Introducción

En el presente trabajo, nos proponemos analizar las relaciones internacionales de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En particular, nos interesa presentar un enfoque alternativo para explicar los cambios en política exterior que, desde la presidencia de Hugo Chávez, se caracterizaron por un aparente distanciamiento de Estados Unidos y un acercamiento a China y Rusia.

En función de nuestro propósito, damos cuenta de las diferentes explicaciones existentes respecto a la política exterior chavista y sus cambios. Desde un enfoque basado en la crítica a la economía política de Marx y los desarrollos de Juan Iñigo ^{Carrera (2008)} sobre la especificidad de las economías nacionales dedicadas a la exportación de materias primas, buscaremos abordar el problema de las relaciones internacionales de Venezuela en tanto que son formas necesarias de su proceso nacional de acumulación de capital. Finalmente, nos concentraremos en señalar determinantes que rigieron el acercamiento de Venezuela a China y Rusia.

En síntesis, planteamos que el cambio en los socios externos de Venezuela no fue sino la forma concreta con que se mantuvo su especificidad como proceso nacional de acumulación de capital basado en la apropiación de renta de la tierra petrolera y que, contra lo aparentado en el plano ideológico, la radicalización antinorteamericana en materia de política exterior progresó junto con objetivos cada vez más limitados.

El chavismo y las relaciones internacionales

No sería correcto afirmar que, previo al primer gobierno de Hugo Chávez, Venezuela se alineaba ciegamente con Estados Unidos En cuanto que era un país petrolero de primer orden, siempre necesitó proyectar una política exterior activa con el propósito de influir en el mercado petrolero. Es así como fue vanguardia en la conformación de la OPEP y uno de sus socios fundadores (^{Mommer, 1988}). Sin embargo, ya desde los primeros años de Hugo Chávez en el gobierno, aunque estos rasgos se mantenían, comenzaron a evidenciarse signos de transformaciones en la política exterior venezolana que anunciaban un distanciamiento con Estados Unidos (^{Romero, 2003}). El distanciamiento, que en los primeros años no pasó de desencuentros en el plano internacional, como las visitas de Chávez a Cuba entre 1999 y 2000, se acentuó a partir del golpe de Estado de 2002. Acontecimiento que contó, si no con la participación directa, con el aval del gobierno de George Bush (^{Golinger, 2005}).

Pronto al inicio de su primer mandato, el gobierno de Chávez entró en conflicto con el gobierno de Estados Unidos en un grado que trascendía lo meramente discursivo. Una de las explicaciones existentes a ello ubica la cuestión en Estados Unidos, lo que señala a que el cambio en las relaciones entre ambos países coincidió con la asunción de George Bush a la presidencia. De este modo, ^{Borón (2013)} presenta al chavismo como una respuesta a una mayor agresividad de Estados Unidos, la cual sería expresión de su decadencia como potencia imperial.

Sin discutir aquí cuestiones relativas a la actualidad del llamado poder imperial de Estados Unidos, permanece en Venezuela algo específico por explicar. Incluso si reconociéramos a la política exterior norteamericana como el motor de los cambios en las relaciones internacionales, debemos dar cuenta de las especificidades nacionales que determinan respuestas diferentes y cursos variables en la política exterior. Es decir, ¿por qué Venezuela siguió un curso de enfrentamiento más agudo y sostenido con los Estados Unidos, en comparación al resto de los países de la región?

Venezuela no fue el único país de la región en mostrar signos de distanciamiento con Estados Unidos durante la década del 2000. Cabe recordar aquí que la defensa de la multipolaridad y el cuestionamiento al dominio de los Estados Unidos estuvo presente en el discurso político del kirchnerismo, en Argentina, y en el gobierno de Lula, en Brasil. Vale recordar, a su vez, el alineamiento de Argentina, Brasil y Venezuela contra la aprobación del ALCA durante la IV Cumbre celebrada en 2005. Sin embargo, a diferencia de Argentina y Brasil, Venezuela llevó dicho distanciamiento más lejos. Luego, mientras en Argentina y Brasil la salida del gobierno del kirchnerismo y del PT implicó un cambio de ciclo político que dio lugar a gobiernos que traían consigo un discurso de acercamiento a Estados Unidos, en Venezuela se profundizó el enfrentamiento con la potencia del norte. En definitiva, tenemos que volver nuestra mirada a lo que aconteció en Venezuela para poder entender el particular curso seguido por su política exterior.

Al respecto, una visión común es aquella que reduce el problema de las alianzas internacionales al grado de compromiso con la democracia, donde esta aparece identificada inmediatamente con los Estados Unidos, mientras que potencias rivales como Rusia establecerían alianzas con los países antidemocráticos del continente; entre ellos, Venezuela (Rouvinsky, 2015). Desde esta perspectiva, Manwaring (2005) presenta a la política exterior chavista como mera respuesta de un típico caudillo latinoamericano que se resiste a los cambios globales, pero con la particularidad de haber desarrollado una doctrina de Socialismo Bolivariano, más agresiva y definida en la persecución de sus objetivos.

Este enfoque conlleva implícita la idea de que la buena convivencia internacional es posible; claro que esto requiere el compromiso con valores democráticos. Así, la explicación de los antagonismos que enfrenta Venezuela en el plano internacional es reemplazada por un discurso normativo acerca de lo que debiera hacerse para evitar conflictos. Pero lo que nos interesa aquí es explicar las razones que llevaron a Venezuela a un creciente distanciamiento con los Estados Unidos y a un acercamiento con China y Rusia. En cambio, los enfoques que enfatizan la posibilidad de la buena convivencia internacional renuncian a una explicación sistemática de los conflictos (^{Weber, 2013}) y no encuentran más razones para ellos que la acción aislada de individuos que gobiernan (^{Kegley y Blanton, 2014}).

A su vez, contamos con estudios que se centraron en el análisis de los principales cambios en la política exterior chavista en relación con la dinámica interna del país. Desde los primeros años de gobierno de Hugo Chávez, autores como Carlos Romero advertían la continuidad de rasgos propios de la política exterior venezolana, como el activismo internacional y el presidencialismo, aunque con un contenido intelectual diferente que motivaba un mayor distanciamiento de Estados Unidos (^{Romero, 2003: 334}). Con el transcurso de los gobiernos de Chávez y luego Maduro, se afianzó dicho distanciamiento en la medida en que la política exterior chavista se habría desarrollado como expresión de una visión estructuralista, “formándose así un perfil ideológico ‘anti-occidental’ configurado en una visión del mundo basada en las ideas de la rivalidad entre el centro y la periferia y en la lucha antiimperialista” (^{Romero, 2009: 45}) y una búsqueda de mayor liderazgo mundial que habría determinado que Venezuela abandonara su principio de no confrontación con los Estados Unidos (^{Bernal-Meza, 2017}). Desde este marco ideológico, la política exterior de Chávez y Maduro se habría caracterizado por la búsqueda de mayor autonomía en un contexto internacional de descentralización de poder político (^{Romero, 2016}). Finalmente, según ^{Romero y Mijares (2016)}, esta orientación afianzó la contradicción existente entre una política exterior que hacia afuera demandaba descentralización y la posibilidad de instalar debates contrahegemónicos, y la tendencia a centralizar y suprimir el debate interno de voces que deslegitimaran la autoridad del gobierno (^{Romero y Mijares, 2016: 168-170}). En consecuencia, Maduro no habría hecho otra cosa que profundizar esta línea al tratar de disimular la menor influencia internacional de Venezuela con un discurso ideológico más radicalizado y un menor espacio a las disidencias internas (^{Mijares, 2015}). En este sentido, el autoritarismo habría aparecido como la fórmula de política doméstica óptima para la política exterior del chavismo de búsqueda de mayor autonomía respecto a las potencias occidentales (^{Mijares, 2017}).

