Necesidades femeninas básicas y fugitivas de la política social, en comunidades productoras de maíz nativo

 

Basic feminine necessities and figitives of social politics, in native maize producing communities

 

Mariela Loza-Torres*, Ivonne Vizcarra-Bordi

 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado de México. Km. 14.5 Carretera Toluca-Atlacomulco. 50000. Toluca. (marielalozat@gmail.com, ivbordi@yahoo.com.mx) * Autor responsable

 

Recibido: abril, 2014.
Aprobado: junio, 2014.

 

Resumen

El objetivo de este trabajo es conocer y analizar cómo las mujeres rurales redefinen sus necesidades ante la imposición de programas sociales diseñados para satisfacer las necesidades básicas femeninas, promover el avance de las mujeres pobres y desarrollar el bienestar de sus familias. El análisis parte de la analogía del contenedor, donde las necesidades son fluidos que toman la forma del recipiente que los contiene, y la tapa del contenedor son los programas sociales. El estudio se realizó con mujeres de dos comunidades que producen maíz nativo en el Estado de México y que han sido sujetas de programas sociales, al mismo tiempo que han vivido las consecuencias del retiro de los apoyos estatales a la producción de subsistencia. Los resultados muestran que estos programas sostienen los roles de reproducción asignados tradicionalmente a las mujeres rurales pero, frente a los cambios que traen consigo los procesos de globalización en la vida cotidiana de ellas, se puntualiza la existencia de pequeños escapes del contenedor, lo que se traduce en necesidades fugitivas, mismas que desafían la definición del Estado sobre las necesidades básicas femeninas.

Palabras clave: contenedor de necesidades, Estado de México, roles de género, sujetos sociales.

 

Abstract

The objective of this study was to understand and analyze how rural women redefine their needs when facing the imposition of social programs designed to satisfy basic feminine needs, promote the advancement of poor women, and develop their families' welfare. The analysis stems from the analogy of the container, where the needs are fluids that take the shape of the recipient that contains them, and the container lid is the social programs. The study was performed with women from two communities that produce native maize in Estado de México and who have been subjects of social programs, at the same time that they have experienced the consequences of the elimination of state supports for subsistence production. The results show that these programs sustain the reproduction roles traditionally assigned to rural women, although in face of the changes brought on by globalization processes in their daily lives, the existence of small leaks from the container is specified, which translate into fugitive needs, defying the definition of the State over basic feminine needs.

Key words: needs container, Estado de México, gender roles, social subjects.

 

Introducción

En las últimas dos décadas las mujeres pobres del campo mexicano han vivido profundos cambios en las relaciones de la sociedad con el Estado. Uno de los más importantes es su notable participación de programas asistenciales como beneficiarias directas. De ahí nuestro interés por analizar cómo se han dado estas relaciones y, en particular, cómo el Estado define las necesidades femeninas a través de la puesta en marcha de programas sociales dirigidos a combatir la pobreza. Asimismo, se buscó mostrar si en estas relaciones se posiciona a las mujeres como sujetas de derecho, o bien, si se trata de una visibilización sospechosa, dando lugar a definir otras necesidades percibidas por mujeres y que eventualmente escapan de los programas sociales¹.

Para dar respuesta a estas interrogantes se debe contextualizar el período que consintió dichos cambios, desde sus dimensiones mundiales y regionales hasta los locales, comenzando por las recurrentes crisis a las que se han enfrentado los países de América Latina (AL) en las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI; crisis que, sin lugar a dudas, están estrechamente ligadas a los cambios estructurales que dieron paso al modelo neoliberal, caracterizado por el retiro paulatino del Estado en materia de desarrollo rural, acompañado de un replanteamiento sobre la seguridad social. Como respuesta paliativa, emergen los programas sociales de corte asistencial ante la presión para reducir la población en situación de pobreza extrema que presentaba la región. Según Berdegué y Shejtman (2008), en AL, a principios de la década de los ochenta, 40.5 % de la población era pobre y para 1990 aumentó a 48.4 %. Con la puesta en marcha de programas asistencialistas y focalizados, el porcentaje de población en condiciones de pobreza descendió hasta 26.8 % en 2012, pero no así en números absolutos, pues de 1990 a 2012 la cantidad de personas pobres se incrementó de 136 millones a 167 millones, concentrándose más de la mitad y persistiendo la pobreza más aguda en el medio rural (CEPAL², 2012).

En México los programas de corte asistencial, como PROGRESA³ (1997-2002) y Oportunidades⁴ (2002), fueron diseñados precisamente para reducir el porcentaje de la población en situación de pobreza en el medio rural y zonas urbanas marginadas, a través de la focalización de transferencias monetarias directas y condicionadas a las mujeres madres de familia que se encontraban por debajo de la línea de la pobreza. El propósito era que a través de ellas mejoraran los índices de desarrollo humano de sus familias (Vizcarra, 2012). Para direccionar los programas sociales, a principios del siglo XX la pobreza fue clasificada en tres vertientes de insatisfacción de necesidades: la alimentaria, definida por la insuficiencia para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta; la de capacidades, entendida como insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines; y la de patrimonio, definida por la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (CONEVAL⁵, 2011). Bajo esta clasificación, en 1990, 44.5 % de la población mexicana vivía en situación de pobreza de patrimonio, cifra que se eleva a 44.9 % en 2012. Esta realidad es más alarmante en las zonas rurales e indígenas, pues ahí predominan las poblaciones con los tres tipos de pobreza; en 2010 había 64.9 % de pobres, es decir, 33.7 millones de personas, de las cuales 63.6 % eran mujeres (CONEVAL, 2010).

