Propuesta conceptual: gobernanza y derecho humano al agua con enfoque de género

La gobernanza se refiere a la elección de los fines y valores que orientan a la sociedad y los procesos mediante los cuales se gestionan asuntos colectivos; por ejemplo, reglas de conducta y principios para asignación de recursos. ^{Murillo (2012)} distingue dos tradiciones en la definición de gobernanza. Por un lado, los organismos internacionales (por ejemplo el Banco Mundial) se centran en el desempeño de las instituciones estatales y enfatizan elementos tales como rendición de cuentas, estabilidad política, eficacia del gobierno, calidad normativa e imperio de la ley. Por el otro, la Unión Europea se centra en la relación entre gobierno y sociedad a través de la participación, con valores tales como la apertura y la responsabilidad social. El presente artículo se adhiere a esta segunda tradición porque permite recuperar experiencias de organización y participación social en Latinoamérica, dirigidas a ganar espacios y alentar la construcción de ciudadanía ^{(López y Chávez, 2012)}.

El marco mexicano para la gobernanza del agua no considera las diferencias de género que conducen a un disfrute diferenciado del recurso. Ni en la Ley de Aguas Nacionales ni en su reglamento existe algún artículo que considere a las mujeres como usuarias o que indique el papel que deben jugar en la toma de decisiones ^{(Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008}; ^{González, 2014)}. El Programa Nacional Hídrico (2007-2012) utiliza el término “grupo vulnerable” para referirse a mujeres, jóvenes, tercera edad, indígenas y personas con discapacidad, que juntos constituyen la mayoría de la población, por lo que dicho vocablo se convierte inoperante e incapaz de evitar la discriminación de género en el acceso y el disfrute del agua ^{(Rico, 2006}; ^{Vázquez, 2011)}.

La gobernanza del agua sensible al género parte de reconocer que mujeres y hombres de distinta condición social, etnia y edad tienen acceso diferenciado a los recursos hídricos y los usan y manejan de manera diversa ^{(Soares, 2012)}. Algunas de las consecuencias de la escasez, mala calidad y altas tarifas del agua para las mujeres son las siguientes: sobrecargas de trabajo; gastos excesivos en relación con otros servicios; reducción de actividades para el desarrollo personal; deterioro de la calidad de vida ^{(Red de Género y Medio Ambiente, 2006}; ^{Franco, 2013)}. El cambio climático ha agravado la situación debido al incremento en la frecuencia e intensidad de tormentas, huracanes, alteraciones en la temporada de lluvias y enfermedades asociadas al agua almacenada ^{(Schenerock et al., 2011)}. La falta de agua de calidad conlleva la violación de otros derechos; por ejemplo, a la salud y a la participación ciudadana, por lo que el derecho humano al agua debe ser central en la agenda de equidad de género a nivel mundial ^{(Aureli y Brelet, 2004)}.

^{Rodríguez, Salazar y Salazar (2013)} contribuyen a la conceptualización del derecho humano al agua con enfoque de género. Los atributos de este derecho son los siguientes: disponibilidad, calidad, accesibilidad física y asequibilidad. El primero se refiere al abastecimiento de agua, que debe ser continuo y suficiente. En segundo lugar, el agua debe ser salubre, es decir, no ha de contener microorganismos, sustancias químicas o radioactivas, además de tener un color, olor y sabor aceptables. Tercero, las instalaciones y servicios han de estar disponibles para toda la población. Por último, la tarifa debe estar al alcance de todas las personas, en particular de aquellas en situación de desventaja económica. Cuando uno o más de estos atributos fallan, las mujeres deben compensar los déficits en el servicio mediante el incremento de sus horas de trabajo. Este “subsidio de género” constituye un aporte sustancial a la economía; sin él, el costo de bienes y servicios sería mayor, y tendría que ser asumido por el Estado o el mercado. Las mujeres ponen horas adicionales de trabajo en detrimento de su salud y calidad de vida, al tiempo que el Estado falla en su labor de velar por su bienestar y el cabal cumplimiento de sus derechos.

