La propiedad agraria en México

En el campo mexicano la tenencia de la tierra está conformada por las propiedades privadas individuales llamadas pequeña propiedad, y los ejidos y las comunidades agrarias, designándose a estos dos últimas como propiedad social o núcleos agrarios. Los ejidos y comunidades² constituyen modalidades de propiedad de la tierra exclusivas del país y son producto de la reforma agraria (1934 y 1992)³; existen también los terrenos baldíos (sin dueño formal) y los nacionales (propiedad de la Nación). Estas distintas formas de la propiedad agraria abarcan 198.5 millones de hectáreas; de ellas, las posesiones sociales cubren una extensión cercana a 102 millones de ha (los ejidos 84.5 millones y las comunidades 17.4 millones), equivalente a 53.4 % de la superficie. A la propiedad privada (incluyendo las colonias agrícolas) pertenecen cerca de 79 millones de hectáreas, 39.8 % de la extensión del suelo nacional, mientras que los terrenos nacionales ascienden a 7.7 millones de hectáreas (3.9 %) y otros tipos, seguramente predios baldíos, con 5.8 millones de hectáreas (2.9 %) (^{INEGI, 2007b}). (Cuadro 1)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, RAN y PA.

Cuadro 1 Estructura agraria nacional por tipo de tenencia (superficie en millones de hectáreas), 2007. 

La pequeña propiedad tiene un límite general en su extensión de 100 hectáreas de terrenos de riego o la superficie que equivalga en otras clases de tierra menos productivas; también pueden ser 150 hectáreas para la siembra de algodón y hasta 300 hectáreas si se destinan al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales, mientras que para uso ganadero el máximo permitido es el espacio suficiente para que de sus pastos y forraje se alimenten hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en animales de menor talla. En la propiedad social, dentro de un mismo ejido, ninguno de sus miembros podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente a 5 % de las tierras del núcleo, ni de más superficie que la correspondiente a la pequeña propiedad; además, en lo individual los ejidatarios no pueden ser dueños de bosques ni selvas (ley agraria, artículo 59)⁴.

Los ejidos son una modalidad de propiedad rústica fundada por el Estado mexicano y única en el mundo, mientras que las comunidades agrarias tienen antecedentes desde la colonia (con el nombre de pueblos de indios o de naturales) a las que el gobierno les otorgó reconocimiento jurídico, aunque únicamente a una parte muy pequeña de ellas, pues la mayoría fueron forzadas a convertirse en ejidos⁵. Las comunidades fueron creadas durante la época colonial por medio de cédulas reales, que eran títulos concedidos por los reyes de España, otorgando tierras a los pueblos originarios para el asentamiento humano, parcelas de labor y tierras de uso común (en español antiguo se les denominaba exidos a este último tipo de superficie). Con la reforma agraria, el gobierno renombró a los antiguos pueblos de indios con el apelativo de comunidades agrarias, les impuso la restricción de no poder vender ni rentar sus propias tierras y les hizo obligatorio un régimen organizativo ajeno a sus usos y costumbres e igual para todas, aun siendo tan diversas.

En la actualidad, prácticamente las únicas diferencias que existen entre los ejidos y las comunidades agrarias son que en estas últimas la ley no permite que las parcelas de labor sean tituladas de manera personal (aunque se trabajen individualmente) y que los comuneros no pueden vender sus tierras; sin embargo, por acuerdo en asamblea de la mayoría de los miembros de una comunidad pueden mudarse al régimen ejidal y así acceder a parcelas individuales e, incluso, posteriormente a su venta si así lo decide una asamblea calificada.

La autoridad máxima de ejidos y comunidades agrarias es la asamblea general y los órganos de dirección son el comisariado (ya sea ejidal o de bienes comunales) que se designa por el voto directo de los ejidatarios o comuneros y consta de presidente, secretario y tesorero, los que a su vez son supervisados por un consejo de vigilancia integrado por su presidente, secretario y vocal; además, todos cuentan con sus respectivos suplentes.

