carácter desigual, como una "globalización fragmentada" donde la arremetida de la economía global junto con la revitalización de las particularidades locales, inducen a nuevos escenarios de conflicto y de desequilibrios socioeconómicos para las sociedades actuales (Rosenau, 1997; Castells, 1989; Solana, 2003). La glocalización, desde una perspectiva crítica, supone, así, procesos ambivalentes de conexión/desconexión — inclusión/exclusión que han tomado rasgos de una "globalización sumergida" (Ribas, 2002), es decir, aquella que se contrapone a la globalización formal de tipo lícita, y que se expresa, por ejemplo, en: la migración de los trabajadores desde las sociedades pobres hacia los países ricos, los problemas relacionados con la economía ilegal como el tráfico de drogas o la denominada "globalización de base" o grassroots globalization, que es la que ofrece las estrategias de supervivencia para los pobres o los excluidos de las acciones del capital corporativo y de los sistemas del Estado-nación (Ribas, 2002, p. 114)).

Es así que, mientras en las regiones "conectadas" la interacción entre globalización y localización se desarrolla mayoritariamente a través de una simbiosis funcional y complementaria, en las regiones desconectadas o "parcialmente conectadas", la glocalización supone un sistema de tensiones que no solo se refleja en la selectividad excluyente de un número de regiones o localidades poco competitivas, sino que —y en parte como consecuencia de ello— se evidencia en la fragmentación y fortalecimiento de un conjunto de identidades culturales y sociales que, muy a menudo, toman la forma de reacciones contestatarias.

El análisis de la evolución del conflicto armado colombiano en las últimas décadas ha sido representativo de esta nueva realidad. Son cada vez mayores las evidencias que sugieren que el conflicto armado ha trascendido los tradicionales límites del Estado nación,⁴ para convertirse en un fenómeno a la vez más global y más local. Diversos estudios revelan, por ejemplo, la relación entre los procesos económicos globales, las actividades productivas localizadas en distintas regiones del país y el desarrollo de las economías de guerra (Pearce, 2005; Mantilla, 2012; Vergara, 2004; Ocampo, 2009); otros análisis plantean la transformación de la confrontación armada a partir de la introducción de las economías ilícitas globalizadas (Duncan 2008; Thoumi 1997; López, 2006), la injerencia de los discursos globales en materia de seguridad en las dinámicas nacionales y locales del conflicto (Rojas, 2006; Granada, Restrepo y Vargas, 2009) y el desbordamiento del conflicto armado hacia las fronteras (Ramírez, 2006; Laverde y Tapia, 2009). Resulta imposible desconocer, por ejemplo, que los actores armados se nutren de abundantes recursos ilegales de carácter global, a la vez que sus dominios políticos, militares y sociales se afianzan en acciones cada vez más localizadas y descentralizadas.⁵ Al mismo tiempo, el conflicto se ve fuertemente impactado por la intervención de terceros agentes que vinculados con los repertorios y discursos de la seguridad global, inciden dramáticamente en la transformación de la guerra en todos sus niveles.

El caso de la frontera colombo-ecuatoriana que se expone a continuación, propone un análisis del conflicto en esta perspectiva de lo glocal. Es necesario advertir que el concepto de la glocalización que aquí se privilegia tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, no se entiende como un sistema equitativo e indiscriminado de conexiones, sino como un proceso desigual que reproduce las reglas socioeconómicas del modo de producción del capitalismo contemporáneo. Así pues, se parte de la premisa de que, en una estructura previa de acumulación económica del capital a nivel mundial, lo que en la actualidad hace que el sistema global conecte a ciertas localidades del mundo a través de sus redes, es fundamentalmente el grado de especialización de las economías locales exitosas que tienen una alta concentración productiva (Schmutzler, 1999, p. 4), razón por la cual el actual sistema global tiende a discriminar entre aquellas localidades que son altamente productivas y aquellas que no lo son.

Para el caso colombo-ecuatoriano, veremos que el concepto de la glocalización, desde un punto de vista geoeconómico, es, paradójicamente, aplicable al análisis, en tanto allí se reproduce una "conexión perversa" (Castells y Laserna, 1989, p. 371)⁶ entre las economías legales e ilegales que han alcanzado un importante grado de concentración productiva en la zona fronteriza, propiciando, a su vez, la consolidación y profundización del conflicto. Todo esto introduce nuevas problemáticas y visiones para el análisis. Por otra parte, el concepto de la glocalización podrá emplearse en un sentido más político, a través del análisis de las incidencias locales, tanto militares, como humanitarias, y socioeconómicas, ocasionadas por la injerencia de terceros actores que sustentan su intervención en los discursos globales de la seguridad militar.

El análisis que se expone a continuación registra las dinámicas socioeconómicas del conflicto durante el período 2000-2008, época de mayor recrudecimiento de la guerra y, por tanto, contexto propicio para proponer un análisis desde una perspectiva glocal.

 

Caracterización socioeconómica de la subregión fronteriza amazónica

La frontera amazónica colombo-ecuatoriana es, por sus condiciones geográficas y naturales, la más aislada y la menos poblada de las tres subregiones fronterizas colombo-ecuatorianas, y también la más abandonada en términos de la presencia de los estados nación, especialmente del lado colombiano, en donde, por más de cinco décadas, la colonización de estos territorios estuvo asociada fundamentalmente a la explotación del petróleo y se llevó a cabo por parte de hacendados y campesinos, sin ningún tipo de acompañamiento social o económico del Estado (ver círculo extremo derecho — mapa 1).

Dadas estas condiciones, desde mediados de la década de los noventa, este territorio también comenzó a constituirse en uno de los más estratégicos para la plantación de cultivos ilícitos,⁷ para el tráfico de precursores químicos y de armas a través de la frontera y, en general, para el abastecimiento de los actores armados que han tenido una presencia histórica en la región.⁸

En cuanto a las relaciones transfronterizas, éstas se han dado principalmente entre el departamento colombiano de Putumayo y la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, territorios en donde el intercambio comercial de tipo legal es menos fluido y desarrollado que en las otras dos subregiones y en donde los indicadores sociales son aún más alarmantes que en los otros casos.

Como prueba de ello, vemos que, para la época de recrudecimiento del conflicto armado hacia finales de la década de los noventa e inicios del 2000, Putumayo tenía uno de los índices de desarrollo territorial más bajos en el ámbito nacional en lo que respecta a la tipología establecida por la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación —DNP—. Con base en un cálculo del comportamiento de las variables de tipo social (cobertura en educación, salud, servicios públicos, energía y necesidades básicas insatisfechas —NBI—) y variables de tipo financiero (ingresos tributarios, inversión pública municipal y no dependencia de las transferencias), el DNP estableció cuatro categorías de departamentos, en las que la categoría 1 representaba el nivel más bajo y la 4 el más alto. Según la tipología, el Putumayo formaba parte de la primera categoría, siendo el tercer departamento menos desarrollado después de Chocó y Guaviare y su índice de desarrollo era de 36.15 sobre un promedio nacional de 54.77 (Ceballos, 2002).

