Artículos

 

Surgimiento, formación y persistencia de organizaciones sociales para la pesca ribereña de la península de Baja California

 

Saudiel Ramírez Sánchez*, Bonnie J. McCay**, Teresa R. Johnson*** y Wendy Weisman****

 

*Asesor de políticas marinas en el Departamento de Pesca y Océanos. 200 Kent Street, Ottawa, Ontario, Canada, KIA 0E6. Correo electrónico: Saudiel.RamirezSanchez@dfo-mpo.gc.ca

** Profesora-investigadora, Departamento de Ecología Humana, Universidad de Rutgers. SS Dudley Rd., New Brunswick, Nueva Jersey, EE UU, 08901. Correo electrónico: ccay@aesop.rutgers.edu

***Profesora-investigadora de política marina, Escuela de Ciencias Marinas, Universidad de Maine. 210 Libby Hall, Orono, Maine, EE UU, 04469. Correo electrónico: teresa.johnson@maine.edu

****Candidata a doctora. Departamento de Antropología, Universidad de Rutgers. SS Dudley Rd., New Brunswick, Nueva Jersey, EE UU, 08901. Correo electrónico: weisman@aesop.rutgers.edu

 

Recibido en agosto de 2009
Aceptado en diciembre de 2009

 

Resumen¹

Con un enfoque comparativo se exploraron las condiciones en que surgieron y han perdurado las organizaciones sociales para la pesca ribereña, en la península de Baja California. En la actualidad operan más de trescientas, e incluyen cooperativas pesqueras, sociedades de producción rural y de solidaridad social y uniones de pescadores. Los factores que han contribuido a su formación son la lógica de los pescadores, los incentivos institucionales y los actores externos, y hay otros que parecen perjudicar su persistencia como los incentivos organizativos, inversión en capital fijo y social, la solidaridad social, como principio rector de sus actividades, y la capacidad de autogestión. La presente evaluación es un primer paso para entender las condiciones en las que estas organizaciones han participado y pueden hacerlo, para mejorar la gestión de los recursos pesqueros de la región.

Palabras clave: península de Baja California, pesca ribereña, organizaciones sociales, cooperativas.

 

Abstract

In this preliminary study we use a comparative approach to explore the conditions under which small-scale fishing organizations (SFOS) emerged and have persisted in the Baja California peninsula.There are more than 300 SFOS operating in the peninsula, including fishing cooperatives (222), sociedades de producción rural [rural production companies] (73), sociedades de solidaridad social [social solidarity companies] (5) and fishing unions (1). Fishers' rationale, institutional incentives, and external agents are important factors in the creation of SFOS, and their survival seems to be affected by organizational incentives, investment in physical and human capital, and social solidarity as a guiding principle of their activities. Our assessment is a first step towards understanding the conditions under which SFOS have participated and could participate in improving the management and conservation of fisheries in the region.

Key words: Baja California peninsula, small-scale fisheries, social organizations, cooperatives.

 

Introducción

Existe un acuerdo general mundial sobre la importancia cultural y económica de la pesca ribereña (Acheson 1981; Berkes et al. 2001; Firth 1966; McGoodwin 1990). Por ejemplo, se estima que 99 por ciento de los más de 51 millones de pescadores en el mundo se dedican a ella, de los cuales 95 por ciento vive en países en vías de desarrollo. Estas cifras se incrementan a 150 millones de personas cuando se consideran los empleos generados por la comercialización, construcción de embarcaciones y artes de pesca y provisión de carnada (Berkes et al. 2001). En el mundo, alrededor de mil millones de personas, la mayoría en países en vías de desarrollo, obtienen su insumo proteico de productos pesqueros (World Resource Institute, WRI 2001). En México, más de 90 por ciento de la flota se dedica a la pesca ribereña, que en 2005 constituyó 97 por ciento de las embarcaciones (102 807) (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 2006) .²

En contraste con la clara importancia de la pesca ribereña, existen diferencias notorias respecto a cómo se debe organizar el sector, para combatir la crisis pesquera mundial (Berkes et al. 2001; Charles 2001; Christy 1996; Durrenberger y King 2000). Después de la Revolución Mexicana, la expansión de las pesquerías en el país se promovió a través de la creación de organizaciones sociales, en particular cooperativas pesqueras (Rojas Coria 1982); y para la formación de éstas, McGoodwin (1980, 39) identificó tres metas primarias del gobierno, en 1930: a) promover la participación de los pobladores rurales en ellas e incrementar sus estándares de vida; b) producir alimentos para el país y c) generar ingresos al erario nacional por la exportación de productos pesqueros. A pesar de esto, hay pocos estudios orientados a entender el papel presente y futuro de dichas cooperativas, como instituciones sociales para la gestión pesquera y bienestar social (McGoodwin 1980; Petterson 1980; Rojas Coria 1982), además en la actualidad se sabe muy poco sobre otras organizaciones sociales para la pesca ribereña (OSP) , sigla que se usará en este artículo para designar a cooperativas pesqueras, sociedades de producción rural (SPR) y de solidaridad social (SSS) y uniones de pescadores, reconocidas en la legislación mexicana.