Los sujetos agrarios son los ejidatarios y comuneros que tienen derecho a predios de cultivo y acceso a todos los bienes comunes del núcleo agrario; además de ellos están los posesionarios, quienes solo tienen permitido acceder a parcelas de labor. También existen los avecindados (ley agraria, artículo 12), que son personas de nacionalidad mexicana, mayores de edad y que tengan por lo menos un año de radicar en el núcleo agrario los cuales, con la autorización de la asamblea general o por acuerdo del tribunal agrario, pueden adquirir la personalidad de ejidatario y tener derecho a comprar tierra en el ejido.

Dependiendo de sus recursos y características, la superficie que constituye un ejido puede ser destinada hasta a cinco usos distintos: para cultivo o labor (generalmente son parcelas individuales), tierras de uso común (montes, bosques y selvas), y parcelas con destino específico que se emplean -por decisión de la asamblea general- en la atención de necesidades de carácter comunitario, como la educación de los niños (parcela escolar), la actividad productiva de las mujeres (granja agropecuaria o industrias rurales para las mujeres) y para la formación de los jóvenes (parcela de la juventud); asimismo, parcelas a favor del ejido, que son los lugares donde se localicen bienes pertenecientes al conjunto de los ejidatarios (como pozos, viveros, corrales, instalaciones de almacenamiento, beneficio o transformación) y el área del asentamiento humano (donde cada ejidatario tiene derecho a un solar en propiedad privada para establecer su vivienda).

Las particularidades de la propiedad social

En lo relativo a la propiedad, los ejidatarios y los comuneros eran y son los dueños de los ejidos y comunidades agrarias, incluso desde antes de la entrega física de la tierra⁶ y aunque la dotación se hubiera realizado a título gratuito. En el caso de los ejidos, las áreas comunes pertenecen a todos y las parcelas son de cada individuo (por eso se titulan a nombre de cada persona); ese fue el cambio más importante con respecto a la propiedad modificado con la nueva legislación en la materia (^{Pérez Castañeda, 2002: 26}). En las comunidades agrarias las áreas comunes son de todos y las parcelas se encuentran en posesión del comunero que las trabaje, aunque son propiedad de la comunidad (esto era igual para los ejidos hasta antes a los cambios a la legislación agraria de 1992).

Respecto a la esencia o naturaleza de la propiedad social, los ejidos y comunidades agrarias constituyeron siempre una modalidad (con una serie de limitaciones e impedimentos) de la propiedad privada. Sus tierras no pertenecen a la nación, ya que si fueran de propiedad nacional la única forma que el Estado tendría de trasladar la tierra a los campesinos sería bajo la modalidad de un préstamo gratuito que recibe el nombre de comodato⁷.

Los bienes ejidales y comunales son propiedad del núcleo de población (el conjunto de personas beneficiadas con la dotación de tierra), y la ^{Ley Federal de Reforma Agraria (1971)} y ^{la ley agraria vigente (1992)} son perfectamente claras al respecto. Por eso, en caso de utilidad pública, las tierras de los ejidos o comunidades no regresan automáticamente al dominio de la nación sino mediante un acto expropiatorio con previa indemnización y, como se sabe, solo se expropia y se resarce a quien es legítimamente propietario de un bien. En otras palabras, el ejido no era una forma de comodato sino una modalidad de propiedad privada, lo que se demuestra no solo en la práctica (indemnización por expropiaciones) sino en la misma legislación (Ley Federal de Reforma Agraria, artículo 51 y ley agraria, artículo 9)⁸.

Actualmente la parcela ejidal puede arrendarse y hasta ser vendida a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población; para venderse a un particular tiene que darse un paso mediante el cual el ejido accede al dominio pleno. Dicho proceso se realiza en asamblea general calificada donde, ante la presencia de un notario público y un representante de la Procuraduría Agraria, 75 % de los ejidatarios asistan y estén de acuerdo con el cambio las dos terceras partes de los participantes.

Los núcleos agrarios y su población

En México existen 31 873 ejidos y comunidades distribuidos en todas las entidades federativas y se localizan en 90.4 % de los municipios que conforman el país; los ejidos son 29 519 y las comunidades ascienden a 2354. Mientras que los ejidos se hallan en todos los estados de la República, las comunidades agrarias están en 29 entidades (no existen en Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo).