Llama la atención que fue durante este periodo (1997-2000) cuando el Estado retiró paulatinamente los apoyos a la producción campesina⁶, afectando directamente el cultivo de maíz nativo, alimento de subsistencia para más de 80 % de la población rural en México. Mientras se presenciaba el desmantelamiento de apoyos estatales, al mismo tiempo se creaban programas sociales que incidían directamente en apoyos monetarios o en especie para adquirir alimentos (Vizcarra, 2012).

En este contexto la mirada se voltea hacia las mujeres rurales que viven la pobreza en general, de forma diferenciada a sus contrapartes masculinos. Según Espinosa (2011), ellas se enfrentan a un aumento considerable de trabajo por el acceso a empleos precarios y a la creciente responsabilidad en las labores del campo. También ocupan nuevos espacios a partir de su participación en actividades comunitarias, teniendo una mayor presencia en la vida política local a través de representación popular (Vázquez et al., 2012). Si bien se posicionan en nichos antes eminentemente masculinos, lo hacen en condiciones de desventaja con respecto a los hombres debido, entre otras cuestiones, a la pervivencia del modelo cultural de dominación masculina (que asume formas coercitivas y violentas), a sus menores niveles de escolaridad y capacitación, desigual acceso a sistemas de salud y al acceso restringido a los recursos productivos (tierra, agua, bosque), entre otras (Zapata, 2005). Aunado a lo anterior, ellas continúan desempeñando sus roles tradicionales asignados por su género dentro del hogar, lo que implica dobles o triples cargas de trabajo. Esta situación, intensificada en los últimos veinte años, crea el interés por replantear el concepto de necesidades femeninas que el Estado pudiera satisfacer dentro del marco de la política social.

En México, al igual que en otras sociedades latinoamericanas, el Estado en su papel de promotor del "Bienestar Social"⁷ se rige con el sistema capitalista-neoliberal y, para buscar su legitimidad, difunde prácticas discursivas que funcionan como un medio para formular y debatir reclamos políticos. Uno de estos discursos es el de las necesidades de las personas y la urgencia de intervenir para satisfacerlas (Vizcarra, 2002). Desde este punto de vista, la política social actual no solo define sino interpreta las necesidades humanas, de tal forma que le permite al Estado distribuir satisfactores. Es decir, las demandas sobre las necesidades tienen una forma estructural "x" que necesita a "y" para ser "z". Dada su simplicidad, esta fórmula no plantea problemas para resolver necesidades muy generales, como alimentación o salud; ello implica que cuando los Estados se enfocan en éstas, el logro que significa la satisfacción de necesidades se convierte en bandera política para promover, desde el discurso del Estado, una garantía de seguridad y libertad (Heler, 2010).

En el mismo tenor, las necesidades de las personas son tomadas como "naturales", básicas y esenciales, y no como problemáticas, y en general no importa quién las interprete. La satisfacción de ellas a través de instrumentos políticos tiene una doble intención; por un lado asegura una presencia electoral y por el otro legitima la eficiencia de las mismas políticas a través de índices de cobertura y evaluaciones externas. De hecho, este tipo de interpretación tiende a ser socialmente aceptada por las mismas personas afectadas, favoreciendo casi siempre a los grupos dominantes (Dieterlen, 2001; Molyneux, 2007; Heler, 2010). Al recibir apoyos monetarios directos, las y los beneficiarios contraen responsabilidades con el Estado, estableciendo un tipo de relación de correspondencia. En tanto el Estado, anclado a la idea hegemónica del combate a la pobreza institucionalizada en el modelo neoliberal, recurre a estos mecanismos de transferencias monetarias condicionadas para cubrir las necesidades mínimas de bienestar, simplificadas y comunitarizadas (Danani, 2008). Ello ha dado pauta a que este tipo de políticas excluyan en su atención a los elementos subyacentes de la pobreza; es decir, de los procesos de exclusión social que se apoyan en la discriminación y segregación de grupos poblacionales por diferencias, entre otras de raza, edad, género y etnia, atributos que asumen con frecuencia un valor negativo y que, a su vez, se incorporan a los discursos políticos como un mal que puede ser atenuado a través de la provisión de bienes (Del Tronco, 2008).

Por otra parte, cuando se destinan transferencias monetarias a las mujeres madres de familia, se intenta cumplir con el "principio" de equidad de género y, a su vez, asegurar de una manera la obligación que ellas adquieren para satisfacer las necesidades de educación, salud y alimentación. Al parecer, con ello se pretende elevar el índice de desarrollo humano familiar, al mismo tiempo que se justifica la "inversión en capital humano" (Feijóo, 2008). Para Franzoni y Voorend (2009) este tipo de acciones refuerza un enfoque maternalista que toma en cuenta a las mujeres madres de familia como medios para garantizar la eficacia de las políticas sociales, pero con la salvedad de que se les niega la oportunidad de ser consideradas "sujetos de políticas". Las mismas autoras indican que ello se debe a que el Estado reconoce la práctica histórica de la feminización de las estrategias para hacer frente a la escasez de recursos; sin embargo, al formar parte de la población objetivo de estas políticas, el Estado reproduce y fortalece los roles de género mismos que han llevado a las mujeres a situaciones de subordinación en contextos privados y públicos.

