Nota crítica

 

Madres migrantes y sustracción familiar. Vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de mujeres e infantes en contextos de migración

 

Edith Carrillo Hernández*

 

* Socióloga por la Universidad de Guadalajara y psicóloga por la Universidad del Valle de Atemajac, con maestría en antropología social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. Es estudiante del doctorado en ciencias sociales en el CIESAS Occidente. Correspondencia: Naciones Unidas 6904, interior Alcatraces 421, Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, México. Teléfono (33) 3627 8566. Correo electrónico: xxedith@hotmail.com.

 

Introducción¹

La creciente e incesante migración internacional sur-norte es uno de los fenómenos sociales que ha marcado las últimas décadas (Martínez 2008). Según el Banco Mundial (2010), México es uno de los principales expulsores de migrantes a escala internacional, pero también es receptor de inmigrantes y transmigrantes, debido a los altos flujos de centro y sudamericanos que transitan o viven en México por tiempos variables, en su camino hacia Estados Unidos, principal país receptor de migrantes en la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 2006).²

En los fenómenos migratorios contemporáneos destaca el incremento exponencial de la población de mujeres; en 2006, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA 2006) ya apuntaba que éstas constituían casi la mitad del total de migrantes internacionales. Sin embargo, antes del auge del feminismo político y académico poco se visibilizaba y conocía sobre la situación de las mujeres migrantes.³ A partir de la década de 1980, con los estudios de género, comenzó el intento por conocer y destacar las prácticas, contextos, motivos y proyectos que enmarcan la migración femenina, con objeto de analizar y comprender, desde la perspectiva de las mujeres, su experiencia migratoria y la repercusión que tiene en su vida, en su familia y en su comunidad (Arias 2009; Woo 2001).

Sólo recientemente los encargados de legislar y establecer políticas públicas han colocado el tema de las mujeres migrantes en sus agendas, y han tomado en cuenta los obstáculos y riesgos y las dificultades particulares que ellas enfrentan en condiciones de vulnerabilidad, y buscan así incidir en la discriminación y la violación de derechos que sufren las migrantes.

El presente ensayo pretende busca abonar al conocimiento sobre las situaciones que viven las mujeres en contextos migratorios, a través del análisis de la experiencia de madres cuyas historias potencializaron la violencia de pareja y la sustracción familiar de sus hijos. Para ello, se realizaron entrevistas en profundidad a cinco madres que relataron cómo intentaban recuperar o mantener la convivencia con sus hijos. El contacto con estas mujeres se hizo por medio de organizaciones sociales que brindan apoyo y asesoría a progenitores con hijos sustraídos.⁴

De los cinco casos registrados se eligieron dos con objeto de presentar en extenso el relato de la experiencia de estas mujeres.⁵ La elección obedeció a la intención de mostrar de qué manera el estatus de ciudadana o extranjera incide o no en la experiencia y la configuración de recursos, obstáculos y limitaciones ante una sustracción familiar.⁶

 

Mujeres, migración y violencia intrafamiliar

Diversas investigaciones han dado cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que emigran en una situación irregular, ya que los abusos, riesgos, peligros y graves violaciones a derechos humanos que se producen durante el proceso migratorio son potencializados por la violencia de género (Cortés 2004; Sin Fronteras 2004, s/f; Méndez 2010; Tapia 2011).

Este ensayo estará enfocado en la violencia intrafamiliar que se genera en el contexto migratorio. Cortés (2004), Sin Fronteras (s/f), Méndez (2010) y Tapia (2011) señalan que una de las principales formas de violencia que sufren las mujeres migrantes es la de pareja;⁷ las que son violentadas por la pareja, por lo general ya habían vivido violencia intrafamiliar en su país de origen, situación que era negada o aceptada por las mujeres, sin embargo, el proceso migratorio suele recrudecerla y llevarla a su límite.

De acuerdo con Méndez (2010), el objetivo de la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar es lograr el control y la sumisión de ellas a través de una diversidad de conductas, que generan daño físico o psicológico como son: el maltrato y la violencia física y psicológica, las relaciones sexuales forzadas, el control de movimientos y decisiones, así como el aislamiento de redes familiares y sociales.

Como señalan Sin Fronteras (s/f), Méndez (2010) y Tapia (2011), las mujeres migrantes son más vulnerables a la violencia de pareja debido a que existen factores legales, económicos, sociales y culturales que inciden en que no puedan terminar con la relación ni acceder a protección y asistencia. Tapia (2011) apunta que los agresores, por lo general están muy conscientes de esta situación, así que utilizan las diversas barreras que se generan en los contextos migratorios para sostener o intensificar la violencia que ejercen.

