Introducción

Los conceptos de migración, racismo y multiculturalismo aparecen frecuentemente vinculados de manera antitética y contradictoria. Durante el inicio de la tercera década del siglo XXI estas polémicas son parte de un mundo globalizado que enfrenta la emergencia, el control y las secuelas de una grave pandemia, así como una crisis y reordenamiento de la sociedad a nivel internacional, entre otros factores de conflicto e inestabilidad. Los diversos sectores que participan en este escenario se disputan la hegemonía para imponer su modelo e incidir en el rumbo de los acontecimientos.

En este contexto existe polémica sobre las perspectivas del multiculturalismo en la coyuntura actual y el futuro próximo a nivel mundial. Por un lado, se distinguen quienes defienden este concepto (^{Kymlicka, 1996}; ^{Taylor, 2009}), buscan profundizarlo y obtienen adeptos para sus posturas mediante movimientos sociales e iniciativas políticas y, por otro, hay quienes cuestionan el proyecto multicultural (^{Hall, 2010}; ^{Gilroy, 2011}), critican sus reducidos avances y señalan algunas de sus limitaciones o retrocesos. Ambos planteamientos tienen los desplazamientos poblacionales en su centro de atención.

Este artículo parte de la constatación de la migración como un fenómeno central relacionado con el multiculturalismo y en él se discuten las contradicciones que enfrenta, así como los obstáculos para concretar su proyecto, ilustrado con el caso de Haití. Por consiguiente, se considera el carácter multifactorial de los movimientos migratorios, y también su interseccionalidad como elemento que agrega complejidad a la cuestión en el tratamiento del caso haitiano.

Kimberlé ^{Crenshaw (1989)}, académica y militante afroamericana, proyectó en 1989 el término de interseccionalidad. Ella alerta que las diversas formas de opresión no pueden ser compartimentadas o aisladas en su análisis, y que tampoco se trata de una suma mecánica de desigualdades. Asimismo, se centra en las desventajas producidas por la discriminación racial y de género; su perspectiva, sintetizada en el concepto de interseccionalidad, se amplió para incluir asuntos de diferencias de clase, etnia, orientación sexual, nacionalidad, atributos físicos y otros, que justificaban la opresión de un grupo por otro.

Los migrantes no solo son portadores de vulnerabilidades en sus territorios de origen, también las desafían cuando intentan superarlas a través de la movilidad, lo que con frecuencia propicia factores de opresión en espacios distintos al de su nacionalidad y puede detonar fisuras en la relación migrantes/población autóctona, indeseables desde la perspectiva multicultural.

En este artículo se estudian el país y los propios haitianos, así como los contextos en los que se mueven y las poblaciones con las cuales interactúan fuera de sus fronteras de origen, sobre todo a nivel continental, y de una visión mecánica del multiculturalismo.

Tanto la población como los gobiernos de los países de destino o de tránsito de la población migrante haitiana tienen dificultades para comprender los elementos históricos del fenómeno migratorio, presentes o coyunturales, así como la responsabilidad que propiamente puedan tener en la creación de los escenarios migratorios de los grupos que arriban a ellos.

En este artículo primero se exponen reflexiones teóricas que brindan una base para el caso tratado; en un segundo momento trazamos un breve perfil de Haití en el cual se destacan las desventajas acumuladas por grandes núcleos de la población que los orillan a emigrar y, por último, se detallan las rutas migratorias que han seguido y la interseccionalidad que se manifiesta en ellas.

El artículo tiene como objetivo analizar la complejidad de los elementos imbricados en las corrientes migratorias haitianas en su coyuntura reciente. Aun cuando los rasgos generales de la situación de Haití se presentan como estructurales y de forma acrítica, la movilidad de su población no es homogénea, ni lineal, ni producto específico de sus condiciones internas. En el carácter reciente de la migración de ese país se plantean diversas interrogantes que rebasan tanto los análisis dicotómicos de los países de origen y de destino, o el contexto de expulsión y recepción, como las interpretaciones más recientes sobre el transnacionalismo, que aportaron una crítica a los modelos asimilacionistas que habían predominado hasta inicios del siglo XX.

También se quiere destacar la contradicción fundamental del neoliberalismo, que por un lado propone la desfronterización e integración mundial y, por otro, la práctica de fronterización a varios niveles. En el caso de las personas haitianas, además de la vulnerabilidad que las aqueja, en general un factor básico son las características raciales, de origen y de vulnerabilidad estructural, política y geográfica, que agregan factores de discriminalización más severa para limitar sus movimientos.

Las rutas migratorias son escenarios en donde la interseccionalidad se manifiesta de manera diferenciada, fluida, a veces en constante cambio e influenciada por factores globales y externos (^{Joseph y Audebert, 2022}). En este artículo, a través de los itinerarios de la migración haitiana se ejemplifican los obstáculos que deben enfrentar las personas para la eliminación de las fronteras propia de la concepción multiculturalista en las relaciones internacionales.

Multiculturalismo, migración y racismo

En el libro de Tzvetan ^{Todorov (1991)} titulado Nosotros y los otros se plantea la existencia de un «nosotros» -el grupo cultural y social al cual pertenecemos- y los otros -aquellos que no forman parte de él-, relación que se enmarca en la difícil cuestión de la diversidad de los pueblos y la unidad de la especie humana. Si bien el enfoque del autor no está dirigido a la migración o a las personas extranjeras, la discusión sobre sus aportes propició que la distinción de los Otros fuese encarnada por estos grupos.

