Introducción

El arrebato de tierras (land grabbing) se define como el proceso mediante el cual pequeños propietarios venden o rentan sus terrenos agrícolas a personas o empresas con mayor poder económico, situación que conduce a la concentración de la tierra (^{Daley 2011}) que se ha documentado de manera sistemática, desde 2008, aunque todavía no se establecen claramente sus dimensiones a escala mundial. El gobierno de Alemania señala que el fenómeno perjudica 22 millones de hectáreas, mientras que el Banco Mundial reporta el doble (45 millones) (^{Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 2009}; ^{Borras et al. 2011}). Otros organismos internacionales manejan cifras mucho más elevadas - 80 millones según International Land Coalition y 227 millones de acuerdo con Oxford Committee for Famine Relief (^{Borras et al. 2012}).

En la mayoría de los casos, el arrebato involucra transacciones legales (^{Behrman et al. 2012}); según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, para que se pueda catalogar como tal, se debe tratar de un mínimo de mil hectáreas destinadas a la producción agrícola y con la participación de al menos un gobierno extranjero (^{Soto y Gómez 2012}). Para ^{Borras et al. (2012)}, esta definición impide entender la dimensión verdadera del problema, ya que 300 hectáreas de viñedos, 500 de una concesión minera, 100 mil de plantación forestal y 500 mil de pastura para ganado pueden tener valores equivalentes. Lo importante es dar a conocer los montos de inversión más que el número de hectáreas. Además, el uso de la tierra arrebatada puede variar, y empezar por los flex crops (cultivos flexibles como soya, caña de azúcar y maíz) hasta llegar a proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, turísticos o urbanísticos (^{Osborne 2011}; ^{GRAIN 2012}; ^{Ojeda 2012}, ²⁰¹³).

El propósito de este artículo es examinar la dinámica de género del arrebato de tierras en el municipio de Atenco, Estado de México, para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM). En varios estudios se ha analizado cómo la estrategia del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que involucró tanto la movilización social como la defensa jurídica de la tierra, logró detener, en 2001, la expropiación de 5 400 hectáreas (^{Velázquez 2004}; ^{Ortega 2005}; ^{Kuri 2006}). También está documentado el abuso sexual de 46 mujeres, perpetrado por fuerzas policiacas durante un operativo que involucró a cerca de 4 mil elementos, en mayo de 2006 (^{Martínez 2016}). Lo que se conoce mucho menos, incluso en trabajos más recientes, como los de ^{Kuri (2010)}; ^{Moreno (2010)} y ^{Guzmán (2014)}, es el proceso de venta de tierras posterior a esos hechos. Este artículo abarca el periodo 2007-2014, que comienza con la compra de terrenos ejidales por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y concluye con el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, el 3 de septiembre de 2014, de la construcción del aeropuerto, que ocupará 4 430 ha, de las cuales 1 957 se compraron a siete de los 35 ejidos que comprenden la región Atenco-Texcoco (^{Encinas 2014}).

Arrebato de tierras: aportes teóricos para el análisis de género

El Banco Mundial sugiere que la compra o renta de tierra a pequeños/as propietarias puede representar oportunidades de desarrollo cuando se apegan a principios que garanticen la seguridad alimentaria, gobernanza efectiva, participación social, sustentabilidad ambiental y respeto a los derechos humanos. Los críticos de esta propuesta argumentan que el Banco Mundial ofrece muy pocas indicaciones sobre cómo lograrlo, además de que no señala qué tipo de contratos podrían conducir a esos resultados (^{GRAIN 2010}). Más bien se han documentado numerosos efectos negativos, justo en los rubros que maneja el Banco Mundial: el empleo creado es estacional y para muy pocas personas y la llegada de inversión divide a las comunidades (^{Behrman et al. 2012}).

Desde la perspectiva de los y las dueñas de los terrenos, los elementos clave del arrebato de tierras son tanto la falta de información sobre el proceso, como de participación en los beneficios producto de la inversión. Para los/las pequeños/as propietarias, las relaciones entre los tipos de inversionistas y agencias del Estado no son visibles fácilmente, lo cual inhibe el consentimiento previo, libre e informado. Existen asimetrías serias de conocimiento sobre el comportamiento de mercados, precios, regalías, dividendos y riesgos en la inversión (^{Cotula 2012}). Las consultas se caracterizan por ser limitadas, porque se realizan con poca anticipación, por producir compromisos vagos de parte de las empresas y desatender necesidades comunitarias. El Banco Mundial parte del supuesto de que el Estado tiene la posibilidad de hacer que se cumplan los principios que conforman su propuesta señalada. Sin embargo, en tiempos de globalización neoliberal, el Estado se ha retirado de sectores clave del desarrollo, por ejemplo la educación y la salud; abdicado de proteger derechos humanos; aflojado el control sobre el impacto socioambiental de la inversión privada y ha sido instrumental en la clasificación, cuantificación y reasignación de la tierra para la inversión privada, de manera que ha contribuido a la acumulación del capital o incluso se ha aliado con éste utilizando diversos grados de coerción (^{Ince 2014}).