En el Cuadro 1 se muestran los principales programas sociales que operaban en México y en el Estado de México en 2012 (algunos aún vigentes) y que, a través de su diseño institucional, no sólo definieron a la población objetivo sino que difundieron discursivamente la visibilización de las mujeres pobres, rurales e indígenas en el campo de la política social. Generalmente, los programas estatales siguen el mismo diseño institucional de los programas federales, como en el caso del Estado de México. Funcionan a través de transferencias monetarias y son focalizados para la población específica: pobre, en situación de vulnerabilidad, con pobreza de capacidades y con necesidades insatisfechas. Bajo la mirada institucional los insumos de la política social pretenden cubrir sus demandas: alimentación, salud y educación y, en menor medida, el desarrollo de capacidades para insertarse en el campo laboral remunerado.

Vale la pena señalar que a muchos de estos programas se les adhiere convenientemente una visión que les acomoda sobre la equidad de género. Los programas toman a las capacidades femeninas como una herramienta eficiente de distribución de los recursos a través de dos acciones. La primera es conferir a las madres de familia (en condiciones de vulnerabilidad) la titularidad de los apoyos condicionados a la asistencia, permanencia y participación en acciones encaminadas a la planificación familiar y a la asistencia regular de los hijos a la escuela, además de vigilar la salud familiar, acudiendo obligatoriamente a consultas médicas programadas de forma grupal. En otras palabras, al difundir la idea de la equidad de género estos programas sociales reproducen el políticamente correcto rol maternalista y anclan a las mujeres a sus comunidades. La segunda acción contempla apoyos suplementarios a través de becas escolares para mujeres, con lo que se intenta compensar los procesos históricos de discriminación del género femenino en el sistema educativo oficial (Moser, 1998; Molyneux, 2007; Vizcarra, 2012).

A pesar de que las necesidades humanas se crean en distintos contextos, dependiendo del lugar y del tiempo, se ha observado que éstas se van formando de acuerdo con los discursos capitalistas y patriarcales que al mismo tiempo las regulan. Se puede decir que este tipo de necesidades humanas impuestas son diseñadas para ser satisfechas bajo la tutela del Estado solo en espacios comunitarios, privados y por las mujeres (Vizcarra, 2012).

Más allá de este tipo de necesidades existe todo un sistema complejo de relaciones sociales que no se pueden entender desde el estricto punto de vista dicotómico patriarcal. Por una parte, porque las mujeres han incursionado en diferentes actividades productivas, culturales y políticas que trascienden lo doméstico, dando lugar a un proceso de feminización. Por otra parte, los fenómenos de globalización han aperturado nuevas formas de posicionar a las mujeres en procesos más amplios de dominación (Vázquez et al., 2012). Ello implica que las necesidades femeninas deban ser redefinidas en función de estas realidades cambiantes y dinámicas, a pesar de que se sabe que las mujeres siguen desempeñando roles tradicionales en el hogar.

En este trabajo retomamos el concepto de necesidades fugitivas (NFg) de Fraser (1991) para identificar a todas aquellas que escapan precisamente de las impuestas por la lógica patriarcal: mujeres al hogar y hombres al trabajo remunerado. Fraser apunta que en las sociedades donde impera la ideología capitalista-patriarcal las necesidades se forman dentro de las instituciones domésticas y económicas. Éstas se adjudican la interpretación de necesidades y no dan cabida a cuestionamientos ni a relaciones causales, perpetuándose de esa manera las de dominación y subordinación. Suelen desfavorecer a las y los subordinados, quienes internalizan estas interpretaciones aun cuando van en contra de sus propios intereses.

Nuestra propuesta va precisamente en esta dirección: tomar a las NFg como una alternativa para impulsar nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, con el ánimo de transformar la génesis de las políticas y programas asistencialistas.

 

Necesidades fugitivas, contenedor⁸ y Estado

Para este trabajo proponemos analizar las necesidades femeninas (NFm) a través de una analogía: la del contenedor, como si éstas fueran un fluido que toma la forma de un recipiente que las acumula. La Figura 1 muestra el contenedor de las NFm, cuyas paredes están formadas por el sistema económico-familiar atravesado por ideologías patriarcales y capitalistas; en él se establecen las pautas para la interpretación de esas necesidades. En la interpretación participan las mismas mujeres, el Estado a través de sus instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Por su parte, la tapa del contenedor es colocada por el Estado mediante la implementación de programas sociales que buscan satisfacerlas, según sea la interpretación que domine la relación.

Suponemos la existencia de fugas del contenedor cuando se presenta un punto de ruptura. Es decir, cuando las necesidades se escapan de la intervención política y pasan invisibles ante la interpretación del Estado se genera un proceso de fuga, pues ni las instituciones gubernamentales ni las domésticas logran percibir la dimensión femenina en el campo de lo humano y lo social. Sus necesidades, más allá de las básicas, atraviesan las paredes del contenedor, aunque no se dé cuenta de ello; son escurridizas o fugitivas cuando se escapan de los enclaves discursivos dominantes (Fraser, 1991).

 

La importancia del maíz nativo

A partir de la propuesta de Fraser, nuestro estudio intentó conocer y analizar las necesidades femeninas expresadas por las propias mujeres de dos comunidades productoras de maíz nativo en el Estado de México, tomando en cuenta que la producción y el autoconsumo de maíz forma parte del sistema socioeconómico familiar que limita la satisfacción de necesidades básicas. A su vez, este sistema se encuentra imbricado en contextos más amplios de dominación que responden a sistemas complejos agroalimentarios y multidimensionales (Vizcarra y Thomé, 2014).