De los ejidos, 4639 han optado por el dominio pleno, lo que representa que cerca de 16 % de ellos pueden vender sus parcelas de labor legalmente (Cuadro 2). De acuerdo con este monto, poco más de 84 % de los ejidos no han vendido alguna de sus partes; sin embargo, estos datos son inexactos, ya que se conoce de múltiples casos de venta de parcelas en ejidos sin dominio pleno a personas ajenas a los núcleos agrarios (^{Clichevsky, 2003}; ^{Olivera Lozano, 2005}). Es decir, que no son ejidatarios, posesionarios o avecindados (únicos autorizados en el artículo 80 de la ley agraria), por lo que las anteriores cifras se refieren exclusivamente a los ejidos que legalmente han realizado ventas de tierra.

Fuente: elaboración propia con base en: ^{RAN, 2014}.

Cuadro 2 Ejidos y comunidades agrarias por estado, superficie, dominio pleno y municipios sin núcleos agrarios, 2013. 

Los núcleos agrarios se conforman de 5 653 637 ejidatarios, comuneros y posesionarios: los dos primeros representan 74.5 % y los posesionarios, 25.5 % del total. La titularidad de los derechos parcelarios entre los ejidatarios expresa una fuerte masculinidad pues 80.2 % de sus titulares son hombres y 19.8 % mujeres.

La distribución de ejidos y comunidades entre las diferentes entidades federativas es muy variable: En Chiapas, Michoacán y Veracruz el nivel de núcleos es alto, pues estos tres estados concentran 26.7 % del total del país; en ocho entidades: Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Tlaxcala y Morelos el nivel de ejidos y comunidades es bajo, pues sólo alcanzan 4.7 % del total; en los 21 estados que quedan, el nivel de concentración es medio ya que en estos se distribuyen 68.6 % de los núcleos (Cuadros 2 y 3).

Fuente: INEGI. ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 3 Ejidos y comunidades agrarias por estado y participación por sexo en %, 2007. 

De los más de 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, casi la mitad (47.6 %) se aglutina en cinco entidades: Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; en sentido inverso, diez estados: Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo, únicamente cuentan con 6.2 % de los sujetos agrarios; en los 17 estados que faltan se distribuyen 46.2 % de los ejidatarios y comuneros (Cuadro 4).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 4 Distribución de ejidatarios, comuneros y posesionarios en México, 2007. 

En el periodo que abarca de 1992 a la fecha, y como resultado del fin de la reforma agraria (1992) y de un intenso programa de regularización y titulación de la propiedad de la tierra (Procede), la superficie en propiedad social incrementó en 40 % su número de propietarios o beneficiados en solo 23 años, al pasar de 3.5 millones en 1991 a 4.9 en 2014. En consecuencia, el promedio de propietarios por núcleo agrario aumentó y, por el contrario, el de superficie por propietario disminuyó, profundizándose la atomización y el minifundismo en la propiedad social (^{RAN, 2014}), lo que entraña peligros de sobreexplotación de la tierra, erosión y aprovechamiento insostenible.

La infraestructura y los medios de producción de los núcleos agrarios

Por lo que se refiere a la infraestructura productiva de la que disponen los ejidos y las comunidades agrarias en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas e Hidalgo, sus núcleos agrarios muestran los índices más bajos en infraestructura y medios de producción. Asimismo, se ve claramente cómo en esa zona es donde converge el mayor número de ejidos y comunidades, además de ser el área donde existe menor infraestructura y medios de producción (bordos para riego, abrevaderos, pozos, salas de ordeña, aserraderos, tractores, vehículos y maquinaria) (Cuadro 5).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 5 Infraestructura, tractores y vehículos funcionando y maquinaria para uso agropecuario y forestal en ejidos y comunidades, 2007. 

Existe otra región, integrada por los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit que, a diferencia de la anterior, expresa altos índices de infraestructura y medios de producción, superior al promedio. Asimismo, dentro de estos parámetros se clasifica Baja California Sur, cuyo nivel de núcleos agrarios y número de propietarios es bajo, aunque manifiesta el índice más alto en infraestructura y medios de producción.