Para las mujeres del campo, la falta de acceso a la información y a los beneficios de la inversión adquiere características específicas. Por lo general, las compensaciones económicas están dirigidas a hombres, al tiempo que se incrementan las responsabilidades femeninas en el abastecimiento de agua, alimentos y combustible. Las mujeres tienen menos poder que los hombres tanto en la negociación como en la presencia en espacios de representación y acceso a información, por lo que ni siquiera participan en procesos de consulta (^{Daley 2011}; ^{Daley y Pallas 2014}). El análisis de género del arrebato de tierras invita a ampliar la gama de posibles “arrebatadores”, para incorporar a parientes y vecinos, y tomar en cuenta las relaciones que establecen las mujeres con los hombres -padres, esposos e hijos- a lo largo de su vida (^{Doss et al. 2014}). A las que se resisten al arrebato de tierras se les suele estigmatizar como “malas” o “locas”. Además, la resistencia puede traer costos personales en la comunidad, en la familia o en las relaciones cercanas a ellas (^{Verma 2014}).

La ecología política feminista reconoce responsabilidades distintas de hombres y mujeres en el manejo de los recursos naturales, así como el hecho de que el acceso y control sobre ellos está marcado por desigualdades de género. También trae al centro del análisis las consecuencias de la exclusión de las mujeres de espacios de toma de decisión, así como la discriminación de género en la legislación (^{Rocheleau et al. 1997}). En el artículo se utiliza este enfoque para entender al arrebato de tierras en Atenco, como un proceso coercitivo, ya que los y las ejidatarias no estaban buscando vender su propiedad cuando la CONAGUA llegó a comprar sus tierras. El arrebato se considera como la pérdida de los terrenos y del territorio, dada la escasa información disponible sobre montos de inversión y uso futuro de la tierra. Se analiza la discriminación de género en la venta de tierras, así como las estrategias de resistencia de las mujeres para enfrentarla.

La región Atenco-Texcoco

La región Atenco-Texcoco se ubica al nororiente de la Ciudad de México; es una de las menos estudiadas en relación con el proceso de urbanización de la zona metropolitana de la Ciudad de México, a pesar de su alta densidad poblacional y a que el medio natural está severamente trasformado (^{Espinosa-Castillo 2008}). Un tema de crucial importancia es el lago de Texcoco, el más grande de todos los que formaban parte del sistema hidrológico del valle de México (Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México, Chalco y Xochimilco). Sus aguas ocasionaban inundaciones en la Ciudad de México, situación que motivó su desecación, y dio lugar al crecimiento urbano de Ecatepec y Nezahualcóyotl (^{Espinosa-Castillo 2008}). Parte de los terrenos del lago ahora integran la zona federal de lo que era el lago de Texcoco, superficie libre de construcciones de una extensión de 60 km², que cumple funciones de regulación hidrológica, térmica y de calidad del aire (^{Jazcilevich et al. 2015}).

La zona Atenco-Texcoco se encuentra en trasformación constante; la agricultura y la ganadería van en decremento, mientras que se expande el sector terciario (servicios y comercio) (Sánchez et al. 2015). La explotación de minas de arena, grava y tezontle han degradado el suelo. La construcción del NAICM ya está ocasionando mayor devastación, puesto que se están extrayendo cantidades considerables de tezontle para cimentar las pistas, en perjuicio de Tepetlaxtoc, Texcoco, Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temaxcalapa, Otumba, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Tecámac y Acolman (^{Calamard 2017}). También hay escasez de agua y un problema de contaminación, debido a que el drenaje se vierte a los ríos. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad considera que el proyecto aeroportuario debió de ser rechazado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que no contiene cálculos que permitan evaluar la disponibilidad futura del recurso agua (^{Gallardo 2017}).

El municipio de Atenco

Los decretos expropiatorios de 2001 han perjudicado a los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. El primero se encuentra a la orilla de lo que antes era el lago de Texcoco; de hecho, Atenco en náhuatl significa “lugar de la orilla del agua”, y está compuesto por seis ejidos: Atenco, que recibió la dotación en 1920; Santa Isabel Ixtapan, en 1921; Nexquipayac y Acuescomac, en 1923; Zapotlán en 1929, y Colonia Francisco I. Madero, que formó parte del de Atenco hasta 1988, fecha en que se independizó. Estas localidades también fungen como delegaciones municipales, es decir, se encuentran entre los poblados más antiguos e importantes del municipio (^{Sánchez 1999}).

