Capacidades locales y de gestión social para el abasto de agua doméstica en comunidades rurales del Valle de Zamora, Michoacán, México

 

Local and social management capacities for domestic water supply in rural communities in Valle de Zamora, Michoacán, México

 

José Luis Pimentel-Equihua¹, Martha A. Velázquez-Machuca², Jacinta Palerm-Viqueira¹

 

¹ Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Carr. México-Texcoco km 36.5. Montecillo, Edo. de México. 56231 (jequihua@colpos.mx) (jpalerm@colpos.mx).

² CIIDIR-IPN-Michoacán. Justo Sierra No. 28, Centro. Jiquilpan, Mich. 59510. (mvelazquezm@ipn.mx).

 

Resumen

En el presente trabajo se muestran las capacidades locales en la gestión del agua doméstica de comunidades rurales de Zamora, Michoacán. El reconocimiento de estas experiencias comunitarias cobra importancia en el marco de la discusión sobre los alcances y limitaciones de la centralización y descentralización del recurso hídrico. Las capacidades locales se analizan a través de reconocidos componentes de la gestión comunitaria como son: gobierno y administración, la distribución del agua, el personal operativo, la vigilancia y el monitoreo, la rendición de cuentas, la capacidad autofinanciera y criterios de equidad social. En la organización de los sistemas comunitarios estudiados sobresale la mínima burocracia empleada, la capacidad autofinanciera y las reglas simples y expeditas para administrar el recurso agua con cierta equidad social. Estos elementos apoyan el argumento de la necesidad de un mayor reconocimiento jurídico de las capacidades autogestivas de las comunidades rurales en el manejo integral y sustentable del agua potable.

Palabras clave: conocimiento local, gestión del agua potable, México, participación social.

 

Abstract

In this study, local capacities for domestic water management in rural communities in Zamora, Michoacán, are shown. The recognition of these community experiences becomes important within the scope of discussion about reaches and limitations of centralization and decentralization of the water resource. Local capacities are analyzed through well-known components in community management, such as: government and administration, water distribution, operating personnel, vigilance and monitoring, accountability, self-financing ability, and social equity criteria. In organization of the community systems studied the following stand out: minimum bureaucracy, self-financing ability, and simple and timely rules for managing the water resource with a degree of social equity. These elements support the argument of the need for a greater legal recognition of self-managing capacities in rural communities for the integral and sustainable management of drinking water.

Key words: local knowledge, drinking water management, México, social participation.

 

Introducción

La gestión integrada de los recursos hídricos es una meta reconocida en la legislación hídrica mexicana; en ella se establece la necesidad de una participación coordinada del Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad para promover e instrumentar una serie de medidas tendientes a lograr lo que se conoce como Desarrollo Sustentable (DOF, 2011). En relación con el agua potable, la gestión sustentable (o sostenible) del agua busca garantizar el abastecimiento y adecuada distribución del líquido entre los usuarios involucrados, asegurando además el control de su calidad y cantidad. Uno de los mecanismos reconocidos para una gestión adecuada es la participación social en los distintos ámbitos donde han de adoptarse decisiones sobre el manejo del recurso. Esta participación ha de concretarse en la construcción de procesos incluyentes de toma de decisiones, como una estrategia para alcanzar una adecuada gobernabilidad del recurso. Fundamentalmente, la participación es un derecho y una necesidad en la medida en que ayuda a lograr equilibrios entre las partes en conflicto mediante la toma de decisiones democráticas (Carabias y Landa, 2005); las decisiones consensuadas pueden ayudar a reducir enfrentamientos ante intereses diversos, y coadyuvan al logro de un manejo sustentable del recurso (Boelens, 1998).

En estudios recientes sobre el diagnóstico de la gestión del agua en México (Barkin, 2006), se ha encontrado que las instancias oficiales encargadas del manejo del agua, no contemplan entre sus principios rectores el reconocimiento sobre las capacidades organizativas de la población rural para tener un papel activo en la conservación y rehabilitación de cuencas, donde el agua tiene un papel estratégico. Los usos sociales y comunitarios del agua, por otro lado, así como las capacidades locales para la gestión de los sistemas de abasto de agua potable no se incluyen en los planes oficiales de manejo de los recursos hídricos.