En los siglos recientes, mediante la construcción de la nación y de la identidad nacional de los habitantes vinculados a un territorio y su sentido de pertenencia a este, se consolidó la exclusión de los demás, quienes no pudieron ser admitidos en los límites previamente definidos por su territorio.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se impusieron características que apuntan al reforzamiento de esta dicotomía y a la construcción de la imagen del migrante como el Otro, con sus aspectos negativos y disruptivos. Se enfatizan no solo las diferencias entre los nativos y los extranjeros, también la clase social de origen, las características raciales y la pertenencia de género, que causan un impacto en la tendencia a discriminar, dominar, rechazar o considerar a estos últimos como figuras amenazadoras para la sociedad en la que se encuentran o a la que buscan acceder (^{Cortina, 2017}).

Las razones, en este caso, radican en el funcionamiento del capitalismo global, en sus contradicciones entre la promesa de una sociedad más igualitaria, generadora de mayor bienestar e inclusión, y el resultado contrario obtenido: mayor empobrecimiento, precariedad y exclusión de segmentos de la población mundial.

En sus promesas, este capitalismo pretendía ampliar y hacer efectivos los derechos de la democracia liberal sobre la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de los atributos particulares de cada grupo o individuos, ya consagrados por las revoluciones burguesas, y eliminar los últimos resquicios de desigualdad, como la pertenencia o no a una nación.

Con la promoción de un entorno global multiculturalista, a partir de los años setenta del siglo XX se generó un ambiente optimista, junto con la apertura económica neoliberal, la promoción de «mercados globales y la deslocalización de la cadena de producción de las grandes corporaciones» (^{Morales, 2018}: 46). La validación de la diferencia y la exaltación de la heterogeneidad en las naciones cubrieron un amplio espectro político de reconocimiento de alteridades étnicas, culturales, de género, de origen nacional, de edad y de actividad socioeconómica.

El multiculturalismo promovió la institucionalización de políticas de reconocimiento de grupos sociales y minorías culturales diferenciadas en una misma nación (^{Kymlicka, 1996}; ^{Taylor, 2009}). La apertura hacia la acción colectiva y la movilización social les permitió a estos grupos diferenciados abrirse espacios políticos y participativos que los llevaron a construir una serie de reivindicaciones particulares relacionadas con su identidad, su pasado, su etnia y su género. Estos movimientos exigieron el acceso a derechos sociales, políticos y económicos, así como el reconocimiento de su diversidad cultural (^{Hall, 2010}). La promesa del multiculturalismo fue que, sin estas garantías, los procesos de discriminación y de exclusión social seguirían vigentes en contextos abiertamente democráticos, tal como lo referencian importantes autores como Carlos ^{Agudelo (2010)}, Peter ^{Wade (2011)} y ^{Eduardo Restrepo (2022)}.

En medio de una dinámica tensa entre un mundo globalizado, las naciones y los espacios locales, que por un lado promueve espacios abiertos y accesibles, y por el otro defiende la pertenencia y se establecen fronteras internas y externas, se impuso una agenda política multicultural a partir de la cual se erigieron políticas de diferenciación fundamentadas en el entrecruzamiento de una serie de desigualdades no resueltas.

Por consiguiente, la implementación del multiculturalismo no ha generado un proceso satisfactorio para los grupos subordinados, estigmatizados o subalternizados debido al conveniente cuidado de una serie de jerarquizaciones y diferenciaciones favorables a la acumulación capitalista -algunos casos sobre este tema se relatan en los estudios recopilados por Susana ^{Sassone (2020)} y Francisco ^{Jiménez (2021)} -. De ahí que no todos los miembros de la comunidad política estén de acuerdo en reconocer y respetar en sus naciones la existencia de diversidad cultural, y mucho menos en considerar la posibilidad de establecer una ciudadanía que respete la diferencia, por lo que promueven un multiculturalismo de orden liberal, es decir, se motiva la tolerancia frente a la diversidad siempre y cuando se manifieste en lo privado y en lo público no genere contradicción con el todo nacional, como sugiere Stuart ^{Hall (2010)}.

En este orden de ideas, el multiculturalismo no presenta una mejora en la calidad de vida de dichos grupos marginados y, por el contrario,

[...] ha hecho evidente que no todo discurso sobre la diversidad cultural tiene como horizonte el fin de la desigualdad histórica y del racismo que continúa afectando a las poblaciones indígenas, y no sólo a éstas, sino también a otros sectores tradicionalmente racializados y explotados, como los pueblos afrodescendientes, a quienes la escuálida mesa del multiculturalismo nunca les reservó un lugar prioritario (^{Zapata, 2019}: 109).

Una reflexión en torno a las críticas al multiculturalismo nos lleva desde revisar experiencias localizadas donde se transitó de un claro impulso optimista que convirtió dichas estrategias de reconocimiento en la bandera política de las naciones de avanzada, hasta pensar en el multiculturalismo de manera sobria, tomando distancia de la euforia inicial de los organismos gubernamentales, los grupos excluidos y la academia (^{Zambrano, 2020}). Determinar los efectos contrarios de estas políticas de diferenciación claramente nos ubica en su contenido ideológico neoliberal y en su estrecha relación con las prácticas extractivistas y las garantías para los capitales privados que los Estados promueven en sus territorios (^{Eagleton, 2017}).

