La lógica de consumo: el mercado de la alimentación en un contexto migratorio

Hay varios agentes y poderes que posibilitan el acceso a alimentos basados en la lógica de consumo, como el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Miguel Alemán 2016, que reporta la existencia de 167 unidades que ofrecen alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, así como otras 118 dedicadas a la industria alimentaria a pequeña escala, con uno a cinco empleados por unidad (^{IMPLAN, 2016}).

En los 4.6 kilómetros de longitud de la avenida principal de Miguel Alemán, que es parte de la carretera a Bahía de Kino, lugar turístico, se encuentran los siguientes comercios expendedores de alimentos: seis tiendas de autoservicio regionales y una trasnacional, dos de conveniencia, 11 restaurantes, 20 puestos ambulantes de comida, nueve establecimientos de comida para llevar, siete refresquerías y una pastelería regional, a lo que se suma la venta ambulante de frutas de temporada (naranja, sandía, mandarina, melón); al menos cada 80 metros hay un sitio para comprar alimentos (información obtenida en el trabajo de campo, enero de 2018). Pero esta situación cambia en las tiendas de barrio, ubicadas dentro de los hogares, que no ofertan variedad de productos frescos. En la Tabla 2 se enlistan los alimentos de mayor demanda en los seis establecimientos visitados, donde la venta de los no perecederos es mayor en comparación con la de frutas y verduras.

De acuerdo con los testimonios, es más económico comprar alimentos en los supermercados que en las tiendas de barrio, en donde lo que más se vende son refrescos embotellados y alimentos procesados, como galletas y papas fritas: “Ahí en la tienda M, hay de todo, ofertas los fines de semana, porque en los changarros que no son tan conocidos, está bien caro” (Esperanza, de Chiapas). Esto se relaciona con la red de comercialización, ya que los changarros³ compran a comercializadoras o bodegas de autoservicio de la localidad, y aumentan los precios. El supermercado trasnacional se instaló hace siete años, y es uno de los proveedores principales de los changarros de Miguel Alemán y de las tiendas de los campos agrícolas. El encargado de este comercio reportó que los productos de mayor venta son los jugos, refrescos y polvos para preparar bebidas, sobre todo en la temporada en que el trabajo es intenso y las temperaturas son altas. También dijo que como los precios de frutas y verduras los establece la administración central, los supermercados locales los ofertan más baratos, al comprar a pequeños y medianos productores regionales, sobre todo del río Sonora, a cuya cadena de comercialización directa se suman los locatarios de la central de abastos de Hermosillo.

Sin embargo, la variedad de alimentos es reducida: tomate, cebolla, chile, zanahoria, calabaza, cilantro y papa. Las condiciones climáticas de la región permiten el cultivo de alimentos que resultan culturalmente apropiados para los sonorenses, que se ofertan en el mercado local. Los habitus alimentarios de la población migrante se corresponden con productos de zonas templadas del sur y sureste mexicano y, si bien no se puede generalizar, entre los alimentos esenciales de la dieta mesoamericana que se consume en tales estados están maíz, frijol, calabaza y chile, cultivados en la milpa, junto con quelites y otras verduras propias de cada región, lo que da lugar a una variedad culinaria compleja (^{Carrillo, 2009}; ^{Vargas, 2002}). Dichos alimentos no están disponibles geográfica ni económicamente, por lo que “aquí casi no comemos verduras” (Elena, de Chiapas), pues los migrantes están asentados en un desierto, que se significa, además, como un desierto alimentario (^{Joassart, Rossiter y Bosco, 2017}), que más allá de la disponibilidad se relaciona con la desigualdad social. Las dificultades para acceder a alimentos frescos se recrudece por la precariedad económica, contradicción manifiesta, al ser un lugar donde se producen variedades de frutas y hortalizas, pero que se comercializan entre un grupo poblacional con capacidad adquisitiva. Los/as trabajadores/as agrícolas ven restringida la posibilidad de decidir y acceder a estos alimentos, al ubicarse en una posición subordinada y precaria en este campo social, reflejo de las múltiples desigualdades.

En ciertas temporadas, en la vía pública se venden productos de la “rezaga” de lo que cultivan y cosechan en los campos donde trabajan pero que no cumplen con todos los requisitos para la exportación, expresión de los procesos de distinción entre agentes que pueden comer alimentos de primera calidad y otros que no cuentan con los capitales económicos ni simbólicos para acceder a éstos. Algunos como naranja, mandarina, sandía, melón, uva y nuez se comercializan por temporadas, los venden en la calle los llamados “verduleros”, quienes anuncian sus productos por un altavoz. Otros más se ubican en puntos estratégicos de la comunidad y esperan a los clientes. Los fines de semana se instala un tianguis, que se extiende por cinco calles, en dos lugares venden frutas y verduras, traídas de la central de abastos de Hermosillo, que se ofertan en bolsas plásticas por 10 pesos (tomate, cebolla y chile). Aunque se gestionó la operación de un mercado ante autoridades municipales, no se ha concertado el permiso para instalarlo.

