Introducción

El régimen político neoliberal en México se debate en una profunda crisis civilizatoria que adquiere en la violación generalizada de los derechos humanos uno de sus filones más lacerantes. Sucesivos hechos han desfigurado la aparente comunidad imaginaria del Estado mexicano y han sentado las reales de la criminalidad y la impunidad. Entre los rasgos distintivos de una sociedad en estado de descomposición se suman las miles de muertes violentas arrojadas por una irracional «guerra contra las drogas» declarada por el gobierno federal que cuenta con una permanencia de tres sexenios consecutivos. La desaparición forzada de al menos 23 mil personas llegó a su punto más álgido con el caso emblemático de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, hecho que despertó la indignación nacional y puso en tela de juicio a las vilipendiadas instituciones nacionales. Tales acontecimientos simplemente vinieron a ratificar otros igualmente preocupantes como los feminicidios y el desplazamiento de comunidades.

La violencia contra clases y sectores subalternos no sólo ha traumatizado a la población mexicana sino que también ha tomado como carne de cañón a los miles y miles de migrantes indocumentados que transitan por el país procedentes de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones extracontinentales con destino a Estados Unidos en busca de un trabajo remunerado.

La crisis humanitaria de migrantes en tránsito es un componente de la crisis civilizatoria del capitalismo neoliberal decadente. Actualmente los espacios geográficos más peligrosos del mundo para el cruce de migrantes indocumentados son el corredor mexicano y el mar Mediterráneo.

Un hecho atroz situó la atención mediática sobre la violencia ejercida contra los migrantes. La matanza de 72 migrantes indocumentados de origen centroamericano en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, puso al descubierto la violencia criminal y el acoso de agentes oficiales que cotidianamente agreden a los migrantes centroamericanos en México. Un capítulo complementario de esta problemática es la llamada crisis de los menores no acompañados de origen centroamericano y mexicano que terminaron hacinados en centros de detención en el sur de Estados Unidos.

Desde la óptica de los gobiernos de Estados Unidos y México el tráfico de migrantes centroamericanos indocumentados representa un problema de «seguridad nacional» en cuya doctrina se entremezclan los temas de tráfico de drogas y de armas, además del terrorismo, en un clima de ascendente violencia que pretende ser contenido con medidas punitivas a cargo de fuerzas policiacas que van desde la detención y la deportación de migrantes, pasando por la implementación de medidas de disuasión como el impedimento al abordaje del tren carguero, hasta la militarización y sellamiento de las fronteras sureñas de ambos países. La avalancha humana activó las presiones gubernamentales de cerrar el paso a los migrantes centroamericanos desde México, antes de que arriben siquiera al sur de Estados Unidos.

Para los defensores de los derechos humanos los riesgos y peligros que ponen en predicamento la vida de los migrantes indocumentados representa una crisis humanitaria que es afrontada con asistencia, solidaridad y denuncia de los hechos lacerantes.

Empero, poca atención se concede a las causas profundas de las migraciones en el contexto del desarrollo desigual que articula a las regiones de Centro y Norteamérica mediante dinámicas del capital que desestructuran las economías periféricas para reinsertalas en redes de producción basada en la explotación del trabajo barato, el extractivismo de recursos naturales, la financiarización y el despojo de bienes nacionales y comunes. En el entramado social una suerte de crisis civilizatoria se cierne sobre amplias regiones y clases sociales que deriva en conflictividad, violencia, despojo y migración. Para contrarrestar las migraciones forzadas es improcedente, como lo planteaban las visiones neoliberales, suponer que los propios migrantes, con sus recursos propios, las remesas, detonarán el desarrollo en sus lugares de origen; es menester analizar a fondo las relaciones de poder y las dinámicas del capital subyacentes en la descomposición de la reproducción social y en el despoblamiento de localidades ancladas en las periferias de la economía global.

Despojados, forzados, indocumentados

En el capitalismo de entresiglos, la noción de migrante indocumentado entraña un estigma que lo coloca en la completa indefensión: para los gobiernos de los países por donde transitan y arriban son personas ilegales y sin derechos, sujetos a detenciones, vejaciones y deportaciones; para los ciudadanos son parias cuando no invasores que ponen en peligro la paz social y la cultura. Antes, en los lugares de origen, representan grupos que descienden peldaños en la escala social. Se trata de sujetos despojados, excluidos y empobrecidos, que al no disponer de bases materiales y subjetivas de arraigo (medios de producción y medios de subsistencias) necesitan reconstruir sus vidas en otros territorios, los países de destino, habitualmente centros con mayor densidad de capital que pueden demandar brazos en condiciones precarias e inseguras. Estos espacios ejercen un poder de atracción no sólo de la fuerza de trabajo migrante, sino también del excedente generado en las economías periféricas que, a su vez, se ven compelidas a transferir recursos para cubrir la deuda externa, ganancias de casas matrices, patentes, etcétera. Estas demarcaciones transfieren trabajo vivo y plusvalor, movimiento sistémico que a la postre significa un desfalco y se traduce en una incapacidad estructural para organizar ciclos de acumulación y, eventualmente, redistribuir el excedente económico, si acaso interesar promover un cierto desarrollo humano.

