INTRODUCCIÓN

En los albores de la administración republicana, las punas, los valles, las haciendas y las calles de Huanta y Huamanga se tiñeron de sangre por los enfrentamientos entre los iquichanos y las fuerzas del Estado peruano. La rebelión ha motivado diversas investigaciones, por ejemplo, Husson en su estudio sobre la rebelión de Iquicha y la revuelta de la sal de Huanta (1896), sostiene que el primero muestra el peso ideológico de la sociedad colonial en la que el concepto de alienación hizo que los blancos e indígenas lo percibieran como el único sistema legítimo posible.¹ La tesis de Pérez, desde la propuesta marxista, explica la rebelión como resultado de sus frustraciones ante las promesas incumplidas de la República y por la inexistencia de partidos políticos u organismos progresistas que representen los intereses de los campesinos contra el régimen feudal subsistente.² Por su parte, Méndez, al cuestionar la visión marxista y dependentista que perciben a las poblaciones indígenas como víctimas o héroes de los acontecimientos, enfatiza la agencia y el papel decisivo de las poblaciones de las punas de Huanta en la formación de la República peruana.³ Asimismo, Bonilla hace un recuento de la rebelión, analiza sus motivaciones, objetivos y a sus líderes con el propósito de fortalecer la visión de la independencia concedida.⁴

Además de estos avances, es necesario comprender ¿Por qué los iquichanos se identificaron con la administración virreinal? ¿Cuál fue su papel en la lucha independentista? y ¿Por qué la rebelión se prolongó en la primera década del gobierno republicano?

A través de la revisión de los documentos del Archivo Arzobispal de Ayacucho, el Archivo Regional de Ayacucho, el Archivo General de las Indias y la Colección Documental de la Independencia del Perú, proponemos que los pueblos indígenas de las punas de Huanta se identificaron con la Corona a lo largo de la administración virreinal por disponer de ciertos privilegios. En este sentido, participaron en la derrota de la rebelión cuzqueña de 1814 e inestabilizaron a las fuerzas libertarias de Antonio José de Sucre. Hacia los primeros años de la administración republicana, encabezaron una rebelión no solo por razones económicas, sino por sufrir las modificaciones jurisdiccionales y la prohibición de sus expresiones culturales.

Iniciamos el texto presentando el contraste administrativo de la provincia de Huanta; continuamos con la explicación de la identificación de los iquichanos con la Corona, su participación en el proceso de independencia y las razones de la prolongación de la rebelión en la primera década del gobierno republicano; finalmente, desarrollamos un debate a partir de las diferentes investigaciones sobre la rebelión iquichana.

CONTRASTE ADMINISTRATIVO

Iquicha tiene un origen virreinal y, administrativamente, fue parte del curato de San Antonio de Luricocha de la provincia de Huanta.⁵ Hacia 1767, la provincia de Huanta comprendía 12 curatos (Tabla 1), siendo uno de ellos San Antonio de Luricocha que integraba a los anexos de Huayllay y Seque,⁶ en esta última jurisdicción se ubicaba las punas y el pago o capilla de Iquicha. Este era un pequeño asentamiento indígena compuesto por una reducida iglesia, su templo rústico y una decena de casas humildes de adobe, piedra y techado de ichu. Por ser una delimitación administrativa inferior a la de un anexo y doctrina, no fue frecuente su registro en la documentación del virreinato.

Tras la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II, la supresión de los corregimientos y la implantación de las intendencias, la situación jurisdiccional de Huamanga, Huanta y los pueblos indígenas, sufrieron ciertas modificaciones. En 1784, bajo la división política encaminada por el visitador general de la Real Hacienda, don Gregorio Escobedo y Alarcón, la intendencia de Huamanga se componía de siete provincias (Tabla 2). El partido de Huanta dejó de conformar 12 doctrinas y concentró siete;⁷ las cinco doctrinas que anteriormente pertenecían a Huanta fueron integradas a Tayacaja, uno de los partidos de Huancavelica. Sin embargo, los asentamientos de las punas de Iquicha permanecieron en la jurisdicción de San Antonio de Luricocha.

En las últimas décadas de la administración virreinal, la demarcación jurisdiccional de Huamanga no sufrió mayores modificaciones, ya que, según el censo demográfico de 1791 y 1802, continuó compuesta de siete partidos (Imagen 1). De la misma manera, el partido de Huanta se mantuvo integrando a las siete doctrinas y el pago de Iquichua permaneció en la jurisdicción de Luricocha.⁸ La estabilidad jurisdiccional continuó durante el proceso de la guerra de la Independencia y las poblaciones de las punas de Huanta se caracterizaron por identificarse con la Corona española.

REALISMO EN LAS PUNAS

Los pueblos indígenas de las punas de Huanta se identificaron con la administración virreinal por hallarse exentos de la mita minera, por disponer de la protección de las autoridades borbónicas y por la mejora de las obras públicas. Igualmente, por no sufrir las contribuciones de la guerra independentista dada por las autoridades del cabildo huamanguino.

Imagen 1 Mapa de la intendencia de Huamanga, 1800 (Tomado de HGIS de las Indias) 

La alianza de los indígenas de Huanta y de los españoles data desde la conquista. El título de la encomienda de Diego de Gavilán otorgado por Francisco Pizarro el 14 de mayo de 1541, refiere que parte del territorio de Huanta y Luricocha se hallaban habitados por indígenas originarios e "indios de coca" que, al haber sufrido la arremetida de las tropas de Atahualpa, se aliaron y brindaron su apoyo a los españoles.⁹ Posteriormente, los indígenas de Huanta y parte del territorio de Huamanga ayudaron a las fuerzas hispanas e hicieron retroceder a las tropas de Manco Inca a Vilcabamba, participaron en la fundación de Huamanga, en la entrega de las primeras encomiendas y facilitaron la difusión de la cristiandad. A cambio de ese apoyo, los indígenas de las punas de Huanta quedaron libres de la mita minera.