En lo referente a la regulación formal de los sistemas de agua potable, la reforma al artículo 115 constitucional de 1983 establece que son los municipios quienes tienen la responsabilidad de proveer los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. En este artículo no se hace mención sobre la incorporación de las organizaciones de las comunidades rurales en la administración del recurso, y apenas se pondera el fortalecimiento de la vida comunitaria en los ejidos y las comunidades mediante la regulación de las aguas y otras acciones de fomento. La reforma establecida en 1999 ya introduce algunos lineamientos para contemplar esta participación social al enunciar que "Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar [...] los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas [...] que [...] regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal (DOF, 1993). Estos incipientes reconocimientos a las experiencias organizativas de las comunidades para el manejo del agua se atisban, también, en la Ley de Aguas Nacionales de 1992 (DOF, 2011), que en su artículo 5, fracciones II y III indica que el Ejecutivo Federal "fomentará la participación de los usuarios del agua [...] en la realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos" y "favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico".

En el ámbito de la academia, diversas investigaciones sobre el manejo de recursos naturales por organizaciones comunitarias muestran que los conocimientos, arreglos sociales e instituciones locales son mecanismos eficaces en la gestión del agua al lograr una distribución relativamente equitativa del recurso (Ostrom, 2000; Gelles, 1984; Wade, 1988; Galindo y Palerm, 2007; Ennis-McMillan, 2001).

La capacidad comunitaria sobre la administración y organización social en torno a un recurso se puede analizar a través de indicadores como: 1) conformación de un gobierno local –autoridades del agua- para regular las actividades propias del manejo del sistema; 2) distribución eficaz del líquido; 3) personal operativo de origen local; 4) rendición de cuentas; 5) capacidad autofinanciera; 6) mecanismos de equidad; y 7) vigilancia y monitoreo de la red para reducir riesgos de desabasto (Palerm et al., 2000).

En uno de los estudios sobre las capacidades comunitarias para el abasto de agua potable en el estado de Hidalgo, Galindo y Palerm (2009) analizaron la organización de ocho comunidades que se unieron para conformar otros tantos comités comunitarios autogestivos y un organismo supracomunitario. Los autores concluyeron que esta estrategia fortaleció tanto la cohesión social de las comunidades involucradas como la gobernabilidad del recurso, minimizando los conflictos y creando vías alternativas para su solución.

El objetivo de presente trabajo fue mostrar elementos sobre las capacidades comunitarias en relación con la administración y organización social para el abasto de agua potable. Estas capacidades se analizan a través de siete indicadores que podemos catalogar de "éxitos sociales y financieros", al ser coadyuvantes en la cohesión comunitaria y el uso no lucrativo del recurso agua. Como hipótesis de trabajo, se plantea que las comunidades rurales bajo estudio han desarrollado capacidades para el manejo hídrico con los criterios de éxito social y financiero. La incorporación, a futuro, de estos principios de gestión en la legislación de aguas mexicanas contribuirían a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades rurales y la gobernabilidad social en torno a este recurso.

 

Materiales y métodos

El estudio se centró en seis comunidades rurales del municipio de Zamora, en el noroeste de Michoacán. Las comunidades seleccionadas fueron La Sauceda (3069 habitantes), La Rinconada (4155 habitantes), Romero de Torres (1179 habitantes), El Espíritu (203 habitantes), La Ladera (797 habitantes) y El Ojo de Agua (664 habitantes). Estos pueblos están situados a una distancia media de 16 km de la cabecera municipal (INEGI, 2010), enlazados a ella por una carretera federal (La Sauceda, La Rinconada, Romero de Torres) o por caminos vecinales asfaltados (El Espíritu, La Ladera, El Ojo de Agua). Cuentan con energía eléctrica y medios de información masiva (radio, televisión, internet).