En la vida concreta de los migrantes forzosos la pulsión de vida significa huir de la economía de la muerte donde sólo se consolidan los intereses del gran capital y los privilegios oligárquicos en tanto que la mayoría de las clases sociales se subsume en una espiral de desempleo, pobreza, violencia y desastres naturales.

Si la condición de sujeto despojado, excluido y necesitado caracteriza el migrante forzoso en su país de origen, en el de tránsito se recrudece la situación de vulnerabilidad. Al cruzar el territorio mexicano, el indocumentado centroamericano asume caretas contrastantes que pueden invocar categorías contradictorias como la de «sub-humano», en el sentido de Fanón (2010), es decir, personas cuya condición humana está cuestionada o negada al estar sumergidos en las peores condiciones laborales y sociales posibles y representar formas de sujetos desprovistos de derechos y enfrentados a un clima de violencia que puede derivar en la pérdida de la vida sin mayores consecuencias. Sin embargo, en la economía de la muerte todo es susceptible de comercializarse. Los migrantes indocumentados son tasados como mercancías humanas y pueden ser vendidas, extorsionadas o secuestradas a cambio de sumas de dinero reclamadas por grupos criminales que nunca parecen tomar conciencia de que tratan con sus congéneres, los humanos, sino con especímenes cosificados que tienen un valor de cambio.

El desprecio por la vida humana y la amenaza latente orillan a que los migrantes adquieran una personalidad desleída o camaleónica que quisiera confundirse con el paisaje y perderse en las tonalidades del follaje y el color de la tierra para no ser vistos y detectados por las autoridades y criminales. Pasar inadvertidos, en las sombras de los días, los torna seres clandestinos que cruzan por ambientes de pesadilla ni mejores ni peores que los hábitats de los lugares de procedencia y de destino.

Todos los días transcurren por México nutridos grupos de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades. Afrontan riesgos y peligros que los convierten en víctimas reales o latentes de la criminalidad y las autoridades. Con la vida en vilo están supeditados a sufrir atentados siniestros como asaltos, secuestros, violaciones, desapariciones y asesinatos. En todo momento los principios más elementales de la vida humana están expuestos y la corporalidad viviente se reduce a un botín de guerra que puede convertirse en mercancía para venderla al mejor postor o reclamar un dinero por su rescate.

Procedentes de las orillas del mundo, los migrantes indocumentados que buscan insertarse en los centros de la economía global son «los migrantes que no importan» (^{Martínez, 2012}). Despojadas, excluidas y empobrecidas, estas mareas humanas carecen de interés para las élites políticas y amplios sectores de la sociedad civil. No importan a los gobiernos porque no son contribuyentes que pagan impuestos ni representan a un segmento de la ciudadanía. No importan a los empresarios de servicios porque son menesterosos que van de paso sin ostentar capacidad de consumo solvente, como pudieran ser los turistas. No importan a los políticos que sólo tienen ojos provisionales para las hordas de electores. No importan a la ostentosa Iglesia jerárquica apegada a la teología del dinero porque no aportan limosnas y sólo piden asistencia en el camino. No importan a la sociedad conservadora porque está desinformada y es fácilmente atemorizada por la supuesta invasión de los parias. Esta enervada tesitura anida una pregunta: ¿a nosotros nos importan?

Geopolítica del triángulo norte: expulsión de multitudes

Para los capitales colonial y transnacional, la región de Centroamérica ha sido una economía de enclave funcional a la dinámica de acumulación centralizada por las potencias capitalistas. El perpetuo perfil «primario-exportador» basado en plantaciones de café y banano para la sobremesa del primer mundo, además de las políticas neoliberales impuestas por los poderes supranacionales y adoptadas por las oligarquías nacionales dictatoriales o avaladas electoralmente han multiplicado la pobreza y la violencia social.

Centroamérica ha estado sujeta a golpes de Estado y la intromisión abierta o encubierta de poderes imperiales. Un episodio reciente es la defenestración de Manuel Zelaya en Honduras, quien se habría acercado a las posturas de los gobiernos populares que apoyaban procesos de integración regional Como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Este hecho detonó el incremento del tráfico de drogas y la violencia al tenor de una escalada de represión estatal que deriva en la muerte de la población, entre los cuales se cuenta a líderes opositores, dirigentes campesinos y periodistas.