Los datos se recabaron en los cuatro ejidos donde ya se había aprobado el dominio pleno cuando se inició el trabajo de campo, en junio de 2014: Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero, los de mayor superficie (véase Figura 1).

La investigación es cualitativa, y los objetivos fundamentales son: a) comprender la realidad social a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas y b) trascender el dato aislado, para identificar las regularidades del fenómeno estudiado (^{Glaser y Strauss 2006}). Las herramientas utilizadas para recolectar información fueron: a) análisis y sistematización de documentos ejidales en el Registro Agrario Nacional, sede Toluca; b) observación participante por año y medio (junio 2014-diciembre 2015) en asambleas, marchas, mítines, ceremonias religiosas y comunitarias, reuniones de un grupo de rescate cultural, parques, zonas arqueológicas, tierras de cultivo y negocios y c) 50 entrevistas a profundidad, de las cuales 32 fueron grabadas, trascritas y codificadas con el programa Atlas Ti. Cuando no fue posible grabar, las notas de campo se ficharon utilizando los mismos códigos creados con el programa; nueve fueron grupales o en pareja, y en once casos se acudió con la misma persona por el interés de complementar o dar seguimiento a la información.

Los entrevistados fueron informantes clave (hombres y mujeres) de Antorcha Campesina, el FPDT, escuelas, iglesias, gobierno municipal y comisariado de bienes ejidales; también se entrevistó a 20 ejidatarias o posesionarias de los cuatro ejidos. En la última sección del artículo aparecen los testimonios de dos de ellas (^{Palma 2016}). Se usaron pseudónimos para proteger la confidencialidad de los y las participantes en el estudio.

El arrebato de tierras para el NAICM

El NAICM, un negocio de pocos

El motivo principal por el que se eligió a Texcoco fue el esquema financiero. En 2001 se contempló una inversión de hasta 75 por ciento de capital privado, del cual 49 podía ser extranjero y, si se autorizaba debidamente, este porcentaje podía subir hasta 100 (^{Alfaro et al. 2011}). Los diseñadores siempre pensaron que las concesiones de largo plazo harían atractivo el proyecto para inversionistas privados. Sin embargo, las carencias financieras para sus primeras fases condujeron al esquema de expropiación de terrenos ejidales a precios irrisorios: 7.20 pesos el metro cuadrado de tierra de temporal y 25 la de riego; el Estado erogó 534 374 391 pesos (^{Camacho 2009}). La incapacidad financiera del Estado para comprar las tierras a un precio definido por su valor comercial y uso futuro contribuyeron a la derrota del proyecto.

Desde la administración de Fox, el aeropuerto se concibió como un negocio multimillonario diseñado para favorecer al grupo Atlacomulco, entonces representado por el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Para facilitar su construcción, la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le asignó a Pedro Cerisola, la de la Comisión Federal de Electricidad a Alfredo Elías Ayub y la de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a Ernesto Velasco León. Además se contó con el respaldo del Grupo ICA, Grupo IUSA, Daimler-Chrysler, Nestlé, Bayer de México, Dupont, Coca-Cola, Nissan y General Motors. Se manejaba una inversión de entre 2 mil y 3.5 mil millones de dólares (^{Ortega 2005}).

Durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) se realizaron estudios a través de la CONAGUA, que costaron 200 millones de pesos, y se invirtieron 2 628 millones para adquirir los terrenos ejidales sobre los que versa este artículo (^{Encinas 2014}). También se invirtió en centros comerciales e infraestructura como en la Plaza Las Américas, que comunica a San Salvador Atenco y Texcoco con Ecatepec; se ampliaron los carriles en la carretera Texcoco-Veracruz; se construyó el Circuito Mexiquense, que enlaza a la región norponiente de la Ciudad de México con la zona del NAICM, y el Arco Norte, que vincula a Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México (^{Alfaro et al. 2011}).

El NAICM anunciado por Enrique Peña Nieto, involucra cinco fases. La idea es que para 2065 atienda a 120 millones de pasajeros, supere al aeropuerto de Atlanta (94.4 millones) y se acerque a otros de ranking mundial, como Londres (172 millones) y Estambul (150 millones). La mecánica y composición de suelos es especialmente difícil, por lo que la obra implica altos costos de construcción y mantenimiento (^{Jazcilevich et al. 2015}). Se espera que la primera fase opere en 2020, cuyo costo, en 2014, estaba planeado que fuera de 169 mil millones de pesos, equivalente a todo el presupuesto anual del gobierno de la Ciudad de México (^{Encinas 2014}). Con la inflación y la devaluación del peso, la obra se ha encarecido en 10 por ciento, de manera que la cifra para 2017 ya era de 186 mil millones de pesos (^{González 2017}). Cerca de 105 mil millones serán financiados con recursos gubernamentales y 80 mil con bonos emitidos contra ingresos futuros del NAICM, para garantizar préstamos e inversiones (^{Garduño 2017}).