Durante el año 2009 se realizaron observaciones directas y entrevistas a autoridades comunitarias y usuarios sobre la infraestructura y los procesos de operación de los sistemas de abasto de agua potable. Para el análisis de la capacidad comunitaria sobre la administración y organización social en torno al agua potable se utilizaron los criterios señalados por Palerm et al. (2000), enunciados antes. Se realizaron estimaciones de los volúmenes de agua que surten a los hogares mediante mediciones puntuales de los flujos en las llaves domésticas. Se revisó la prensa local y regional para identificar problemas sociales con el abasto de agua –en cantidad y calidad- a nivel municipal y su relación con la administración de las comunidades de estudio.

 

Resultados y discusión

Algunos antecedentes de las comunidades de estudio

La actividad económica principal en estas comunidades es la agricultura, la cual está orientada básicamente a la producción de granos –maíz (Zea mays), sorgo (Sorgohum vulgare Pers.), trigo (Triticum aestivum), cebada (Hordeum vulgare)-, frutillas –fresa (Fragaria spp.), zarzamora (Rubus spp.), frambuesa (Rubus idaeus)- y hortalizas –cebolla (Allium cepa), jitomate (Solanum lycopersicum), pepino (Cucumis sativus), calabacita (Cucurbita pepo L.)-, tanto bajo riego como en temporal. La mayoría de la población dedicada a labores del campo se contrata como jornalero y sólo un bajo porcentaje es ejidatario o pequeño propietario. Otra fuente importante de empleo son la agroindustria y los servicios, ésto en la ciudad de Zamora. Un fenómeno importante en estas poblaciones es la intensa migración hacía los Estados Unidos de Norteamérica; regularmente todos tienen parientes establecidos en ese país, ya sea por trabajo temporal o porque se quedaron a vivir allá. Estos migrantes aportan recursos económicos que ayudan al sostenimiento del grupo familiar, a la construcción de viviendas o al financiamiento parcial o total de la actividad agrícola. Es frecuente el caso de importantes apoyos financieros de los migrantes para la construcción de templos, plazas, arreglo de calles y construcción de escuelas.

Las fuentes de agua doméstica y la infraestructura

En las comunidades estudiadas las fuentes principales de agua doméstica son pozos profundos para extraer agua subterránea y, en menor medida, algunos manantiales (Cuadro 1). Los pozos están equipados con motores eléctricos para extraer el agua y enviarla a través de una red de tubería hacia un depósito para su almacenamiento temporal. El depósito se ubica regularmente en las partes topográficamente más altas de las comunidades o pueblos, aunque en algunos casos se construyeron estructuras para elevar dichos depósitos y derivar por gravedad el agua hacia las viviendas. Los motores están protegidos mediante cercados con malla ciclónica apoyada en una base de cemento y piedra para resguardarlos de daños o robos.

La infraestructura para la distribución del agua consiste en una red de tubería principal y secundaria. La red principal discurre paralela a las calles y va enterrada a profundidades variables, en algunos tramos puede verse directamente por encima de la superficie, a simple vista se observa un trazo impreciso de la red. La red secundaria comprende tubos más delgados que se insertan a la red principal y conducen el agua a cada hogar; estos tubos son llamados "tomas de agua".

De las seis comunidades bajo estudio, cuatro están situadas en la falda de los cerros; esta condición permite aprovechar la pendiente para distribuir el líquido por gravedad y reducir costos energéticos en su distribución.

La instalación de los sistemas de abasto de agua doméstica se llevó a cabo en la mayoría de los pueblos en la década de los años setenta del siglo XX (Cuadro 2). La perforación de los pozos, su equipamiento y la adquisición de la red de tubería principal fueron financiadas con aportaciones tripartitas de instancias federales, estatales y comunitarias; la red secundaria fue obra comunitaria, cada vivienda cubrió los costos de su "toma". La gestión para la construcción de los sistemas se llevó a cabo a iniciativa de las propias comunidades ante distintas instancias.

 

Indicadores de la capacidad comunitaria sobre la administración y organización social en torno al agua potable

Gobierno y administración local

De forma simultánea a la instalación de los sistemas de agua potable, las comunidades crearon Comités de Agua Potable (CAP) encargados de su administración y operación. En las seis comunidades el CAP se integró con miembros de los propios pueblos, iniciando así procesos de gestión local a partir de la construcción del nuevo sistema. Los procesos de gestión local continúan actualmente.