Durante el repunte de la mina de Huancavelica y Castrovirreyna (Angaraes), dichos indígenas estaban exentos de participar en las mitas mineras. Según el informe del cronista Vásquez de Espinoza, en 1610 a la mina de Castrovirreyna asistían 456 indígenas de la provincia de Aymaraes, 147 de Andamarca, 14 de Soras, 254 de Parinacochas, 185 de Pomatambos, 104 de Condesuyos (Cuzco), 380 de Condesuyos (Arequipa) y 20 de Chocorbos.¹⁰

La exención de la mita minera, no solo se dio en el caso de las poblaciones indígenas de las punas de Huanta, ya que durante el gobierno de los Austrias, los indígenas asentados en los barrios de Huamanga no laboraban en las mitas mineras y a cambio cumplían con la mita de plaza. En el valle del río Pampas, los indígenas de Vischongo tampoco participaban en las mitas mineras y se desenvolvían como chasquis, soldados de protección del comercio y puente, con la función de renovar anualmente el puente de Uranmarca, permitiendo la circulación comercial entre Lima y Potosí. Los pobladores de los pueblos de Paras, Totos, Ocros y Chumbes, por ser chasquis en la ruta Huamanga-Andahuaylas, también eran libres de las mitas mineras.¹¹

Las poblaciones indígenas mantuvieron sus privilegios y lo hicieron reconocer constantemente con los diferentes virreyes de turno. Incluso, las reformas borbónicas que pretendían obtener mayores ingresos económicos en beneficio de la Corona, convirtiendo a los indígenas privilegiados en tributarios, no pudieron acabar por completo las exenciones;¹² no obstante, las poblaciones que sí perdieron sus privilegios, conformaron las líneas de las fuerzas independentistas.¹³

En las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, los borbones continuaron gozando de una buena representación en los pueblos por encaminar políticas de reorganización administrativa que chocaron con los intereses de algunos curas y sus actividades ilícitas. Los informes del intendente Demetrio O´Higgins (1982) y los visitadores Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1982), enfatizan los excesivos derechos funerales que cobraban los párrocos en los pueblos de la ceja de la selva de Anco y las punas de Huanta. Muchos curas se hallaban distantes de sus curatos y casi siempre vivían en Lima. Los indígenas no tenían una adecuada asistencia espiritual, no oían misas, fenecían sin sacramentos y no se enterraban en los cementerios. Sin embargo, como describe Jorge y Ulloa, "el Señor Cura comisionaba a un exactor desde Lima, o [viajaba] ocasionalmente en persona para cobrar los derechos excesivos por funerales que no ha habido, y por sufragios que no se han hecho".¹⁴ Por un entierro, los indígenas eran forzados a pagar entre 100 a 200 pesos al contado, y las familias que no disponían de esa cantidad, perdían sus bienes y eran conducidos a las haciendas del cura para laborar en calidad de esclavos.

La administración del intendente don Demetrio O´Higgins y sus subdelegados, defendieron a los indígenas de la rapacidad de los curas y tuvieron el apoyo de las poblaciones más humildes. Asimismo, prohibieron los concubinatos, la presencia de los familiares de los párrocos en los puestos de la iglesia y las actividades económicas. El informe indica:

[…] no hay cura que no tenga sus consanguíneos en su doctrina. Estos ocasionan gravísimos perjuicios, respaldos con la despótica autoridad de los párrocos, y lo que es más (causa dolor decirlo, pero la necesidad lo exige) hay muchos doctrineros que poseídos de la incontinencia mantienen públicamente las concubinas con dilatada prole, que educados con tal mal exemplo, y corriendo bajo el especioso título de sobrinos, son unos declarados tiranos de la feligresía, que tienen a cargo ajustar las obenciones y las exigen con rigor; entablan comercio y en la realidad repartimientos a unos precios elevadísimos.¹⁵

Las autoridades borbónicas desafiaron el poder eclesiástico local, destituyeron a muchos curas y eligieron a aquellos que disponían de vocación de servicio y capacidad de convivencia con los indígenas. Hacia las primeras décadas del siglo XIX nominaron para Luricocha al cura don Eduardo de la Piedra y Benites, quien se ganó el aprecio de los indígenas de las punas, quienes en defensa de la Corona lucharon y derrotaron a las rebeliones independentistas.

Igualmente, los borbones se ganaron la buena reputación por ejecutar obras de integración y bienestar económico. En una región diversa, con valles hondos, ríos torrentes por temporadas, sierra abrupta y una ceja de selva de difícil acceso, mejoraron los caminos y los puentes. O‘Higgins motivó a los vecinos de Huanta a contribuir con 2 reales por cada arroba de coca y con 4 reales por botija de aguardiente para mandar a cambiar el puente de sogas del río Huarpa por un puente firme de cal y canto. A dos leguas de Huanta, viendo la abundancia de canteras de piedras, cal y hornos, pretendieron edificar un puente firme en el río Pongora. A su vez, empedraron y mantuvieron limpia las calles de los pueblos más distantes, ordenaron reedificar las iglesias y campanarios deteriorados.¹⁶