América Latina está considerada a la vez como la región más desigual y violenta del mundo. En esta región se registra la mayor tasa de homicidios: «36 por ciento de los 437 mil asesinatos perpetrados en el mundo en el 2012 ocurrieron en América» (^{UNODC, 2013}), sobre todo en Centro y Sudamérica. De acuerdo con ese dato Honduras figura como el país más violento del orbe, con una tasa de 90.4 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, le sigue Venezuela, con 53.7; Belice, con 44.7; El Salvador, con 41.2; Guatemala, con 39.9, y unos cuantos sitios después México presenta una tasa de 21.5. Las tasas superiores a 20 se consideran graves. Como un punto de referencia, podemos considerar a Irak que, pese a estar emergiendo de un sangriento conflicto armado, apenas tiene una tasa de asesinatos de ocho por cada 100 mil habitantes. El informe atribuye el elevado índice de asesinatos en América Latina al crimen organizado (30 por ciento) y a las décadas de violencia política. Es sintomático que la mayoría de los asesinatos (66 por ciento) fueron cometidos con armas de fuego.

Las organizaciones mexicanas de traficantes de drogas han causado estragos en Centroamérica, elevando a niveles nunca vistos la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, países a los cuales utilizan como rutas y base para el almacenamiento de las drogas destinadas al mercado de Estados Unidos.

Azuzada por la violencia de las pandillas, la convivencia social está desgarrada. Con la guerra civil en El Salvador, guerrilleros, militares y paramilitares se exiliaron en Estados Unidos, donde formaron pandillas para afrontar a las pandillas chicanas que ya maniobraban en los barrios. Alrededor de 900 pandillas activas aglutinan a 70 mil miembros. Por su experiencia combatiente, las pandillas Mara Salvatrucha y la Mara 18 se convirtieron en las más violentas en los barrios. Muchos de sus miembros han sido encarcelados y deportados, por lo que trasladaron a Centroamérica sus confrontaciones mortales originadas en Los Ángeles, California. Actualmente se estima que unos 100 mil jóvenes de entre 12 y 25 años pertenecen a estas pandillas transnacionales que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá y España. En lugar de acometer las cusas estructurales de las violencias, los gobiernos centroamericanos han respondido con estrategia de mano dura que terminan por reprimir a los jóvenes más pobres.

Por si fuera poco, en 1997 el huracán Mitch devastó Honduras y parte de Guatemala. A su paso arrasó con viviendas, infraestructura y cultivos. Para la mayoría de la población pobre las catástrofes ambientales representan la puntilla en un contexto de crisis social y económica que cierra cualquier expectativa de vida digna.

Corredor mesoamericano

Por la condición de vecindad con Estados Unidos, la economía más grande del mundo y el principal receptor de inmigrantes, cada año circulan por el territorio mexicano unos 400 mil migrantes indocumentados, la mayoría procedentes del llamado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

El tráfago humano entraña múltiples riesgos y peligros que atentan contra la seguridad de las personas y pueden poner en predicamento la vida misma. Los datos oficiales indican que 250 mil migrantes indocumentados son deportados y 1,300 sufren mutilaciones o mueren. Apenas un 15 por ciento logra traspasar la frontera sur estadounidense.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), entre 2007 y 2010 ingresaron a México por su frontera sur 1.9 millones de extranjeros anualmente, de los cuales 17 por ciento eran centroamericanos sin documentos migratorios que se dirigen a Estados Unidos (9 por ciento) o al sur de México (8 por ciento) (^{Rodríguez, Berumen y Ramos, 2011}).

Transmigración de cuerpos

Con la desaparición del tren de pasajeros, desde 1995 surge en México el fenómeno masivo de transmigrantes trepados en trenes cargueros. Hace 18 años fue privatizado el ferrocarril para favorecer los intereses de las corporaciones privadas Genesee & Wyoming Inc. y Grupo México, una estadounidense y otra mexicana. En los contenedores transportan materias primas, mercancías y sustancias químicas. Además, los migrantes indocumentados de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lo abordan, como polizones o «moscas», para llegar a la frontera norte e intentar cruzar a Estados Unidos.

Conocido como La Bestia o El tren de la muerte, el tren carguero atraviesa de sur a norte el territorio mexicano. El trazo de las rutas migratorias apegadas a las vías férreas puede variar. Para efectuar el recorrido, los migrantes toman hasta 14 trenes y demoran unas tres semanas o más antes de arribar a la frontera norte. El Golfo y el Pacífico son las principales rutas que, al menos, surcan 13 estados. En cada tren pueden encaramarse entre 200 y 500 migrantes, pero pueden alcanzar cifras mayores: mil, 1,500 y hasta 2 mil.