La relación entre la política exterior chavista y el debilitamiento de la democracia interna es también señalada por ^{Dodson y Dorraj (2008)} quienes encuentran en el enfrentamiento de Venezuela con Occidente un mecanismo de movilización permanente de las masas en función de consolidar poder interno. Desde una mirada complementaria, ^{Corrales y Penfold-Becerra (2011)} ponen énfasis en las contradicciones que implican la política exterior chavista. Se sostiene que la política exterior chavista se caracterizó por la búsqueda de autonomía asociada a una confrontación con Estados Unidos. La estrategia principal desplegada en este sentido habría sido el despliegue de lo que llama el social-power como forma específica de contrarrestar el poder de los Estados Unidos. Esto significa que, dado que Venezuela no puede lograr sus objetivos en un enfrentamiento militar directo con los Estados Unidos, necesitó apelar a otras formas para contrarrestar la presencia norteamericana y expandir su influencia internacional empleando sus recursos económicos, acrecentados durante los años de suba del precio del barril de petróleo, financiando proyectos sociales, fuerzas políticas o simplemente ofreciendo oportunidades de corrupción.

En lo que hace al objetivo específico de este trabajo, nos encontramos con que tanto en los enfoques críticos que enfatizan la pérdida de calidad institucional como contracara de la política exterior chavista, como en los trabajos que valoran positivamente dicha política (^{Blanco y Lineares, 2008}; ^{Mora Brito, 2004}; entre otros), la explicación del rumbo seguido por la política exterior chavista se centra en la aparición de un personal político con objetivos diferentes, que generalmente se los identifica con la búsqueda de mayor autonomía nacional. Incluso en aquellos autores que se empeñan más por analizar la política exterior venezolana en el marco de las condiciones rentistas de la economía venezolana (^{Romero, 2009}), nunca se explica el cambio introducido por el chavismo más que en sí mismo. Es decir, el viraje introducido por el chavismo en las relaciones internacionales de Venezuela es presentado, a lo sumo, como una ruptura que se apoya en tendencias preexistentes, pero cuyas razones no trascienden el ser expresión de la aparición de un gobierno con una orientación ideológica particular.

La tendencia a personalizar el análisis de las relaciones internacionales se encuentra incluso en aquellos enfoques que buscaron evitarla, desde conceptualizaciones como el soft-balancing para el análisis de las relaciones internacionales de países periféricos. La idea de soft-balancing que es eje en los trabajos citados de Mijares, Corrales y Serbin y Serbin Pont, entre otros, propone un modelo de comportamiento referido a las relaciones internacionales bajo condiciones diferentes a las que inspiraron los estudios clásicos del neorrealismo en tiempos de la Guerra Fría. Los modelos de comportamiento basados en la disputa entre dos potencias que escalan militarmente son reemplazados por otros donde se pone el enfoque en la asimetría, a partir de la cual, ante la imposibilidad de rivalizar militarmente, Venezuela centraría su estrategia internacional en ocupar posiciones de influencia que permitirían entorpecer los planes de la potencia rival en la región. El ALBA, por ejemplo, sería expresión de esta estrategia. De este modo, Venezuela es presentada como balance al poder de Estados Unidos mediante el uso de los recursos petroleros, el posicionamiento internacional y el establecimiento de alianzas con potencias rivales¹.

Sin embargo, la idea de soft-balancing no modifica los supuestos del enfoque neorrealista. Lo interesante aquí es que se trata de un enfoque que, en su versión original, surgió para criticar la excesiva preocupación por las motivaciones ideológicas de la política exterior, al argumentar que personalizar los problemas sociales “es una característica del pensamiento primitivo” (Morgenthau, 1948, p. 17). El neorrealismo, en su forma clásica, proponía analizar la política exterior de los países como expresión de la acción de sujetos racionales que persiguen intereses de autonomía y seguridad en un marco donde la interdependencia de naciones requiere de un orden que en la práctica está ausente por ser contradictorio con la existencia de múltiples estados soberanos y autosuficientes. Pero este enfoque solo nos proporciona formas posibles de comportamiento de un sujeto definido a priori. Y en ese apriorismo no se puede evitar reemplazar el análisis de las determinaciones de la acción política por un discurso normativo. Es así cómo, si bien el conflicto entre países se presenta como inevitable, se argumenta que con prudencia, racionalidad y pragmatismo puede ser aminorado. En definitiva, los cambios en las relaciones internacionales como los ocurridos en Venezuela se terminan reduciendo a la aparición de gobernantes que se alejaron de esa racionalidad y prudencia; y donde finalmente nos encontramos con que el pragmatismo puede ser resignificado por una mayor primacía de lo ideológico (^{Raby, 2011}).

El problema reside en explicar la expresión, ¿de qué fue la política exterior chavista? ¿Cuáles son las determinaciones que explican los cambios en las relaciones internacionales de dicho país? Para ello, no basta con enfrentar las acusaciones de irracionalidad o autoritarismo de la política exterior chavista, presentándola como una respuesta positiva a las consecuencias negativas del neoliberalismo (^{Blanco y Lineares, 2008}; ^{Mora Brito, 2004}; ^{Borón, 2013}). Aunque desde una valoración diferente, la explicación de la política exterior sigue recayendo en la acción de individuos que, desde su abstracta libertad, deciden torcer el rumbo de la política exterior; este idealismo se ve explicitado en ^{Gullo (2015)}. Lo inspirador de los lineamientos estratégicos de la política exterior chavista no avanza más allá de señalar que el pasaje de una política exterior claudicante a una liberacionista está mediado por un momento de insubordinación fundante, cuyas raíces son puramente subjetivas.

De esta manera, los diferentes enfoques sobre las relaciones internacionales reproducen aquello que criticaban Engels y Marx acerca de los estudios históricos que comparten como propias a las ilusiones de la época, donde se toman a las motivaciones políticas e ideológicas como el motor del proceso histórico y no como formas de sus motivos reales (^{Engels y Marx, 2006: 94}). En consecuencia, si bien el reducir toda la responsabilidad del conflicto internacional a la acción de los individuos que gobiernan les da a los diferentes enfoques teóricos la plasticidad de explicar situaciones de conflicto y de ausencia del mismo, ésta se logra a costa de una completa exterioridad entre la estructura económica y las relaciones políticas.

