LOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN Y LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO NACIÓN: DILEMAS DE LARGA DATA EN MÉXICO

Las culturas indígenas mesoamericanas han tenido una historia que se debate entre la resistencia y el reconocimiento desde el momento que dio inicio la conquista por los españoles en el siglo XVI. En 2019 se cumplieron 500 años del desembarco de Hernán Cortés en estas tierras, y aunque los pueblos originarios viven una cotidianidad “integrada” al resto del país, todavía persisten problemas y dilemas que están presentes para ellos que los viven, y para los estudiosos de estas culturas que en un intento de comprensión de los mismos, encuentran un panorama que refleja problemáticas complejas.

Así, en un recorrido histórico se detectan etapas de tensión y reconocimiento, el virreinato la de mayor duración, tiene como característica el reconocimiento político a través de la figura de “pueblos de indios”, en un ámbito jurídico que les dio el estatus de súbditos de la corona española. El período del México Independiente es el de mayor tensión, pues en un intento por unificar y reconocer a todos como mexicanos, los pueblos de indios desaparecieron como figura jurídica, en un proceso que duró prácticamente todo el siglo XIX. Es en el siglo XX, la luz de la Revolución, vendría con movimientos culturales nacionalistas que revalorarían la presencia de los pueblos originarios y sus tradiciones, volviéndolos parte del paisaje social mexicano, aunque con políticas públicas que dirigieron sus esfuerzos hacia un mestizaje forzado.

Entre el término de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del siglo XXI, se puede centrar un tiempo en que las políticas nacionales e internacionales, vieron la riqueza cultural que se tenía en las tradiciones de los pueblos y culturas originarias en todo el planeta, dando inicio a un cambio de políticas públicas que en el mundo de occidente venían favoreciendo el discurso del progreso, en detrimento de tradiciones ancestrales. Esta nueva mirada hacia el pasado, renovó la relación de los gobiernos con estos pueblos, generando políticas de tolerancia y reconocimiento, al tiempo que surgió un lenguaje específico entre académicos y autoridades para identificarlas, y que observaron el término Patrimonio Intangible como su concepto clave.

Los procesos de patrimonialización que se han identificado para este estudio, corresponden a tradiciones indígenas que se fueron construyendo en diferentes momentos de la historia a partir del México independiente, por lo que la política del Estado frente a ellas, ha ido cambiando con el correr de los años. Por ello, comenzaremos nuestra reflexión sobre una línea de largo aliento que hemos detectado en relación a la construcción de lo que se considera “lo mexicano”, como una preocupación de las políticas indigenistas creadas desde el convulso siglo XIX.

A partir del surgimiento de los estados nacionales, se originaron distintas políticas que pusieron especial atención a la problemática indígena, y en el centro de la discusión a estas culturas tradicionales. Gobiernos tanto liberales como conservadores del siglo XIX, intentaron cohesionar y homogeneizar lo mexicano, es así como surgieron entonces interesantes debates para definir la figura del ciudadano. Los discursos de Lucas Alamán y de José María Luis Mora, centraban sus preocupaciones en la construcción de un país moderno con aires de progreso influenciados por las noticias de la Revolución Industrial que estaba en auge en Europa y los Estados Unidos.

La desigualdad vivida en la época anterior al siglo XIX, ahora se traducía en la construcción del ciudadano. La ciudadanía sí era un problema importante, pues para Lucas Alamán, ésta no radicaba tanto en los derechos adquiridos para votar o ser votado, sino en la responsabilidad que adquiría la persona al momento de votar o intervenir en las decisiones. La edad tampoco era un motivo suficiente para actuar bajo el uso de la razón, Alamán aludía a lo difícil que era tratar con la población a la que él definía como “léperos o plebe”, para él “cada individuo debe representar en esta asociación según el capital que en ella haya introducido”.¹

Los nuevos gobiernos independientes se esforzaron por crear estrategias que resolvieran estos dilemas. La creación de un ciudadano estaba estrechamente vinculada con la instrucción pública, pues un gobierno republicano, según José María Luis Mora, debía propiciar la seguridad y fomentar la educación, con ello se obtendrían mejores y más puras costumbres. De esa manera, se pondrían en alto grado todas las virtudes morales; en el proyecto de Mora “era indispensable esparcir hasta en la más pequeña choza los rayos de luz que vivifican el espíritu”.² Así pues, la confianza que Mora depositaba en esta población era muy distinta a lo que el resto de los ideólogos pensaban frente a la posibilidad de educar a todos, en el “Discurso sobre la libertad civil del ciudadano”, el ideólogo reflexionaba sobre las bases en las que se debe levantar una sociedad bien constituida. Una de las líneas era impedir los abusos en materia política, hacer uso de garantías individuales, no tener miedo al cambio de las instituciones, gozar de la libertad de prensa y no ser reconvenido o castigado impunemente por la autoridad.³

El siglo XIX avanzó, y desde los proyectos liberales juaristas hasta los positivistas del porfiriato, los políticos e ideólogos mexicanos, consideraron que los grupos indígenas deberían ser integrados en un programa de asimilación social y cultural a través de una unidad lingüística, racial y cultural necesaria para lograr una nación moderna y un desarrollo económico. En esta nueva sociedad encaminada hacia el progreso, era sumamente importante la reconciliación con los desposeídos, principalmente indígenas y campesinos.⁴