La travesía clandestina en lomos del tren, para quienes viajan sin permiso, significa afrontar diversos riesgos y peligros. El más evidente, los avatares del clima conjugan temperaturas extremas de fríos y calores, vientos y lluvias; los malestares fisiológicos consecuentes: insolación, hipotermia, deshidratación y hambre; la violencia de criminales y pandilleros: asaltos, secuestros y violaciones; además las arbitrariedades policiacas y el acoso de garroteros o guardias privadas. El tren mismo, una máquina diseñada para el transporte de mercancías, es inapropiado para quienes viajan como "moscas", pues están expuestos a caerse o ser arrojados del techo de los vagones y sufrir lesiones y mutilaciones, incluso pueden perder la vida. El tren puede accidentarse y ocasionar la muerte de sus ocupantes: el 25 de agosto de 2013 se reportó la muerte de 11 migrantes centroamericanos y de varios heridos por el descarrilamiento del tren.

Mercancía humana

En la economía mexicana, regida por los signos afines del dinero y la muerte, los migrantes indocumentados que atraviesan el territorio nacional han sido tomados por asalto para convertirlos en cuerpos con valor de cambio, una fuente de lucro atrapada en una maraña de actividades ilícitas que enlaza, además, el tráfico de drogas y de armas.

La industria criminal ha tasado a los migrantes indocumentados como una mercancía humana a la cual puede sustraérsele dinero fácil que da forma a una ganancia espuria. Al ser monetizadas, las vidas son depreciadas y desprovistas de dignidad: para liberar a los secuestrados se exige dinero; para rentabilizar los cuerpos femeninos se venden a las mafias del comercio sexual; para nutrir el ejército de sicarios se reclutan migrantes. En el peor de los casos, los migrantes son cuerpos para torturar, desmembrar, violar, asesinar y desechar. Víctimas potenciales son todos los migrantes indocumentados, aunque las mujeres son las más vulnerables: se calcula que seis de cada 10 son violadas; en prevención, muchas se inyectan una solución anticonceptiva antes de la travesía.

El crimen organizado teje una red de criminalidad e impunidad que atrapa a los migrantes indocumentados, la presa fácil. Las organizaciones de traficantes de drogas, sobre todo las más letales, como Los Zetas, convierten a los migrantes en fuente adicional de ganancias. Controlan grandes tramos de las rutas migratorias y subordinan a bandas locales de criminales y traficantes de personas (polleros o coyotes), además cooptan a las fuerzas del orden público. La comisión de delitos de las bandas criminales incluye el secuestro, la extorsión, la violación y el homicidio; las pandillas cometen asaltos y violaciones en el camino. Los traficantes de personas han dejado de ser los personajes comunitarios de las redes sociales -si alguna vez lo fueron- que inspiraban confianza a los migrantes que recurrían a sus servicios para cruzar las fronteras y transitar por el interior del país. Los grupos criminales ahora controlan a los traficantes de personas que operan en el noreste y sureste mexicano; para seguir operando exigen el pago de cuotas y, llegado el caso, participar en secuestros y extorsiones. Por si fuera poco, diversas corporaciones policiacas y agentes migratorios han estado coludidos con los grupos criminales. Además las empresas ferroviarias contratan a garroteros o guardias privadas que cometen la osadía de arrojar a los migrantes que viajan como polizones desde los trenes en movimiento.

A 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 22 y 23 de agosto de 2010 fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos por pistoleros de la organización criminal Los Zetas, presuntamente porque luego de haber sido secuestradas las víctimas no pagaron el dinero exigido para su liberación y no aceptaron incorporarse al grupo criminal. Una segunda masacre en el mismo municipio fue develada seis meses después, en 2011, con el hallazgo de 193 cadáveres en fosas clandestinas. Un año después, 49 torsos humanos desmembrados, presumiblemente de migrantes indocumentados, fueron encontrados en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Para identificar los restos de las masacres, en 2013 se integró una comisión forense con la participación de familiares de migrantes, organizaciones de derechos humanos, antropólogos forenses y funcionarios gubernamentales.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (^{CNDH, 2011}) entre 2008 y 2011 las organizaciones criminales secuestraron a 20 mil migrantes en diversos puntos de México; tan sólo entre abril y septiembre de 2010 habrían sido secuestrados 11,333 indocumentados. De acuerdo con el INM los secuestros de migrantes aumentaron 10 veces entre 2013 y 2014, con 62 denuncias registradas en 2013 y 682 en 2014 (^{Ramírez, 2015}). Algunas organizaciones civiles han estimado que al día son secuestrados 62 migrantes (^{Nájar, 2011}). Las cifras no son muy precisas, pero dan una muestra de la gravedad del problema.

