La efectividad de las alianzas conservadoras en la década de 1990

En enero de 1992 se firman en México los Acuerdos de Paz entre el núcleo central de la guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, poniendo fin a doce años de una violenta guerra civil que dejó un saldo estimado de 75 000 muertos, en su gran mayoría civiles (^{Cruz et al. 2000}). Luego de la firma de los acuerdos, el FMLN se convertiría en un partido político.

En la apertura de este nuevo periodo democrático, sectores conservadores, políticos y religiosos comienzan a movilizarse para dejar sin efecto la legislación sobre el aborto, vigente en el país desde 1974. Esta legislación preveía una serie de causales de no punibilidad del aborto, exceptuando de pena a los abortos culposos, terapéuticos, por violación y eugenésicos.³

El mismo año en que se firmaban los acuerdos, una articulación conformada por referentes del partido ARENA, la Democracia Cristiana (DC), la jerarquía católica salvadoreña y la ONG católica Sí a la Vida -representante de Vida Humana Internacional en El Salvador-⁴ comienzan a presentar una serie de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el fin de lograr una normativa que penalice totalmente el aborto (^{De la Cruz Rosales et al. 2008}). Las primeras iniciativas legales pedían investigar y castigar penalmente a clínicas, médicos, enfermeras y parteras que presuntamente realizaban abortos (Centre for Reproductive Rights, o ^{CRR, 2001}; ^{Feusier 2012}). Este fue el caso de la iniciativa promovida por el diputado Gerardo Suvillaga (ARENA) ante la Asamblea Legislativa, en noviembre de 1992, labor que con el fin de su mandato fue continuada por la diputada de la DC, Rosa Mélida Villatoro Benítez (^{CRR 2001}; ^{Feusier 2012}).⁵

En diciembre de 1993, por iniciativa de la ONG Sí a la Vida y contando con un fuerte respaldo de los diputados de ARENA y la DC, la Asamblea Legislativa sancionó una ley por la cual se declaró el 28 de diciembre el Día del Derecho a Nacer.⁶ Si bien en la ley no se especifica, la elección de la fecha responde a que el 28 de diciembre se conmemora el día de los santos inocentes en la tradición católica apostólica romana. Entre los fundamentos de esta ley, también encabezada por el diputado Suvillada entre otros, se afirmaba la condena al aborto por atentar contra la vida desde la concepción y se enfocaba en la crítica a los profesionales de la salud y a las clínicas donde se desarrollaban estas prácticas en el país. Con esta ley El Salvador se convirtió en el primer país de América Latina donde se sanciona una norma de este tipo en tanto vía de impugnación y condena simbólica hacia el aborto (Lamas 2008).⁷

En 1994 se presenta el anteproyecto de reforma integral de Código Penal, que tenía como propósito modernizar la legislación del país, adaptándola a la nueva realidad salvadoreña luego de firmado el acuerdo de paz. En este proyecto no se preveía modificar sustancialmente la regulación del aborto, dado que se mantenía casi intacta la regulación de las indicaciones abortivas vigentes desde 1974 (^{Feusier 2012}). Los cambios que el anteproyecto de 1994 proponía radicaban, por un lado, en la determinación de una serie de plazos que no contenía la norma vigente en los años setenta del siglo pasado, las doce primeras semanas de gestación y la vigésima segunda semana de gestación en casos de abortos por malformaciones fetales incompatibles con la vida. Por otro lado, se extendía la permisión del aborto en casos de embarazos producto de inseminación artificial, y no solamente los que hubieran sido productos de una violación. Finalmente, desaparecía del proyecto de ley la figura del aborto honoris causa⁸ bajo el fundamento de que esta constituía un anacronismo, no compatible con la realidad sociocultural del país en esa época (^{González y Kampwirth 2001}; ^{CRR 2001}).

Al hacerse público este proyecto que debería trabajar la Asamblea Legislativa, se generó una ardua resistencia encabezada por la jerarquía de la Iglesia católica, cuyo principal vocero fue el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, perteneciente a la orden del Opus Dei, y la ONG Sí a la Vida (^{Feusier 2012}; ²⁰¹⁵). En este marco, diputados de ARENA y DC presentaron un nuevo proyecto de ley de penalización absoluta del aborto.

