Antecedentes internacionales de la conservación, la explotación y el manejo de los bosques

Para contextualizar el tema de estudio es necesario hacer referencia a ciertos precedentes internacionales, que sentaron las bases de las políticas gubernamentales dirigidas a la conservación, el uso y el manejo de los bosques en México y en San Luis Potosí. También se debe señalar que el lenguaje y las ciencias han evolucionado significativamente, por lo tanto, en la actualidad ha cambiado la forma de percibir y conceptualizar diversos aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. Así que se procuró no utilizar algunos conceptos que no se empleaban entonces. Por ejemplo, al conjunto de árboles antes se le definía como “bosque o montes”; los términos ecosistema, ecología y otros aún no existían o carecían de una difusión amplia.

Cabe mencionar que antes de la época estudiada, un sector de la sociedad ya estaba interesado en conservar o cuidar la naturaleza (entendida, en un sentido estricto, como todo lo material no creado por el hombre). Los motivos eran diversos: prevención de inundaciones o tolvaneras, fines militares, económicos o por sanidad pública (^{Diegues 2000}; ^{De la Maza 1999}; ^{Melo 2002}; ^{Simonian 1995}). La inquietud de la humanidad por preservar y manejar los espacios boscosos se ha manifestado desde hace mucho tiempo (^{Melo 2002}; ^{Diegues 2000}). En América, las culturas prehispánicas imponían restricciones para controlar la explotación de los bosques y la cacería de ciertas especies. Algunos pueblos mesoamericanos sembraban árboles en las márgenes de los ríos para estabilizar el terreno, y así prevenir inundaciones (^{Simonian 1995}). Del mismo modo, en diversas partes del mundo la conservación de los bosques tenía fines estéticos, espirituales y de recreación, como es el caso del bosque de Chapultepec, el cual le sirvió a los gobernantes mexicas como área de retiro y contemplación (^{De la Maza 1999}; ^{Melo 2002}). En algunas áreas de India ciertos bosques se protegían por considerar que ahí habitaban deidades o espíritus ancestrales (^{Malhotra et al. 2001}).

Existen antecedentes en Europa sobre la conservación de los bosques con fines espirituales; los grupos celtas, griegos y germánicos tenían áreas boscosas sagradas donde realizaban ceremonias (^{Crews 2003}). Sin embargo, con la invasión de los romanos, en el siglo I a. C, estas tradiciones fueron suprimidas. Las medidas conservacionistas posteriores en esta región obedecieron mayormente a motivos económicos y militares. Por ejemplo, cuando ocurrieron los viajes de Colón al Nuevo Mundo, la monarquía española había promulgado la primera ley forestal en 1496, para hacer frente a la escasez regional de madera, causada por los cambios de uso de suelo, producidos por el incremento de la ganadería en el territorio (^{Simonian 1995}).

Por su parte, el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, en 1550 se alarmó tanto por la destrucción y reducción de la superficie de los bosques cerca de la comunidad de Taxco que prohibió encender fuegos en la región. En sus reportes al virrey entrante, don Luis de Velasco Mendoza, reflexionó sobre la magnitud de la tala de bosques (asociada a la minería), y consideró la posibilidad de escasez de madera antes que la de metales (^{Lira 1988}; ^{Studnicki-Gizbert et al. 2010}).

Siglos antes del porfiriato ya existía preocupación por la problemática que representaba la carencia de algunos recursos naturales. El químico y naturalista ^{Frey (1908}) advirtió que a finales de 1700 ya había un desarrollo importante en el pensamiento y conocimiento de los bosques, y no sólo con fines económicos y productivistas. Además, señaló la existencia de métodos y técnicas de medición para conocer los beneficios de los bosques con respecto a lluvias, sequías, tolvaneras por viento, escorrentía e inundaciones, infiltración de agua, generación y mantenimiento de suelos, así como otros beneficios sociales y de salud pública. Esto se puede constatar con las observaciones del cosmógrafo Henrico Martínez quien, al principio del siglo xvii, postuló que las inundaciones de la Ciudad de México estaban directamente relacionadas con el desmonte y el cultivo de las tierras en las colinas que la rodeaban (^{Simonian 1995}). En sus manuscritos, Frey mostró su insatisfacción por lo poco que se utilizó ese conocimiento en el país, y algunas veces no se llevó a la práctica.

Asimismo, en análisis científicos posteriores se señaló que con las plantaciones de bosques y el incremento de árboles se aumentaba la infiltración de agua al subsuelo, se evitaban las escorrentías y la degradación del suelo, se incentivaban las lluvias y se reducían las tolvaneras (^{Frey 1908}). De hecho, ya desde 1841, antes de la publicación de Man and nature de ^{Marsh, en 1864}, los científicos, habían sostenido que la cubierta forestal era un factor determinante en el régimen de precipitaciones y en la cantidad de escurrimientos que llega a los ríos (^{Boyer 2007}).