Pero lejos de toda exterioridad, en el modo de producción capitalista, las relaciones políticas son una forma de realización de las relaciones económicas y no hay relación económica que no tenga a las relaciones políticas como manera concreta de realizarse (^{Iñigo Carrera, 2012: 14-15}). Así, independientemente de las expresiones ideológicas que asuman, las políticas estatales no son más que formas concretas en la organización del proceso capitalista de producción. Es decir, de un modo de producción basado en una relación social general indirecta, donde los sujetos se relacionan entre sí de manera impersonal, como personificaciones de mercancías (^{Marx, 2000, pp. 103-104}) y la propia existencia de una unidad internacional se asienta en la circulación de mercancías, se derriba toda barrera geográfica e individual opuestas al intercambio de productos (^{Marx, 2000, p. 138}).

En el modo de producción capitalista, aquello que se denomina comunidad internacional emerge como una expresión de la producción y circulación mundial de mercancías. El capital es una relación social mundial pero que no arranca históricamente tomando la forma concreta de una unidad mundial inmediata, sino de una multiplicidad de espacios nacionales (Iñigo ^{Carrera, 2008}). Pero estos no son sino la forma con que, mediante la división internacional del trabajo, se fragmenta a la clase obrera en ámbitos donde la desarrolla con atributos específicos que hacen a la particularidad de cada espacio nacional (^{Caligaris, 2016}; ^{Starosta, 2016}). Así, la política estatal no puede ser abstraída de ser una forma de reproducción de las especificidades nacionales de acumulación de capital.

Allí donde las diferentes teorías de las relaciones internacionales no ven sino la afirmación inmediata de subjetividades abstractamente libres que, desde ideologías definidas en sí mismas, logran imponer un curso de desarrollo a las naciones, deberemos analizar los cambios en la política exterior venezolana como una manera de afirmar el proceso nacional de acumulación de capital. Más concretamente, deberemos preguntarnos si los cambios en las relaciones internacionales de Venezuela en el periodo reciente fueron expresión de transformaciones en la forma específica con la que el capital acumula en Venezuela o si fueron una forma necesaria de su continuidad.

Las relaciones internacionales de Venezuela en la fase de auge

De manera similar a lo que ocurre en la generalidad de los países sudamericanos, el capital no despliega en Venezuela las potencias del desarrollo de la productividad media del trabajo social, sino formas ancladas en la apropiación de renta de la tierra, en este caso petrolera. Dentro de la división internacional del capital, Venezuela es un país que recibe sostenidamente ingresos extraordinarios bajo la forma de renta de la tierra (^{Mommer, 1988}; ^{Baptista; 1997}, ^{Dachevsky y Kornblihtt, 2017}; entre otros); donde cada barril de petróleo exportado es portador de una masa de plusvalor extraordinario que el mercado mundial debe pagar debido al monopolio sobre condiciones naturales irreproducibles por el capital. Pero, al mismo tiempo, ofrece posibilidades para que capitales locales y extranjeros puedan participar en su apropiación al permitirle valorizar tecnología obsoleta en la reducida escala del mercado doméstico.

Esta dualidad es fundamental para entender sus relaciones internacionales. Las características de la economía venezolana implican una política exterior activa que apunte a sostener los ingresos de renta petrolera y, al mismo tiempo, a garantizar condiciones para su apropiación por pequeños capitales locales y capitales medios fragmentados extranjeros que operan en el mercado interno². En esta forma particular que adopta la acumulación de capital en Venezuela, Estados Unidos ocupaba un lugar central, previo a la asunción de Chávez. Por un lado, se trataba del principal mercado del petróleo venezolano y, en consecuencia, el país de residencia de la mayor parte de los activos exteriores de PDVSA. Por otro lado, Estados Unidos era el principal inversor extranjero en el país. Podría decirse que se encontraba de ambos lados del mostrador. De un lado, era el consumidor de petróleo que pagaba la renta de la tierra que apropia Venezuela. Del otro lado, participaba en la apropiación de renta petrolera mediante empresas radicadas en el mercado interno venezolano.

Durante la década de los noventa, la inversión estadounidense en Venezuela estaba repartida entre el sector petrolero, industrial y financiero. A comienzos de la década siguiente, la presencia de la inversión había cambiado. Desde 1998, comenzó un severo declive en la inversión destinada al sector industrial (^{UNCTAD, 2004}), en el marco de una contracción general del mercado interno venezolano. Luego de asumir Chávez, dicho declive fue acompañado de la contracción de la inversión en el sector petrolero. Hacia 2002, la Inversión Extranjera Directa (IED) total en Venezuela se había contraído 60 % respecto a los niveles del 2000, debido principalmente a la caída de las inversiones petroleras. Pero en este caso, la caída se debió a los conflictos que pronto comenzaron a aparecer en torno al control de la industria petrolera venezolana.

A poco de asumir su primer gobierno, Hugo Chávez impulsó un paquete bastante amplio de leyes que incluía dos referidas particularmente a la industria de hidrocarburos y que apuntaban a proteger la participación del Estado nacional en la renta petrolera (^{Lander, 2005}). Mediante ellas, se buscaba reemplazar los impuestos que gravaban ingresos netos por sumas fijas ajustables a la productividad. De esta manera, se le quitaba a la gerencia de PDVSA poder de eludir pagos de impuestos mediante maniobras contables (^{Mendoza Potella, 2010}).

Estas medidas tuvieron un impacto significativo en la recaudación fiscal del petróleo. En 1997, las regalías eran de 32 % y en 2003 74 % de las contribuciones fiscales de la industria petrolera (^{Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería, 2012}). Las reformas advertían acerca de un avance en el control de la renta petrolera por parte del Estado nacional que no tardaría en disparar conflictos. Sin entrar en los detalles del golpe de 2002 y el subsiguiente paro petrolero, nos interesa aquí advertir que Estados Unidos brindó un apoyo abierto a la oposición al reconocer al gobierno provisional de Carmona, lo cual fue motivo de un mayor distanciamiento con Chávez. Las razones del apoyo a la oposición se centraban en la disputa por la industria petrolera. No solo por cómo las reformas petroleras podían afectar a las compañías norteamericanas allí radicadas, sino, aparentemente, por el propio control de PDVSA, desde que el gobierno le retiró a la norteamericana SAIC el control de los sistemas eléctricos de PDVSA (^{Raby, 2011}).

Lo cierto es que el apoyo de Estados Unidos a la oposición durante los acontecimientos de 2002 fue disonante en comparación al que dio posteriormente a Juan Guaidó, en el sentido de que no estuvo acompañado por los países de la región. Pero, al mismo tiempo, cuando finalmente el chavismo logró prevalecer, el compromiso de Estados Unidos con la oposición se mostró más acotado puesto que no avanzó sobre los activos de Venezuela en el exterior, como sí ocurrió en 2019.

