Notas críticas

 

Corridos de traficantes y censura^*

 

Luis Astorga^**

 

^** Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C. P. 04510. México, D.F. Correo electrónico: astorga@servidor.unam.mx

 

La palabra "narcotraficante", neologismo que privilegia en su etimología la asociación con el tráfico de drogas narcóticas y deja de lado las que no lo son, aunque también sean ilícitas, surge a finales de los años cincuenta en la prensa de la Ciudad de México y su empleo es raro. A partir de los años setenta, la palabra "narcotráfico", para designar el fenómeno que integra todas las fases del negocio ilícito, se usa con mayor frecuencia en el lenguaje oficial y adquiere carta de naturalización en los medios de comunicación, y por lo mismo en las percepciones del sentido común. El prefijo "narco" será empleado posteriormente como multiplicador de etiquetas estigmáticas. Importará más la pirotecnia retórica que la precisión conceptual. La palabra inadecuada y cacofónica "narcocorrido" pasará a formar parte de las categorías elementales del discurso dominante del sentido común acerca del tráfico de sustancias ilícitas.

Representantes de distintos partidos políticos en varias partes del país y de las Cámaras de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), principalmente aunque no exclusivamente en estados norteños, han propuesto en años recientes medidas encaminadas a la prohibición de la difusión de los corridos que narran historias relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. El respeto a algunas leyes vigentes y la protección ética a niños y jóvenes han sido algunos de los argumentos defendidos. En ciertos estados, los gobiernos y las cámaras locales de radio y televisión han establecido acuerdos para impedir la difusión de esa producción musical que consideran nociva. Han llevado su propuesta a la Cámara de Senadores y han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación para darle fuerza de mandato federal a la misma. Por ahora, el blanco de sus críticas ha sido ese tipo de creación narrativa y musical, pero nada asegura que la misma argumentación no pueda ser empleada en algún momento para impedir la libre circulación de otras producciones simbólicas no convencionales, o consideradas reprensibles, inapropiadas, por algunos agentes sociales con capacidad para convertir sus preferencias éticas, estéticas y políticas en leyes. Un ejemplo reciente es la censura a la difusión de "Crónica de un cambio", de Paulino Vargas, interpretada por Los Tigres del Norte (Fernández, 2002).

Los primeros intentos por censurar la difusión de los corridos de traficantes se dieron en el estado de Sinaloa en 1987, durante el gobierno de Francisco Labastida Ochoa. Fue una petición del gobernador a los concesionarios de la radio y televisión locales y a la prensa escrita. Las leyes del mercado se impusieron a la propuesta de control moral. Años después, la producción de plantas ilícitas, el tráfico de drogas, el consumo de las mismas, el número de traficantes y la violencia asociada al negocio se han incrementado a escala mundial en proporción directa a las medidas represivas aplicadas para tratar de reducir el fenómeno, incluso allí donde no existen canciones sobre traficantes.

En México, los asuntos relacionados con el tráfico de drogas son de competencia federal. Recientemente, ha habido propuestas de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para que los estados y municipios puedan intervenir en casos de tráfico de drogas al menudeo. Pero la autoridad federal tendrá que decidiría a partir de qué límite termina el menudeo y comienza el mayoreo. Además, será necesario modificar leyes federales y estatales. Mientras eso sucede, algunos dirigentes políticos en ciertos estados han considerado necesario, útil, urgente y, sin decirlo, rentable a corto plazo para su imagen pública, alzar la voz y proponer medidas de carácter moral que tranquilizan a las buenas conciencias y hacen creer que mediante ellas contribuirán de manera importante y decisiva a disminuir en parte tanto el tráfico de drogas como el impacto cultural de los corridos de traficantes.

Para el actor y político Erick del Castillo, quien, según sus palabras, tuvo que abandonar su espectáculo de corridos tradicionales por falta de público, los corridos de traficantes son una "bajeza" y no merecen el nombre de corridos. Componerlos, agrega, enfático, es una "estupidez". Se sorprende de que haya "gente que se atreva" a cantarlos y que se alabe a los traficantes. Ignacio López Tarso señaló a su vez que si él dejó su espectáculo de corridos no fue por falta de público, sino por exceso de trabajo. El actor declaró que ni siquiera pone atención a los corridos de traficantes. Para él, los "corridos son aquellos que cantaban a Zapata, Villa o Felipe Ángeles, nada más" (Noroeste, sección Mazatlán, 2000).