Los primeros antecedentes normativos de la conservación de bosques con fines económicos, de salud y biológicos, en el México independiente, se remontan al gobierno de Benito Juárez, quien promulgó la primera Ley para Conservar los Bosques en Tierras Nacionales, en 1861, tres décadas antes de la primera ley forestal de Estados Unidos (Forestry Act de 1891) (^{Simonian 1995}). Estos hechos, y la presión de diversos grupos de la población, servirían como base para que las políticas forestales, aplicadas durante el porfiriato, no tuvieran una visión sólo extractivista de los bosques.

Contexto general sobre las políticas de conservación de los bosques y su influencia en México

Durante el siglo XIX, en el ámbito internacional hubo postulados con tendencias conservacionistas y de manejo, centradas en los fines económicos y mercantilistas de los bosques. Sin embargo, también otras corrientes naturalistas resaltaron funciones como la sanidad, la provisión de agua y oxígeno, el resguardo de fenómenos meteorológicos y las barreras naturales, sin dejar de lado los aportes estéticos, espirituales y paisajísticos. Estos últimos tres atributos sirvieron de base al conservacionismo occidental actual, originado a finales del XIX, con el nacimiento de la idea de “parque nacional” en la región de Yellowstone (^{Melo 2002};^{Wakild 2011}).

Según ^{Diegues (2000)}, por aquella época la revolución industrial comenzaba a expandirse por el mundo, con consecuencias desastrosas para los bosques y paisajes naturales. Además, la vida en el campo pasó a ser idealizada, sobre todo por las crecientes sociedades citadinas, que no estaban directamente relacionadas con la vida en el campo y la producción agrícola. Los habitantes de las ciudades se convirtieron en viajeros que buscaban en la “vida salvaje” un refugio para aislarse del bullicio de las urbes. Esas ideas, incentivadas por las corrientes romántico-naturalistas occidentales del siglo XIX, se usaron como detonantes para la creación de áreas naturales protegidas, no habitadas por humanos, que emularan al jardín del edén. Estas “islas boscosas”, de gran belleza y de valor estético, eran consideradas como santuarios que llevaban al ser humano a la meditación y la riqueza espiritual.

En este contexto se inició, en Estados Unidos, la búsqueda de un mecanismo legal para garantizar la conservación y protección de territorios “inhabitados y vírgenes”. Así, se decidió generar una “isla” que albergara praderas, montañas y bosques, donde se impidieran las actividades económicas, la colonización humana y la compra y venta de tierras propiedad del Estado; sólo se permitiría la recreación para beneficio y disfrute del pueblo. El primero de marzo de 1872, el Congreso de Estados Unidos de América decretó el establecimiento del Parque Público NacionalYellowstone (^{Melo 2002}; ^{Diegues 2000}; ^{Wakild 2011}), el primero del mundo. Pero ocupaba un territorio indígena, cuyos antecedentes de manejo tenían más de mil años (^{Denzin 2005}). De hecho, un grupo de shoshones vivía durante todo el año dentro de los límites del parque, y siguió habitando ahí durante varias décadas después de la declaratoria.

Es fundamental entender que el contexto histórico anterior sirvió como base en los procesos de conservación de los bosques en el resto del mundo, incluido México, ya que años más tarde el concepto de “parque nacional” fue adaptado por el gobierno para su territorio. No obstante, hubo una gran diferencia en las raíces filosóficas que llevaron a la conservación de los recursos naturales en Estados Unidos; en México, ésta tuvo propósitos económicos y estratégicos, sobre todo para garantizar las reservas de materias primas y abasto de agua. El ejemplo más emblemático de esto es la primera reserva forestal del país, El Desierto de los Leones, predio expropiado durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, en 1876, para conservar las áreas de manantiales que abastecían a la ciudad (^{De la Maza 1999}).

La política forestal en México durante el porfiriato

Durante la administración de Porfirio Díaz se gestó uno de los más grandes daños a los bosques de México, después de los ocurridos en la Colonia (^{Lira 1988}; ^{Studnicki-Gizbert et al. 2010}). El porfiriato siguió los preceptos liberales de Locke, quien argumentaba que la propiedad de la tierra proviene de la aplicación del trabajo sobre los recursos naturales: “La tierra que se deja completamente natural, que no tiene la mejoría del pasturaje, la labranza o la plantación, se le llama, como en realidad lo es, ‘un desperdicio’” (Locke, citado en Simonian 1999).

En contraste, el individuo que ponía a trabajar la tierra estaba beneficiando a la comunidad entera. La irreverencia de este régimen por las denominadas “tierras baldías”, que no tenían uso público o privado, motivó la creencia de que el desarrollo dependía de utilizarlas. Durante el mandato de Díaz se siguió este paradigma, y se promulgó la Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonización, el 15 de diciembre de 1883,¹ con lo que se legalizó la creación de empresas privadas, conocidas como compañías deslindadoras, cuyo propósito era realizar la delimitación y fraccionamiento de las “tierras ociosas”; además, éstas eran responsables de fomentar la inmigración de colonos para que se establecieran en los predios deslindados. Y, en pago por su trabajo, recibieron la tercera parte de las tierras fraccionadas (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ^{INEGI 1999}).