Hasta septiembre de 2017, las empresas CARSO e ICA ya habían ganado la licitación de las obras más importantes: el edificio terminal y la pista tres. También participa La Peninsular Compañía Constructora, subsidiaria del Grupo Hermes; estas empresas pertenecen a “algunos de los empresarios más ricos del país, como Carlos Slim, Olegario Vázquez y Carlos Hank Rhon” (^{Grande 2017}). En efecto, Slim encabeza la lista de los hombres más ricos de México; Hank Rhon, líder histórico del grupo Atlacomulco, ocupa el decimoquinto lugar (^{Rodríguez 2016}). A esto hay que añadir que Norman Foster (arquitecto británico) y Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, habían ganado el contrato para el diseño del NAICM (^{Expansión 2014}).

El rostro de género del arrebato de tierras

Hasta aquí se documentó cómo los dos elementos clave del arrebato de tierras (la falta de información sobre el proceso de compraventa de parte de los y las propietarias de la tierra y su exclusión de los beneficios producto de la inversión) se aplican al caso del NAICM. En esta sección se analizan las dimensiones de género del proceso, con énfasis en dos grupos: las ejidatarias excluidas de las asambleas donde se aprobó el dominio pleno y la venta de las tierras y las esposas de ejidatarios, cuyo derecho al patrimonio no se respetó.

La privatización de la tierra: "puros ejidatarios hombres… aprueban y dicen y hacen y todo"

El proceso de venta de tierras ejidales tuvo que pasar forzosamente por la adopción del dominio pleno,¹ que se fue presentando en cadena: Santa Isabel Ixtapan, en abril del año 2000; Nexquipayac, en enero de 2010; Colonia Francisco I. Madero, en marzo de 2010 y Atenco, en junio de 2014 (véase Figura 2). El orden no es gratuito: el dominio pleno en Santa Isabel Ixtapan estuvo asociado con el anuncio de Vicente Fox, que luego se suspendió por los motivos ya descritos. Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero fueron en paralelo; Atenco, cuna de la resistencia contra el aeropuerto, se dejó al final. Las ventas empezaron poco tiempo después de la represión de 2006 y de la adopción de dominio pleno en los cuatro ejidos: Santa Isabel Ixtapan, en 2007; Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero, en 2010 y Atenco, en 2014. En las asambleas se sabía que ya habría un comprador para cuando el trámite de dominio pleno hubiera concluido.

Una estrategia clave para lograr la aprobación del dominio pleno consistió en reducir drásticamente la posibilidad de votar en asamblea, a través de la suspensión de titulares que no estaban “al corriente en sus derechos y obligaciones” (expediente ejidal, Colonia Francisco I. Madero). Aunque esto es posible de acuerdo con la ley, es una práctica poco común en los ejidos del país. El porcentaje de los titulares vigentes del padrón del PROCEDE fue de 81.1, en Santa Isabel Ixtapan; de 79.3, en Nexquipayac, y de 46.4, en Colonia Francisco I. Madero; no fue posible revisar el expediente de Atenco porque se encontraba en litigio. El día de la votación los porcentajes de asistentes fueron todavía menores: 42.5, 61.8 y 38.5 por ciento en cada uno de los ejidos mencionados (véase Figura 2). Salvo en Colonia Francisco I. Madero, donde hubo algo de discusión y discrepancia, el dominio pleno se aprobó por unanimidad, por lo que se puede decir que a la asamblea sólo asistieron las personas interesadas en vender.