En cuanto a la región amazónica ecuatoriana, encontramos que, para la misma época, los índices del NBI eran los más altos de Ecuador respecto a otras regiones, como muestra la siguiente tabla.

Tabla 1

En específico, la provincia de Sucumbíos se presentaba como una de las más pobres de la Amazonía ecuatoriana, como puede observarse en la Tabla 2.

Si bien en la actualidad podemos hablar de una disminución en la intensidad del conflicto en la región, datos más recientes del año 2010, muestran una continuidad de la situación socioeconómica en la zona de frontera, especialmente en la región amazónica ecuatoriana, que presenta un indicador promedio de Extrema Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas de 35.08 % de la población y un indicador promedio de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas de 78.3 % de la población —en comparación con el 20.5 % y el 50.5 % que presenta la región de la Sierra respectivamente—, registrando la provincia de Sucumbíos indicadores de 33.2 % y 87 %, respectivamente (SIISE, 2010).

En general, esta subregión fronteriza ha presentado a lo largo de los años los indicadores sociales más dramáticos de toda la frontera, así como uno de los panoramas más críticos en términos de inseguridad, violencia y crisis humanitaria relacionada con el conflicto. En este territorio específico, tanto del lado colombiano como del ecuatoriano, los campesinos y los pobladores han encontrado en la economía de la coca y del petróleo una de las pocas alternativas de sobrevivencia, en un contexto en el que las FARC han predominado históricamente en la ocupación de este territorio y han aprovechado la situación fronteriza y la ausencia casi total de los Estados para el desarrollo de una economía local de guerra a partir de la cual se ejerce un arduo control poblacional y territorial.

Finalmente, en esta subregión fronteriza, se pusieron en marcha, a partir del año 2000, las políticas globales de seguridad lideradas por Estados Unidos, fundamentalmente a través del Plan Colombia, que en principio fue diseñado como una estrategia antinarcóticos, pero después fue vinculado a la guerra global contra el terrorismo. A partir de este momento, se iniciaron las fumigaciones, la erradicación de cultivos ilícitos y una fuerte ofensiva de las fuerzas estatales en contra de los actores insurgentes —catalogados desde entonces como actores terroristas—; todo ello derivó en una transformación significativa de las condiciones del conflicto armado, así como en el empeoramiento de la situación socioeconómica y humanitaria de la región.

 

La dimensión glocal y transnacional de los enclaves en la frontera amazónica colombo-ecuatoriana

Para entender las articulaciones glocales que se producen en la configuración de la socioeconomía fronteriza del conflicto armado en la Amazonía colombo-ecuatoriana, se requiere tomar como punto de partida el análisis de las economías tipo enclave que han definido en gran medida la vinculación de este territorio con la economía capitalista que predomina en el actual sistema de la globalización. Este tipo de economía, como ha sido sostenido por el investigador Roque Espinosa, puede ser definida como un tipo particular de producción vinculado a la economía mundial capitalista a la que está integrada y que, por consiguiente, es dependiente y subordinada a los trusts o carteles que controlan la actividad económica en la que aquél emerge. Una característica adicional del enclave es, además, que a pesar de pertenecer a un sistema puramente capitalista en su vinculación a la economía mundial, se inscribe en una matriz esencialmente precapitalista en la fase de crecimiento hacia afuera, es decir, en la fase inicial en la que los países periféricos se incorporan a la economía mundial (Espinosa, 2009, p. 93).

La historia de la Amazonía colombo-ecuatoriana, se ha caracterizado justamente por el desarrollo de formas precapitalistas de extracción de recursos naturales que han estado atadas a las condiciones de la economía internacional. Así, durante la época de la Conquista (1540 - 1580), un primer ciclo de extracción fue el de la explotación de las minas auríferas durante el cual ocurrió una fuerte, pero corta penetración española, seguida de una segunda fase de penetración basada en las misiones Jesuitas (1640 - 1760). En este primer periodo, se constituyeron por primera vez las economías esclavistas de poblaciones indígenas, que más tarde y, debido en parte a la resistencia de este mismo sector, como al agotamiento de las minas de oro, resultaron en la temprana declinación de este ciclo productivo.

Un segundo ciclo que tuvo un gran impacto en la configuración de la Amazonía colombo-ecuatoriana, fue el ciclo de extracción del caucho de finales del siglo XIX y comienzos del XX (1850 - 1900), cuyos ejes de penetración provenían desde el Este de Perú y Brasil. Asimismo, la economía de esta región continuó basándose en relaciones esclavistas de dominación de la población indígena, la cual, para entonces, había tenido ya un impacto sobre toda la red fluvial del Río Putumayo hasta su desembocadura en el Amazonas (Larrea y Bravo, 2009, p. 148).

Ya para mediados del siglo XX, se configura un tercer ciclo extractivo en la región a partir del descubrimiento de las fuentes de petróleo que comenzaron a explotarse tanto del lado ecuatoriano como del colombiano, a partir del cual se desarrollaron nuevas actividades socioeconómicas alentadas por la inversión extranjera y las grandes multinacionales del petróleo.

Finalmente, en la zona fronteriza y, más precisamente, del lado colombiano, se desarrolla un cuarto ciclo de extracción que despega en la década de los ochenta y que nos permite desarrollar un primer análisis glocal de la socioeconomía del conflicto. A este ciclo se le ha catalogado como el "enclave cocalero" (Espinosa, 2009), en la medida en que, dadas sus características de producción, se trata de un tipo de economía tradicional contenida en el marco de las actividades agrícolas, que sin pasar por el registro del Estado-nación (a través de una economía de impuestos o salarios), se encuentra directamente vinculada al ámbito de los mercados de los países centrales. Según Roque Espinosa, se puede afirmar, también, que este tipo de economía se ha constituido sobre la base de importantes relaciones y procesos locales que son decisivos para entender la naturaleza, el carácter y la viabilidad del enclave, así como las relaciones de producción y de dependencia que reposan al interior de esa misma realidad local (Espinosa, 2009, p. 89).⁹

Si se tiene en cuenta, además, que el mercado global tiende a definir en buena medida lo que ciertos países o regiones deben o están en capacidad de producir —según la rentabilidad, la demanda y la competitividad de determinados bienes en el mercado internacional—, se puede llegar, entonces, a la conclusión de que, en un contexto como el fronterizo, de sucesivos ciclos extractivos marcados por la ausencia de las regulaciones y los vínculos con el mercado estatal, la producción de la hoja de coca y su producto final, la cocaína, se convirtió en la economía más rentable para la región, dados los altos precios registrados en la demanda del mercado internacional y dada también la posibilidad tanto geográfica como social de ser producida en la zona fronteriza.