Zona de trabajo y estrategia metodológica

El municipio de La Antigua tiene una superficie de 131 km² que se extienden sobre la zona costera central del estado de Veracruz. El trabajo se realizó en tres localidades que forman parte de este municipio: José Cardel (cabecera municipal, urbana), La Antigua¹ y Loma Iguana (dos localidades rurales) (Figura 1). La idea fue contrastar un centro de población urbano (José Cardel) con dos rurales de distintos grados de marginación (La Antigua y Loma Iguana), es decir, conocer las diferencias al interior de un municipio que globalmente es catalogado como de grado de marginación bajo, pero que al interior presenta diferencias no solo en este rubro sino también en las oportunidades de educación y empleo. En realidad, sólo la cabecera municipal tiene un grado de marginación bajo (Cuadro 1).

Fuente: elaboración propia con software Arcgis® versión 9.3

Figura 1 Municipio de La Antigua y tres localidades estudiadas. 

La recolección de datos se realizó a lo largo de 2015 a partir de un diseño metodológico mixto que permitió articular distintos acercamientos. Las técnicas fueron tres: encuesta, entrevistas y talleres. La entrevista es el método más barato y versátil de todos y se utilizó en las tres localidades. La combinación de métodos permitió que cerca de 90 personas se involucraran en distintas etapas del proceso de investigación (Cuadro 2).

En mayo de 2016 se aplicaron cuestionarios a 40 jefas de familia de tres colonias de José Cardel: Vicente López, Chapul y Centro². Se realizó una selección aleatoria simple para proporciones con un margen de 10 % y nivel de confianza de 80 %, definidos así por el grado de homogeneidad que implica una muestra de hogares con jefatura femenina y niveles bajos de marginación. La selección dio como resultado un total de 203 hogares. A través del Programa SINCE del INEGI se buscó a las manzanas de las tres colonias donde era más factible localizar hogares con jefatura femenina. Con la ayuda de Google Maps se corroboró esta información. Se definió una muestra de un máximo de 40 cuestionarios y un mínimo de 30, distribuidas por colonias: Chapul (10 cuestionarios), Fraccionamiento Vicente López (20 cuestionarios) y Centro (10 cuestionarios). La información se capturó en una base datos creada con el programa Excel®.

Los talleres y las entrevistas fueron diseñados para profundizar sobre el funcionamiento del organismo operador del municipio. Se realizaron con usuarias del servicio de agua, habitantes de las tres localidades y personas de ambos sexos ubicadas en puestos clave y con poder de decisión en el organismo operador y el gobierno municipal. El personal del CMAPS incluyó a Hugo Castro Rosado, director en febrero de 2015; Miguel Ángel Solano Ortiz, director en agosto y octubre del mismo año; Orlando Zapata Ruiz, responsable de la calidad del agua; Fernando Escobar, obras; Erika Fernández Pérez, cultura del agua; Martín Vázquez Murcia, contabilidad. El personal entrevistado del gobierno municipal fue el siguiente: Mario Palmeros Alarcón, síndico municipal; María Esther Fernández Chiquito, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; María Clementina Pérez, secretaria de la presidencia municipal; Gloria Escoto Labourdet, agente municipal de la localidad rural de La Antigua; Mercedes Guzmán Ceballos, agente municipal de Loma Iguana. La mayoría de estas personas accedieron a ser grabadas y solo una pidió anonimato en este documento, solicitud que fue respetada mediante el uso de pseudónimo; un par dieron solo su nombre de pila y así han sido citadas.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua

El proceso de descentralización en Veracruz inició en la década de los ochenta con la instauración de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA). La Ley Número 72 para Manejo y Saneamiento del Agua en el Estado de Veracruz facilitó la creación de organismos operadores estatales, regionales y municipales ^{(León y Aguero, 2010)}, que son la punta de lanza de la descentralización pues constituyen el principal instrumento para la autonomía e independencia financiera ^{(Galindo y Palerm, 2007)}. En 2001 el poder legislativo de Veracruz decretó tres leyes³ que facilitaron la transferencia de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a los municipios.