En un informe sobre derechos de los migrantes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta testimonios de personas que fueron testigos de matanzas colectivas, secuestros, mutilaciones, decapitaciones, asesinatos a golpe de martillo y disolución de cuerpos en barriles de ácido (^{CIDH, 2013}). Sin embargo, los hechos transcurren en la impunidad, pese a que se ha documentado la participación de autoridades migratorias en la comisión de delito en 8.9 por ciento de los casos de secuestro de migrantes (^{CNDH, 2011}).

La fosa común es el destino final de personas consideradas desechables por la necropolítica: tan sólo entre 2006 y 2011, los cuerpos de 25 mil personas asesinadas no identificadas fueron depositados en esas sepulturas anónimas, según la Procuraduría General de la República (^{Castillo, 2012}). En otro reporte, la ^{CNDH (2012)} contabiliza 1,230 cuerpos en 310 fosas clandestinas entre 2007 y 2011. A la imprecisión de las cifras mortuorias se suma la incapacidad institucional para identificar los cadáveres, por lo que no es posible deslindar cuántos son o no migrantes.

Traspatio militarizado

Bajo el manto de la «guerra contra las drogas» y la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos impulsa la militarización en México. Desde 2008 ha canalizado 3 mil millones de dólares para financiar y entrenar, con participación de la mal afamada Escuela de las Américas, a militares, policías y agentes migratorios; específicamente se aplican 90 millones de dólares para adiestrar a los agentes del INM (^{Muñoz, 2015}), los cuales estarían emprendiendo directamente la cacería de indocumentados. La designación de Ardelio Vargas -un jefe policiaco especialista en seguridad e inteligencia y operador de acciones represivas como las perpetradas en Atenco y Oaxaca (^{Martínez, 2013})- al frente del INM está en consonancia con la militarización de la gestión migratoria.

Subsidiario de la Iniciativa Mérida, el programa Frontera Sur puede interpretarse como un servicio del gobierno mexicano a su homólogo estadounidense para contener el flujo migratorio centroamericano mediante el endurecimiento de las medidas de seguridad fronteriza que incluyen la militarización de los accesos y rutas; la persecución, detención y deportación de los migrantes, y el acoso de los defensores. Esto es hacer el trabajo sucio.

En respuesta a la llamada "crisis de los niños migrantes no acompañados" verificada en el sur de Texas, el gobierno estadounidense encomienda al mexicano la contención del flujo migratorio indocumentado desde su frontera sur. Para afrontar la crisis migratoria que padece México como país de tránsito, pero también de origen, el gobierno optó por implementar una estrategia de «seguridad nacional» en detrimento de una basada, cuando menos, en la defensa de los derechos humanos.

El plan se basa en un enfoque de securitización. Según lo que se ha informado, el diagnóstico fue elaborado por el gabinete de seguridad, sobre todo por la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. De manera determinante, el gobierno estadounidense aporta fondos por 86 millones de dólares para que su contraparte mexicana implemente el Programa Frontera Sur. El dinero se destinará a efectuar acciones de «combate a la inseguridad, [y] una parte se utilizará para el refuerzo de la frontera sur» (^{Castillo, 2014}).¹ La militarización de la migración avanza con la creación de la Gendarmería en Tapachula, Chiapas, integrada por 5,000 agentes de la Policía Federal de México con entrenamiento militar, la instalación de nuevos puestos de control fronterizo y el incremento de las redadas.

Con el argumento de que se evitará poner en riesgo su seguridad, se tomarán medidas para impedir que los migrantes aborden a La Bestia: reparación y mantenimiento de las vías ferroviarias, mejoramiento de la conectividad y aumento de la velocidad promedio de los trenes. Entre 2014 y 2018 se invertirán 6,058 millones de pesos para incrementar la velocidad del tren carguero del Istmo de Tehuantepec y Chiapas-Mayab, que cruza seis estados del sureste del país, cuyo recorrido es de casi 1,000 kilómetros, con el doble propósito de agilizar el transporte de mercancías (cada año se transportan 2.5 toneladas de carga) e impedir, en definitiva, que los migrantes aborden el tren.

El propósito es contener el paso de indocumentados por alguno de los puntos de cruce de los más de 1,000 kilómetros de franja fronteriza entre México y Guatemala y Belice, con el argumento de salvaguardar la vida y los derechos humanos de los migrantes indocumentados centroamericanos y sudamericanos, además de promover la seguridad y el desarrollo de la zona sur-sureste de México. Las acciones se orientan a mejorar la seguridad en las vías y estaciones ferroviarias. Bajo el principio de «corresponsabilidad» estarán contactados los consulados y autoridades de los países centroamericanos, especialmente se focalizarán acciones en los 23 municipios limítrofes con Guatemala y Belice. Los mecanismos de vigilancia incluyen acciones de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de las vías.