Así tenemos que para el porfiriato, la discusión en torno al problema indígena estuvo presente en el debate público, con claras tendencias hacia la homogenización, y en su defecto, a la desaparición, ya que la existencia de los indígenas en tales condiciones socioculturales, se consideraba un lastre en el intento de modernizar y hacer progresar a la nación. Por esta razón, consideraron la urgencia de convertir al indígena en mestizo e integrarlo lo más pronto posible a la sociedad dominante. Como explica Rodolfo Stavenhagen, aunque nada se hizo por cambiar el estado de pobreza de los pueblos indígenas, algunas voces se pronunciaron a favor de que el Estado tomara en parte su responsabilidad, y ampliara el sistema educativo para que al menos los niños tuvieran la oportunidad de asistir a la escuela.⁵

Guillermo Bonfil señala que en el siglo XIX se crearon distintos proyectos de integración nacionalista, que integraban una nación con una sola Identidad mexicana, desconociendo el presente y el pasado de los pueblos originarios que integraban un país convulsionado por las guerras. El “indio” fue un imaginario que se debatía entre un pasado glorioso construido, y un presente lleno de problemas sociales, pues como unidad, los pueblos originarios no respondían a los intereses de los proyectos liberales que los veían como una carga social que arrastraba elementos del antiguo régimen: sus lenguas, su tendencia a la colectividad, su analfabetismo, su organización social comunal, eran vistas como elementos que dificultaban la marcha hacia el progreso.⁶

Las posturas de las elites intelectuales y políticas que se consolidaron a partir de la década de 1920, van a continuar con la visión de integrar a los grupos de indígenas y campesinos quienes habían participado activamente en la Revolución mexicana, y ahora estaba presente no sólo en las corrientes de pensamiento, sino también formaban parte de otras expresiones como el cine, la prensa y el teatro, espacios en los que se proyectaban los nuevos estereotipos nacionales. Intelectuales como Manuel Gamio, Andrés Molina Enríquez y Moisés Sáenz, van a impulsar junto con José Vasconcelos campañas educativas y culturales capaces de integrar a los indígenas al nuevo modelo, sin importar la pérdida de sus lenguas y costumbres.⁷

Especialmente José Vasconcelos encabezó varios proyectos en los que dejaba ver claros tintes eugenésicos. Para él, era sumamente importante reconocer un sólo pasado mexicano, el de la raza cósmica capaz de diluir la fuerte influencia indígena que quedaba tras la revolución, desconociendo el pasado de todos los pueblos que integraban esta nación. Para los pueblos originarios significó el inicio de una oleada de proyectos modernizadores en los que nuevamente fueron privados de su opinión.

Por su parte, Manuel Gamio en 1916 publicó su obra Forjando Patria, donde hizo un llamado para que el Estado atendiera la problemática indígena del país. Para él, era imperioso que se mestizara a esta población, pues no veía otra manera para reducir la brecha entre ésta y los que no lo eran. La “fusión de razas, convergencia, fusión de manifestaciones culturales, unificación lingüística, y equilibrio económico de los elementos sociales […] deben caracterizar a la sociedad mexicana”.⁸

El Estado posrevolucionario encabezado por los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, van a continuar en el discurso de la reconstrucción de un México unido que integrara a las bases populares para transformar a la nación que se había perdido en la guerra durante 10 años, y que ahora tenía la oportunidad de ser un Estado fuerte si lograba la reconciliación en sus aspectos sociales, morales, raciales y económicos.⁹

El presidente Obregón creó en 1921 el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena dependiente de la Secretaría de Educación. Su labor fue la de localizar a los núcleos indígenas, sus industrias nativas y el modo de fomentarlas y perfeccionarlas. Así, entre la década de 1920 y 1930, se crearon más de mil escuelas rurales para una población de cuatro millones de indígenas, de los cuales dos millones eran monolingües. Las escuelas rurales continuaron creciendo bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas.¹⁰

Sin embargo, la idea de integrar al indio fue principalmente a través de campañas educativas donde el mestizo se convirtió en el ideal para alcanzar la unidad nacional. Como dicen Eduardo Mijangos y Alexandra López: “La moderna nación mexicana se idealizaba homogénea, pues de persistir el carácter heterogéneo de su composición y de coexistir tantas lenguas y culturas […] no podría llevarse a cabo un plan exitoso de la reforma nacional”.¹¹

A partir de los años posteriores a la revolución, los elementos unificadores se van a pronunciar bajo la corriente integracionista que intenta recuperar tanto los orígenes indígenas como el de los mestizos. Educadores como Rafael Ramírez, se pronuncian por integrar las raíces y herencias presentes en las costumbres, los rituales, las artes populares, las danzas regionales y la literatura de los pueblos. De igual manera, se propuso su difusión y conocimiento a través de conciertos musicales, exposiciones, eventos escolares, concursos, difusión de revistas y artículos que hablaran de todos estos elementos que juntos conformaban el folklor mexicano.¹²