La transferencia en el municipio de La Antigua tuvo lugar en 2002. Para ejecutarla se formó una comisión integrada por representantes del gobierno del estado, el ayuntamiento y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento ^{(Gaceta Oficial, 2002)}. En 2008 se autorizó la creación del organismo paramunicipal para la gestión del agua denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, Veracruz ^{(Gaceta Legislativa, 2008)}.

Los organismos paramunicipales son administrados por un director y un órgano de gobierno constituido por el presidente municipal, el regidor a cargo del ramo, el contralor y tres representantes de la ciudadanía. Los miembros del órgano de gobierno son designados por el ayuntamiento, mientras que el director es designado por el presidente municipal, con autorización del ayuntamiento o el órgano de gobierno ^{(Gaceta Oficial, 2016b)}. En 2005, poco menos de la mitad (43 %) de los municipios de Veracruz habían cedido la administración de sus aguas a un organismo estatal (Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV) y solo los más grandes tenían un organismo municipal (31 %) o paramunicipal (14 %) ^{(Domínguez, 2010)}.

La Ley de Aguas del Estado de Veracruz ^{(Gaceta Oficial, 2016a)} otorga amplias funciones a los organismos paramunicipales: organizar la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; establecer cuotas y tarifas, efectuar su cobro y gestionar financiamiento para la más completa prestación de servicios; otorgar o revocar permisos de descargas de aguas residuales; pagar contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales en materia de agua; ordenar y ejecutar la suspensión de servicios; promover la participación de los sectores social y privado en su prestación; apoyar la autoconstrucción de pequeñas obras de infraestructura hidráulica en comunidades rurales o colonias populares; aplicar sanciones por infracciones; utilizar los ingresos recaudados en la ampliación de la infraestructura hidráulica.

El diagnóstico realizado por ^{Domínguez (2010)} sobre la gobernanza del agua en Veracruz identifica las siguientes limitaciones en los organismos operadores: bajas tarifas; falta de planeación; antigüedad de redes y tuberías; incapacidad institucional para renovarlas. En efecto, la red del municipio de La Antigua tiene unos 40 años de edad y es herencia de gestiones previas a la paramunicipalización. Hay 11 pozos en total; cuatro en la cabecera y el resto en localidades rurales. Los pozos de la cabecera son los más eficientes: producen entre 18 y 60 litros por segundo, en comparación con cinco y 13 litros por segundo en el medio rural. En la localidad rural de La Antigua hay dos pozos y en Loma Iguana, uno. Los de La Antigua producen cinco y seis litros por segundo, respectivamente, y el de Loma Iguana, cuatro y medio. Tienen los rendimientos más bajos de todo el municipio, constatando que el rezago histórico de zonas rurales veracruzanas descrito por ^{León y Agüero (2010)} no ha sido superado.

En José Cardel el sistema funciona 24 horas del día y cuando un pozo se detiene los otros siguen operando. Por el contrario, los de las dos localidades rurales estudiadas ofrecen un servicio intermitente y son operados desde la cabecera, de manera que las fallas deben ser reportadas por el o la agente municipal y tardan en ser atendidas. El modelo de gobernanza del municipio carece de comités de agua conformados por usuario/as; no existen arreglos sociales basados en la reciprocidad, característicos de comunidades campesinas e indígenas ^{(Galindo y Palerm, 2007)}. En lo que resta del artículo se analizan los alcances de la paramunicipalización como marco de gobernanza para garantizar el derecho humano al agua, analizando cada uno de sus cuatro atributos (disponibilidad, calidad, acceso y asequibilidad) ya expuestos arriba.