Las acciones de resistencia al proyecto de la Comisión de Reforma, abarcaron un amplio abanico de acciones públicas como la recolección de firmas en todo el país, manifestaciones en espacios públicos, marchas callejeras convocadas desde los colegios católicos, envío de cartas a los legisladores, entre otros (^{CRR 2001}; ^{Feusier 2012}). En estas actividades, y según denunciaran los legisladores del FMLN durante el debate parlamentario, ARENA y la Iglesia católica tergiversaban la información al afirmar que el texto de la Comisión de Reforma pretendía despenalizar absolutamente el aborto (^{Feusier 2015}; ^{González y Kampwirth 2001}).⁹

Al momento de la votación legislativa el proyecto que contaba con mayor aval, era el de ARENA y DC. El resultado de las elecciones legislativas celebradas en 1994 perfilaba el desenlace de las discusiones sobre el aborto en 1997. En las elecciones de 1994, de un total de 84 diputados, 39 bancadas fueron ocupadas por ARENA, 18 por la Democracia Cristiana y 21 para el FMLN (^{Ramos y Loya 2008}). Dado que para aprobar el proyecto de reforma promovido por ARENA y la DC se necesitaban 43 votos, el futuro legal del aborto resultaba ser un secreto a voces, aun antes del día de la votación de la ley.

En el ámbito ejecutivo, la propuesta de penalización absoluta era apoyada por el presidente Armando Calderón Sol (ARENA) y su esposa, Elizabeth de Calderón, quienes realizaron repetidas declaraciones a la prensa en contra del aborto y a favor de un sistema de penalización absoluta (^{CRR 2013}; ^{Feusier 2015}).

El ministro de salud, Eduardo Interiano, también tuvo una alta visibilidad mediática durante el debate, expresando que de darse la reforma en los términos que había estipulado el proyecto original, él renunciaría a su cargo antes que permitir que en los hospitales públicos se realizaran abortos (^{Feusier 2015}).

Así, las acciones que lograron captar con mayor amplitud la atención pública intentaron, incluso antes de que estuviera en debate una reforma integral del Código Penal, abonar el camino hacia una penalización absoluta del aborto, poniendo la discusión en términos absolutos de legalización total/despenalización total. Esta puesta en circulación del debate sobre aborto en términos de absolutos legales y morales remite a una lógica de guerras culturales, lo que demarca una tajante e irreconciliable diferenciación de perspectivas políticas e ideológicas sobre el tema (^{Morris, Abrams y Pope 2011}). Esta construcción de guerra cultural basada en una idea de que la esfera pública está claramente dividida entre quienes apoyan una penalización total respecto de quienes defienden una liberalización total del aborto, funciona más en el plano de una estrategia político discursiva que en el plano de la realidad. Esto puede verse reflejado, por ejemplo, en los datos arrojados por una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas en 1999, donde puede observarse cómo a pesar de la virulencia con la que se dio el debate público de las reformas legales, más del 35% de los hombres y mujeres entrevistados estaba de acuerdo con el aborto en casos de peligro para la salud de la mujer (^{Instituto Universitario de Opinión Pública 1999}). Estas disputas por enmarcar el tema del aborto en la esfera de absolutos, morales y legales, se profundiza en el debate legislativo por la reforma del Código Penal, y luego de la Constitución Nacional, persistiendo esta línea discursiva por parte de los sectores que lideran la oposición al aborto hasta nuestros días. Pero los absolutos morales con que la articulación conservadora presentaba el debate, no sólo estaba vinculada a representar un escenario de absoluta prohibición / permisión. Los discursos también construían un / a otro / a en tanto una identidad totalitaria, desde donde se reforzaba la autoridad moral de quienes promovían la penalización absoluta. Esto es posible evidenciarlo, por ejemplo, en lo que dijo el diputado Gabriel Murillo (DM) en la sesión donde se votó la reforma penal; en su exposición tachaba de “indignas” a las mujeres que se oponían a la reforma.

Creemos que hay formas dignas de ganarse la vida, hay formas honestas, hay mujeres trabajadoras en todos los sectores, en todos los partidos, pero realmente el trabajo que quieren hacer internacionalmente y nacionalmente a favor del aborto no es digno, y no es digno que la mujer ande trabajando en estos sistemas (^{Asamblea Legislativa 1997, 88}).

Por su parte, el ministro de Salud, Eduardo Interiano, dijo públicamente que habría que recetarles electrochoques a las mujeres que pedían promover un diálogo en busca de soluciones para el debate sobre el aborto (^{Martínez Peñate 1998}).

El modo de retratar y construir públicamente a las mujeres que intentaban ser parte de la discusión fue también una manera de incidir en un debate público marcado por un juego dispar de fuerzas, donde quienes se oponían eran representadas en más de una ocasión como las enfermas o las malas mujeres, ya que sólo desde esa identidad de “desviadas” era posible concebir otros modos de debatir el tema del aborto.

