La lucha por el agua como arena política

Desde que se establecieron las políticas de desarrollo en el siglo pasado, tanto los Estados como los grupos económicos y de poder les han asignado un lugar en la división nacional e internacional de los sistemas de producción a las regiones conformadas por países, o zonas dentro de éstos. Así, las regiones que se encuentran en la periferia de los países periféricos se han articulado al sistema de producción, en este caso capitalista, sobre todo como proveedoras de materias primas, que deben suministrarles energía, por ejemplo, a otras grandes que se están industrializando o que ya lo están y, a cambio, recibir supuestos beneficios por ocupar este lugar. Es sabido que así es como el sistema capitalista, en su modalidad neoliberal busca, con mayor insistencia y más tecnología, fuentes nuevas de abastecimiento de materias primas y energía. Estos procesos no son originales de la etapa actual de la historia económica de las sociedades del planeta, aunque sí sus particularidades (^{Palerm 1972, 16-18}).

Las minas, la energía y el agua son fuentes de insumos cada vez más codiciados para la industria. Y con los avances tecnológicos actuales, zonas que antes eran meras reservas naturales en donde vivían grupos humanos marginales, hoy se han convertido en lugares a donde debe llegar cierta propuesta de desarrollo. De esta manera, con el paso del tiempo, las regiones indígenas, como la que se analiza aquí, ven trastocada su cotidianidad y formas de vida con la llegada de carreteras, ferrocarriles, puentes, embalses artificiales, minas y puertos. Estas acciones constituyen procesos de despojo de espacios territoriales que, por necesidades de reproducción del sistema capitalista, se han vuelto proveedores de recursos naturales o de mano de obra barata (^{Palerm 1972, 39}).

En este contexto, como lo señalan ^{Duarte et al. (2015, 200)} , “los grandes proyectos hidroeléctricos nacen en su mayoría de una coyuntura internacional y una demanda energética específica de grandes consorcios empresariales e industriales principalmente”. Y, al igual que estos autores, aquí también surge la pregunta de ¿cuáles son los efectos de estos proyectos para las macroregiones (países) o mesoregiones como la que se revisa? Las evidencias muestran que los efectos son contrarios a la cultura y las formas de sobrevivencia de los pueblos ribereños. “Pero no son los únicos afectados, las hidroeléctricas generan un aumento de las inequidades sociales y ambientales a varias escalas, puesto que los impactos y los beneficios se distribuyen de manera profundamente desigual” (^{Duarte et al. 2015, 200}).

Sin embargo, los gobiernos y corporaciones privadas presentan estos proyectos bajo el supuesto de un interés nacional y multinacional; así se argumenta la importancia de intereses superiores a los locales que, según estos discursos desarrollistas, no serán sacrificados sino atendidos y cubiertos por uno de bien común, que entrelazará los intereses de las comunidades pequeñas con los nacionales, en términos de desarrollo regional (^{Palerm 1972, 39}) y mundial, como la aportación a la disminución del calentamiento global.

En ese sentido, cuando aquí se habla de los efectos de las propuestas e intervenciones para el desarrollo, siempre se entenderá que existen discursos que, construidos desde una perspectiva particular (estatal, empresarial, nacional o trasnacional, de clase o de grupo), ofrecen un diagnóstico de los problemas y sus soluciones, y así se constituyen en justificaciones de modos de explotación poscoloniales.¹ A su vez, estos discursos justificatorios y fundacionales de las intervenciones para el desarrollo plantan “las semillas de contra-discursos desde ‘abajo’ que (desafiarán) los puntos de vista establecidos y (promueven) ‘alternativas al desarrollo’” (^{Long 2007, 113}). Estas manifestaciones discursivas nunca aparecen en un vacío político, su existencia y antagonismo se comprende cuando hay una disputa que se tendrá que presentar no sólo como disenso entre algunos grupos, sino como

conflicto, (que) surgirá como manifestación, cuando se intente desplazar a otro grupo social de la posesión o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas […] la lucha para la ejecución o realización de unos intereses en desmedro de otros o por la imposición de determinados valores o ciertas creencias sobre otras generan un campo de separación que impide la convergencia entre los individuos y grupos sociales en confrontación (^{Silva 2008, 32}).

Una situación de conflicto se entiende como aquélla donde hay luchas y tensiones entre actores sociales y políticos por el control y acceso a recursos escasos o estratégicos como el agua, por ejemplo; pero en este caso surge en las relaciones Estado-sociedad

donde los conflictos emergen de dichas relaciones y dan lugar a la estructuración de organizaciones o grupos sociales […] los cuales generan formas de acción colectiva que son histórica y sociológicamente distintivas y tienen poder porque desafían a sus oponentes, despiertan solidaridad y cobran significado en el seno de determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas (^{Tarrow 1994, 20}). Todo lo anterior ocurre en presencia de elementos de tensión social y conflicto que surgen en el marco de la lucha social. Así, la acción colectiva es una de las expresiones del conflicto en la estructura social (^{Zamora 2010, 16-17}).

Queda así establecido el campo social en donde se dan esfuerzos conjuntos de grupos o también organizativos, de mayor envergadura, o del accionar de las instituciones, que no siempre se presentan en un orden preciso, como podría ser el de los buenos y los malos, o de los que tienen la razón y los que no, más bien lo que surge es

un patrón de relaciones sociales, y la existencia y distribución de recursos permiten ciertas posibilidades organizativas, cualquier orden que de hecho emerge en el campo social es el resultado de luchas y negociaciones y acomodamientos entre los grupos en competencia. En ciertas instancias, particularmente en los escenarios socio-ecológicos, los grupos contendientes deberán también, por supuesto, incluir las poblaciones animales y vegetales (^{Long 2007, 443}).

En este caso hay movimientos marcadamente sociales, que se

fundamentan en defender la naturaleza o el medio ambiente por ser, estas, fuentes de sustento, supervivencia y referente de identidad cultural […] Los movimientos sociales son una expresión de los conflictos […] de las luchas por el acceso y por la distribución de los recursos y los servicios ambientales determinados por (y desde) los regímenes individualistas liberales (^{Castro 2015, 259}).

Así, los pueblos y las organizaciones se enfrentan a un posible despojo que comienza cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone cambiar el flujo del río, y le impone a la población un proyecto mediante discursos de bien común y desarrollo. Entonces, la resistencia toma forma de acción colectiva, cuya direccionalidad se conformará paulatinamente en torno a los derechos territoriales y la defensa de los medios de vida y la cultura, “la crítica a los proyectos de construcción de presas supone una dura y difícil batalla contra el poder del Estado, batalla casi siempre imposible de ganar” (Goldsmith y Hildyard 1992, citado en ^{Gómez 2010, 35}). Esto es, lo que en la introducción del libro de Michel ^{Marié (2004)}, Cirelli y Peña apuntan como la “hidráulica incremental”, lo que Marié definió como “la expresión de ese proceso de fricciones, negociaciones y arreglos entre las agencias que diseñan los grandes planes y una diversidad de actores locales, que terminan modificando lo planeado” (2004, 12).