Toda la parte de arriba es la que sufre: disponibilidad del agua

La mayoría (80 %) de las jefas de familia encuestadas en José Cardel dijeron tener suficiente agua para sus necesidades cotidianas. Una cantidad relativamente superior (85 %) mencionó que el agua llega a sus casas todos los días y otra todavía mayor (90 %) dijo que no hay un horario específico en el que esta llegue, es decir, está disponible todo el tiempo. Aquellas con problemas de disponibilidad los atribuyeron a la ubicación de sus viviendas: “estamos en un nivel alto… agarran [agua en] otras casas y… baja la presión. En las mañanas y en las noches es donde hay más presión”. Sin embargo, el agua no se acaba, sino que más bien llega poca (Angelina Méndez, agosto 2015).

Tres cuartas partes (72.5 %) de las encuestadas no han sufrido cortes en el suministro de agua. Cuando los hay, son “a ratitos nada más” porque van a componer unas tres veces al año”. El problema es que “nunca nos avisan que van a cortar el agua” y la suspensión puede durar dos o tres días (Angelina Méndez, agosto 2015). El personal de la CMAPS argumenta que generalmente se debe a fallas eléctricas sobre las cuales no tienen control. Cuando se trata de un equipo de la red de agua potable “pues obviamente no se puede prever o pronosticar… pasa y hay que atenderla” (Fernando Escobar, agosto 2015).

En el poblado rural de La Antigua la historia es distinta, ya que la falta de agua en las partes altas es generalizada. Los y las participantes del taller calcularon que aproximadamente 25 % de las usuarias no tienen suficiente agua para sus necesidades cotidianas y en tiempos de estiaje la situación es todavía más difícil. Desde José Cardel se decide cuándo apagar la bomba sin consensuar con la población. Las usuarias de la parte alta están dispuestas a abastecerse a la hora que sea: “por lo menos un par de horas en la noche deje que nos llegue el agua, cuando acá cierren las llaves y se duerman nosotros nos quedamos despiertos… déjennos la bomba prendida más tiempo… a las cuatro de la mañana y a esa hora nos levantamos” (Taller, participante anónima, octubre 2015).

En Loma Iguana la bomba también se enciende en ciertos horarios y no alcanza a cubrir las necesidades de todo el poblado: “ahora lo ponen creo tres [veces al día], pero nomás… cae y… todos a agarrar agua” (Marcelino Contreras, octubre 2015). El mecanismo que regula de manera automática la cantidad de agua que se bombea al depósito tenía un mes descompuesto, motivo por el cual desde la cabecera se habían programado los horarios de distribución de agua. Igual que en el poblado rural de La Antigua, las viviendas más lejanas y altas se quedan sin ella: “uno aquí está esperando que venga el agua, y sí viene un ratitito, un chorrito y ya” (Anacleta Molina Ortiz, octubre 2015). Los horarios de distribución no han sido consensuados con las usuarias y ellas son las principales afectadas. A las siete de la mañana “no hay ni gota de agua”, justo “cuando es más el quehacer de la agarradera de agua, que porque hay que lavar, hay que guisar y bañar a los chiquillos para irse a la escuela, todo eso” (Mercedes Guzmán Ceballos, octubre 2015). ^{Soares (2012)} define esta falta de información y consenso como un estilo de gobernanza poco democrático y ciego a las necesidades de las mujeres.

En las dos localidades rurales se presentan cortes por motivos de reparación. En el poblado rural de La Antigua se han llevado la bomba todo el fin de semana, mientras que en Loma Iguana incluso hubo que remplazarla junto con parte de la tubería, situación que complicó el abasto de agua por cerca de dos meses. Cuando escasea por diferentes motivos los ganaderos de la región la “regalan” a cambio del “refresco” para los choferes de las pipas (y del voto por el PRI).