Las migrantes que son madres y tienen un estatus irregular, que desconocen sus derechos, que no cuentan con ingresos propios o tienen empleos precarios, que tienen un nivel educativo bajo y escasas redes sociales son aún más susceptibles y vulnerables a la violencia de pareja, además de que enfrentan mayores dificultades para cambiar o salir de esta situación. Otro factor que también incide en este sentido son sus experiencias previas con las autoridades en sus países de origen ya que, si éstas han sido negativas, se inhiben los intentos por buscar atención en otro país en el que además son inmigrantes, en ocasiones sin documentos, condición que las hace percibirse como sujetos carentes de derechos.

Las barreras que enfrentan las mujeres para terminar con situaciones de violencia suelen romperse hasta que llegan al límite o les resultan insostenibles. Cuando las mujeres comienzan a tomar decisiones y a realizar acciones más firmes para frenar esta violencia, ya sea denunciando a la pareja o separándose de ésta, es cuando se puede generar la sustracción familiar, ya que es la vía que utilizan las parejas para "castigarlas", mantener el control y el ejercicio de la violencia en su contra.

La sustracción familiar es el acto de robar, retener y ocultar a uno o varios de los hijos con objeto de privar a uno de los progenitores de la convivencia con ellos. Este acto está directamente relacionado con el incremento en la disolución de los vínculos de pareja, la violencia intrafamiliar y la pugna entre los progenitores por obtener la custodia de los hijos.

Este hecho atenta, entre otros, diversos bienes jurídicos: a) la libertad del infante, b) el derecho a ser criado por ambos progenitores -sin verse perjudicado en caso de discrepancias o separación de pareja-, c) la identidad y d) el derecho de las madres a la convivencia con sus hijos.⁸

Como ha mostrado Carrillo (2011), en un mismo país resulta sumamente difícil y desgastante encontrar y recobrar la convivencia con los hijos tras una sustracción familiar. Las madres enfrentan en solitario y con sus propios recursos la búsqueda y recuperación de sus hijos, ya que las autoridades se muestran omisas e incompetentes en estos casos, debido a que consideran la sustracción familiar como un problema privado y, por tanto, secundario.

La ineficacia judicial para atender las problemáticas dentro del ámbito familiar no es fortuita, se explica por la visión tradicional y estereotipada que ha prevalecido sobre la familia. Moore (1991) refiere que de acuerdo con Rapp (1982), desde el siglo XIX se concibe al hogar como un refugio que brinda protección y seguridad a los sujetos, un espacio de naturaleza universal, basado en la división sexual del trabajo y en la unidad madre-hijos.

A la familia, apunta Bourdieu (1997), se le han atribuido las propiedades de un individuo negando así el conflicto, las relaciones de poder y los intereses disímiles entre sus miembros. Este imaginario contribuyó durante mucho tiempo a invisibilizar y normalizar la violencia que ocurre en el ámbito privado, así como a desfavorecer la oportuna y adecuada atención de las situaciones de violencia y de abuso de poder.

El panorama para las mujeres que enfrenten violencia intrafamiliar en un contexto migratorio resulta aún más complicado. Sus posibilidades de acceder a la justicia y de contar con apoyo institucional resultan ser escasas o casi nulas, debido a la falta de mecanismos para que los sujetos, independientemente de su estatus migratorio, puedan llevar a cabo denuncias y procesos judiciales. En sus casos, además, ocurre que las autoridades desconocen o no saben cómo aplicar en forma adecuada los tratados internacionales en la materia⁹ o bien, que en lo práctico -más allá de lo establecido en la legislación-, la acción institucional se ve muy limitada al buscar trascender barreras geográficas y administrativas.

 

La sustracción familiar. Implicaciones de un contexto migratorio

La sustracción familiar es uno de los motivos más frecuentes que explican la desaparición de infantes en todo el mundo. En México, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2010 se presentaron 100 casos de sustracción internacional que involucraron a 141 infantes; en 2011 se registraron 123, que afectaron a 182 niñas y niños, y en 2012 hubo 134, cuyas víctimas fueron 198 infantes.¹⁰

Al igual que ocurre con la violencia intrafamiliar, las madres migrantes que buscan denunciar la sustracción internacional de infantes enfrentan diversas barreras legales, económicas, sociales y culturales para acceder a la justicia y recuperar la convivencia. Por ello, como sucede con muchos otros delitos, la "cifra negra", es decir, el número real de actos de sustracción internacional es mucho mayor a los que efectivamente son tratados o registrados por las instituciones de gobierno. Hay tres factores clave para explicar la falta de denuncias y de atención de estos casos: a) las personas migrantes que no tienen documentos se consideran sujetos sin derechos; b) la dificultad de configurar el acto de sustracción como un delito¹¹ y c) la incompetencia y desconocimiento de las autoridades.