Otro factor que causó directa e indirectamente la reducción de los bosques de México fue la expansión del sistema ferroviario y de telégrafos. Se usaban grandes cantidades de madera para construir las estaciones, los postes para cableado, los durmientes y para producir combustible. Este avance en el sistema de trasporte y comunicación también favoreció la colonización de zonas que antes se encontraban despobladas (^{Hoffman 1989}; ^{Álvarez 2007}). Los nuevos asentamientos humanos fomentaron las actividades agrícolas y ganaderas: “En algunas comarcas cercanas al litoral del golfo de México ha comenzado a explorarse nuevas tierras para una industria que ha producido ya en el corto tiempo, buenas utilidades. Dicha industria es la de repasto de ganado vacuno para su venta a la exportación [...] El negocio es brillante y en pocos años se podrá triplicar su capital” (Periódico Oficial del Estado San Luis Potosí 1908b). Estas actividades, que demandaban amplias superficies de tierra provocaron la remoción de la cubierta vegetal primaria en miles de hectáreas, además el ferrocarril también incentivó el desarrollo de algunas ramas de la industria y la minería; ambas dependían de la madera para su funcionamiento.

Durante este periodo, el territorio mexicano se reconfiguró sustancialmente. El avance de las rutas férreas y el surgimiento de leyes sobre terrenos “baldíos” favorecieron el incremento de concesiones para la explotación de los bosques en diversas entidades de la república, y el Estado vio en los predios desmontados la oportunidad para mercantilizar las “tierras baldías” (^{Ficker 1994}; ^{Hoffman 1989}). Resalta que en los primeros años del porfiriato, las concesiones y las ventas se realizaban a través de compañías deslindadoras. Sin embargo, la mayoría de las veces actuaban sin apego legal, lo que fomentó que los deslindes se hicieran de manera desordenada. Además, durante el proceso, no se contemplaban aspectos de conservación y manejo de los bosques. En respuesta, en 1894 se decretó la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos y Nacionales. En ella, la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria de la República Mexicana asumía la responsabilidad de los procesos de la venta de los terrenos baldíos, además se describían los procedimientos para el denuncio de predios, y ordenaba que:

Art. 22 [...] Para tramitar los asuntos relativos a los terrenos baldíos, se establecerá una agencias en los estados a cargo de personas nombradas por la Secretaría de Fomento [...] Art. 23 El denuncio de terrenos baldíos se hará ante el agente de la Secretaría de Fomento, donde se hará constar la situación del terreno y linderos [...] Art. 31 [...] el precio del terreno baldío denunciado, será el que fije la tarifa vigente en la época en que se hizo el denuncio [...] Art. 32. Si concluidos los trámites de un denuncio, la Secretaría de Fomento creyere que el terreno de que se trata debe reservarse para algún uso público o para alguno de los fines que autoriza la presente ley, podrá negarse la adjudicación al denunciante e incorporar el terreno a los nacionales [...] Art. 41 [...] Los terrenos baldíos serán vendidos por la Secretaría de Fomento [...] (^{Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 1894}).

En esa ley se procuró asegurar las formas de manejo, conservación y explotación de los bosques.Ya que, para la época, algunos círculos científicos y la prensa nacional ya ejercían presión sobre el tema. Este sector de la población exponía que la destrucción desenfrenada de los bosques podría llevar a la decadencia del país, principalmente en sus actividades agrícolas. Estas circunstancias profundizarían el retraso económico de México en comparación con otros países (^{Boyer 2007}). Además, se temía que por estas causas se incrementaran las tolvaneras que atrajeran enfermedades, sequías, erosión de suelos e inundaciones torrenciales. En este contexto, los legisladores trataron de regular los desmontes de la siguiente manera:

Art. 18 La Secretaría de Fomento podrá celebrar, para la explotación de los terrenos baldíos [...] así como expandir reglamentos conforme a los cuales haya de permitirse la explotación de maderas, resinas u otros productos de dichos terrenos, señalando las penas en las que infrinjan las reglas de explotación, y sin perjuicio de que se castigue administrativa o judicialmente, conforme a las leyes, al que invada o explote sin permiso los terrenos baldíos [...] Art. 19 [...] Todo permiso expedido conforme a los reglamentos administrativos, para la explotación de terrenos baldíos o sus productos, se entenderá siempre otorgado con calidad de que cesará tan luego como el terreno fuera adjudicado conforme a esta ley, sin más derecho de quien obtuvo el permiso [...] Art. 21. El ejecutivo federal queda facultado para reservar temporalmente los terrenos baldíos que estime conveniente, para conservación o plantío de montes, reservación o reducción de indios, o colonización, en los términos que establezca las leyes [...] Art. 25. El agente investigará si el terreno que se denuncia ha sido deslindado o está reservado para bosque, colonia o reducción de indios o si por otro motivo está en posesión de la hacienda pública [...] Art. 32. Si concluidos los trámites de denuncio la Secretaría de Fomento creyere que el terreno de que se trata debe reservarse para algún uso público o para algunos de los fines que autoriza la ley, podrá negarse la adjudicación al denunciante e incorporar el terreno a los nacionales [...] Art. 70. La Secretaría de Fomento expedirá los reglamentos para la explotación de los bosques y terrenos baldíos que temporalmente mandare a reservar (^{Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 1894}).