Por un lado, además de que la riqueza biológica del maíz se ha manifestado a través de siglos en las diversas formas culturales de producción y consumo, las diferentes variedades de maíz que forman parte de la diversidad genética se han conservado gracias a los sistemas socioeconómicos de producción-consumo que practican año tras año estos hogares. Caracterizados por parcelas minifundistas, intensiva mano de obra familiar, dependientes de las condiciones climáticas y de producción para el autoconsumo, estos sistemas se encuentran cada vez más amenazados por distintas consecuencias: del retiro del Estado para apoyar este tipo de producción; del aumento escalar de la violencia delictiva; de la necesidad de contar con ingresos para subsistir, aunada a la falta de empleo rural; del cambio climático y, por supuesto, de la liberación de los mercados de maíz, la importación de granos, la presión de la comercialización de maíces transgénicos y la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos. Entre los fenómenos sociales que ha derivado lo anterior se encuentra un proceso de feminización del campo mexicano donde cada vez más hogares rurales son encabezados por mujeres (Vizcarra, 2014); muchos de estos sistemas ahora son manejados por ellas, o bien, han sido abandonados parcial o totalmente. Se reconoce que, históricamente, ellas han vivido profundas desigualdades sociales (explotación, exclusión y discriminación), aunadas al poco o casi nulo acceso a los recursos productivos debido a su género, clase social, pertenencia étnica, religión y edad, por lo que las mujeres se enfrentan a mayores desventajas que los hombres al hacerse cargo del campo (Vizcarra y Thomé, 2014).

Un componente clave de las políticas sociales es la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación y su asociación a un buen estado nutricional y general de salud. Siendo las madres de familia las responsables directas de asignar los recursos sociales para asegurar alimentación y salud de los miembros de su hogar supondríamos que, para el caso de los hogares rurales pertenecientes a comunidades productoras de maíz nativo, este cereal jugaría un papel central en el diseño de estas políticas.

Bajo estos contextos, aunado al fenómeno de la globalización de consumos culturales y alimentarios, las mujeres rurales se encuentran sujetas a condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental, por lo que sus necesidades rebasan las condicionales para satisfacer las básicas familiares. De ahí la importancia de estudiar cómo se definen las necesidades femeninas frente a las necesidades especificadas en el contenedor de las políticas sociales restrictivas a la reproducción social patriarcal.

 

Metodología

Para conocer estas necesidades realizamos un estudio exploratorio de carácter cualitativo basado en técnicas de observación participante, talleres, grupos focales y entrevista a mujeres en dos comunidades productoras de maíz nativo en el Centro del Estado de México⁹: San Jerónimo Mavatí (SJM) en el municipio de San Felipe del Progreso y Santa María Nativitas (SMN) en el municipio de Calimaya.

Con base en dos grupos focales, uno para cada comunidad, se aplicó de entrada un cuestionario para conocer las necesidades que las mujeres reconocían como básicas, si las consideran satisfechas o no, y cómo se identificaban con los programas sociales, tanto federales como estatales, vigentes. Posteriormente, con los mismos grupos se realizó un taller participativo¹⁰ llamado "Liderazgos femeninos: de sujetas de reproducción a actoras de cohesión social". Ahí se trató el tema de las necesidades femeninas con el ánimo de que las reconocieran y se preguntaran cómo ellas podían satisfacerlas con el apoyo del Estado o sin él. Asimismo, los trabajos de grupo (taller y grupos focales) propiciaron la participación reflexiva de las mujeres en un constante debate. La información se complementó con entrevistas individuales¹¹. En SJM el taller se realizó con 16 mujeres. La edad promedio del grupo era de 31 años, todas ellas madres de familia y titulares principalmente de tres programas: Oportunidades (80 %), Un kilo de ayuda¹² (80 %) y el PESA (20 %)¹³. Participaron nueve mujeres cuyo promedio de edad fue de 36 años; todas eran madres de familia, de las cuales tres eran titulares del Programa Oportunidades y otras tres recibían apoyo de LICONSA. Sin excepción, todas recibían despensas esporádicamente por iniciativa del municipio, quien gestiona apoyos a diferentes dependencias gubernamentales.

SJM es una comunidad indígena mazahua, ubicada al noroeste de Toluca, la capital del Estado de México. Se caracteriza por la migración masculina pendular, dado que una gran cantidad de hombres se dedican a la construcción (albañilería, carpintería, plomería, etcétera), lo que implica su movilidad hacia otras ciudades en el mismo estado o a otras de la República Mexicana. Las mujeres más jóvenes también salen de la comunidad a trabajar principalmente como empleadas domésticas en las ciudades más cercanas (Toluca y Distrito Federal). Ambos tipos de migración han ocasionado que el porcentaje de hogares con jefatura femenina en la comunidad haya aumentado constantemente: de 13.24 % en 2000 a 14.9 7 % en 2010 (INEGI, 2002, 2010). En 2010 la localidad contaba con 905 personas, distribuidas en 167 hogares de los cuales 160 se dedicaban a producir maíz, con un promedio 5-6 miembros y un ingreso de 1500 pesos/mes. Ahí todavía se producen para autoconsumo los maíces nativos cónico y chalqueño en distintas variedades (blanco, amarillo, negro y rosado) (Moreno et al., 2013). El 90 % de las madres de familia son beneficiarias del programa Oportunidades; 30 % del programa de asistencia privada Un Kilo de Ayuda y 45 % de los hogares recibían ayuda del programa Pensión para Adultos Mayores¹⁴.