Hacia la última etapa de la guerra de la Independencia, los indígenas de las punas de Huanta, a diferencia de otras provincias, quedaron libres de las contribuciones de la guerra. Las autoridades del Cabildo de Huamanga con el afán de apoyar económicamente a las tropas de la Corona, establecieron una contribución de guerra a los indígenas ganaderos del sur y centro de la intendencia. Los indígenas de Lucanas y Parinacochas por la venta de un burro pagaban 4 reales; una yegua, mula y caballo un peso; una llama 4 reales; cien pellejos de alpaca y llama 2 pesos; la arroba de lana 4 reales; del pellejo de vicuña medio real; y la arroba de lana 2 pesos. Los de Vilcashuamán por la venta de una vaca contribuían con 4 reales; una yegua 1 peso; y un carnero medio real.¹⁷

Los indígenas de las punas de Huanta tuvieron razones suficientes para identificarse con la administración virreinal. De esa manera, para seguir disfrutando de sus privilegios, enfrentaron los levantamientos rebeldes y defendieron a la Corona.

FRENTE A LAS LUCHAS INDEPENDENTISTAS

Los indígenas de Huanta y las punas de Iquicha, conjuntamente con las fuerzas de la Corona, derrotaron a un brazo de la rebelión cuzqueña y hostilizaron a las tropas de Antonio José de Sucre antes y después de la batalla de Ayacucho.¹⁸

Durante el arribo de los rebeldes de Cuzco a la ciudad de Huamanga, la doctrina de Luricocha se hallaba dirigido por Eduardo de la Piedra y Benites, un sacerdote formado en Huamanga en la carrera literaria, ciencias de la filosofía, sagrada teología y escolástica dogmática y moral. Enterado del avance de los rebeldes a la ciudad de Huanta, organizó a los indígenas y defendió a la Corona solventando los gastos con su peculio.¹⁹

En las acciones bélicas del 30 de septiembre y del 1 de octubre de 1814, las escuadras de la Corona (Talavera y Huanta) derrotaron a los rebeldes a pesar de su reducido número. ¿Por qué un grupo menos numeroso salió victorioso? Por el apoyo y la intervención oportuna de los indígenas de las punas de Luricocha e Iquicha bajo la dirección del cura Eduardo de la Piedra. Según el informe del coronel Pedro José Lazón, los indígenas alimentaron y cuidaron a las 400 cabalgaduras. Posteriormente, cuando los insurgentes se reorganizaron en Matará y contraatacaron, los indígenas "con valor y libertad" secundaron en los enfrentamientos y "assi lo executaron [a los rebeldes] en Tambo y Matará".²⁰

Asimismo, el informe del coronel Nicolás Ferres indica que los indígenas brindaron 200 lanceros y gracias a ello las fuerzas de la Corona salieron victoriosas en las dos expediciones. En el puente de Huarpa, "tránsito preciso y de la mayor atención", 25 indígenas, mestizos y españoles se pusieron de guardia. Igualmente, el cura organizó "en el anexo de Huayllay 800 hombres de reserva para casos apurados".²¹ Y cuando los rebeldes, al ser derrotados en las inmediaciones de Huanta retornaban a Huamanga pretendiendo retomar su control, el cura envió "200 yndios costeados y pagados" de su peculio.²²

Los informes indican dos puntos importantes. Por un lado, la capacidad de organización y convocatoria de la autoridad eclesiástica, conduciendo a los indígenas a las contiendas en defensa de la Corona. Por otro lado, evidencia la experiencia de los indígenas en el campo de batalla y que, posteriormente, fueron expresados en los últimos acontecimientos de la lucha independentista y durante los primeros lustros de la naciente República peruana.

Después de la derrota de la rebelión cuzqueña y restituido el control de las ciudades bajo las autoridades virreinales, los indígenas de Iquicha continuaron identificándose con la Corona y apoyaron a la milicia realista de Huanta, sofocaron a los grupos separatistas y el norte de Huamanga se constituyó en un bastión realista hasta los últimos acontecimientos del proceso independentista.

Según los testimonios de don Cayetano Vargas y Miguel Santillana, previa a la batalla de Ayacucho, los curas Manuel Navarro y Juan Alatrista, mediante el toque de las campanas y las cornetas, convocaron a los indígenas de Carhuaurán "a favor del rey y en caso de perder la batalla el Ejército Libertador degollen a todos los dispersos sin dejar uno vivo";²³ sin embargo, la batalla la ganaron los patriotas. Los indígenas llegaron hasta el sitio de Atalabra a una legua de doctrina de Luricocha y, después de la batalla de Ayacucho, pasaron a la ciudad de Huanta, en la que se quedaron algunos días hostilizando a las fuerzas de Sucre,²⁴ quien el 15 de diciembre de 1824, informó al ministro de guerra sobre los actos nefastos que cometieron los pueblos de Huanta:

El pueblo de Huanta no solo se ha sublevado contra las tropas libertarias desde el 16 del mes pasado; sino que sus havitantes y los de todo su partido nos han hostilizado en todos sentidos. Han matado nuestros enfermos, han quitado las cargas que ivan para el ejército, han robado los equipajes, han cometido en fin toda especie de daños, y últimamente presentaron una montonera de dos mil hombres para servir a los españoles.²⁵

Los únicos pueblos de la referida jurisdicción que apoyaron a las fuerzas independentistas fueron Quinua, Acosvinchos y Guaychao, los cuales quedaron libres de toda represión; por el contrario, los pueblos que apoyaron a la Corona fueron castigados con una contribución de 50 mil pesos.²⁶ Esta medida provocó un rotundo rechazo de los pueblos de Huanta al gobierno republicano, dándose inicio, unos meses después, a la rebelión iquichana.