Después de la expedición de la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos y Nacionales, la Secretaría de Fomento, conforme a lo establecido en la Ley de Terrenos Baldíos, generó por primera vez en la historia de la república mexicana un reglamento d e “ Explotación de Bosques, Terrenos Baldíos y Nacionales”. D e i g u a l forma, con base en estas leyes y reglamentos, creó diversos contratos de explotación forestal en gran parte del territorio nacional, donde se establecía que:

Quedan obligados los concesionarios a dirigir sus operaciones de entera conformidad con las prescripciones del reglamento vigente para las explotación de los bosques y terrenos baldíos, nacionales y las demás disposiciones que dicte la Secretaría de Fomento con el fin de evitar el agotamiento del recurso en los terrenos objeto de esta concesión, asegurando por el contrario su reproducción por los métodos más eficaces. Al efecto conviene sólo explotar plantas adultas, dejando intactas las de tierna edad para que completen su desarrollo, y se obligan a recoger cada año en cada campo, la cantidad de semillas que sea necesaria para sembrarla en los mismos terrenos ó en terrenos adyacentes (^{Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 1906}).

Aunque se habían creado las leyes y reglamentos para poner orden a los procesos de colonización y explotación de los recursos, no se aplicaron de manera eficaz ni eficiente. Las limitaciones del sistema político centralista, que caracterizó al periodo del porfiriato, restringió la llegada de presupuesto y personal técnico necesario para el debido cumplimiento de lo enunciado en las leyes, reglamentos y contratos en los estados del país. Además, el sistema de denuncio de predios, enmarcado en la Ley de 1894, favoreció sólo a un sector reducido de la población. De hecho, los precios de compra de los terrenos fueron casi un regalo. Al final del periodo porfirista, las personas beneficiadas se convirtieron en grandes latifundistas. En contraste, los grupos indígenas, que por lo general habitaban las supuestas “tierras baldías”, fueron expulsados por los nuevos colonos mestizos y blancos (^{Abbondanza 2008}).

De la conservación de los bosques a las plantaciones forestales durante el porfiriato

En México se gestaron movimientos conservacionistas cuyo resultado fue la promulgación de la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos y Nacionales y un reglamento de Explotación de Bosques, Terrenos Baldíos y Nacionales, ambos publicados en el ^{Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (1894)}. Con base en esa nueva ley, el presidente Díaz decretó la reserva forestal El Chico, en 1898. En esta época se evidenció que las áreas protegidas fueron decretadas siguiendo los preceptos ideológicos de la economía liberal, cuyos criterios priorizaban los fines mercantiles (se conservaba para mantener los “bienes” de la nación). Por tal razón se les denominó “reservas forestales”, nombre que proyecta un uso económico potencial.

Por otro lado, Miguel Ángel de Quevedo y un grupo de científicos lograron consolidar la Junta Central de Bosques en México. Estos pensadores y naturalistas veían en los bosques una conexión entre la conservación forestal y el bienestar social y económico del país, por lo tanto, instaban al gobierno a aplicar las leyes, reglamentos y decretos existentes a favor de la preservación de los bosques. Tiempo después la Junta logró incidir en el gobierno de Díaz, a tal punto, que adquirió el carácter de agencia oficial en el Departamento de Obras Públicas (^{Vitz 2012}).

En México, las posturas de los movimientos conservacionistas, sobre todo los trascendentalistas, no tuvieron influencia, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, a finales del siglo XIX e inicios del XX, donde se sustentaban en el amor por la naturaleza y por Dios. Los mexicanos que le asignaban a la naturaleza valores terapéuticos y espirituales se convirtieron en una minoría, y más bien fueron otras corrientes de pensamiento las que tuvieron mayor peso sobre las políticas forestales de la época, como las vinculadas al liberalismo y utilitarismo, de origen estadounidense y europeo:

Bueno fuera fundar múltiples asociaciones como la del ‘tree day american’ que establecida en 1872 ha plantado en 23 años sólo en el territorio de Nebraska 350 millones de árboles frutales y forestales [...]Y en México aunque no con el debido entusiasmo, ya se empieza hacer lo mismo (^{Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 1904}).

Hubo científicos mexicanos que se expresaron a favor de las plantaciones forestales, para trasformar los desiertos siguiendo la efervescencia internacional con respecto al tema:

Considerando la propaganda en favor del cultivo de árboles maderables en nuestro país, se impone de una manera apremiante, ya que hemos tenido a bien destruir los frondosos montes. Con el mencionado fin, dentro de la presente década, se van a plantar nada menos que cien millones de pinos. Durante junio, julio, agosto y septiembre de 1903 se plantaron 6000 árboles cada mes; ahora ya hay más de 1, 000, 000 y probablemente a fines de este año se verá duplicada esta cantidad. En 1905 se empleará mayor número de obreros en el trasplante y se trata de ver si es posible llegar a la enorme cifra de 5, 000, 000 de pinos. Si el proyecto sigue llevándose con el mismo entusiasmo, a fines de febrero de 1908 estarán plantados los 100, 000, 000; la obra más notable de silvicultura moderna habrá terminado y lo que era antes un país triste y árido. Será un bosque frondoso, sin igual en el mundo, ni en tamaño ni en riqueza (^{Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 1908c}).

