Reseña

 

Antonio Yúnez Naude (coord). 2010. Los grandes problemas de México: Economía Rural

 

José A. Zarazúa¹, Tlillalcapatl Gómez-Carreto²

 

Volumen XI. México: El Colegio De México A.C. ISBN: 978-607-462-173-0. 196 p.

 

¹Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Unidad Oaxaca. Hornos No. 1003, Col. Noche Buena. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, México. 71230.

²Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Ciencias Administrativas. Campus VIII, Comitán de Domínguez. 36a. Calle Sur Poniente No. 50 Col. Mariano N. Ruíz. Comitán de Domínguez, Chiapas, México. 30077.

 

La temática rural, percibida como escenario de aplicación de diversas políticas y territorio de interacción de actores sociales varios, plantea una situación compleja, que pretende ser sistematizada y actualizada por el coordinador del volumen XI de los XVI que conforman la obra "Los Grandes Problemas de México", al comenzar el siglo XXI, a fin de coadyuvar al conocimiento de la sociedad mexicana y sus problemas, al tiempo que se conmemora, desde el ámbito académico, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana.

El libro consta de una introducción general, que retoma elementos de cada uno de los cinco capítulos del libro, que de manera conjunta proporcionan un panorama general en torno a algunos de los puntos neurálgicos de la llamada economía rural, a saber: políticas públicas y cambio estructural, derechos de la propiedad de la tierra, uso y degradación del suelo, emigración rural, y la identificación de las determinantes de la migración interestatal. A continuación, se comparten los hallazgos y propuestas más relevantes enunciados en la obra, sin describir detalladamente ningún tema o contribución capitular, con el ánimo de despertar el interés en la lectura del libro.

Un aspecto relevante que trasciende las contribuciones capitulares, es el reconocimiento de la relación uno a uno que debiera existir entre objetivo e instrumento de política. Dicho argumento permite evidenciar la necesidad de reformar diversos programas federales (PROCAMPO y otros más). Para lo cual, los diversos actores sociales involucrados deben establecer un balance y vínculo estructurado entre los propósitos de combate a la pobreza y la promoción de actividades productivas, especialmente en zonas rurales marginadas. Más allá del incremento de las inversiones en infraestructura para el sector, el principal rubro identificado por los usuarios/ciudadanos, se requiere favorecer la investigación, desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, incluidas aquellas que promuevan la sanidad e inocuidad alimentaria, de tal forma que éstas se constituyan en práctica común de cualesquiera de los diversos perfiles de campesinos.

Como es de esperarse, en el contexto de la economía rural, el activo tierra es uno de los factores primordiales para favorecer la mejora de la productividad del sector; sin embargo, no es condición suficiente. Por un lado, en México se ha proporcionado la debida certeza jurídica a la tenencia de la tierra, pero no se ha atendido la demanda del recurso, especialmente en aquellos subsectores con mayor dinamismo económico (horticultura o ganadería), propiciando que la tierra se constituya, cada vez y en mayor medida, como patrimonio fundamental y activo social/cultural, que confirma la pertenencia e identidad con la comunidad, aún para quienes ya no la cultivan. Con dichas atenuantes, la constitución de un mercado de tierras promovería la inversión y transformación de la actividad agropecuaria acorde con los requerimientos de competitividad que marca el ámbito global.

En el mismo tenor, es necesario reconocer que aquellas políticas instrumentales que pretenden incidir en la degradación del activo tierra, son más que incipientes, con todo y que dicho recurso sea la base de la actividad económica, hábitat de la flora y fauna y pieza fundamental de los ciclos biogeoquímicos. Actualmente se carece de información básica desagregada que permita realizar estudios de prospectiva en torno al nivel de degradación, y más preocupante resulta que las políticas, programas y proyectos carezcan de coordinación intersecretarial, sin líneas de mando claras y con presupuestos decrecientes. En definitiva, habrá que evitar repetir nuestro pasado, puesto que la expansión de la agricultura pudiera estar ligada a un deterioro en la alimentación y salud, toda vez que la dependencia a unas cuantas especies cultivadas limita el acceso a una dieta diversa, argumento de especial interés, tras el abandono del modo de vida rural versus la adopción del modo de vida urbana.

Precisamente, en torno a la población rural y su propensión a emigrar a otros países, los pronósticos son de continuidad, dado que las redes familiares en los lugares de destino desempeñan un papel trascendental, y desde luego, a medida que aumenta el ingreso per cápita de los países disminuye la proporción de la fuerza de trabajo dedicada a las actividades agropecuarias, con todo y las crecientes restricciones y vigilancia en la frontera sur de los Estados Unidos, y los consecuentes riesgos que afrontan los emigrantes sin permiso de entrada a los países receptores. Sin embargo, en la emigración al interior de México, además de las redes, se evidencia un fenómeno curioso; a medida que transcurra el tiempo y aumente la escolaridad de los campesinos su emigración crecerá para trabajar en actividades no agrícolas, reduciendo la desigualdad, especialmente en zonas rurales del sureste y centro del país. Ambos tipos de flujos migratorios reducen la pobreza rural y, en mayor medida, los internacionales, promoviendo el desarrollo rural, aunque se reconoce que las remesas aumentan la in-equidad en el medio rural, con la salvedad de que en regiones rurales con mayor tradición migratoria ocurre lo contrario.

Particularmente, en la migración al interior de México (interestatal), el nivel del PIB per cápita resultó ser un factor de retención de migrantes en los estados de origen y un factor de atracción en los de destino; donde además de las redes familiares, la presencia de contigüidad geográfica de los estados resulta fundamental. El impacto de la atracción en el estado de destino es en general el doble del impacto de la retención en la zona expulsora, pudiendo predecirse que en un escenario de no convergencia o de igual crecimiento del PIB de las entidades, los flujos migratorios serían positivos.

Los habitantes de los estados con ingresos altos son los que migran en mayor proporción. La escolaridad promedio de los migrantes es un factor de retención, aunque a partir de los 7.4 años de escolaridad (primero de secundaria) se habla de que la referida variable se comporta como un proveedor de capital migratorio. En este sentido, el Distrito Federal presentó una alta tasa de expulsión de personas, en tanto que el Estado de México y Baja California Norte tuvieron altas tasas de atracción de migrantes. No obstante lo complejo del tema migratorio, es imprescindible que otros actores de la administración pública (estatales y municipales) canalicen esfuerzos a la formación de capital humano, la inversión en infraestructura y comunicaciones y la promoción de las actividades no agrícolas en el medio rural.

Como podrá apreciarse, en las diversas contribuciones capitulares del volumen XI de la obra "Los Grandes Problemas de México", prevalecen elementos base de planteamientos formales de política pública, iniciando, por supuesto, con la imperiosa necesidad de diseñar una fase diagnóstica sobre la situación del campo mexicano y los efectos de las políticas públicas contemporáneas, con perspectiva de conjunto, visión a mediano y largo plazos, a efecto de evidenciar espacios y acciones colaborativas y de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sus respectivas dependencias, evaluando a las instituciones rurales y su desempeño en el marco del desarrollo rural. El segundo paso contempla propiamente la formulación de una auténtica política de desarrollo rural diferenciada y acorde con los diversos perfiles de usuarios/ciudadanos con objetivos y metas claras que posibiliten la creación de programas ad-hoc sujetos a evaluaciones periódicas, objetivas e independientes, que atiendan la renovación generacional, ofrezcan opciones de empleo remunerativo, y contribuyan con el uso y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y recursos productivos de México.