Las mujeres, el FMLN y el aborto en la construcción de una democracia posconflicto

Resistiendo las acciones de persecución a los prestadores de servicios de salud y a las iniciativas legales tendientes a lograr la penalización absoluta del aborto se encontraban los movimientos feministas y de mujeres, integrados principalmente por quienes habían participado activamente en los conflictos armados como parte del FMLN (^{Falquet 2002}).

Con la firma de los acuerdos de paz en 1992, las relaciones entre el FMLN como partido político y las organizaciones populares que lo habían integrado se debilitaron (^{Pirker 2014}). Por una parte, diversos sectores de las organizaciones populares se desmovilizaron o se incorporaron a las ONG que comenzaban a surgir, destinadas a atender las necesidades de grupos sociales específicos, como los desplazados, las mujeres, los jóvenes, entre otros (^{Álvarez 2013}).

Por otro lado, al convertirse el FMLN en una opción político partidaria, los tiempos y tonalidades de la agenda política estuvieron fuertemente marcadas por los procesos electorales (^{Pirker 2014}). Así, a medida que pasaron los años y el FMLN se fue consolidando como fuerza política, su posición en torno del aborto fue cambiando, de un apoyo total en los orígenes del debate a mediados de la década de 1990 a una indiferencia implícita y hasta la negación absoluta en algunos casos, todo ello, en general, en el marco de arduas contiendas políticas electorales.

A esta lectura de lo acontecido se le suma el hecho de que en la implementación de diversos ejes de los acuerdos de paz, las mujeres que habían actuado activamente en la guerrilla fueron dejadas de lado y muchas, ya en la ARENA democrática, tuvieron que disputar sus derechos con quienes habían sido compañeros de lucha durante la guerrilla. Por ejemplo, en lo vinculado al reconocimiento del derecho a las tierras por parte del campesinado, las comisiones zonales del FMLN utilizaron una definición en masculino de “el tenedor” (campesino que ocupó tierras y las trabajó durante el conflicto armado), lo que se tradujo en la práctica en que los beneficiarios de esa sección del acuerdo sólo fueron hombres “jefe de familia” (^{Murguialday 1996}; ^{Aguiñada Deras 2001}).

Estos acontecimientos a principios de la década de 1990 dificultaron las posibilidades de articulación de las organizaciones de mujeres en El Salvador y, consecuentemente, esto repercutió en las posibilidades reales de impactar en el debate sobre la reforma del aborto (^{Murguialday 1996}; ^{Aguiñada Deras 2001}). Según dichos de las principales referentes del movimiento de mujeres de El Salvador que trabajan con la agenda del aborto desde los años noventa del siglo pasado, este tema fue por mucho tiempo un debate espinoso para gran parte de las organizaciones y movimientos de mujeres del país (entrevista a referente del movimiento feminista, 2015).

En este contexto de posguerra en El Salvador, podemos hipotetizar, además, que otras razones para esta resistencia al tema del aborto podrían vincularse a la fuerte influencia que tenía sobre los movimientos revolucionarios la Teología de la Liberación (^{Navas 2007}; ^{Molinari 2014}). Esta corriente teológica, como ocurrió en otros contextos latinoamericanos en las décadas de 1960 y 1970, coadyuvó a la organización política de los sectores rurales y populares, en El Salvador, para enfrentar las condiciones históricas y estructurales de desigualdad a las que los venían sometiendo diferentes regímenes de gobierno desde los inicios del siglo XX (^{Löwy 2009}; ^{Sánchez 2014}).

No obstante lo anterior, como denotan diversos trabajos que analizan la influencia de la teología de la liberación en los movimientos sociales progresistas de la región, estos sectores teológicos guardaban silencio respecto del reconocimiento por parte de las mujeres de un ejercicio libre de su sexualidad y autonomía reproductiva (^{Figueroa Perea 1995}; ^{Vuola 2002}, ²⁰⁰⁶). Este factor de carácter moral e ideológico llevado y combinado con los factores políticos antes mencionados, puede dar luz a una serie de acontecimientos que se dieron en el contexto de las reformas legales.