Como se mencionó, en México se imitaron algunas estrategias forestales, como la vegetación de dunas y forestación para salud pública, principalmente las generadas en las escuelas francesas. Por ejemplo, Miguel Ángel de Quevedo, durante el porfiriato, incentivó la plantación de Casuarina spp., para terminar con las tolvaneras que provocaban las dunas costeras al norte del puerto de Veracruz, y también secar sus pantanos que “generaban enfermedades”. Esto lo hizo porque quedó impresionado con las obras realizadas en el sudoeste de Francia donde, en 1778, el ingeniero Nicolas Brémontier, con base en forestaciones con ejemplares de pino marítimo (Pinus pinaster), buscó contener el avance de las dunas en la zona de La Teste, en Gascuña (^{Moussa 2001}). En el pensamiento forestal de la época, aún no se manejaban los conceptos de especies exóticas e invasoras, ni era prioritario mantener y propagar a los árboles nativos. De la misma manera, otros científicos en México ya escribían sobre las plantaciones y señalaban que:

Para terminar con las zonas de dunas, se debe utilizar al pino marítimo, ya que su resistencia a condiciones extremas son fundamentales para vegetar dunas, por ejemplo las dunas de gascuña y diversas zonas áridas con poca cubierta vegetal, igualmente esta especie funciona para desecar terrenos pantanosos, ya que tiene una capacidad elevada para absorber el agua del suelo (^{Frey 1908}, 11).

Aquí es pertinente señalar que la introducción del eucalipto en México ocurrió a inicios del porfiriato. Esto se realizó de acuerdo con las investigaciones y aplicaciones sanitarias que se le adjudicaban en otras partes del mundo. En su estudio sobre los bosques, ^{Frey (1908}) menciona que la conservación de superficies forestales y la creación de plantaciones pueden traer beneficios. Hace referencia a algunas investigaciones realizadas en Argelia y Australia, que después influirían en las decisiones políticas nacionales y estatales:

La plantación extensiva a gran escala de eucaliptus, en muchas comunidades esencialmente pantanosas de esos países hicieron desaparecer por completo las fiebres palúdicas que asolaban esas regiones [...] El eucalipto también determina en sitios pantanosos una disminución en la cantidad de agua y favorece exponencialmente la formación de oxígeno durante el día lo que ayuda a sanear el aire. Así mismo, según algunos fisiólogos, el eucalipto emite a la atmosfera una serie de aceites esenciales que neutralizan los miasmas palúdicos difundidos en el aire (^{Frey 1908, 11}).

En esa época existían diversas posturas científicas que relacionaban las plantaciones forestales de algunas especies arbóreas con la mejora en las condiciones de salud pública. En este sentido, las investigaciones de Sonneschein, un climatólogo alemán que estudió la importancia del eucalipto en 50 comunidades de Argelia, reconoce que:

El eucalipto ejerce una influencia considerable en la salubridad pública, demostrada por completo en Argelia, pues en todos los sitios donde se ha plantado esta especie, ha disminuido la frecuencia e intensidad de fiebres intermitentes. Los terrenos incultos y pantanosos se han saneado y transformado con grandes beneficios para la colonización de Argelia (^{Frey 1908, 12}).

Con base en estos antecedentes, durante el Congreso médico mexicano, realizado en San Luis Potosí, en 1894, se creó la comisión de higiene para unificar las leyes sanitarias en toda la república. De ésta emanó la iniciativa de introducir el eucalipto en México, como remedio a las epidemias de fiebre amarilla y paludismo, que azotaban las regiones de clima tropical, como las costas del golfo, y el tifo que atacaba con fuerza en el valle de México (^{Carrillo 2002}); ahí se impulsó la plantación masiva de eucaliptos con el fin de sanear la ciudad y reducir los casos de enfermedades. Uno de los actores principales de su introducción fue el doctor De Bellina, cuyo estudio señala que los accidentes palustres causaban las degradaciones sanitarias, y que la escasez de drenajes provocaba el estancamiento de aguas. Para combatir las enfermedades era necesario desecar las zonas pantanosas y plantar hileras de árboles. El doctor De Bellina recomendaba usar eucaliptos de la especie Eucaliptus gobulus, que ya se habían empleado con éxito en Argelia, Barcelona y Cádiz. Según los cálculos, el doctor recomendaba a las autoridades plantar 52 600 000 árboles para sanear el valle de México (^{Hinke 2000}).

El doctor N. Sousa (1908) en su publicación “Tres árboles notables” también menciona la introducción de otras especies, como el árbol del huevo “akki” o “aquí”, de origen brasileño e introducido a México en Yucatán por el señor Felipe Ibarra y de Regil, quien se propuso extender su cultivo, y hasta esa fecha ya había más de sesenta árboles plantados (Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, enerodiciembre 1908d). Pero no se mencionó el uso, o motivo por el cual fueron introducidos.