Para la década de los 30’ la población indígena se calculó en una quinta parte de la población mexicana, conformada todavía por la gente más pobre del país dedicada en su mayoría a la agricultura de subsistencia. Durante el gobierno cardenista se siguieron las políticas de la reforma agraria, el reparto de latifundios convertidos en ejidos comunales; mientras que se alentaba la creación de escuelas rurales, internados indígenas y misiones culturales en las zonas indígenas.¹³

En 1940 se anunció una nueva política indigenista a partir del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. El presidente Lázaro Cárdenas fue contundente al señalar que no se trataba de “indianizar” a México, sino de mexicanizar al indio. Con esta perspectiva que no variaba a las anteriores, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano dirigido por Manuel Gamio, y en 1948 el Instituto Nacional Indigenista (INI) bajo la dirección de Alfonso Caso. El camino a seguir era el mismo: una aculturación planeada desde el gobierno para llevar a las comunidades indígenas elementos culturales que se consideraran de valor positivo, y sustituir aquellos considerados como negativos de las comunidades indígenas.¹⁴

Durante los siguientes 30 años, el indigenismo en México se presentó a nivel internacional como una política progresista, que en palabras de Gonzalo Aguirre Beltrán buscaba como fin último, la formación de una nación forjada a partir de la pluralidad de los grupos étnicos como base material del Estado. Vista así, su interés radicaba en la nación pluricultural concebida como una globalidad, y no al indio como particularidad. Algunos de los logros que el INI alcanzó para mediados de los 80’ y que continuó en las siguientes décadas en algunas comunidades indígenas del país, fue la inclusión de una educación bilingüe a nivel primaria, así como la red de servicios de salud que se amplió en las comunidades indígenas principales; además de la promoción de pequeños proyectos productivos, con el fin de aumentar la capacidad de compra y consumo.¹⁵

En las últimas décadas del siglo XX, las relaciones entre el Estado y los grupos indígenas de nuestro país han registrado cambios importantes, pues ya no se trata de políticas que intentan integrar a los indígenas a la sociedad, sino de reconocer el carácter multicultural y multiétnico de la sociedad. Además se busca una mayor participación en los mercados y al mismo tiempo el reconocimiento de sus derechos.¹⁶

El fin de los modelos económicos asistencialista y benefactor que se desarrollaron en México desde el cardenismo hasta la crisis de los años setenta, estuvo marcado por el corporativismo de gruesos contingentes de población: obreros, campesinos e indígenas se unieron a los colectivos de la sociedad mestiza, en que los grupos indígenas habían quedado prácticamente invisibilizados, incluso ignorados por los gobiernos de la posguerra. Es a partir de la década de los ochenta, que se elaboraron políticas públicas específicas para los grupos étnicos, y se pugnó por la inclusión a un sistema económico liberal capaz de propiciar bienestar y desarrollo a los pueblos indígenas, a partir de su inclusión en el mercado de la oferta y la demanda. A principios de los 90’ bajo el gobierno salinista, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) retomó el discurso corporativista, en cuya política los organismos indígenas pasaron a un nivel excesivo de control estatal.¹⁷

Por otro lado, en el marco internacional, se encuentran las políticas de la Conferencia Mundial que tiene como antecedentes en México la llamada Carta de México, en defensa del patrimonio cultural signada en el Museo Nacional de Antropología en 1976. Esta se refiere a los derechos culturales, la identidad, la diversidad cultural, la desigualdad social, patrimonio cultural y el desarrollo. Le siguió la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en agosto de 1982. Durante esa y la siguiente década, avanzan los acuerdos en torno a la diversidad cultural y el desarrollo, tal es el caso de la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular en 1989.¹⁸

Para la década de los 90’ las políticas neoliberales de los gobiernos salinista y zedillista, dejaron profundas huellas de pobreza y marginación en las etnias que tocaron fondo en sureste del país, y llevaron a la confrontación con el grupo Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

Una vez terminado el sexenio y en medio de una profunda crisis económica, los gobiernos de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), continuaron con un discurso de bienestar social que no fue más allá del reconocimiento, al menos en documentos de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. A través de los Acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996, el gobierno federal mexicano se comprometió a reconocer la autonomía, la libre determinación y la autogestión de los pueblos indígenas.¹⁹ En específico, se trataba de establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, reconociendo en la Constitución sus derechos políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales con los cuales se buscó en lo inmediato, terminar con el conflicto armado. Sin embargo, aunque no hubo más enfrentamiento entre el gobierno y el EZLN, las deudas de justicia social e igualdad de los pueblos indígenas quedaron pendientes.