La construcción de la presa Paso de la Reina se inserta en una problemática mayor, la de los grandes proyectos de infraestructura impulsados por los gobiernos mexicanos de los siglos XX y XXI y se ajusta, por sus características, a lo descrito por los autores citados. El objetivo de este trabajo es hacer visible el devenir de este conflicto social, a través de la exposición de los discursos de los principales actores involucrados en él, no sólo de los expuestos tradicionalmente, sino de uno pocas veces abordado, el de la Iglesia católica. Esta visibilización permite conocer de primera mano las posturas en torno al proyecto, sus particularidades, las alianzas entre los actores y las acciones de los grupos sociales, y es un ejemplo del modo en que el capitalismo pretende avanzar en su periodo actual y la forma en que las sociedades rurales le están oponiendo resistencia.

El acercamiento al caso se realizó a partir de técnicas etnográficas, como la observación directa en campo, la entrevista informal y a profundidad, la revisión bibliográfica y hemerográfica, así como la recolección de documentos escritos por los actores en el conflicto descrito y revisado aquí. La atención se centró en los pueblos indígenas y mestizos de la zona que enfrentan situaciones nuevas, buscando resaltar “cómo estos actores desafían los regímenes de verdad desarrollistas” (^{Escobar 2012, 25}).

El trabajo de campo abarcó de noviembre de 2013 a marzo de 2014. En el primer acercamiento se entrevistó al maestro Rubén Langle y al doctor Salomón Nahmad, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Pacífico Sur (CIESAS) quienes, entre 2006 y 2010, realizaron estudios sobre las comunidades que quedan involucradas en el proyecto de la presa, por encargo de la CFE. También se conversó con Salomón Jara, exsenador y exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura de Oaxaca. Asimismo, se entrevistó a personas de las organizaciones no gubernamentales (ONG), de Servicios para una Educación Alternativa, A. C. (EDUCA) y La Ventana, A. C., que apoyan las actividades de las comunidades del Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y a miembros de esa organización, así como a actores políticos regionales, como la diputada local Delfina Guzmán Díaz e integrantes del personal de la CFE; estos últimos solicitaron que se omitieran sus nombres en el informe de investigación. En febrero de 2014, en la comunidad de Paso de la Reina se organizó una entrevista colectiva con las autoridades ejidales, los líderes locales y con los líderes de las comunidades de base de las parroquias de Jamiltepec, al igual que con religiosas que realizan labores comunitarias. En el marco de las actividades del COPUDEVER, del 14 de marzo en Jamiltepec, Oaxaca, durante la conmemoración del Día Mundial de Acción Contra las Represas, se entrevistó al dirigente, y se grabaron los discursos de los líderes de las comunidades afiliadas al consejo, referentes al conflicto generado por el proyecto hidroeléctrico.

La construcción de la presa, programada para 2008

En la región Costa de Oaxaca se ha vivido una situación tensa y de conflicto social, provocada por la propuesta de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de construir una represa en el río Verde, a la altura del ejido Paso de la Reina, municipio de Jamiltepec. La disputa se puede caracterizar a través de las acciones de los actores sociales y políticos, que reaccionan conforme aparecen los anuncios e informaciones de la CFE respecto a la construcción de la presa, y los han recibido de maneras distintas; algunas comunidades los han criticado, pues está previsto que serán perjudicadas por el embalse.

De acuerdo con los datos obtenidos en campo, se constató la tensión que hay y ha existido entre los actores sociales y políticos por la expectativa de la posible puesta en marcha del Proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina (PAHUMPRO), señalado por la CFE como una propuesta de desarrollo para la región. La empresa ha ofrecido una serie de beneficios directos e indirectos a la población de las comunidades y municipios que resultarán afectados por la obra, que van desde la creación de 5 mil empleos, caminos, electrificación y hospitales, hasta el desarrollo de proyectos turísticos y de pesquería.

En el informe público “Paso de la Reina”, de ^{EDUCA (2013)}, se señala que: “En el año 2008 la CFE declara que: La cortina de la presa va a medir 155 metros, con una inversión de mil cien millones de dólares […] y que se va a construir otra presa en el río Verde denominada Presa de Cambio de Régimen que afectará a las comunidades de San Pedro Tututepec, Santa Cruz y Paso de la Reina en un total de 220 hectáreas”. Estos datos los ratificó la CFE en un documento de 2013, donde se reconoce que originalmente la cortina de la presa sería de 190 metros de altura, pero en respuesta al diálogo con la comunidad de Santiago Ixtayutla, y para no dañar el territorio de ese municipio, será de 147 metros para la presa de la central hidroeléctrica y de 20 metros en la de Cambio de Régimen, en una superficie de 2 468 hectáreas: 1 958 del embalse; 290 de la presa de Cambio de Régimen² y 220 de la obra civil, que incidirá en territorios de poblaciones indígenas chatinos, mixtecos, morenos o afromexicanos y de mestizos,³ en ocho núcleos agrarios de los municipios de Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Tataltpec de Valdés y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. La CFE señala que son 14 comunidades involucradas, con ocupación de tierra para el embalse y zona de obra civil, en una superficie deshabitada, por lo que no habrá desplazamientos de poblados, y se considera que son tierras improductivas.

Es importante subrayar [establece la CFE] que el territorio involucrado es casi en su totalidad una extensión encañonada compuesta por tierras de bajo o mínimo potencial productivo, la superficie a inundar se encuentra ya afectada ambientalmente (presenta deforestación avanzada y aumento de azolve del río) por las actividades productivas (ganadería y agricultura) desarrolladas por comunidades de la región […] (^{CFE 2013}).

Fuente: elaborado por Briseida López, del Programa Agua y Sociedad, de El Colegio de San Luis.

Figura 1 Ubicación de la región 

A partir de los anuncios de 2008, múltiples actores políticos y sociales conformaron un espacio social de enfrentamiento político cuyo epicentro fue una serie de acontecimientos, que despertaron el descontento de sectores de comuneros y ejidatarios de las comunidades y localidades que pueden resultar perjudicados por el proyecto.

La propuesta de desarrollo de infraestructura para la costa de Oaxaca

De acuerdo con la información recabada en campo, las causas del conflicto podrían ser los intereses que el proyecto pone en el entorno político de éste; en primer lugar los del Estado mexicano, representados por la CFE, y los de otros actores que, de una forma u otra, puedan estar vinculados, como empresas constructoras o personajes de la política que respaldan a la CFE. Entre estos últimos están quienes desde los ámbitos federal, estatal y municipal han apoyado abiertamente el proyecto, como el gobernador Ulises Ruiz (2004-2010) en su momento, y algunos presidentes municipales, aunque también hay opositores.