Criminalidad estatal

Históricamente, Estados Unidos ha desplegado en la región una política de intervención político-militar que no sólo ha redundado en la violación de los derechos humanos sino también en el uso de las fuerzas militares para controlar y reprimir a los pueblos. En esa trama aumentan los casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales, fosas clandestinas y desplazamiento de comunidades. La «guerra contra las drogas» se utiliza como señuelo para preservar los intereses económicos y políticos de las oligarquías y grandes capitales.

La configuración del Estado criminal en México es un tema peliagudo y el maltrato a los migrantes indocumentados es apenas uno de sus capítulos. El discurso del poder es hipócrita: mientras rechaza la criminalización de migrantes mexicanos en Estados Unidos concede un trato indigno a los indocumentados centroamericanos y sudamericanos.

Como han reportado defensores de derechos humanos, la violencia y criminalidad en contra de los migrantes cuenta con la complicidad de las autoridades de los niveles municipal, estatal y federal. Además, la violencia no sólo afecta a los migrantes, sino que también se trasmina hacia los defensores de los derechos humanos. En el deslinde de responsabilidades, las autoridades mexicanas suelen descargar la culpa en las pandillas criminales, omitiendo la probable participación de fuerzas de seguridad que suelen involucrarse en la comisión de secuestros y asesinatos, según múltiples evidencias.

Aprobada supuestamente para que la migración no fuera considerada un delito, en la práctica la nueva Ley de Migración aprobada en México no facilita el tránsito legal de centroamericanos por el país. No incluye las figuras de «visa de tránsito» o de «visitante» que autoriza al extranjero permanecer en el país durante 180 días y en cambio exige una serie de documentos que la mayoría no posee (Taniguchi, 2012). Cumplir los requisitos se torna una tarea «imposible», por lo que caminar a pie o ir en el techo del ferrocarril sigue siendo la opción más viable para los indocumentados. En contraste, los contenidos de control migratorio predominan sobre los dedicados a la protección de derechos humanos o, en su defecto, persiste una tensión entre ambos campos temáticos.

Cacería de migrantes

A casi un año de funcionar, el Programa Frontera Sur ha detenido a una cantidad mayor de indocumentados centroamericanos en México que la policía estadounidense. Entre octubre de 2014 y 1 de junio de 2015, la Patrulla Fronteriza detuvo a 85,131 migrantes «no mexicanos», la mayoría centroamericanos, en la frontera sur de Estados Unidos (CBP, 2015); en el mismo periodo el INM realizó 92,889 «eventos de detención» de centroamericanos en México, con lo cual supera con 7,785 a la implacable Patrulla Fronteriza. En ese tenor, el Programa Frontera Sur que presume «proteger» a los migrantes y «ordenar el paso fronterizo», en realidad ha desatado una oleada de detenciones masivas de migrantes. Es claro que por esta vía Estados Unidos delega el problema de la migración al gobierno mexicano, y éste asume el nada honorable papel de «jefe deportador», que había sido endilgado al gobierno de Barack Obama, quien se sacude el mote y disuelve la aglomeración de familias y menores centroamericanos no acompañados en sus propios centros de detención.

El Programa cumple el cometido de aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes desde México. Según el INM, en 2013 fueron detenidos 86,929 migrantes y en 2014 alcanzaron 127,149, es decir, hubo un incremento de 46 por ciento. Entre enero y febrero de 2014, el Instituto detuvo a 14,612 migrantes, y en el mismo periodo de 2015 detuvo a 28,862 migrantes, un aumento de 98 por ciento (^{OEA, 2015}).

Entre 2011 y 2014, las detenciones de migrantes centroamericanos aumentó 90 por ciento, sin embargo la detención de niños y adolescentes superó 400 por ciento de esas acciones, según el Centro de Derechos Humanos (CDH) «Fray Matías de Córdova». Estas detenciones realizadas en las estaciones migratorias suceden en condiciones violatorias de las garantías básicas y la mayoría de ellas se registran en Chiapas.

La detención de migrantes centroamericanos en México se caracteriza por la violación a los derechos humanos. No se respeta el debido proceso y en consecuencia se obstruye una adecuada defensa jurídica y la atención consular, en tanto que se desestiman las solicitudes de asilo de quienes huyen de la violencia y amenazas de pandillas y grupos criminales. Además, en las estaciones migratorias e instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) persisten malas condiciones de alimentación, estancia, discriminación y daño psicológico para los menores de edad que llegan solos.