López Tarso presupone tal vez que no hay aspectos mitológicos en los corridos sobre esos personajes y que había un consenso social acerca de la legitimidad de las actividades de cada uno de ellos. Una visión de estampita escolar acerca de los héroes de una revolución sin enemistades entre los distintos líderes. Los enemigos de esos personajes no han de haber dudado en censurar con los medios a su alcance la apología versificada y musicalizada de sus hazañas reales e inventadas. Ambos actores movilizan sus preferencias éticas y estéticas, y su reconocimiento social, para tratar de imponer la definición legítima de corrido y sus contenidos. Parte de la estrategia es calificar negativamente a la competencia en el mercado, negarle el uso de la marca de lo que se considera exclusivo, decretar desde un pedestal la ausencia de inteligencia entre compositores e intérpretes para marcar la distancia y la distinción, o simplemente ignorar desde las alturas de los consagrados la existencia de un fenómeno vigente desde hace tres décadas.

En Sinaloa, Fernando Sarabia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), sección Mazatlán, Rosario y Escuinapa, que incluía a 14 estaciones de radio, manifestó su rechazo a lo que llamó "narcomúsica". Reconoció que "mientras sea un boom publicitario y comercial, les dé utilidades, van a seguir grabando y distribuyendo ese tipo de música" (Zapien, 2001). Y constató que aunque algunas estaciones de radio no la difunden, la producción discográfica con el tema del tráfico de drogas ha ido en aumento. Señaló que su agrupación se había sumado desde el gobierno de Labastida al acuerdo para impedir la transmisión de esa música, y que seguía impulsando esa medida entre los empresarios de la radio. Según él, las emisoras que no se integraran al mismo serían criticadas por el resto de los medios electrónicos y de la población interesada en la disminución de los índices de violencia en Sinaloa. Para subrayar su postura, agregó: "Hemos visto sobre todo que los niños y jóvenes que reciben estos ejemplos en su casa lo toman como un modelo a seguir y como algo normal en nuestra vida cotidiana". En su particular opinión de sociólogo espontáneo, no había duda alguna acerca de la relación directa entre la letra de las canciones y su influencia en la conducta de quienes las escuchan de manera frecuente. ¿Para invertir esa supuesta correspondencia perfecta de causa-efecto habrá que programar únicamente canciones que narren vidas ejemplares de santos? Aunque no se difundan como antes, la producción de corridos de traficantes continúa, lo cual significa que la demanda persiste, sólo que con un valor agregado: el de la censura. Recuperado de manera inmediata por los especialistas en mercadotecnia. La moral de los censores camina por un lado, la de los consumidores por otro, y las leyes de la economía por el suyo.

El 5 de diciembre de 2001, la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LVIII Legislatura del Senado de la República, integrada por miembros del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática emitió varios puntos de acuerdo tendientes a censurar la transmisión de los corridos de traficantes en la radio y la televisión, con base en medidas aprobadas al respecto entre algunos gobiernos estatales, Baja California y Sinaloa, y las cámaras locales de la Radio y la Televisión; la solicitud de la senadora del PRI, Yolanda Eugenia González Hernández; la del Congreso de Coahuila; y la recopilación de algunas ideas de otros agentes sociales acerca de esa producción musical.

Los senadores señalaron:

Con fecha 22 de marzo de 2001, la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, exhortó al Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus atribuciones gire instrucciones a las Secretarías de Gobernación (SEGOB); Educación Pública; Comunicaciones y Transportes, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Consejería Jurídica de la Presidencia, para realizar un estudio integral de la proliferación de reproducciones musicales y mensajes apologéticos del delito contra la salud y otros comprendidos en la Ley Federal contra la delincuencia organizada; así como proveer lo necesario para restringir su repetición en medios electrónicos nacionales, principalmente en programaciones de radio y televisión.

El 20 de junio de 2001, el pleno del Congreso de Coahuila envió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República un punto de acuerdo en el que solicita a la SEGOB dar cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisión, en particular los artículos 63 y 64, fracción I. El documento también les fue enviado a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, para que a través de comisiones competentes

[...] coadyuven con la implementación de acciones similares a las tomadas en los estados de Baja California y Sinaloa, en donde los gobiernos estatales y las delegaciones respectivas de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión firmaron un acuerdo referente a los narcocorridos y de todo material musical que haga una apología del crimen y la violencia, toda vez que la difusión de ese material musical influye indirectamente en la conducta de los individuos y de la sociedad a la que pertenecen.