Debido al incremento de las OSP en años recientes y su capacidad de gestión, es oportuno analizar las existentes en la península de Baja California (BC) (véase figura 1). En la actualidad hay más de trescientas, muchas creadas en los últimos 20 años. Según la evidencia sobre la participación de cooperativas pesqueras de la zona Pacífico norte (Cortés Ortiz et al. 2006) en la gestión, ha habido mejoría en la producción y conservación de recursos (McCay et al. 2011; Ponce Díaz et al. 2009), así como en beneficios socioeconómicos (Ibid. 1998).

 

En este artículo se usó un enfoque comparativo y factores sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales para explorar las condiciones en que surgieron las OSP en la península de BC. El análisis está basado en fuentes bibliográficas e información obtenida en entrevistas semiestructuradas a pescadores miembros de las OSP y a actores del gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG) y académicos vinculados con la gestión y conservación de los recursos pesqueros en la península. Se entrevistó a 38 pescadores, 5 funcionarios públicos, 4 ONG y 4 investigadores; las entrevistas duraron de 60 a 90 minutos, e incluyeron preguntas abiertas y cerradas con respecto al perfil e historial de cada persona, las características de su organización, participación en la administración pesquera, problemas y necesidades. Las entrevistas se efectuaron en Popotla, Ensenada y El Rosario, en BC; además en Guerrero Negro, San Ignacio, Santa Rosalía, Loreto, Las Barrancas, San Juanico, Puerto San Carlos, La Paz, El Sargento y La Ventana, en Baja California Sur (BCS), en noviembre de 2007 y mayo de 2008 (véase figura 1). La selección de estas localidades fue un reflejo del enfoque comparativo, para incluir casos diversos, identificados durante trabajos previos y recomendaciones de contactos clave en los dos estados. Asimismo, los recursos disponibles influyeron en la elección de los sitios visitados. Se trata de un estudio y análisis preliminares, con el fin orientar investigaciones futuras.

El artículo consta de una reseña breve sobre las condiciones en que surgieron las OSP; se describe su abundancia y localización en cuatro regiones político-ecológicas, se caracterizan los factores internos y externos de su formación y persistencia y, por último, se incluyen recomendaciones para estudios posteriores.

 

Reseña breve sobre el surgimiento de las OSP en la península de Baja California

El acceso, uso y expansión de las pesquerías, antes de la Revolución Mexicana (1910-1917), se llevó a cabo a través de concesiones masivas y permisos a empresas y flotas en su mayoría extranjeras (Cariño y Alameda 1998; Dedina y Young 1995; Jordán 2001). En lo que constituía el territorio sur de la península, La Paz fue el centro principal de desarrollo pesquero, en particular a través de concesiones masivas de bancos perleros, y sobresalió la otorgada a la firma inglesa Mangara Exploration Company, que incluyó las aguas del golfo de California, desde el río Colorado hasta Cabo San Lucas (Secretaría de Estado y Despacho de Gobernación 1912). En el territorio norte de la península se pescaba con permisos emitidos en San Diego, California, EE UU, a flotas estadounidenses y japonesas para explotar especies de alto valor comercial como abulón, langosta y atún, a pesar de que el puerto de Ensenada ya estaba relativamente bien conformado a finales del siglo XIX (Bonifaz de Novelo 1999).

Empresarios y pescadores locales de ambos territorios manifestaron descontento antes y después de la Revolución Mexicana, no sólo en cuanto al otorgamiento de derechos de explotación sino también por los salarios bajos pagados por las compañías privadas. En Ensenada, empresarios locales estaban insatisfechos por los beneficios desmedidos obtenidos por las flotas japonesa y estadounidense de la captura de abulón, langosta y atún (Samaniego López 1999). En 1911, en La Paz, los empleados de Mangara Exploration Company se fueron a la huelga por los bajos salarios que pagaba, al mismo tiempo argumentaron que con el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz, en 1910, todos los mexicanos tenían acceso libre a la pesca (Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento 1911).

Tras la promulgación de la Constitución de 191 7, las administraciones federales reorientaron sus prioridades de crecimiento, y promovieron medidas que favorecieron a pescadores y comunidades locales, para la explotación de los recursos (Soberanes Fernández 1994), aunque no siempre con una concepción clara de la diversidad del sector pesquero (Alcalá 2003). Las premisas eran que el lento avance de éste se debía a la acumulación excesiva de los derechos de explotación, a la poca o nula reinversión de quienes los poseían y a la evasión fiscal (González Méndez 1986). Dicha situación llevó al presidente Venustiano Carranza (1917-1920) a cancelar todas las concesiones masivas, y reconocer el papel primordial de los pescadores y sus comunidades en el fomento del sector pesquero (Ibid.). Sin embargo, con la promulgación de la primera Ley de Pesca (1925) se reconoció de forma explícita la prioridad de las comunidades costeras en el acceso a los recursos. Esta perspectiva marcó la política de desarrollo pesquero mexicano durante la mayor parte del siglo XX (Soberanes Fernández 1994). En la Ley de Pesca de 1932 y en su reglamento aprobado en 1933, donde por primera vez se hacía explícito que los pescadores organizados de manera legal tendrían prioridad en la asignación de áreas reservadas para la pesca (Ibid.), se estableció el incentivo institucional que contribuyó al surgimiento de las OSP.