En ese horizonte crítico la construcción de las otredades, lejos de garantizar espacios de inclusión y reconocimiento, ha exacerbado las prácticas de rechazo hacia el otro diferente en una nación. Esto se traduce en actitudes y prácticas contemporáneas de racismo, lo que en palabras de ^{Zizek sería un «síntoma representativo del capitalismo tardío multiculturalista» (1998}: 157), y en la producción constante de representaciones del otro que hay que regular, controlar y administrar porque implican violencia. Los odios raciales vuelven a generar sujetos de raza (^{Mbembe, 2016}), que nuevamente toman elementos biológicos, culturales, de religión o de origen para generar distinciones humanas de inferioridad y superioridad; asimismo, consideran la incompatibilidad de formas de vida, tradiciones y culturas, como menciona ^{Balibar (1991}: 37), es decir, un racismo sin razas o diferencialista que opera produciendo jerarquías y exclusiones horizontales. Así, la aplicación de políticas multiculturalistas oscila entre la inclusión y la exclusión, y en el caso particular tratado en este artículo, produce una imagen del migrante como ilegal, a la vez que le asigna un carácter de peligrosidad para la identidad nacional de los países de tránsito y de acogida, hecho que conlleva que se vea la movilidad humana como un espectáculo en las fronteras (^{Genova, 2018}).

Consustancialmente a la promoción del neoliberalismo, la expansión capitalista y el multiculturalismo, los procesos migratorios (legales e ilegales) también se redefinieron, tanto en su magnitud como en las rutas, en las legislaciones y en las formas de contención de la movilidad humana. Desde sus países de origen los migrantes padecen una serie de desventajas (económicas, étnicas, raciales, ambientales, políticas o ideológicas, entre otras), las cuales provocan de manera multifactorial el proceso de desplazamiento, pero tales desventajas también continúan durante los trayectos y se profundizan en los países de acogida (^{Aruj, 2008}).

Así, el multiculturalismo, ideología adoptada con fuerza discursiva en el neoliberalismo, difícilmente se concretó en hechos. Una de sus contradicciones se expresó en una tensión fallida entre los procesos de desfronterización anunciados y la práctica de fronterización selectiva, que alcanzó el tejido social de innumerables países y corredores migratorios, como lo dejan ver ^{Córdoba, Panotto y Slabodsky (2018)} en su trabajo sobre experiencias nomádicas. Ocurren manifestaciones de esta tensión en los desplazamientos de volúmenes significativos de personas, desarraigadas de sus territorios originales, atraídas por las necesidades o circunstancias que el capitalismo mundializó, a la vez que las transformó en víctimas de discursos y prácticas de odio, sin que el ideario de la ciudadanía universal prometida, independientemente de la nacionalidad, fuera alcanzado.

Para Sassen, la formación depredadora del capitalismo neoliberal no solo produce desigualdad, sino que aumenta y se vuelve un mecanismo de expulsión:

Para los que están en la parte más baja o en el centro pobre, eso significa expulsión de un espacio de vida; para los que están arriba aparentemente significó salir de las responsabilidades de ser miembro de la sociedad mediante la autoseparación, la extrema concentración de la riqueza disponible en una sociedad y la falta total de inclinación a redistribuir esa riqueza (^{Sassen, 2015}: 26).

La concentración de la riqueza en un segmento cada vez menor de la sociedad y la ampliación de los segmentos más empobrecidos no se detienen; su lógica se basa en el modelo de acumulación, cuya manifestación es la lucha inagotable por apropiarse de los recursos para sostenerla y ampliarla.

Esta tendencia se manifiesta sobre todo (pero no exclusivamente) en los denominados países pobres, subdesarrollados o periféricos, que son el botín codiciado por parte de las grandes corporaciones o grupos de poder a nivel mundial. Las estrategias o las políticas de los potentados para apropiarse de dichos recursos se externan en esos territorios y desplazan a sus poblaciones. Estos conflictos, disfrazados con nombres diversos como guerras locales, tribales, de baja intensidad o hibridas, o con denominaciones bizarras como «revoluciones coloridas», se insertan en la geopolítica de control por la hegemonía, donde la reconfiguración mundial se aproxima peligrosamente a graves confrontaciones y grandes desplazamientos poblacionales.

En la segunda mitad del siglo XX, el racismo y la discriminación eran de tal trascendencia que se destacó en la agenda de las Naciones Unidas, definida en agosto de 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban. Dicho organismo internacional observaba con preocupación el escenario y se declaraba en alarma por la gravedad del problema:

Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición (^{Naciones Unidas, 2001}: 5).

No es casualidad que este mismo organismo internacional asociara la xenofobia con la racialización del problema migratorio, dado que la xenofobia -un instrumento poderoso de control político para justificar la colonización- ha sido revivida en la época actual para fundamentar otras formas de dominio del capitalismo depredador. Si bien la jerarquización de las razas y la inherente desigualdad entre ellas fue descartada con bases científicas hace varias décadas, sus contenidos no explícitos resurgieron con virulencia a inicios del siglo XXI¹ como se ilustra en la siguiente nota que releva la pertinencia de la cuestión en la situación actual. Más de 20 años después, la lucha contra la distopía señalada no ha cambiado el panorama e incluso lo ha agravado. Actualmente, el racismo se desliga de sus presupuestos biológicos y de eugenesia, tan determinantes en el siglo XIX, pero aparece disfrazado, negado u oculto, con otros marcadores potentes, en diversos contextos latinoamericanos. En este sentido son muy importantes los aportes que han hecho autores como Frantz ^{Fanon (2009}, ²⁰¹⁸⁾, Aimé ^{Césaire (2006)} y ^{Hall (2020)}.

Esto se puede percibir como un racismo estructural subyacente que permea las instancias de la sociedad y excluye a determinados grupos de los derechos fundamentales que se garantizan a todos los ciudadanos. También existe un racismo institucional (^{Wieviorka, 2009}) que condiciona las acciones de los miembros de las instituciones, de los gobiernos y de la sociedad civil, y que discrimina a grupos y personas en contextos inferiorizados o de determinadas culturas, atribuyendo menor valía a las costumbres, idiomas o rasgos comportamentales de las poblaciones diferentes, frente a los ciudadanos normalizados como ejemplares. Se reproducen así una serie de desigualdades raciales, como también lo anota para el caso latinoamericano ^{Teun van Dijk (2016)}.