Vale la pena revisar lo que ha movido los intereses de los gobiernos de varios partidos hacia la costa chica de Oaxaca; los 52 años de monitoreo y estudios sobre el cauce del río Verde ponen de manifiesto el interés del Estado por aprovechar el agua que recibe esta región.

Desde que se diseñó e inició la instrumentación del Plan Puebla-Panamá, el PAHUMBRO fue incluido en los planes de infraestructura de la región mesoamericana, pero la construcción de la presa en la Costa de Oaxaca se consideró desde mucho antes, por las administraciones presidenciales de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y durante las del Partido Acción Nacional, de Vicente Fox (2000-2006), cuando se creó el Plan Puebla-Panamá, y de Felipe Calderón (2006-2012). En 2014, en el Programa Nacional de Infraestructura, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto estableció que:

En aras de promover el desarrollo regional y propiciar la industrialización y la mejora en las condiciones de vida de las comunidades de los estados que integran esta región,⁴ se tiene previsto financiar Proyectos Estratégicos [...] Por lo que se refiere a la CFE, se tiene contemplada una inversión de 110,000 mdp, que representa el 18.5% de la inversión de la empresa productiva eléctrica del Estado Mexicano. Entre los 23 Proyectos Estratégicos contemplados en la zona, destacan 6 centrales eléctricas eólicas en el estado de Oaxaca, las centrales hidroeléctricas de Nuevo Guerrero en el mismo estado, Paso de la Reina, Oaxaca, Chicoasén II y Tenosique, ambas en el estado de Chiapas (^{Estados Unidos Mexicanos 2014, 162}).

Después se informó que la CFE “alista la construcción de dos nuevas centrales hidroeléctricas que tendrán un costo de 17 mil 758.5 millones de pesos (alrededor de mil 366 millones de dólares a la paridad de junio de 2014). Las hidroeléctricas Paso de la Reina, que será construida en Oaxaca, y La Angostura II, en Chiapas, tendrán capacidad en conjunto para cubrir el equivalente a 1.5 veces la demanda de una ciudad como Nayarit y se prevé que entrarán en operación en 2020” (^{Cruz 2014}). Ambos proyectos se presentaron ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda en mayo de 2014.

De acuerdo con el Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur de la CFE, esta central costará alrededor de 13 mil 951 millones de pesos y tendrá una vida útil de al menos 50 años. Como parte del proceso de planificación, en el catálogo de proyectos del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE 2012-2026) se considera que el complejo conocido también como Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, entraría en operación en el 2020, ya que para concluir el proyecto serán necesarios 5 años de construcción (^{Cruz 2014}).

Lo cual anuncia que la construcción de la represa debería iniciar en 2015. Según la CFE, la ejecución de este proyecto requiere la

inversión por financiar de 11 mil 706, 42 millones de pesos (914 millones 56 mil dólares) más 2 mil 244.64 millones de pesos (175 millones 36 mil dólares) con recursos presupuestales, estos últimos corresponden a estudios y actividades previas necesarias para el desarrollo del proyecto. Se tiene previsto que la hidroeléctrica Paso de la Reina genere alrededor de 10 mil fuentes de empleos directos (sic) e indirectos. A la fecha se han concluido los estudios hidrológicos y la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la central energética. Sin embargo, la CFE licitará para las próximas semanas los estudios de pre inversión que son limitativos del nivel de estudio en que está el proyecto (factibilidad). En la siguiente etapa de estudio (diseños definitivos) será necesario ampliar algunos de ellos y llevar a cabo estudios adicionales, como los arqueológicos y derechos de vía, entre otros (^{Cruz 2014}).

La CFE arguye que la planeación del proyecto responde a acuerdos internacionales para disminuir el calentamiento global, y da seguimiento a lineamientos y recomendaciones internacionales y a leyes nacionales y estatales que fortalecen los derechos humanos y la identidad cultural de las comunidades involucradas, porque se promueve la participación ciudadana para impulsar el desarrollo social y humano de su territorio. Asimismo, argumenta que a corto plazo la construcción mejorará los servicios básicos y la infraestructura, además de contribuir a la economía local porque casi todos los insumos serán nacionales y del territorio involucrado, y también

impulsa su desarrollo socioeconómico propiciando una gran cantidad de mano de obra temporal (sic) (5000 empleos directos) y derrama económica (alrededor de 200 millones de dólares para el pago de mano de obra durante el periodo de construcción). A largo plazo el aprovechamiento de la captación de agua de lluvia (embalse) promueve el fortalecimiento de actividades productivas tradicionales (pesca, agricultura y ganadería) su diversificación e innovación (desarrollo de ecoturismo, proyectos de acuacultura) (^{CFE 2013}).⁵

La CFE establece que habrá un beneficio muy importante con la acumulación de agua y la regulación del caudal del río posibilitando “la conservación y aprovechamiento de la cuenca del río Verde, favoreciendo el desarrollo ambiental, social y económico de la región” (2013). Además, la empresa considera que el PAHUMBRO es una alternativa con capacidad de ampliar el distrito de riego #110 de 3 mil a 20 mil hectáreas, y abastecer de agua potable a 22 localidades o comunidades río abajo.

De esta forma, los gobiernos federales citados han puesto en marcha, ahora en asociación con intereses privados, iniciativas que violentan y modifican la vida cotidiana de poblaciones a las que se les propone un proyecto de desarrollo, impulsado por fuerzas e intereses ajenos a sus comunidades y a su región.

Los intereses de las comunidades y la respuesta de la CFE

De acuerdo con los testimonios recabados en campo y el material hemerográfico disponible, se constató que ante la propuesta de la CFE de construir la presa, comunidades y organizaciones solicitaron información y enviaron cartas a las autoridades estatales y federales y al presidente de la república, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria.⁶ Por otra parte, al parecer las acciones de información y consulta de la CFE no habrían facilitado el diálogo entre esta institución y las comunidades, lo cual las ha llevado a solicitar atención del Estado por medio de la resistencia pacífica y la manifestación pública (^{EDUCA 2013, 23-26}).⁷

Frente a estas demandas, y para buscar mayor presencia del proyecto, la CFE, a través del Centro de Anteproyectos del Pacífico Sur, en 2007 abrió la Oficina de Atención Social y Supervisión de Estudios (OASSE), para facilitar las labores de comunicación, investigación, gestión social, información y consulta al promover y aplicar las acciones siguientes:

La OASSE es el brazo ejecutor de las actividades de “la CFE en la zona, buscando conocer la factibilidad del proyecto y fortalecer la participación ciudadana en la colaboración para su diseño y en la obtención de diversos beneficios […] y contrarrestar las acciones de las diversas organizaciones detractoras del proyecto eléctrico” (^{CFE s/f a}).⁹

Desde la OASSE se continúan realizando los estudios de factibilidad y sesiones de información pública, como las que se reportan en diversos documentos que dan cuenta de “1 475 reuniones entre 2006 y 2010 como actividades de información y consulta con traductores de lengua chatina y mixteca cuando ha sido necesario”. Estos mismos reportes señalan que para 2011, fueron 1 800 y para septiembre de 2013 se habían celebrado 2 150 (con asambleas comunitarias, autoridades tradicionales indígenas, asambleas de ejidatarios o comuneros, representantes agrarios, autoridades municipales, sectores productivos, comunidades religiosas, centros educativos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, representantes de dependencias municipales, estatales y federales), así como “asambleas de información en las comunidades y haberse firmado acuerdos y permisos para los estudios de la CFE con varios comisariados ejidales y comunales de la región” (^{CFE 2013}).