Las mujeres conformaron 26, 26 y 31 por ciento del padrón con derecho al voto en Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero (véase Figura 2). El promedio de edad de las 20 titulares entrevistadas para este trabajo fue de 64 años, muy cercano al nacional de ejidatarias, de 61 (^{Vázquez 2016}). Algunas de ellas tienen dificultades de movilidad y no pueden entrar a las asambleas: “yo [hija de ejidataria] entraba a las juntas y ella se quedaba abajo, porque ya ve que tienen que subir escaleras […] se me cayó, pues dejamos de ir, yo no puedo llevarla por el frío” (hija de ejidataria, Colonia Francisco I. Madero). Otras salen poco de sus casas y no se enteran de las fechas, porque las convocatorias se difunden en lugares públicos: “casi nunca fui a la junta, nunca me enteré” (ejidataria, Colonia Francisco I. Madero). Estas mujeres siguen siendo responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la casa, porque las hijas estudian o ya están casadas y viven aparte: “mi chamaca luego sale” (ejidataria, Nexquipayac). Cuando asisten y además expresan opiniones contrarias a la mayoría, son agredidas y estigmatizadas: “toda la gente se me echó encima, me dijo loca, tú estás soñando […] todo mundo nos insulta y nos dice de cosas” (ejidataria, Santa Isabel Ixtapan). Entonces, se puede decir que la decisión de privatizar la tierra fue tomada por una minoría de la población (los titulares de los derechos del ejido), de los cuales las mujeres conforman entre una tercera y cuarta parte. “Únicamente puros ejidatarios hombres […] Esos son los únicos que aprueban y dicen y hacen y todo” (esposa de posesionario, Colonia Francisco I. Madero).

"Conquístenlas otra vez": la violación de los derechos de las esposas de ejidatarios

Desde sus orígenes, la propiedad ejidal se concibió como patrimonio familiar, por lo que la ley estipula que la familia del ejidatario, en primer lugar la cónyuge, tiene prioridad para comprar los terrenos en venta en un plazo de 30 días naturales, lo que se llama “derecho del tanto” que, si no se respeta, la venta de la parcela se podría anular (^{Escalante 2001}). La figura de derecho del tanto se ha utilizado poco, debido al desconocimiento de la ley y la falta de dinero para comprar la parcela al esposo. Tan es así, que en 2008 el artículo 80 de la Ley Agraria fue modificado para introducir, como requisito de validez, que la cónyuge sea notificada del derecho del tanto, así como la necesidad de inscribir por escrito su renuncia a ejercerlo ante dos testigos en el Registro Agrario Nacional (^{Aguilasocho 2013}). El documento debe decir que no se tiene interés por adquirir el inmueble, asunto que se hace extensivo a los hijos (no se indica el sexo) del vendedor y la cónyuge (^{Ramírez 2012}).

La mayoría de las entrevistadas de los cuatro ejidos desconocían la existencia de este derecho, y firmaron documentos sin saber lo que hacían. No se detectó el caso de una sola mujer que lo ejerciera, es decir, que hiciera uso de la prioridad de compra. Se rescataron testimonios de esposas de titulares que resintieron su exclusión del proceso de toma de decisiones, como la de un posesionario de Colonia Francisco I. Madero, quien señaló que “hay muchas cosas [con las] que pues no estamos de acuerdo, pero de qué modo protestamos, si en una junta no nos dejan hablar”. Otra sugirió destituir al comisariado para evitar que las ventas continuaran, y expresó su frustración de no poder hacerlo por no ser la titular del derecho (esposa de ejidatario, Atenco).

Las autoridades ejidales simplemente se dedicaron a darle trámite al derecho del tanto para que los expedientes estuvieran completos. Las mujeres separadas, pero no divorciadas, fueron las únicas que pidieron explícitamente parte del dinero producto de la venta a cambio de su firma. En lugar de proteger los derechos de estas mujeres al patrimonio, como dice la ley, los asesores les sugerían a los ejidatarios “conquistarlas otra vez”, para evitar darles ese dinero. El derecho del tanto se vio como un trámite sin importancia que las mujeres tendrían que aceptar, porque “iba a haber dinero” (asesor, Santa Isabel Ixtapan).

Las estrategias utilizadas para darle trámite al derecho del tanto se dividen en dos grupos, en función del tipo de propiedad. En Santa Isabel Ixtapan predominó la venta de derechos individuales, por lo que cada transacción tuvo que ser avalada por la esposa. Esto fue lento y engorroso, sobre todo en el caso de las mujeres separadas que pedían dinero o no se podían localizar. En Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero aprendieron de esta experiencia, y la compra de tierras se tramitó en las áreas de uso común de los ejidos, las cuales fueron fraccionadas entre nueve hombres y una mujer en Nexquipayac y un hombre y una mujer en Colonia Francisco I. Madero, con el fin de que vendieran, cobraran el dinero a nombre de todo el ejido y luego lo repartieran entre el resto de los titulares. El asesor pidió que fuera “una persona sola, soltera, que no tenga esposo” (ejidataria, Colonia Francisco I. Madero) para agilizar el trámite, aun sabiendo que con esta solicitud se impedía el ejercicio del derecho del tanto de las mujeres. Sólo uno de los hombres entrevistados usó el término “machismo”, para referirse a estos procedimientos. Entre el resto de la gente que participó en el estudio el derecho del tanto se desconocía o no era un tema relevante.