Estos son algunos de los antecedentes sociales, políticos y económicos del surgimiento de las OSP en la península de Baja California, que al principio sólo incluyeron cooperativas pesqueras, pero después el gobierno mexicano³ creó otras formas de organización. A continuación se hace una caracterización de las tres OSP más representativas.

Cooperativas pesqueras

Durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas (1936-1940) surgieron las cooperativas pesqueras en México (McGoodwin 1980 y 1987; Rojas Coria 1982) .⁴ La Ley General de Sociedades Cooperativas se aprobó en 1933, y ese mismo año se constituyó la primera Cooperativa Mixta de Pescadores en Ensenada, con 25 miembros (Samaniego López 1999). Para 1938, en el territorio sur había sólo tres que explotaban langosta, madre perla o escama (Díaz Bonilla 1938). La exclusividad en los derechos de acceso de las cooperativas para explotar las especies más lucrativas como abulón, langosta, camarón, ostras, calamar, totoaba, robalo y pulpo fue un factor clave en su florecimiento durante los años treinta y cuarenta (Aguilar Ibarra et al. 2000; Rojas Coria 1982).⁵

En la costa occidental se integraron cooperativas para explotar langosta y abulón, en los años cuarenta y cincuenta, y en los setenta para capturar atún y anchovetas, que proveían de materia prima a las plantas empacadoras de Ensenada (Chenaut 1985). En la costa oriental, la mayoría de los pescadores trabajaba a través de permi-sionarios⁶ para recoger especies con escama y tiburones. Chenaut (1985) reportó que en BC había 21 cooperativas, de las cuales 13 pescaban atún;⁷ entonces había 44 en BCS (Ávila Pinedo 1982).

En la década de 1990 se derogó la exclusividad de acceso de las cooperativas pesqueras para las llamadas especies reservadas, se redujeron de forma sustancial los subsidios financieros y apoyos institucionales y se modificó la Ley de Pesca (Aguirre Ibarra et al. 2000).⁸ Estos cambios obedecieron a las reformas neoliberales encabezadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994 (Aguilar Ibarra et al. 2000; DOF 1992;Thorpe et al. 2000). Los efectos fueron fatales para muchas cooperativas que habían contraído deudas grandes o establecido lazos de dependencia fuertes con el gobierno (Aguilar Ibarra et al. 2000). De acuerdo con los registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) , en las oficinas en La Paz y Ensenada en la actualidad existen 15 cooperativas en BC y 207 en BCS.

Sociedades de producción rural y de solidaridad social

Las SPR son inherentes al ejido mexicano. Después de institucionalizada la forma ejidal de propiedad en los años veinte (De Janvry et al. 2001), se identificó la necesidad de crear formas legales para integrar sociedades de productores ejidales, sobre todo para obtener apoyos financieros. Se establecieron marcos legales para habilitar a dichas agrupaciones en el ramo del campo. Sin embargo, durante el mandato del presidente Luis Echeverría (1970-1976), los ejidata-rios en las regiones costeras fueron impulsados a formar las organizaciones llamadas ejidales de producción pesquera, en el marco legal de las cooperativas pesqueras, que después fueron reemplazadas por las SPR, durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), quien modificó la Ley Agraria Mexicana, en 1976, y para constituir dichas sociedades se redujo el marco legal a seis artículos breves en la última reforma a la Ley Agraria de 1993, donde se bosquejó cómo se debían constituir y operar (DOF 1993). Hoy existen 67 SPR en BC y tan sólo seis en BCS, dedicadas a la pesca, de acuerdo con la sede de la SAGARPA en La Paz y Ensenada.

Por último, las SSS aparecieron también durante el periodo de Luis Echeverría Alvarez (DOF 1976), aunque no tenían una estirpe tan rica como las cooperativas pesqueras o las SPR. Sin embargo, el marco legal de las SSS se asemejaba mucho al de las cooperativas, en cuanto a su grado de especificidad en su constitución, operación y registro. En la actualidad existen dos en BC y tres en BCS, según información de la SAGARPA, en Ensenada y La Paz.

 

Distribución y cantidad actual de las OSP en la península de Baja California

Con base en el registro de las OSP de la SAGARPA por localidad (La Paz y Ensenada), en la figura 2 se resume su distribución y cantidad, según cuatro regiones político-ecológicas. Dos de ellas corresponden a la división política de la península en BC y BCS, y las otras dos a las costas del Pacífico y golfo de California. En el año 2008 operaban más de trescientas; 222 cooperativas pesqueras, 73 SPR, 5 SSS y una unión de pescadores.⁹

 

En BCS hay 217 OSO y en BC 84; y en la costa del Pacífico hay 167 y 134 en el golfo de California. En las costas de BCS, el número de OSP es prácticamente el mismo. En el caso de BC, en el Pacífico existen al menos el doble que en la costa del golfo de California, y con respecto al tipo, las cooperativas pesqueras son mucho más frecuentes que las SPR en BCS y lo opuesto es cierto para BC. De hecho, 67 por ciento de las SPR operan en la costa del Pacífico de BC. En retrOSPectiva, es importante mencionar que los cambios en el número de cooperativas son significativos si se comparan con la cantidad reportada para las dos entidades en la década de 1980 (Ávila Pinedo 1982; Chenaut 1985), se incrementaron de 44 a 207 en BCS, pero disminuyeron de 21 a 15 en BC.