Según los congresistas de Coahuila, impedir la transmisión de los corridos de traficantes tendría por objeto:

Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; y afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares.

La ausencia de apoyo científico a una presunta relación de causa-efecto no impide que en nombre de la ley se privilegie la censura a los corridos de traficantes por sobre otras producciones simbólicas con contenidos similares, como películas, series de televisión, videos, libros y obras de teatro, por ejemplo:

El debate no resuelto en torno a la causalidad directa de los actos de violencia, como influencia directa de los medios, no puede, mientras quede la menor duda de ello, ser un argumento que permita el incumplimiento de la ley y la evidente ausencia de ética en torno a la promoción de valores, ideas y apología a conductas claramente identificadas como dañinas para la sociedad.

El Estado debe ejercer su obligación de proteger a los sectores desprotegidos de la sociedad y vigilar que la ley se cumpla, procurando siempre hacerlo en su justa dimensión, con medidas de restricción para que estos productos no sean transmitidos masivamente a través de una frecuencia que, como bien nacional, debe operar bajo los principios del interés público y el bien común. La naturalización, justificación e incluso apología de valores opuestos al interés general debe ser evitado (sic), manteniendo una adecuada supervisión no solo (sic) reguladora sino ética acerca de los contenidos de la radio.

Los senadores concluyeron:

[...] en efecto, el contenido de los "narcocorridos" viola el Artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra dice: "quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos". Asimismo, transgrede la fracción I del Artículo 64 que establece que no se podrán transmitir: 'noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público'.

Con base en lo anterior, decidieron lo siguiente:

PRIMERO.- La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República hace un enérgico llamado y una exigencia pública a la Secretaría de Gobernación para que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y Televisión, así como en su reglamento, se proceda a lo siguiente:

I Se apliquen puntualmente las normas jurídicas que regulan los contenidos generales de la radio y televisión en nuestro país.

II Se generen las políticas necesarias encaminadas a dar cumplimiento a la legislación, supervisar y mejorar el servicio en materia de transmisión de contenidos de la radio y televisión, considerando su naturaleza jurídica de medios sujetos a concesión federal, que explotan un bien público nacional.

SEGUNDO.- Turnar esta resolución a todas las legislaturas de los Estados, para que sea considerada y sometida a votación, con la finalidad de que cada uno de dichos congresos busque la colaboración del Poder Ejecutivo Local, para que se implementen en cada entidad medidas como las tomadas en Baja California y Sinaloa.

TERCERO.- Promover un acuerdo con el Consejo de Autorregulación de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para acordar medidas de autorregulación que, sin atentar contra la libertad de expresión, eviten la transmisión de estos narco-corridos con el fin de disminuir su impacto, sobre todo entre la niñez y juventud.

CUARTO.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, en atención al problema promueva estímulos a la producción y difusión de programas preventivos y de amplia difusión en los medios de estado para contrarrestar los efectos de la programación masiva de contenidos de promoción a la violencia.

El diputado del PRD en Baja California, Catalino Zavala Márquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, presentó a la XVII Legislatura de su estado, el 17 de enero de 2002, una iniciativa con un nombre kilométrico: "Iniciativa de acuerdo económico a efecto de que esta H. XVII Legislatura del Estado de Baja California solicite a la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, que en uso de sus facultades legales lleve a cabo los trámites legales necesarios para que los concesionarios de permisos para la explotación de los bienes públicos nacionales de transmisión de señales de radio y televisión en cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión, eviten la reproducción y difusión de los llamados narcocorridos por promover e impulsar la cultura de la violencia". Su documento recoge argumentaciones y bibliografía similares a las de la iniciativa del Congreso de Coahuila, pero no menciona las medidas que según éste ya se habían tomado en Baja California y Sinaloa desde principios de 2001 y que sirvieron de inspiración y punto de partida. En opinión del diputado perredista, los corridos de traficantes "atentan contra el sano desarrollo de la población", "provocan el deterioro del tejido social", en fin, "constituyen una verdadera apología del delito y atentan contra las buenas costumbres de la sociedad mexicana y en especial las de Baja California, induciendo a la juventud y a la niñez a tomar como propios los conceptos de los narcotraficantes vertidos en los llamados narcocorridos".