En los años inmediatos posteriores al golpe fallido, Chávez no afectó especialmente los intereses de las compañías norteamericanas en Venezuela y su enfrentamiento con Estados Unidos transcurrió por adoptar un posicionamiento antagónico en conflictos internacionales en otras regiones del planeta. Nos referimos concretamente al repudio venezolano a la invasión norteamericana en Irak y al acercamiento con Irán. Estos posicionamientos se entienden a partir de los nuevos alineamientos que Venezuela comenzó a desarrollar a partir de su acercamiento a la OPEP. La reaproximación de Venezuela significó, en la práctica, estrechar lazos con aquellos países que, como Irán, fueron históricamente más proclives a una política exterior más agresiva, en términos de promover subas del precio del barril restringiendo la oferta de crudo (^{Corrales y Penfold-Becerra, 2011}).

Tanto la reforma impositiva, como la nueva política petrolera exterior eran indicativos de un fortalecimiento del poder terrateniente del Estado nacional venezolano. Pero el ejercicio de la propiedad territorial por parte del Estado nacional venezolano no se agota en su acción política tendiente a incrementar los ingresos rentísticos, sino que implica también generar condiciones para su apropiación en el mercado interno. Fue precisamente en este plano donde se reveló el principal conflicto entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, en los años siguientes al fallido golpe de 2002. Nos referimos a la disputa en torno a la extensión del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Los debates en torno a la posible extensión del ALCA en América del Sur se remontan a la década de los noventa. Ya entonces, se manifestaron diferencias entre el gobierno de Rafael Caldera con Estados Unidos por el ingreso al ALCA. En esa oportunidad, los capitales radicados en Venezuela mostraron una actitud ambivalente respecto al tratado (^{Nelson, 2015: 128}), pero finalmente Venezuela se plegó a la posición brasileña de rechazo al mismo y, en respuesta, Estados Unidos apoyó la candidatura de César Gaviria a la secretaría general de la OEA en perjuicio del candidato venezolano (Romero, 2013: 327). Luego, en 2005 esta controversia volvió a presentarse de manera más aguda en la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata.

No nos interesa detenernos aquí en repasar los acontecimientos de la IV Cumbre, sino en dar cuenta de las razones de la oposición venezolana en cuanto hacen a la especificidad de su proceso nacional de acumulación de capital. En consonancia con lo aquí planteado, ^{Grinberg (2010)} identifica que la oposición liderada por Argentina, Brasil y Venezuela al proyecto del ALCA estuvo sustentada en una mayor capacidad para sostener producción industrial protegida destinada al mercado doméstico o regional con base en la apropiación de renta de la tierra. Es decir, el rechazo al ALCA no se apoyaba en un repudio genérico al liberalismo, en favor de una supuesta alternativa de desarrollo contrahegemónica, sino en el sostenimiento de la especificidad que hace a la acumulación de capital en estos países, la cual, como explicamos anteriormente, tiene al propio capital extranjero, incluido al norteamericano, como partícipe necesario.

Es así cómo, si bien el resultado de la IV Cumbre suponía un freno a la libre entrada de mercancías provenientes, principalmente de Estados Unidos, este también garantizaba condiciones para que las empresas norteamericanas pudieran seguir recibiendo la protección del mercado doméstico y apropiar renta petrolera. En consecuencia, el freno al ALCA tuvo el resultado paradójico de habilitar una suba de la rentabilidad de las inversiones norteamericanas en Venezuela radicadas en la industria manufacturera mercado internista (Gráfica 1).

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Bureau of Economic Analysis (BEA).

Gráfica 1 Tasa de ganancia de la inversión extranjera directa de los Estados Unidos en el exterior (1982-2014) 

La evolución de la rentabilidad de las inversiones estadounidenses en Venezuela nos muestra una serie de elementos importantes para una caracterización del contenido de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. En primer lugar, durante el periodo registrado en la Gráfica 1, la rentabilidad de la IED de Estados Unidos en Venezuela alcanzó un promedio similar a la media de la rentabilidad de su IED en el mundo, al ser de 13.1 % y de 11.2 % respectivamente. Sin embargo, este promedio se alcanzó por medio de una mayor volatilidad, en donde se alternaron períodos de fuertes subas y bajas. Dicha volatilidad es, en realidad, una característica propia del continente sudamericano (que presenta una rentabilidad media de 11.6 % durante todo el período) y está asociada al movimiento de la renta de la tierra, por estar sujeta a las variaciones en los precios de las materias primas; Venezuela reproduce esta particularidad. Por ello, la rentabilidad de las manufacturas estadounidenses radicadas en Venezuela estuvo más relacionada a la evolución de los precios del petróleo que a la rentabilidad del resto de la IED norteamericana en el mundo.

Al mismo tiempo, la crisis del 2009 marcó un punto de inflexión en la economía chavista. La revitalización de la industria sustitutiva de importaciones sobre la base de apropiar renta de la tierra comenzó un declive que todavía persiste. Desde entonces, se registró una abrupta caída que corresponde con la contracción general de sectores tales como la industria automotriz, y anticipó el colapso de la industria manufacturera desde 2012 (^{Kornblihtt y Dachevsky, 2017}). Lo que siguió fue más recesión, inflación y el hecho de que una mayor porción de la renta fuera fugada al exterior por sobrevaluación del bolívar, mientras la participación fiscal en la renta retrocedía (^{Dachevsky y Kornblihtt, 2017}).

Desde la crisis del 2009, se puso de manifiesto la debilidad de los sectores no petroleros de Venezuela para sostenerse sin el continuo subsidio financiado con renta petrolera. Esta debilidad que venía manifestándose desde el colapso económico de los ochenta (^{Dachevsky, 2011}) y que encuentra su causa principal en la nueva división internacional del trabajo, basada en la fragmentación internacional de procesos productivos (^{Fröbel, Heinrichs y Kreyre, 1980}) la cual, torna cada vez más insostenibles a industrias sustitutivas de importaciones que operan a la escala reducida del mercado interno (Iñigo ^{Carrera, 2008}; ^{Starosta, 2016}; ^{Caligaris, 2016}; entre otros).

Durante la década de los noventa, en años de baja renta petrolera, la debilidad del sector no petrolero se manifestó en el retroceso de la participación fiscal en la renta (^{Mommer, 2002}). Luego, durante la fase ascendente, si bien se reestablecieron mecanismos estatales de estímulo del mercado interno, destacándose el aumento del gasto social (^{De Luca, Seiffer y Kornblihtt, 2013}), se mostraron insostenibles en la fase de baja.

Con la crisis de 2009, la recuperación de la economía chavista urgía de un aumento inmediato en la renta petrolera que trascendiera las necesidades inmediatas de inversión en exploración y extracción. Pero aumentar la renta apropiable implicaba dos alternativas que estaban fuera del alcance del gobierno venezolano: aumentar el precio o aumentar el volumen de producto exportable.