Al asumir esta función, el gobierno mexicano refuerza su papel de subordinado y acomete un problema nuevo sin estar preparado: no ha ampliado la infraestructura y dispone del mismo número de agentes migratorios que el año precedente, mientras que casi ha duplicado las detenciones de migrantes; esto augura un sobregiro en el accionar de los agentes y, peor aún, el confinamiento de los migrantes en estaciones migratorias saturadas sin garantizar con dignidad la alimentación, salubridad y respeto a los derechos humanos de los detenidos.

En México, la detención y deportación de centroamericanos coloca a miles de niños y familias en situación de alta vulnerabilidad, pues la devolución no contempla la protección o refugio. Los testimonios aluden a un uso excesivo de la fuerza por autoridades en las redadas en las comunidades y en los trenes. Los defensores de los migrantes denuncian las violaciones al debido proceso a los solicitantes de asilo. Mientras las autoridades desoyen las historias de vida y continúan en la impunidad fenómenos como la trata de personas, los secuestros y violaciones sexuales. La política punitiva obliga a los migrantes indocumentados a buscar otras rutas más peligrosas por tierra y mar, lo cual se traduce en cambios en el tejido de redes criminales que persiguen a los migrantes.

En México están prisioneros 1,219 centroamericanos, primordialmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, sobre todo en cárceles de Chiapas (^{Centro Prodh, UIA, 2014}). Los datos no son precisos, pues no todas las fuentes oficiales ofrecen información. A casi la tercera parte se le imputa el delito de robo y en menor medida homicidio, delitos sexuales y delitos contra la salud, entre otros. El Estado mexicano no garantiza a los prisioneros sus derechos, como disponer de protección consular antes de rendir la primera declaración, no ser discriminado, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Un promedio de 140,000 migrantes indocumentados son detenidos en México, la mayoría centroamericanos con destino a Estados Unidos (^{CNDH, 2009}). Paradójicamente, ante la carencia de registros oficiales sobre la violación a las garantías fundamentales de los migrantes, el recuento de hallazgos de cuerpos sepultados en fosas clandestinas ofrece un indicador alternativo acerca la dimensión de la problemática.

La violación de los derechos humanos de los migrantes también acontece en Estados Unidos. Cotidianamente, la Patrulla Fronteriza suprime las garantías fundamentales de los inmigrantes indocumentados centroamericanos, sudamericanos, mexicanos y de otras procedencias. Las muertes perpetradas por esa policía son nota habitual. Al menos han muerto 74 mexicanos por abuso policiaco o uso desproporcionado de la fuerza de la Patrulla Fronteriza o policías en Estados Unidos desde 2006 (^{Gómez, 2015}). Mientras tanto la Patrulla Fronteriza ha sido reforzada. De 1993 a 2008 se registró un crecimiento exponencial de agentes de esa corporación. En la administración del ex presidente Bill Clinton el número de agentes pasó de 4,028 a 9,215 en ocho años, un incremento de 56.3 por ciento. Durante el mandato de George W Bush el número se movió de 9,821 a 17,499 vigilantes fronterizos en ocho años; un aumento de 43.9 por ciento. En contraste, el gobierno de Barack Obama inició con 20,119 agentes, llegando en 2013 a 21,391, un incremento de 5.95 por ciento en cinco años.

Dignidad humana

La estampida poblacional que viaja de manera clandestina está expuesta a las peores bajezas y a las mejores expresiones de solidaridad humana. En igual sentido, cuando el derrotero de los pobres de la tierra parecía ser el infierno o el cementerio, germina una red de solidaridad que hace renacer la dignidad de la vida humana. Frente a los retenes y estaciones migratorias que detienen y deportan a los indocumentados, y ante los arteros ataques de las bandas criminales, a lo largo de la azarosa travesía surcada por miles de kilómetros de vías férreas, un pequeño ejército de sacerdotes, monjas y laicos de la Pastoral de Movilidad Humana han construido una cadena de más de 50 albergues o casas donde se brinda hospedaje y alimentación a los migrantes. Es el caso del Albergue Hermanos en el Camino ubicado en Ixtepec, Oax., dirigido por Alejandro Solalinde; el Hogar Refugio para Personas Migrantes La 72 en Tenosique, Tab., dirigido por fray Tomás González, y Belén, Posada del Migrante en Saltillo, Coah, dirigido por Pedro Pantoja.