SMN está 15 kilómetros al sur de la capital del Estado, por lo que se considera periurbana¹⁵. Su ubicación en las laderas nororientales del Nevado de Toluca permite que se desarrollen sus actividades económicas más importantes: la producción comercial de maíz cacahuacintle, originario de esta región (Bonifacio et al., 2005), y la explotación de minas de tepojal. En esta comunidad la migración no fue una estrategia común, lo que implica la presencia masculina en la localidad y que los nichos de empleo generados por las tres actividades principales (agricultura, explotación de minas y derivados e inmobiliaria) sean ocupados por hombres. Se caracteriza por su población mestiza, con 6258 personas distribuidas en 1524¹⁶ hogares, de los cuales 143 son productores de maíz, con un promedio 4-5 miembros e ingresos de 3000 pesos/mes. El maíz nativo cacahuacintle es parte importante de la identidad local, aunque éste se produce en menor proporción pues cada vez hay más semillas híbridas de la misma raza, cuyo principal uso es comercial (Moreno et al, 2013). En esta comunidad el Programa Oportunidades beneficia a 68 % de madres de familia; LICONSA¹⁷ a 56 % hogares y de Pensión para Adultos Mayores a 278 personas (67 % mujeres) (SEDESOL, 2014).

 

Resultados

La construcción del contenedor

Al igual que en la mayoría de las familias rurales mexicanas en el siglo XX, la vigencia de la estructura patriarcal fue notable en los hogares de ambas comunidades. Según Arriagada (2002), este comportamiento se distingue en la asignación cultural de roles tradicionales: al hombre le corresponde constituir una familia y recae en él el papel proveedor, vinculado a ella por relaciones de dominio sobre la mujer y los hijos, mientras que por su parte la mujer lo debe complementar y colaborar con él mediante el cuidado del espacio doméstico-privado. El núcleo familiar es en general el primer medio de socialización de los seres humanos donde se reproducen las necesidades de las mujeres, modeladas por un fuerte mandato cultural y un bagaje económico, familiar y religioso que las atraviesa (Vizcarra y Marín, 2006). Desde la infancia y de generación en generación se trasmite ese designio, el cual aparentemente parecía sólido. "... mi niñez fue muy dura porque, digamos, aquí en el medio rural se acostumbra la mayor parte de que el hijo o la hija más grande cuide a los más pequeños y, como yo fui la segunda de ellos y era la mujer, tenía que ayudar a mamá a cuidar los niños, a cargarlos, ir a trabajar, ayudarla a moler, lavar trastes y eso porque era de las grandes..." (Rosa¹⁸, 35 años, SJM).

Las necesidades de las mujeres se van creando en función de las necesidades de los otros. Por ejemplo, en ambas comunidades ellas conciben que la atención y el servicio que ofrecen es para satisfacer la alimentación de hijos-as, esposo, e inclusive, nietos y personas bajo su cuidado de la tercera edad o con capacidades especiales. En los talleres acertaban sin vacilar que, a medida que los demás (sus familias) cubrieran sus necesidades a través de su servicio, ellas verían entonces "cumplidas" las suyas sus propias, las cuales identificaron cómo básicas. En este sentido el cumplimiento del rol era a menudo traducido como satisfacción.

Contrariamente a esto, cuando sus capacidades se ven limitadas para apoyar a sus hijos e hijas en edad escolar sienten que defraudan a su hogar y desarrollan sentimientos de culpabilidad, aumentando así su baja estima. A pesar de que el bajo nivel de escolaridad y el analfabetismo de las mujeres en estas comunidades no dependían de ellas, el hecho de tener esa condición las somete a un cierto grado de frustración personal. Cabe señalar que la mayoría de las mujeres de ambas comunidades no tenían la primaria concluida y tres de ellas, de entre 30 y 35 años de edad, no sabían leer ni escribir. Quienes contaban con estudios de secundaria eran precisamente las que más participaban en el debate de los grupos; de hecho, dos mujeres de SJM se asumían como lideresas de la comunidad. "...Me gustaría saber más cosas para poder enseñarle principalmente a mis hijos que no soy tan burra y después mostrarles a mis amigas. Espero que mis hijos sean mejor que yo... creo que no les sirvo, hasta me siento la tonta de la casa" (Iris, 30 años, SMN).

Así como Iris, otras mujeres afirmaron que a ellas sí las mandaron a la escuela, pero que esto no era obligatorio porque se asumía que las mujeres no requerían estudios para tener familia y cuidarla, de ahí que se sientan culpables por no haber aprovechado esa oportunidad escolar cuando en realidad la legitimidad de ser mujer era la asociada a la reproducción social del hogar. Asimismo, las mujeres que no tuvieron la oportunidad de elegir, no ven escapatoria de ese designio. "...como ahora las muchachas ya ni van (a la milpa); muchas veces mejor no las dejamos por lo que nosotras ya sufrimos. Porque somos pobres y para salir adelante nos llevaba mi mamá a trabajar a la milpa y le teníamos que ayudar en todo en la casa. A las niñas no nos llevaban a la escuela y ahora que caímos con otra familia; por ejemplo yo, que ya me casé con mi marido, pues mientras él trabaje y me dé para mis hijos no dejo que ellos lo hagan... cuando se vayan con sus maridos ya les tocará" (Flor, 35 años. SMN).