Es, entonces, una consecuencia directa de la estrecha dinámica global-local producida en este tipo de enclave, el hecho de que la oscilación de los precios de la cocaína en el mercado mundial determine de manera directa los flujos de la producción a un nivel local, de suerte que la subida de precios en el mercado mundial conduce, a pesar de la persecución local, a redoblar esfuerzos para incrementar la producción. Se trata de una situación particular, pues, si bien la represión local incide en una disminución de la producción y, en una baja temporaria de la superficie cultivada, así como de los rendimientos por hectárea, ello da paso, en el corto plazo, a una subida de los precios de la cocaína en el mercado internacional (en algunos casos notable), de modo que, poco tiempo después, acicateado por esta situación, el campesino incrementa e intensifica, a pesar de los riesgos, la producción de coca, lo que conduce, necesariamente, a una ampliación del área cultivada, a expensas, como dijimos, de la vegetación originaria (Espinosa, 2009, p. 112).

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en el enclave cocalero, no son las firmas o los trust internacionales quienes determinan el funcionamiento de la empresa, sino que, por su carácter ilegal y en un contexto de redes globalizadas, existe toda una cadena de actores que cumple el papel de regulación del negocio. Entre éstos se encuentran, para el caso de la frontera, fundamentalmente las guerrillas de las FARC, quienes han alimentado su economía de guerra a través del cobro de impuestos, la producción y el procesamiento de la cocaína, hasta los carteles nacionales e internacionales del tráfico y la comercialización que tienen lugar en los circuitos globales de la droga. Esto supone, de alguna manera, que los vínculos que se producen en esta lógica glocal del enclave pueden ser aún más fuertes y que, dada la ausencia de un único trust que controle el negocio, debido precisamente a su condición de ilegalidad, estos vínculos son, a su vez, más difíciles de desarticular o de recibir una intervención efectiva del Estado a través de cualquier tipo de tributación, restricción o nacionalización del negocio.

Vale la pena anotar que, como es consustancial al tipo de economía de enclave, las bonanzas económicas que fueron producto de los distintos ciclos de extracción en estos territorios, no crearon finalmente polos de desarrollo que garantizaran la reinversión de los beneficios económicos o sociales en la misma zona. Ello se debió, en primer lugar, a que no se produjo un acompañamiento o intervención del Estado, tanto a nivel de los procesos de colonización y de apropiación de tierras por parte de los colonos, como a nivel de una regulación de la extracción productiva que hubiese posibilitado la construcción de obras sociales y de infraestructura que conectaran a esta región con el mercado nacional. Por el contrario, en el caso específico del enclave cocalero, se puede afirmar que la bonanza económica terminó por profundizar el aislamiento de estas regiones a partir de la proliferación de nuevas formas de autoridad que se apropiaron y redirigieron las ganancias monetarias hacia la economía del conflicto.

Por su parte, una década antes del surgimiento del enclave cocalero en el lado colombiano de la frontera amazónica, había emergido el enclave petrolero en el lado ecuatoriano. Si bien desde la década de los veinte ya se había iniciado la búsqueda y exploración de petróleo en esta zona del Ecuador, es hasta 1967 cuando se descubren los primeros pozos petroleros en la provincia amazónica de Sucumbíos, a raíz de los cuales se produciría un gran cambio social y económico que no solo afectaría a la localidad, sino al conjunto de la economía nacional, para la cual el petróleo se convertiría en adelante en el producto más importante de la economía exportadora y en su principal fuente de ingresos fiscales.

La principal transformación socioeconómica que ocurrió a raíz del descubrimiento del crudo en la Amazonía ecuatoriana fue, sin duda, el acelerado proceso de colonización, que fue alentado principalmente por el desarrollo de una extensa red vial requerida para la explotación del petróleo, así como por la construcción del oleoducto. Para evidenciar la evolución del crecimiento poblacional en la zona, Larrea y Bravo sostienen que para el intervalo 1950 - 2001 en su conjunto, la población amazónica aumenta casi 12 veces, evidenciando un proceso sin precedentes en la historia regional. Este crecimiento demográfico alcanza sus tasas máximas (7.6 % anual) en el intervalo 1962 - 1974, correspondiente a la construcción de la infraestructura petrolera, en el cual la población crece a más del doble (Larrea y Bravo, 2009, p. 149).

La afluencia masiva de personas llegadas de distintas latitudes dio paso al surgimiento de una nueva ciudad —la ciudad fronteriza de Lago Agrio cercana al primer campo petrolero de Texaco— que se constituyó en el centro urbano más grande e importante de la Amazonía ecuatoriana, con 34 mil habitantes, según el censo de 2001, y que pudo haber alcanzado, incluso, unos 90 mil habitantes en el año 2011 (Arana, 2011).

La producción petrolera mostró, no obstante, sus particulares efectos socioeconómicos, según los cuales los enclaves mineros presentan un reducido nivel de ocupación y una elevada concentración de capital, así como la tendencia a un bajo nivel de distribución del ingreso desde el punto de vista de la economía nacional (Espinosa, 2009, p. 86).¹⁰ En efecto, en la región amazónica ecuatoriana, la producción y explotación de petróleo no absorbió la magnitud de la mano de obra laboral dispuesta a trabajar en el sector, manteniéndose, incluso, dentro de los porcentajes más bajos de ocupación.

Veamos a continuación, cómo la dinámica glocal del enclave cocalero en el lado colombiano vino a complementarse con la dinámica del enclave petrolero que emergió de manera simultánea en el lado ecuatoriano y que produjo sus propias repercusiones en el desarrollo de la socioeconomía y el conflicto en territorio fronterizo.

 

El desarrollo de la socieconomía del conflicto a partir de las articulaciones entre los enclaves cocalero y petrolero en la frontera amazónica colombo-ecuatoriana

Una vez que se han generado las condiciones sociales y económicas producidas por las economías de enclave a lado y lado de la frontera, comienzan a reproducirse otra serie de articulaciones de carácter transfronterizo que explican, complementan y soportan los vínculos glocales del conflicto. Un primer elemento que propició la relación transfronteriza entre el enclave petrolero y el enclave cocalero estuvo dado por los acelerados procesos de colonización y poblamiento que se desataron en el lado ecuatoriano, y que, al no haber encontrado una respuesta productiva, generaron una mano de obra flotante que fue absorbida por el boom del enclave cocalero en el lado colombiano:

En síntesis, el auge petrolero generó una población flotante sin tierra que se incrementó a medida de que nuevas olas de inmigrantes llegaban a la región; las jóvenes parejas de colonos envejecían y la presión sobre las fincas familiares, por parte de sus descendientes, se acentuaba. En tanto, las posibilidades de integración de fuerza de trabajo a las actividades petroleras se restringían considerablemente y se tornaba cada vez más complicada la integración de esta población al comercio, a los servicios y a las instituciones públicas locales. Se trató de una población pobre que, en condiciones precarias, empezó a buscar formas de sobrevivencia a "cualquier costo". (Espinosa, 2009, p. 114)

Fue entonces cuando la economía de la coca en el lado colombiano del territorio fronterizo ofreció nuevas oportunidades económicas, no solo para los pobladores nativos, sino también para la población ecuatoriana, que comenzó a movilizarse hacia el "otro lado" para desempeñar actividades tanto directas como indirectas asociadas a la plantación de la hoja de coca, entre las cuales se encontraban la labor de "raspachín" o el apoyo a tareas complementarias como la construcción de caminos y casas destinados a la dinamización del negocio.