Los afrodescendientes latinoamericanos, quienes en su mayoría descienden de personas esclavizadas que trajeron los colonizadores, son los principales depositarios de estas formas de racismo. Además, enfrentan racismo con base en el color, pues el blanqueamiento de la población fue un objetivo tenazmente perseguido:

[…] en Occidente, el color blanco se asocia sistemáticamente con valores como la pureza, la divinidad, la bondad, la moral, la virginidad y la santidad. Por el contrario, el color negro se asocia con la maldad, la amoralidad, el miedo y, en muchos casos, también con la ilegalidad. El término ‘negro’ incluso se ha integrado en giros lingüísticos en varios idiomas para expresar el carácter negativo de alguien o algo. En español: lista negra, magia negra, negrear, denigrar (^{Hering, 2009}: 114).

Para los migrantes afrodescendientes, estas variadas manifestaciones de racismo son una carga adicional que llevan en sus trayectorias migratorias, en los lugares por donde transitan y en el entorno donde buscan acogida (^{Miranda, Díaz y Alfaro, 2022}). Asimismo, estas expresiones se ven exacerbadas por otros elementos, como los intereses de quienes lucran con la industria de la migración, entendida como:

el conjunto de servicios privados y especializados que facilitan y sostienen la movilidad humana internacional y comportamientos y prácticas sociales vinculadas con dicha movilidad, tales como el instalarse en otro país, la comunicación y la transferencia de remesas. Los empresarios de la migración ofrecen dichos servicios a un costo para el migrante y con el objetivo primordial de obtener una ganancia monetaria (^{Hernández, 2012}: 1).

A pesar de la diversidad de actores que hacen parte de esa industria, lo más grave es el papel preponderante que está ocupando la delincuencia organizada y los grupos criminales que se dedican a la trata de personas y tienen en Haití uno de sus mayores escenarios de actuación.

Por ello, en el caso de las personas haitianas, la interseccionalidad representa un instrumento útil para entender la complejidad de las fuerzas que se mueven en torno a los procesos migratorios que emprenden: aporofobia, racismo, destrucción ambiental, conflictos, ingobernabilidad, economía arrasada y las secuelas persistentes de la colonización francesa. Por último, la pandemia de covid-19 constituye un elemento reciente que se suma al conjunto de vulnerabilidades que sufre esta población y, como consecuencia, a la emigración.

Haití: racismo y vulnerabilidad

Un breve recorrido histórico nos permite ubicar la conformación de la nación de Haití como el punto de origen de las múltiples vulnerabilidades que ha arrastrado su población a través de los siglos y que determinan su situación actual.

Localizado en el Caribe, en la isla La Española (que comparte con la República Dominicana), el territorio que se constituyó posteriormente como la República de Haití fue altamente codiciado por las potencias colonialistas europeas en plena expansión, y ha sido asediado y espoliado de manera permanente. Se estableció en un escenario de pugnas virulentas entre dichas potencias colonialistas y fuerzas internas que también disputaban el control del país (^{Becerra, 2013}; ^{Pierre-Charles, 2020}; ^{Galeano, s.f.}).

España, Francia y posteriormente Estados Unidos son parte de este escenario, al que en el siglo XIX se agregó la conflictiva y constante relación con la República Dominicana. Este último país y Haití tenían geopolíticas peculiares y formaciones diferentes, ocupados por dos potencias europeas, España y Francia, con modelos propios de ocupación del territorio, explotación de sus recursos y constitución demográfica. En el caso de Haití, la política de poblamiento adoptada por Francia se distinguió por la importación masiva de esclavos de origen africano.

En 1791 se inició en Haití un levantamiento que tenía como objetivos tanto el fin de la esclavitud como lograr la independencia de Francia; fue la primera revolución dirigida por esclavos negros que triunfó, lo que le da un carácter único entre los movimientos sociales (^{Grüner, 2020}: 15). Al tratarse de la primera nación latinoamericana en iniciar y obtener parcialmente la liberación del yugo de la expansión colonialista, este movimiento provocó fuertes resistencias, y no fue sino hasta 1804 cuando se produjo la declaración formal de independencia. Sin embargo, la presencia de Francia como potencia colonizadora se hizo sentir en los años posteriores, y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad tan glorificados por la Revolución francesa difícilmente se validaron en el nuevo país independiente. Además, se le impuso a Haití el pago de una indemnización descomunal, la cual fue una de las causas de la extracción de excedentes en un país latinoamericano colonizado; esta explotación, que se prolongó durante muchas décadas, impidió el desarrollo del país.

Probablemente Francia nunca haya perdonado esa insurrección, que le hizo perder abundantes ingresos de su sistema de esclavitud y de la destrucción de miles de plantaciones de azúcar y café. Haití pagó un precio muy alto: en 1825, se vio obligado a pagar a Francia 150 millones de francos de oro para compensar, por sus pérdidas, a los antiguos colonos que habían dominado a los esclavos, a cambio del reconocimiento de su existencia como nación-estado independiente (^{Duval, 26 de septiembre de 2017}: párr. 3).

El costo de los intentos de autonomía ha dejado profundas huellas en el país² (^{Pierre-Charles, 2020}). Los conflictos entre fuerzas externas e internas nunca cesaron y continúan hasta la actualidad, lo que ha provocado una continua inestabilidad que ha llevado a la pauperización de su territorio y su población.