La creación y actividades de la OASSE han estado acompañadas de polémicas, suspicacias y molestias de las comunidades de la cuenca. En diversas ocasiones se hicieron solicitudes de información a esta oficina, que no se atendieron, y se denunciaron manipulaciones y engaños a las autoridades comunales para obtener los acuerdos y permisos. ^{Hernández (2011)} reportó que en 2008 se incrementó el descontento, y varias comunidades se manifestaron en contra del proyecto. También señaló dos razones principales para ello: a) la CFE no había informado de la presa Cambio de Régimen, la cual inundaría tierras del ejido Paso de la Reina y b) la nueva composición política de la zona, con presidentes municipales quienes se pronunciaron a favor de las protestas de las comunidades.

Comunidades en defensa del río

Una circunstancia particular que incidió en la tensión entre las comunidades y la CFE fue la participación de la academia. Por iniciativa de la empresa, el CIESAS unidad Pacífico Sur realizó etnografías y estudios socioeconómicos, dirigidos por el antropólogo Salomón Nahmad, con la finalidad de conocer la situación en las comunidades, para mejorar las posibilidades de intervenir acertadamente en ellas con propuestas y proyectos más realistas que les beneficiaran. Sin embargo, la actuación de los académicos fue rechazada, ya que se señalaron como agentes al servicio de la CFE, que buscaban información para “engañar”¹⁰ a las comunidades.

En las entrevistas, tanto a los académicos como a las personas que participaron en estos trabajos, se constató que estos acontecimientos profundizaron la desconfianza de las comunidades opositoras, porque cuando solicitaron la información recabada en encuestas, observaciones y búsqueda documental sobre ellas, se les negó, con el argumento de que era “clasificada”. Sin embargo, también se comprobó que, según los académicos, hubo acciones de “agentes externos”, que sembraron dudas sobre sus acciones y, más que sus actividades, lo que generó descontento fue la suspicacia propagada por dichos agentes.

Para ese tiempo, tras una serie de diferencias en las estrategias de trabajo con el equipo de CFE, así como la negativa de las comunidades de los municipios de Tataltepec de Valdés y Zenzontepec para que se realizaran los estudios sociales, el CIESAS terminó su convenio con CFE. El nivel de confrontación en las comunidades era muy alto y el descontento iba en aumento, razón por la cual CIESAS resolvió respetar la decisión y la autonomía de las comunidades (^{Hernández 2011, 248}).

De acuerdo con ^{EDUCA (2013)}, la conformación del COPUDEVER responde a los reclamos de las comunidades y ejidos por obtener información fidedigna y completa sobre el proyecto y a las suspicacias que se despertaron sobre la actuación de la CFE en la región, sobre todo por los levantamientos topográficos y estudios de todo tipo realizados por la empresa a lo largo del río y en algunos espacios propiedad de las comunidades. De hecho, en uno de esos campamentos, en el ejido Paso de la Reina, ocurrió un incidente que involucró a personas del poblado, y provocó la reacción del ejido y del COPUDEVER, y el resultado fue que les cerraron el paso a los empleados de la CFE y expulsaron al personal de la empresa que realizaba los estudios (^{Vélez 2009}). Desde entonces el ejido Paso de la Reina mantiene muy controlado su territorio, e impide el paso de extraños de manera permanente.

La conformación del COPUDEVER fue una acción de las comunidades que serán afectadas por la construcción de la presa, que aglutinó de manera importante el movimiento de oposición a la obra, y recuperó también la organización y lucha de Ixtayutla que enfrentó, en primera instancia, el intento de la CFE por construir la presa en su territorio. La reseña siguiente versa sobre la creación del consejo, obtenida de uno de sus miembros, el 14 de marzo de 2014, durante una movilización realizada en Santiago Jamiltepec, para conmemorar el Día Internacional Contra las Represas.

Reseña del COPUDEVER, por Gaudencio Villanueva:¹¹

Hoy 14 de marzo día mundial contra la represas, estamos haciendo una vez más un rechazo contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.

Les voy a dar a conocer la reseña histórica de cómo empezó el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). Quiero decirles que desde los años 60 la CFE ha estado entrometiéndose en los territorios de los pueblos indígenas, de los ejidos y comunidades agrarias de los seis municipios que están en las riberas del río Verde acá en la parte baja de la costa. Desde ese entonces la CFE ha entrado a hacer estudios en el río sin el consentimiento de las comunidades, de los pueblos de las comunidades ribereñas, sabiendo que están violentando un derecho de las comunidades y que deberían pedir el permiso sin embargo no lo han hecho.

En el año 2006 el gobierno del estado hace público por medio del periódico de mayor circulación en el estado, la intención de construir una presa hidroeléctrica en el Paso de la Reina, un kilómetro arriba de la comunidad del mismo nombre. Esto incomoda aún más a las comunidades indígenas y los ejidos de los seis municipios que son Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés, y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Con el apoyo de asociaciones civiles aliadas, se empieza a investigar sobre las afectaciones que traería dicho proyecto por su gran magnitud, se empiezan a hacer reuniones y foros informativos en las comunidades, donde se da información sobre cuáles serían los alcances de dicho proyecto y los impactos sobre el medio ambiente y las comunidades que están en el margen del río. Sucesivamente se decide formar un grupo, mujeres y hombres de las comunidades, que serían representantes de cada uno de los pueblos y se decide formar un consejo que se le llama Consejo de Pueblo Unidos en Defensa del Río Verde y formalmente se forma en San José del Progreso en el año 2007. De ese entonces, este consejo que es de representantes de cada comunidad, se reúne periódicamente para seguir platicando sobre cuál sería […] cómo se organizaría, para hacer llegar toda la información a todas las comunidades ya que no todas las comunidades afectadas tenían el suficiente conocimiento.

Se decide que este consejo visitaría cada una de las comunidades que aún no están integradas llevándoles la información de cuáles serían los impactos de este proyecto que sería tan enorme. Este COPUDEVER desde entonces ha venido visitando todas las comunidades y ha logrado integrar a muchas más de las que aún no habían participado al inicio. Actualmente la mayoría de las comunidades de los seis municipios que están en las márgenes del río y aún a muchas comunidades y municipios de la costa, han logrado que participen y se unan al COPUDEVER, como ya se ha escuchado en la presentación de la comunidades que están aquí, que no son sólo de los seis municipios sino de toda la región de la costa.