En los pueblos la Asamblea General es la máxima autoridad, y en ella participan todos los usuarios del agua potable. Las funciones de la Asamblea son: 1) elegir anualmente a los miembros del Comité de Agua Potable (CAP); 2) establecer los montos de pago o tarifa anual del agua para cada toma domiciliaria; 3) recibir, y en su caso aceptar o rechazar, el informe de ingresos y egresos que rinde el CAP en turno; 4) fijar y hacer cumplir las sanciones que se imponen a los morosos en el pago del servicio de agua potable; y 5) autorizar nuevas tomas de agua. El CAP se integra por tres personas (Presidente, Secretario y Tesorero) miembros de la comunidad. Solamente en la comunidad de La Ladera el CAP consta de dos miembros.

La Asamblea se reúne en espacios colectivos, usualmente en los salones ejidales: son foros abiertos donde todos los pobladores tienen derecho a asistir, opinar y votar sobre los asuntos tratados. El único requisito es ser residente en la comunidad; no se excluye a las mujeres. La Asamblea elige, y en su caso reelige o sustituye, a los miembros del CAP mediante el voto directo. Un usuario presente equivale a un voto. El procedimiento de elección de un CAP inicia cuando el Encargado del Orden, que es la autoridad civil del pueblo, cita a Asamblea General a los habitantes; el llamado a la Asamblea lo hace a través de los altavoces que existen en estos pueblos, esto con algunos días de anticipación señalando motivo de la reunión, fecha, lugar y hora de la misma. Ya instalada la asamblea, se solicita a los asistentes que hagan la propuesta de tres usuarios para ocupar los puestos del CAP que han de relevarse. Los nombres propuestos se someten a votación directa uno por uno y se cuentan los votos a la vista de todos: quien obtiene la mayor cantidad de votos ocupará el puesto de Presidente, el que le sigue en el conteo será el Secretario y el siguiente el Tesorero. La duración de los comités es de un año (La Sauceda, La Ladera y El Espíritu) o tres (La Rinconada, Romero de Torres y El Ojo de Agua). Los requisitos para ser propuesto para conformar el CAP son: saber leer, escribir y ser reconocido como gente honesta. Los puestos del CAP son honoríficos, de servicio a la comunidad; a manera de estímulo, a los integrantes del CAP se les dispensa el pago del agua por los años de servicio. El número de integrantes, el tiempo de remplazo de los miembros del comité, la forma de elección en asamblea y la honorabilidad de los cargos, muestran una regularidad social regional indicadora de un modelo común de administración y manejo social del agua.

Los miembros del CAP son los responsables de ejecutar las decisiones de la Asamblea y de realizar una serie de actividades o tareas permanentes: cobrar a los usuarios la cuota anual, recibir información de la operación del sistema, autorizar y proporcionar los recursos económicos para cubrir los gastos inmediatos (compra e instalación de refacciones en la tubería principal, compra de cloro utilizado para desinfección del agua, realizar los pagos de los recibos mensuales de energía eléctrica), recibir la solicitud y en su caso autorizar tomas nuevas, resguardar la documentación (recibos de pagos y oficios y actas de asambleas), resguardar el dinero producto de las cuotas, registrar los pagos y hacer los balances financieros.

Para los registros de cobros se utilizan libretas y lápiz. Los recibos respectivos son emitidos y firmados por los miembros del comité y contienen la información básica: número de folio, nombre del titular de derecho de la toma de agua, la fecha y la cantidad pagada.

Los pagos se pueden realizar de forma mensual o anual y se emite un recibo para cada usuario. Esta política de cobro facilita el cumplimiento del pago, el cual es registrado en el padrón de usuarios. En el caso de la comunidad de La Sauceda se lleva un sistema de registro por computadora y son auxiliados por estudiantes que manejan estas herramientas. El dinero producto de las cuotas es resguardado en la casa del Tesorero o se deposita en el banco, de acuerdo con el criterio de los integrantes del CAP. En el resto de los pueblos predomina la costumbre de guardar el dinero en casa para cubrir los gastos de forma inmediata sin tener que trasladarse fuera de los pueblos, reduciendo la frecuencia de viajes a Zamora, y por lo tanto los gastos. El CAP rinde cuentas anualmente en Asamblea General, de manera directa y abierta ante los usuarios.