 

Formación de las OSP

Existen factores internos y externos que influyen en la constitución y persistencia de las OSP en la península de Baja California (Bonin et al. 1993;Vargas Cetina 2005;Velasco Alcántara 2007). La "lógica interna" del pescador es el elemento más inmediato que ayuda a su formación (Bonin et al. 1993;Velasco Alcántara 2007).También los requisitos institucionales juegan un papel importante en la decisión de los pescadores para conformar su propia organización. En conjunto con estos factores internos, las agencias de gobierno y las ONG actúan como catalizadores para constituir dichas agrupaciones (Alcalá 2003; Vargas Cetina 2005; Velasco Alcántara 2007). Y aunque no son los únicos ni los más importantes, constan en la literatura y representan los aspectos que esta investigación señala como sobresalientes en su conformación y permanencia.

Lógica interna del pescador en la formación de las OSP

Si bien hay organizaciones de productores que pueden surgir de grupos privados que dejan de ser rentables, la mayoría empieza desde cero (Bonin et al. 1993). La seguridad del empleo y la preferencia por un sistema democrático son razones comunes para su formación (Ibid.). Asimismo, Velasco Alcántara (2007) argumenta que las cooperativas están integradas por personas con necesidades similares, y las motiva la creencia de que dicho tipo de organización atenderá mejor sus carencias. Con el fin de clarificar la lógica interna del pescador, aludida aquí, no asume la existencia de valores y métodos de decisión únicos de él. Se refiere más bien a la posibilidad de que actores que viven una realidad similar puedan articular un entendimiento común sobre una práctica social, como es la formación de una agrupación pesquera.

Los miembros de las OSP entrevistados con frecuencia mencionaban una "necesidad común", cuando se les preguntó sobre las razones para crear su organización. Sin embargo, entre la gama de motivos expresados estaban mejores precios para su producción, terminar con relaciones de explotación de los permisionarios y facilidad para obtener permisos de pesca. Este último ligado a la política pesquera posrevolucionaria, adoptada el siglo pasado y aún vigente, que favorece el acceso a permisos y concesiones a grupos conformados formalmente (Soberanes Fernández 1994).

En efecto, las OSP no sólo han cobrado un papel importante en la política pesquera mexicana por su reconocimiento legal, sino por la forma en que sus mismos dirigentes y miembros las usan para articular sus intereses. La Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Baja California (FEDECOOP) es un caso claro del papel que las OSP pueden tener en la política pesquera regional. La capacidad de organización de pescadores ribereños se extiende, además de los aspectos pesqueros, también a estrategias de gestión ambiental, como la creación y operación de áreas naturales protegidas (Valdés-Pizzini 1990;Valdéz Gardea 2001). Estos hechos refuerzan la percepción que muchos pescadores tienen sobre el rol instrumental que las OSP pueden desempeñar para avanzar en sus intereses, y por tanto ser un factor importante en la preferencia de muchos para establecerlas.

A pesar de que la mayoría de las OSP de la península se han creado desde el principio, y de su valor instrumental, muchas otras han surgido de la división interna de ellas y otras han desaparecido. El caso de la división de las cooperativas pesqueras de la zona Pacífico norte es sobresaliente, ya que de ahí surgieron las más exitosas en toda la península (Chenaut 1985). La división, provocada por malos manejos, orientaciones políticas diversas de dirigentes y miembros y hasta fricciones de personalidad, como proceso de formación también ha ocurrido en Ensenada, Guerrero Negro, Bahía Magdalena y Laguna San Ignacio. Hay casos de disolución total de algunas OSP en las cuales es común que los malos manejos administrativos conduzcan a que sus miembros pierdan la fe en ellas y en su eficacia colectiva. Durante las entrevistas se descubrió este tipo de casos en Santa Rosalía, Loreto, La Paz y Puerto San Carlos.

Incentivos institucionales para la formación de las OSP

La política pesquera posrevolucionaria y actual favorece el otorgamiento de permisos y concesiones a organizaciones sociales constituidas formalmente. Sin duda este es el incentivo institucional más importante para la creación de las OSP. Sin embargo, desde mediados de los años setenta, los pescadores que han decidido fundar una pueden escoger entre varios tipos; su decisión está influida por las características institucionales de cada una. Todas son consideradas como parte del llamado sector social.¹⁰ Sin embargo, es importante reconocer las diferencias institucionales entre las OSP; ¹¹ en la figura 3 aparecen las peculiaridades de las tres más comunes que operan en la península.