Por su parte, la legislación internacional identifica los derechos indígenas como derechos humanos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ha sido de gran valor para las luchas de los pueblos indígenas, ya que entre sus principios básicos se menciona que los gobiernos que lo suscriben deben respetar las culturas, las formas de vida, la organización social y las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas que residen en el territorio nacional. Además señala que los pueblos deben participar de forma efectiva en la toma de decisiones sobre las cuestiones que los afectan. En México, el Convenio 169 de la OIT se ratificó en agosto de 1990 y entró en vigor en septiembre de 1991, volviéndose parte de la legislación del país. En la Constitución se reformó el artículo 4.º constitucional, y en enero de 1992 se reconoció el carácter multicultural de la nación, promoviendo la protección y el desarrollo de las culturas, las lenguas, los usos, las costumbres y las formas específicas de organización social de la población indígena, garantizando su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.²⁰

Otros acuerdos internacionales a comienzos del siglo XXI fueron la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) y la aprobación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). En 2007 se firmó la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas (ONU).²¹

Este fue el marco jurídico internacional con el que se inició una etapa de reconocimiento de los patrimonios culturales en todo el país, siendo Morelia una de las primeras ciudades de México en ser reconocidas por su Centro Histórico como patrimonio de la humanidad. Una década más tarde, los pueblos P’urhépechas ya figuraban en políticas públicas de reconocimiento a nivel nacional. El discurso oficial a partir de 2001, creado específicamente para el sector turístico, no escatimó esfuerzos para convencer tanto a nacionales como extranjeros, de que México era el mejor destino turístico por su diversidad cultural y ecológica. El despliegue legitimador por parte del Estado, comenzó con el desarrollo del programa denominado Pueblos Mágicos, que en Michoacán reconoció a Pátzcuaro como tal en el 2002.

PARADOJAS ENTRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA AUTONOMÍA DE LA TRADICIÓN EN LA REGIÓN P’URHÉPECHA

Frente a este panorama, surge la necesidad de observar cómo es que una región vive y comparte su tradición en un contexto donde el estudio del patrimonio cultural que objetiva dichas tradiciones, y que en el siglo XX bajo la conformación de organismos internacionales que ponen atención a las tradiciones para que pueden ser conservadas como patrimonio de la humanidad, presenta al menos dos dilemas: 1 ¿Qué es lo propio y qué es lo construido en relación a lo que se reconoce como tradición, a la luz de una política que busca crear identidades? y 2. ¿Quién debe decidir sobre lo que se reconoce como propio: los actores y representantes de las fiestas y tradiciones de los pueblos o los organismos internacionales avalados por expertos que deciden sobre cuáles son las expresiones que deben ser consideradas patrimonio cultural de un pueblo?

La política civilizatoria y modernizadora, integró elementos de desarrollo a las políticas nacionales, sobre todo bajo el panorama internacional que quedó al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante la posguerra, los proyectos económicos ya no fueron exclusivos de los Estados nación, sino de regiones más amplias que se debatían entre dos alternativas políticas que se enfrentan durante la guerra fría. En este panorama internacional surge la UNESCO como una forma de promover la educación y cultura como herramienta para el desarrollo, acorde al nuevo orden. Desde entonces, las tradiciones P’urhépechas y la economía de mercado se entrelazaron en un proceso complejo en el que han intervenido factores e intereses políticos, económicos y culturales tanto del gobierno nacional, como del estatal y de la propia comunidad.

Bajo el discurso de mejorar la situación económica de sus pobladores, las fiestas, la comida y otras tradiciones pasaron a formar parte del discurso oficial, que ya no rechaza el pasado indígena, sino que lo resignifica por el valor económico que representa en un país que necesita distintas fuentes de divisas, y que se encuentra en un estado de crisis económica permanente, frente a un discurso que ve en el turismo una empresa sustentable dadas las riquezas históricas de México, de las que los pueblos originarios forman parte. Estos bienes colectivos, que potencialmente entran en la categoría de patrimonio, se convirtieron en una herramienta de lucha contra la pobreza, creando nuevas oportunidades económicas basadas en un redescubrimiento del pasado histórico y cultural. Las festividades indígenas se articularon para dar paso a una renaciente identidad local, en un esfuerzo para elaborar y representar de la mejor manera posible, imágenes étnicas de pertenencia colectiva en pos de atraer y agradar a los turistas.

El patrimonio cultural se ha convertido en el siglo XXI, en un discurso consciente que nos habla de necesidades actuales para legitimar una serie de acciones por parte de actores políticos y económicos ajenos a las comunidades indígenas de nuestro país, especialmente en aquellas que representan un potencial cultural y turístico al mismo tiempo. Estas acciones se han presentado en la región P’urhépecha como políticas de reconocimiento que al menos en el discurso, tienden a favorecer el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, como señala Héctor Cardona, se trata de una negociación de lo identitario, en la que son seleccionados ciertos referentes del pasado para representarlo y justificar con dicha recolección el denominado patrimonio cultural, cuyos resultados no siempre son horizontales.²²

En este proceso ha sido fundamental el papel de la UNESCO, pues desde su fundación, se autonombró como un censor y certificador de expresiones culturales de identidad a nivel global que incluyen tradiciones orales, prácticas culinarias, manifestaciones musicales y saberes tradicionales que conforman el llamado Patrimonio Cultural Inmaterial.Con ello, la definición de lo que se reconoce como propio en los distintos pueblos, sólo se legitima por los otros, si dicha institución así lo avala.