A través de los siguientes dos casos se busca dar cuenta de cómo el contexto migratorio incide en la imposibilidad de entablar una denuncia y en la falta de apoyo de las autoridades públicas, tanto en los países de origen como en los de recepción, además de sumar o incrementar los desafíos y limitantes que enfrentan las madres ante la sustracción de sus hijos.

 

Los casos: madres víctimas de la sustracción de sus hijos

Fátima. La historia de una emigrante mexicana

Fátima tiene 27 años, está casada, estudió la secundaria y tiene un hijo de nueve años, que tenía dos cuando su pareja lo sustrajo; y ya han pasado seis sin que pueda verlo. Se casó a los 16 años, y junto con su esposo emigró a Estados Unidos, en donde nació el niño. Ella tenía muchos problemas con su pareja, él era muy celoso y violento, le pegaba mucho; dice que le hacía cosas muy feas. Fátima se aguantaba todo sola porque no quería mortificar a nadie en su casa, pues ella se había buscado ese problema. Además, tenía miedo de llamar a la policía, y que lo metieran a él a la cárcel y los deportaran.

Un día, después de que él la golpeó terriblemente, Fátima decidió por fin llamar a la policía, pero él huyó. Ella regresó a casa de su madre en México, se veía sola en Estados Unidos y pensaba en la dificultad de encontrar trabajo con su niño pequeño. Ya cuando estuvo en México, su pareja empezó a buscarla de nuevo, pero ella ya no quería regresar con él. Entonces él, molesto, y para presionarla, la amenazó con quitarle a su hijo. Ella nunca pensó que se atreviera a algo así.

Después de un tiempo, él pareció calmarse, y llegaron al acuerdo de que podía llevarse al niño algunos fines de semana. Así ocurrió en dos ocasiones, pero al poco tiempo irrumpió en la casa de su madre muy enojado porque ella no quería regresar con él y se llevó a su niño. Fátima pensó que se lo traería el domingo, que no cumpliría su amenaza, su madre trataba de tranquilizarla. Después de unos días Fátima fue a buscarlo a casa de sus suegros, pero le dijeron que no sabían nada de él. Poco después recibió una llamada de su ex pareja, se burló de ella y le dijo que no volvería a ver a su hijo.

Fátima fue a interponer una denuncia por sustracción y violencia, pero todo era muy lento, los oficiales se mostraban muy desinteresados y le pedían dinero para todo, además tenía que pagar un abogado tras otro, ya que ninguno la ayudaba. Su madre la apoyó con dinero, pero Fátima tuvo que contraer muchas deudas para solventar estos gastos. Habían pasado seis meses y se sentía desesperada de ver que su asunto no avanzaba. Entonces decidió que su única opción era emigrar a Estados Unidos para trabajar, y contratar a un buen abogado y a investigadores privados para localizar a su hijo. Fátima sentía que tendría más posibilidades de solucionar las cosas trabajando como empleada doméstica en Estados Unidos, sólo así obtendría los recursos necesarios para lograrlo.¹² Sin embargo, también se cuestionaba si estaba haciendo o no lo correcto, porque el tiempo seguía transcurriendo.

Durante muchos meses sólo recibió mensajes agresivos e hirientes de su ex pareja, le decía que no se atreviera a regresar porque la mataba y que a su hijo lo había regalado para que nunca lo pudiera encontrar. Fátima ya desesperada recurrió a algunas instituciones pero, aunque el niño tuviera documentos de Estados Unidos, le decían que no podían ayudarla, que no estaba en su jurisdicción. Pidió entonces apoyo en el consulado mexicano, pero no recibió respuesta. También buscó otras asociaciones que pudieran auxiliarla, la mayoría tenía muy buenas intenciones pero estaban limitadas en recursos. Y, como indocumentada, tampoco se sentía muy segura de acercarse o solicitar ayuda en muchos sitios.

Pasaron tres años sin tener resultados. Fátima perdió la cuenta de los correos electrónicos que había enviado a políticos e instituciones pidiendo ayuda. La mayoría quedaba sin respuesta por más que expresara: ¡respóndanme!, ¡por favor, que alguien me escuche!