Cuando en 1997 se debate la reforma del Código Penal y se da la primera votación de la reforma de la Constitución Nacional donde se incluye, en el Artículo 1, el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción, el FMLN votó en bloque en contra de estas reformas. Cuando dos años más tarde, en 1999, la Asamblea Legislativa vuelve a debatir la reforma constitucional del Artículo 1, dado que para estas reformas se necesita la aprobación de dos legislaturas, el FMLN dio libertad de conciencia para que sus miembros decidieran el voto. El fundamento de este cambio en la votación de 1999, según dichos de legisladores del FMLN, radicaba en que lo que se votaba en esa ocasión “no era una cuestión política sino de conciencia”.¹⁰

Junto con esto, durante este debate legislativo, referentes del FMLN ratificaron su posición de “defensa de la vida” en virtud de lo “sagrado de la persona humana”. En estos discursos, el derecho de las mujeres a la vida y a disponer sobre su propio cuerpo se diluía o desaparecía bajo la causa de la revolución por una vida digna de los pobres y los campesinos. Veamos por ejemplo los dichos del diputado del FMLN David Rodríguez:

Como persona humana, como salvadoreño, como revolucionario y como cristiano siempre he tenido un profundo respeto por la persona humana, porque por los principios cristianos, para mí el ser humano es el rey de la creación, es hecho a imagen de Dios, es templo del Espíritu Santo […] seguiré luchando contra el neoliberalismo excluyente, como lo dijo el Papa, salvaje, que está llevando a la muerte a mucha gente pobre en este país, ¿que no se dan cuenta de eso hermanos, compañeros diputados? […] ¿Cuántos campesinos se están muriendo ahorita porque las medidas de este gobierno ha dejado excluido a los agricultores de este país?, como decían los compañeros campesinos allá “nos han dejado abandonados, como tecomates viejos tirados allá”, ¿acaso no tienen derecho a la vida también ellos? (^{Asamblea Legislativa 1999, 137-138}).

Otro de los hechos que puede coadyuvar a explicar el porqué de la escasa adhesión de las mujeres a la causa del aborto por esta época remite al papel que tuvieron las mujeres en la organización de la guerrilla, situación que incidía en las percepciones sobre la sexualidad y la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres que estaban en combate tenían posiciones más abiertas respecto al ejercicio de la sexualidad -fuera de los mandatos tradicionales del matrimonio-, la monogamia y el aborto, que quienes estaban en los asentamientos rurales como bases de apoyo de la guerrilla (^{Aguiñada Deras 2001}).¹¹

Es de destacar que del total de los integrantes del FMLN durante la guerra civil, el treinta por ciento eran mujeres, y de este porcentaje, el sesenta por ciento se dedicaba a prestar tareas de apoyo radicadas en las localidades rurales (^{UNIFEM 2005}; ^{Navas 2007}). La participación de las mujeres en las bases de apoyo de la guerrilla estuvo regida en gran parte por una lógica de tareas de cuidado. Así lo ilustra Clara ^{Murguialday Martínez (1996 ; 2000)}, quien al tratar de explicar el abstencionismo de las mujeres en las primeras elecciones presidenciales celebradas luego de los acuerdos de paz, subraya el hecho de que, con excepción de las mujeres que estuvieron al frente de batalla, la participación femenina en el conflicto estuvo dada sobre todo por aquellas que constituyeron el grueso de la retaguardia popular, lo cual se regía en gran medida por la lógicas del apoyo y el cuidado a los otros.

Muchas mujeres fueron movilizadas para prestar servicios domésticos y maternales a sus familiares involucrados en la guerra y por extensión, a los muchachos combatientes. Este desempeño público de sus roles de cuidadoras reforzó la identidad tradicional femenina pues legitimó y asignó utilidad política a sus funciones propias como género. En cierto sentido, las mujeres salieron de la guerra más femeninas y maternales de lo que entraron en ella (^{Murguialday 1996,11}).

Por otro lado, si el aborto fue una práctica presente en diferentes mujeres durante la guerra, sobre todo de las que estaban en el frente de batalla o que pertenecían a zonas urbanas, esta práctica no fue vivida en general como un ejercicio de su autonomía, sino que continuó cargada de tabúes y silencios (^{Murguialday 1996}).

Esta combinación de factores ideológicos religiosos y sociomorales, ubicó al aborto, aun antes de las reformas, en el ámbito de lo privado, de lo moralmente cuestionable por romper con mandatos de sujeción de los cuerpos de las mujeres a la maternidad y, por tanto, indigno de salir a la luz pública como un ejercicio de autonomía.