La resistencia de las mujeres

Hasta aquí se analizó cómo los dos elementos clave del arrebato de tierras aplican en el caso del NAICM, así como su dimensión de género, expresada en la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y la violación de sus derechos al patrimonio. Esta última sección se enfoca en las estrategias de resistencia de algunas de ellas, con énfasis en los motivos y circunstancias que las articulan, entre los cuales se encuentran: a) las experiencias previas en la lucha por la tierra; b) el trabajo en labores del campo a lo largo de toda la vida; c) el sentimiento de que el proceso de ventas ha sido ilegítimo y d) el interés por resguardar sitios emblemáticos de sus ejidos respectivos.

El panteón de Colonia Francisco I. Madero y la unidad de riego de Santa Isabel Ixtapan

Gabriela Esquivel (Colonia Francisco I. Madero) y Gisela Caballero (Santa Isabel Ixtapan) han emprendido luchas importantes para defender espacios clave en sus ejidos respectivos. Ambas tienen experiencias previas en la defensa de la tierra; Esquivel participó activamente en las protestas y movilizaciones contra el decreto expropiatorio de 2001, Caballero durante diez años defendió su parcela de su padre y hermana, pues la había heredado de una tía hacía 30 años. En aquel tiempo “no se sentía ejidataria”, pero después de la larga batalla legal las cosas habían cambiado: “les gané a los dos […] ya me sentí ejidataria, fue cuando desperté del sueño”.

Tanto Esquivel como Caballero valoran la capacidad de la tierra para producir alimentos. La primera recuerda el trabajo que le costó a su esposo “componer” (reducir el contenido salino) la parcela: “era pura agua salada […] es muy difícil para componer una parcela, cuesta dinero y mucha paciencia, ponerle mucho empeño”. Caballero siembra maíz, avena o alfalfa en función del clima y sus posibilidades económicas: “este año […] estuvo muy seco el tiempo, nada más nos dio tiempo de echar avena […] a la alfalfa hay que meterle mucho dinero, entonces sí lo pensamos para meter alfalfa”.

Sin embargo, realizar actividades agrícolas se ha vuelto más difícil, ya que las parcelas de ambas mujeres se encuentran, cada vez más, rodeadas de terrenos vendidos, sin cultivos: “no puedo sembrar porque […] los animales se aprovechan de la siembra, de lo que yo siembro, todos se lo comen” (Esquivel); “nos están ahorcando todos los compañeros” (Caballero). La situación se fue haciendo insostenible y las dos recibieron ofertas de permutar su propiedad, es decir, venderla a cambio de otro terreno ubicado en una zona que no era de interés para el aeropuerto. Las autoridades ejidales le pidieron a Esquivel que vendiera su terreno para recuperar 40 metros cuadrados de panteón que se habían adquirido para el aeropuerto, motivo por el cual había mucha inconformidad en el pueblo. Ella accedió porque el trato venía “completo desde arriba”, y de todas formas ya no podía sembrar. Caballero estaba negociando una reubicación similar en el momento de la entrevista, pero seguía inconforme con la oferta: “nos quieren mandar a trozos que no son de cultivo”. Siente que tarde o temprano tendrá que aceptarla, y lo único que le queda por decidir es dónde estará su nueva parcela: “si yo voy a sacar algo [al menos] que sea donde hay cultivo, no que sea pegado al pueblo”.

Esquivel y Caballero comparten el sentimiento de que en sus ejidos se vendió la tierra porque había un comprador que llegó con una oferta, más que por el interés genuino de hacerlo. A pesar de que el precio por metro cuadrado aumentó de 7 a 157 pesos, entre Fox y Peña Nieto, a ambas les sigue pareciendo poco. Esquivel se siente despojada: “apenas recibí un millón [de pesos] y me quitaron toda mi tierra”. Caballero sigue resistiendo, ya que su verdadero deseo es heredarles el terreno a sus hijos: “eso es lo que nosotros alegábamos […] mejor dáselo a tu hijo”.

A pesar de haber vendido, a Esquivel le queda la victoria moral de que no traicionó sus principios y salvó el panteón, un elemento definitorio en la cohesión del pueblo, porque ahí descansan los antepasados. Para convencerla, “los comisariados” le plantearon la venta así: “no le vamos a decir que es para el gobierno, ahora vamos a decirle que es para la comunidad, que es para el panteón”. Sin saber de la existencia de Esquivel, Caballero se encontraba en una lucha muy similar por defender espacios definitorios del ejido. Al momento de la entrevista formaba parte del comité directivo de la unidad de riego, y estaba dedicada a negociar la reubicación de tres pozos de riego afectados por el trazo de vialidades aeroportuarias. Tenía el apoyo de personas que “ocupan la tierra [y] que en verdad son ejidatarios”. Ella sabe que defender esos pozos es fundamental para evitar el declive de su ejido, porque sólo así se podría seguir practicando la agricultura y mitigar el impacto de la llegada del aeropuerto.