El 28 de enero de 2002, el Congreso de Chihuahua aprobó medidas en las que se solicita a las estaciones de radio impedir la transmisión de los corridos de traficantes. El diputado panista Óscar González Luna promovió la iniciativa. Según él, "la niñez y juventud en general pretenden imitar estos patrones de conducta (transmitidos a través de los corridos), que definitivamente a corto, mediano y largo plazo, ocasionan un perjuicio directo a la sociedad". Otra razón esgrimida por los congresistas es que "a fuerza de escuchar reiteradamente que los delincuentes son superhéroes, que cuentan con dinero a manos llenas y que carecen de privaciones, a través de las cintas o discos que se escuchan por medio de las radiodifusoras, los niños y jóvenes pierden el interés en el estudio, trabajo y valores familiares, para ambicionar el dinero fácil, la depravación y los vicios". La protección de la sociedad y la vigilancia del cumplimiento de la ley fueron invocadas (Narcia,2002). Diputados del PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista de México se unieron en Querétaro a la petición de sus colegas de San Luis Potosí, similar a las antes mencionadas (TVQ, 2003).

Miguel Ángel García Leyva, líder del Frente Cívico contra la Impunidad, manifestó que a poco más de un año, de haberse iniciado la censura de los corridos de traficantes en las estaciones de radio de Sinaloa, desde principios de 200, el objetivo de reducir los índices de violencia no se había logrado. Ejemplificó con las estadísticas de homicidios de la Procuraduría Estatal de Justicia. José Luis Ortiz Rangel, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) en Reynosa, indicó que no creía que la medida incidiría en la disminución de los índices mencionados. Para él, la medida era buena porque iba "encaminada a la cultura y los valores de los niños". En esa ciudad, la censura no había tenido apoyo unánime dada la resistencia del público y la competencia de las emisoras del Valle de Texas. Para Víctor Anchondo, líder de la fracción del PRI en el Congreso de Chihuahua, la medida aprobada en su estado estaba generando una "cultura de rechazo" al tráfico de drogas. Los legisladores de esa entidad esperaban cambios de mentalidad de los jóvenes a media-no y largo plazo, más que una reducción del negocio ilícito (Frutos, Lomas y Domínguez, 2002). En julio de 2002, las radiodifusoras de Tijuana firmaron un acuerdo para no difundir los corridos de traficantes. Solicitaron a las emisoras en español del lado estadounidense hacer lo mismo, ya que de otra manera, dijo Casio Carlos Narváez, dirigente del STIRT, no podrían competir con ellas (Washingtonpost, 2002).

En Michoacán, Arturo Herrera Cornejo, líder de la CIRT en esa entidad, dijo que había propuesto "vetar los narcocorridos" la primera vez que dirigió dicha institución, en 1996, pero que no había tenido éxito. Le argumentaron que era buen negocio, a la gente les gustaban y el veto atentaría contra la libertad de expresión. Señaló que insistiría en su iniciativa ante las 46 emisoras existentes en Michoacán porque veía condiciones favorables. Mencionó los ejemplos de Baja California y Sinaloa. Declaró: "si bien es cierto que la gente pide ese tipo de piezas, también es cierto que nada justifica trastocar los valores y los principios éticos, pues todos sabemos que el narco siembra daño por todos los lugares por donde pasa" (García Davish, s. f.). El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, apoyó la iniciativa del CIRT y declaró: "las canciones dedicadas a los narcotraficantes fomentan la subcultura del narco y el consumo de enervantes" (Martínez, 2002).

La gente solicita entonces esas canciones, ¿para "trastocar los valores y los principios éticos", o por otras múltiples razones? Los corridos son producto de una subcultura y emblema de la misma sólo en los grupos para los cuales son símbolo de identidad. Para los demás son irrelevantes.

Clemente Flores, tecladista y segundo bajo sexto de Los Tucanes de Tijuana, entrevistado por la revista Era 21 luego de un concierto en Morelia, donde participaron los grupos Exterminador, Raza Obrera y La Pirinola, acerca de la declaración de Herrera, señaló:

Respetamos la decisión de cada radiodifusora, pero si se trata de combatir al narcotráfico con esas medidas yo creo que no es por ahí la cosa, porque prohibir un corrido en la radio no beneficia en nada el hecho de combatir el narcotráfico, pero, como te digo, respetamos la decisión de cada radio.