El número mínimo de miembros, detalle con el cual está definido el marco legal en su conformación y operación, y las consideraciones al ambiente constituyen las diferencias institucionales entre las OSP estudiadas (véase figura 3). En las entrevistas, las dos primeras razones figuran como las más importantes en la toma de decisión de los pescadores para conformar una OSP. En la opinión de algunos agentes de gobierno y miembros, las SPR tienen un marco legal mucho menos demandante que el de las cooperativas pesqueras, y por ello muchas veces los pescadores las prefieren. Como se mencionó antes, las SPR son inherentes al sistema ejidal, pero la afiliación de los pescadores a un ejido no es inherente a su decisión sobre el tipo de OSP que formarán. Algunas sociedades de producción rural han sido fundadas por pescadores que alguna vez fueron miembros de cooperativas pesqueras, también sucede que ejidatarios formen cooperativas pesqueras en vez de SPR. Por ejemplo, en la costa del Pacífico de BC, donde están 67 por ciento de todas las SPR, muchas fueron fundadas por pescadores que pertenecían a la Cooperativa Ensenada, la más grande de BC. Es importante señalar que muchas de las cooperativas de BCS están conformadas por o tienen miembros ejidatarios.

La diferencia en el mínimo de integrantes para constituir una OSP es también un factor institucional importante. Por ejemplo, las cooperativas pesqueras tienen un mínimo de diez, pero desde 1994 sólo se requieren cinco (DOF 1994; Rojas Coria 1982). El incremento de cooperativas en BCS coincide con este cambio institucional. Un administrador pesquero de la entidad comentó que en años recientes han aumentado mucho las "pequeñas" y los miembros de las ubicadas en Santa Rosalía, Loreto, La Paz y Bahía Magdalena también indicaron esta tendencia.

Agencias de gobierno y las ONG

El gobierno mexicano ha sido clave en la promoción y expansión de las organizaciones de productores (Rojas Coria 1982), y en general en la política pesquera (Alcalá 2003). En la península de Baja California, así como en todo el país, en los años treinta y cuarenta hubo un gran impulso al establecimiento de cooperativas pesqueras. El fundador de la cooperativa El Sargento, establecida en 1942, en el territorio sur de BC, dijo que fue en gran parte gracias al consejo y asesoría de un promotor de la Agencia de la Reforma Agraria que él y otros pescadores decidieron crearla. En Loreto, la administración del parque nacional Bahía de Loreto promovió activamente la integración de cooperativas pesqueras, como condición clave para poner en marcha acciones de conservación poco después del decreto del parque (Ramírez Sánchez 2007). Asimismo, los programas y apoyos financieros federales influyen en la decisión de los pescadores sobre el tipo de organización que van a conformar. En la experiencia de la promotora de agrupaciones sociales del Gobierno de BCS, cada sexenio presidencial también tiene su forma de organización preferida. Rojas Coria (1982) reconoce lo anterior cuando analiza la política nacional de los mandatarios en cuanto a la promoción o abandono del cooperativismo en México.

En los últimos años, las ONG también han servido de catalizadores en la integración de organizaciones de productores (Vargas Cetina 2005) y, en general, han contribuido a crear una visión regional para la conservación y uso sustentable de los recursos, a través de procesos participativos. Esta visión trata de legitimarse mediante la creación de una identidad común, ligada a los recursos marino-costeros (Matsumoto y Wong-González 2001). En efecto, en años recientes han aumentado en forma significativa las ong interesadas en la conservación de los recursos naturales de la península (Matsu-moto y Wong-González 2001). Muchas de ellas han promovido la formación de cooperativas pesqueras y SPR, en particular en el golfo de California, por ejemplo en las bahías de La Paz y de Los Angeles.

 

Persistencia de las OSP

La existencia de grupos de productores es efímera cuando su creación se deriva de políticas que obvian u olvidan las preferencias organizativas y estructura social de la población objetivo (Bonin et al. 19 9 3; Sabella 19 8 0; Velasco Alcántara 2007). Una vez conformados, hay elementos que contribuyen a su permanencia, como los incentivos organizativos (la participación de sus miembros en la toma de decisiones, copropiedad y reparto de beneficios), inversión en el capital fijo y social, la solidaridad social entre integrantes y la capacidad de autogestión (Bonin et al. 1993; Velasco Alcántara 2007).

Incentivos organizativos

La falta de relaciones jerárquicas, debido a la copropiedad de las organizaciones sociales, reparto de utilidades y participación en la toma de decisiones crean incentivos para la cooperación en la resolución de problemas y facilita la vigilancia mutua, a través de presión y sanción social (Bonin et al. 1993). Las agrupaciones de productores en México, incluso todas las OSP, fueron concebidas para operar como instituciones (Rojas Coria 1982; Velasco Alcántara 2007).