Una necesidad administrativa para estos sistemas comunitarios de abastecimiento de agua, es observar los límites territoriales, situación que obliga a las comunidades a establecer criterios de inclusión y exclusión en el uso del recurso. Los límites para el uso del agua son los terrenos edificados con casas y el llamado núcleo de población; fuera de este espacio la Asamblea General no autoriza nuevas tomas de agua. Este control territorial para la distribución del agua evidencia actualmente problemas derivados de la presión del crecimiento de la mancha urbana. En comunidades donde existe una fuerte presión de crecimiento urbano (caso de La Rinconada) se detectan tomas clandestinas de agua en edificaciones nuevas, dificultando el control del recurso por parte de las comunidades, al no existir mecanismos sociales de contención para expandir la red. Este mismo fenómeno se observó en La Sauceda, donde al parecer los lazos familiares o de parentesco juegan un rol importante para no cortarles el agua a las nuevas viviendas.

Personal operativo de origen local

El personal operativo es el encargado de ejecutar la distribución del agua; constituye, por estas funciones, el elemento fundamental en el ejercicio de la capacidad administrativa de los pueblos sobre el agua. Sus miembros son elegidos entre los mismos habitantes de las comunidades y localmente se les conoce como aguadores o fontaneros; puede ser un cargo honorífico -comunidades de El Ojo de Agua y La Ladera- o pagado con un salario -La Sauceda y La Rinconada. En este último caso, a los aguadores se les paga con las cuotas que recolecta el comité de agua potable. La Asamblea General tiene la facultad de ratificar o cambiar al aguador o fontanero y éste está obligado a ser eficiente. El cambio se realiza a sugerencia del CAP y se aprueba por la Asamblea.

Cada una de las comunidades cuenta al menos con un aguador o fontanero, con las funciones de: i) encender y apagar el motor de la bomba del pozo todos los días del año; ii) abrir y cerrar las compuertas o llaves de paso para dirigir el agua a las diferentes secciones, de acuerdo con los turnos establecidos. Es personal no especializado en el sentido tecnocrático del término y su proceso de aprendizaje se basa en la experiencia local comunitaria transmitida entre los usuarios. Así, el aguador que va a ser reemplazado de sus actividades tiene la obligación de "enseñar" a la persona que tomará su puesto, esto con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio. Por esta razón, regularmente el aguador no se sustituye de forma anual. El remplazo puede ocurrir a causa del deceso del aguador, por razones de salud o comportamientos no aprobados por la comunidad (Cuadro 3). Además de la distribución, este personal realiza otras actividades permanentes en la red de agua: reparación de fugas, arreglo de compuertas, apertura de nuevas tomas, aplicación del cloro en el sistema de distribución y lavado de los depósitos comunitarios de agua.

La distribución del agua

En las seis comunidades se realizan tandeos de agua con dos variantes: 1) en La Sauceda, La Rinconada y Romero de Torres cada vivienda recibe agua cada tercer día por 3, 4 y 10 horas, respectivamente; 2) en las comunidades de La Ladera, El Espíritu y El Ojo de Agua se da el servicio todos los días pero con turnos de 3 y 2 horas (Cuadro 4).

De acuerdo con los usuarios de estas comunidades la cantidad de agua que les llega alcanza para cubrir las necesidades domésticas. Sin embargo, se da el caso de algunas viviendas que no tienen acceso a agua suficiente, sobre todo en aquellas ubicadas en la periferia de los pueblos donde falla la presión del líquido o no se ha ampliado la red.

La modalidad del tandeo o distribución del agua está en función del tamaño del sistema que maneja cada comunidad. En las que manejan tandeos por cada tercer día, el territorio urbano se divide en sectores y éstos en secciones; las comunidades que llevan a cabo tandeos diarios dividen dicho territorio solamente en sectores. Por ejemplo, en La Sauceda el pueblo se divide en dos sectores y cada uno en tres secciones. Cada sector recibe el agua cada tercer día. Al interior de un sector, cada sección (tres en total) es abastecida durante tres horas aproximadamente. Así, el motor del pozo se enciende a las siete de la mañana y el agua se dirige a la primera sección; a las 10 de la mañana se cierra la llave de control para esta sección y se abre otra para dirigir el agua a la segunda. A las 13 horas se cierra la llave para la segunda sección y se abre otra para la tercera. A las 16 horas el servicio se suspende y se apaga el pozo; el ciclo se repite al día siguiente en el otro sector.