¿Tú crees que los narcocorridos hagan crecer el narcotráfico?

No creo, primero que nada pienso que los narcocorridos son una consecuencia del narcotráfico, no son la causa del narcotráfico, los corridos narran lo que ha sucedido con los narcotraficantes, entonces, yo creo que el hecho de que cuentes una historia eso no quiere decir que le vas a dar auge al narcotráfico, o sea, estas contando una historia nada más.

El licenciado Herrera argumenta que elevan al narcotraficante al rango de héroes. ¿Realmente piensas que eso suceda?

No, yo creo, ni tampoco creo que la raza, los chavos que escuchan los corridos idealicen a los personajes de los que se habla en el corrido, nosotros crecimos oyendo corridos y no hemos sido malas personas, entonces yo creo que la educación más que nada está en la casa, en la familia, en el hogar, nosotros no somos nadie para educar, nosotros somos entretenimiento y nosotros cantamos lo que la gente quiere oír, en este caso lo único que hacemos es cantar los corridos, que son los hechos que pasan, la noticia de lo que se está viendo en televisión y en la radio, yo creo que para nada no tiene por qué. Si alguna persona, algún joven se inclinara por este lado, yo creo que es porque le faltaría educación familiar, le faltaría atención de los padres (Mendoza, s. f.).

Entrevistado en España, Hernán Hernández, de Los Tigres del Norte, opinó sobre la censura a los corridos:

[...] yo creo que la censura no va a erradicar el narcotráfico; al contrario, yo creo que entre más se esconda el problema, más aumenta [...] el único que puede parar el narcotráfico es el gobierno y yo creo que nosotros no estamos contribuyendo a hacer famosos a esa gente ni estamos contribuyendo a que el narco aumente, sino todo lo contrario.

Por su parte, Jorge Hernández agregó:

Nunca ningún narcotraficante ni ninguna persona nos ha pedido canciones [...] hay historias con el nombre de los narcos cambiados porque no quisieron que se publicaran, pero las historias son reales y ellos saben que de ellos se trata, no han tenido la necesidad de pagarnos ni nosotros admitir un dinero de ellos, de ninguna manera, porque no queremos compromisos [...] lo que sí es que nos mandan notas que nomás dicen: "aquí estamos atrás de ustedes, cualquier cosa, no se preocupen, nosotros los cuidamos". Y hasta ahí. Pero al final es el mismo público el que nos cuida, porque hemos hablado de sus problemas y de su vida cotidiana (El Financiero, 2002).

Los Tigres del Norte fueron los invitados especiales del XXX Festival Internacional Cervantino (Silva, 2002). Censurables para ciertos grupos sociales algunas de sus canciones; para otros, grupo emblemático de la cultura popular norteña transfronteriza, reconocido internacionalmente. Los integrantes del grupo de rock argentino Babasónicos expresaron:

[...] del narcocorrido nosotros tomamos sobre todo lo bueno de las letras [...] las letras son muy violentas, son como cómics, no tienen un precedente en el pop y son letras emergentes de la realidad, cuentan historias en tono poético [...] hay narcocorridos que ayudan a introducir en otros países otros vocablos y eso es cultura [...] los grupos de narcocorridos no están dentro del negocio. Los Tigres del Norte ni tiempo tienen de hacer contrabando, porque tocan todos los días (Castillo, 2002).

El 14 de diciembre de 2002, unas 42 estaciones de radio de Michoacán acordaron no difundir más corridos de traficantes. El líder del CIRT, Herrera Cornejo, declaró que el objetivo era "proteger a la niñez y a la juventud" (Notimex, 2002).