A esta conflictividad permanente, en la segunda mitad el siglo XX se sumaron las presiones e intervenciones constantes de Estados Unidos, que predominaron en el país durante largo tiempo (^{Pierre-Charles, 2020}). Las dictaduras de los gobiernos de François Duvalier (Papa Doc, 1957-1971) y Jean-Claude Duvalier (Baby Doc, 1971-1986), caracterizadas por una acentuada violencia y represión, tampoco pudieron contener los disturbios que se habían instalado en el país a pesar de contar con la anuencia del gobierno estadounidense. A partir de 1986, tras el golpe de Estado que derrotó a Jean-Claude Duvalier, se iniciaron varios intentos para normalizar la situación política mediante sistemas representativos democráticos con elecciones creíbles, así como con reformas urgentes y necesarias. Estos no prosperaron, pues Jean-Bertrand Aristide,³ presidente electo de manera democrática, fue cesado de su cargo tras varias asonadas. La situación fue de tal gravedad que en 2004 las Naciones Unidas decidieron enviar, a través de su Consejo de Seguridad, una fuerza pacificadora denominada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), encabezada por Brasil bajo el mando del general Augusto Heleno.

El terremoto de 2010 obligó a dicha fuerza multinacional de Naciones Unidas a enfocar sus objetivos en la atención de la emergencia. En 2017, al término de dicha misión, sus acciones fueron bastante criticadas y se enfatizaron acciones que impactaron negativamente sobre la sociedad haitiana, por ejemplo, se acusó a los soldados de Nepal participantes en esta misión de traer y diseminar la epidemia de cólera que asoló Haití en octubre de 2010 (^{Sampaio, 20 de octubre de 2020}). Asimismo, se denunciaron otros temas como su incapacidad de controlar la violencia o su connivencia con ella, o el abuso a mujeres haitianas de algunos de sus efectivos. Sin embargo, también se destacaron aspectos positivos de aquella misión, sobre todo las iniciativas de la sociedad civil brasileña para aminorar la situación traumática posterremoto y la reparación de los daños.

Si bien la MINUSTAH, que finalizó en 2017, debía seguir apoyando el gobierno de Haití en menor medida para alcanzar su estabilización, esto no ocurrió. En todo caso, se importante señalar que el contacto con Brasil a través de la MINUSTAH fue el origen del establecimiento de corrientes migratorias a ese país.

En julio de 2021 fue violentamente asesinado el presidente Jovenel Moise en un ataque al palacio presidencial. El hecho fue precedido por varias protestas de la población ante el deterioro extremo de las condiciones de vida en el país y por la proliferación de bandas de delincuentes presentes a lo largo del territorio. Actualmente siguen los disturbios, protagonizados por diversos sectores de la población que protestan por las condiciones vitales y el encarecimiento del costo de vida, además de por la presencia de grupos delincuenciales, los cuales han tomado el control de varias instancias del país.

Este breve recuento muestra cómo la gestión política de la nación nunca se estabilizó debido bien a la interferencia de poderes externos, bien a contradicciones internas derivadas de la situación geopolítica del país, las cuales se magnificaron por las características de localización y por las vulnerabilidades geofísicas del territorio.

A esta última causa se atribuye gran parte del éxodo de sus habitantes, en concreto a que el territorio se encuentra en una zona susceptible de ser afectada por fenómenos climáticos, meteorológicos y otros clasificados como naturales (huracanes, sequias, ciclones, terremotos y varias epidemias relacionadas con ellos) (véase Cuadro 1). Dado el carácter antropogénico que acompaña a estos fenómenos, sus efectos devastadores se hacen sentir a muy largo plazo. El terremoto de 2010 merece una mención especial en función de que tuvo como consecuencia una importante movilización migratoria. Fue un parteaguas, pues causó una gran destrucción y una gran tragedia humana, con 222 570 muertes y 3 700 000 personas afectadas.

El devastador terremoto de 2010 ocurrió en un país con una infraestructura deteriorada, una actividad económica degradada y una población sumida en la extrema pobreza. Asimismo, el deterioro del sector agrícola ha sido una constante a lo largo del tiempo; desde la pujante economía agraria que le proporcionó a Francia enormes ganancias, sobre todo de las plantaciones cañeras, hasta la actualidad, el deterioro parece irreversible. Se observa una acentuada erosión de los suelos causada por la destrucción masiva de los bosques e intensificada por una exhaustiva explotación del suelo, así como por la presión demográfica creciente y porque la población se dedica a una agricultura de subsistencia, rudimentaria y poco productiva.

En la década de 1980, el país, saqueado durante más de cuatro siglos, con una alta densidad demográfica y sin recursos minerales o de valor, fue objeto de la implementación de políticas neoliberales en aras de una modernización que se promovió para salir del atraso y como discurso para impulsar el desarrollo, pero estas medidas no surtieron el efecto anunciado, una constante en todos los países de América Latina.

El deterioro en la estructura social, política y ambiental prosiguió de forma acentuada (^{Bernal 2014}; ^{Miranda, Díaz y Alfaro, 2022}), de tal modo que hoy en día Haití está clasificado como el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo (véase Cuadro 2).

Con una superficie de 27 750 km², Haití es un país pequeño con alta densidad demográfica (416 habitantes/km²); su expansión está limitada por tratarse de una isla, y cuenta exclusivamente con fronteras marítimas, salvo una terrestre con República Dominicana. Otros indicadores del país también son desfavorables: reducida esperanza de vida de sus habitantes y un índice de desarrollo humano entre los más bajos de acuerdo con los organismos internacionales.