UNA REBELIÓN PROLONGADA

Las investigaciones de Husson, Méndez y Bonilla indican que la rebelión de los iquichanos se produjo por razones económicas.²⁷ La rebelión de 1814 y la guerra independentista sellada con la batalla de Ayacucho en 1824, destruyeron la economía regional en la que numerosas familias del bando realista, curas y emigrados españoles perdieron sus bienes. La coca, uno de los productos más rentables atravesó una crisis.²⁸ Los habitantes de Huanta que brindaron su apoyo a la Corona durante la guerra de la Independencia fueron multados con 50 mil pesos y los curas con 20 mil pesos. Asimismo, con la restitución de la contribución indígena, el 4 de octubre de 1826, las familias volvieron a brindar su aporte económico al Estado y perdieron la posibilidad de elegir a sus autoridades locales.²⁹

Entre 1826 y 1828, las indígenas de las punas de Iquicha, españoles capitulados, hacendados, militares y algunas autoridades eclesiásticas, mediante el control de los diezmos, desataron una constante lucha anti republicana y tomaron la ciudad de Huanta y, aunque fracasaron en la toma de la capital departamental, dejaron despavoridos a los habitantes de Huamanga. Frente a ello, las autoridades de la naciente República trataron de sofocar la rebelión a través de mecanismos represivos y pacíficos.³⁰ Sin embargo, la rebelión continuó y la situación de los pueblos de la puna se hizo más inconstante. En adelante explicaremos por qué se prolongó la rebelión de los iquichanos.

Instaurada la República, la antigua intendencia de Huamanga se denominó departamento de Ayacucho por el triunfo de los patriotas en la batalla del 9 de diciembre. Administrativamente, amplió su territorio debido a que Huancavelica fue incorporado a su jurisdicción y de esa manera conformó 10 provincias y 92 curatos. En comparación con las últimas décadas de la administración virreinal, cuando se componía de siete provincias (Huamanga, Huanta, Andahuaylas, Lucanas, Parinacochas, Anco y Vilcashuamán) incorporó tres provincias más. De la misma manera, las provincias sufrieron notables cambios en los que unas salieron más beneficiadas que otras, por ejemplo, la provincia de Huamanga amplió su jurisdicción e integró 10 curatos, mientras la provincia de Huanta perdió su amplio territorio virreinal y conformó seis curatos (Tabla 3). Quinua y Tambillo, antiguos partidos de Huanta, pasaron a la jurisdicción de Huamanga.

En las punas de Huanta, el general Andrés de Santa Cruz, después de reprimir a la rebelión iquichana a mediados de 1826, por la alta densidad poblacional indígena en las punas de Luricocha, determinó ciertas modificaciones administrativas. Por un lado, el partido de Luricocha, históricamente compuesto de dos doctrinas (Huayllay y Seque), pasó a ser dividido en tres doctrinas. La nueva sección se denominó Carhuaurán y aglomeró a los anexos de "Yquicha, Tircos y Ccuro" que, a su vez, concentraba cada uno de ellos numerosos hatos o estancias como Pata-sucru o Culluchaca que eran dirigidos por los alcaldes.³¹ Según los informes de la época, en las punas de Iquicha había 14 alcaldes, lo cual demuestra una significativa población indígena a comparación de otras provincias del departamento de Ayacucho. Por otro lado, algunos pueblos de las punas de Iquicha, administrativamente dejaron de pertenecer a Carhuaurán y fueron integrados a Huanta. Dichas decisiones generaron incomodidades y agudizaron la rebelión.

Los indígenas de los hatos y estancias de las punas de Pata-sucru y Culluchaca, encabezados por las autoridades de Iquicha, rechazaron pertenecer a la jurisdicción de Huanta y se negaron a reconocer al cura de dicha ciudad. El 9 de abril de 1827, el prefecto Juan Antonio González informaba al venerable deán y Cabildo eclesiástico de la siguiente manera: "que el caudillo Huachaca se ha opuesto a recibir al cura coadjutor mandado por el de Huanta para la administración de los Santos Sacramentos en varios pueblos de Yquicha".³² El Cabildo eclesiástico de Huamanga envió a la jurisdicción de Huanta al cura Manuel Sánchez para cumplir con las actividades doctrinarias y, sin embargo, los indígenas de las punas lo desconocieron:

Con motivo de las confesiones quaresmas […] mandó al cura coadjutor de Huanta don Manuel Sánchez un eclesiástico para las punas de Culluchaca y Pata Sucru para que confesase a estos indígenas y estos se negaron absolutamente a dirigirse con dicho eclesiástico asegurando que no pertenecía dicho Huanta y que solo se confesarían, reconosirían por cura al de Cargua-huran.³³

El rechazo de los indígenas a las nuevas demarcaciones republicanas estuvo apoyado por el cura de Carhuaurán, don Manuel Navarro. Con la incorporación de los hatos y estancias de las punas de Iquicha a Huanta, el cura perdió feligreses e ingresos económicos que percibía durante las celebraciones religiosas, entierros, misas y colaboraciones de los devotos. Por la reducción del número de los pueblos de su jurisdicción, el cura Navarro refería que "no tengo jurisdicción para administrar sacramento" y se dedicó, conjuntamente con las autoridades de Iquicha, a luchar por mantener el número de sus pueblos.³⁴