Las cooperativas pesqueras de la zona Pacífico norte (Ponce-Díaz et al. 2006, 2009; McCay et al. 2011) cuentan con la mayoría de estos incentivos organizativos y su funcionalidad es alta, así como la vigilancia mutua en tareas administrativas y actividades de producción (en el acceso y uso de los recursos). Sin embargo, y a pesar de no presentar todos los incentivos institucionales señalados por Bonin et al. (1993), algunas SPR de la costa del Pacífico de BC no sólo muestran comportamientos cooperativos, sino que también llevan a cabo tareas de vigilancia en labores de producción. No todos los miembros en particular de estas SPR participan en el reparto de utilidades o toma de decisiones.

Durante el trabajo de campo se advirtió una gran diversidad en la forma en que las SPR y cooperativas pesqueras organizan sus actividades. En muchas ocasiones, ambas coordinan sus tareas de manera jerárquica y pueden estar constituidas tan sólo por núcleos familiares. En estos casos, las llamadas organizaciones sociales se asemejan más a una empresa privada.

Inversión en capital fijo y humano

La forma en que los requerimientos de capital fijo se financian y la estructura en la copropiedad de este capital ayudan a la viabilidad de las organizaciones sociales de productores (Bonin et al. 1993). Antes de 1990, los bancos les facilitaban la financiación en particular a las cooperativas pesqueras (Aguilar Ibarra et al. 2000). Asimismo, aun después de 1990 se han establecido muchos programas de gobierno para financiar los requerimientos de capital fijo de las OSP (sustitución de motores y embarcaciones e infraestructura, como plantas de procesamiento). Muchas OSP sobrevivieron y persisten gracias a los apoyos gubernamentales. Sin embargo, varias desaparecieron cuando el gobierno federal suspendió su ayuda y subsidios a principios de los años noventa (Vasquez-León 1995; Aguilar Ibarra et al. 2000).

Otras OSP han dependido menos del gobierno para subsistir, y han solventado sus requerimientos de capital con asistencia de intermediarios, o mediante la capacidad de financiamiento interna, que está íntimamente ligada a la riqueza de patrimonio natural a la cual tienen acceso. Por ejemplo, las OSP del golfo de California pueden reinvertir poco, pues extraen especies de escama y tiburones, cuyos precios son bajos. En contraste, en las aguas del Pacífico se capturan las de mayor valor, como abulón, langosta, erizo de mar y almejas. Sin embargo, la riqueza de patrimonio no siempre conlleva a invertir más en capital fijo, y algunas cooperativas con acceso a productos de valor comercial alto pueden descuidar este rubro.

En la costa del Pacífico de BC, muchas SPR construyeron plantas procesadoras de erizo de mar con recursos propios y con financiamiento de compradores / exportadores, quienes prestan dinero a cambio de exclusividad en la venta de los productos pesqueros de las OSP. Dichos arreglos benefician la viabilidad de éstas, pero también pueden ser desfavorables, pues con frecuencia perciben menos ingresos por su producto, en comparación con el precio al que podrían venderlo en el "mercado libre".

La inversión en capital humano, como la adquisición de habilidades gerenciales y administrativas, así como soporte técnico y entrenamiento en la comercialización han sido aspectos identificados por el gobierno como barreras para el avance, funcionamiento y persistencia de las OSP, desde que se crearon las primeras en los años treinta (González Ramírez 1946; Secretaría de Pesca 1985). Incluso en las cooperativas pesqueras donde estos elementos son relativamente fuertes (como en la zona Pacífico norte), los miembros en puestos gerenciales con frecuencia expresan su deseo de tener más capacitación. Uno de los fundadores de El Sargento recuerda lo difícil que fue entender y registrar la cooperativa en la Ciudad de México. En verdad, la ignorancia acerca de cómo administrar una organización y entender los procesos burocráticos puede conducir a la muerte de una OSP. Por ejemplo, las reuniones internas deben estar certificadas por un notario público (quien por lo general cobra cinco mil pesos) para ser consideradas oficiales. Tal certificación es indispensable para que una agrupación pueda acceder a casi cualquier programa de gobierno (por ejemplo sustitución de motores). Así, durante la visita a la oficina de SAGARPA, en La Paz, fue posible comprobar que un representante de una cooperativa pesquera de Bahía Magdalena había viajado hasta ahí para preguntar por qué había sido rechazada su solicitud de sustitución de motores. El oficial de SAGARPA le explicó que debido a que en la última asamblea de su organización los miembros no acordaron a qué embarcaciones se destinarían los motores nuevos, y que sólo necesitaban realizar otra asamblea notariada donde se acordara esto. El pescador argumentó que eso significaba un costo de cinco mil pesos que no tenían, y el oficial le sugirió que le pidieran como un favor al notario que les cobrara menos para certificar el acuerdo. No se supo si el pescador siguió el consejo, pero este incidente ilustra cómo la ignorancia y los procesos burocráticos pueden perjudicar la viabilidad de una OSP. Y también cómo el funcionamiento, persistencia y posibilidad económica operan a través de procesos sociales (Granovetter 1985).