Con relación al precio del barril, Venezuela buscó acercarse a Irán y Rusia, con los cuales comparte una política tendiente al aumento del precio del barril. Sin embargo, esto no garantiza resultados. De hecho, es discutible que la propia OPEP de conjunto haya tenido alguna vez tal capacidad (^{Bina, 2007}). Lo cierto es que, si bien en los años inmediatos posteriores a la crisis se registró un rebote en el precio, éste se sostuvo poco tiempo. Respecto a las cantidades exportables, diversos factores trabaron la posibilidad de expandirlas. Las reservas venezolanas de yacimientos convencionales, como Maracaibo y Monagas, aunque altamente rentables, ya se evidenciaban antiguas, algunas con casi cien años en operación. La única área petrolera sobre la cual se expandió la producción petrolera fue en la Faja del Orinoco (^{Monaldi, 2015}), sobre la cual, el gobierno puso prioridad al momento de convocar inversores internacionales (^{Davies, 2018}). Sin embargo, a pesar de su gran potencial a futuro, se trata de un crudo extrapesado cuya extracción es menos rentable y requiere reunir grandes inversiones. En suma, durante los gobiernos chavistas, la industria petrolera venezolana comenzó a generar menor cantidad y calidad de producto exportable³.

A estas cuestiones, deben añadirse las transformaciones ocurridas en el mercado petrolero de Estados Unidos Ocurre que la fase ascendente del precio del petróleo había habilitado el desarrollo de la producción doméstica no convencional en Estados Unidos y de otras alternativas que competían con el crudo venezolano, como es el caso del crudo extrapesado canadiense cuyas exportaciones hacia los Estados Unidos se incrementaron desde los años del primer gobierno de Chávez (Gráfica 2), cubriendo por tierra y a un costo menor un mercado ya sin perspectivas de ampliación para Venezuela.

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Energy Information Administration (EIA).

Gráfica 2 Estados Unidos. Importaciones de petróleo por país (1973-2017) 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del UnComtrade.

Gráfica 3 Destinos de exportación del petróleo venezolano (1995-2017) 

Esta situación impidió a Venezuela concentrar exportaciones en su mercado más rentable y la motivó a tener que recurrir a la búsqueda de nuevos destinos. En consecuencia, desde 2006, se registró el aumento sostenido de la participación de los mercados asiáticos en el petróleo venezolano, en detrimento de los Particularmente nos referimos a los mercados de China y la India.

Los socios del declive

La fase ascendente del precio del petróleo coincidió con la etapa más ambiciosa de la política exterior chavista. Fue también en esta etapa cuando el gobierno decidió renegociar las condiciones bajo las cuales operaban las compañías internacionales en la Faja del Orinoco, al imponer una mayor participación de PDVSA⁴. Pero estas políticas, que expresaban el fortalecimiento del poder territorial del Estado venezolano se vieron afectadas cuando la fase de suba de la renta petrolera se detuvo.

Como dijimos, la crisis del 2009 encontró a Venezuela en la necesidad de recurrir a nuevos mercados exteriores para su petróleo, pero también en la urgencia por recurrir al endeudamiento externo, con la finalidad de poder afrontar los compromisos asumidos durante el momento de alza (^{Delgado, 2018}). En este contexto, el acercamiento con China adquirió un carácter de urgencia. China no solo se convirtió en un nuevo mercado e inversor en el Orinoco para Venezuela, sino que también se convirtió, fundamentalmente, en el prestamista principal de la nueva coyuntura venezolana.

El acercamiento de Venezuela a China comenzó pronto a la asunción de Chávez a su primer gobierno, que se materializó en la firma de un Convenio de Cooperación Económica y Técnica en septiembre de 2000. Desde entonces, se desarrolló un mayor vínculo comercial y financiero. Hacia 2003, las exportaciones de Venezuela a China se habían multiplicado veinte veces respecto al nivel que tenían al momento de asumir Chávez la presidencia (Ríos, 2004: 55). En 2004 se registraron las primeras inversiones petroleras chinas sobre yacimientos maduros de Anzoategui y Monagas (Ríos, 2013: 54) y desde 2006 lo harían sobre la Faja del Orinoco (^{CNPC, 2019}). Sin capacidad para refinar crudo venezolano en territorio chino, las compañías chinas de petróleo se incorporaron inicialmente a la explotación y comercialización de crudo venezolano con destino a Estados Unidos. No solo la falta de infraestructura para procesar petróleo pesado era determinante, sino también el costo de transporte. La mayor distancia entre Venezuela y China se agravaba por el hecho de que los tanqueros petroleros venezolanos no eran aptos para cruzar el Canal de Panamá (^{Ratliff, 2005}).

Las compañías chinas comenzaron por usar los ingresos por la venta de crudo venezolano en los Estados Unidos para comprar petróleo en Medio Oriente y otras regiones más cercanas a China (^{da Rocha y Bielschowsky, 2018, p. 17}). De esto no debe desprenderse que no hubo exportaciones de petróleo venezolano a China. La búsqueda venezolana por nuevos mercados coincidió con el interés chino por diversificar sus fuentes de petróleo importado (^{Mendes, 2013}). Pero es necesario advertir las condiciones bajo las cuales se terminaron por realizar las mismas. En concreto, podemos estimar que el petróleo venezolano efectivamente vendido a China significa un ingreso por barril 19.8 % menor al que surge de una venta a los Estados Unidos⁵. La alternativa a Estados Unidos supone un gran costo para Venezuela.

Aunque menos rentables, las exportaciones de petróleo a China fueron una realidad que progresó año con año, sobre todo desde la crisis del 2009⁶. Esto no fue solo una salida forzada por la necesidad de nuevos mercados, sino como resultado de los compromisos financieros adquiridos con China en el marco de la crisis. En total, China dio préstamos por 141 mil millones de dólares en América Latina destinados principalmente a sectores vinculados a la explotación de materias primas. Se destaca entre ellos, el sector de la energía que concentró 68.7 % de los préstamos. Razón por la cual, Venezuela fue el destino predilecto de sus préstamos; más de 67 mil millones fueron destinados a Venezuela (^{Gallagher y Myers, 2019}). Si bien, el primer desembolso de préstamos chinos en Venezuela se registró en 2007, se ampliaron notoriamente a partir de la crisis de 2009, siendo el 2010 el año que registró el préstamo más importante, por 21 mil millones de dólares.

Fuente: ^{Gallagher y Myers (2019)}.

Gráfica 4 Préstamos de China a Venezuela 

Chávez presentaba a China como ejemplo de que se puede ser una potencia mundial sin ser un imperio (Ratliff, 2006, p. 77). La afirmación de Chávez reflejaba la clásica representación ideológica antiimperialista de las relaciones internacionales que encuentra en la multipolaridad, en la existencia de grandes potencias que rivalizan entre sí por ganar influencia en el propio espacio nacional, la oportunidad para que los llamados países dependientes puedan mitigar la presión del imperialismo. Así, la acumulación de capital es presentada como si siguiera un curso desviado por efecto del imperialismo, que trabaría el despliegue de las potencias productivas del espacio nacional. Luego, aunque no se trate más que de una inversión ideológica que presenta a las relaciones directas entre países como contenido y no como forma concreta de realizarse la relación social capitalista (Iñigo ^{Carrera, 2008}), esta clase de representación tiene asidero en formas específicas que hacen a la acumulación de capital en Venezuela.