La alianza de los indígenas y el cura Navarro imposibilitó la llegada de las nuevas autoridades, así como la incorporación de los pueblos a Huanta. Los indígenas acordaron reconocer únicamente al cura Navarro, siendo paradójicamente amparado por las mismas autoridades republicanas que también les brindaron todos los derechos eclesiásticos. El 7 de abril de 1827, Manuel Navarro, cura de Carhuauran, tenía la facultad de administrar sacramentos y habilitar a los casados impedidos.³⁵ De la misma manera, unas semanas antes, el mismo Huachaca había reconocido como única autoridad eclesiástica a Navarro. En un documento de 28 de marzo de 1827, enviado desde el pueblo de León Pampa, se refería al cura con la siguiente expresión: "Muy señor mío y único capellán mío".³⁶

Al no hallar respuesta de las autoridades republicanas, los indígenas agudizaron la rebelión y frente a ello, el prefecto decidió enviar personalidades y autoridades eclesiásticas con el objetivo de apaciguar la rebelión y pedir a los indígenas ser parte de la naciente República. El 14 de setiembre de 1827, el prefecto comunicaba al deán de su rotundo fracaso:

Todos los esfuerzos y tentativas que ha hecho esta prefectura, poniendo en movimiento todos los resortes que han estado a sus alcances valiéndose de las intendencias, municipalidades y algunos vecinos honrados de Huanta que pudiera tener influencia en los yquichanos; han sido tan inútiles que no haciendo el menor caso de la ecsortación pastoral de Vuesaseñoría se negaron espresamente hasta tener una entrevista conmigo de la que me prometía sacar algunas ventajas […].³⁷

A pesar del fracaso, el prefecto continuó apostando por dicha estrategia y envió curas para apaciguar a los pueblos levantados. El 26 de setiembre de 1827, el prefecto González nominó a los curas encargados de viajar e "internarse a las punas de Yquicha para ecsortar y atraer al orden a sus habitantes".³⁸ Los curas designados fueron don Domingo Guillén y don Lino Morales quienes, al recibir 25 pesos cada uno, emprendieron el viaje; sin embargo, incumplieron con la misión ya que, según el informe del prefecto González, los curas solo habían llegado a Huanta y volvieron inmediatamente por temor y recelo a los iquichanos.³⁹ El 26 de octubre, las autoridades del tesoro nacional de Ayacucho, enterados del fracaso, pidieron el reembolso respectivo:

Señor prefecto. En cumplimiento de lo que usted nos previene en su nota N° 306 oficiamos a los curas don Domingo Guillén y don Lino Mariano Morales para que reintegrasen los 25 pesos que cada uno de ellos ha persibido para que lo verifiquen y el primero se ha ausentado a su curato y el segundo no ha contestado desde el 18 del que rije […].⁴⁰

Las órdenes de las autoridades fracasaron y los indígenas de las punas de Iquicha atacaron a la ciudad de Huanta. El nuevo prefecto de Ayacucho, don Domingo Tristán, el 21 de diciembre de 1827, da a conocer al obispo de Huamanga la incursión que desarrollaron los rebeldes infelices y herejes a la iglesia de Huanta. Por otro lado, el cura Navarro tuvo apoyo de otros curas, por ejemplo, el padre Pacheco.

Para apaciguar la tensa situación y el avance de los iquichanos, el prefecto Tristán determinó tres decisiones: solicitó al obispo nombrar como cura interino de Luricocha a don Tomás Carrillo por su "acrisolado patriotismo" para el control de los rebeldes; mantener los hatos y estancias de las punas en la jurisdicción de Carhuaurán; y dejar sin efecto los intentos de incorporar a Huanta.⁴¹

Las decisiones del prefecto fracasaron. Los rebeldes mediante la dirección de Huachaca, Navarro y Pacheco, continuaron encabezando los ataques. Domingo Tristán, el 20 de abril de 1828, indicaba al deán de Huamanga: "Cuántos arbitrios he manejado para ganar el cura Navarro, todos han sido frustrados y tengo noticia de que ha preferido meterse en las montañas", mientras que sobre el padre Pacheco indicaba que "no puede ni debe ser tolerado en su curato" por ser el cabecilla principal, y solicitaba la sustitución en menos de tres días por curas "patriotas, edificantes, sagaces, desinteresados y […] poderosos en palabras y obras […] para que empiecen a trabajar no en utilidad suyo, sino en la de más ovejas descarriadas, pobres, enfermas y acostumbradas largo tiempo a vivir sin pastor, sin ley y sin apoyo alguno".⁴²

Además de pedir la sustitución de los curas, el prefecto Tristán al organizar las tropas en Huanta y Luricocha, los condujo hacia las punas con el afán de capturar a los cabecillas, controlar la zona rebelde y establecer nuevas autoridades eclesiásticas. A su llegada halló los pueblos pacificados, pero al retirarse las tropas, los rebeldes continuaron atacando a los pueblos y destruyeron las iglesias. El 7 de junio de 1828, el nuevo presbítero Miguel de Cabrera halló el pueblo y la iglesia de la parroquia de San Lucas de Ayahuanco destruidos. El documento es explícito:

Que habiendo llegado aquel mi destino en cumplimiento de mi obediencia por haber sido así mandado; me he allado no solo con las casas y chozas destruidas y de suma lamentación, sino que con las yglesias arruinadas enteramente sin que en ellas se pueden encontrar materiales sagrados para exercer el ministerio de mi obligación en manera alguna.⁴³

Para restablecer las actividades espirituales el cura retornó a Huanta, pidió la protección del prefecto y los materiales necesarios para la iglesia: "un misal, un cáliz corriente, una casulla y alva completo, un copón, una custodia, ara, campanilla, mantil, y demás cosas de iglesia que se considere ser necesario para el ministerio, esto sea lo más breve posible".⁴⁴ Recibido el pedido, el prefecto ordenó al obispo enviar todo lo necesario con prontitud; asimismo, ordenaba hacer volver al cura Cabrera a su doctrina,