Por medio de internet, una herramienta fundamental para ella, encontró a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos en México. Esta organización tenía experiencia en casos parecidos al suyo; Fátima se sintió atendida y escuchada en comparación del trato que había recibido hasta entonces en las instituciones donde nunca vio acciones ni obtuvo respuestas, ya que parecía que no les importaba nada lo que les estaba contando. Incluso llegaron a decirle que no podían intervenir porque el niño andaba con su papá, que no se preocupara, que no le iba a hacer nada y que no había delito que perseguir. Fátima se sentía burlada, además de que ni siquiera la orientaban sobre qué hacer, parecía que para su caso no había posibilidad alguna de solución, cuando ahora sabe que sí se podían hacer más cosas. Ella piensa que son personas que no se dan cuenta, que no dimensionan cómo lo que hacen o dejan de hacer impacta en la vida de los demás.

Fátima le dio a la organización todos los datos que tenía sobre su ex pareja y sus familiares, ella les enviaba dinero para que pudieran hacer la investigación. Estaba sorprendida de que le respondieran los correos y que le dieran seguimiento a su caso, nunca había vivido eso. En unos meses le dijeron que los habían localizado; el niño estaba en casa de una prima lejana de su ex pareja, al parecer lo traían de una casa a otra. Fátima apunta con mucho dolor que él no quería estar con su hijo, que simplemente quería hacerle daño a ella, sin importarle que el niño estuviera rodando y padeciendo, cuando hubiera podido tener su amor y cuidado. Fátima dice que siente mucho coraje y frustración, "es un dolor tan grande, que no te deja vivir". Le afectaba no saber de su hijo, cómo estaba de salud, si comía bien o si alguien lo estaba maltratando. Le habían robado muchos momentos y experiencias con él, era un tiempo que no podría recuperar. Sólo la fe, el trabajo, y sentir que se estaba preparando para luchar por él la ayudaban a sobrellevar la situación. Subrayaba que la presencia de su hijo siempre ha estado con ella, pedía a Dios por él todos los días, lo imaginaba en cada niño y también lo soñaba aunque nunca lograra tocarlo. Ella le ha prometido que lo va a encontrar, que nunca lo abandonará.

Después de años, por fin Fátima los había ubicado, así regresó de inmediato a México, donde ya tenía viviendo seis meses cuando la conocí. Aún no veía a su hijo, ya que su ex pareja desapareció otra vez al darse cuenta de que los había encontrado. De nuevo estaba en el proceso de relocalización.

Fátima dice que ya no es la misma de antes, ahora se ha vuelto muy desconfiada, está a la defensiva, pero también se siente más fuerte. Ya tiene una nueva pareja, aunque le costó mucho volver a confiar en alguien, él la apoya moral y económicamente en la búsqueda de su niño.

También agregó que si recuperaba a su hijo intentaría ganarse su cariño, que él se diera cuenta de su amor para lograr que la viera como a su mamá y no como a una desconocida, esa iba a ser su lucha más importante. Seguí conviviendo con ella, y pasado un tiempo me confesó que había tenido otro hijo en Estados Unidos, y que tenía miedo de ser juzgada como "mala madre".¹³

 

La historia de una inmigrante en México. Delia: dicen que no existe el secuestro entre padres

Delia es una peruana de 29 años, estudió hasta el tercer semestre de enfermería. Todavía está casada y tiene sólo una hija, Lupita, quien acaba de cumplir diez años. En 2006, mediante engaños, su marido se la quitó cuando tenía seis "se podría llamar secuestro ¿no?", dice desesperada, como queriendo darme a entender cómo lo ha vivido, "aunque dicen que no existe el secuestro entre padres".

Su esposo también es peruano y se dedica al comercio, lo conoció en su país mientras estudiaba enfermería. Delia quedó embarazada a los 18 años, y se fue a vivir a casa de su suegra. Trabajaba para su familia política en sus tiendas de artesanía, además de encargarse de todas las labores domésticas. A su suegra nunca le pareció que ella fuera la mujer indicada para su hijo; la maltrataba y humillaba. Por más que Delia le rogaba a su marido que vivieran aparte, él nunca se decidió a contrariar las órdenes de su madre, se enfadaba y le reclamaba que quisiera desunirlos. Delia se acostumbró a quedarse callada y a no opinar.

Cuando nació su hija, Delia estaba feliz, "era un regalo de Dios, algo esperado, hermoso, mi hija"; eran muy unidas, estaban todo el tiempo juntas y jamás se separaban. Su marido, en cambio, era más frío, viajaba mucho y tenía poco tiempo para estar con ellas. Empezaron las infidelidades, las borracheras y los golpes, ella procuraba que no la golpeara en la cara. Delia aguantaba y lloraba a solas, nunca se animó a dejarlo ni a quejarse, no tenía dinero propio, siempre le dijo a su familia que todo estaba bien, pero había perdido mucho contacto con ella; su esposo le dijo que se tenía que olvidar de su familia, que ahora su familia sólo eran ellos.