Resguardo de los cerros de Tepetzingo y Huatepec

Como Esquivel y Caballero, Ana Sandoval (Nexquipayac) y Estela Olmos (Atenco)² tienen experiencias previas en la defensa de la tierra. “La vecina […] nos quería invadir […] fui y le dije a las autoridades, miren la prueba, de dónde a dónde llega mi tierra […] y ya no le quedó otra que respetar” (Sandoval). Olmos ha ocupado cargos en el comisariado de bienes ejidales, espacio generalmente cerrado para las mujeres, y desde ahí ha defendido su terreno y el de otras personas, en particular de “mujeres solteras y viudas, solas”.

Sandoval y Olmos también comparten su aprecio por la capacidad productiva de la tierra. La primera relata su dedicación a estas actividades: “me han criticado de botuda, porque antes tenía vacas y por el estiércol te pones las botas […] pero a mí no me importó nunca, porque vendes una res y te deja un dinero”. Olmos valora de la misma manera los recursos que deja la crianza de animales alimentados con granos producidos localmente: “les damos de comer cebada, maíz o trigo. Ya que crecen, los vendemos”. Ambas opinan que el precio ofrecido por la tierra no compensa su valor. En Nexquipayac “dieron una cantidad que no vale” (Sandoval) mientras que en Atenco las autoridades ejidales “supieron manipular bien a la gente […] para que vendiera su terreno a 200 pesos el metro” (Olmos). Las dos mencionaron variaciones en el precio de la tierra que atribuyeron a la corrupción: “el comisariado nos anda informando de la venta de caminos y quieren dar doce mil pesos […] cuando […] en realidad nos van a dar cuarenta mil por persona” (Sandoval). “Ahorita ya están pagando hasta un millón de pesos por vender y a otros […] el triple” (Olmos).

Los cerros de Tepetzingo y Huatepec son sitios emblemáticos para el territorio atenquense. En la época prehispánica fueron compartidos por los ejidos de Nexquipayac y Atenco, y servían como observatorio de guerra y punto comercial; ahora fungen como centro ceremonial para eventos religiosos y culturales, por ejemplo, la fiesta católica de San Miguel y la ceremonia solar, realizada desde 2013, para reivindicar la identidad indígena del municipio. Es un lugar “sagrado y de visita” (hijo de ejidataria, Atenco). Sandoval pertenece a un grupo de 17 ejidatarios/as (doce hombres y cinco mujeres) que lograron conservar a su nombre la parte de los cerros de Nexquipayac. La situación de la zona de Atenco no está tan clara: “yo que sepa, los cerros siguen siendo nuestros, no se han vendido” (Olmos). Por eso, ella se ha propuesto proteger ese espacio: “quiero ver el acta de asamblea. Hay muchas cosas ocultas, pero hay que investigarlas”.

Los cerros son importantes para estas mujeres por su valor arqueológico, histórico y cultural, y también porque contienen alimentos de recolección que contribuyen a la seguridad alimentaria de sus familias. Entre ellos se encuentran las “nopaleras con harto xoconostle” (Sandoval), que “tienen un sabor muy diferente a los que puedes comprar” (Olmos), además de “pápalo, más cuando llovía, los comíamos crudos” (Sandoval), y “mucho […] romero” (Olmos). Sandoval y Olmos, sin conocer a Esquivel y Caballero, han emprendido luchas similares para conservar espacios, alimentos y modos de vida que contribuyen a conservar la identidad campesina, y contienen el avasallamiento del aeropuerto en la región.

Conclusiones

Aquí se analizó la dinámica de género del arrebato de tierras en Atenco, Estado de México, fenómeno entendido como la pérdida de control sobre el territorio y las ganancias producto de la inversión, más que como una simple transacción de compra o renta expresada en un número de hectáreas. Un asunto clave en esta definición es que el Estado es instrumental para favorecer la acumulación de capital o incluso se alía con éste, y el resultado es el uso de la coerción para imponer agendas y la concentración de la riqueza en pocas manos. El estudio fue realizado en un municipio conocido en México por su defensa de la tierra, fortaleza que no impidió que a partir de 2007 se vendieran 2 mil hectáreas a la CONAGUA, para la construcción del NAICM.