Los procesos de patrimonialización de las tradiciones indígenas en América Latina, surgen en un contexto en que las políticas locales, nacionales e internacionales orientadas principalmente al reconocimiento de las culturas tradicionales, convergen en distintos niveles de intereses, que a partir de los principios incluyentes de la UNESCO, reconocen como patrimonio mundial: usos, costumbres y productos que le son propios a los pueblos. Esta acción permite en buena medida que las tradiciones prevalezcan al ser protegidas, más tarde son promovidas y dadas a conocer al mundo, a través de proyectos principalmente turísticos, que por lo menos en el discurso, tienen la intención de ayudar a las naciones y a los pueblos a luchar contra la pobreza, así como resguardar su permanencia.

En el patrimonio cultural inmaterial, la UNESCO incluye prácticas y expresiones vivas de los pueblos heredadas de sus antepasados y transmitidas a sus descendientes. Tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo, forman parte de la riqueza inmaterial de las culturas.²³ Expresiones que podemos encontrar con una riqueza infinita de variantes en los todos los pueblos indígenas de México, entre ellos el pueblo P’urhépecha.

En el contexto mundial, entendemos la patrimonialización como el proceso de valoración y reconocimiento de los objetos, expresiones, manifestaciones, valores y saberes que conforman lo que Bourdieu denominó capital simbólico. Este capital cultural también está conformado por todos aquellos elementos económicos, políticos y sociales que son propios a un pueblo y que son reconocidos por otras culturas.²⁴

Cuando las expresiones culturales se convierten en patrimonio, es innegable que adquieren un trasfondo económico y político, ya que son legitimadas por un despliegue de gestiones y acuerdos internacionales, legislaciones nacionales y estatales que califican y otorgan su reconocimiento. Bajo este nuevo esquema, surgen dilemas entre los actores que participan en dichos procesos, sobre qué del repertorio de expresiones que ellos considerarían propias puede ser patrimonio cultural, y cuáles no, acatando los acuerdos internacionales.

La UNESCO plantea una forma de abordar el patrimonio de los otros, en especial, el patrimonio cultural inmaterial como política que pretende a nivel internacional proteger los bienes culturales de la humanidad, aunque esta postura no siempre sea bien recibida por las comunidades, y en ocasiones, son rechazadas las formas en que se otorgan tales reconocimientos. A pesar de que los procesos de patrimonialización cuentan con un marco jurídico, esto no implica necesariamente una relación horizontal ni libre de valores y de relaciones de poder.

Las instituciones son responsables de las políticas culturales estatales y nacionales, al mismo tiempo que fungen como intermediarios entre la UNESCO y los actores de los pueblos a quienes intentan representar como beneficiarios directos. La cultura y sus expresiones tienen valores y significados diversos según el momento histórico, el grupo y la posición social de quien lo valora. En los países latinoamericanos, caracterizados por profundas desigualdades culturales y sociales, generalmente el patrimonio responde a espacios de poder político, cultural y académico ligados a la formación de los estados nacionales.²⁵

En el caso de Michoacán, la región donde habitan los P‘hure, ha tomado una nueva dimensión social y cultural donde las políticas de reconocimiento de los bienes culturales, han entrado en una nueva dinámica de gestión sobre sus patrimonios naturales y culturales. El territorio P’urhépecha además de cumplir con la función identitaria propia de las comunidades, se ha convertido ahora en un espacio que el Estado identifica como parte de la riqueza cultural de un país, que debe estar más allá de los intereses de un solo grupo y que ahora es valorado desde nuevas perspectivas globales, nacionales, estatales y locales, encaminadas a fortalecer las actividades económicas y sobre todo turísticas en dicha región. Sin embargo, la importancia que el territorio tiene para un pueblo va más allá de los intereses económicos de un gobierno, que no ha podido reconciliar las políticas de reconocimiento con las prácticas culturales y exclusivas de las comunidades indígenas de Michoacán.

Los P’urhépechas se reconocen como parte de un territorio, entendiendo por ello que están integrados a un espacio geográfico que dominan y reconocen como algo que deben defender, es tanto una unidad geográfica como política y cultural que les es propia, y se distingue entre los demás municipios de la entidad federativa por sus tradiciones, su lengua, sitios sagrados, cerros, cuevas, ríos, valles, lagos, y todo el entorno que los identifica desde tiempos ancestrales.²⁶ La unión de las cuatro subregiones o zonas de su territorio, está presente en su lengua, música y cantos tradicionales que dieron origen a la Pirekua, así como el conjunto de saberes en medicina, comida, vestuario y artesanías que les distingue y los ha llevado a procesos de reconocimiento, especialmente durante las últimas dos décadas.

En Michoacán fueron reconocidos distintos elementos como la Pirekua y la comida tradicional, específicamente del pueblo P’urhépecha.²⁷ Sin embargo, dichos procesos de reconocimiento no estuvieron exentos de manifestaciones de inconformidad por la forma en que se llevaron a cabo, pues no se pidió opinión a las autoridades tradicionales, entre ellos los cargueros del año nuevo P’urhépecha, para que pudieran avalar y dar asesoría en la aplicación de tales reconocimientos.