Lupita tenía dos meses cuando Delia emigró por primera vez, llegó a México junto con ella y su esposo para hacer negocio; estaba contenta, por fin se libraba de la violencia de su suegra, y pensaba que su esposo cambiaría. La ilusión le duró poco, al ver que el negocio estaba bien se vino toda la familia política y él era cada vez más violento y, más en un país extraño. Ella se sentía más aislada y sin forma de dejarlo.

Tres años después Delia, su hija y esposo emigraron de nuevo para abrir el negocio en Estados Unidos. A pesar de la distancia, su suegra la seguía controlando y violentando, y su marido seguía muy agresivo. Ella le dijo que no aguantaba más, y él fingió estar de acuerdo en separarse de su familia, y como señal de reconciliación le dijo que pasaran solos una semana en Perú. Después se irían a Brasil o a Venezuela para ver si ponían una tienda allá. Su hija se quedaría en Estados Unidos al cuidado de sus suegros.

Una vez en Perú, el esposo se emborrachó y le dijo que seguramente lo engañaba, la golpeó e intentó asfixiarla con una almohada. Al día siguiente llegaron los suegros con las "pruebas", una grabación en la que un señor afirmaba que la había visto con otro hombre. La suegra se cansó de decirle que era "una puta interesada", y que por eso quería separarlos. Él volvió a golpearla, le quitó y escondió su pasaporte e identificaciones.

Una semana después el marido de nuevo la golpeó terriblemente con unos cables, ella logró pedir ayuda y llegó la policía. En la comisaría él no dejaba de pedirle perdón. El fiscal de familia buscó la reconciliación, el "acuerdo", él se comprometió a cambiar y Delia aceptó regresar con él porque el fiscal le decía que era un trámite largo, que podía tardar mucho tiempo y la situación de su hija se tendría que ver. Delia desistió de la denuncia y regresaron a Estados Unidos.

Allí las cosas siguieron igual, él continuaba emborrachándose, seguían los gritos y los golpes, y no dejaba de acusarla de puta y la mantenía incomunicada. Delia no acudió a denunciarlo porque si en su país no logró hacer nada, pensaba que era inútil. Además, mantenía la esperanza de cambiarlo, aunque tuviera miedo decidía volver a intentarlo. De nuevo, él fingió cambiar y le propuso que fueran a festejar su cumpleaños a Perú. Ya en el aeropuerto le dijo que no había boletos para él y la niña en el mismo vuelo. Delia sintió desconfianza, pero él la convenció de subir al avión.

Tres días después él apareció en Perú, borracho, con sus padres y sin la niña, ella sintió un dolor muy fuerte en el pecho, tuvo un presentimiento de lo que venía. No se equivocó, la suegra no se cansó de insultarla, le dijo que era una puta y le reclamaba haber puesto denuncias en contra de su hijo. El marido le anunció que se quedarían con la niña y que a ella la querían fuera de sus vidas, y regresaron a México; se quedó desesperada, él tenía todos sus documentos migratorios.

Delia fue a denunciar el secuestro de su hija, pero la policía le dijo que no era secuestro y que no podían hacer nada por ella, la niña no estaba en Perú. Le admitieron su demanda por custodia y por violencia, pero nada pasaba, le decían que tenía que hacer todo mediante la oficina de Relaciones Exteriores. Todos los trámites fueron excesivamente lentos, las citas espaciadas, le solicitaban documentos, pruebas, le pedían que esperara tranquila una respuesta que tardaba meses. Era evidente que su caso no era prioridad, y que nadie investigaba nada. Delia estaba muy angustiada, no tenía información alguna sobre su niña, habían cortado todos los teléfonos, se sentía frustrada y muy enojada consigo misma por no haber actuado diferente, y volvió a solicitar sus documentos migratorios. A pesar de que ella explicó su situación en la embajada estadounidense le negaron la visa, no les importaba, le dijeron que la gente inventa muchas cosas con tal de ir a Estados Unidos, y que ese problema tenía que arreglarlo desde su país. Le pedían que se presentara con documentos, cuentas de banco y bienes, como cuando le dieron la visa, no entendían que todo eso era del esposo.

En la embajada mexicana el trato fue similar, le decían que arreglara todo desde Perú, no entendían que su hija estaba en México y que ella necesitaba venir urgentemente a localizarla. Delia dice que sacar los documentos mexicanos es casi tan difícil como conseguir los de Estados Unidos; tardaron seis meses en darle una visa de turista. Y hubiera querido trasladarse el mismo día que la obtuvo, pero no tenía dinero. En un mes su familia juntó un poco para apoyarla con el viaje, además tenía que gastar en apostillar todos sus documentos para que tuvieran validez aquí.