En resumen, aunque el servicio de José Cardel es más continuo, las usuarias de las tres localidades carecen de información sobre cuándo llega el agua o cuándo la cortan, y hay diferencias en función de dónde se encuentra su vivienda. Las mujeres de las dos localidades rurales del municipio (La Antigua y Loma Iguana) sufren las carencias de un servicio por horarios no consensuados, al tiempo que las cubren esperando que el agua llegue (por la red o en pipa) a la hora que sea. El servicio intermitente no consensuado resulta inconveniente y estresante, con lo cual se constata la paradoja identificada por ^{Salazar y Paz (2010)} en otros contextos: las mujeres son las principales usuarias del agua y también son ellas las que, con escaso poder de decisión, intentan resolver los problemas de mala distribución. En las tres localidades, pero sobre todo en las dos rurales (La Antigua y Loma Iguana), se presenta un subsidio de género que subsana las fallas del servicio proporcionado por el municipio ^{(Rodríguez et al., 2013)}.

Nunca he tomado agua de la llave: calidad

El 75 % de las mujeres encuestadas en José Cardel consideran que la calidad del agua que llega a sus viviendas es buena o muy buena y otro 20 % consideran que es regular. En 82.5 % de las familias las enfermedades (estomacales, cutáneas) que pudieran estar relacionadas con el agua no son frecuentes. María del Carmen Luna Troncoso, enfermera con 28 años de experiencia laboral en José Cardel, confirmó esta información. De todos los ítems analizados (olor, color, sabor), el mejor calificado fue el color, seguido por el olor y al final el sabor, que solo la mitad (47.5 %) de las usuarias considera bueno debido al contenido de cloro. El tratamiento del agua con cloro representa uno de los mayores retos para el cumplimiento del Estado en la provisión del agua ^{(Domínguez, 2010)}. Los riesgos tendrían que ser comunicados a la población pues, de acuerdo con la Secretaría de Salud (citada en ^{Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008}), se han encontrado rezagos en la calidad del agua y la evaluación de los riesgos que esto representa para la salud.

En el poblado rural de La Antigua la opinión sobre la calidad del agua es muy negativa e involucra el color y la textura, además del sabor. Los y las asistentes al taller mencionaron que el agua tiene un color amarillento que ensucia la ropa al lavarla; una mujer describió como Chocomilk al agua que sale de la llave. Se mencionaron problemas de la piel y la recomendación de la dentista de la clínica de lavarse los dientes con agua de garrafón, debido a la presencia de ampollas en las encías de un menor de edad. Incluso para bañarse “el agua está muy fea, o sea, no se puede, se baña uno y hasta se siente picazón” (María del Carmen Delgado García, agosto 2015). Orlando Zapata atribuyó esta situación a la cantidad de fierro en el agua. Dada la cercanía de la localidad con la costa deben usar aguas muy someras para que no sean salinas, y mientras más cloro se agrega al agua, más se oxida y enturbia. Esto tiene solución, pero “no podemos invertir en el sistema” por falta de presupuesto. Además, los tanques de almacenamiento no tienen suficiente mantenimiento. El agua de pipa que se envía cuando falla la red también llega sucia: “me siento humillada que me lleven eso; de verdad, siento que están atentando contra la dignidad de uno como persona, como ser humano… ¿Ellos le darían a sus hijos esa agua?... Los quiero tener en frente y decirles: “oye, ¿lavarías tu camisa… con esta agua?” (Taller, participante anónima, octubre 2015).

En Loma Iguana el problema de la calidad del agua no es tan severo, pero también existe desconfianza con el agua de la red, principalmente por la falta de mantenimiento del tanque de almacenamiento y del sistema de distribución (tubos, mangueras) donde han encontrado tierra y animales vivos (ranas) y muertos (iguanas). También se mencionó reiteradamente el sabor a cloro que disgusta a las usuarias.