Vale la pena recalcar que la violencia hacia las mujeres resulta ser un mecanismo eficaz no solo para legitimar las formas de subordinación femenina, sino para reforzar las paredes del contenedor. Las mujeres de SMN piensan que el problema es la influencia del alcohol, la droga, el transporte inseguro y la cercanía a las ciudades de Metepec y Toluca, pero también afirmaron que sus esposos trabajan en el cultivo del cacahuacintle, por lo que no salen mucho del pueblo y por lo general se la pasan bebiendo, cargando los problemas del campo. Mientras que las mujeres mazahuas de SJM, si bien reconocían la violencia hacia ellas como un problema grave, lo sorteaban con mayor facilidad pues prácticamente todos sus esposos trabajan fuera de la región y vienen cada 15 días o cada mes a visitarlas. Pero cuando no hay empleo, problema que crece día a día, ellos están en la milpa o haciendo otras actividades comunitarias. Sin duda, su presencia viene acompañada casi siempre por la violencia, como lo afirma Gregoria (40 años): "ya no veo el día para que encuentre trabajo, pero lejos, muy lejos, sólo viene a mandar y... (pegar: comunicado con señas)".

 

La tapa del contenedor

Como ya se había mencionado, el Estado-tapa provee programas sociales para satisfacer las necesidades básicas, que él mismo define. Diseña cómo se distribuyen los satisfactores y se somete a evaluaciones externas para legitimar el éxito de la política. De esta manera, al parecer no hay escapatoria. En el Cuadro 2 se muestra una clasificación de las necesidades básicas que las mujeres participantes del estudio de las dos comunidades reconocieron en el cuestionario inicial y asociaron las aportaciones de los programas para satisfacer las necesidades básicas.

A través de los talleres y de los grupos focales la percepción de las mujeres sobre la calidad de los satisfactores fue cambiando de tal forma que se convirtió en reclamos profundos, no contra el gobierno o el Estado, sino sobre quienes ejecutan los programas, es decir, promotores, enfermeras, médicos, directivos de escuelas. Ello se traduce en que al inicio las mujeres no se atrevían a denunciar irregularidades o malos tratos de cualquier programa del que se beneficien, por el temor a ser suspendidas o reprendidas por servidores públicos. En ambas comunidades ellas dijeron: "Más vale algo que nada", refiriéndose a que si bien las ayudas de los gobiernos son pocas, pueden desaparecer en cualquier momento: "el gobierno es como el marido, en cualquier momento te vota o te cambia por otra" (palabras de Juana, 46 años, SJM).

En efecto, el Estado patriarcal se replica a través de sus programas, donde las mujeres se convierten en objetos de política. Se suprime cualquier capacidad de negociar o demandar, de ser escuchadas, de atender sus reclamos. Por ejemplo, las canastas básicas son diseñadas fuera de contextos sin referentes culturales locales; se asume qué necesitan comer los pobres y a la madre responsable de preparar los alimentos se le provee de ciertos insumos básicos. Sin cuestionar el papel que ellas adquirieron de responsabilizarse de alimentar a los otros, sus reclamos se orientan a diferenciarse con sus homólogas, con el contenido de la canasta, la calidad de los alimentos que la contienen; o así sobre la imposibilidad de compartir esa tarea y satisfacer la necesidad alimentaria sin relaciones de poder.

De esta manera, el contenedor es confeccionado a la perfección de la tapa; de aquí la réplica de Estado Patriarcal, como se puede interpretar en las siguientes narraciones: "... en las despensas nos meten cosas revueltas y nosotras no las conocemos; bueno, nunca las hemos probado y por eso no nos gustan. Entonces todo eso se va al desperdicio porque no nos gustan, y mucho menos a los niños, y los obligamos a comerlo porque eso es lo que hay. Después me digo, si yo no me lo como pues menos se los voy a dar a ellos... ya mejor con lo que me dan del Oportunidades compramos lo que sí nos gusta...ahí en la tienda" (Perla, 28 años, SMN). "A mí me gustaría mejor que me dieran más semillas, habas,...alverjones... lentejas...frijol...arroz; cambiar esa despensa, pero por semillas... maíz no porque de ese nosotros tenemos..." (Rebeca, 60 años, SMN). "... es que muchas veces los encargados de avisar solo le avisan a las que ellos quieren, no van con quienes en verdad lo necesitan y por eso las despensas no benefician a todos los que necesitamos la ayuda, a pesar de que sí vamos a las pláticas de los sábados" (Rosa María, 32 años, SJM).

Por su parte, las consultas en las clínicas locales de salud son las que mayor protesta tienen, pues las mujeres beneficiarias de Oportunidades adquieren obligaciones para seguir obteniendo las transferencias monetarias provenientes de este programa. El condicionamiento las mantiene en un estado de estrés continuo y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y de poca libertad para decidir sobre sus cuerpos. Constantemente reciben abusos o gestos de discriminación por parte del personal de salud y su desánimo aumenta cuando no pueden reclamar por miedo a ser castigadas. Tienen que asistir a pláticas obligatorias de dos horas al menos cada 15 días durante todo el año y están obligadas a asistir con toda su familia a revisiones periódicas. Por otra parte, la calidad de los servicios es mala con respecto a lo que se les promete y ellas responden a sus obligaciones. Faltan médicos; se les da la consulta y salen con recetas, pero no se les provee de medicamentos. Se les transfiere a otras clínicas de mayor calidad, en ocasiones privadas, para realizarse estudios específicos, cuyos costos de transporte y de los estudios son impensables en la familia, etcétera.

"... Si ya estamos enfermos, que cuando vayamos, por favorcito, no nos dejen hasta atrás porque tenemos que ir a las cinco de la mañana por una ficha y todavía hay veces que no alcanzamos; yo digo que si ya llegamos pues que vean qué tenemos, que nos atiendan como vamos llegando, porque nos citan temprano y luego ya no alcanzamos doctor. Hace ocho días fui al centro de salud y una señora iba bien mal. Como estaban en supervisión no atendían a nadie y yo veía cómo ella se recargaba en el señor; no la atendieron hasta que la señora se cayó al suelo. Yo digo que por lo menos hubieran salido a revisar que de verdad iba bien mala, pero no lo hicieron" (Mariana, 38 años, SMN).