Ahora bien, no obstante las dificultades de las mujeres para autorrepresentarse como sujetas autónomas de sus cuerpos y resistir las reformas legales sobre la penalización absoluta del aborto, ciertas organizaciones de mujeres lograron articularse para incidir en los debates legislativos. Por un lado, y según recupera María Candelaria ^{Navas (2007)}, incluso antes de los acuerdos de paz, grupos de mujeres se organizaron para tratar de afrontar y revertir la discriminación, tanto por parte de la sociedad en general, como del propio FMLN. De estas movilizaciones surgen iniciativas como Las Dignas (Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida), en 1990, y Las Mélidas (Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes), en 1992. En general, quienes promovieron estas organizaciones, fueron mujeres que durante la guerra ocuparon cargos de dirección de rango medio y alto en las organizaciones del FMLN (^{Navas 2007}). Otra organización activa por la época fue CEMUJER, la cual por entonces presentó una serie de informes a las comisiones legislativas de Familia, la Mujer, el Niño y en la de Legislación y Asuntos Constitucionales, tendientes a incidir sobre las discusiones de la reforma (^{Herrera Argueta y Ugarte 2009}).

Este recorrido por diferentes momentos y tensiones que marcaron la suerte del aborto en la década de 1990 en El Salvador denota, por un lado, cómo afectó a los sectores progresistas su nuevo papel en la etapa democrática en tanto movimientos sociales y como opción política partidaria. Esto último hizo que su agenda desde ese momento estuviera signada por tiempos y lógicas electorales, donde el aborto se erigió en una moneda de cambio del FMLN en tanto posibilidad de posicionarse partidariamente. Este nuevo periodo institucional puso en evidencia, también, las deudas y desafíos históricos de abordajes de género que había al interior mismo del FMLN. Parte de esas deudas, remite al hecho de que si bien durante la guerra sólo algunas mujeres pudieron fisurar la maternidad como componente central de la subjetividad femenina, luego de los acuerdos de paz, incluso muchas de ellas debieron volver a los roles tradiciones marcados por una sociedad patriarcal y conservadora como la salvadoreña (^{Garaizabal y Vázquez 1994}).

Por otro lado, y frente a este proceso de rearticulación política de las organizaciones sociales progresistas, se encontraba un fortalecido movimiento conservador, quien a sus voces tradicionales les sumaba actores civiles de gran presencia pública como la ONG Sí a la Vida. La fuerza de este movimiento conservador radicó tanto en el hecho de su continuidad en el poder -real y simbólico- luego de celebrados los acuerdos de paz, como en su capacidad para generar acciones políticas inmediatas contra el aborto una vez vuelta la democracia al país.

Mujeres en red

Una vez sancionadas las reformas del Código Penal y la Constitución, las organizaciones religiosas conservadoras continuaron obturando con gran éxito los intentos por avanzar en políticas sexuales en El Salvador (^{Iraheta 2009}). Por ejemplo, en 2001, las acciones de Sí a la Vida y el Arzobispado de San Salvador lograron impedir la implementación de un manual de educación sexual elaborado por el Ministerio de Educación, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de Cooperación Alemana. Así, a inicios del siglo XXI, salvo algunas declaraciones puntuales de parte de grupos conservadores, el aborto desaparece de la agenda pública (^{Herrera Argueta y Ugarte 2009}).

Pero durante los años 2003-2004 el tema del aborto emerge nuevamente en la agenda pública cuando una investigación del Centro de Derechos Reproductivos con sede en Nueva York dio a conocer las graves consecuencias que el nuevo régimen de penalización traía a la vida de las mujeres (^{CRR 2001}; ^{Herrera Argueta y Ugarte 2009}). Una vez conocido este informe, diversas mujeres comenzaron a organizarse para investigar con mayor profundidad los registros carcelarios y crear estrategias para la defensa de aquellas mujeres que se encontrarar en esa situación (entrevista a referente del movimiento feminista, 2015).

En 2006, activistas feministas salvadoreñas contactaron a abogados particulares, expertos en medicina y criminología, de Argentina y España, con el fin de defender a Karina, una mujer que había sido condenada por homicidio agravado como consecuencia de sufrir una emergencia obstétrica en estadios avanzados del embarazo. Uno de los disparadores de esta articulación fue una nota realizada por el New York Times, publicada en abril de 2006, donde se relataba la situación de Karina. En 2009, producto de ese trabajo conjunto entre feministas locales y aliados internacionales, se logró su liberación.¹² Esta victoria legal llevó a que parte de los actores involucrados en el proceso decidiesen crear en 2009 la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (en adelante Agrupación Ciudadana). Los acontecimientos que se sucedieron luego de estas acciones marcan un antes y un después en la batalla legal por el aborto en El Salvador.