El COPUDEVER hay que reconocer, que no ha participado en cien por ciento de las comunidades que están en las márgenes del río, aún hay una que otra comunidad que no se convence y no ha querido participar activamente.

Desde entonces el COPUDEVER no sólo ha estado con las comunidades, sino que también ha estado haciendo de manera jurídica algo al respecto. En estos municipios y ejidos se han hecho actas de asamblea donde se rechaza el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y estos documentos se han ido a presentar ante el gobierno federal, estatal y en todas las instancias involucradas, aun cuando oficialmente saben que las comunidades no quieren el proyecto, Comisión Federal de Electricidad ha estado entrometiéndose en las comunidades sin su consentimiento. En algunas comunidades gestionando obras sociales a cambio de que den el consentimiento y acepten el proyecto. Esto lo hemos denunciado cada vez que hemos hecho público nuestro rechazo total, en las marchas, en las conferencias y lo hemos dicho una y otra vez y aun así el gobierno sigue queriendo intimidar y hacer su gusto sin el consentimiento de las personas.

El consejo sigue luchando, y muestra de ello es que una vez más estamos haciendo público aquí en las oficinas de la CFE el rechazo total al proyecto. Entonces el Consejo ha tenido un trabajo incansable, porque consideramos que es una lucha justa, consideramos que todo lo que hay en la región es riqueza de los pueblos y que el gobierno nos lo quiere quitar, y eso no lo vamos a permitir. El consejo sigue buscando formas de que este proyecto no pase, como es esta acción que estamos haciendo hoy. El consejo se reúne cada dos meses para sesionar y ver qué ha pasado en las comunidades y seguir impulsando la defensa del río Verde. Entonces de manera jurídica y política hemos hecho algo para frenar este proyecto y consideramos que desde que se anunció el proyecto en 2006 y hasta ahorita estamos dando la batalla, porque, aunque el exgobernador Ulises Ruiz dijo que en 2010 pondrían la primera piedra, este es el momento que no acaban de terminar ni los estudios y nunca los van a terminar porque los pueblos no lo vamos a permitir. Entonces el Consejo sigue vivo y muy activo en este día 14 de marzo día mundial contra las represas. Gracias.

En el mismo sentido, en el documento “Por nuestro proyecto de vida. ¡No a la presa Paso de la Reina!”, el COPUDEVER planteó enfáticamente las razones por las cuales la presa no beneficia a los pueblos y comunidades:

Primero. Pretenden llevarse nuestros recursos naturales a otros países.

Segundo. Queremos conservar nuestras tradiciones, costumbres y sistemas normativos internos.

Tercero. Queremos preservar nuestra biodiversidad.

Cuarto. Queremos seguir cuidando nuestro río Verde que vierte sus verdes aguas al océano Pacífico. El Parque Nacional Lagunas de Chacahua es una reserva ecológica decretada por el gobierno federal en 1937.

Quinto. Lo más importante no queremos que esta presa contamine nuestras aguas porque sabemos que después de terminada la presa continuarán con la extracción de minerales en los municipios de Tataltepec y Zenzontepec.¹²

Es importante señalar que más allá de las declaraciones políticas, y tal como lo afirma ^{Hernández (2011, 245)}, en el COPUDEVER

también han esbozado una noción particular de desarrollo, construida con base en las necesidades de las comunidades y con la intervención de organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista y de derechos humanos. Su noción de desarrollo se sustenta en la declaración sobre el Derecho al Desarrollo, resaltando el artículo 2 que hace referencia a ‘la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación’, y que incluye el libre ejercicio a la ‘soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales’.

Apuestan al desarrollo sustentable de sus recursos (bosques, tierras y agua); al de técnicas agrícolas tradicionales y al impulso de la agricultura.

Las ONG y los maestros indígenas

En la reseña anterior, el miembro del consejo reconoce la relación con asociaciones aliadas, las cuales tienen una participación activa en la oposición al PAHUMBRO. Es así que destaca el trabajo de EDUCA, A. C., de La Ventana, A. C., del Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandii, A. C. y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

También han estado presentes ONG internacionales como Peace Brigades International, en 2010, y Servicio Internacional para la Paz, proyecto de observación internacional, que en los últimos años ha mantenido observadores en la región. Estas organizaciones han participado en los foros convocados por el COPUDEVER, como el Quinto foro por la defensa del agua, el territorio, y el desarrollo de los pueblos indígenas, en 2009,¹³ en coordinación con EDUCA A. C., La Ventana A. C.; el Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandi A. C., el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, la Comisión de la Diócesis de Puerto Escondido en Apoyo a los Pueblos del río Verde contra la Construcción de las Presas y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), realizado en Tataltepec de Valdés. El objetivo fue “fortalecer la articulación regional y las alianzas para tomar acciones conjuntas por la defensa de los recursos naturales”; asistieron también representantes de localidades y comunidades afectadas por la construcción de represas de Veracruz, Campeche, Tabasco, Guerrero y Jalisco, y establecieron una postura conjunta contra el proyecto de aprovechamiento hidráulico y del proceso de la CFE con las localidades y comunidades involucradas. Con este tipo de acciones, el Consejo de Pueblos Unidos establece contactos y alianzas con organizaciones de oposición a otras presas como La Parota y también con el MAPDER.

A la conformación del COPUDEVER le ha favorecido, de manera importante, la participación de profesores indígenas que trabajan y viven en la zona, y que pertenecen a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Éstos son parte de una elite gremial con influencia política en la región, con su apoyo definen muchas de las acciones de las comunidades en favor del Consejo de Pueblos Unidos. La CNTE en Oaxaca es un actor político cuya influencia es indudable, y su activismo es conocido por vincularse con toda clase de movimientos y organizaciones opositoras al gobierno.

En este caso, la presencia de la CNTE ha sido muy significativa en los foros del COPUDEVER; un ejemplo muy claro fue su participación en una movilización importante contra el PAHUMPRO, en diciembre de 2009, con una marcha para pedir el retiro de los campamentos de la CFE y las universidades que participaban en los estudios,¹⁴ y la cancelación del proyecto. A pesar de las contradicciones entre los datos oficiales y de quienes organizaron la marcha, se comprobó la asistencia de al menos cuatro mil personas, con una contribución numerosa de la CNTE y otras asociaciones civiles y religiosas (^{Hernández 2009a, 5}). El 14 de marzo de 2014, en la movilización realizada en Santiago Jamiltepec para conmemorar el Día Internacional Contra las Represas, se constató la participación solidaria de 12 delegaciones sindicales de la sección 22 de la CNTE con el COPUDEVER, lo que hace patente el vínculo entre ambas organizaciones.