Así mismo, se presenta una complementariedad directa respecto al procesamiento industrial de la coca que requiere de una serie de insumos, entre los cuales se encuentran el cemento, la gasolina y la gasolina blanca, ésta última que es un subproducto del petróleo y que, como analizaremos en la siguiente sección, proviene precisamente del enclave petrolero ecuatoriano. Todos estos insumos son conseguidos de manera tanto legal como ilegal en el lado ecuatoriano de la frontera, generando una amplia red comercial y de abastecimiento en la región que produce beneficios económicos y sociales para la población local.

Cabe resaltar que, como resultado de esta complementariedad económica, se ha producido igualmente un impacto ambiental de amplias proporciones en territorio fronterizo, dada la gran devastación ecológica producida por la empresa Texaco ya desde hace cuatro décadas, pero que, en los últimos años, se intensificó al utilizar tecnología subestándar que le permite a la empresa ahorrar costos (hasta 3 dólares por barril). A partir de este sistema, se ha reintroducido el agua contaminada (produce water) en ríos y esteros, afectando con diversas enfermedades a la población local, que ha padecido un incremento en la aparición de casos de cáncer en las localidades de Sucumbíos y Orellana.¹¹ De igual forma, el uso de químicos (algunos de ellos provenientes de mercados externos) para el procesamiento de la coca a partir de la gasolina blanca también se ha convertido en un residuo ambiental que, aunque es difícil de cuantificar, complementa el panorama de la devastación ambiental que sufre el territorio por efecto de esta dinámica global-local de la socioeconomía de las drogas y el petróleo en la frontera.

Las anteriores formas de articulación han sido posibles, además, gracias a un tercer elemento que es el de la extensa red vial de carreteras y de transporte que, en el caso del Ecuador amazónico, pasó de 314 kilómetros en 1967, año en el que se descubre petróleo, a 2035 kilómetros en 1980 (Larrea y Bravo, 2009, p. 150) y que, probablemente, siguió aumentando en las décadas siguientes. Este hecho que en particular fue propiciado casi de manera exclusiva por las necesidades de la industria petrolera para conectarse con el resto del país y a partir de allí con el mercado internacional, condujo a la consolidación de toda una red de comunicaciones y transporte que, a la vez, sería utilizada en función de los intereses mismos del enclave cocalero.

La relación suigéneris de complementariedad entre ambos enclaves —el minero y el agrícola— en territorio fronterizo, sugiere así un nuevo campo de análisis que revela la complejidad de las economías de enclave y de éstas, a su vez, con un contexto global que determina fuertemente las dinámicas locales del conflicto.

Veamos a continuación el análisis de la segunda variable, relacionada con la economía política de los actores armados, a partir de una perspectiva glocal del negocio del narcotráfico en territorio fronterizo.

 

Procesos transnacionales y glocales de la economía ilegal del narcotráfico en la frontera Amazónica

Dado el lugar geoestratégico del departamento del Putumayo, en medio de cuatro fronteras internacionales con Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, la frontera amazónica se convirtió en un escenario ideal para la formación de procesos transnacionales y glocales asociados a la economía del conflicto armado colombiano.

Se puede decir que una de las grandes potencialidades de la zona ha estado dada principalmente por la ubicación geoestratégica de los ríos Putumayo y Amazonas que colindan con estos territorios, ya que, a partir de estos ríos, se han logrado dos rutas altamente potenciales para la producción y procesamiento local de la coca, así como para su exportación hacia el mercado global. Una de ellas es la que conecta con una ruta de salida alterna al pacífico colombiano, región por la que actualmente sale la mayor cantidad de drogas a nivel nacional con destino hacia el mercado norteamericano. La segunda ruta sería la vía fluvial que desemboca en el río Amazonas llevando la mercancía hasta el Brasil y de allí hacia el resto del mundo, especialmente hacia África y Europa. Dada esta gran conectividad fluvial, se ha configurado toda una empresa dedicada al crecimiento del negocio, que incluye la construcción de pistas clandestinas y la expansión de los laboratorios que, incluso, son instalados dentro de las embarcaciones y pueden ser desplazados de un lado a otro a través de los ríos. (Reyes, Thoumi y Duica, 2006, p. 46).

En el contexto específico de la frontera colombo ecuatoriana, las condiciones geográficas y socioeconómicas han tenido como efecto un involucramiento acelerado del Ecuador en la economía del conflicto armado colombiano. Ello no solo ha estado relacionado con las actividades de abastecimiento de las guerrillas en el lado ecuatoriano de la frontera o con la participación del campesinado ecuatoriano en las actividades de producción de la coca, sino además, con su participación directa en el procesamiento y comercialización hacia el exterior de la droga.

Las articulaciones transfronterizas que se han producido entre Colombia y Ecuador alrededor de la economía del conflicto no solo incluyen la participación de ecuatorianos en las actividades agrícolas de plantación de coca en la frontera, sino también el tráfico de precursores químicos, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Para darnos una idea inicial de la magnitud que alcanzan estos fenómenos, el investigador Carlos E. Fernández, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, realizó una investigación minuciosa sobre el impacto económico que el negocio de las drogas ilícitas y el conflicto armado provenientes de Colombia, ha tenido sobre Ecuador y sus zonas fronterizas en los últimos años (E. Fernández., 2007 y 2008).

Según el autor, el Ecuador comenzó a adquirir un papel específico en el negocio global de las drogas y las armas a través de tres segmentos fundamentales, cada uno de los cuales expresa modos distintos de articulación del país vecino con la economía del conflicto colombiano. Estos tres segmentos son: 1. El segmento del tráfico tipo emporio, 2. El segmento de la microilegalidad y 3. El segmento del lavado del dinero.

Aunque el autor los analiza en este orden, aquí se cambia la sucesión para evidenciar la evolución desde el contexto local hacia el contexto global y se añaden nuevos elementos de análisis para analizar la economía glocal del conflicto.

En cuanto al segmento de la "microilegalidad", el autor, Carlos E. Fernández (2007), se refiere justamente a las articulaciones transfronterizas a partir de las cuales se desarrolla la dinámica local de la economía del conflicto que luego evoluciona hacia un nivel nacional y, finalmente, hacia un contexto global.

En el segmento de la microilegalidad se involucra a la población local de Sucumbíos, que colinda con el departamento de Putumayo, así como a las provincias de Esmeralda y Carchi, que, a su vez, colindan con el departamento de Nariño. En todo el cordón fronterizo, esa microilegalidad incluye varios tráficos y actividades ilegales que están atravesados por las redes logísticas de las FARC, y que están relacionadas con las actividades de abastecimiento de este grupo al lado ecuatoriano de la frontera. (Fernández, 2007, p. 122).