El reducido nivel de escolaridad de su población es un factor básico para explicar el limitado desarrollo de fuentes de trabajo con requerimientos de mayor tecnología y especialización -como consecuencia, las personas que migran acceden principalmente a puestos laborales precarios y de baja calificación-. En cuanto al volumen de su economía, el país ocupa el lugar 117 en el mundo.

En este escenario, en Haití históricamente la emigración ha representado un recurso de la población para sobrevivir; este fenómeno en determinados periodos ha sido muy intenso y ha imprimido características particulares a las rutas migratorias (^{Metzner, 2014}: 16-18). Esta historia de migración en el país puede dividirse en tres periodos: el primero, también llamado de inicio, se desarrolló entre 1910 y 1930; el segundo se caracteriza por la maduración de la mano de obra haitiana en el mercado laboral dominicano, especialmente en la industria azucarera, y transcurrió de 1930 a 1975, y el tercero, caracterizado por la diversificación de las actividades laborales, transcurrió de 1975 hasta la actualidad, e implica mucho más que la simple diversificación en los mercados de trabajo, para alcanzar un amplio espectro de las características de los procesos migratorios (^{Coulange-Mérené, 2018}; ^{Wooldy, 2020}).

En el año 2019, el número de inmigrantes en Haití fue de 18 756 personas, correspondiente a 0.17 % de su población, y el de emigrantes de 1 769 671 personas, correspondiente al 14.08 % (^{Haití: economía y demografía, s.f.}). A pesar de estas cifras, probablemente subestimadas, el saldo migratorio es muy elevado e ilustra la erosión demográfica que sufre el país.

Rutas migratorias: violencia y racismo como obstáculos al multiculturalismo

En años recientes, la devastación que ocasionaron en Haití dos grandes terremotos, aunada a la conflictividad política derivada del asesinato del presidente, la imposibilidad de sobrevivencia de la mayoría de la población, la escasez de bienes y servicios, la interferencia de países extranjeros y una legislación antimigrantes o medidas para expulsarlos, además de la crisis a raíz del covid-19, han configurado un cuadro dramático que a su vez ha propiciado el éxodo de su población.⁴

En el Cuadro 3 se muestra una aproximación en cifras del éxodo haitiano desde 1990 hasta 2019, periodo durante el cual convergieron varios factores que contribuyeron a desbordar la crisis y derivaron en violencia. Como se señaló al inicio, las rutas migratorias utilizadas por la población no son lineales ni homogéneas (véase Cuadro 3).

En el Cuadro 3 destaca lo siguiente: a) la contradicción entre los datos presentados y la evaluación sobre el terreno del número de haitianos residentes en el exterior, que la mayor parte de las fuentes presenta como muy superior al oficial, y b) la ausencia de datos cuantitativos sobre la presencia de personas haitianas en países como Brasil y México, escenarios importantes en sus rutas migratorias.

En este marco sobresalen varios países de destino y de tránsito, algunos tradicionales como Estados Unidos, Francia y República Dominicana, y otros coyunturales, entre ellos Chile y Brasil, que se integraron en fechas más recientes como parte de un éxodo transitorio y nuevo a América del Sur.

La migración haitiana a Francia responde de alguna manera a las corrientes que vincularon a las colonias con su metrópoli, y se circunscribe a las élites criollas, que enviaban a sus familiares y a personas de su clase social para instruirse y aprehender la cultura y el modo de vida francés.

En la actualidad, la migración haitiana tiene por objetivo Estados Unidos, lo cual no fue así en la década anterior, ya que fue a partir del terremoto de 2010 cuando se abrió una expectativa de asentamiento de las personas migrantes en América del Sur; no obstante, a la larga esta ruta no se pudo mantener, por lo que los migrantes buscaron nuevos destinos, una señal de nuevos patrones de movimiento. Los países del sur del continente, a pesar de sus experiencias durante el siglo XIX e inicios del XX, habían perdido la cultura de recibir migrantes, con excepción de la movilización de personas entre países limítrofes.

La situación generó un fenómeno digno de análisis, la remigración y el cambio de ruta, de las tradicionales vías marítimas que utilizaba la población caribeña para alcanzar Estados Unidos, al trayecto mucho más largo, caro y riesgoso, con mayores obstáculos, que implica la remigración desde América del Sur, para posteriormente por vía terrestre cruzar América Central e intentar el ingreso a Estados Unidos a través de los puestos fronterizos ubicados en México (fundamentalmente Tijuana).

La migración a Estados Unidos tiene dos atractivos: en primer lugar, se encuentran los motivos que tradicionalmente han atraído los flujos migratorios a ese país desde América Central y el Caribe y, en segundo lugar, se enfatiza la cuestión de las rutas migratorias haitianas en su largo recorrido desde América del Sur para, a través de México, retomar el destino acostumbrado. Se trata de un proceso de remigración, en el cual los haitianos abandonan América del Sur, sobre todo Chile y Brasil,⁵ adonde se habían dirigido y fueron acogidos tras el terremoto de 2010, para dirigirse a su destino tradicional hacia Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las circunstancias que generaron este desplazamiento largo, riesgoso y con múltiples etapas?

El terremoto ocurrido en Haití en 2010, uno de los más desastrosos del país e incluso del mundo, tuvo consecuencias devastadoras no solo por su intensidad, sino también porque alcanzó las áreas más pobladas, entre ellas la capital, Puerto Príncipe, y agudizó el escenario previo de miseria y deterioro en que ya se encontraban el territorio y su población. El brote de cólera que se desató en ese mismo año empeoró la situación de vulnerabilidad y, como consecuencia, fue de gran importancia la solidaridad internacional para atender a la población. Varios países, entre ellos los sudamericanos, se mostraron solidarios y abrieron sus fronteras para recibir a las personas desplazadas por ese fenómeno.