En Monterrey, el diputado priista Ernesto Tijerina, invitado a la estación de radio "La Regiomontana", aclaró que no estaba en contra de la producción de corridos de traficantes ni de la grabación de los mismos, pero sí a favor de impedir su difusión en los medios de comunicación. Señaló: "lo que pretendemos es que en México no se haga apología de actos y personajes que actúan fuera de la ley y que desprestigian a las autoridades". Y concluyó: "tal vez no vamos a resolver el problema al ciento por ciento, pero si contribuimos a bajarlo un poco, ya habremos ganado algo" (Rosas, 2002). Los radioescuchas dividieron su opinión a favor y en contra de la defendida por el diputado. En un artículo periodístico, otra persona escribió que no haría la defensa de los corridos de traficantes, de los cuales sólo conocía uno, pero sí de la libertad de expresión. Preguntó por qué los censores no prohibían otras canciones donde aparecen también palabras que no gustan de los corridos. "Todos coludos o todos rabones", expresó. Y concluyó: "créanme, hay cosas que dañan más a nuestra sociedad que los narcocorridos. La corrupción de quienes se la dan de incorruptibles, por ejemplo" (Barahona, 2002). Celso Piña, el músico intérprete de vallenatos, originario de Monterrey, también opinó al respecto: "a mí me caen muy gordos los que cantan narcocorridos". Al preguntársele si incitaban a la violencia, contestó de manera afirmativa. Mencionó la "falta de coco" de los intérpretes de ese tipo de música para hacer algo distinto. Ejemplificó con Los Huracanes del Norte y continuó: "si nosotros tocáramos igual que ellos, este mundo se pierde". Agregó que los corridos le disgustaban porque hacían de los traficantes unos superhéroes y en su opinión eran más bien "un cáncer para la sociedad" (Correa, s. f.).

Si hemos de creer en la argumentación de los censores acerca de los corridos de traficantes, entonces tendríamos que aceptar que la población tiene una predisposición natural, genética, para inclinarse por los códigos éticos de esa producción simbólica; que ésta posee una propiedad intrínseca particular, mágica o diabólica, que orienta fatalmente la trayectoria social de quienes la escuchan; que la gente es incapaz de discernir y se deja influir fácilmente; que puede ser conducida hacia la realización de actividades ilícitas como si estuviera hipnotizada, bajo el embrujo del canto de las sirenas o la flauta de Hamelin.

La preocupación de algunos grupos sociales y políticos es sin duda legítima, pero me parece que equivocan el blanco de sus ataques. ¿Cómo lograr mantener la libertad de expresión ejerciendo la censura, así sea parcial? La censura es inmediata. Se sabe cuándo empieza, pero no si tendrá fin. Por el contrario, la educación para desarrollar un espíritu crítico en el marco de un Estado de derecho es a largo plazo. Implica más trabajo y menos demagogia. ¿En qué consisten los programas preventivos de los cuales se habla? El mejor programa preventivo no es aquel que, basado en algunos eslóganes, pretende modificar la realidad (por ejemplo, "di no a las drogas"; "di no a la violencia"; "di no al juguete bélico"; "di no a la mordida"; "di no a los corridos de traficantes", etcétera), sino el que se apoya en la existencia de una sociedad menos injusta, en la que las disparidades económicas, sociales y culturales tienden a disminuir; el que se apoya en la existencia de un Estado de derecho, en el reconocimiento social del mismo, en el respeto de todos a las leyes, precondiciones de un proceso civilizatorio que hace posible la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la solución pacífica de los conflictos, la existencia y desarrollo de una ética humanista incorporada como una segunda naturaleza. El respeto de la ley sólo se da si la gente experimenta de manera cotidiana durante generaciones que quienes la representan son los primeros en hacerla cumplir y que se aplica efectivamente a todos por igual. Si constata de manera individual y colectiva que se hace justicia independientemente de que una o varias personas tengan poder económico, político, o la capacidad de ejercer violencia armada. En caso contrario, tenderá a incluir entre las opciones de trayectoria de vida existentes aquellas mediante las cuales, y a sus ojos, se logran bienes materiales deseados y un cierto respeto, independientemente de la ilegalidad de las mismas. La inexistencia de corridos de traficantes antes de la década de los años setenta, no como rareza genética sino como fenómeno social y cultural, no evitó el surgimiento, multiplicación y desarrollo de los traficantes ni de sus valores éticos, cercanos a los del capitalismo salvaje o el neoliberalismo actual. Se confunde la causa con el efecto y el impacto multifactorial en la modificación de los valores. La familia, la escuela y la religión, como instituciones y ámbitos tradicionales de socialización, atraviesan sin duda por una etapa más crítica que en otras ocasiones para formar individuos que guíen sus acciones por valores humanistas; los gobiernos y los partidos políticos, por su parte, deberían dar ejemplo de civilidad y respeto a las leyes.