Por otra parte, el gobierno federal, a través de distintos programas ha intervenido en varios pueblos de la región P’urhé, impulsando políticas públicas de reconocimiento a nivel estatal y local desde el 2001. Estas políticas comenzaron con el nombramiento de pueblos mágicos, la creación y registro de marcas colectivas artesanales, o la llamada Ruta Don Vasco. Bajo estos programas y otros más, la intervención de la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha sido directa y ha servido para que instituciones federales, estatales y locales, pusieran en marcha una serie de estrategias de promoción turística en la que la mayoría de la veces, sus habitantes no fueron consultados en cuanto a cuáles serían las formas más adecuadas para promocionar sus localidades y bienes culturales.

Esta promoción turística desde el Estado y la SECTUR, abarcó ciudades y pueblos como: Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y Tzintzuntzan. Incluyeron además pequeñas localidades como Cuanajo, Jarácuaro y Santa Cruz Tzintzuntzan. La relación y manejo entre autoridades locales y federales fue fundamental para sostener la versión de que estos proyectos serían propicios para impulsar un desarrollo en beneficio de sus habitantes. Además, de coadyuvar a paliar el estado de violencia generalizada en Michoacán durante el sexenio calderonista. A pesar de las acciones desplegadas por los institutos de cultura estatales y locales, los apoyos de instituciones nacionales para fomentar el turismo y las políticas públicas de reconocimiento, no fueron suficientes para cumplir con las expectativas que los programas que se plantearon. Las promesas de un crecimiento económico y bienestar para sus pobladores no se cumplieron a cabalidad por múltiples factores. También existieron dilemas y tensiones que hicieron visibles las lagunas económicas y estructurales que impiden un desarrollo integral en las comunidades que se consideran herederas de una riqueza cultural a las que se les quiere dar una notoriedad especial.

Frente a los procesos de reconocimiento que se otorgaron entre los años 2010 y 2011, surgió la desconfianza por parte de los miembros de las comunidades que tienen más arraigo por lo propio, incluso las sospechas sobre cuáles eran y siguen siendo los objetivos reales de las políticas en cuestión, pues las formas en que fueron reconocidas la Pirekua y la cocina tradicional, mostraron que la comunicación entre las autoridades y los habitantes de los pueblos, fue prácticamente nula. Por otra parte, sí dejaron ver el interés y la urgencia de los gobiernos federal y estatal para que la UNESCO les otorgara los reconocimientos lo antes posible.

El Concejo P’urhépecha de Kurhikuaeri K’uinchekua conformado por los cargueros o Tatakeris del año Nuevo P’urhépecha, como autoridades tradicionales de los pueblos, manifestaron su inconformidad en carta dirigida al entonces gobernador Leonel Godoy y la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. En este documento afirmaron que “la comunidad P’urhepecha, no participó en la elaboración del expediente para la candidatura”. Señalaron que el Estado y la SECTUR, al no consultar a la comunidad P’urhépecha para hacer uso de su patrimonio cultural, violaron instrumentos jurídicos internacionales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Acusaron también “un intento del despojo cultural que el gobierno hace”, señalando: “Por la forma de actuar del Estado Parte, se evidenció el intento por despojarnos del último sustento que nos queda, el patrimonio cultural”²⁸ El Concejo P’urhépecha de Kurhikuaeri K’uinchekua, aceptó la designación hecha por la UNESCO, pero solicitó a esta institución se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:

A pesar de estas peticiones argumentadas por el Consejo, gobierno y autoridades de la UNESCO hicieron caso omiso para atender las demandas planteadas en el documento. Los gobiernos estatal y federal cambiaron de estafeta, no así de políticas de reconocimiento y promoción turística que continuaron como si nada hubiera sucedido, incluso se intensificaron durante el sexenio peñista.

Por otra parte, la conservación del espacio y de las edificaciones que habían estado bajo el cuidado de los pueblos, y que no habían sufrido transformaciones sustanciales por largo tiempo, a partir de la política de reconocimiento de pueblos mágicos se hizo presente la intervención gubernamental sobre dichos espacios, y en ocasiones tan incisiva, como desastrosa. Un ejemplo de ello fue la intervención ordenada en noviembre de 2009 por el gobierno del estado, para que a punta retroexcavadoras se “reconstruyera” y modernizara la zona arqueológica de las Yácatas de Tzinzuntzan, capital militar del antiguo Imperio P’urhépecha. En este lugar milenario de nada sirvieron las protestas del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para parar tales obras que incluyeron la construcción de un museo sobre las mismas ruinas arqueológicas con la finalidad de impulsar el desarrollo turístico de la zona lo antes posible.³⁰

La intervención estatal para modernizar y agilizar el turismo en pueblos y en las zonas consideradas como rurales, no sólo es nacional, ya que se han seguido en varias partes del mundo. Las políticas públicas adoptadas por los países latinoaméricanos han seguido el modelo europeo de países como Italia, España y Francia. Modelo que tiende a enfatizar una intervención directa del Estado en la propiedad y en la gestión pública del patrimonio. Michoacán no es la excepción ya que cuenta con una gran diversidad de bienes reconocidos como parte del patrimonio cultural, y van desde el Centro Histórico de Morelia, hasta 87 poblaciones patrimoniales ubicadas en 64 municipios.³¹ La Ruta Don Vasco forma parte importante de todo un proyecto nacional impulsado por la Secretaría de Turísmo en la que sobresalen 22 localidades P’uhrepechas. En un intento por crear un ambiente de mayor confianza turística y desarrollar programas dirigidos a los visitantes nacionales y extranjeros, las instituciones de gobierno encabezadas por Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico, así como autoridades estatales y locales se sumaron a las distintas estrategias para mostrar una sociedad atractiva, trabajadora y pacífica.