Para 2007 en México existían 4 210 830 ejidatarios y comuneros, además de 1 442 807 posesionarios, de los cuales 3 392 126 contaban con parcela propia, lo que significa que casi 81 % de ellos dispone de ese tipo de dotación personal. En los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato se registra el grado más alto de sujetos con parcela ya que, en promedio, 94.6 % de ellos tienen dotación individual; mientras que en Sonora, Durango, Distrito Federal, Yucatán y Quintana Roo se presenta el punto más bajo de parcelación; menos de dos terceras partes de los ejidatarios y comuneros cuentan con parcela individual; en los 25 estados restantes la situación es media y homogénea, ya que agrupan 87.8 % de los sujetos agrarios y 85 % de los ejidos y comunidades (Cuadro 6).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 6 Ejidatarios y comuneros con parcela individual, 2007. 

Las superficies de cultivo

En México, 90.6 % de los núcleos agrarios cuentan con áreas parceladas, cuya superficie abarca 33 628 597 hectáreas, lo que representa 31.7 % de su extensión; es decir, que casi una tercera parte de las tierras de propiedad social están divididas en parcelas. De ellas, 56.4 % se destina a uso agrícola, mayormente bajo condiciones de temporal, ya que solamente 11.2 % de la superficie dividida en parcelas cuenta con riego (Cuadro 7).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y Censo Ejidal 2009.

Cuadro 7 Ejidos y comunidades con superficie parcelada, características, 2007. 

Los ejidos y las comunidades agrarias son minifundios con un promedio de superficie parcelada de uso agrícola por individuo de 4.2 hectáreas y, por si lo anterior fuera poco, la mitad de los ejidatarios y comuneros tienen su posesión separada en dos o más fracciones, existiendo casos donde la dotación está dividida hasta en ocho minúsculas parcelas. En el Estado de México, Guerrero y Oaxaca, la situación de las pequeñas extensiones de tierra se vuelve crítica, ya que son las entidades que concentran el mayor número de ejidatarios y comuneros y también de núcleos agrarios.

En 19 estados se presenta un nivel alto de ejidos y comunidades con áreas parceladas; en contraste, en Sonora, Durango, Distrito Federal y Quintana Roo, el nivel de núcleos agrarios con superficie parcelada es bajo, mientras que nueve estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Chiapas, presentan un nivel medio (Cuadro 7).

Con respecto a la cantidad de superficie parcelada, en Veracruz, Tabasco, Tlaxcala y Colima se concentra el nivel más alto (entre 61 y 90 % del total de esa superficie); en oposición, el nivel más bajo se ubica en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Distrito Federal y Quintana Roo, donde menos de una quinta parte de la extensión total se encuentra parcelada. En los 22 estados restantes se localizan los núcleos agrarios que registran un nivel medio de superficie parcelada, entre 20 y 60 % (Cuadro 7).

Es importante señalar que, por distintas razones, no toda la faja parcelada se encuentra sembrada. En Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, el nivel de superficie parcelada con uso agrícola es alto, pues más de 88 % del total de dicha área se destina para sembrar; en oposición, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el nivel se presenta bajo pues el máximo de superficie parcelada con uso agrícola es de 34 %; en las 18 entidades restantes el nivel es medio, es decir, entre 35 y 87 % del espacio parcelado es usado con fines agrícolas (Cuadro 6).

En relación con la superficie parcelada con disposición de riego en Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Morelos, el nivel se presenta alto, entre 21 y 50 %, en tanto que en el Distrito Federal, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, es bajo, de no más de 3 % del área; en los 21 estados restantes entre 4 y 20 % de la zona parcelada se irriga (Cuadro 6).

Las áreas de uso común

En México, seis de cada diez ejidos y comunidades tienen pastos no cultivados y superficies de agostadero o enmontadas; al igual que en otras partes del mundo, en estas zonas se presentan fuertes problemas erosivos como resultado del sobrepastoreo y la sobreexplotación de plantas y arbustos endémicos (^{RRI, 2010}); una cuarta parte de los núcleos agrarios presentan procesos de desertización en sus áreas de uso común, situación que, relacionada con la forma de organización para el destino y aprovechamiento de la tierra, lleva a una gestión deficiente de su principal recurso: la tierra (Cuadro 8).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 8 Ejidos y comunidades con pastos no cultivados y superficie de uso común sin vegetación, 2007. 

La ausencia o débil cooperación, resultado de la forma de organización mayoritariamente centrada en la familia nuclear, no permite llevar a cabo estrategias planificadas de mantenimiento, restauración y conservación de los recursos endémicos: debido a las condiciones de pobreza, las familias se centran mayormente solo en el aprovechamiento de ellos, pero no de su restauración, ni del control del uso pensando en el futuro.

En Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro convergen los ejidos y comunidades con pastos no cultivados, de agostadero o con áreas enmontadas, estados en los que más de 80 % de los núcleos tienen ese tipo de cobertura vegetal, registrándose así el nivel más alto en esta zona, misma que conforma una región enmarcada por las dos sierras madres laterales y al sur por los nudos volcánicos. En el extremo opuesto se encuentran el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas, que registran nivel bajo, pues menos de 43 % de los núcleos tienen este tipo de prados (Cuadro 8).

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo y Estado de México el nivel de ejidos y comunidades con superficie de uso común sin vegetación se presenta alto, dado que más de 38.5 % de los núcleos exhiben esa característica. Inversamente, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Distrito Federal, el nivel se muestra bajo, con menos de 19 % de los núcleos con espacios de uso común carentes de vegetación (Cuadro 8).

Actividades productivas en los ejidos y comunidades agrarias

En 93.7 % de los núcleos agrarios se practica la agricultura (fundamentalmente de temporal, ya que sólo 11 % de la superficie es irrigada). En 82.3 %, paralelamente a los cultivos, se desarrolla la ganadería, mientras que, además de las labores agropecuarias, en 21.7 % se dedican a la recolección; existen 9.6 % de los núcleos agrarios que solo se dedican a la explotación forestal, y 0.7 % a otras actividades no agropecuarias ni forestales.

El presente análisis no se refiere al volumen de producción, sino que se centra en determinar aquellas actividades agropecuarias a las que se dedican mayoritariamente los núcleos agrarios. En los ejidos y comunidades agrarias se siembran 26 cultivos de importancia y se dedican fundamentalmente a dos actividades pecuarias: la cría y la ordeña de ganado bovino.

En primer lugar, 70.4 % de los ejidos y comunidades se dedican a la siembra de maíz como cultivo principal (51.9 % para consumo humano y 18.5 % para forraje); el segundo es la caña de azúcar, en 44.4 % de los núcleos; en tercero, los pastos cultivados, en 44 %; en cuarto, el sorgo, 33.3 %; en quinto, el café, 29.6 %; en sexto, el limón y el jitomate, 25.9 %; en séptimo, alfalfa, frijol y mango, 22.2 %; en octavo, melón, sandía y manzana, 18.5 %; en noveno, arroz, algodón, cebada, chile y naranja, 14.8 %; en décimo, coco, tabaco, plátano y tomate verde, 11 %; y, en el undécimo, agaves, aguacate, cacao y vid, 7.4 %.

De los 2207 ejidos y comunidades con actividades forestales realizadas por la mayoría de sus miembros, únicamente en 889 de ellos se dan actividades rudimentarias de transformación de la madera, destacando que 209 se dedican a la elaboración de carbón; 109, a la obtención de tablas; y 96, al aprovechamiento de leña (^{INEGI, 2007a}). Existen 294 núcleos agrarios con aserradero, es decir, 13.3 %. En contraste, existen 590 aserraderos de propiedad privada (Cuadro 3), resultando que, sin bien 80 % de los bosques se encuentran en los núcleos agrarios, solo un tercio de los aserraderos se localizan en ellos; asimismo, que 87 % de los ejidos y las comunidades forestales se dedican solamente al derribo de árboles, sin ninguna otra transformación (^{INEGI, 2007a}).

Existen ejidos y comunidades que primordialmente efectúan actividades no agropecuarias ni forestales; así, 741 núcleos agrarios (2.4 %) realizan fundamentalmente labores artesanales; 860 (2.7 %) practican principalmente la pesca; solamente 509 núcleos (1.6 %) aprovechan sus recursos naturales y patrimonio histórico para el turismo, mientras que en la obtención de materiales para la construcción (arena, grava, piedra, tezontle y mármol, entre otras) se presenta en un mayor número de núcleos, 1381 (4.4 %), pero aun así es muy bajo y en muchas ocasiones la explotación la realizan empresas privadas que gozan de concesiones por parte de los ejidos y comunidades, presentándose extracción indiscriminada que a la larga afecta los demás recursos locales (Cuadro 9).