Solidaridad social

Sin duda, la adquisición de habilidades gerenciales, administrativas y otros aspectos técnicos relacionados con la operación de las OSP condicionan su permanencia; aunque en condiciones similares estos factores no influyen de igual manera en todas. Hay elementos decisivos, como una fuerte identidad de clase y solidaridad social (Velasco Alcántara 2007). Esta última puede estar restringida o expresarse más allá de grupos pequeños (Durkheim 1997). Para mantener y estructurar las actividades de las OSP según el principio de solidaridad social, se deben abrir espacios y llevar a cabo actividades específicas para enseñar, difundir y mantenerla dentro y entre las OSP (Rojas Coria 1982; Velasco Alcántara 2007). Los deportes y las festividades pueden contribuir a su cohesión social (Petterson 1980).

En las cooperativas pesqueras de la zona Pacífico norte, en las islas Natividad, Cedros y Guadalupe existe un grado alto de solidaridad social (Pedrín 2005). Los miembros de éstas reiteran constantemente su compromiso al discutir temas administrativos y de gestión de recursos pesqueros durante sus asambleas; incluso lo manifiestan más allá de su organización, la cual encuentra expresión política y económica formal a través de la FEDECOOP. En la costa del Pacífico de BC, muchos integrantes de SPR también expresan de manera verbal su compromiso social con la agrupación y sus compañeros.

La percepción de los funcionarios de las OSP acerca de su papel también contribuye a la solidaridad. Por ejemplo, el tesorero de la cooperativa más vieja de Puerto San Carlos comentó: "Yo no me nominé para tesorero, fueron mis compañeros los que me lo pidieron [...] para mí, esto es un honor y una enorme responsabilidad". De igual forma, el tesorero de la cooperativa pesquera más antigua en Santa Rosalía con orgullo habló acerca de un programa federal que tuvo a su cargo. Éste consistió en ayudar a pescadores de su barrio a reemplazar sus motores con préstamos sin garantía. "El programa estaba basado en la palabra del pescador" comentó, aunque aceptó que dos de ellos no cumplieron con el pago. Fue imposible confirmar la existencia de este programa, pero la historia de la política pesquera en México sugiere que hay muchos, que con frecuencia cambian con los periodos presidenciales (Alcalá 2003).

La falta de personal capacitado para impartir los principios del cooperativismo, como la solidaridad social, es un problema identificado desde los años ochenta por Rojas Coria (1982), y al parecer persiste. Durante una entrevista, una ex funcionaría de la Secretaría de Desarrollo de BCS indicó que programas cuyo fin es ayudar a los pescadores ribereños a organizarse adolecen de objetivos humanistas que expliquen el significado de formar parte de un grupo social. Más aún, algunos funcionarios públicos de la entidad mencionaron una disminución en el compromiso social de muchos miembros jóvenes de las cooperativas de la zona Pacífico norte.

Capacidad de autogestión

La creación de las OSP por parte del gobierno mexicano, además de sus fines sociales y económicos, correspondió a una ideología corporativista, a través de la cual buscó el control político (McGo-odwin 1980;Velasco Alcántara 2007). Esto resultó en un clientelismo político, la integración de organizaciones falsas e inhibición de la autogestión para afrontar cambios (Velasco Alcántara 2007). El caso de las cooperativas camaroneras de Sinaloa ilustra con claridad cómo la intervención gubernamental y corrupción política convirtieron a las que relativamente eran exitosas, en dependientes y sin capacidad de autogestión (McGoodwin 1980, 1987; Cruz-Torres 2000). Aunque también es cierto que en general la flota camaronera del golfo de California sufría de sobrecapitalización y posible sobreexplotación del recurso (Vazquez-León 1995).

La capacidad de autogestión puede entenderse como un asunto de conocimiento y habilidades, que le permite accionar a una organización. Dichos elementos son necesarios pero insuficientes para que grupos humanos superen adversidades e incrementen su capacidad de autogestión (Bandura 1982, 2000). Bandura propone que la eficacia colectiva gobierna la relación entre el conocimiento y el actuar de un grupo humano: "La capacidad de grupos, organizaciones y aún naciones recae en parte en el sentido de eficacia colectiva de la gente para resolver problemas y mejorar sus vidas a través de esfuerzos colectivos" (1982, 143).

A pesar de que durante las entrevistas no se evaluó de manera directa el sentir sobre la eficacia colectiva de los miembros de las OSP, todas han alcanzado objetivos básicos como la obtención de permisos de pesca y las cooperativas pesqueras del Pacífico norte lograron la ecocertificación de la pesquería de la langosta en 2004 (Scientific Certification Systems, SCS 2004). Muchas otras, en particular las que se encuentran en lugares remotos, han contribuido al progreso comunitario a través de la construcción de escuelas e infraestructura pública (alumbrado y construcción), provisión de servicios médicos y mantenimiento de caminos.

Hay factores externos, a veces percibidos como insuperables, que pueden perjudicar la eficacia colectiva; por ejemplo, la corrupción de las agencias de gobierno. Es irónico que los pescadores se quejen más de la corrupción en La Paz, donde se localizan las agencias de gobierno encargadas de la gestión de los recursos naturales y protección ambiental. Allí ellos se sienten imposibilitados para cambiar este aspecto de su entorno. A decir verdad, en casi todas las zonas visitadas hay quejas sobre prácticas corruptas y redes de pesca ilegal, que están en contubernio con las autoridades. En este contexto, la eficacia colectiva se vuelve perniciosa, y puede destruir o desvirtuar a las OSP. Como lo comentaron los pescadores en varias entrevistas, tiene poco sentido conformarse legalmente cuando quienes operan de forma ilegal logran mayores beneficios que los que tratan de hacerlo dentro de la ley.