En 2010, impulsadas por la victoria judicial lograda en el caso Karina y considerando el cambio de ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,¹³ la Agrupación Ciudadana demandó la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto ante la Corte Suprema de Justicia. En 2011, la Corte negó la inconstitucionalidad del régimen de penalización total del aborto y determinó, al igual que en 2007,¹⁴ que ante conflictos de intereses en casos de abortos terapéuticos, criminológicos o eugenésicos, las mujeres podrían valerse de las causales generales de excepción a las penas previstas en el Art. 27 del Código Penal.¹⁵

Años más tarde, en 2013, la Agrupación Ciudadana presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta vez en un caso particular, el de Beatriz, una mujer de 22 años gravemente enferma y embarazada de un feto anencefálico. La solicitud efectuada ante la Sala Constitucional de la Corte fue avalada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Humberto Luna, quien en su dictamen respaldó el pedido de Beatriz, por ser éste conforme al derecho constitucional nacional y a las solicitudes realizadas al Estado salvadoreño por parte de diversos organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el Comité CEDAW, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura (^{Procurador de Derechos Humanos 2013}). En este dictamen, además, el procurador remarcó la necesidad de que la Asamblea Legislativa revisara y reformara la legislación sobre aborto en el país para atender oportunamente casos como el de Beatriz (^{Procurador de Derechos Humanos 2013}).

Con el devenir de los días, sin respuesta efectiva de la Corte, la Agrupación Ciudadana y el Center for Justice and International Law (CEJIL), realizaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Días más tarde, las organizaciones peticionarias solicitaron a la CIDH que elevara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el dictado de medidas precautorias.

Luego de esta presentación en la esfera internacional, el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema no hizo lugar al recurso de amparo, argumentando que la Constitución protege la vida desde la concepción (^{Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2013}). La misma Sala Constitucional que en 2011 había determinado que en casos de conflictos de intereses entre la mujer y el feto regían las causales de excepción al aborto previstas en el Art. 27 de Código Penal, cuando debió resolver un caso concreto, negó el acceso a dicha práctica, desdiciéndose así de lo dicho años antes.

Al día siguiente del fallo de la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar la debida protección al derecho a la vida e integridad personal de Beatriz. Esta orden de la Corte Interamericana se traducía en una orden para interrumpir el embarazo conforme lo indicaban las recomendaciones de los médicos de la mujer.¹⁶

La gran repercusión mediática que tuvo el caso de Beatriz, tanto nacional como internacionalmente, impactó no sólo en la esfera pública del debate sino también en la extensión de las redes de apoyo y en las alianzas que la Agrupación Ciudadana venía articulando hasta ese momento. Entre otros aspectos, este impacto del caso de Beatriz hizo que se fortalecieran vínculos con organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, en diciembre de 2013, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana, IPAS Centro América y el CEJIL presentaron una denuncia internacional ante la CIDH contra el Estado salvadoreño por las violaciones a los Derechos Humanos que sufrió Beatriz.¹⁷

Ante la reiterada negativa de la Corte Suprema de pronunciarse positivamente sobre la reforma de la legislación, y en el marco de un fortalecido movimiento a favor de la legalización del aborto, las estrategias político-legales en torno al tema se fueron profundizando y diversificando en El Salvador, no sólo en la esfera internacional, sino también internamente.

Como lo expresáramos con anterioridad, uno de los efectos de la restricción legal que pesa sobre el aborto en El Salvador es la fuerte persecución policial y condena judicial contra las mujeres que abortan. Incluso, mujeres que tuvieron emergencias obstétricas han sido enjuiciadas y encarceladas. En muchos de estos casos, las penas que se les aplican no son por el aborto, sino que durante el proceso judicial -donde en la mayoría de los casos se han evidenciado graves vicios (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico 2012)-¹⁸ los delitos de aborto son recaratulados como homicidios agravados por el vínculo y bajo este encuadramiento legal las condenas van de treinta a cincuenta años de prisión (Agrupación Ciudadana 2012). La mayoría de estos procesos son iniciados por personal sanitario en los servicios de salud pública a donde acuden las mujeres en busca de ayuda frente a complicaciones obstétricas.

Según datos recogidos por una investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, realizada entre 2000 y 2011, en la totalidad de los Juzgados de Instrucción y Tribunales de Sentencia de El Salvador, el 57.36 % de las denuncias de las mujeres condenadas ante emergencias obstétricas y abortos provienen de los hospitales públicos y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Agrupación Ciudadana 2012). Este estudio, cuando profundiza su análisis en los expediente judiciales, determina que las noticia criminis efectuadas por familiares, vecinos o patrones / as donde las mujeres realizan trabajos domésticos, fueron realizadas, en general, con el objetivo de contactar un centro de salud o a la policía, para que presten asistencia sanitaria a las mujeres, siendo estos funcionarios públicos los que con posterioridad inician la acción penal ante la policía o la Fiscalía General de la República (Agrupación Ciudadana 2012).