Los albergues pretenden brindar una atención que contrarreste, así sea momentáneamente, las razones por las que migraron y el maltrato recibido en México: frente a la violencia encuentran un lugar tranquilo para descansar; ante el hambre pueden comer; si no han dormido podrán pernoctar bajo un techo que les ofrece al menos un colchón donde reparar el cansancio acumulado. El sostén de estos albergue es el trabajo de voluntarios y las donaciones. Además de ofrecer descanso estos espacios contribuyen a documentar el flujo migratorio y a defender los derechos humanos.

Para los caminantes que llegan con los cuerpos cansados, golpeados y heridos, con los pies destrozados, los bolsillos vacíos y los estómagos hambrientos, la caridad de los albergues representa un remanso para encontrar cama, alimento, vestido y descanso; significa un oasis para preservar la vida, un lunar de esperanza en medio del peregrinaje infernal que comienza en Tecún Umán, Guatemala, en las inmediaciones del Río Suchiate, la puerta de entrada al averno mexicano donde la vida del migrante pende de un hilo.

Para los defensores de los derechos humanos de los migrantes, como fray Tomás González, «la inacción, complicidad e involucramiento de las autoridades gubernamentales con los grupos paramilitares y la delincuencia organizada, en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes -incluso con las desapariciones forzadas-, forma parte de la gran estrategia para frenar el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos» (^{Román, 2015}). Las bandas paramilitares campean en las rutas del tren La Bestia, donde libremente extorsionan y secuestran a migrantes, en tanto que las fuerzas de seguridad han copado las carreteras para inhibir los desplazamientos. Todo ello ha obligado a los centroamericanos a utilizar rutas diversas, que resultan más peligrosas y caras que las tradicionales.

Cuando pende de un hilo la vida de los migrantes que viajan como «moscas» en los lomos del tren carguero, un grupo de mujeres voluntarias acude a su auxilio y les ofrece el mínimo vital para que puedan seguir el camino sin desfallecer. En La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz, todos los días Leonilda Vázquez, de 78 años, y su hija Norma Romero, junto a otras 12 mujeres, además de dos hombres, preparan las provisiones. Desde temprano encienden la fogata para preparar grandes cacerolas de arroz, frijol negro y salsa macha. Recaban donaciones de la comunidad, como pan dulce y verduras. En la cocina se preparan alrededor de 15 kilos de arroz y 20 kilos de frijoles y botellas de agua, además se recolectan pan o tortilla de maíz. Llenan botellas de plástico con agua del pozo. Preparan alrededor de 200 lonches en bolsas de plástico.

El colectivo conocido como Las Patronas por la nombradía del poblado y la autoridad moral ganada entre los migrantes, realiza esta labor desde hace 20 años. No forman una organización ni asociación civil ni pertenecen a un partido político, simplemente son mujeres con lazos familiares y de amistad que abarcan tres generaciones, cuyo mayor interés es ayudar al migrante desvalido, en un genuino acto de amor por el prójimo.

En el punto culminante acuden a las vías férreas para entregar los víveres en las manos de los migrantes encaramados en los vagones de un tren en pleno movimiento. Esta maniobra es arriesgada: la máquina de acero, con más de cien toneladas de peso y una gran velocidad, cimbra la tierra, además de que los migrantes estiran con fuerza brazos y manos para tomar las bolsas con el peligro de derribar a sus valedoras. Literalmente a pie de vía, el trabajo cotidiano de Las Patronas entraña una alta dosis de emotividad que imprime un aliento de vida a los caminantes.

Algunos movimientos sociales también se han expresado en defensa de los migrantes. Entre ellos el activismo y movilizaciones del padre Alejandro Solalinde mediante el «viacrucis migrante», la Caravana de Madres que en 2010 comienza en Honduras en busca de sus hijos desaparecidos y el Movimiento Migrante Mesoamericano. Algunas organizaciones gremiales, como los Periodistas de a pie, han investigado y documentado la masacre de migrantes centroamericanos. A ello se suma una copiosa producción cinematográfica y literaria frente a la migración centroamericana que aporta otras miradas al fenómeno.

Conclusión

En ese trance, los migrantes indocumentados representan un desdoblamiento negativo y positivo de la vitalidad. Por una parte, son víctimas de la economía capitalista que niega la reproducción de la vida en condiciones dignas, pues en sus países, como en el nuestro, prevalecen la pobreza, la violencia, el despojo y la inseguridad; la mínima ecuación, trabajar para sobrevivir, ya no es posible. Por otra parte, los caminantes representan vida iluminada, encarnan la esperanza de reconstruir la vida destrozada en su país de origen.

Una maraña de crímenes, drogas, violencia y connivencia oficial propician que la realidad sea mucho más contradictoria que las interpretaciones parciales que hacemos de ella; no obstante no podemos argüir que las salidas están cerradas a condición de que acometamos las causas estructurales que las ocasionan.