Al respecto de toda esta movilización social, la ^{CFE (s/f b)} en el documento “La participación ciudadana como mecanismo para la toma de decisiones en la planeación del proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Unidos podemos dialogar y decidir”, el cual circuló como folleto informativo en los municipios afectados, consignó que:

Una institución religiosa, un sindicato magisterial y dos organizaciones de la sociedad civil ajenas a la región, hicieron alianza y crearon un Consejo para inducir el rechazo al proyecto, dándose a la labor de desinformar y confundir a la opinión pública entre 2007 y 2012 intentando impedir el diálogo de la CFE con el territorio (sic), violando derechos de pueblos e individuos a la libertad de tránsito, a la información, a la participación ciudadana, al desarrollo, a la consulta, al consentimiento libre y previamente informado e instalaron retenes de control de acceso, realizaron pintas, convocaron actores y organizaciones externas y divulgaron sus supuestas actividades de defensa del medio ambiente y los derechos humanos por radio, blogs, prensa impresa y digital. Del total de localidades involucradas con la realización de estudios, obtuvieron éxito parcial al imponer su postura en solo dos localidades.

De estas afirmaciones incluidas en dicho panfleto, es importante aclarar que la Iglesia católica ha sido la única institución religiosa en oponerse al PAHUMPRO y, en honor a la verdad, en ningún momento se encontró una alianza entre ésta, la CNTE y las ONG, para formar el COPUDEVER. Existen vínculos entre algunos miembros de la Iglesia, en particular de las comunidades eclesiales de base y EDUCA, A. C., pero de ahí a que se haya formado una alianza entre estos actores en contra de la CFE hay mucha diferencia.

En las comunidades afectadas por el PAHUMPRO viven los/las ejidatarias, los/las maestras, los/las comuneras, los sacerdotes y las religiosas y algunos agentes de desarrollo comunitario, que se han visto envueltos en una situación de tensión que ellos no provocaron, además muchos ya estaban ahí antes de 2008.

Un problema que incumbe a la Iglesia católica

Las poblaciones ubicadas en la región involucrada en la construcción de la presa forman parte de la diócesis de Puerto Escondido, fundada en 2003; su primer obispo fue Eduardo Cirilo Carmona Ortega, perteneciente a la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo, recibió parte de su formación en España y fue párroco en Los Ángeles, California. Lo nombraron obispo en 2003, y fue responsable de la Dimensión Pastoral para los Ministerios Laicales, en el seno de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Él se enteró de que los grupos eclesiales de base estaban involucrados en proyectos comunitarios y pastorales en toda la diócesis, y alentó su desarrollo como parte de la acción pastoral diocesana, tanto en las actividades impulsadas por los párrocos de diversas comunidades como en el trabajo de misioneras religiosas, que han apoyado la labor pastoral.

Los testimonios recabados en campo, con los actores de la pastoral, apuntan a señalar que antes de los acontecimientos que dieron origen al COPUDEVER, en 2007, la presencia de los grupos de las parroquias y las comunidades eclesiales ya era fuerte, y había un trabajo constante de los sacerdotes y las religiosas en la organización de las comunidades, inspirados en los principios de las doctrina social de la Iglesia y en la opción preferencial por los pobres; por toda la diócesis se realizaban labores de educación, ayuda social, desarrollo comunitario y evangelización. Al comenzar las movilizaciones de inconformidad frente a la posible realización del PAHUMPRO, párrocos como el de Jamiltepec, Pinotepa Nacional e Ixtayutla y más tarde el de Putla, entre otros, empezaron a cuestionar el proyecto y a encabezar reuniones de información y crítica acerca de él, junto con líderes comunitarios e incluso miembros de ayuntamientos. Esto fue el inicio de un movimiento de apoyo de las comunidades eclesiales de base a las iniciativas de los opositores en las localidades, quienes le informaron al obispo Carmona de la situación, y le pidieron su intervención a favor de ellas.

Sin duda, la Iglesia católica es clave en la conformación del campo político de oposición al PAHUMPRO; el activismo de sus fieles primero en las comunidades eclesiales de base y en el trabajo de los sacerdotes párrocos, y después con la oposición abierta de la diócesis de Puerto Escondido al proyecto de CFE, ha establecido el respaldo tácito a los reclamos y movilizaciones de los pueblos y del COPUDEVER, pero no en alianza con estos opositores, sino planteando una posición propia frente a la presa.

La diócesis de Puerto Escondido se opuso al proyecto en voz del obispo Carmona en primer lugar, quien en 2009 se manifestó públicamente en contra de éste. En una misa muy importante en el ejido Paso de la Reina, ante mil feligreses, dijo: “La presa Paso de la Reina no es un proyecto sustentable, sino una herida de muerte al río Verde”, y señaló que se estaba realizando esa ceremonia litúrgica de rogación “para acompañar y orar por nuestros hermanos que se ven sumergidos en una turbulencia generada por este proyecto hidroeléctrico, que de llegar a realizarse será una verdadera catástrofe ecológica” (^{Hernández 2009b, 5A}).¹⁵

En enero de 2013, Pedro Vázquez Villalobos fue nombrado II obispo de Puerto Escondido; provenía de la diócesis de San Juan de los Lagos, en donde fue vicario desde 2010, y sus actividades principales habían sido de tipo parroquial. A lo largo del primer año de su obispado, Vázquez no se pronunció respecto al asunto de la presa, aunque por testimonios de miembros de las comunidades eclesiales se sabe que algunos párrocos, religiosas y líderes de éstas le requirieron desde que llegó que se manifestara.¹⁶ El 5 de junio de 2014, el obispo hizo el siguiente pronunciamiento explicitando la posición de la diócesis en el conflicto.¹⁷

El obispo, sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral de la diócesis de Puerto Escondido, nos pronunciamos respecto del megaproyecto “Presa hidroeléctrica Paso de la Reina” que el gobierno federal pretende construir en territorio de los municipios de: Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

I.- NUESTRA REALIDAD

En este territorio se encuentran pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. Trabajando con ellos, hemos hecho una lectura verídica de la historia, por eso sabemos que ellos son los dueños legítimos de estas tierras y territorios; tienen grandes riquezas, pero no de las que se guardan en los bancos o cotizan en la bolsa de valores. Son los guardianes del agua, plantas, animales, y el territorio que habitan. Son descendientes de grandes culturas y tienen grandes valores como la fiesta y las lenguas que son parte de su identidad.

Han resistido a través de su organización, de su solidaridad, sus formas propias de participar, de consultar y generar acuerdos para el bien común; para ellos esa es la capacidad de decidir libremente sus destinos. Tienen el derecho a la tierra, al agua, al bosque para que sus hijos e hijas crezcan sanos, y con corazón alegre.

Son dueños de una profunda religiosidad popular, y por la lectura comunitaria de la Biblia saben que Dios es dueño de todo lo creado y les ha regalado a ellos esta naturaleza para que construyan un desarrollo humano comunitario digno, que heredan de generación en generación.

Por otra parte vemos también con preocupación que el gobierno federal, a través de un documento que comenzó a circular en las comunidades de la costa de Oaxaca, donde la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad lanza graves descalificaciones contra nuestro trabajo señalándonos de ajenos a la región y acusándonos de desinformar y confundir a la opinión pública. Este tipo de ataques construyen un entorno adverso para los defensores y defensoras de derechos humanos, agentes de pastoral y las comunidades de la diócesis y coloca en un grave riesgo su labor.