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 9 Ejidos y comunidades que realizan actividades no agropecuarias ni forestales, 2007. 

Los ejidos y comunidades que realizan actividades artesanales (productos tradicionales elaborados de manera manual con materias primas locales) se enlistan a continuación: con un nivel alto, Quintana Roo y el Distrito Federal con hasta casi 85 %; en una situación inversa se encuentran Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala, con un máximo de 1 % de núcleos agrarios que elaboran artesanías. En las otras 23 entidades el nivel es medio, entre 1 % y menos de 5 % de ejidos y comunidades que trabajan las artesanías (Cuadro 9).

Los núcleos agrarios que extraen materiales para la construcción se ubican en un nivel alto (de 7 % a 11 %), en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo; el nivel se presenta bajo, hasta un máximo de 2.2 %, en Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala, Tabasco y Campeche; en los 21 estados restantes el nivel de las propiedades sociales que se dedican a esa actividad es medio (Cuadro 9).

El territorio mexicano cuenta con 11 122 kilómetros de costas, de los cuales 6638 km se ubican en 605 ejidos y comunidades que tienen tierras con acceso al mar (^{SRA, 2008}), lo que representa que la propiedad social dispone de poco más de la mitad (57 %) de los litorales mexicanos. Si bien se dispone de esa amplia extensión de litorales, con una captura de 1774 toneladas México ocupaba el cuarto lugar en volumen de pesca en el continente americano, siendo los tres primeros Perú (6964 t), EE. UU. (4710 t) y Chile (4703 t) (^{INEGI, 2015}), cuando nuestro país está por encima de Perú y Chile en lo que se refiere a la extensión de sus costas. Los problemas que obstaculizan el desarrollo de las actividades pesqueras en México son diversos; entre ellos destacan deficiencia en embarcaciones, infraestructura portuaria insuficiente y escasos apoyos financieros por parte del gobierno. Dicha problemática se refleja en el ínfimo número de ejidos y comunidades cuya actividad principal es la pesca.

Los ejidos y comunidades que realizan labores pesqueras, tanto en mar como en aguas interiores, se ordenan de la forma siguiente: en Baja California Sur, Nayarit y Tabasco el nivel es alto, es decir, entre 6.4 y 15 % de los núcleos llevan a cabo esos trabajos; en contraste, en Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí, Guanajuato y Yucatán el nivel de núcleos es bajo, menos de 1 % de ellos realizan actividades pesqueras. En los 24 estados que no han sido enumerados el nivel se presenta medio (entre 1 % y 6.4 %) y, si bien 46 % de las entidades no poseen costas, aunque menos representativa que la de mar, la pesca en ríos, lagos, lagunas, presas y canales es de gran valor para algunas regiones de México por su aportación alimentaria y económica. En ocasiones se siembran peces u otros organismos acuáticos (trucha, lobina, bagre, camarón y langostino) para aumentar la productividad en los cuerpos de agua interiores; destacan por su actividad acuícola núcleos agrarios de Veracruz, Hidalgo, Sonora y Tabasco (Cuadro 9).

De los ejidos y comunidades con actividad turística: Baja California Sur, con 12 % de los núcleos, y el Distrito Federal, con 27 %, muestran niveles altos, mientras que el nivel bajo se encuentra en Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Tlaxcala, pues solamente menos de 1 % de los núcleos realizan ese tipo de práctica; en los 24 estados que restan, entre 1 % y 8.3 % se dedican a esos servicios (Cuadro 9).

Aunque son pocos en relación al total, los núcleos que principalmente se dedican a actividades no agropecuarias tienen gran potencial por sus recursos naturales, conocimientos y un saber hacer tradicional que, de apoyarse con financiamiento y capacitación gubernamental o privada, podrían ser aprovechados para el desarrollo local.

Los servicios ambientales, potencial de ejidos y comunidades

La propiedad social provee servicios ambientales, principalmente basados en su riqueza forestal, y tiene potencial para incrementarlos, ya que más de 80 % de la biodiversidad y riqueza natural del país se encuentra en ese tipo de tierras; además, 15 584 ejidos y comunidades se encuentran asentados en zonas de bosques, selvas y matorrales, lo que suma una superficie cercana a los 63 millones de hectáreas, por lo que la propiedad social es fundamental para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad de nuestro país (^{RAN, 2015}).