Esta modalidad de tandeo requiere que el personal operativo sea de tiempo completo, y que para situaciones de emergencia se cuente con personal sustituto capacitado en el manejo del sistema.

Los integrantes del CAP en La Sauceda y Romero de Torres coinciden en señalar que el abasto por horas y días es un mecanismo que permite el ahorro de costos de energía eléctrica y ayuda a sostener cuotas aceptables por los usuarios; además, consideran que el volumen de agua asignado es suficiente para cubrir las necesidades de la población. En mediciones del agua que abastece a las casas, realizadas en la comunidad de La Sauceda, se tomaron dos muestras de agua al azar a partir de dos tomas domiciliarias. Los cálculos de los volúmenes indicaron que en promedio se proporcionan 1500 litros de agua cada 24 horas por vivienda. Considerando los requerimientos de agua doméstica calculados por diversas instituciones que manejan el agua (Jouravlev, 2004), con tal cantidad de líquido se cubren aceptablemente las necesidades de una familia de siete miembros.

Rendición de cuentas

Las Asambleas Generales de usuarios se efectúan al inicio del año (enero-febrero); en ellas el CAP expone abiertamente el monto de dinero recaudado y los gastos realizados. Las recaudaciones monetarias comprenden las cuotas obligatorias de los usuarios y los pagos por tomas nuevas. Los gastos incluyen básicamente los costos de energía eléctrica del pozo, el pago al aguador o fontanero, la compra de compuertas y tubería y el cloro, además de los gastos de transporte de los miembros del CAP relacionados con las gestiones en la cabecera municipal (traslado para la adquisición de los materiales y el pago el recibo de la energía eléctrica). La Asamblea en pleno aprueba o desaprueba los ingresos y gastos, pregunta, aclara, pone en duda, y en su caso solicita mayor información al comité. Cada uno de los asistentes tiene derecho a opinar sobre la actuación del CAP.

En caso de desvío de recursos, la Asamblea presiona a los miembros del CAP para que se comprometan a recuperarlos en determinado tiempo. La fecha para restituir el dinero faltante puede ser propuesta por los mismos integrantes del CAP o ser fijada por la Asamblea General, de acuerdo con un calendario de pagos establecido colectivamente. Si los integrantes del CAP no cumplen tal compromiso, las sanciones se limitan al desprestigio social comunitario. Los lazos de parentesco y comunitarios impiden acudir a instancias jurídicas externas para sancionar los malos manejos de los recursos. Regularmente este tipo de conflictos se resuelven de forma intracomunitaria.

Capacidad autofinanciera

Uno de los problemas que enfrentan los sistemas de agua potable en distintas ciudades del país es la alta tasa de morosidad en el pago del servicio y el déficit presupuestal que ello genera. En las comunidades estudiadas observamos un importante porcentaje de recuperación de tarifas (Cuadro 5), de acuerdo con el número de tomas existentes por comunidad y el número de tomas que pagan el servicio de agua; esto es un indicador de la adecuada sostenibilidad financiera de estos sistemas. La escala o tamaño de estas comunidades es pequeña, pudiendo considerarse esto como un factor que facilita la presión social comunitaria y la vigilancia para el cumplimento del pago del servicio.

Un rasgo importante de economía moral en estas comunidades es que las tarifas se establecen bajo el criterio de solventar los gastos reales de la operación del sistema; está ausente el criterio de lucro o ganancia.

Para 2009, por ejemplo, en La Sauceda se recaudaron $237 500.00 y los gastos ascendieron a $216 500.00 (pago de energía eléctrica, salario del aguador, compra de refacciones y cloro, reparaciones), quedando un fondo de $2000.00 que se utilizó como reserva para el nuevo ciclo de cobros en enero de 2010.