En México, Delia acudió a distintos organismos públicos, de apoyo a las mujeres, a niños, a migrantes, de derechos humanos, a su embajada y a relaciones exteriores, pero ninguno fue de mucha ayuda. Mediante una organización civil consiguió un permiso para trabajar en el país, necesitaba hacerlo porque gastaba mucho en abogados y en manutención, para ella era muy riesgoso estar trabajando sin permiso ya que podían deportarla. Su familia le seguía enviando dinero, pero ella necesitaba más.

Después de cuatro meses, Delia pudo entablar la demanda por la custodia de su niña en México. Acudía casi a diario a los juzgados, pronto se dio cuenta de que ahí todo funciona con dinero. Ella cree que su marido, que tiene muchos más recursos económicos, había comprado a las autoridades ya que sólo le daban largas a su asunto y no la ayudaban en nada. Finalmente le ofrecieron un convenio bastante injusto: debía regresar a Perú y darles la custodia a los abuelos, quienes le llevarían a la niña en vacaciones. Ella se negó, y el juez le otorgó la custodia temporal a los abuelos, y sólo le autorizó las visitas en un centro de convivencias supervisadas. A pesar de este acuerdo, Delia ha visto muy poco a su hija, porque ellos prefieren pagar multas a permitirle que la vea.

Delia está muy triste y desilusionada porque no ha podido restablecer el lazo afectivo con su hija; el papá y la abuela le han metido a la niña en la cabeza que su mamá es mala, que la abandonó y que le pegaba. A Delia le duele mucho el rechazo de su hija, que no la quiera como antes, y que no pueda estar a solas con ella para explicarle todo. Pero no piensa irse de México sin recuperar el afecto de su hija. Considera que no hay justicia, en las instituciones son muy fríos, corruptos e inhumanos; le invade la impotencia y la frustración. En las organizaciones le han ayudado con algunos trámites, pero tienen pocos recursos, le recomiendan a algunos profesionistas, pero no los puede pagar.

Delia dice que la esperanza y su deber como madre la mantienen viva, no puede renunciar y dejar de luchar por su hija, no está muerta, tiene que seguir peleando para que la niña no salga más dañada de esta situación. Delia también se ha visto muy afectada, se ha sentido muy deprimida y enferma de los nervios. En el futuro ella espera que la relación con su hija se arregle, que puedan volver a estar juntas, y que se terminen por fin los problemas legales.

 

Migración, vínculos y simultaneidad en la lucha por recuperar la convivencia con los hijos

Las narraciones de Fátima y Delia dan cuenta de que las situaciones de violencia en el contexto migratorio se hacen más agudas, e incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres. El acto de sustracción, producto de una condición de violencia en el ámbito privado, se sostiene por la desatención y la inoperancia institucional generada por concebir este tipo de actos como una cuestión familiar y privada. Este hecho incide directamente en la falta de acceso a la justicia y en las formas de interacción violentas y de control que se toleren o asuman como normales.

La posibilidad de que este tipo de actos quede en la impunidad es todavía mayor cuando ocurre en contextos migratorios. Las mujeres se ven como sujetos carentes de derechos, y cuando se atreven a denunciar se enfrentan a autoridades que les niegan la posibilidad de ejercerlos, o les apuntan que están limitadas por cuestiones territoriales e institucionales.¹⁴

Así, fue recurrente escuchar en las narraciones de estas mujeres que las instituciones en los países de origen y destino simplemente se deslindaban de la situación. El hecho de ser ciudadana o extranjera no cambió mucho la posibilidad de recibir apoyo. Las autoridades referían que no podían intervenir en otro territorio, que estaba fuera de su jurisdicción y que las mujeres tenían que arreglar el asunto "en familia", o bien, con las autoridades del otro país.

Las mujeres se sentían totalmente abrumadas y violentadas ante estas respuestas, ya que implicaba mucho tiempo para la solución de sus casos y una fuerte inversión económica. Si bien existen mecanismos e instituciones que deberían haber intervenido para resolver estos casos, no sirvieron de mucho. Por un lado, los tratados internacionales resultan declaraciones de buenos principios que terminan por no aplicarse, ya que las autoridades locales no saben cómo hacerlo, o bien, porque en ocasiones los casos no logran encuadrar en los requerimientos establecidos por los instrumentos legales. Y, por el otro, las instituciones como consulados y embajadas parecen no darle prioridad a estos asuntos o no los consideran de su competencia, pareciera que operan bajo la misma premisa de que se trata de casos entre particulares.