En efecto, Venezuela no es un país que ponga en marcha la productividad media del trabajo social, sino que se trata de un ámbito de acumulación de capital basado en la apropiación de renta de la tierra. Al tratarse de renta petrolera, se le confieren atributos al Estado que no encontramos en otros países de la región cuyos ciclos de acumulación de capital también están supeditados a los de la renta. Nos referimos al protagonismo que tiene el Estado no ya en la circulación interna de la renta, sino en su propia determinación. A diferencia de los países agrarios como la Argentina, el Estado venezolano es quien personifica el poder territorial frente al capital arrendatario representado en parte por la propia PDVSA y por las compañías internacionales. Luego, como ocurre con todo terrateniente, el poder del Estado venezolano se fortalece cuando crece la competencia por el acceso a sus tierras. La así llamada multipolaridad significa, desde la perspectiva del Estado venezolano, la existencia de capitales internacionales dispuestos a competir por invertir en el desarrollo petrolero venezolano. En estos términos, la llamada multipolaridad efectivamente fortalece la posición del Estado venezolano. Cuando el Estado venezolano se nutre de esa competencia, gana fuerza frente a las compañías internacionales. Esto termina por tomar la forma ideológica de ganar autonomía, pero el Estado nunca es autónomo de la relación social capitalista, sino que es su representante político general. La fuerza del Estado venezolano no es ajena al capitalismo; ni siquiera observamos que encierre en sí la potencia de superación del llamado rentismo, sino que es su forma concreta necesaria de realizarse.

En este sentido, la última fase ascendente de los precios del petróleo, que coincidió con el surgimiento del chavismo, atrajo a capitales internacionales interesados en desarrollar inversiones en áreas petroleras. Solo que, a diferencia de lo ocurrido durante la década de 1960-1970, cuando se creó la OPEP y se nacionalizó la industria petrolera, esta vez el Estado venezolano no avanzó más allá de garantizar ciertos canales de distribución interna de la renta petrolera y, en el plano exterior, hacerse de socios que le permitieran prolongar la supervivencia del régimen luego de iniciada la fase descendente de los precios. En consecuencia, no fue la abstracta búsqueda de multipolaridad o autonomía lo que terminó por afianzar el acercamiento a China, sino la urgencia de ampliar sus fuentes de financiamiento en un contexto de crisis mundial, de cierre de mercados y de pronto estancamiento de la industria petrolera venezolana.

Lo cierto es que la presencia de China en Venezuela no contribuyó en un sentido que permita pensar que Venezuela supera las formas propias del llamado rentismo. Por el contrario, apenas acompañó su contracción y camino a la crisis. Eso se confirma cuando uno observa qué curso se le dio a la masa de capital chino que ingresó a Venezuela. Esta tuvo dos destinos principales: el desarrollo de áreas petroleras y de las industrias orientadas al mercado interno, que seguían la dinámica que caracterizó al rentismo venezolano. Es decir, mediante estos préstamos, China no solo se aseguró grandes suministros de crudo en condiciones muy ventajosas, sino que, en lo inmediato, los fondos comprometidos por dichos préstamos circularon en Venezuela bajo control de compañías chinas (^{Sanderson and Forsythe, 2012, p. 136}) que reprodujeron las formas típicas del capital que opera en el mercado interno venezolano apropiando renta petrolera. Así, parte de los préstamos se emplearon para importar bienes de consumo de origen chino como se hizo, por ejemplo, mediante el programa Mi casa bien equipada, a partir del cual se ofrecían electrodomésticos chinos a precios accesibles para familias pobres (^{Xu, 2016, p. 70}). A su vez, los préstamos chinos coincidieron con la aparición de ensambladoras y compañías constructoras chinas, que eran las beneficiarias inmediatas del gasto financiado con los préstamos. Estas compañías adoptaron, incluso, la reproducción de la política social del chavismo como política corporativa de las compañías chinas (^{Sanderson and Forsythe, 2012, p. 136}).

Pero incluso la alternativa china mostró sus límites cuando Venezuela se puso en evidencia como Estado insolvente. En 2014 comenzó a revertirse la efímera suba de precios ocurrida posterior a la crisis. La brecha entre ingreso y egreso de dólares se amplió y se volvió insostenible (^{Kahn, 2017}). En 2016, el precio del barril llegó a ubicarse por debajo de los 30 dólares. Para entonces, la economía venezolana se encontraba en profunda recesión. La masa de riqueza social que circulaba en el mercado interno se había contraído y los indicadores relativos al nivel de vida de la población mostraban un profundo deterioro. Esta coyuntura conjugó dos situaciones que derivaron en la crisis política de 2016-2017 y las sanciones de Estados Unidos. En primer lugar, la insolvencia del Estado venezolano y su urgencia por reestructurar sus compromisos exteriores. En segundo lugar, el crecimiento de la oposición y la agudización del conflicto entre el gobierno y la Asamblea Nacional. El conflicto con la oposición derivó en el avance de Maduro sobre la Asamblea Nacional y el intento de reforma de la Constitución. Fue en este marco de situación que, en agosto de 2017, Estados Unidos intervino en el conflicto venezolano mediante sanciones financieras. Si bien las sanciones establecidas por el gobierno de Donald Trump no originaron la crisis venezolana, sí ayudaron a profundizarla. Estas tuvieron un efecto sensible en una ya deteriorada economía venezolana. Sin acceso a los mercados financieros, la capacidad operativa de PDVSA se vio afectada y el declive de la producción se hizo más severo (Gráfica 5).

Fuente: EIA; OPEP y ^{Weisbrot y Sachs, 2019}.

Gráfica 5 Venezuela. Producción de petróleo (1997-2019) 

Si bien no puede subestimarse el efecto de las sanciones⁷, debe considerarse que estas no fueron la causa de la insolvencia del Estado venezolano, sino su expresión. De hecho, no debe perderse de vista que incluso China, ante la vista de dicha insolvencia, comenzó a restringir el financiamiento de Venezuela en 2016, año en el que solo otorgó un préstamo de 2.2 mil millones de dólares para el desarrollo petrolero. Luego, en 2017, no otorgó ningún préstamo y Venezuela se vio encerrada y sin alternativas. Recién en 2018, luego de que Venezuela cesara de pagar todos los bonos que tuvieron vencimiento en la segunda mitad de 2017 y ante la posibilidad de que la suspensión de pagos se extendiera a la propia deuda con China, se le otorgó al gobierno de Maduro un nuevo préstamo por 5 mil millones de dólares. De esta manera, el gobierno de Maduro se hizo aún más dependiente de otro socio, de menor capacidad financiera y con menos para ofrecer a la dañada economía venezolana: Rusia.