[…] sin detenerse voluntariamente en el camino porque el corazón menos cristiano se altera y encandece al observar con facilidad con que los pastores abandonen sus ovejas en las garras del lobo y mayormente ovejas que, como las de Ayahuanco, han estado casi sin régimen, cuidado ni sujeción formal durante el trienio largo de rebelión y guerra.⁴⁵

Frente a la intensificación de la rebelión, en junio de 1828, las autoridades trataron de retomar el control de las punas restableciendo la situación anterior. Mediante el artículo segundo, el Congreso decretó "que Luricocha se dividiese solo en dos curatos" como en la etapa virreinal, decisión que fue celebrada por los indígenas de las punas de Iquicha porque retornaban a sus antiguas jurisdicciones. El 7 de junio de 1828, el prefecto de Ayacucho informaba al ministro de Estado con las siguientes palabras: "tranquilizadas ya todas las punas de Guanta y Luricocha, solo nos resta la honra de fortificar el orden".⁴⁶

La tranquilidad se prolongó por unos tres meses y, nuevamente, las autoridades centrales, considerando la alta densidad demográfica, la rivalidad entre los curas y las largas distancias entre la capital de doctrina y los pueblos, restituyeron la división de Luricocha en tres curatos. El prefecto Tristán indicaba que era imposible para el cura de Luricocha extender la pastoral vigilancia sobre las punas de Guayllay, Chaca, Seque, Aranguay y Marcaracay porque de Luricocha distan cuatro, seis, ocho, once y catorce leguas, simultáneamente de los pueblos referidos por caminos desiguales y escabrosos. De la misma manera, determinaron que los pueblos que Iquicha, Tircos y Ccuro se mantengan en la parroquia de Carhuauran por ubicarse a tres y cuatro leguas de dicha doctrina.⁴⁷

Desde el 25 de agosto de 1828, Luricocha nuevamente estaba dividida en tres doctrinas, pero para mantener calmados a los indígenas, las autoridades republicanas decidieron no cobrar ninguna contribución, entre ellas, las cuartas. Igualmente, los curas de Carhuaurán y Choymacotas, quedaron libre de las contribuciones eclesiásticas y el Estado acordó remunerar por dos años, aproximadamente, a los curas con la suma de 30 pesos mensuales y a los tenientes auxiliares con 25 pesos mensuales.⁴⁸

Entre 1829 y 1830, la inestabilidad en las punas se mantuvo y el cura Navarro, conjuntamente con Huachaca, siguieron liderando los levantamientos. Según los informes del prefecto González, en mayo de 1831 decidieron separar al cura Navarro de sus labores en Carhuaurán e Iquicha y para la destitución enviaron al presbítero don Joseph Francisco Coronado. Al admitir dicha responsabilidad probablemente viajó, pero no pudo destituirlo y más bien hizo notar sus estrechos vínculos con Navarro. El 6 de junio de 1831, el prefecto de Ayacucho informó al obispo que no pudo enviar a Coronado a las punas: "El señor deán me dijo ayer de palabra, haber intimado al presbítero Coronado que en el momento marchase a Carhua-urán […] que van a dar las 9 de la mañana, y aún no ha aparecido. Esto me es tanto más doloroso, cuando ayer escribí al subprefecto de Huanta que hoy estaría Coronado en Yquicha".⁴⁹ Frustrado el viaje, al día siguiente apareció el presbítero, pero no aceptó viajar a pesar de que el prefecto agotó "infructuosamente cariños, amenazas, exhortaciones y convicciones para persuadirle".⁵⁰ Posteriormente, enviaron al presbítero Joseph Lagos y en Carhuaurán cometió atropellos. En la puerta de la iglesia castigó severamente al alcalde de vara por incumplir con la entrega de alfalfa para su caballo y, frente a ello, 14 alcaldes de Iquicha salieron en su defensa y pidieron al prefecto el retiro inmediato del cura.⁵¹ El 10 de junio de 1831, finalmente enviaron al presbítero Hermenegildo Medina, quien habría logrado el objetivo. El cura Navarro fue retirado a la jurisdicción de Lucanas. Un documento del 31 de agosto de 1831, indica: "hoy queda instruida la prefectura de la destinación interina del párroco don Manuel Navarro a Chipao".⁵²

Hacia los primeros años de la década de 1830, cuando la inestabilidad en las punas después de la destitución del cura Navarro estaba llegando a su fin, las decisiones de las autoridades centrales revitalizaron las inestabilidades y el rechazo a la administración republicana se expandió a otras provincias. ¿Cuál fue la medida que revitalizó el rechazo de las poblaciones indígenas?

PROHIBICIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

En 1829, Agustín Gamarra asumió la presidencia del Perú y, al intentar restablecer el orden, emitió decretos que prohibían las actividades festivas y religiosas de los pueblos considerados causantes de crímenes, escándalos y levantamientos constantes. El rechazo de los indígenas a la administración republicana se agudizó porque vieron amenazadas sus expresiones culturales.