 

Recomendaciones para la investigación futura

El análisis sobre los factores múltiples en el surgimiento, formación y persistencia de las OSP de la península de Baja California mostró una gran diversidad de prácticas, experiencias y necesidades. El surgimiento y expansión de las OSP ha obedecido a procesos económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos que se pueden distinguir pero no separar. En efecto, ya se había discutido la necesidad de un enfoque interdisciplinario para entender los procesos sociales y ecológicos, que influyen en la gestión ambiental y de recursos naturales en el golfo de California (Breton 2001).Ver a las OSP sólo como unidades económicas homogéneas simplifica, sin necesidad, esta diversidad y limita las posibilidades y alcances de la política pesquera de la región. Como lo ha reconocido Anthony Charles (2001), el error no ha sido su enfoque en la gestión individual de pesquerías, sino haber olvidado que éstas forman parte de un sistema ecológico y social. Esta tarea no es fácil, pues existen dificultades técnicas para sintetizar perspectivas disciplinarias y también barreras institucionales (Buanes y Jentoft 2009).

Al considerar esta realidad y la diversidad de las OSP, se pensó que un enfoque comparativo y multidisciplinario podría facilitar el entendimiento de los factores analizados aquí, amén de ser adecuado para documentar experiencias, y generar en forma inductiva las condiciones y prácticas que pueden fortalecer su capacidad de autogestión. Por supuesto, un objetivo clave en esta agenda de investigación es generar información relevante para la política y gestión pesquera de la zona, con miras a lograr la sustentabilidad de la actividad y la conservación de los recursos marinos. El presente estudio es un esfuerzo inicial para entender las condiciones en que las OSP han participado y pueden hacerlo para mejorar la gestión y conservación de los recursos pesqueros de la región.

 

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Notas

¹ Agradecemos a la Fundación Nacional para la Ciencia de EE UU el apoyo financiero para realizar este trabajo, a través del proyecto "Linking Human and Biophysical Factors in Small-scale Fisheries of Baja California" (OCE-0410439); a Pronatura Noroeste por su apoyo logístico y a Roberto Carmona Pina y dos revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias. Asimismo, la colaboración de pescadores, funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales y académicos en las entrevistas.

² En México, la pesca ribereña se realiza en embarcaciones de hasta 10.S metros de eslora con o sin motor fuera de borda (Diario Oficial de la Federación, DOF 2004).

³ En la obra de Alcalá (2003) se puede encontrar un análisis más profundo sobe la evolución de las políticas públicas mexicanas para el sector pesquero.

⁴ Rojas Coria (1982) establece el linaje del cooperativismo mexicano en prácticas precolombinas, como el calpulli o tierras comunales de usufructo familiar. Además, sugiere que el cooperativismo mexicano contemporáneo surgió en el seno del movimiento social de trabajadores e intelectuales que abogaban por la solidaridad social y la democracia participativa en la toma de decisiones, como principios rectores de todas las actividades económicas.

⁵ La Ley de Pesca de 1947 incluyó todas estas especies como reservadas. En 1972 se agregaron las tortugas marinas a la lista (Aguilar Ibarra et al. 2000).

⁶ El permisionario es la persona física o moral a quien la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le ha otorgado permiso para realizar actividades pesqueras o acuícolas. En la práctica, el permisionario opera como patrón y remunera a otros para operar su(s) embarcación (es).

⁷El embargo atunero estadounidense del 14 de julio de 1980 provocó un debilitamiento fatal en las cooperativas atuneras, que desaparecieron pocos años después (Chenaut 1 98S).

⁸ Por ejemplo, BANPESCA cerró, y paraestatales como Productos Pesqueros Mexicanos se privatizaron (Ibid.).

⁹ En los registros de las oficinas de la SAGARPA, en La Paz y Ensenada, sólo apareció una unión de pescadores. La encargada de la promoción de organizaciones sociales de BCS explicó que no hay un marco legal específico para constituir esta figura, sin embargo, la Ley General del Trabajo habilita la formación de las uniones de trabajadores, y sustenta legalmente la formación de los pescadores. Asimismo, en la experiencia de esta persona la falta de lineamientos en la constitución y operación de uniones con frecuencia no favorece la elección de los pescadores, lo cual puede explicar que sólo haya una en la península.

¹⁰En la política pesquera mexicana y estadísticas oficiales es común la distinción entre el sector social y privado (Soberanes Fernández 1994).

¹¹ Las OSP están normadas por legislación común (artículo 27 de la Constitución, Ley General de Pesca y Acuacultura y Ley General de Sociedades Mercantiles) y legislación particular (por ejemplo, Ley General de Cooperativas Pesqueras, Ley de Sociedades de Solidaridad Social y Ley Agraria).