"... Los doctores que nos mandan se ven muy chamacos, creo que ni están capacitados. Un día llevé a mi niño a vacunar y el doctor lo picó mal, tuvo calentura tres días y se le hinchó la piernita, ya pensaba que se la iban a cortar, tuve que pedir prestado para bajar a la cabecera y ahí me lo atendió uno particular..." (Alicia, 31 años, SJM).

"... Yo sólo voy al centro para que no me quiten Oportunidades, aunque ya se dice que es Seguro Popular... Fui a que me inyectaran y a que me hicieran el Papanicolau, y el doctor me dijo que me tenía que vacunar y que si no aceptaba no me daba consulta. Al final sí me metí al consultorio, me desabotoné la blusa y él me alzó la blusa y me comenzó a manosear los pechos. Le reclamé, pero él me dijo que solo me estaba revisando y que también me bajara el pantalón; me lo bajé y él se empezó a reír. Yo creo que no nos deben tratar así y no es la primera vez que me pasa" (Azucena, 37 años, SJM).

Asimismo, las mujeres que participaron en los talleres de ambas comunidades apuntaron que las becas que reciben sus hijos e hijas para asistir a la escuela (otro compromiso-obligado de Oportunidades) son buenas, pero no les alcanza para cubrir los gastos que se requieren para que sus hijos-as cumplan con las tareas, útiles, uniformes, zapatos, eventos académicos y festivales, entre otros. "... parece que la directora y las maestras ya saben cuándo llega el pago de Oportunidades, porque ese día ya se comienza la pedidera, que para construir un aula, que para pagar una comida al supervisor, que para pintar bancas, ... " (Flor, 35 años, SMN). "... Les piden tareas de internet y aquí no hay a dónde ir a hacerlas ni tenemos computadora y a veces no hay luz, mis hijos se la pasan en la otra comunidad toda la tarde y luego llegan noche, está muy lejos y tienen que pagar pasaje... así, la beca no les alcanza para nada... Sería necesario que pusieran maestros capacitados y con vocación, ya que últimamente parece interesarles el día de la quincena..." (Estela, 43 años, SJM). Esta última reflexión fue ampliamente socializada por las mujeres de las dos comunidades.

Como se aprecia en los testimonios recopilados de los dos grupos focales, los recursos que reciben por parte de los programas satisfacen las necesidades que ellas pensaban les correspondían. No obstante, la experiencia que han tenido como beneficiarias de los distintos programas les ha dado un espacio de reflexión individual, dando lugar a una cierta conciencia que les permita redefinir necesidades sentidas e insatisfechas. Se puede decir que se van trasminando de las paredes del contenedor, pese a que se trata de las mismas necesidades: alimentación, salud y educación.

 

Necesidades fugitivas

A partir de las relaciones que han establecido las mujeres pobres con el Estado a través de estos programas, de alguna manera y a cuenta gotas se va creando una conciencia individual, según la experiencia de cada una de ellas, y una conciencia colectiva que comparten en diferentes niveles de realidad. Darse cuenta de esas relaciones regidas por el sistema patriarcal crea la oportunidad de reconocer otras necesidades que se escapan eventualmente del contenedor.

"...Pues yo creo que tengo las misma posibilidades que los demás porque también tengo voz. Sé escribir, lo que me falta es tener confianza en mí, tener la decisión de saber expresarme y decir lo que siento sin temor de pensar en el qué dirán; valorarme como mujer porque siendo mujer también tengo la misma oportunidad. Lo que me falta también es preparación, no tuve mucho estudio..." (Flor, 35 años, SJM).

Estas necesidades escapan a la clasificación básica sobre la que el Estado incide directamente (salud, alimentación, empleo, educación) y se puede inferir que surgen de los cambios socioculturales consecuentes del proceso de globalización, de las interconexiones con estos procesos a través del acceso a nuevas tecnologías de comunicación e información, de los discursos implícitos en los programas sobre equidad de género y derechos de las mujeres, de las migraciones masculinas, y a su contacto cada vez más constante con el avance de la urbanidad.

"... A mí me gustaría tener un empleo, un transporte seguro, contar con un oculista, dentista, psicólogo, camión de basura que pase al menos una vez a la semana, pero constantemente, un mejor ambiente y un lugar para hacer ejercicio y poder ir a clases de zumba, baile y danza..." (Josefina, 38 años, SJM).

Después de los talleres ellas lograron identificar necesidades femeninas, las cuales los gobiernos podían satisfacer. Por ejemplo, colocaron, en orden de prioridad: acceder a un empleo remunerado en la comunidad o en la cercanía para poder atender el hogar y cuidar sus hijos-as; garantizar un transporte seguro y digno y; contar con servicios de infraestructura básica de calidad que facilite sus trabajos domésticos y de seguridad, como lo sería el alumbrado público y la recolección de basura, etcétera. Finalmente, otras necesidades se fugan a partir de los mismos discursos que se reproducen en los medios de comunicación; tal es el caso del acceso a prestaciones sociales que reconozcan el trabajo cotidiano que ellas hacen, tanto en el espacio doméstico como en el campo.