Las instituciones a las que acudieron las mujeres no sólo les subrayaban que no podían ayudarlas a resolver la sustracción, sino que tampoco les brindaban asesoría para regularizar su estatus migratorio, que les permitiera trabajar o acceder a algún servicio de atención a víctimas de violencia. Levitt y Glick (2004) apuntan que las lógicas institucionales y los límites del poder establecidos política y territorialmente inciden en que las víctimas estén desprotegidas, y contribuyen incluso a solventar y sostener la violencia al generar espacios de impunidad.

Las historias de las mujeres entrevistadas dan cuenta de que la posibilidad de recuperar a los hijos no es una cuestión que el Estado atienda y resuelva, sino que queda en el ámbito de la suerte y de los recursos personales que ellas puedan emplear, en especial, los monetarios y sociales.

En estas condiciones, las mujeres, hasta entonces bastante dependientes y subordinadas a la pareja, con poco conocimiento de sus derechos y con escasa experiencia de desarrollo o desenvolvimiento en el ámbito público, deciden, a pesar de su estatus migratorio, que las limita y las vuelve más vulnerables, realizar una serie de acciones y estrategias para recuperar a los hijos.

Esta experiencia impacta profundamente a las mujeres, ya que consiguen su independencia económica e investigan, de manera muy activa, sobre sus derechos y los mecanismos para ejercerlos, exigirlos y defenderlos. Por lo general, estas acciones se realizan o mantienen gracias a los vínculos que las mujeres ya tenían, o bien, que desarrollan en países de origen y destino. Las amistades, los parientes, las organizaciones sociales y, en ocasiones, las instituciones públicas, se convierten en una red de ayuda transnacional para ellas. El apoyo moral, económico, laboral y de seguimiento de sus casos es crucial para que puedan avanzar en la búsqueda de sus hijos. Como señalan Levitt y Glick (2004), las mujeres viven una vida simultánea, ya que en su situación intervienen positiva y negativamente procesos, agentes, acciones y omisiones en países de origen y destino.

 

Conclusiones

La violencia en el ámbito familiar de la que mujeres e infantes son víctimas da cuenta de un orden social en el que persisten la dominación, la desigualdad y la discriminación de género. Esta situación puede ser potenciada gravemente o sostenida por otros factores que favorecen la exclusión social, como el hecho de ser migrante.

Los Estados continúan presentando fallas estructurales, ya que no actúan de forma adecuada en la sanción de la violencia intrafamiliar, ni en el acceso a la justicia y a la reparación del daño para las mujeres migrantes. Hay trabas, prejuicios, maltrato y negligencia que continúan generando la violencia institucional. Para modificar esto se necesita no sólo afinar y mejorar instrumentos legales, capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos en perspectiva de género, sino que también se requiere crear vínculos entre instituciones y organismos a escala internacional.

Como señalan Levitt y Glick (2004), es necesario que se reconozca la realidad contemporánea en la que se mueven muchas vidas, más allá de las fronteras nacionales. Este reconocimiento implica un gran desafío político, ya que exige repensar y reformular conceptos como el de familia, ciudadanía y soberanía, así como los propios límites de la geografía jurídica y administrativa. El reto es mayúsculo, ya que por tradición, como apunta Fitzgerald (2008), se ha establecido un nexo entre poder y lugar. El espacio físico como realidad objetiva y delimitada, determinaba las relaciones, los espacios y los límites del poder institucional.

Concebir vidas transnacionales, así como la necesidad de que los sujetos puedan ejercer sus derechos y ciudadanías más allá de las fronteras nacionales ha comenzado a provocar amplios debates. Sin embargo, como señalan Levitt y Glick (2004), los Estados se han preocupado o centrado en atender temas públicos como las remesas, el voto o la nacionalidad dejando de lado la atención de problemáticas consideradas menores o fuera de su competencia por ser asuntos de mujeres, del ámbito privado o familiar.

 

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Notas

¹ El presente texto es producto de la investigación "Maternidades y paternidades en pugna. Progenitores en procesos de búsqueda y rescate de menores sustraídos en México", presentada por la autora para obtener el grado de maestra en antropología social en el CIESAS Occidente; fue realizada de septiembre de 2008 a diciembre de 2010.

² Para dar cuenta de esta doble realidad, en este texto se destaca el caso de una migrante mexicana y el de una inmigrante en México.

³ Tapia (2011) señala que "existe una experiencia diferenciada de mujeres y hombres en la migración a partir de tres factores: 1) el sistema de género que establece restricciones morales para la movilidad femenina, 2) la división del trabajo en función del género y 3) el machismo que impera en contextos de origen y destino".