Para la preservación y el cuidado de los ecosistemas existen tres tipos de servicios ambientales relacionados con los recursos naturales que poseen los ejidos y las comunidades: la conservación de la biodiversidad, las reservas de carbono en bosques, selvas y matorrales, y los servicios hidrológicos.

Datos del Registro Agrario Nacional (RAN) muestran que 21,968 ejidos y comunidades (69 %) tienen algún ecosistema valioso para la retención y captura de carbono: 9165 tienen bosques; 11 965, selvas; y 6 144 tienen matorrales. Estos núcleos agrarios tienen capacidad para retener carbono, que va desde menos de una tonelada hasta 19.2 millones de toneladas de carbono (^{Reyes et al., 2012: 36}).

En lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha identificado 265 áreas en México que destacan por sus ricos ecosistemas, comparativamente mayores que en el resto del país y que, además, cuentan con un alto potencial para su conservación. Estas superficies se catalogan como Regiones Terrestres Prioritarias (152) y Regiones Hidrológicas Prioritarias (111), con la característica de que en todas ellas existen ejidos y comunidades agrarias (^{Conabio, s. f.}). Así, la mitad de las Regiones Terrestres Prioritarias se localizan en 6592 núcleos agrarios y abarcan 25.7 millones de hectáreas, mientras que 12,717 ejidos y comunidades, con 38.7 millones de hectáreas representan 48 % de las Regiones Hidrológicas (^{Conabio, s. f.}). En cuanto a servicios hidrológicos, los datos del RAN señalan que casi la totalidad (99 %) de las 189 Reservas Potenciales de Agua del país están en 7462 núcleos agrarios con 23.4 millones de hectáreas (^{CONAGUA, 2011}).

Para dimensionar la importancia que estos servicios ambientales pueden llegar a tener en la propiedad social hay que considerar que existen 15,584 ejidos y comunidades que pueden clasificarse con potencial forestal porque la mitad de su superficie está arbolada, lo que da por resultado un área de 62.6 millones de hectáreas. Otro criterio más conservador considera como forestal a los ejidos y comunidades con por lo menos 200 hectáreas de bosques, selvas y matorrales, lo que suma una superficie de 57.3 millones de hectáreas (^{Reyes et al., 2012: 33-34}). En cualquiera de los dos supuestos, la superficie es enorme y las posibilidades de ofrecer servicios ambientales son grandísimas.

Permanencia y migración de los jóvenes de los núcleos agrarios

La permanencia de los jóvenes en sus núcleos agrarios pero, sobre todo, su incorporación en alguna actividad productiva al interior de los mismos, es un importante indicador que señala si la situación económica es favorable o no para la población joven que los habita. En 58.8 % de los ejidos y comunidades de México, la mayoría de los jóvenes permanece en ellos; sin embargo, únicamente en 34.3 % de las unidades los jóvenes se integran a alguna actividad productiva. Tal situación ha llevado a que cuatro de cada diez jóvenes (41.2 %) abandonen sus núcleos agrarios en busca de empleo, principalmente más allá de la frontera norte. Así, 27.9 % de los ejidos y comunidades presentan migración de jóvenes a Estados Unidos; 10.7 %, a centros urbanos; y 2.6 % se dirigen hacia áreas rurales, posiblemente como jornaleros agrícolas (Cuadro 10), lo que muestra claramente el bajo dinamismo de las actividades agropecuarias y que el país no ofrece suficientes alternativas laborales para la población joven del campo.

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censo Agropecuario 2007 y ^{Censo Ejidal 2007}.

Cuadro 10 Ejidos y comunidades con permanencia y/o migración de jóvenes, 2007. 

Los ejidos y comunidades con permanencia mayoritaria de jóvenes en sus núcleos agrarios se distribuyen del siguiente modo: los niveles altos de conservación se encuentran en Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Distrito Federal, Tabasco y Chiapas. Esto es, entre 76.3 y 87 % de los núcleos retienen a sus jóvenes, probablemente debido a que cerca de ellos existen oportunidades de empleo. En contraste, menos de la mitad de los jóvenes de los ejidos y comunidades localizados en Zacatecas, San Luís Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima e Hidalgo, permanecen en sus núcleos, configurando una región en la parte central del país con menor arraigo de jóvenes en los ejidos y comunidades, concordante con la gran tradición migratoria en esa zona (^{Morett y Cosío, 2004: 39}); en los 19 estados restantes el nivel se presenta medio, pues entre 47.9 y 76.3 % de los núcleos retienen a la mayoría de sus jóvenes (Cuadro 10).