La situación interna de Brasil y Chile también se mostró favorable para recibir a la población desplazada de Haití, y los gobiernos de ambos países facilitaron su entrada a través de variadas estrategias administrativas y legales; fue en los años posteriores al terremoto cuando esos dos países mostraron más flexibilidad en sus normas administrativas para recibir migrantes haitianos, por lo que una gran cantidad pudo entrar de forma legal y se insertó con dicho estatus en la sociedad de recepción de manera favorable; esto ocurrió principalmente en el caso de migrantes con nivel de escolaridad elevado y con más recursos para sustentar su viaje y su incorporación en la sociedad receptora (^{Simões y Hallak, 2021}). Sin embargo, un porcentaje importante de haitianos que no disponían de medios se encontraron a merced de las redes de tráfico y trata que se desarrollan paralelamente en los circuitos migratorios.

En el caso de Brasil, la migración haitiana fue un parteaguas en las nuevas corrientes migratorias por sus particulares y complejidades. Los años comprendidos entre 2011 y 2020 se caracterizaron por el surgimiento de nuevos escenarios migratorios (^{Cavalcanti, Oliveira y Silva, 2021}), que se caracterizaron por un cambio radical en los patrones de movilidad; si bien previamente recibían migrantes fronterizos, ahora llegaban personas de países que no tenían frontera con Brasil, algo que no se experimentaba desde la primera mitad del siglo XX (^{Miranda, Díaz y Alfaro, 2022}).

La diversidad de la migración haitiana y su movilidad a través de varias regiones brasileñas fue estudiada por autores como ^{Granada Ferreira (2017)}, ^{Cavalcanti y Tonhat (2017)}, ^{Joseph (2017)}, ^{Diehl (2017)} y ^{Giacomini y Bernartt (2017)}. Los principales rasgos del fenómeno en Brasil pueden sintetizarse en los siguientes puntos: a) la presencia de varios factores de vulnerabilidad en Haití antes del terremoto de 2010, que detonaron el flujo migratorio; b) la facilidad de acogida a través de visas humanitarias a partir del terremoto de 2010; c) la insuficiencia en el número de esas visas, lo que fomentó el tráfico ilegal de inmigrantes que deseaban ingresar al país; d) la ubicación de los puertos de entrada al país por el norte y su desplazamiento al centro y sur de Brasil en función de la demanda del mercado de trabajo (segregado y precario para este tipo de migración); e) la situación favorable de la economía brasileña y un gobierno progresista abierto a la integración regional; f) la celebración de la Copa Mundial de futbol en 2014 y la Olimpiada de 2016 en Brasil, no como punto de atracción deportiva como se quiere demostrar, sino como factor de demanda de mercado de trabajo para la construcción de las infraestructuras; g) la difícil integración de la población migrante haitiana en los contextos locales debido a diferencias étnicas, idiomáticas y de otra índole.

La expresión «negros diferentes», que se aplicaba a las personas migrantes haitianas, es útil para explicar la difícil solidaridad hacia ellos, incluso por parte de la población afrodescendiente brasileña, entonces protagonista de importantes iniciativas contra el racismo y la discriminación que sufría en su propio país. Pese a que el racismo en base al color no es relevante en la sociedad brasileña, la diferencia de nacionalidad en este caso separó a los dos grupos, que podrían haberse relacionado de manera solidaria por el común factor afrodescendiente.

Al final de la década de 2010 ya se observaba en Brasil y Chile un agotamiento de las medidas que propiciaron el recibimiento de migrantes haitianos inmediatamente tras el terremoto, por tanto, su establecimiento en estos países empezó a ser desaconsejado y hostil. Los migrantes ahí asentados, incorporados en las escalas más bajas del mercado de trabajo segmentado, con escasas posibilidades de estabilizarse, sueldos precarios y sufriendo discriminación de diversos órdenes, sobre todo étnico-racial, se encontraban imposibilitados para regularizar su situación migratoria y conseguir la residencia en dichos países, lo que lanzó a muchos de ellos a la clandestinidad.

En relación con el desplazamiento de haitianos a República Dominicana, histórico y diferente de las nuevas rutas, siempre fue relativamente masivo; ambos países, que comparten una frontera común, tienen una historia de fractura debido a la lucha por la hegemonía de sus dos potencias colonizadoras, España y Francia, que, por conflictos y negociaciones según sus propios intereses, acabaron dividiendo no solo el territorio ocupado, sino también a la población. Los resultados fueron la formación de dos repúblicas con desarrollo desigual y una estela de consecuencias que multiplicó los conflictos entre ellas e impidió el ordenamiento de los flujos migratorios.

El desplazamiento de haitianos para trabajar como jornaleros en las plantaciones de la República Dominicana es un proceso histórico y masivo, y contribuyó a la degradación de la fuerza de trabajo haitiana, tanto temporal como permanente, debido a que los salarios y las condiciones laborales eran inferiores a los que los dominicanos estaban dispuestos a aceptar.