DEL PUEBLO MÁGICO A LA RUTA DON VASCO: NUEVAS DIMENSIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL

El momento histórico durante la primera década este siglo XXI, integra otro elemento que complica a la región en términos políticos y económicos. La violencia de grupos del crimen organizado que ingresaron a la región y que pretenden el control del narcotráfico y el saqueo de recursos, ha impactado en la vida social, política y económica frente a la violencia generalizada que se ha vivido en casi todo el país. En especial en Michoacán, en estos últimos 18 años en donde la población se ha debatido en medio de la violencia que ha dejado miles de muertos, de desapariciones y extorsiones, las políticas públicas tendieron a iniciar una serie de reconocimientos a nivel nacional y estatal sobre los elementos culturales de los pueblos.

Varias localidades lograron el distintivo de Pueblo Mágico por parte la SECTUR, y en la elaboración del expediente participaron miembros de las comunidades tales como historiadores, cronistas y autoridades, quienes destacaron los elementos culturales de los pueblos, sirviendo esto de base para formalizar la petición de los nombramientos.

En 2001 inició el programa de reconocimientos llamado Pueblos Mágicos, que en colaboración con diversas instancias gubernamentales estatales y municipales, reconoció a aquellos lugares del país cuyos habitantes conservan su riqueza cultural e histórica. La campaña fue dirigida principalmente a los turistas para que visitaran los pueblos y conocieran sus atributos simbólicos, leyendas, historia, riqueza gastronómica y artesanal. El nombramiento prometió importantes beneficios a los diferentes sectores de la población que ingresaran al registro, principalmente a los municipios y al patronato conformado para representar y llevar a cabo las acciones correspondientes y pertinentes a la promoción del pueblo. Entre los beneficios destacan el acceso a recursos federales adicionales para el mejoramiento y protección de la imagen urbana del lugar; servicios públicos; promoción y comercialización como destino turístico; asistencia técnica de diversas dependencias federales a la población; y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la localidad. En una primera etapa, de los 2 500 ayuntamientos del país, sólo 65 formaron parte del Programa Pueblos Mágicos, y Michoacán se convirtió entre 2002 y 2012, en el estado con un mayor número de destinos inscritos.³²

Otro proyecto que fue alentado por el gobierno estatal, fue la Ruta Don Vasco que recorre ciudades y pueblos de la Meseta P’urhépecha, la Cañada y el Lago. En el mapa diseñado especialmente para el sector turístico, destacan las fundaciones en las que se reconoce la presencia de Vasco de Quiroga. Los destinos turísticos principales que la integran son Morelia, Pátzcuaro, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre y Uruapan. Lugares en los que se contemplan diferentes festivales como la Noche de Muertos en Tzintzuntzan o el Festival Internacional de Música de Morelia; además de espacios naturales, arquitectura vernácula, pueblos, hospitales, capillas, conventos, zonas arqueológicas, festivales, artesanías, gastronomía y fiestas. En la ruta también se incluyeron otras 122 poblaciones vinculadas a ciudades como Tupátaro, Capula, Tiripetío, Quiroga, Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Cocucho y Zacán. Así se anunció como producto de consumo específico en la principal página de turismo que la promueve: “El objetivo que persigue este itinerario turístico es proyectar al mundo, a través de los miles de viajeros que exploran Michoacán, las riquezas culturales de los indígenas purépechas patentes por ejemplo, en sus trabajos artesanales, gastronomía, patrimonios y tradiciones”.³³ Esta ruta fue nombrada, como el mejor producto del denominado Turismo Activo en la XXI edición de la Feria Internacional de Turismo de España en 2011, promoción que fue presentada por la SECTUR y el gobierno del estado de Michoacán.

La ruta ahora realiza principalmente la promoción turística en todos los medios de comunicación donde se promocionan los viajes organizados por grandes cadenas de hoteles, muchos de ellos ligados a oligarquías políticas y empresariales desde la capital del estado, para quienes sí representa una ganancia tras la inversión, pero que son actores completamente ajenos a las comunidades indígenas. Las ganancias del turismo, mejor conocidas en el lenguaje de la política pública, como derrama económica, son expresadas en millones de pesos por los gobiernos locales cada año, pero no vistas de la misma manera por sus habitantes. A pesar de estas consecuencias negativas, incluso para el entorno de la zona lacustre por contaminación, el Programa de Pueblos Mágicos siguió su marcha, y entre febrero y diciembre del 2012 la magia paso de 50 a 83 pueblos, mientras que entre 2015 y 2017, sumaron 111, y antes de terminar el sexenio peñista (2012- 2018) llegaron a 120.³⁴

A MANERA DE CIERRE

A lo largo de este artículo hemos reflexionado sobre algunos de los principales dilemas y tensiones que han estado presentes en los pueblos indígenas de México, y hemos encontrado que en los esfuerzos del siglo XIX y XX, la mayoría de la veces estuvieron encaminados a mestizar al indio en un afán, a veces sin sentido, de intentar mejorar las condiciones de vida de su población.