En resumen, hay diferencias importantes entre las tres localidades, siendo el poblado rural de La Antigua el que reporta más problemas en cuanto a textura, color y sabor, mientras que en José Cardel y Loma Iguana el principal inconveniente es el sabor a cloro. La mala calidad del agua causa enfermedades cutáneas que impactan negativamente en la vida de las mujeres, ya que en ellas recae el cuidado de personas enfermas ^{(Red de Género y Medio Ambiente, 2006}; ^{Mujer y Medio Ambiente A.C., 2008}; ^{Schenerock et al., 2011)}. Se puede hablar de la imposibilidad de cumplir con los roles tradicionales de género (lavar la ropa, cocinar, bañar a niños y niñas), problema cuya solución se descarta por falta de presupuesto. Se asume que las mujeres tendrán que dar solución al problema desde sus hogares, es decir, se presenta el subsidio de género mediante el cual el trabajo no pagado de las mujeres cubre las deficiencias en el servicio ^{(Rodríguez et al., 2013)}. La escasa calidad del agua que una usuaria interpreta como un atentado a su dignidad expresa claramente la visión del agua como un derecho humano ^{(Aureli y Brelet, 2004)}, así como un excelente ejemplo de la carencia de mecanismos institucionales para evitar la discriminación de género en la política hídrica ^{(Rico, 2006}; ^{Franco, 2013)}.

Casi la mayoría tenemos tambo: acceso al agua

El 85 % de las encuestadas en José Cardel tienen tomas de agua de la red pública dentro de sus viviendas y 12.5 % tiene toma de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro del terreno donde viven. La mayoría (85 %) tiene alguna forma de almacenamiento de agua. Las predominantes son, en este orden: tinaco, tambo, tanque de concreto, cisterna y cubetas. Además, 82.5 % tiene regadera y 60 %, lavadora de ropa.

En la localidad rural de La Antigua fue posible detectar la importancia del almacenamiento para enfrentar la escasez y el servicio intermitente. Dos mujeres dijeron tener repositorios de 700 litros de capacidad y no padecer de escasez de agua; ambas viven en el centro, no en la parte alta del poblado. En el taller se rescató el testimonio de una mujer que sufrió un accidente al trasladar cubetas de agua y de otra que espera con “ansia parada ahí en la calle” el agua de pipa que el municipio manda cuando hay fallas en la red.

En Loma Iguana el tema del almacenamiento es igual de importante. “Casi la mayoría tenemos tambo de agua, lo llenamos y de ahí vamos agarrando” (Mercedes Guzmán Ceballos, octubre 2015). Irma Lozano se compró “un tanque de 200 litros para tener agua”, mientras que Reina (apellido desconocido) tiene agua incluso cuando deja de llegar por ocho días o más, gracias al depósito que le hizo su hijo, de profesión albañil. Las que no tienen buenos depósitos tienen que acarrear, en general de la casa de algún pariente: “hay una señora que… con un cubo iba a… agarrar agua aquí con su hijo” (Irma Lozano, octubre 2015). Otras buscan agua en pozos en mal estado: “luego no tenemos agua y andamos todos como desesperados buscando agua en los pozos que ya están bien cochinos” (Anacleta Molina Ortiz, octubre 2015).

El Cuadro 3 presenta datos sobre morosidad y suspensión del servicio en las tres localidades estudiadas⁴. De acuerdo con el personal del CMAPS, antes de cortar el servicio se busca que los usuarios/as morosos cubran su deuda bajo un esquema de pago a plazos. Las invitaciones empiezan a hacerse cuando hay un adeudo de más de tres meses. Asimismo, en la Feria del Agua realizada en diciembre de cada año se convoca a usuario/as morosos a ponerse al corriente con descuentos y promociones. Los cortes son evitados porque afectan negativamente al partido en el poder: “debido a cuestiones políticas es que no podemos tomar ciertas acciones que podrían ser quizá un poquito fuertes… ¿Qué pasa? Votamos por fulanito… dijo que nos iba a ayudar y ahora nos están cortando el agua” (Fernando Escobar, agosto 2015). Las personas pudientes tienen mayor poder de negociación para que les reinstalen la toma de agua: “sale por ahí alguien con poder, alguien que tiene influencias… el fulano habla con el alcalde, con el director, [y] póngale otra vez la toma” (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). Estos testimonios constatan la debilidad institucional y politización del servicio identificadas en otros estudios ^{(Torregrosa et al., 2005}; ^{Soares, 2007)}.