En cuanto al perfil socioeconómico de las mujeres condenadas por aborto o a causa de emergencias obstétricas, vemos que un 37.98 % están abocadas a los oficios domésticos, sin retribución económica alguna, en tanto el 18.6% tiene como fuente de ingreso su labor como empleadas domésticas (Agrupación Ciudadana 2012). Sólo el 3.10% del total de las mujeres procesadas son trabajadoras por cuenta propia y sólo un 6.21% tiene un empleo en instituciones públicas o cuenta con grado universitario (Agrupación Ciudadana 2012).

En este escenario, en abril de 2014, organizaciones de mujeres y derechos humanos presentaron, ante la Asamblea Legislativa, 17 solicitudes de indulto para mujeres que habían sido injustamente condenadas tras sufrir emergencias obstétricas. Estos pedidos de indultos fueron acompañados por una serie de acciones mediáticas y sociales en el marco de la campaña Una Flor para las 17. Los diversos ejes mediáticos de esta campaña coadyuvaron a que los expedientes y condenas judiciales se despojaran de tecnicismos y se encarnaran cuerpos, rostros e historias de mujeres reales, quienes compartían un trasfondo común, situaciones de extrema vulnerabilidad y un sistema de justicia incapaz de atender y entender estas situaciones estructurales por las que pasa gran parte de la población salvadoreña.

Los sectores conservadores y el aborto en el siglo XXI

A medida que los movimientos de mujeres se fortalecían y el escenario político institucional cambiaba en El Salvador, es posible ver cómo algunas de las acciones de los referentes conservadores fueron mutando también.

Una de las transformaciones más relevantes en el nuevo siglo, en El Salvador, fue el cambio de signo político en cabeza del ejecutivo nacional en 2009, año en el cual por primera vez el FMLN ganó las elecciones. Durante esta campaña electoral, el aborto tuvo una presencia central. Por ejemplo, cuando se dieron a conocer las primeras encuestas que daban como ganador al candidato del FMLN, Mauricio Funes, el partido ARENA comenzó una campaña donde argumentaba que de llegar el FMLN al poder se legalizaría el aborto y con ello se promovería la matanza de miles de niños por nacer, así como la destrucción de la familia en El Salvador (^{Viterna 2012}).

Por su parte, el arzobispo de San Salvador, actor clave en el proceso de penalización absoluta del aborto en 1997, ocupó nuevamente la primera plana de varios medios de prensa, exigiendo a los candidatos posicionarse y comprometerse a no legislar a favor del aborto. En este marco, Mauricio Funes, candidato del FMLN, se pronunció en contra del aborto en plena campaña electoral, posición que sostuvo hasta el fin de su mandato en 2014.

No obstante esta resistencia de Funes de abrir el debate en torno del aborto, durante su gestión se avanzó en diferentes aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva,¹⁹ actitud que en diversas ocasiones lo enfrentó a los movimientos políticos y civiles conservadores y a la jerarquía católica (^{Morán 2011}).

Por otro lado, la renovada politización del aborto, promovida por las organizaciones de mujeres y feministas, llevó también a la creación de nuevas organizaciones conservadoras autodenominadas pro vida. Así por ejemplo, luego de la presentación ante la Corte Suprema de la Agrupación Ciudadana, en 2010, nace Vida SV El Salvador, formada por miembros de la Acción Católica de ese país. Esta ONG, que se presenta públicamente como un movimiento no partidario ni religioso,²⁰ progresivamente se fue volcando a las acciones vinculadas a los ámbitos legales y bioéticos.

Pero los cambios de estrategia de los sectores conservadores de la sociedad civil empiezan a ser más evidentes luego de la amplia repercusión nacional e internacional que tuvo el caso de Beatriz. La mirada pública internacional que tuvo este asunto impactó en los discursos y modos de acción de los sectores conservadores, quienes progresivamente fueron secularizando sus identidades y discursos en aras de ingresar a las esferas del debate legal, nacional e internacional, áreas en donde fueron avanzando los feminismos en sus demandas.