Un último tema que se debatió en los talleres fue el deterioro de sus estados generales de salud, debido a los cambios alimenticios de los últimos años. Al respecto, ellas reconsideraron que el maíz nativo, el cual se ha venido dejando de producir porque es más fácil comprar alimentos procesados, debería ser rescatado no sólo para preservarlo, sino para darle el lugar que merece en la dieta cotidiana y así mejorar la salud que antes tenían sus madres, padres, abuelos y abuelas. Pero, en definitiva, ninguna de las menores de 40 años de edad quería retomar esas horas arduas de trabajo frente al metate; de ahí que reflexionaron en cuanto a la urgencia de redefinir su papel como responsables de la alimentación y como agentes claves de la preservación de esos maíces.

 

Conclusiones

A las necesidades femeninas identificadas y expresadas por las mujeres rurales que participaron en este estudio se les puede llamar fugitivas porque fueron definidas fuera del contenedor de la política social, gracias al resultado de un ejercicio de reflexión crítica de su condición. Ciertamente, para que ello sucediera se requirió de una intervención guiada a través de un taller; sin embargo, este ejercicio nos permitió valorar la capacidad que las mujeres tienen para desarrollar mayor conciencia de su condición de género y articular la expresión de sus propias necesidades. Aún las necesidades básicas toman una perspectiva diferente a la definida por el Estado. De este modo, las mujeres vieron el potencial de redefinirse como sujetos sociales, no sólo cuando expresaron esas necesidades sino del resultado de la conjugación de la gama de conocimientos que han adquirido con sus nuevas auto-acepciones en el contexto social inmediato y el más amplio.

Vistas desde una perspectiva de género, estas necesidades fugitivas pueden tomarse como una respuesta para disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo en contextos donde los cambios afectan negativamente la vida de las mujeres del medio rural.

El debate sobre el papel del Estado para garantizar la seguridad social puede también tomar otra dirección al reconocer e identificar los pequeños puntos de fuga, específicos para cada contexto socio-cultural, que de alguna manera logran desestabilizar este sistema de contención impuesto por el sistema patriarcal-capitalista y que permite a las necesidades rebasar al "Estado-Tapa". Es posible entonces que el reconocimiento de estas necesidades por parte del Estado propicie cierta negociación con las mujeres rurales.

 

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Notas

¹ Este estudio forma parte del proyecto de investigación "El maíz mesoamericano y sus escenarios de desarrollo local" Financiado por el fondo SEP-CONACyT de Ciencia Básica con el fondo 2009/130947.

² Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

³ Programa de Educación Salud y Alimentación.

⁴ Existen precedentes de estos programas en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL, que puso especial énfasis en las necesidades de las comunidades marginadas, dando prioridad a la educación y a la participación comunitaria (Arzate, 2005). Dentro del mismo programa la atención a las mujeres se dio mediante "Mujeres en solidaridad", este programa buscaba desarrollar las capacidades de las mujeres pobres para tener más oportunidades de acceso a empleos remunerados que les permitieran solventar las necesidades básicas de sus familias (Sánchez, 2008).

⁵ Consejo Nacional de Evaluación.

⁶ Con el gobierno de Salinas (1988, 1994) se retiran el precio de garantía de granos básicos, subsidios a la producción (semillas, fertilizantes y combustibles) y apoyo a la comercialización (Merino, 2009).

⁷ Se trata del modelo de asistencia social, en el que los individuos tienen que demostrar que están en situación de necesidad para tener derecho a la asistencia social (Andersen, 1993).

⁸ El concepto del "contenedor" (container) ha sido usado por Taylor (1994); usa el término para definir al Estado como un contenedor social con la obligación de regular las relaciones sociales y de proveer bienestar. Por otro lado, Kearney (1996) lo usa para explicar cómo las características sociales económicas, culturales y políticas de los campesinos son vertidas en él, delimitando así las definiciones y debates sobre los campesinos, limitando los alcances del concepto en un mundo rápidamente cambiante.

⁹ Este trabajo corresponde a un estudio más amplio en el marco de la tesis doctoral "Las intervenciones del Estado en el Desarrollo de las mujeres rurales mexiquenses: un análisis desde las necesidades femeninas" Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

¹⁰ Este taller fue proporcionado por la Lic. Karla Langle de la Asociación Civil Mujeres Abrazando a México; se realizó durante cuatro sesiones, una cada 8 o 15 días, según la disponibilidad de los grupos, entre abril y junio de 2011.

¹¹ Las mujeres entrevistadas fueron seleccionadas por su disponibilidad para responder la entrevista.

¹² Es una iniciativa social cuyo objetivo es contribuir a erradicar la desnutrición infantil el México a través de la entrega de un paquete nutricional, vigilancia y educación: https://www.unkilodeayuda.org.mx.

¹³ Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, que tiene como propósito fomentar el bien común de los individuos en sus comunidades rurales, en alianza con la FAO y la SAGARPA: https://www.pesa.org.mx.

¹⁴ Su objetivo es a la ampliación de los esquemas de seguridad social universal para las personas adultas mayores mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social a personas de 65 años en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo (Ibíd.).

¹⁵ Entendemos por periurbanización la "extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean (Ávila, 2009).

¹⁶ Es necesario acotar que en esta comunidad han proliferado los conjuntos residenciales, lo que implica el aumento masivo de hogares que no tienen relación con las actividades económico-sociales de Nativitas.

¹⁷ Programa de abasto social de leche, a cargo de LICONSA S. A. de C. V., cuyo objetivo es dotar de leche a los beneficiarios de acuerdo con el número de beneficiarios por familia (SEDESOL, 2014).

¹⁸ Por razones de privacidad hemos cambiado los nombres de las mujeres entrevistadas.