Una primera articulación local que ha permitido el desarrollo de eslabones transfronterizos en torno a la economía del conflicto, es la que se produce a partir de la relación entre las refinerías de petróleo del lado ecuatoriano de la frontera —especialmente en Lago Agrio Sucumbíos—, y la economía cocalera del lado colombiano.

Como es conocido, el procesamiento de la pasta de coca a través de sus distintas etapas requiere, normalmente, de otras sustancias químicas que son necesarias para la elaboración final del clorhidrato de cocaína. Luego de un proceso en que las hojas de coca se mezclan con distintas sustancias como agua, sustancia alcalina, querosene y ácido sulfúrico, se requiere del éter de petróleo o gasolina blanca, que es un subproducto del petróleo y que se consigue, fundamentalmente, en las refinerías petroleras.

En el territorio fronterizo colombo ecuatoriano ocurre un proceso transnacional complementario en el cual el éter o gasolina blanca se transporta desde las refinerías petroleras ecuatorianas hacia los laboratorios clandestinos del Putumayo amazónico colombiano, para ser utilizado como precursor químico en el procesamiento de la cocaína.

El segundo segmento que se ha producido alrededor de la economía del narcotráfico mostrando otra de las facetas locales-globales del conflicto es el que está sustentado en el lavado de activos. Este fenómeno ha radicado, tanto en factores nacionales como externos que afectaron al Ecuador en las dos últimas décadas y que llevaron a la dolarización de su economía en el año 2000, luego de haber sufrido una gran crisis económica a finales de la década de los noventa.

Al permitir los flujos de entrada y salida de capitales con poco control y mucha facilidad, el contexto de la dolarización se constituyó, además, en un factor articulador entre la economía del conflicto colombiano y la economía formal ecuatoriana a través del lavado de dineros ilícitos. Ello tuvo lugar a partir de tres fuentes que, según Espinosa F., fortalecieron el proceso de lavado de dineros ilícitos producidos por la economía del conflicto colombiano: 1. La del tráfico de drogas a gran escala o tráfico tipo "emporio", —de drogas provenientes de Colombia— que genera un valor agregado que tiene que ser, hasta cierto punto, lavado dentro del país, 2. La del capital ilícito que se genera en Colombia y que es lavado en Ecuador a través del equivalente a inversión extranjera directa o de portafolio, y 3. La del lavado vinculado a la microilegalidad y a las actividades de abastecimiento de las FARC del lado ecuatoriano de la frontera, cuyos montos, no obstante, son menores a los que genera el tránsito tipo emporio (Fernández, 2008, p. 457).

A la par de los contextos local y nacional, se sabe que esta dinámica está fuertemente conectada con el contexto financiero y económico global que tiene lugar en los centros off-shore de los paraísos fiscales y financieros, a través de los cuales se disfraza el origen de los fondos ilícitos.

Finalmente y en cuanto al segmento del tráfico tipo emporio, se ha hecho evidente que, partir de las articulaciones y las fuerzas locales que han posibilitado el surgimiento de la economía de la coca en territorio fronterizo, se han desarrollado las redes necesarias para establecer los vínculos directos con el mercado mundial de narcóticos. En este sentido, no ha sido tanto la dinámica de la producción, como la del tráfico y el consumo la que ha producido una interconexión de flujos que pasan desde lo local, hasta lo nacional y, finalmente, se articulan con el contexto global.

El masivo tráfico de drogas ilícitas que transita por la frontera desde Colombia hacia Ecuador, ha hecho que este último se convierta en un país de tránsito, es decir en un agente intermediario y complementario de la red transnacional del narcotráfico. Este segmento del tráfico, denominado como "tráfico tipo emporio", para utilizar la categoría empleada por el investigador E. Fernández, hace referencia a la red de exportación de cocaína colombiana a gran escala desde Ecuador hacia los destinos o mercados finales, Europa y Estados Unidos, dada por la proximidad que genera las rutas de la cocaína entre los dos países. Algunas fuentes resaltan este hecho afirmando, por ejemplo, que el 40 % de la cocaína que se produce cada año en Colombia es exportada por los puertos ecuatorianos que por falta de control, se han convertido en unos de los corredores más activos de salida de estupefacientes (Ramírez, 2006, p.139).

En el caso del proceso transnacional de drogas y armas ilícitas en la frontera colombo-ecuatoriana, se ha evidenciado la actual posición extraterritorial de los factores que acompañan a la economía de la guerra y que han hecho posible la diversificación de las opciones económicas de los actores armados a partir del involucramiento directo de los países vecinos, en este caso, de Ecuador, que cada vez con mayor claridad ha entrado a hacer parte de las redes ilegales de abastecimiento que sostienen la dinámica de la violencia y la confrontación armada en Colombia. La frontera, por supuesto, se ha convertido en el lugar de acomodo de todos estos procesos, potenciando y delimitando los escenarios que se hacen necesarios para que se produzca la conexión transnacional.

La gran movilidad de recursos ilícitos asociados a la economía de la guerra en territorio fronterizo colombo-ecuatoriano ha demostrado, entonces, que la dinámica del conflicto es cada vez más transnacional y que son múltiples las conexiones y las redes glocales que deben desplegarse para el buen funcionamiento de este tipo de negocios. Esta nueva condición ha conducido a un estado de prolongación y agudización del conflicto que ya no depende exclusivamente de los recursos nacionales sino de la amplia gama de beneficios que son ofrecidos por el contexto de la globalización a través de la gran rentabilidad que ofrecen las economías ilícitas locales.

 

Vínculos glocales de la implementación de las políticas de seguridad estadounidenses en territorio fronterizo colombo ecuatoriano

Finalmente, es posible establecer los vínculos glocales producidos por la implementación de las políticas de seguridad estadounidenses en la zona fronteriza. A partir del año 1999, y bajo el mandato del entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana, se hizo un llamado al gobierno estadounidense liderado por el presidente Bill Clinton, con el fin de constituir un acuerdo destinado a terminar el conflicto armado interno en Colombia. El denominado Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota se instauraron desde entonces como las políticas estratégicas encaminadas a acabar con la presencia de los grupos insurgentes y de los cultivos ilícitos presentes en el país.¹²

El logro de estos objetivos se enfocó, fundamentalmente, en las áreas en donde existía una problemática evidente en términos de la presencia de cultivos ilícitos, grupos guerrilleros ejerciendo dominios territoriales casi absolutos y, en general, una ausencia del Estado desde el punto de vista político y militar. Por reunir este conjunto de características, los departamentos amazónicos del Caquetá y Putumayo en el sur del país, se convirtieron en los territorios en donde se implementarían con más fuerza los planes y estrategias previstas, y cuyos objetivos específicos estarían enfocados en una eliminación del 50 % de la extensión de cultivos de uso ilícito a través de aspersiones aéreas, así como otros planes de apoyo al desarrollo alternativo, la erradicación voluntaria de cultivos ilegales y algunos programas de apoyo ambiental, administración de la justicia y protección a los derechos humanos, entre otros.