Sacerdotes de la Iglesia católica o miembros de mayor jerarquía que ofician ceremonias de traficantes, reciben sus limosnas, bendicen sus casas y negocios, o les sirven de intermediarios para entrevistarse con altos dirigentes políticos, no son precisamente los mejor colocados para dar lecciones de moral a los creyentes. Familias en las que la máxima moral es "eres y vales lo que acumulas en términos económicos sin importar cómo lo logres", tampoco ayuda a crear ciudadanos respetuosos, responsables y solidarios. El crecimiento exponencial de escuelas privadas donde el único criterio para ingresar a ellas es tener el dinero suficiente para pagar las colegiaturas, en las cuales convive la élite del dinero adquirido de manera legal e ilegal, crea simultáneamente las condiciones de posibilidad para la fusión futura de fortunas independientemente de su origen. En fin, ¿cómo olvidar la responsabilidad histórica del sistema de partido de Estado y de sus relaciones estructurales de corrupción que facilitaron el desarrollo del negocio del tráfico de drogas en una sociedad adormecida durante décadas? El lavado social de las fortunas producto de actividades ilícitas y de quienes las poseen se ha venido dando desde mucho antes del surgimiento de los corridos de traficantes, gracias a las modificaciones de la ética de grupos sociales en regiones de producción y tráfico de drogas. Sinaloa es un ejemplo de este fenómeno, aunque no el único. Se cosecha lo que se siembra, pero la autocrítica está ausente. Es más fácil encontrar chivos expiatorios.

Los censores parecen ignorar que las condiciones de posibilidad de la existencia y permanencia de los códigos éticos que rechazan en los corridos, son precisamente la existencia del tráfico de drogas y los niveles de impunidad observables. Esos códigos se generan y desarrollan aun cuando no haya canciones que los consignen. Además de México y la influencia e imitación de los corridos mexicanos en Colombia, no se sabe de otros países productores y de tráfico de drogas donde haya surgido una producción simbólica similar.

Durante varias décadas, el monopolio del sentido acerca del tráfico de drogas y los traficantes fue atribución del Estado. La academia, los medios de comunicación, la oposición política y la sociedad civil no generaron discursos distintos que le hicieran competencia. En otras palabras, el tráfico y los traficantes eran lo que el discurso oficial reproducido en los medios decía. En los lugares de origen y las zonas de operación de los traficantes, las percepciones diferían. Lo distinto circulaba a través de la historia oral. A principios de los años setenta, se inició el fin de dicho monopolio. La sociodisea de los traficantes, su ética, estética y mitología, encontraron en el corrido norteño, en las composiciones de autores de origen popular, un vehículo eficaz para ser difundidas y conocidas por un público más amplio, ajeno al mundo descrito en esas historias orales e invenciones versificadas y acompañadas con música. La música regional de los lugares de origen de cultivadores y traficantes, como la tambora sinaloense y el mariachi, no tardarían en acompañar a la nueva producción simbólica.

Concentrados en el desarrollo de sus actividades ilícitas, practicantes ortodoxos de la ley del silencio, cerradas las vías para la participación política directa e indirecta, sin espacios en los medios de comunicación para decir sus versiones, y sin mostrar una disposición particular para tener presencia en esos ámbitos, su crecimiento, visibilidad y peso económico y social en algunas comunidades y regiones fueron consignadas por compositores con sensibilidad etnográfica, quienes mostraron algunos símbolos de la identidad de los traficantes y contribuyeron a recrearlos. Las historias, códigos éticos y mitologías oficiales acerca del tráfico y los traficantes encontraron por primera vez en esos corridos una competencia simbólica. Los corridos hablaban de un mundo, de agentes sociales y de sus valores en proceso de consolidación, en un lenguaje simple, directo y comprensible por un gran número de gente con escaso capital escolar, habitantes de regiones de producción y tráfico de drogas y más cercanos, en términos de vivencias cotidianas, a las historias descritas en los corridos. Los corridos trascenderán posteriormente las barreras geográficas, de clase y estéticas. Estudios artesanales de grabación, importantes compañías disqueras, organizadores de conciertos en vivo, estaciones de radio, el cine, y la televisión en una etapa posterior, aprovecharían el impacto de esos corridos en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Luego vendrían los primeros intentos de censura para su difusión radiofónica y televisiva, en Sinaloa, en 1987, durante el gobierno de Francisco Labastida. En su Programa Estatal de Justicia y Seguridad Pública del mismo año, señalaba su preocupación por la programación que "exaltaba la violencia". No se dijo nada acerca de los compositores, los intérpretes, las compañías disqueras (por ejemplo, Fonovisa, Musart, EMI, otras localizadas en Los Ángeles, etcétera) ni los lugares de comercialización. Tampoco se dijo que no todos los corridos de traficantes hablaban de historias violentas, ni que también había corridos sobre policías y militares donde el trabajo de éstos en contra de traficantes era valorado de manera positiva. Delito federal según las leyes vigentes, en asuntos de tráfico de drogas los gobiernos estatales sólo pueden actuar en flagrancia. Por ello, era más fácil y rentable políticamente en lo inmediato tranquilizar a los sectores sociales que se sentían indignados por los corridos de traficantes y atacar a la difusión de la producción simbólica que hablaba de ellos, como si ésta fuera la causa del fenómeno o tuviera una influencia decisiva en la permanencia y desarrollo del mismo. El intento de censura concentrado en esa producción simbólica popular tuvo un efecto previsible: fue nulo.