⁴ El trabajo se llevó a cabo con la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos y la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados. Se tomaron los cinco casos que en ese momento se tenían registrados sobre sustracciones familiares, en el marco de un contexto migratorio. Las entrevistas duraron de tres a cinco horas. Se contó con una guía de entrevista abierta, que sirvió de marco general para profundizar en la experiencia de la sustracción familiar y en la forma de hacer frente a esta problemática. La información se registró mediante notas de campo y audiograbación.

⁵ Presentar la narración de los casos en extenso evita, como señala Bernasconi (2011), desconectar en fragmentos temáticos los relatos, sino presentar una descripción densa de los procesos que, además, dan cuenta de la manera en que las mujeres han construido u otorgado sentido a sus experiencias al realizar el ejercicio de contar su historia.

⁶ El reto, como señala Rustin (2000), está en construir conocimiento relevante y original de procesos sociales desde el examen de historias de vida individuales.

⁷ Estudios como los de Méndez (2010) también han dado cuenta de su gravedad, ya que las tasas de violencia intrafamiliar y de mortalidad de mujeres por violencia de pareja en un país son mayores en las migrantes, que en las que viven en su país de origen.

⁸ En los últimos años, dentro del campo de los estudios migratorios, se ha puesto mucha atención a los costos sociales y las consecuencias psicológicas que se generan por las separaciones familiares en el marco de los proyectos migratorios. Sin embargo, poco se ha abordado la experiencia particular y las consecuencias que se producen por una separación forzada dentro de un contexto migratorio. En este caso, por una sustracción familiar, ya que es cuando los progenitores pierden todo el contacto con los hijos, la posibilidad de saber cómo están y quién los cuida, así como de enviarles dinero y de sostener su vínculo afectivo.

⁹ Hay dos tratados internacionales muy importantes en esta materia, y a los cuales México se adhirió desde 1991. El Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (1980), establece que cuando un menor de 16 años sea trasladado por un familiar, de su residencia habitual a otro país violando el derecho de custodia atribuido a una persona o institución, el menor debe regresar al Estado de residencia habitual, y que éste es el competente para decidir sobre su guardia y custodia. Si uno de los progenitores sólo tiene atribuido un derecho de visita, el convenio exigirá que el padre o la madre que se ha trasladado con el menor lo respete.

Y, el Convenio de Luxemburgo (1980) establece que una sentencia dictada en un Estado parte puede ser reconocida y ejecutada en el Estado a donde el menor ha sido trasladado ilícitamente. Este convenio permite que el reconocimiento y ejecución se lleve a cabo con mayor rapidez.

¹⁰ Véase Secretaría de Relaciones Exteriores: http://www.sre.gob.mx/proteccionconsular/index.php/2013-05-23-18-19-55/89-inicio/derecho-de-familia/129-derecho-de-familia-restitucion-de-menores-estadisticas-2011

¹¹ El delito de sustracción se configura cuando "el progenitor que no ostenta el derecho de custodia, sustrae al progenitor custodio, uno o alguno de sus hijos menores, trasladándolos fuera del lugar de su residencia con la finalidad de impedir la restitución del menor a su domicilio o la relación con el progenitor custodio" (Carbajal y Chamorro 2001, 3). Es decir, sólo existe el delito de sustracción cuando hay una resolución judicial sobre la custodia, lo que desprotege a los progenitores e infantes que no tenían definida la custodia por un juez. En este caso, los progenitores afectados deben primero obtener la custodia del hijo, para después conseguir el apoyo institucional para su búsqueda.

¹² La motivación de Fátima para emigrar fue la "reunificación familiar", sólo que -a diferencia de otros casos- ella tuvo que dejar el país donde estaba su hijo para ir a otro que le permitiera allegarse los recursos económicos que necesitaba para encontrarlo.

¹³ El orden de género ha contribuido a la ideologización de la maternidad estableciéndola como la función social más importante de las mujeres y su principal sentido de vida. El imaginario materno contiene el estereotipo de la "buena madre", entendida como la mujer que se sacrifica y sólo vive para el otro. Fátima tenía miedo entonces de que se le juzgara como "mala madre" por seguir viviendo, es decir, por haberse casado y tenido otro hijo, mientras buscaba recuperar al primero. Pensaba que al ser juzgada como "mala madre" tal vez no se le ayudaría a recuperar a su hijo -esto es, podrían considerar que si era capaz de unirse con otro hombre y tener otro hijo era porque el primero ya no le importaba-.

¹⁴ La condición de vulnerabilidad de las personas migrantes fue definida por el Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU (1997) como una relación de falta de poder -"impotencia o desvalimiento"- de la persona migrante frente al Estado.