En general, todos estos planes y programas contenían un componente militar de gran envergadura dirigido por el Comando Sur y el Pentágono de Estados Unidos, quienes comenzaron a asumir la concepción, doctrina, planeación e implementación de estas políticas, a través de una participación directa en la que los militares estadounidenses comenzaron a ensayar tecnologías y a tomar decisiones sobre el curso de la guerra aérea y terrestre en el propio terreno de operaciones y desde las bases militares del país (Aristizabal 2007, p. 170).

Posteriormente y con los acontecimientos del 11 de septiembre, bajo los mandatos de los presidentes George Bush y Álvaro Uribe, se intensificó la implementación de estos planes que ya no solo estarían centrados en las operaciones antinarcóticos, sino que se reorientarían hacia una confrontación directa con los grupos armados irregulares, desde entonces catalogados como grupos terroristas. A partir de este momento, la frontera sur del país se constituyó en el blanco más importante de las operaciones estadounidenses y de las renovadas fuerzas armadas colombianas para ejercer una lucha frontal contra los grupos irregulares, especialmente contra las FARC, que establecían un amplio dominio territorial, económico y político en la zona.

Es, entonces, a inicios de la década del 2000, cuando con el gran despliegue de las fuerzas estadounidenses en contra de la amenaza global de narcotráfico, comienza a producirse una presión militar sin precedentes sobre los actores armados y una modificación radical en el panorama de la guerra a nivel local. Por una parte y con respecto a los cultivos de uso ilícito, se pudo observar, por ejemplo, que las áreas cultivadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo descendieron en un 30 % entre el 2001 y el 2002, pasando de 144 807 a 102 mil hectáreas, constituyéndose en la reducción más significativa producida por el plan (Codhes, 2003, p. 6). Esta reducción, no obstante, vino acompañada de un incremento de los cultivos en los departamentos y países vecinos, específicamente en los municipios de Barbacoa, Llorente y Tumaco del Departamento de Nariño, así como en los países vecinos de Bolivia y Perú, en donde, según datos de la UNODC, los narcocultivos aumentaron en Bolivia de 14 600 hectáreas en 2001 a 19 990 en 2002, y, en Perú, de 43 405 a 46 232 (Rojas y Ceballos, 2006, p. 555). Como veremos más adelante, el movimiento de cultivos ilícitos de unas regiones a otras, no solo reflejará la ineficacia de la estrategia antidrogas, sino que impulsará una modificación en la dinámica de los actores armados presentes en la zona, quienes se verán forzados a competir por el control de estos recursos y, en muchos casos, a buscar lugares de resguardo en los territorios fronterizos de los países vecinos, especialmente en el Ecuador.

El primer efecto evidente que tuvo la intervención fue el de la retirada de las FARC, que durante los primeros años de la década del 2000 y ante el paulatino despojo de su control sobre los cultivos de coca y, en general, de su dominio territorial, debieron comenzar a buscar mecanismos que les permitieran lograr un rápido reacomodamiento militar. Dada la proximidad de los departamentos amazónicos de Colombia con el vecino país de Ecuador, las FARC encontraron en las zonas fronterizas ecuatorianas un contexto ideal desde donde mantener su presencia territorial y, a la vez, poder protegerse de los ataques en su contra.

Este primer efecto de la intervención tuvo como resultado la expansión de algunas de las condiciones del conflicto armado hacia el país vecino que empezó no solo a constituirse en un escenario de guerra, sino a experimentar un ambiente de inseguridad social a nivel transfronterizo, así como una serie de conflictos diplomáticos y políticos entre ambos países. El hecho más representativo de esta situación fue el del Bombardeo de Angostura, el 1 de marzo del año 2008, a través de la denominada "Operación Fénix", cuando la Fuerza Aérea Colombiana, en el marco del apoyo estadounidense a la guerra contra el narcoterrorismo, llevó a cabo una incursión militar sin precedentes en el territorio fronterizo amazónico ecuatoriano de la provincia de Sucumbíos. Allí se pudo comprobar la necesidad de las FARC de mantenerse al margen del territorio colombiano y de buscar lugares de resguardo y protección en el Ecuador. Como es bien conocido, la operación terminó con la muerte de 22 guerrilleros, incluido el comandante Raúl Reyes, quien era considerado el "canciller" de las FARC y uno de los miembros más importantes del secretariado de este grupo armado (ver mapa 2).

En términos prácticos, se puede decir que se produjo una nueva relación glocal en la dinámica del conflicto, en tanto la implementación de las políticas globales de seguridad logró modificar la correlación de fuerzas de la guerra en los niveles nacional y local. Entre los efectos más importantes, se evidenciaron el regreso de los grupos guerrilleros a las acciones de la guerra de guerrillas móviles ejecutadas en pequeños núcleos operativos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009, p. 85); el paso de una lógica de control territorial a una lógica de control estratégico en que los grupos guerrilleros pospusieron su objetivo de lograr el control territorial para garantizar su supervivencia (Echandía y Bechara, 2006, p.32); y el desplazamiento progresivo del conflicto y de los actores armados hacia las fronteras del país.

La retirada de las FARC hacia zonas marginales del conflicto no estuvo, sin embargo, acompañada de un efectivo dominio territorial y militar de las fuerzas del Estado. De manera paradójica, y a pesar de que las fuerzas militares colombianas y estadounidenses desarrollaron una intervención a gran escala en territorio fronterizo —la mayor parte de la cual tuvo un fuerte componente aéreo—, lo que sucedió en realidad en el terreno fue la entrada del paramilitarismo como nueva fuerza dominante en la región. Diversas instituciones, expertos e, incluso, las mismas víctimas de la violencia en las zonas de frontera coinciden en que la intervención estadounidense tenía como objetivo "despejar" estos territorios del dominio de las FARC para permitir la entrada y el dominio de los paramilitares, ante la incapacidad del Estado para lograr una autoridad y una presencia efectiva en estos territorios. Así lo destaca Luis Ángel Saavedra, investigador y director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos —INREDH—, al referirse a los efectos de la estrategia de las fumigaciones:

Las fumigaciones son un arma de guerra y no una política antidrogas. Para nosotros, las fumigaciones es un proceso de limpieza social, no un proceso de control de cultivos de coca. Junto con las fumigaciones vino toda la presión militar y la recuperación militar especialmente paramilitar, por eso consideramos que se usó como un arma de guerra para despejar la zona (Saavedra 2011).

Los testimonios de algunos de los desplazados y refugiados en territorio fronterizo son contundentes al respecto:

(…) sí, en el momento de la fumiga llegaron los paracos, ese mismo día que estaban fumigando. Yo me acuerdo un 31 de diciembre de 2004, eso todo lo que era el Putumayo, todos los pueblos ya eran de paracos, y la guerrilla solo se mantenía en la rivera de los ríos, como ahora, que están solo en la rivera de los ríos (…) (Padre ejemplar, 2011).