En las observaciones en tres supermercados locales, referidos por los participantes y que ofertan “productos del sur”, se encontró que los propietarios son originarios de Oaxaca, con lo que se crea un vínculo identitario; solo en uno de ellos se venden alimentos producidos en el sur y sureste mexicano: plátano macho y dominico, maíz morado, chile pasilla, ancho y habanero, mamey, chicharrón prensado de puerco y hoja de plátano para tamales. Este negocio abrió recientemente una sucursal, y se anuncia en la radio comercial de Hermosillo. Personal encargado relató que hace 15 años iniciaron con una tienda pequeña en el hogar, y creció al posicionarse en el gusto de la población. Algunos de sus productos son de Puebla, los cuales adquieren a través de una comercializadora de Hermosillo. Sin embargo, en 2017 ésta cerró, por lo que han reducido la oferta de productos “del sur”.

Durante los fines de semana dos de los tres establecimientos ofrecen trasporte gratuito hacia algunos campos agrícolas. Esta opción es una oportunidad de ahorrar y contribuye con su capital simbólico. Los datos empíricos muestran que al migrar de localidades en transición de economías de autoconsumo a otra de consumo, esta lógica domina la práctica alimentaria, ya que: “Aquí uno trabaja y todo lo que quiere comer, lo tienes que comprar y ahí se va todo. Si no trabajas, no comes” (Mónica, de Guerrero), expresión de la mercantilización de la vida cotidiana (^{Pla, 2017}). Gran parte de lo que se gana con el trabajo agrícola se invierte en alimentación, y en ocasiones este ingreso es insuficiente, de ahí que una parte de la población recurra a programas sociales o prácticas de autoconsumo, como estrategia frente a la pobreza alimentaria.

La lógica del asistencialismo: programas sociales de atención a población vulnerable

A partir del encadenamiento de políticas sociales nacionales y mundiales, se reconocen los agentes de poder que configuran el campo alimentario y las acciones de los Estados. Una política global como los Objetivos del Milenio, a través del objetivo Hambre cero, repercutió en la política mexicana y se tradujo en el Sistema Nacional contra el Hambre y la Cruzada Nacional contra el Hambre, lanzada en enero de 2013 (^{SEDESOL, 2016}). En ésta se incluyó a Miguel Alemán, como zona de atención prioritaria debido a su rezago social, a pesar de ubicarse en un estado con puntuaciones bajas en tal índice, lo que indica las desigualdades al interior. En Sonora, 21% de la población total está en carencia alimentaria, mientras que dicho porcentaje nacional es de 20; es el único indicador que supera la media nacional (^{SEDESOL, 2018}). En las notas informativas se alude a la pobreza extrema y las actividades gubernamentales y civiles para la entrega de canastas alimenticias, como se muestra en la Tabla 3.

El programa Sin Hambre se puso en marcha en diciembre de 2016, con un comedor comunitario, en un centro dirigido por el gobierno municipal. En julio de 2017 se abrió otro comedor, aunque era operado por personas de la sociedad civil desde hacía siete años. En las observaciones y entrevistas realizadas en ambos lugares se advirtió que el programa no incluye frutas, verduras ni carnes en su canasta básica, lo que se contrapone con los objetivos de lograr la seguridad alimentaria sana y variada. El programa define una cuota de recuperación para la compra de perecederos, pero el personal de ambos comedores reiteró que no es posible aplicarla debido a las precarias condiciones económicas de la población, y que cuando establecieron esta cuota los beneficiarios dejaron de asistir, principalmente niños y niñas.

Los encargados del comedor operado por la sociedad civil refieren que la canasta alimentaria brindada por el gobierno cubre entre 60 y 70% de las necesidades alimenticias de la población atendida, y que en el programa no se debe atender a más de 120 personas diarias aunque, en ciertas temporadas, llegan hasta 200 niños/as y adultos mayores. Este comedor construye estrategias de búsqueda de donaciones en especie o en efectivo, para ofrecer menús variados con alimentos frescos de origen vegetal y animal.