El interés ruso por Venezuela se remonta a la época soviética. De acuerdo a Blasier (1989), la URSS tenía un interés particular en mantener relaciones con el gobierno de Venezuela. Mientras que, en países como Argentina, el interés histórico de la URSS era acceder al mercado interno con sus productos, en Venezuela pareció darse lo opuesto. El mercado interno venezolano no era de mayor atractivo, sino que buscaba acceder a este a manera de poder construir relaciones estables con el gobierno de uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Sin que mediara mayor comercio internacional entre ambos, Venezuela sirvió a la URSS como un socio importante en la región; solo que no se trataba de un vínculo comercial directo, sino de una triangulación con Cuba. Concretamente, la URSS abastecía a Cuba con petróleo comprado a Venezuela. De acuerdo con ^{Konûhovskij y Sedyh (2012, p. 124)}, las exportaciones petroleras de Venezuela a Cuba llegaron a alcanzar el millón de barriles anuales, lo que le permitió a la URSS redirigir el equivalente en petróleo a subsidiar países de Europa del Este y ahorrarse 200 millones de dólares en costos de transporte. Pero este vínculo se rompió pronto con la disolución de la URSS, que afectó las relaciones internacionales de Rusia, sobre todo con regiones no esenciales. Confinada al plano regional, al vínculo con las exrepúblicas soviéticas, la presencia rusa en el mundo se vio reducida. Así, de los vínculos exteriores que sostenía la URSS, aquel con Cuba fue uno de los más afectados ya que Rusia se retiró casi por completo (Davydov, 2010). En consecuencia, Venezuela perdió el interés que tenía en la época soviética.

El reacercamiento de Rusia con América Latina comenzó con la fase ascendente de los precios del gas y el petróleo, esenciales para la economía rusa, que coincidió con la llegada de Vladimir Putin al gobierno. Desde entonces, la búsqueda del gobierno por promover la presencia de capitales rusos en el exterior se enfrentó a dos grandes condicionantes: la fragmentación y la deslocalización de recursos por parte de las grandes compañías en los años posteriores a la disolución de la URSS y la poca competitividad exterior de las transnacionales rusas fuera del ámbito regional (^{Kuznecov, 2013}, ²⁰¹⁷). Esto determinó una política de exportación de capitales con un enfoque en el desarrollo de empresas estatales de proyección internacional controladas por el gobierno (como Rosneft, en petróleo, o Rosoboronexport, dedicada a la exportación de armas), una consecuente mayor exposición del gobierno ruso en los asuntos internacionales y la necesidad de búsqueda de oportunidades en países de alto riesgo, allí donde la competencia con transnacionales occidentales es menor. Se trata de tres características necesarias para entender su presencia en Venezuela.

De manera similar a lo ocurrido con China, el acercamiento a Rusia comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y se acentuó particularmente desde 2014, en el marco de las sanciones norteamericanas a Rusia, por la guerra en Ucrania. Esto motivó a Rusia a emplear una búsqueda más activa para diversificar su presencia internacional, prestando mayor interés a América Latina (^{Jakovlev, 2015}; ^{Kholodkov, 2018}, entre otros). Pero, a diferencia de Estados Unidos y China, los vínculos de Rusia con América Latina son muy limitados. América Latina de conjunto nunca llegó a representar más de 1.4 % del comercio exterior ruso⁸. En lo referido a inversiones, dar cuenta de la presencia rusa en el exterior no es sencillo, puesto que la mayor parte de sus inversiones en el exterior se canalizan a través de países considerados paraísos fiscales⁹, desde donde buena parte retorna a Rusia (^{Ledyaeva, Karhunen y Whalley, 2013}; ^{Bulatov, 2017}; ^{Aykut, Sanghi y Kosmidou, 2017}) mientras otra se redirige a otros países sin que las estadísticas oficiales de inversión en el exterior puedan dar cuenta de su destino final. A esto debe sumarse que, para el caso de Venezuela, los préstamos e inversiones acordados con Rusia se mantuvieron confidenciales. Sin embargo, existen elementos que nos permiten tomar dimensión de la inserción rusa en Venezuela. Nos referimos al comercio de armas y a las inversiones petroleras.

La compra de armas fue el primer impulso que tuvieron las relaciones económicas entre Venezuela y Rusia. Esta se vio propiciada luego de la negativa de Estados Unidos a reponer los insumos necesarios para el mantenimiento de la flota de aviones de combate venezolanos (^{Maslennikov, 2015}). El acuerdo para la compra de armas rusas se produjo en 2005 y en 2006 se hizo efectivo. Dicha compra fue presentada desde la exaltación de la multipolaridad y como expresión de una mayor autonomía respecto a los Estados Unidos (^{BBC Mundo, 2010}). Sin embargo, nuevamente, la supuesta autonomía no nos habla de un cambio en la especificidad económica venezolana.

Es importante aquí una breve mención al lugar que ocupa Rusia en la exportación de armas. La industria armamentística contiene varios segmentos. Aquel en el que se especializa Rusia y al cual se dirige la mayor parte de sus exportaciones es al mercado de armas de tecnología de punta en mercados con industrias de armas en desarrollo. Nos referimos particularmente a India y China. En estos países, Rusia concentra sus exportaciones y no solo compite con Estados Unidos y Europa, sino con la propia industria armamentística india y china que toma los modelos rusos como base para un desarrollo tecnológico doméstico (^{Denisentsev, 2017}).

En este marco, Venezuela ocupó un segmento diferente. Por un lado, se trató de compras puntuales que apenas llegaron a representar 6.7 % de las exportaciones totales de Rusia (^{SIPRI, 2017}). Desde la perspectiva de Rusia, las ventas a Venezuela tenían el propósito de ser un primer paso para llegar al mercado regional, principalmente a Brasil y Argentina (^{Maslennikov, 2015, p. 101}). Sin embargo, no terminó de ocurrir, al menos hasta el momento. Luego del pico de ventas a Venezuela registrado en 2013, Rusia apenas pudo colocar armas por montos significativamente menores en Perú, Nicaragua y Brasil. En este sentido, Venezuela terminó representando 80 % de las ventas de armas a América Latina (Кholodkov, 2018).

Lo importante aquí es que la importación de armas de Venezuela no estuvo regida por el desarrollo de una industria local que buscara incorporar tecnología, ganar en competitividad y romper con la llamada dinámica rentista de Venezuela. Solo se trató de un cambio de proveedor, en el marco de un bloqueo norteamericano a la venta de armas a Venezuela, en un contexto de suba de la renta petrolera. Como durante el pico petrolero de finales de los años setenta (Gráfica 6), parte de la renta petrolera fue canalizada por el sector militar en la compra improductiva de armamento.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de ^{SIPRI (2017)}.

Gráfica 6 Importaciones de armas de Venezuela (1970-2016)¹⁰ 

Lo más cercano a un intento de desarrollo doméstico fue la firma de un acuerdo para la fabricación en Venezuela de ametralladoras Kalashnikov. Dicho acuerdo se firmó en 2006 y recién en 2010 comenzó la construcción de la planta. Al día de hoy, no se ha fabricado ninguna ametralladora. Mientras tanto, Sergey Popelnyukhov, CFO de la firma rusa encargada de su construcción, fue sentenciado en Rusia por malversación de fondos destinados a la construcción de la planta (^{RIA Novosti, 2017}).