En la administración del presidente Vicente Fox, algunos legisladores del PRD, PVEM, PRI, y PAN en distintas partes del país (Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí) y dirigentes de algunas de las cámaras locales de radio y televisión han coincidido en proponer medidas encaminadas a censurar los corridos de traficantes en sus respectivos estados, solicitar ante la Secretaría de Gobernación la aplicación estricta de lo estipulado en la Ley Federal de Radio y Televisión y darle fuerza federal a la censura. Los legisladores no han explicado si la censura incluiría toda producción simbólica con algún contenido de violencia. De ser así, los cines y la televisión se quedarían sin programación y las compañías productoras de Estados Unidos tendrían que abandonar un importante mercado. Habría que ver si los aguerridos legisladores se animan al enfrentamiento y si esas compañías se quedan con los brazos cruzados. Tampoco se sabe de legisladores de los mismos partidos que hayan hecho una crítica fundamentada y documentada de la política antidrogas vigente. Tal vez piensen que los corridos son más peligrosos que la política prohibicionista que generó el tráfico, los traficantes y las condiciones de posibilidad para el surgimiento de una narrativa acompañada con música que cuenta sólo una parte mínima de las historias y de los mitos que se generan en el mundo del tráfico de drogas ilícitas. Historias que sólo convencen a los convertidos. Al igual que las historias oficiales sobre el mismo tema.

Casi nueve décadas después de las primeras prohibiciones sobre el opio, y más tarde de otras sustancias psicoactivas, y la historia posterior de resultados contraproducentes no han sido suficientes para hacer entender a los actuales "empresarios morales" que la prohibición convierte en criminal a quien no lo era, crea la ilegalidad, el mercado negro, el sobreprecio, la expansión de los ámbitos de corrupción, y sus propias condiciones de reproducción más difíciles de controlar.

El 21 de mayo de 2003, el presidente Fox declaró: "Hoy en México se puede opinar, se puede decir, se puede calumniar, se puede hablar con absoluta libertad, salvo cuando no se respeten nuestras leyes. En mi gobierno no hay ni habrá censura. Ése es mi compromiso ante ustedes" (Melgar, 2003, y Ruiz, 2003). En teoría, todos somos iguales ante la ley. En la práctica, y parafraseando a Orwell, algunos son menos iguales que otros. En la lógica de los censores de casi todo el espectro político actual, ¿habrá que encarcelar en algún momento a compositores e intérpretes de los corridos de traficantes? Quien compone, interpreta o escucha esa música, ¿será acusado de participar en el crimen organizado? ¿Se creará el delito de "lavado ético"? Se pretende trasladar la lógica prohibicionista sobre ciertas sustancias psicoactivas a la producción simbólica que narra la sociodisea de los traficantes de drogas desde una posición ajena y contraria a las versiones oficiales. No se cuestiona la lógica prohibicionista misma que tiende a multiplicar los ámbitos censurables, pero no resuelve los problemas de fondo.

 

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Nota

^* Una primera versión de este texto fue presentada en el V Congreso internacional del corrido, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, celebrado el 29 y 30 de mayo de 2003. Dirección de Fomento a la Cultura Regional-Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa-H. Ayuntamiento de Culiacán-Unidad Estatal de Culturas Populares e Indígenas (CONACULTA).