Otro ejemplo en este sentido puede observarse en 2014, cuando se dio a conocer la campaña de Las 17 y Amnistía Internacional presenta ante la Asamblea Legislativa un informe sobre las consecuencias que la penalización absoluta del aborto implicaba para los Derechos Humanos de las mujeres. En este marco, la ONG Sí a la Vida junto con la evangélica Alliance Defending Freedom (organización estadounidense especializada en litigio conservador) realizaron un llamado para sumar abogados en El Salvador que defendieran el sistema de penalización absoluta del aborto. En esta línea vemos, además, cómo en los últimos cuatro años la ONG Sí a la Vida se encaminó a profundizar sus acciones de incidencia en el ámbito internacional de los derechos humanos, las cuales estuvieron ausentes en periodos anteriores. En 2015, Sí a la Vida presentó una solicitud de registro ante la OEA con el fin de habilitar su actuación en este organismo, en tanto parte de la sociedad civil. En el escrito presentado nunca se hace referencia explícita a algún contenido religioso, ni de lo identitario, ni de las líneas de acción que la ONG dice promover y defender.²¹

Pero la resistencia a la problematización de las consecuencias del aborto en El Salvador no es sólo tema de la sociedad civil. Diputados y referentes de ARENA también vienen generando acciones de rechazo a la movilización legal y sociopolítica de los colectivos y movimientos feministas. Así por ejemplo, en septiembre de 2014, diputadas de ARENA presentaron un proyecto a la Asamblea Legislativa con el objetivo de aprobar una declaración en contra del aborto.²² Esta presentación se dio en el marco del informe presentado por Amnistía Internacional ante la Asamblea Legislativa solicitando el indulto de Las 17.

En julio de 2016 y ante el conocimiento público de que desde el FMLN se presentaría un proyecto de ley de despenalización del aborto, el diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) presentó un proyecto de reforma del Código Penal con el fin de elevar las penas por aborto a treinta y cincuenta años de cárcel, bajo el fundamento de que constituye un homicidio agravado por el vínculo.²³ Así, este proyecto intenta legitimar las condenas judiciales no sólo por aborto sino de quienes, como Las 17, fueron condenadas por homicidios agravados luego de sufrir emergencias obstétricas. A la fecha, ninguna de estas iniciativas ha sido discutida en pleno por la Asamblea Legislativa.

Reflexiones abiertas

Cuando se sancionan las reformas legales sobre aborto en la década de 1990 el campo de fuerzas en torno a las disputas por determinar la legalidad del aborto en El Salvador estaba dado por un dispar juego de poder. De un lado, se encontraban los sectores conservadores, quienes, luego de los acuerdos de paz, continuaron manteniendo el poder, tanto institucional como simbólico. En la vereda de enfrente estaban los movimientos feministas y los partidos de izquierda quienes se encontraban en pleno proceso de rearticulación interna, producto de los años de conflicto armado. Como paraguas de estos fenómenos, hemos visto cómo impactó la construcción de las subjetividades de las mujeres en tanto madres y cuidadoras, incluso en los contextos de guerra, donde a pesar de que muchas mujeres tuvieron cargos jerárquicos y lograron durante ese tiempo abrir una bisagra a los mandatos tradicionales, aquellos mandatos no pudieron ser desmontados y desmantelados en una realidad sociocultural atravesada por el patriarcado. Incluso vimos cómo en El Salvador, el aborto devino en moneda de cambio en los contextos electorales de la propia izquierda, en tanto modo de liberarse en la etapa democrática de los demonios y prejuicios (antifamilia y tradición) que le achaca la derecha política y en tanto modo de posicionarse como una opción de centro-izquierda.

Por otro lado, y como ocurriera en diversos países de la región en la década de 1990, las organizaciones de mujeres en El Salvador, ante un bloqueo político y mediático para abordar el aborto y su reforma, se fortalecieron públicamente desde la articulación y alianzas con y desde sedes internacionales, especialmente de Derechos Humanos. Este nuevo escenario y los términos del debate sobre el aborto, en tanto un tema de derechos fundamentales promovido por las mujeres, ha influido también en las estrategias de los sectores conservadores, quienes tradicionalmente centraron sus acciones de resistencia al aborto a partir de alianzas con elites políticas y económicas locales, centralmente cuando el ARENA mantenía el poder en la rama ejecutiva y legislativa.

El actual escenario en el que se posiciona el debate del aborto en El Salvador hace que las lecturas sobre los resultados de las acciones de movilización de los movimientos de mujeres y feministas deban ser diversas e incluso a mediano y largo plazo, dado que a la fecha, la suerte del aborto en este país transcurre entre tensiones de agendas políticas partidarias y en una disputa, nacional como internacional, por determinar la legitimidad de quiénes y desde qué matrices de inteligibilidad se encarnan los derechos humanos en este debate.

Conocer y entender cómo transcurren estos debates y luchas deviene hoy más que nunca vital para los movimientos de mujeres de la región, no sólo de El Salvador, dado la similitud de lógicas de oposición a los derechos reproductivos en un marco de reforzamiento de las derechas políticas y ante un proceso de transnacionalización de estas acciones conservadoras.