Una de las fiestas más concurridas y pomposas de los pueblos fue la de Las Cruces, la cual se celebraba en dos momentos del año. En los primeros días de enero la fiesta iniciaba con el registro de las cruces, donde los alcaldes, regidores, alguaciles y ministros de vara recién nombrados, visitaban las casas de los indígenas para registrar las cruces de las que disponían las familias. Por la visita, "cada dueño de cruz les daba trago de aguardiente y un vaso de chicha como propina de la visita de buen gobierno"; durante todo el día, apenas recorrían una docena de casas, por tal razón, el registro se prolongaba casi por todo el mes de enero.⁵³ El registro de las cruces no solo se hacía para confirmar la cristiandad de los indígenas, sino también para establecer el pacto de los indígenas con las nuevas autoridades, desarrollándose mediante las expresiones musicales, conversaciones y brindis con las mejores bebidas. Después de dicha antesala, el día central de la fiesta se realizaba en el mes de mayo. Un documento describe lo siguiente:

El día 3 de mayo en el pueblo capital de cada una de estas doctrinas comienza la función de las cruzes llevándose en número de tres o cuatrocientas a la iglesia cuyo retablo del altar mayor se entra con ellas; el cura canta la misa, luego se saca en procesión todas ellas cargando cada uno la suya; que alboroto, que singuisarra se forma al apearlas del retablo; un hormigueo de muchachos subiendo y bajando sin orden. Concluida la procesión de grado o a la fuerza vuelve a entrar en la iglesia a dejar el estipendio en un peso por la misa […].⁵⁴

La celebración central se desarrollaba después de las cosechas y antes del inicio de la limpieza de las acequias y los sembríos, de tal manera que "el mes íntegro de mayo se consagraba a Baco y la inmoralidad periódica".⁵⁵ En cada casa se festejaba a las cruces con botijas de chicha y aguardiente, las cuales generaban altísimos gastos y, por consiguiente, que los indígenas tuvieran "atrasos y dificultades" en el cumplimiento de las contribuciones. Asimismo, la embriaguez de las autoridades y los pobladores generaba los mayores peligros y desórdenes. En 1832, don Ángel Pacheco, en su informe al señor ministro de Estado del departamento de Ayacucho, indicaba lo siguiente:

En este mes de mayo la embriaguez no se circunscribe en los ministros llamados de vara, sino que se generaliza y aquí los desafíos, las riñas, las peleas, golpes, heridas, sangre y a veces muertes: al paso de estos horrores se presentan a la vista no es menos lo que padece el oído con las obscenidades, votos, juramentos y blasfemias que por calles y plazas resuenan con injuria de la decencia y honestidad y escándalo de algunos virtuosos que no falta y de sus propios inocentes.⁵⁶

Los excesivos gastos que perjudicaban el pago oportuno de las contribuciones a la nueva administración, así como las riñas descontroladas, se convirtieron en factores determinantes para que las autoridades republicanas establecieran decretos para prohibir las fiestas de los pueblos. Dichas medidas produjeron el rechazo hacia la administración republicana, ya que afectaban las diferentes prácticas e intereses de los indígenas.

AMPLIANDO EL DEBATE

Nuestra aproximación a la rebelión iquichana, por medio de documentos inéditos, nos permite discutir algunos puntos, a saber: la legitimidad del monarquismo, el peso cultural de la rebelión y el aspecto religioso.

Cecilia Méndez indica que el gobierno imperial dispuso de una legitimidad mediante sermones, ritos, fiestas y edictos de lealtad.⁵⁷ Sin embargo, los datos aportados en la primera parte indican que la legitimidad de la Corona provenía de su pragmatismo y de decisiones políticas dirigidas al bienestar de las poblaciones indígenas. Bajo la administración de los austrias, los indígenas de las punas de Huanta gozaron de la exención de la mita minera, mientras que en el gobierno de los borbones fueron beneficiados con los proyectos de modernidad basada en la limpieza, el orden y la seguridad que promovieron los intendentes y subdelegados. Igualmente, los indígenas del valle del Pampas se identificaron con el gobierno virreinal debido a que, desde 1810, vieron la instalación de las primeras escuelas y la llegada de la vacuna antivariólica. Hacia 1812, la Constitución y las ideas liberales fueron bien recibidas en los pueblos, ya que reafirmaban la autonomía de las poblaciones indígenas y anulaban la entrega de tributos. De tal manera, una sección significativa de las poblaciones indígenas se identificó y defendió a la administración virreinal hasta la última etapa de la guerra independentista.

Sobre las razones de la rebelión, Husson, Méndez y Bonilla enfatizan el peso económico y la represión de las autoridades republicanas.⁵⁸ Estas razones, si bien son indiscutibles, explican principalmente el inicio de la rebelión pero no su prolongación. Consideramos que los levantamientos constantes no se desarrollaron solamente por asuntos económicos, sino también por los cambios jurisdiccionales y las prohibiciones de la fiesta de Las Cruces. En los cambios administrativos y jurisdiccionales resaltan dos puntos decisivos. Primero, la creación de una doctrina más en Luricocha que generó descontento de los curas por perder un significativo número de feligreses y la disminución de sus ingresos económicos. Segundo, la incorporación de los pueblos indígenas a Huanta fue un detonante que revitalizó la rebelión y, simplemente, al no admitir dicho cambio, desconocieron al cura de Huanta y prefirieron seguir bajo la administración eclesiástica de Carhuaurán.