Otro de los comedores que forma parte del campo alimentario en Miguel Alemán es administrado por un patronato de agricultores desde 1990, y otorga comidas calientes a adultos mayores y niños/as. Este servicio empezó en una congregación religiosa a la que se sumó el patronato, que consigue las donaciones y compra los alimentos. En 2017 ofreció más de 50 000 platillos calientes, y en entrevista con personal encargado y en observación se registró la preparación de platillos con carnes rojas, verduras, frijol y tortilla de maíz.

Los tres comedores reciben arroz, frijol, aceite, azúcar, soya, agua embotellada y sopas de pasta, como los suministros más comunes, y en ocasiones también carne deshidratada con verduras, frutas en almíbar y barras de fruta con chile forman parte de la canasta, como estrategia para cubrir el consumo de proteína animal y frutas, aunque están procesados industrialmente. Estos datos indican la pertinencia de evaluar la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos en los programas sociales.

Otro elemento común observado en los tres comedores fue que la fuerza de trabajo y el saber de las mujeres es un capital necesario para su funcionamiento. Si bien en ambos atendidos por la sociedad civil algunas mujeres reciben un salario (dos en uno y cuatro en otro), en los tres participan voluntariamente mujeres en diversas tareas. Son parte del capital humano que requiere la estructura de la política y acción social, aunque su trabajo no cuente con reconocimiento simbólico ni económico. Los hombres adultos mayores reproducen su posición como receptores de los cuidados a través de la alimentación, al ser los usuarios principales del servicio. Esto se vincula con las construcciones socioculturales de género contenidas en políticas y prácticas concretas que reproducen las desigualdades. En los comedores de la sociedad civil no se recibe a jóvenes ni a personas en edad productiva, porque pueden “ver un trabajito” (encargado de comedor, Miguel Alemán), con el cual obtener ingresos para comer, en cambio en el gubernamental se recibe a personas de cualquier edad y sexo. Así, los habitus se reproducen y se incorporan en las estructuras objetivas y esquemas mentales, que ubica a los agentes en posiciones de poder distintas, en este caso, las mujeres como cuidadoras y los hombres como sujetos de cuidados.

La lógica del autoconsumo: agricultura y cría de traspatio en población asentada

La siembra de traspatio y la cría de animales para el autoconsumo o venta en pequeño fue la estrategia registrada ante la lógica de consumo, en cuatro grupos domésticos asentados hace más de 10 años. Las mujeres utilizan el saber de la agricultura como parte de su capital, para cultivar en sus patios algunos “aromas” como hierba santa, chipilín y otras especias para condimentar comidas, como parte de su capital material y simbólico.

A través de los circuitos migratorios se comparten saberes y prácticas relacionadas con los ajustes en la alimentación en el lugar de asentamiento; las semillas forman parte del equipaje: “Mi hijo trajo semilla de chilacayote [...] Chile traíamos matitas y ahora se llenó” (Esperanza, de Chiapas).

La reproducción de estas prácticas permite conservar los habitus alimentarios, expresión de identidad y prácticas sustentables de alimentación. Si bien no es algo generalizado, el capital simbólico de la alimentación se traduce en el reconocimiento de los agentes que cultivan y venden en pequeña escala productos como plátano macho, nopal y maíz, así como animales de traspatio, además de contribuir a la economía doméstica, como relató Angelina, de Chiapas: “Le dije a mi nuera, -antes de irte, vende aunque sea en $50 cada pato, algo son $100-”.

Estas prácticas se conciben como estrategias de ahorro frente al sistema que impone el consumo como forma de adquirir los alimentos, también para mejorar la economía doméstica: “Sembramos chile, sembramos cilantro, unos quelites, pa’ no comprarlos […] [en] la pobreza se busca por dónde” (Arnoldo, de Guerrero).

En las observaciones de los grupos domésticos se registró el intercambio de algunas especias, semillas, plantas y pollos, como parte de sus activos y una forma de reproducir relaciones tradicionales y construir lazos de cohesión social, sobre todo entre quienes son del mismo lugar. Estas prácticas pueden analizarse como estrategias de los agentes frente a la posición subordinada que guardan en el campo, ya que los ingresos económicos resultan insuficientes para adquirir lo necesario. También se observó la venta de casa en casa de productos derivados del cultivo de traspatio como nopales, cebollín, limón y hoja de plátano. Las mujeres asentadas han incursionado en la venta de tortillas de harina de trigo, como actividad económica, por lo que es común observar letreros que ofertan este producto en el exterior de las casas; todas estas estrategias de economía doméstica femenina se relacionan con las construcciones de género que las posicionan como cuidadoras principales de la alimentación (^{Brunet y Santamaría, 2016}; ^{Criado, 2004}; ^{Kleider, 2015}), al tiempo que este saber les permite generar un ingreso: “Cuando hacía tortilla de harina, tenía muchísimo abonado” (Isaura, de Veracruz).