Por su parte, el gobierno porfiriano buscó describir los recursos naturales en México, sobre todo para fines económicos. El entonces ministro de Fomento, el general Vicente Riva Palacio, puso en marcha el Departamento de Cartografía, encabezado por el licenciado Manuel Orozco y Berra, y decretó la creación de la Comisión Geográfico-Exploradora, el 13 de diciembre de 1877 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo fundamental de la Comisión era levantar la Carta General de la República Mexicana:

[...] aplicando todo el conocimiento y rigor científico necesario, mediante la exploración exhaustiva del territorio nacional, abarcando sus reinos mineral, animal y vegetal a fin de establecer, con mayor precisión, la magnitud y distribución geográfica de sus recursos naturales [...] (^{INEGI 1999, 47}).

En 1908, la Secretaría de Gobernación solicitó a los estados de la república información de la flora y fauna para formar la geografía botánica y zoológica del país, objetivo encomendado por la Comisión Exploradora de la Flora y Fauna Nacionales. No obstante, algunos, como Baja California señalaron que:

En respuesta a esta solicitud el distrito carece de los rudimentarios conocimientos que requiere la producción de datos como los que se solicitan. Sin embargo, se añade información de personas conocedoras de esta basta y desierta región, por lo que se solicita reciba con indulgencia las deficiencias que encierra. Se realiza un informe general sobre las especies domésticas y silvestres de flora y fauna, así como su distribución en el territorio.²

Durante el gobierno del general Porfirio Díaz se tomaron decisiones sobre los bosques, y se llevaron a cabo acciones e inacciones nacionales centradas en la explotación de los recursos forestales con fines económicos, así como en algunas medidas de sanidad que favorecieron a la plantación e introducción de especies arbóreas exóticas. En contraste, las prácticas de preservación de los bosques originarios fueron incipientes y poco exitosas. Estas intervenciones se replicaron en mayor o menor medida en los estados y, por ende, tuvieron efectos locales.

Las políticas forestales en San Luis Potosí durante el porfiriato

Hay poca evidencia documental sobre las políticas forestales en SLP durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Las fuentes encontradas señalan que los objetivos de las medidas implantadas fueron comerciales y económicos, y fueron menos las decisiones tomadas y las acciones implementadas con fines estéticos, de salud pública o prevención de riesgos naturales en el territorio potosino. Estas intervenciones se dirigieron al embellecimiento de las ciudades; se buscó plantar árboles y arbustos en avenidas, parques y jardines en las cabeceras municipales y la capital del estado. Como se menciona en las memorias de gobierno, el general Blas Escontría (1898-1899) procuró sembrar fresnos, truenos y canelos. También se plantaron árboles para prevenir desastres naturales en las unidades administrativas a las que se dominaban “partidos”. En los informes de gastos y recaudación, se encontró que el partido de Ciudad del Maíz, para 1891, había invertido recursos para “obras de defensa de piedra y siembra de árboles en la playa del río del pueblo para prevenir inundaciones” (^{Gobierno del Estado de San Luis Potosí 1898-1899}).

^{Monroy y Calvillo (1997)} apuntan que personajes de la época, como el poeta Manuel José Othón, influenciados por la observación de Manuel Puga y Acal, señalaba la carencia de poetas mexicanos que le cantaran a la naturaleza. El 21 de abril de 1891 Othón publicó, en el periódico El Estandarte, su poema Himno a los bosques. Estas perspectivas idealistas y poéticas sobre los bosques sólo estaban focalizadas en un sector reducido de la población potosina, y se veían ensombrecidas por el rápido crecimiento demográfico y económico del estado sustentado en las nuevas tecnologías, que facilitaban la trasportación de personas y bienes. El establecimiento del ferrocarril, para conectar San Luis-México-Nuevo Laredo, y San Luis Potosí-Tampico, fue el motor principal para los procesos de colonización y explotación forestal durante este periodo (Monroy y Calvillo 1997; ^{De González 1990}).

La construcción del ferrocarril se inició en febrero de 1878, fecha en que se realizó el contrato entre los gobiernos federal y de SLP, para que partiera de la capital del estado hasta Tampico. En 1890 se realizaron los primeros recorridos por la Huasteca potosina y para 1905 la entidad ya contaba con 900 km de vías férreas (^{De González 1991}). Según narra ^{Cabrera (1876)}, para 1873 los elementos dominantes del paisaje en la Huasteca eran bosques inmensos, ya que estos territorios sólo contaban con poblaciones reducidas cuyas actividades económicas se limitaban al sector primario a pequeña escala.

Con la llegada del ferrocarril se incrementó la demanda de leña para abastecer las calderas de la locomotora, así como madera para durmientes, construcción de estaciones, postes para telégrafos y otras infraestructuras. El andar de la máquina permitió también el aumento poblacional con las nuevas colonizaciones, lo que incentivó los desmontes. Las comunidades más numerosas, las haciendas, las fábricas y las minas de la región demandaban cada vez más madera de los bosques circunvecinos, para satisfacer sus necesidades energéticas y de materias primas.