Los cambios jurisdiccionales que encaminaron las autoridades centrales fueron una decisión política inadecuada, ya que desarticularon todos los lazos históricos de los indígenas. Haciendo una comparación de los cambios jurisdiccionales realizados en otras provincias, se evidencia que los pueblos de las punas de Huanta fueron los más afectados, mientras que otros se mantuvieron en sus antiguas jurisdicciones. La parroquia de Pullo (Parinacochas) fue dividida en dos vice parroquias o doctrinas; Laramate (Lucanas) en dos; Huambalpa, Chuschi, Totos y Paras (Cangallo) cada uno en dos; Chincheros, San Jerónimo, Huancarama y Onqoy (Andahuaylas) en dos; Córdoba (Castrovirreyna) en dos; Pampas (Tayacaja) en dos; y Acobamba y Lircay (Huancavelica) en dos. Asimismo, en Lucanas, Sondondo, Isisua, Queca y Huaycahuccho, se convirtieron en pueblos, mientras Chipau, Apcará y Cabana en viceparroquias. En la jurisdicción de Cangallo, la puna de Caracha se transformó en una parroquia de Sancos; y la de Urubamba en una parroquia de Carapo. En Lucanas, Visvicha pasó a ser una parroquia del pueblo de Apcará y la de Caballopampa pasó a Otoca.⁵⁹ Los únicos que sufrieron los cambios jurisdiccionales más drásticos fueron los anexos de las punas de Huanta y Huancavelica, y en ambas zonas se generaron levantamientos de los indígenas. Desde finales de 1826 y hasta 1828, los indígenas de Julcamarca, Cachi y Paras, donde había cuatro capillas, al ser integrados a otra parroquia, rechazaron la medida y se mantuvieron en una lucha constante contra el gobierno republicano.⁶⁰

De la misma manera, la prohibición de las festividades desató un rechazo generalizado. La fiesta de Las Cruces no solo representaba la estrecha convivencia de la cultura occidental y andina, sino que también significaba la integración de los pueblos, las prácticas de la reciprocidad, el contrapunteo entre las familias, la interrelación de las autoridades entrantes y los pobladores, y el tinkuy en general. La prohibición no fue únicamente en contra de la fiesta de Las Cruces o los pueblos de Huanta, sino en rechazo de las diferentes festividades. El 4 de septiembre de 1832, los representantes de la Junta Departamental de Ayacucho aprobaron prohibir todas las festividades de los pueblos: "que se prohíba absolutamente en todas las provincias, distritos y parroquias […] las festividades de los santos con coetes, danzantes de tijera, milicias y otras antiguas corruptelas que al paso que ofenden la moral pública, ocasionan indevibles daños, gastos y perjuicios a los miserables indígenas que son los que sostienen".⁶¹

En las semanas y meses siguientes, este decreto fue difundido por el prefecto departamental para su cumplimiento. El 19 de septiembre, el prefecto Juan Antonio González remitió una copia al deán eclesiástico para dar cumplimiento "al destierro de todas las costumbres de danzas y demás festividades de los santos".⁶² El decreto afectó la vitalidad y esencia cultural de los pueblos.⁶³

En cuanto al aspecto religioso, Husson y Méndez indican que los rebeldes iquichanos no chocaron con las instituciones cristianas porque la administración republicana mantuvo estrechos vínculos con la Santa Sede y porque el Perú independiente dispuso al catolicismo como la religión oficial.⁶⁴ Por el contrario, los documentos revisados en el Archivo Arzobispal evidencian que los rebeldes también chocaron con las iglesias. Según el informe del cura Miguel de Cabrera, en 1828 la iglesia de Ayahuanco fue arruinada y saqueada enteramente; de la misma manera, la iglesia de Huanta sufrió saqueos. Por tal razón, las autoridades republicanas denominaron a los iquichanos como rebeldes y herejes. Pero vale aclarar que las destrucciones y saqueos de las iglesias no significan que la rebelión haya sido un movimiento anticlerical dirigido contra la cristianización, más bien fue una expresión de rechazo a las determinaciones administrativas implantadas por las autoridades republicanas. Asimismo, es sugerente indicar que los mismos curas alzados encabezaron la destrucción de los templos para hacer notar su crítica a los cambios jurisdiccionales y seguir gozando de los beneficios económicos generados por el cobro de diezmos y las celebraciones de las diferentes festividades.

CONCLUSIONES

Los indígenas de las punas de Huanta, al igual que la mayoría de las poblaciones de Huamanga, se identificaron con la administración virreinal por los privilegios que obtuvieron. Se hallaban libres de la mita minera y las contribuciones tributarias, ya sea por haber apoyado a los españoles en la época de la conquista o por proveer servicios especializados. De tal manera, en la sociedad virreinal no todos los indígenas eran iguales, había una jerarquización y clara diferenciación de privilegios. Asimismo, las poblaciones indígenas en la última etapa del gobierno virreinal brindaron su apoyo a la Corona española, gracias a los proyectos de bienestar que esta proporcionaba a las poblaciones, entre ellos, la mejora de la salubridad, el orden, la economía y, fundamentalmente, por no ser afectados por las contribuciones de guerra que establecieron las autoridades del Cabildo de Huamanga.

Los iquichanos, en el proceso de la guerra de la Independencia, jugaron un papel fundamental en la derrota de una de las secciones de la rebelión cuzqueña e inestabilizaron a las fuerzas libertarias de Sucre, antes y después de la batalla de Ayacucho.

Finalmente, si bien la rebelión iquichana se inició a razón de la crisis económica provocada por la guerra independentista, se prolongó durante la primera década de la administración republicana, debido a que las autoridades promulgaron decretos en contra de las delimitaciones jurisdiccionales y las expresiones culturales de los pueblos. La división de Luricocha en tres doctrinas, la incorporación de algunos pueblos de las punas a la jurisdicción de Huanta y la prohibición de las fiestas, desataron una rebelión prolongada. Es decir, las autoridades de la administración republicana, a diferencia del virreinato, no comprendieron la real dimensión y significado de las delimitaciones territoriales y de las actividades festivas de los pueblos.