En territorio fronterizo, el efecto de esta medida no se hizo esperar, generando un ambiente de mayor violencia, inseguridad y crisis social en la zona: así lo muestran algunas cifras relativas a la intensificación del conflicto después de la entrada del paramilitarismo y su desmovilización, según las cuales se reportaron en el Departamento del Putumayo miles de desapariciones y homicidios con una tasa de 38 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2007, mientras la tasa nacional para ese periodo era de 31 por cada 100 mil habitantes, según cifras de la Policía Nacional (Laverde y Tapia 2009, p. 35).

Esta nueva condición terminó por revelar una vez más el pacto implícito entre los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado ante su incapacidad por establecer una presencia efectiva más allá de lo puramente militar y para ofrecer opciones efectivas en materia social, económica y de seguridad en estos territorios.

La estrategia antinarcóticos y antiterrorista ha tenido, así mismo, un impacto humanitario perverso en la localidad, derivado no solamente del reacomodamiento de las fuerzas políticas y militares en el territorio fronterizo, sino también de los mecanismos que han sido empleados para enfrentar el problema de la producción cocalera en la región. La consecuencia más perversa producida por dichas estrategias ha sido, sin duda, la del éxodo masivo de refugiados colombianos que han tenido que atravesar la frontera para escapar del recrudecimiento de la guerra, del hambre y de los daños a la salud causados por las fumigaciones y la erradicación indiscriminada y sin alternativas de cultivos ilícitos, lo cual, además, ha dado lugar al surgimiento de nuevos conflictos locales a nivel transfronterizo y ha transformado de manera dramática el panorama de la localidad.¹³

 

Conclusiones

El concepto de la glocalización se ha constituido en este artículo en una herramienta central para explicar los cambios en la evolución del conflicto armado colombiano, resaltando la importancia de dos dimensiones, la global y la local, que, articuladas, han dado lugar a una nueva estructura del conflicto.

Pudimos demostrar que, en un contexto de globalización, las lógicas que subyacen a la dinámica de los conflictos armados internos están cada vez más determinadas por factores de orden global, capaces de producir cambios radicales en las condiciones locales de las guerras. A su vez, fue posible constatar que contextos tales como la frontera colombo-ecuatoriana, son susceptibles de convertirse en escenarios glocales de confrontación en donde se entremezclan distintas dimensiones espaciales y se genera un entramado de relaciones transfronterizas que dinamizan el conflicto.

Por una parte, fue posible sostener que la socioeconomía de la frontera amazónica ecuatoriana ha operado casi que, exclusivamente, a partir de las articulaciones globales-locales que se han producido en torno a los enclaves petrolero y cocalero, los cuales, ante la ausencia de la regulación estatal y la fuerte dependencia de los mercados internacionales, han alimentado el desarrollo de diversas actividades de guerra adversas al desarrollo social y económico de la localidad. Para ello, la perspectiva del "enclave" trabajada por el investigador Roque Espinosa se constituyó en la herramienta, que permitió explorar las distintas relaciones entre los procesos internos/locales que dieron paso a la configuración primaria de la zona fronteriza y los procesos externos/globales que, a partir de una estructura económica de subdesarrollo y dependencia, determinaron en gran medida la configuración actual de este escenario de conflictividad glocal.

Es importante decir que el análisis socioeconómico de la zona de frontera y su relación con el conflicto no se puede entender a partir de una fragmentación de las historias independientes de cada lado fronterizo, sino, como pudimos desarrollar en este artículo, se requiere evidenciar las articulaciones transfronterizas que, como en el caso de las complementariedades entre los enclaves petrolero y cocalero, revelan un escenario más dinámico y complejo de relaciones transnacionales y glocales.

Por otra parte, se comprobó el papel central que en el territorio fronterizo ha jugado el tráfico de drogas en sus diferentes niveles de funcionamiento —microilegalidad local, tráfico tipo emporio de carácter global y lavado de dinero— revelando el carácter glocal y transnacional del negocio y su potencial transformador del conflicto armado al haberse constituido en el mayor combustible para la economía de guerra. Esta dinámica se dio en gran medida, como resultado de la presencia de formas alternativas de autoridad —más específicamente de los carteles del narcotráfico, grupos paramilitares y de las FARC— que han cumplido una función histórica de regulación de estos territorios¹⁴ y que, en ausencia del Estado, han favorecido e impulsado formas alternativas de economía dirigidas a garantizar su sobrevivencia, así como el mantenimiento de una base social de apoyo que legitime sus objetivos políticos y de control territorial.

Finalmente, fue evidente que la implementación de las políticas globales de seguridad en territorio fronterizo logró introducir cambios significativos en la correlación de fuerzas que afectó de manera sustancial la dinámica del conflicto a nivel local y, a su vez, prolongó y profundizó la crisis humanitaria y social que se ha vivido en la región.

Todos los factores que fueron analizados en este artículo, revelan la importancia de construir un marco analítico que supere los enfoques puramente nacionalistas en el estudio de las guerras y los conflictos contemporáneos. Ello implicará otorgar un mayor peso a las relaciones de interdependencia que se dan entre las distintas dimensiones: local, transnacional y global.

 

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Entrevistas

ACNUR, 2011. Representante funcionario de ACNUR. Entrevista realizada el lunes 21 de marzo de 2011.

Arana, Marcelo. Representante de Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio —FEPP-. Entrevista realizada el martes 29 de marzo de 2011. Lago Agrio.

Saavedra, Luis Ángel. INREDH- Fundación Nacional de Asesoría en Derechos Humanos. Entrevista realizada el viernes 4 de marzo de 2011. Quito.

Padre ejemplar. Desplazado colombiano en la frontera colombo-ecuatoriana. Entrevista realizada el 26 de marzo de 2011. Lago Agrio.

 

Notas

¹ El "antiglobalismo" refleja, a su vez, la particularidad identitaria y cultural de diversos grupos étnicos, sociales y religiosos que refuerzan sus ideas, valores y costumbres a medida que se advierte un peligro de secularización y homogeneización desde lo global. (Robertson, 1992, p. 103).

² El Foro Económico Mundial es una organización mundial sin fines de lucro cuya asamblea anual se celebra en Davos, Suiza, y que proyecta los intereses hegemónicos de las clases dominantes representadas en los principales líderes empresariales, políticos e intelectuales mundo. De forma opuesta, el Foro Social Mundial es un escenario de carácter global crítico y contra hegemónico donde se reúnen anualmente diversos movimientos sociales opuestos a la lógica del neoliberalismo, el capitalismo y el imperialismo.

³ Appadurai hace referencia a cinco tipos de scapes o paisajes para observar las dimensiones culturales de la globalización que denomina: ethnoscapes, mediascapes, ideoscapes, financescapes y technoscapes. 