Las instituciones públicas, al igual que sus políticas, fueron fundadas por ideales nacidos en el seno de las clases oligarcas siempre privilegiadas del siglo XIX. A lo largo de dos siglos, estas políticas demostraron su eficacia para desaparecer una población originaria que a principios del México independiente, todavía era mayoritaria en el país. Su ineficacia para borrar la enorme brecha que había separado al indígena de las clases privilegiadas en este país, tampoco cambió en más de 200 años.

En el siglo XXI la cultura es uno de los principales temas de la sustentabilidad económica para los pueblos, pero son también base de la identidad étnica que en tiempos de la globalización se piensa a partir de otras categorías económicas como el trabajo, la mercancías, el ahorro, el consumo, y todo aquello que pueden impulsar una acción colectiva de los pueblos para alcanzar un desarrollo económico en sus comunidades.

El futuro se presenta otra vez en los discursos oficiales, como algo positivo y alcanzable sí se desarrollan las condiciones adecuadas para aprovechar los elementos culturales como atractivos turísticos altamente valorados en el mundo actual. Por otra parte, también existen aristas éticas en torno a valor y al uso de los bienes patrimoniales y ancestrales de una cultura, así como las tensiones sociales que han provocado el rompimiento de estructuras tradicionales y sus jerarquías, mismas que han sido obviadas o incluso ignoradas en un discurso que aparenta la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos.

Es imprescindible una revisión en las políticas para atender el desafío que actualmente enfrentan los pueblos indígenas, como es el caso de la región P’urhépecha. Ante los dilemas que se han presentado, se hace necesario escuchar en los discursos no oficiales, la opinión de la gente que vive y comparte sus tradiciones. Aunque, no todos los pobladores consideran negativas las acciones del gobierno en torno al patrimonio cultural, es claro que no todos las han recibido con beneplácito. Será necesaria la construcción de nuevos principios normativos en los procedimientos en que se ejecutan las políticas públicas para que éstas sean mucho más incluyentes. La toma de decisiones debe estar consensuada con los grupos en las comunidades, además se deben fortalecer las estructuras que por ahora los ha dejado aislados del desarrollo, uno de ellos el acceso a derechos básicos como la educación.

Para lograr que una política pública sea exitosa, se deberán atender primero problemas de fondo a nivel social y estructural que garanticen la capacidad en la puesta en práctica de los programas alternativos al desarrollo. Mientras no se atiendan y se reduzcan los índices de pobreza extrema, educación y servicios de salud, estarán al límite de la pobreza millones de mexicanos que en más de 500 años no han logrado mejorar sus condiciones de vida, especialmente en las zonas indígenas de nuestro país.

A partir de las políticas patrimonializadoras, se ha luchado por la reivindicación de derechos y el respeto a sus tradiciones y costumbres vulneradas por el Estado, que en un afán continuo de turistizar la región, han vulnerado por más de una década la voluntad de los pueblos P’urhépechas, bajo un disfraz discursivo de crecimiento económico que por más que se anuncia no termina de llegar.

En este sentido, organismos internacionales han contribuido de manera importante al reconocer elementos tangibles e intangibles de nuestra cultura, así como de otras partes del mundo. El reto ahora es defender la capacidad creativa de los pueblos, sin que el discurso externo y sus acciones fragmenten sus beneficios. Es evidente que las políticas de reconocimiento han entrado en una etapa que ya no es posible detener, y que para bien de los pueblos salvaguardan sus tradiciones; no obstante, en el juego de la revaloración cultural las comunidades han sido alteradas en sus relaciones al interior.

A través de un recorrido por los pueblos en que los bienes culturales han sido reconocidos por los programas, vemos que todavía sus habitantes buscan alternativas comprometiéndose seriamente a contribuir, desarrollar y mantener por todos los medios posibles su patrimonio. Se saben poseedores de uno o varios bienes culturales que pueden ser revalorados gracias al esfuerzo y trabajo que han realizado a lo largo del tiempo, y que ahora puede representar un cambio para tener una participación más activa en su comunidad.

Otra importante tarea pendiente, es luchar por una convivencia pacífica entre quienes poseen un patrimonio cultural y quienes lo valoran desde fuera, será un beneficio necesario de salvaguarda para las generaciones futuras. Hoy es sumamente importante el reconocimiento y la protección de la diversidad en un esfuerzo por favorecer el diálogo intercultural que permita disminuir la discriminación y la exclusión de la sociedad en su conjunto. Queda por delante una veta de problemáticas, dilemas y soluciones que debemos seguir reflexionando en torno a los procesos de patrimonialización en todo el país y cómo éstos han transformando la vida de sus actores.