En Loma Iguana se detectó la existencia de dos jefas de hogar cuyo servicio estaba suspendido⁵. Ana Luisa Rigada Carvajal debía $13 000.00 (tarifa más recargos correspondientes a 10 años, aproximadamente) y Guadalupe Gómez Managua, $10 000.00 (ocho años). Rigada entró en un esquema de pagos, pero no lo completó y perdió el dinero que abonó: “iba dando 500 pesos y 500 pesos y 500 pesos, pero ya luego ya no pude… me atasqué… he de haber dado como dos mil pesos de convenio”. Gómez estaba contemplando hacer arreglos similares al momento de la entrevista. Ella tuvo que abandonar su casa para atender a su marido preso en una cárcel de Tuxpan; trabajó en una fonda frente al reclusorio durante seis meses y cuando volvió ya le habían cortado el agua.

Las dificultades que ambas enfrentan para realizar las actividades más básicas son enormes. Rigada antes obtenía agua de una vecina, pero “se peleó” con ella. Ahora compra agua de garrafón para cocinar y beber ($50.00 semanales); para bañarse acude con su cuñada; le paga a otra para que lave su ropa ($50.00 semanales). Su hijo le paga “una pipa… pero cada 15 días nada más” para llenar dos tambos de 200 litros cada uno. Gómez no gasta tanto en agua, sino que más bien recibe ayuda, aunque a veces condicionada. Su vecino le ofreció agua a cambio de favores sexuales; ella le dijo “que no y me la quitó”. Se baña en casa de su hijo; para cocinar, “donde quiera me dan una cubeta, allá, acá”; su hija le trae en motocicleta un garrafón o ella compra dos garrafones semanales porque “no puedo más». Rigada vive sola, pero Gómez tiene a su cargo a cinco nietos/as, dos con discapacidad: “una compañera me dice, te doy, agarra, mi hermana… ¿por qué no te traen agua? Tanto que nomás te la pasas ahí bañando a los chamacos” (Guadalupe Gómez, octubre 2015).

En resumen, diversos factores incrementan la falta de acceso al agua. El primero es el lugar de residencia, siendo la cabecera municipal más beneficiada que las zonas rurales, problema que refleja la situación del país⁶. El segundo tiene que ver con la posibilidad económica de adquirir o construir los depósitos que marcan la diferencia entre tener y no tener agua, así como otras instalaciones que facilitan el desempeño de los roles tradicionales de género: regadera y lavadora de ropa. Los cortes de agua por falta de pago en Loma Iguana afectan principalmente y de manera muy desigual a jefas de familia, contribuyendo al deterioro de su calidad de vida, debido a que se tienen que trasladar de su domicilio para hacer lo más básico; por ejemplo, bañarse. Una política hídrica con equidad de género tendría que considerar estos factores de diferenciación para garantizar el derecho humano al agua ^{(Soares, 2012)}. En enero de 2016 se hizo una modificación al artículo 100 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz para dar a los organismos operadores la posibilidad de otorgar subsidios por el servicio de agua a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, personas jubiladas, pensionadas y adultos mayores ^{(Gaceta Oficial, 2016a)}. Una vez más, las características específicas de mujeres como Rigada y Gómez desaparecen bajo estos términos, ninguno de los cuales hace referencias específicas a la desigualdad de género.