⁴ Alimentado por las ideologías socialistas y comunistas durante la época de la Guerra Fría, el conflicto armado colombiano se mantuvo no durante casi tres décadas como un fenómeno de proyección nacional en el que los actores armados buscaban ante todo el control del poder del Estado y en donde el ámbito territorial de la confrontación se mantuvo dentro los límites nacionales.

⁵ Se considera por ejemplo, que el proceso de desideologización producido por el fin de la Guerra Fría, llevó a las FARC a una ruptura entre las posibilidades de tomar el poder estatal por las armas y los objetivos políticos de la revolución. En este sentido, el objetivo último de las FARC en términos de sus propósitos de subvertir el orden establecido tendría que analizarse ya no desde la óptica de los límites del Estado-nación, sino desde nuevas lógicas tanto locales como transnacionales de transformación del orden social. En cuanto al paramilitarismo y a la conformación reciente de las denominadas Bandas Criminales, estos actores han mantenido desde siempre una estructura y operatividad de carácter descentralizada y basada en el control local de las poblaciones en las que ejerce influencia. Existen no obstante, diferencias importantes entre los dos actores armados en términos de su estructura de mando militar que en el caso de las FARC sigue siendo una estructura centralizada, así como en lo relacionado con las fuentes de financiación y los objetivos políticos y sociales de la lucha armada.

⁶ Manuel Castells describe la "conexión perversa" como la reconexión de sectores de la población y regiones enteras con la economía mundial mediante actividades criminales de todo tipo (centradas en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero) que encuentran mercados en expansión en las sociedades ricas. Ello ha inducido a amplios sectores de la población marginada a la búsqueda de la supervivencia a través de la economía ilícita.

⁷ Del total nacional de 568 917.4 registradas entre 1999 y 2002, 186 496.75 equivalentes al 32.7 % correspondían a los municipios fronterizos y la zona limítrofe con Ecuador concentró el 60.83 % de dicho porcentaje. (Ramírez, 2006, p. 132).

⁸ Las FARC han hecho presencia en todo el cinturón que se extiende desde el departamento de Nariño hasta los departamentos de la cuenca amazónica, llegando, incluso, hasta las planicies del departamento de Vichada. Se sabe por ejemplo que, en la región media y baja del Putumayo, han operado tradicionalmente los frentes 32 y 48 de las FARC. Este último cuenta con 449 efectivos que mantienen un dominio entre las zonas de Piñuña Negro y Piñuña Blanco, Santa Rosa de Sucumbíos, El Empalme, Teteyé y Puerto Guzmán. La presencia de las FARC a lo largo de este territorio ha reflejado el dominio que este grupo ha tenido sobre la economía del narcotráfico, dado que, justamente, en dichas zonas se produce cerca del 80 por ciento de las hectáreas de coca que han sido cultivadas en el país durante la última década (UNODC, 2009). Este dominio le ha asegurado a las guerrillas el control de corredores estratégicos entre Nariño, Caquetá, Guaviare y Meta, que le han permitido ampliar su capacidad para acopiar la droga y despacharla fuera de la región, especialmente a través de Ecuador hacia el Océano Pacífico (Reyes, Thoumi y Duica, 2006, p. 53) y de allí hacia los mercados globales.

⁹ Espinosa realiza una crítica a la teoría de Celso Furtado sobre el desarrollo y el subdesarrollo latinoamericano, quien considera que, en situaciones de enclave (particularmente minero), las conexiones con el resto de la economía (determinadas por el volumen de mano de obra, masa salarial, impuestos y ganancias que se reinvierten localmente) apenas pasan por las naciones dependientes. Sin embargo, Espinosa considera que, de todos modos, es difícil negar que, en lo local, estas conexiones fueran significativas. En sus palabras, si bien a nivel nacional las conexiones económicas y sociales son escasamente importantes, sí lo son en lo local y regional, en donde estas conexiones se vuelven particularmente decisivas.

¹⁰ En el enclave minero hay expansión de la producción, pero existe una tendencia favorable a pagar salarios diferenciados en beneficio del sector obrero especializado, sin afectar al sector de la economía orientado hacia el mercado interno.

¹¹ En1993, inició un complejo conflicto legal cuando el gobierno ecuatoriano interpuso una demanda en contra de Texaco. En 1998, se llegó un acuerdo en el cual Texaco debía limpiar 1/3 de las zonas afectadas y pagar 30 millones de dólares en reparación de los daños. En este año, Texaco salió de Ecuador. Ver: De Pourtales, A. 2014. Ecuador Vs Chevrón impunidad y corrupción en el derrame de petróleo más grande de la historia. http://pijamasurf.com/2014/02/ecuador-vs-chevron-impunidad-y-corrupcion-en-el-derrame-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia/ ver también un informe de la Agencia de Noticias del Ecuador y Sudamérica —ANDES— titulada: Chevrón-Texaco dejó en Ecuador una huella imborrable de muerte y contaminación. 17/09/2013. Disponible en: http://www.andes.info.ec/es/no-pierda-actualidad/chevron-texaco-dejo-ecuador-huella-imborrable-muerte-contaminacion.html

¹² En términos generales estos tres programas hacen parte de una estrategia hemisférica de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica y, fundamentalmente, en Colombia y los países de la región andina. Más de la mitad del porcentaje de la ayuda estadounidense se destina a la estrategia militar.

¹³ Para hacerse una idea general de los efectos de estas estrategias globales en la situación humanitaria que comparten los países de Colombia y Ecuador, se considera que, en el país vecino, existen 135 mil colombianos en necesidad de protección que incluiría a los 60 mil refugiados que ya están reconocidos, unos 20 mil o más solicitantes de asilo y un número indeterminado de población que aún no ha sido registrada. El Ecuador sería, entonces, el país con más refugiados colombianos en el mundo, recibiendo aún en la actualidad, alrededor de 1500 a 2000 solicitudes de refugio mensuales, sin contar con una población invisible de personas que se desplazan y que no están dispuestas a inscribirse como refugiadas por razones de seguridad. Por este motivo, otras instituciones como INREDH prefieren hablar de un número de 350 000 desplazados hasta el año 2006 en necesidad de protección.

¹⁴ Ángela Puentes (2006, p. 55) sostiene al respecto, que no habían sido las FARC quienes llevaron la coca a los territorios que estas controlaban sino el cartel de Medellín que en 1978 comenzó a distribuir las semillas de coca en el Departamento de Caquetá. A su vez, los colonos que habían adoptado esta actividad como medio de subsistencia, se encargaron de promover los cultivos ilícitos y de expandirlos por el territorio nacional. (Richani, 2003, citado en Puentes, 2006, p. 74).

 

Información sobre la autora

Silvia Mantilla Valbuena es Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Politóloga especializada en Relaciones Internacionales. Magister en Estudios Latinoamericanos. Ph.D en Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de Deusto. Ha realizado investigaciones y publicaciones relacionadas con temas de seguridad nacional e internacional, conflicto armado y migraciones transfronterizas.