Según cifras oficiales (^{Naciones Unidas, División de Población, 2019}), la República Dominicana es el segundo destino de éxodo de los haitianos (véase Cuadro 3), pero la importancia sociodemográfica de este movimiento migratorio es muy superior a la reportada, además de que ha sido motivo de controversias permanentes y de amenazas que se han utilizado políticamente, lo que se ha sumado al conflicto histórico por la definición de las fronteras entre ambos países. Se atribuye una intensificación del odio y el conflicto entre los dos países al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961),⁶ cuyos esfuerzos por controlar la migración bajo la consigna de detener la haitinización de República Dominicana fueron constantes, aunque muchos propietarios de fincas, sobre todo azucareras, se beneficiaron de la mano de obra haitiana más barata. Tal consigna parece incoherente cuando se constata que República Dominicana también expulsa un volumen permanente de connacionales, en su caso rumbo a Estados Unidos, de tal modo que ahí residen 1.2 millones de dominicanos (el cuarto grupo de inmigrantes hispanos más grande en aquel país) (^{Babich y Batalova, 24 de agosto de 2021}), que enfrentan en su éxodo y en el país de destino problemas muy similares a los que en su territorio de origen sufren los migrantes haitianos; es decir, los dominicanos, conminados en su país a incorporar la xenofobia hacia los haitianos, viven una situación semejante cuando se confrontan a su propio proceso migratorio hacia Estados Unidos.

El antihaitianismo en República Dominicana no se detuvo con la muerte del dictador y la «invasión haitiana», como él pregonaba, siguió dejando huella en la sociedad dominicana, hasta tal punto que culminó con la expedición de la sentencia 168 emitida el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, según la cual se priva de la nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados haitianos nacidos en territorio dominicano desde 1929, quienes se convierten en apátridas:

La definición legal internacional de apátrida es «una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación». En términos simples, esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. […] La apatridia puede ocurrir por varias razones, incluida la discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos, o por motivos de género; la aparición de nuevos Estados y las transferencias de territorio entre los Estados existentes; y vacíos en las leyes de nacionalidad (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, s.f.: párr. 5, 7).

La apatridia es una medida degradante que no solo priva a las víctimas de sus derechos humanos, sino que las condena a una vida invisible y clandestina, a una «no existencia»; este sería el destino de miles de niños haitianos nacidos en República Dominicana de acuerdo con el decreto de 2013.

Lo anterior es un ejemplo de las contradicciones insalvables y perversas del multiculturalismo en la época neoliberal, quizá el caso más extremo de la violencia sistémica al que ha llegado la constante implementación de un modelo de sociedad dirigido por una élite dominante e implacable que disfraza su esencia con prácticas racistas y xenófobas y niega la humanidad del otro, en este caso, de la persona migrante. Simultáneamente, el sistema oculta esa perspectiva con un discurso contrario exaltando la igualdad como un valor supremo en cualquier situación, incluso independientemente de la nacionalidad u origen de ese otro.

Consideraciones finales

Abordar la relación entre multiculturalismo, migración y racismo permite reflexionar sobre la multiplicidad de causas de la migración, pero también sobre las consecuencias y las desventajas históricas que acompañan tanto las trayectorias, como el asentamiento de los migrantes racializados como negros o identificados como haitianos, quienes son tratados como individuos al margen de la sociedad, portadores de valores culturales o raciales distintos a los hegemónicos. Estas condiciones provocan odio racial, intolerancia e insolidaridad, y se consideran válidos los escenarios de injusticia social que viven cotidianamente.

Las políticas multiculturalistas de reconocimiento, en el caso de los migrantes, se construyen sobre la producción de la diferencia jurídica y cultural, por lo que generan al mismo tiempo lugares económicos marginales y políticas restrictivas para su participación plena y su acceso a la justicia; incluso, no son percibidos como ciudadanos, hecho que naturaliza la desigualdad en el mundo contemporáneo (^{Jabardo, 2000}). Así, entre el asimilacionismo, la integración o la segregación se debaten las decisiones de qué hacer con aquellos seres humanos que son considerados diferentes y que se proyectan como grupos no solo marginales, sino inaceptables. De esta manera, se suscita un racismo que provoca múltiples e interdependientes razones para discriminar (origen nacional, raza, género, cultura, religión, origen socioeconómico, edad) que hacen sostenibles las desigualdades y las relaciones de dominación (subordinación, explotación, violencias y extractivismos), tanto en los migrantes como en sus países de origen.

En el caso particular de la migración haitiana, es notable cómo se produce la diferencia racial, cultural y jurídica que generan al mismo tiempo los lugares económicos marginales y las políticas restrictivas para que puedan participar plenamente y acceder a la justicia en los países que inicialmente los acogieron, como Brasil y Chile. Posteriormente son percibidos como no ciudadanos (^{Jabardo, 2000}), hecho que naturaliza un estatus de desigualdad en las complejas trayectorias migratorias que siguen por las rutas latinoamericanas.

Entre esas trayectorias habría que destacar su tránsito por México como una ruta que recientemente ha adquirido importancia y donde se potencian los efectos observados en los itinerarios anteriores de ese grupo por América del Sur, pues en este país para los haitianos se acentúan los problemas que sufren en las rutas de tránsito personas de otras nacionalidades, sobre todo centroamericanas. En este sentido, se ha construido una caracterización de las personas de nacionalidad haitiana como nuevos invasores, algo que los medios de comunicación y otros organismos de la sociedad insisten en magnificar, al mencionar que desempeñan un papel disruptivo o son víctimas sin capacidad de agencia y resiliencia.

Las políticas públicas neoliberales se debaten entre el asimilacionismo, la integración o la segregación para definir qué hacer con los haitianos, que son tratados como seres diferenciados, marginales e inaceptables. Estos hechos suscitan un racismo constante sustentado en múltiples e interdependientes razones para discriminar, como el origen nacional, el tema racial, el género, la cultura, la religión, el origen socioeconómico o la edad. La articulación de estas variables hace sostenibles las desigualdades y las relaciones de dominación, subordinación, explotación, violencias y extractivismos de los cuales los migrantes haitianos son víctimas.