Algunos colonos nuevos de la Huasteca expusieron la ardua labor que representaba la apertura de predios, sobre todo en las zonas con bosques:

[...] en los suelos vírgenes no hay tanta prosperidad y se necesita mucho trabajo para hacerlos rendir. Los terrenos en pradera rinden con más prontitud por su profundidad y cantidad de humus, pero la mayor cantidad de haciendas y ranchos que se estaban formando en tierras vírgenes, no se encuentran en praderas, pues se les está arrancando a los bosques con una gran cantidad de trabajo. El hombre que intenta sacar una hacienda de una sección de terreno que ha sido bosque por muchos años emprende una tarea colosal. Es cierto que compra barato, pero lo barato sólo está en el precio inicial, que pago él, mas después descubre que tiene que pagar muchos pesos por cada acre en trabajos que hay que darles año tras año. Se necesita mucho trabajo para cambiar un suelo lleno de troncos en tierra arable, sin que quede una sola raíz que entorpezca el avance del arado [...] El que compra un pedazo de bosque o de tierra llena de troncos debe entender en el trabajo en que se meten. Así es que si la emprenden deben tener en cuenta esto, para que no se fíen tanto (^{Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 1908a}).

En respuesta a los procesos de colonización desordenados en los que incurrían las empresas deslindadoras, además de la fuerte presión generada por los colonos nuevos sobre los recursos maderables, el gobierno de Díaz promulgó, en 1894, la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos y Nacionales, seguida de un reglamento de Explotación de Bosques, Terrenos Baldíos y Nacionales. Aunque, no se localizó evidencia documental que indique que en SLP se respetaran estas disposiciones. También existe un vacío de información sobre la tala ilegal y los cambios de cubierta vegetal.

El fomento a la colonización y a la mercantilización de la tierra, por parte del Estado, provocó grandes latifundios como la hacienda de Rascón, con 465 075 ha; la hacienda de la Angostura, en Rioverde, propiedad de los hermanos Espinosa y Cuevas, con 178 050 ha; la hacienda de Illescas, en el norte del estado, con 245 786 has, de Hermenegildo Gutiérrez y la de Guanamé alcanzaba las 251 051 ha, propiedad de Mariano Hernández Cevallos; 80 por ciento de los habitantes de la entidad vivía en el campo y 98 de las familias campesinas carecía de tierras (^{Monroy y Calvillo 1997}).

A finales del siglo XIX se encontraba muy difundida la visión de acaparamiento y explotación de las tierras “ociosas”. Estas posturas liberales propiciaron que los bosques fueran idealizados como proveedores de materia prima y productos. Así se otorgaron numerosas concesiones para la explotación forestal con fines económicos, por ejemplo, al ingeniero Felix Díaz se le autorizó la explotación de los bosques en terrenos nacionales en los partidos de Ciudad del Maíz e Hidalgo, en SLP. En el contrato se enmarcaba que:

Artículo 5, para las explotaciones a que este contrato se refiere, el concesionario se sujetará a las prescripciones reglamentarias vigentes para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales y a las disposiciones que dicte la Secretaría de Fomento con el fin de evitar la destrucción de los bosques y otros productos y asegurar su conservación y mejoramiento [...] Artículo 6, el ejecutivo vigilará por medio de sus inspectores, los trabajos de explotación que el concesionario establezca en los terrenos de que se trata [...] El concesionario perseguirá y apresará por medio de sus agentes a los explotadores fraudulentos de sus productos del terreno que se arriende y los consignará a la autoridad judicial [...] El concesionario remitirá anualmente a la Secretaría de Fomento un informe que contenga todos los datos estadísticos relativos a la explotación de los productos a que se refiere este contrato [...] Art.12 [...] al practicar la remedición se anotarán en el plano respectivo las superficies que cada uno de los poseedores señale como suyas, haciendo constar la conformidad de sus colindantes [...] Art.13 los trabajos de remediación y fraccionamiento, empezará a los dos meses de prolongado este contrato (^{Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 1908d}).

Como se observa, el contrato le daba facultades al concesionario para contratar agentes que pudieran arrestar a las personas que llegasen a deforestar de manera ilegal en la zona arrendada. Algunos artículos del contrato eran discordantes, por un lado mencionaban la remediación de la zona de explotación y, por el otro, su fraccionamiento para una posible urbanización. En ambos casos, la información documental es escasa y no se puede constatar la presencia de supervisores enviados por el gobierno para regular las explotaciones forestales con y sin concesión.

También se encontraron otras concesiones, proporcionadas por el Ejecutivo, para el abastecimiento de leña de mezquite a fábricas de la ciudad de San Luis Potosí, y la explotación de madera para la elaboración de durmientes.También fue el caso de la empresa Moctezuma Rubler Company, que buscaba la extracción de una sustancia similar al caucho, de la planta llamada guayule (Parthenium argentatum).