Criterios de equidad social

Las comunidades estudiadas muestran algunos criterios de equidad social que coadyuvan a la sostenibilidad de los sistemas. Uno de estos criterios es el de dispensar del pago anual a los miembros de la comunidad que se encuentren en situación económica precaria, como son las personas adultas enfermas, ancianos que viven solos, viudas y madres solteras; incluso a los jóvenes recientemente casados se les exime del pago durante los tres primeros meses de vida matrimonial. Estos mecanismos cumplen la función de reforzar la cohesión social comunitaria. Se cumple, además, con el principio de no discriminación en el acceso al agua enmarcado en el derecho internacional y que indica que "los servicios de abastecimiento deben ser accesibles para todos, incluidos los sectores más vulnerables o marginados de la población, de hecho o de derecho, sin discriminación basada en ningún factor prohibido" (Bohoslavsky y Bautista, 2011).

Vigilancia y monitoreo

Los miembros del CAP y los habitantes de las comunidades realizan actividades de vigilancia y monitoreo del buen funcionamiento del sistema. Las autoridades del agua se centran en aspectos clave de la administración, siendo el principal la verificación del pago oportuno por parte de los usuarios. Es fundamental que las cuotas se cubran en los primeros meses del año, esto para asegurar una cantidad de dinero suficiente para cubrir los gastos de energía eléctrica. Cuando el número de tomas de agua pagadas no es suficiente para estos gastos, el CAP hace un balance y se diseñan acciones para presionar a los usuarios con el cumplimiento de los pagos; generalmente es suficiente la presión ejercida por la presencia de las autoridades ejidales y civiles en la vivienda del moroso. La Asamblea General es informada anualmente sobre las situaciones de morosidad; los casos particulares se discuten y se acuerdan sanciones contra los usuarios que no pagan, como la clausura de las tomas de agua domiciliarias.

Por su parte, los usuarios de las comunidades vigilan la frecuencia y duración de abasto de agua en sus hogares, de acuerdo con el día y las horas establecidas: si falla el abasto se dirigen con las autoridades del agua para reclamar el servicio. Una de las alternativas más utilizada es llamar al aguador o fontanero por el altavoz del pueblo para que acuda a la sección donde falta el agua y resuelva el problema.

 

Observaciones en relación con la administración del agua centralizada en el municipio de Zamora

En el municipio de Zamora la gestión del sistema de agua potable está a cargo de un organismo operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ). Este organismo administra 58 pozos y 60 000 tomas de agua para abastecer a cerca de 120 000 habitantes de la ciudad de Zamora, y a una o dos comunidades rurales; el organismo opera con 120 empleados (Sr. Carlos del Río, gerente del SAPAZ, comunicación personal).

De acuerdo con reportes de la prensa local, el desabasto de agua y problemas de calidad de la misma se reportan en distintas colonias como el caso de la Colonia García Robles (periódico "Z de Zamora", 21 de diciembre de 2011), INFONAVIT Progreso Nacional ("Z de Zamora", 9 de diciembre de 2011), Fraccionamiento Villa Las Flores ("Z de Zamora", 4 de diciembre de 2011), La Pradera, Valencia, Valle Dorado, Santa Cecilia, Palo Alto y otras más. Ante situaciones de falta de agua recurrente en los hogares, surgen protestas sociales para obligar a las autoridades municipales a resolver los problemas de abasto de agua; sin embargo, no se observa una respuesta eficiente y expedita en la solución del problema por parte de las autoridades del SAPAZ, generando en los vecinos inconformidad sobre el servicio y desestimulando con ello el pago puntual de tarifas. Las respuestas sociales ante la falta de agua incluyen, además de la resistencia al pago, la denuncia pública (caso de las colonias Santa Cecilia y David Franco Rodríguez), la compra de agua a camiones repartidores (las llamadas pipas de agua), adquisición de garrafones de agua purificada (generalmente de 19 litros de capacidad), petición de agua a los vecinos de colonias cercanas o transportar el líquido desde lugares más lejanos (manantiales o tomas públicas de agua).

En relación con los precios del agua que pagan los usuarios de la ciudad de Zamora, se observa que en general éstos tienden a superar las tarifas de las comunidades rurales estudiadas (Cuadro 6).