Otro aspecto donde se destacó la presencia rusa en Venezuela es en el otorgamiento de préstamos e inversiones relacionados con la industria petrolera. Estos habrían totalizado un monto significativamente menor a los préstamos chinos. Estaban proyectados unos 17 millones (^{Gazeta, 2013}), sin embargo, para 2019, no habrían superado los 11 mil millones de dólares (^{Gurkov, 2019}).

La particularidad de estos préstamos es que los mayores desembolsos se dieron desde 2017, momento en el que se agotaban las otras fuentes de financiamiento del Estado venezolano. También en 2017, Rusia otorgó trigo a crédito para compensar los suministros que Venezuela obtenía de Estados Unidos y Canadá antes de las sanciones (^{Sánchez y Figueroa, 2017}). En pocas palabras, si China fue el socio del declive venezolano, Rusia apareció como su socio en el colapso. En consecuencia, Rusia quedó más expuesta a la eventual caída del gobierno de Maduro. En primer lugar, aunque no se conocen las condiciones bajo las cuales se efectuó la venta de armas, se presupone que se trató de una venta a crédito. Se trata de una deuda comercial del Estado venezolano factible de ser desconocida por cualquier gobierno que reemplace a Maduro, bajo pretexto de tratarse de una deuda odiosa. Es decir, de una deuda contraída con el único propósito de sostener al gobierno en el poder.

Pero el mayor riesgo asumido por Rusia en Venezuela tuvo su recompensa. Sus préstamos al gobierno de Maduro le permitieron obtener derechos sobre parte de la extracción de crudo venezolano, así como también potenciales derechos sobre activos venezolanos en el exterior, como es el caso de la refinería CITGO. Con desembolsos menores a los realizados por China, las compañías rusas ya extraen más petróleo en proyectos con PDVSA que sus contrapartes chinas (^{O’Donnell, 2016}).

Política exterior y reproducción de la especificidad venezolana

En el presente trabajo nos propusimos dar cuenta de los cambios en las relaciones internacionales de Venezuela como expresión de los ciclos de la acumulación de capital basada en la apropiación de renta de la tierra. Al respecto, nos encontramos con una particularidad que diferenció a Venezuela de otros países de la región, como Argentina y Brasil. Durante las últimas dos décadas, podemos identificar un ciclo ascendente de la renta que correspondió con la aparición de gobiernos populistas que sostenían una política exterior proteccionista. Lo cual, implicaba cierto distanciamiento de los intereses comerciales de Estados Unidos. Esto se plasmó, por ejemplo, en el rechazo común al ALCA. En el momento de alza de renta, la suba de importaciones apareció supeditada al desarrollo de una industria mercado internista que se transformó en un vehículo de la apropiación de renta. En el momento de baja de la renta, la recesión y la devaluación de la moneda local se encargaron de ajustar las cuentas por la vía de contraer el mercado interno. La política exterior tomó entonces otra orientación con gobiernos que, con un discurso más cercano a los que se suele identificar como neoliberalismo, exaltan la necesidad de acercarse al mundo y abrir nuevos mercados para las mercancías exportables. Sin embargo, en Venezuela el ciclo de ascenso y caída del precio del petróleo no tuvo como correlato tal evolución política. Por el contrario, pareciera ser que el momento de caída de la renta fue de radicalización de las formas políticas que emergieron en el momento de su ascenso. Frente a esta particularidad, nos encontramos con explicaciones que invariablemente se detienen en el factor ideológico. Pero, de este modo apenas si alcanzan a describir las ideas que acompañaron un ciclo que no explican.

Por nuestra parte, distinguimos dos modalidades de enfrentamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. Hicimos referencia a la temprana disputa por el ALCA y reconocimos determinaciones particulares, diferentes al distanciamiento que surgió de tendencias intrínsecas a la industria petrolera que cerraron paulatinamente el mercado norteamericano a Venezuela y la empujaron a buscar nuevos socios internacionales. En ambos casos, la ideología que encarnó dichos procesos fue la del antiimperialismo antinorteamericano. Sin embargo, vimos que estos conflictos encerraron potencias en juego distintas.

Durante el gobierno de Chávez, la política exterior supo tener cierto protagonismo en asuntos relativos a la integración regional. Chávez fue clave en el rechazo al ALCA y en alejar a Venezuela de la Comunidad Andina, al mismo tiempo que impulsó el ALBA y siguió un largo proceso destinado a incorporar a Venezuela al Mercosur. Maduro, en cambio, no pudo sino desplegar una política exterior mucho más modesta, destinada a tapar sus agujeros fiscales con financiamiento chino y ruso. En este marco, el acercamiento a China y Rusia, lejos de expresar un avance de Venezuela por liberarse de trabas que frenan su economía, no hizo más que reproducir formas clásicas de la acumulación de capital basada en la apropiación de renta petrolera. Como vimos, China y Rusia no reprodujeron en Venezuela industrias bajo las formas en las cuales estos países se destacan a nivel mundial. Por el contrario, cuando estos países se insertaron en Venezuela lo hicieron a condición de poder valorizarse en dicho país bajo formas que son propias del llamado rentismo.

Encerrada en las limitaciones de un rentismo en colapso, la falta de alternativas explica la impotencia de la oposición y la persistencia de Maduro en el poder. La especificidad del proceso venezolano de acumulación de capital determina que la lucha política entre gobierno y oposición difiere sustancialmente del resto de los países de la región, cuyas economías, aunque basadas en la explotación de recursos naturales, dan lugar a una mayor heterogeneidad de intereses. En Venezuela, donde el poder político y económico se confunden en el propio Estado, el colapso pareciera haber cerrado la posibilidad de cambios internos significativos. La política exterior es donde observamos la concentración de posibles escenarios alternativos, que dependen del futuro del mercado para los crudos venezolanos y la vigencia de las sanciones económicas. Invariablemente, lo acontecido durante los últimos años nos da muestras para estimar que difícilmente China y Rusia podrán reemplazar el lugar que ocupó Estados Unidos en la inserción internacional de Venezuela.

Mientras tanto, considerado como más cercano al régimen cubano que Chávez (^{Mijares, 2015, p. 80}) con Maduro se intensifica la represión abierta a la oposición, así como también una orientación política más autoritaria. La idea de guerra económica pasó a ser clave en el discurso del gobierno al habilitar una menor tolerancia a la disidencia interna. Sin embargo, lejos de tratarse de un avance dictatorial que persigue objetivos ambiciosos de transformación en el sentido de las revoluciones socialistas del siglo XX, el gobierno venezolano se radicalizó desde la impotencia, al perseguir objetivos más limitados: disciplinar y atacar a la sobrepoblación relativa mientras prosigue la crisis.