Entre las estrategias de la Secretaría de Hacienda de SLP estaba la recaudación de impuestos por el uso y explotación de madera para leña. Las empresas usuarias de esta materia prima tenían que pagar un impuesto dependiendo de la cantidad utilizada. El gobierno del estado estableció que “se cobrará un impuesto de 001 a la venta de leña superior a 100 kilos” (^{Periódico Oficial de San Luis Potosí 1909}). No obstante, esto no se aplicaba a todas las empresas, a algunas se les condonaban los pagos de impuestos hasta por diez o quince años. Este fue el caso de Jorge Unna y Compañía y de Iturri, James y Pachal para sus molinos de harina y la Cervecería de San Luis, de Adolfo Margain, quien después entraría en un conflicto legal con el ayuntamiento porque no se respetó el convenio, y se le solicitó el pago del impuesto por la leña. Los hacendados beneficiados por las empresas deslindadoras también vieron en sus recursos madereros la oportunidad de generar dinero, como la hacienda de Peotillos, de 197 389 hectáreas. Sus dueños, los señores Ibarra, realizaron un contrato de compraventa de leña de mezquite por más de 75 mil toneladas a favor de don Vicente Irizar, que fue protocolizado por el licenciado Mariano Palau, en enero de 1880 (^{De González 1991}). Esto equivalía a cientos de miles de árboles cortados, cuyo volumen representaba la deforestación de casi toda la superficie de la hacienda. A pesar del gran perjuicio que ocasionó esta concesión, aún no se contaba con leyes ni mecanismos institucionales que obligaran la remediación o reforestación de la zona. Según las memorias presentadas al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, redactadas por el gobernador sustituto, ingeniero José M. Espinosa y Cuevas, relativas a la administración de 1903 a 1907, la explotación de maderas procedentes de la Huasteca y la zona media ascendía a 379 522 pesos en 1904; 194 949, en 1905; 174 117, en 1906 y 221 196 para 1907. Además, indicaba que en el ferrocarril que circulaba por San Luis Potosí se traficaban artículos de las actividades de extracción, incluidos los productos maderables: 43 301 kg de piedra caliza, 49 174 kg de piedra mineral, 15 368 kg de leña; cáscara de encino, durmientes y madera.

En la Dirección General de Estadísticas de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria se encontró que, en el municipio de San Luis Potosí y áreas circunvecinas se explotaban, a inicios del siglo XX, maderas de mezquite y pino -cuya altura era entre 8 y 12 metros-, encino, perú, nogal, morena, sauz y olmos. En la Huasteca potosina se extraían maderas preciosas como cedro, caoba y ébano, estos recursos eran ofertados en el mercado internacional.

Tras la muerte de Blas Escontría y Bustamante, el gobernador sustituto, ingeniero José M. Espinosa y Cuevas (1903 a 1911), influenciado por el entorno nacional y al desconocer los objetivos conservacionistas de la Junta Central de Bosques, expresó el deseo de mejorar y aumentar las explotaciones forestales, por lo que, en su gobierno se decidió “estimular” a los propietarios para que emprendieran los estudios y experimentos correspondientes, y al efecto organizó una corporación a la cual llamó la Junta Local de Bosques del Estado de San Luis Potosí, que quedó instalada el 30 de noviembre de 1905, en réplica de la Junta Central de los Bosques, fundada por Miguel Ángel de Quevedo y otros personajes. Pero no se localizaron documentos que pudieran dar indicios sobre los nombres o el número de sus integrantes y funciones o manera de operar, y menos acerca de su repercusión política. Además, se desconoce si ésta, al igual que la Junta Central de Bosques pasó a ser una agencia oficial en el estado. Asimismo, vale la pena subrayar que durante los primeros cinco años del siglo XX, el grupo de científicos que formaba la Junta Central de los Bosques había conseguido influir en las decisiones del gobierno porfirista, y el reflejo de ello fue el establecimiento de juntas locales en los estados, además de incentivar, en las administraciones estatales, la generación de datos estadísticos sobre la producción y explotación de madera.

Sin embargo, el inicio de este y otros movimientos conservacionistas fue débil en SLP y, en contraste, la explotación forestal continuó con muy pocas restricciones. La visión de que los bosques sólo eran proveedores de materias primas se encontraba muy arraigada en el ideal de la población. Esto se refleja en las estrategias nulas del Estado para la conservación y manejo de áreas boscosas en la entidad durante el periodo de estudio.Ya que fue hasta la posrevolución cuando Miguel Ángel de Quevedo, jefe del Departamento Forestal, de Caza y Pesca (^{De la Maza 1999}), logró, de manera tardía, que el presidente Álvaro Obregón firmara decretos para la conservación de superficies boscosas en el estado. La primera área natural protegida fue la Reserva Forestal Nacional ‘Porción Boscosa de Xilitla’ del estado de San Luis Potosí, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 noviembre de 1923, junto a otras superficies forestales del país. A pesar de los argumentos y esfuerzos de Quevedo por mantener el dominio y resguardo de la tierra en manos del Estado, además de solicitar al gobierno recursos monetarios e institucionales dirigidos a las “áreas protegidas”, sus demandas no fueron escuchadas y la tierra se repartió entre los nacientes ejidos. Estos espacios naturales, al carecer de toda protección institucional federal y local, aun en la actualidad se les considera “parques de papel”.