Entre los hallazgos principales de este artículo, primero está el avance en el análisis de arrebato de tierras en un sector poco teorizado: la infraestructura de comunicaciones. En tiempos de desregulación económica y adelgazamiento del Estado, dicho sector ha representado un negocio jugoso para gobiernos aliados con el capital en toda América Latina. La muestra más reciente es el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que otorgó sobornos a personajes ubicados en las esferas más altas del poder en 12 países, México incluido. El artículo argumenta que el caso del NAICM califica como arrebato por tres factores principales; a) el papel activo del Estado (a través de la CONAGUA) en la compra de terrenos; b) la opacidad en el manejo de información sobre el uso futuro de éstos entre los y las interesadas principales (los/las ejidatarios/as) y c) el otorgamiento de las licitaciones de diseño y construcción a empresas pertenecientes a los hombres más ricos del país, entre ellos a Carlos Hank Rhon, con relaciones estrechas en el gobierno del Estado de México, en particular con el grupo Atlacomulco. Se confirman los dos elementos clave del arrebato de tierras para el NAICM: la falta de acceso a información sobre el proceso de renta o compra de parte de pequeños/as propietarias y su exclusión de las ganancias producto de la inversión.

El segundo hallazgo es que el análisis de género del arrebato de tierras se concentra en dos elementos: la exclusión de las mujeres de procesos de toma de decisiones, en las asambleas donde se aprobó el dominio pleno y la venta de la tierra, y la violación del derecho de las mujeres al patrimonio agrícola según lo estipula la ley, en particular la figura del derecho del tanto contenida en la legislación agraria. En esta exclusión y violación de derechos participan autoridades ejidales y “asesores” del gobierno federal. También se documentó la violencia y estigmatización de género en la comunidad cuando las mujeres expresaron públicamente su desacuerdo. El uso de la ecología política feminista permitió darle realce a los impactos diferenciados y el papel de las mujeres en la resistencia, y mostrar que el arrebato de tierras no sólo tiene como agentes al Estado y al capital, sino también a las estructuras comunitarias que reproducen la inequidad de género, para concentrar riqueza y toma de decisiones en manos mayoritariamente masculinas.

El rostro de género del arrebato se expresó en el predominio masculino (a una razón aproximada de tres hombres por una mujer) en las asambleas donde hubo que aprobar la privatización de la tierra. En otras palabras, el dominio pleno fue aprobado por la minoría de hombres que tuvo la posibilidad de votar en ellas. También se expresó en el sexismo entre los asesores de la CONAGUA, que en lugar de que hicieran valer el derecho del tanto, como establece la ley, se dedicaron a conseguir las firmas de las mujeres o de plano le dieron vuelta al trámite al concentrar las ventas en pocos ejidatarios. No hubo un solo caso de alguna esposa de ejidatario que hiciera valer el derecho del tanto. Hay muy poca conciencia (entre hombres y mujeres) sobre este hecho flagrante de discriminación de género, que se suma a los existentes, en concreto la violación de cerca de 40 mujeres en la represión de 2006.

A pesar de este contexto tan adverso, se rescataron testimonios de cuatro mujeres (una en cada ejido estudiado) que han defendido el territorio atenquense desde espacios distintos, y no necesariamente a través de la militancia colectiva en alguna organización. Esto fue posible porque el artículo se construyó con información documental y periodística, y sobre todo a partir de las personas perjudicadas. Las cuatro mujeres convergen en cinco puntos: a) su experiencia previa en la defensa de la tierra, ya sea a través de un colectivo (FPDT) o en forma individual (en tribunales o instancias agrarias); b) su dedicación al campo (cultivos, animales) a lo largo de su vida; c) la certeza de que el pago por la tierra no cubre su valor, a pesar de la diferencia entre lo ofrecido por Fox y Peña Nieto años después; d) el sentimiento de agravio ante el engaño en el que incurrió la CONAGUA y e) el interés en proteger por voluntad propia sitios importantes o hasta sagrados de sus ejidos respectivos, por ejemplo el panteón, la unidad de riego y los cerros Tepetzingo y Huatepec.

El análisis de las luchas de las mujeres ha permitido articular fenómenos macrosociales, con las resistencias micro, pocas veces documentadas, más cuando son emprendidas por mujeres. Queda pendiente determinar el alcance de estas acciones para el futuro de una región que se encuentra entre lo urbano y lo rural, entre el sector primario y el terciario. Aunque las tendencias numéricas indiquen que el proceso de urbanización es potente e imparable, el análisis testimonial ayuda a conocer esfuerzos igual de poderosos para proteger la identidad campesina de la región. Las personas se vinculan fuertemente con sus antepasados, paisajes y alimentos; los vínculos crecen con el día a día y forman parte de la identidad cultural. Los testimonios de las mujeres, presentados aquí, contribuyen a escribir la historia de la región Atenco-Texcoco, más allá de las tendencias numéricas que pronostican la desaparición del espacio rural.