Las autoridades del SAPAZ tienen, al parecer, la intención de administrar los pozos de agua de las comunidades rurales que aún no dependen totalmente del sistema municipal. Estas medidas apoyarían una mayor centralización municipal de los servicios de agua, en tanto que actualmente se busca una descentralización para garantizar una gestión integral del recurso incluyente y equitativa (Aldama-Rodríguez, 2004). Estas acciones del organismo operador son ilustrativas de la contradicción existente entre el discurso oficial de la descentralización y la operación centralizada de los sistemas administrativos del agua (Sánchez-Meza, 2008).

La propuesta de administración de los pozos por parte del SAPAZ, se ha hecho a las autoridades de las comunidades rurales, pero éstas manifiestan una abierta oposición hacia estas posibles disposiciones; esta situación ha abierto un frente de conflicto adicional entre comunidades y autoridades municipales. En coincidencia con otros investigadores (Soares, 2006), se observa que la intervención de la administración municipal no necesariamente garantiza un manejo eficiente y responsable del agua. Además, algunos indicadores de administración del agua por parte del SAPAZ señalan más problemas que las comunidades rurales no muestran: por ejemplo, mayor burocracia, mayor porcentaje de morosidad, problemas de abasto en cantidad y calidad del agua, mayores costos de administración y mayores precios para los usuarios; a partir de estas observaciones consideramos que no es necesaria la intervención directa de organismo operador en la administración del agua de las comunidades rurales del municipio de Zamora.

Los elementos de análisis que se muestran en este trabajo apoyan la hipótesis de que estas comunidades han desarrollado capacidades para organizarse y administrar adecuadamente, y con criterios de sustentabilidad, el agua potable; esto, sin los fuertes problemas de abastecimiento que se detectan en la cabecera municipal y de cuya regulación es responsable el SAPAZ.

 

Conclusiones

Las comunidades rurales estudiadas han desarrollado esquemas administrativos y organizativos eficientes para gestionar el agua potable. Los factores que se relacionan con esta capacidad son: los usuarios de las comunidades cuentan con acceso a información directa y expedita en relación con la gestión y manejo de los sistemas de abasto, tienen mecanismos efectivos de participación social y democracia local, sus sistemas son gestionados con mínima burocracia y conocimiento local. Por tanto, en la perspectiva del manejo descentralizado y eficiente de los sistemas de abasto de agua potable deben reconocerse legal y jurídicamente las capacidades locales de las comunidades, así como valorar sus estrategias y funcionamiento para operar los sistemas. La gestión y administración de los sistemas por las comunidades reduce costos, hace expedita la gestión y fortalece la cohesión social comunitaria. El reconocimiento jurídico pleno de estas capacidades permitiría fortalecer las capacidades sociales locales, incrementar la cohesión social comunitaria, descentralizar efectivamente la administración del agua y evitar conflictos locales entre el Estado y las comunidades rurales, contribuyendo con ello a la gestión integral y sustentable del agua.

Es recomendable que las acciones de las autoridades municipales se orienten hacia el reconocimiento oficial de los Comités de Agua Potable de las comunidades, así como al fortalecimiento de la inversión en infraestructura -renovación de la red principal- y en la resolución de conflictos cuando éstos rebasen la capacidad comunitaria. El apoyo a los comités comunitarios debe contemplar la capacitación permanente en el manejo y reparación del sistema, así como la realización de estudios técnicos sobre características y funcionamiento de los acuíferos. Ésto con la finalidad de suministrar información más detallada sobre el recurso agua del cual son, en gran medida, responsables de su buen manejo.

 

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo otorgado por el CONACyT a través del proyecto 79 201 2010 "Juntas de aguas, unidades de riego y otras organizaciones de regantes: impacto de los cambios en la legislación sobre las capacidades autogestivas de los regantes".

 

Literatura citada

Aldama-Rodríguez, A. A. 2004. El agua en México: una crisis que no debe ser ignorada. In: Jacobo-Villa, M.A. y Saborío-Fernández, E. (coord). La gestión del agua en México: los retos para el desarrollo sustentable. Ed. Porrúa-UAM. México, D.F. pp: 11-31.         [ Links ]

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