Los ejidos y comunidades con jóvenes que se integran a alguna actividad productiva en su interior se tipifican a continuación: nivel alto en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; esto es, que entre 44.2 y 67 % de los núcleos participan jóvenes en labores productivas; en el extremo opuesto, el nivel bajo se presenta en Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Baja California, pues solamente en menos de una quinta parte de los núcleos los jóvenes se integran a la producción. En los 22 estados que falta de mencionar el nivel es medio; entre 20 y 44.1 % de los núcleos retiene a sus jóvenes trabajando en ellos.

Los ejidos y comunidades con migración de jóvenes a áreas urbanas se dividen del siguiente modo: el nivel es alto (de 24 a 17.9 % de los núcleos) en Sonora, San Luís Potosí, Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Baja California; el nivel se muestra bajo en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero, ya que en menos de 4 % de sus núcleos los jóvenes migran a zonas urbanas, conformando una región bien delimitada en la zona centro occidente del país; en los 18 estados restantes el nivel se presenta medio -entre 4 y 17.5 % de los núcleos- (Cuadro 10).

Los núcleos agrarios con migración de jóvenes hacia áreas rurales se ordenan de la siguiente forma: el nivel mayor se presenta (3.3 a 6 % de los núcleos) en Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán, entidades oferentes de jornaleros agrícolas, mientras es menor en Baja California Sur, Estado de México, Distrito Federal y Morelos (Cuadro 10).

Los ejidos y comunidades con migración de jóvenes a EE. UU. se distribuyen de acuerdo con la siguiente relación: el nivel se presenta alto (por arriba de 41.9 % de los núcleos) en los estados de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima, conformando una región bien definida en el centro occidente con amplia tradición migratoria hacia los EE. UU.; en contraste, es bajo en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Tabasco y Yucatán, pues menos de 9 % de los núcleos presenta migración de sus jóvenes hacia la unión americana; en los 22 estados restantes se localizan los núcleos agrarios con una migración mediana, esto es, entre 8.6 y 41.8 % (Cuadro 10).

Los ejidos y comunidades con migración de jóvenes a otro país distinto a Estados Unidos son poco significativos numéricamente (17 en todo el país). Los estados donde se localizan estos núcleos son Hidalgo, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, con apenas entre 0.1 y 0.2 %. Esta migración muy probablemente se dirija a Canadá, por el convenio en la materia que existe desde 1974 entre ese país y México, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (Cuadro 10), y que anualmente envía alrededor de 21 mil jornaleros a Canadá (^{STPS, 2015}).

En México, a lo largo del proceso histórico, se ha dado un desarrollo desigual y heterogéneo que ha conformado regiones con grandes contrastes socioeconómicos. Este desarrollo disímil mantiene a cerca de 20 % de su población en la marginación de ingreso, empleo, vivienda y educación (^{CONAPO, 2015}). Las condiciones de marginación se acentúan en las zonas rurales, ya que debido a una desigual distribución de los recursos se da una concentración de los servicios, infraestructura, personal calificado y recursos económicos en los centros urbanos.

En el país se definen claramente tres grandes regiones con diferentes grados de marginación: en el sur y sureste se registra muy alta y alta; en el centro y centro occidente se conforma una región heterogénea con grados de marginación que van de medio a muy bajo; en el norte del país, incluyendo la península de Baja California, se configura una región con los grados de marginación bajo y muy bajo.

Coincidentemente, en la región de mayor grado de marginación, en el sur y sureste se localizan los ejidos y las comunidades con menor nivel de medios de producción (infraestructura, tractores, vehículos y maquinaria para uso agropecuario y forestal); aunque la relación no es directamente proporcional, sí permite apreciar cómo el nivel bajo en medios e infraestructura productiva se traduce en otro de los factores dentro del círculo de la marginación. En las regiones sur y sureste es donde se ubica la mayor escala de ejidatarios, comuneros y posesionarios asentados en las entidades con mayores grados de marginación.