II.- NUESTRA MISIÓN COMO IGLESIA

El obispo, sacerdotes, religiosas, religiosos y agentes de pastoral, vivimos en los pueblos de las parroquias a los que somos encomendados, al vivir en estas tierras conocemos y nos damos cuenta de lo que sucede en ellas, nos duelen las injusticias, los abusos, la explotación de los más débiles, nuestra misión es trabajar por el Plan Salvador de Dios que alcanza a toda su creación, y lo que Dios se propone en su Palabra y en Jesucristo, es una norma y proyecto para todos sus hijos e hijas.

Interpelados por esa realidad nos alimentamos de la Palabra de Dios y de los documentos de la Iglesia, reflexionamos, discernimos y en comunidad nos abrimos a la acción de anunciar la Buena Nueva de Cristo, de denunciar lo que se opone a ella, para llamar a la Conversión. Esa es nuestra misión, no podemos renunciar a ella. Como Iglesia, hoy día es un imperativo ético, social, económico, ambiental y sobre todo religioso, muy urgente: la defensa de la vida y de la naturaleza. Somos conscientes que cuando cometemos algún crimen contra la naturaleza o contra algún ser humano, profanamos algo sagrado, herimos al mismo Dios Creador en su obra. Por lo tanto, toda lucha no-violenta contra toda forma de violación a la vida: humana y natural, es legítima, y es un deber de cada cristiano o persona de buena voluntad incluyendo en esto la defensa de los territorios y de los ríos, contra la construcción de grandes proyectos, como los hidroeléctricos en el caso de nosotros en esta diócesis.

III.- NUESTRO COMPROMISO

Al mismo tiempo, como Iglesia diocesana de Puerto Escondido reiteramos nuestra misión a: a). Evangelizar a nuestros pueblos para seguir descubriendo el don de la creación, sabiéndola contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta, a fin de ejercitar responsablemente el señorío humano sobre la tierra y sus recursos. b). Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredador y apoyarlas en sus esfuerzos para lograr una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos. c). Buscar un modelo de desarrollo alternativo integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana que se fundamenta en el evangelio de la justicia, de la solidaridad y el destino universal de los bienes y que supere la lógica utilitarista e individualista, a que nos somete los poderes económicos y tecnológicos.

En unión con los sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral firma nuestro obispo. Atentamente. + Pedro Vázquez Villalobos. II obispo de Puerto Escondido.

La importancia de este comunicado radica en que, para los miembros de las comunidades eclesiales, párrocos y misioneros, ya hay una posición abierta y clara del nuevo pastor de la diócesis, de que es necesario continuar oponiéndose a la presa. Por otra parte, también pone de manifiesto la inconformidad del obispado en cuanto a las acusaciones de la CFE acerca de las intenciones de la Iglesia católica de provocar y alimentar un movimiento antirepresa y de desinformar y desestabilizar a las comunidades con información falsa. ^{Hernández (2011, 208)} cita al ingeniero Bernabé González Camargo, responsable de la OASSE-CFE, quien señaló: “Estas organizaciones no gubernamentales o ONG´s y la misma Iglesia que se ha encargado de decir mucha información que no toda es cierta, pero sin embargo despierta la inquietud, entonces tenemos que darles información para darles tranquilidad respecto a esas preocupaciones que les puedan surgir”.

La CFE considera que la Iglesia está coludida en un complot internacional, cuya aviesa intención es dejar a México sumido en la dependencia y bajo el control de las grandes potencias mundiales, así se puede leer en este informe de la OASSE:

Continúan las actividades de la Comisión de la Diócesis de Puerto Escondido en Apoyo a los Pueblos del Río Verde contra la Construcción de las Presas, agrupación surgida de la diócesis de Puerto Escondido, en oposición del PAHUMPRO, con la apertura a la acción de los laicos dentro de la Iglesia católica promovida por los documentos del Concilio Vaticano II, se abre la posibilidad de que laicos actúen como agentes de pastoral en favor de sus hermanos de religión. Esto ha sido aprovechado por grupos de poder de países desarrollados para tener un brazo operativo permanente en países tercermundistas con el objetivo de beneficiar sus intereses socioeconómicos imperialistas, desde la desestabilización y sometimiento de gobiernos y poblaciones de naciones subdesarrolladas (s/f a).

De acuerdo con los documentos de la OASSE, se acusa a la Iglesia de ser un agente externo al servicio del imperialismo por una parte y, por otra, que es una institución que, al estar desesperada por mantener su feligresía y el control político y económico que esto le reporta, busca congraciarse con los movimientos sociales y desea presionar al gobierno para obtener prebendas a cambio de calmar las aguas para que se pueda construir la presa.¹⁸

La versión de los feligreses de las comunidades eclesiales y las misioneras que trabajan con ellos es que su participación y labor parte de las necesidades de estas poblaciones indígenas y negras, que viven en la marginación y la pobreza, que han sido engañadas y violentadas por gobiernos y cacicazgos, y que ahora se intenta despojarlas de sus recursos. Los testimonios recabados con una de las líderes más importantes de las comunidades de base y con las misioneras es que en muchos casos las localidades se encuentran abandonadas a su suerte,

como sucedió cuando entraron los huracanes Ingrid y Manuel [en septiembre de 2013] las comunidades de base fuimos las que llegamos a los ranchos más afectados y alejados, la gente no tenía que comer y estaban aislados, el gobierno ni sus luces, aquí los huracanes pegan muy fuerte y el río arrastra con todo, se imagina si ponen la presa y llega a llover así, se revienta y no quedaría nada.¹⁹

De partidos políticos y sus políticos regionales

Una descripción del campo político y de conflicto, formado por el proyecto de la presa Paso de la Reina y de los intereses en juego, quedaría incompleto sin dar cuenta de la participación del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se escindió y dio lugar al Movimiento de Regeneración Nacional, con gran presencia en la zona, y donde también algunos de sus miembros son preponderantes. La lucha entre estos dos partidos también ha estado marcada por el apoyo o la oposición al proyecto. ^{Hernández (2011)} da cuenta de cómo uno de los cacicazgos más prominentes de la región, protagonizado por la familia Iglesias vinculada al PRI, se convirtió en actor principal en el conflicto cuando uno de sus miembros, quien fue presidente municipal (2005-2007) y elegido también diputado local, apoyó abiertamente a la CFE e incluso llegó a amenazar a los ejidatarios de Paso de la Reina para que no se siguieran oponiendo a los trabajos de la empresa. EDUCA señala a Antonio Iglesias como el político local que se adjudica haber gestionado el proyecto, “con el apoyo del gobernador del estado y la anuencia de las comunidades, sobre todo de Paso de la Reina” (2013, 38-40). Entre 2007 y 2013, en Jamiltepec se sucedieron los gobiernos municipales de Prisciliano Ramírez y Gabriel Iglesias Meza, ambos a favor de la presa, y al segundo se le imputa haber amenazado a los ejidatarios de Paso de la Reina para que retiraran el puesto de control a la entrada de su territorio, que evitaba el ingreso de personal de la CFE (^{EDUCA 2013, 30}).