El agua no la hacen ellos, el agua es un recurso natural: asequibilidad

La mayoría de las jefas de familia de José Cardel (90 %) tienen medidor en sus hogares y pagan de acuerdo con el consumo. Los medidores son una cuestión de “eficiencia operativa”: “lo ideal es que el agua que extraigas es la que estás vendiendo” (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). En zonas rurales como La Antigua y Loma Iguana, el CMAPS cobra una cuota fija ($75.00), salvo cuando se trata de reemplazar o instalar tomas nuevas que por reglamento ya vienen con medidor. La idea es que tarde o temprano todo el padrón de usuario/as tenga medidores, ya que “las cuotas fijas… es ahorcarse solo” porque no permiten contabilizar la relación entre extracción, pérdidas y consumo (Orlando Zapata Ruiz, agosto 2015). El riesgo de esta política es que se prioricen las necesidades de los usuarios mejor capacitados para pagar y se rechace como inmanejable el concepto de un “piso de dignidad” que garantiza el acceso a una cantidad mínima del producto sin costo ^{(Barkin, 2003)}.

Más de la mitad (65 %) de las encuestadas en José Cardel consideran justo el precio que pagan; al resto les parece caro. La tarifa aproximada con medidor es de $100.00 mensuales, aunque escuchamos cifras menores ($50.00, $75.00) y mayores ($200.00, $300.00), dependiendo del consumo y la ubicación de la vivienda. A estas cantidades hay que añadir que en 87.5 % de las viviendas encuestadas se compra agua de garrafón, entre dos y tres a la semana por el sabor a cloro, generalmente a purificadoras locales que venden a cinco o diez pesos el garrafón versus 25 o 30 de las comerciales. El gasto promedio semanal en agua de garrafón es de $53.43, que visto mensualmente supera lo que se paga por el servicio al CMAPS. La cantidad es muy cercana a la reportada por ^{Pacheco-Vega (2015)} a nivel nacional ($254.52) para 2012.

Entre las usuarias de las dos localidades rurales (La Antigua y Loma Iguana) hay más resignación que acuerdo sobre la tarifa: “ya nos acostumbramos” (Berta; apellido desconocido, octubre 2015). Algunas recuerdan haber pagado cantidades más bajas en tiempos pasados (la tarifa anterior era de $45.00) e indicaron que los incrementos no son justificados; miembros del personal del CMAPS y varias usuarias los atribuyeron simplemente a la alta morosidad. El cumplimiento con el pago de la tarifa es la única forma de participación ciudadana en el municipio, además de los tres representantes en el órgano de gobierno de los cuales ni una sola persona entrevistada o encuestada tenía conocimiento. Las usuarias simplemente “se acostumbran” a los incrementos, situación que muestra cómo la participación se reduce a la obediencia ante decisiones ya tomadas ^{(Castro, 2005)}. A esto hay que añadir el gasto que hacen las usuarias de ambas localidades en agua de garrafón, problema reconocido incluso por el personal del organismo operador. La calidad del agua de la red es “aceptable” y el sabor “se puede esquivar muy fácilmente con un filtro de carbón activado en las casas”. Sin embargo, “es mucho de costumbre esto de comprar garrafón… se perdió el tomar agua de la llave”. Además, en “el sistema operador no hacemos nada por quitar esta imagen” y hasta “nosotros mismos en la comisión compramos garrafón” (Orlando Zapata Ruiz, octubre 2015).

En resumen, las tarifas por el servicio del agua se incrementan con la compra de garrafón, lo cual sin duda contribuye a la mercantilización del líquido. El municipio de La Antigua contribuye al incremento en el consumo de agua embotellada en México, debido a la incapacidad de los municipios de proveer agua apta para consumo humano ^{(Pacheco-Vega, 2015a) 7}. Dado que 70 % de los y las pobres del mundo son de sexo femenino ^{(Aureli y Brelet, 2004)} y que las mujeres tienen menos acceso al dinero en efectivo y liquidez que los hombres ^{(Cleaver y Elson, 1995)}, es imperativo enfatizar el tema de la asequibilidad como uno de los atributos del derecho humano al agua y repensar de qué manera puede hacerse efectivo para usuarias de bajos ingresos. Los incrementos en las tarifas del agua deben venir aparejados con una mejora en el servicio, además de una redistribución de los ingresos.