Los agentes, a pesar de su posición subordinada en el campo, ponen en marcha sus capitales y estrategias para afrontar la precariedad realizando actividades para la generación de ingresos más allá del trabajo agrícola. Las mujeres contribuyen y en ciertos momentos son las únicas que aportan a la economía doméstica, al ofertar alimentos preparados a los “abonados”, hombres solos que contratan este servicio y pagan semanalmente, así como en la venta al por menor de las plantaciones y/o animales de traspatio.

La lógica de la violencia: su repercusión en las prácticas de alimentación

La violencia emergió como un tema que condiciona la práctica alimentaria y se relaciona con la exclusión y marginación social que impera en la localidad, traducida en inseguridad cotidiana. El común denominador de las notas policiacas en los medios locales son los robos y asaltos de los “macheteros”, hombres que cometen atracos con cuchillos o picos, así como decomisos de droga. En 2017 el Ejército se instaló por casi seis meses en oficinas gubernamentales como medida ante la inseguridad, y a tres meses de su retirada, en abril de 2018, asesinaron a un policía municipal dentro del centro comunitario frente a cientos de personas, cuando intentaba frenar el robo de apoyos gubernamentales.

Los informantes refieren el robo de alimentos en los hogares y en la vía pública, debido a la carencia de dichos bienes. Los trabajadores agrícolas dicen que los asaltan para robarles lonches que llevan al campo, por lo que transitar durante las madrugadas a los puntos de llegada de las camionetas, que los trasportan a los campos agrícolas, se convierte en un riesgo sobre todo para los varones: “Aquí es muy feo […] la delincuencia es costumbre, se vive la pobreza, ya nomás falta que medio mundo ande pidiendo para comer, porque hasta la comida se la andan robando, te asaltan para quitarte el lonche” (Eduardo, de Guerrero).

También se reporta el robo en casa habitación, incluso el de alimentos por integrantes del grupo doméstico, quienes después los ofertan para obtener dinero y comprar drogas, como relató Esperanza, de Chiapas: “Allá [habitación de su nuera] tengo el frijol, la masa, huevo, tengo todo, porque él [su pareja] lo cambia o lo vende y trae alcohol”. Frente a esto, su estrategia para cuidar los alimentos es esconderlos.

También se roban los enseres y utensilios necesarios para la preparación de alimentos, para venderlos en el mercado ilegal: “El otro día me robaron el tanque de gas y la parrilla que tenía ahí afuera, en el día, salí a la tienda y cuando regresé se la habían llevado. Por eso siempre estoy encerrada” (Elena, de Chiapas). De ahí que los agentes limiten el libre tránsito en la comunidad, como medida de protección.

Esperanza comentó que también los animales de traspatio son objeto de robo: “Tenía yo [gallinas], pero se las robaron los chamacos”. Esta situación de riesgo refleja lo complicado de las relaciones sociales en la comunidad, donde los atracos y la impunidad son la constante, traducida en estrategias de autocuidado como dejar de acudir a los establecimientos a ciertas horas debido al riesgo: “A veces tienen mucha inseguridad alimentaria porque nomás para allá es una tiendita y bastante peligroso en la noche, ya nos ha tocado que andan con machetes” (Ana, personal de salud). La inseguridad alimentaria se significa no solo en el acceso y disponibilidad de alimentos, sino en las posibilidades de libre tránsito y salvaguardar la seguridad física, lo que muestra el entramado de relaciones que cruzan la práctica alimentaria.

El motivo principal de los atracos es robar para comprar droga, lo que complejiza la problemática de inseguridad y adicciones, ya que “aquí se viene a aprender a ser drogadicto. Pero es mala, no comes, se endalgadece [perder peso corporal], robas […] y la verdad, gastarlo en drogas, pues mejor la comida” (Anselmo, de Puebla). El uso de drogas impacta en los recursos económicos destinados para la compra de alimentos y, por lo tanto, en la organización doméstica para cubrir esta necesidad, como relató Angelina, de Chiapas: “Anda mal, no trae ni un peso, ya no le di lonche en la mañana, ni modo es mi hijo, pero no”. Esto afecta las relaciones sociales en los grupos domésticos, y genera conflictos y desacuerdos vinculados con la precariedad económica que limita las posibilidades de alimentarse.

La dinámica social de Miguel Alemán se vincula con procesos estructurales de desigualdad y exclusión de las personas, por ser migrantes pobres y cuya mano de obra se considera desechable y sin derechos (^{Valdivia y Sánchez, 2017}) y así, por medio de la violencia cotidiana se reproduce su posición subordinada en un campo vital como el alimentario.