En el trabajo de campo se constató que los presidentes municipales, del PRD o del PRI, se han colocado a favor o en contra del proyecto dividiendo a las comunidades y utilizando al PAHUMPRO como bandera política, para prometer mejoras e infraestructura o para favorecer los intereses de las comunidades que no desean que se construya la presa, todo en busca del voto. La lucha en el terreno electoral está marcada por la intervención de la propuesta de la CFE, tal como lo reporta ^{Hernández (2011)} y se comprobó en campo; los políticos de la región se colocan en uno u otro grupo.

Así, en el lado opositor se encontraba la diputada federal Delfina Guzmán (2012-2015), quien manifestó tener grandes dudas sobre la viabilidad del proyecto y sobre la factibilidad de que la construcción fuera segura en la zona. También el presidente municipal de Villa de Tututepec, Eladio Reyes (2014-2016), quien fundó ECOSTA (Estrategia de Conservación y Desarrollo Comunitario en la Costa de Oaxaca) en 1993, una organización de la sociedad civil dedicada al mejoramiento del manejo y conservación de los recursos naturales en Oaxaca, con énfasis en agroecología, recursos naturales, desarrollo económico y formación de recursos humanos. Ambos políticos, vinculados a los partidos de izquierda, externaron su oposición a la presa, que se reforzó con la vinculación de algunos profesores indígenas de la CNTE de esa misma corriente.

La declaración de la comisión de difusión del XIX Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, otorgado a la comunidad Paso de la Reina en 2011, es un ejemplo de cómo la participación de los políticos locales ha generado mayor tensión entre la población.

Comunidad Paso de la Reina, defensores y defensoras del río Verde: comunidad ubicada en Jamiltepec, Oaxaca. A mediados de 2007 esta comunidad se ha organizado y participado activamente en la defensa del río Verde pues desde los años 60´s, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado diversos estudios para la construcción de una presa hidroeléctrica que afectaría a más de 40 comunidades de los pueblos indígenas chatinos y mixtecos, afro-mexicanos y mestizos. En 2006 se realizaron asambleas entre la CFE y las comunidades. En 2007 tras la auto-denominación del presidente municipal de Jamiltepec como “gestor de la presa”, la comunidad asumió la lucha de impedir la realización de dicha obra por no haberse tomado en cuenta sus derechos y por los riesgos que implica para ellos y las demás comunidades. En noviembre de 2008 esta comunidad se integró al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER). En el camino de esta lucha la comunidad Paso de la Reina, se ha articulado con otras luchas en nuestro país como son: El Consejo de Ejidos y Comunidades en contra de la Presa la Parota (CECOP), El Cajón en Nayarit, Arcediano y otras presas en Jalisco (MAPDER).²⁰

Conclusiones

En este trabajo se mostró cómo se producen las agresiones del sistema capitalista sobre espacios y territorios indígenas a través de elaboraciones ideológicas, conocidas como modelos de desarrollo y sus acciones consecuentes, que intentan enmascarar el extractivismo salvaje, la discriminación y la marginación a la que se ha sometido y se pretende someter a los territorios y pueblos originarios y mestizos del México rural, para despojarlos de sus sustratos naturales, sociales y culturales en nombre del progreso y de los “intereses y necesidades” de la nación (^{Berraondo 2007, 204-205}).

Desde la década de 1940, en la costa chica de Oaxaca se ha planteado la idea de “dominar” y aprovechar el río Verde, el principal de esta gran región del sur de México. Aun ahora, el gobierno mexicano sigue incluyendo en su plan de desarrollo de la infraestructura nacional la utilización de sus aguas para la generación de energía eléctrica.

En tanto que los pueblos mixtecos, chatinos, mestizos y afrodescendientes que habitan la región han mostrado de múltiples formas sus dudas acerca de las bondades del proyecto. Desde los años ochenta, Ixtayutla se opuso a la construcción de la presa en su territorio y en fecha más reciente muchos pueblos, entre los que por supuesto se incluye al ejido Paso de la Reina, han declarado su rechazo definitivo. Aquí se da cuenta de los procesos sociales y políticos que hablan de una intervención abierta y en muchos casos prepotente del gobierno sobre espacios y territorios indígenas, cuya fragilidad e importancia ambiental y social se ha puesto de manifiesto por diversos actores sociales, algunos de ellos acusados por la CFE de ser “agentes externos”, agitadores que pretenden boicotear el proyecto respondiendo a intereses oscuros opuestos al progreso de la nación.

Como segunda aportación de este trabajo, se presentaron algunos discursos (en declaraciones, publicaciones, volantes y de viva voz) emitidos por los representantes de los pueblos organizados en el movimiento contra la represa, el COPUDEVER y donde se aprecia cómo, en sus palabras, denuncian los atropellos a los que han sido y siguen siendo sometidos, y declaran su oposición a la obra. También se recuperaron y dieron a conocer discursos de otros actores que han participado en el conflicto, como las ONG, la Iglesia católica y la CFE, que contienen visiones distintas del desarrollo que actualmente rivalizan frente al proyecto hidroeléctrico que, se espera y se sabe, puede ser de gran impacto para la región.

A través de la caracterización de los actores y de sus propuestas y demandas, asunto no sencillo de dilucidar en un espacio político abigarrado de ellos, aquí se trató de exponer cómo la iniciativa de los pobladores locales está presente en la definición de una obra proyectada y anunciada por el Estado mexicano, prácticamente como un hecho consumado.

El PAHUMBRO se ha utilizado como bandera política por algunos grupos cuyos intereses quizá no son tan claros, en el sentido de sus alianzas con las comunidades y con sus necesidades, sino más bien dejan entrever que están aliados con intereses regionales económicos y políticos importantes.

No fue sencillo enfocar el trabajo en las contradicciones y circunstancias en las que ha influido la propuesta de la presa, como tampoco definir los efectos que esto ha tenido; hay evidencias contundentes de que las ONG y el COPUDEVER están señalando sus repercusiones desde una perspectiva correcta.

La presa modificaría la situación de la región de una vez y para siempre. Habría que considerar los cambios a largo plazo, que sucederían durante y después de la construcción de la cortina. En una zona aislada, complicada y conflictiva, donde se produce riqueza a partir del ganado, el café y otros productos agrícolas, los municipios estarían sujetos a cambios que podrían desarticular sus sistemas productivos y su organización social, lo cual dejaría a mediano plazo mayor marginación y pobreza que la que ya existe. Y la CFE no ha podido demostrar lo contrario, a pesar de haber realizado miles de reuniones con los actores involucrados.