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Introducción
La ciudad turística de Puerto Iguazú, ubicada en noroeste de la Provincia de Misiones en la República Argentina, alberga al destino turístico Iguazú-Cataratas y por ende al Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y Nueva Séptima Maravilla del Mundo Moderno. En sus cercanías se ubica un área periurbana denominada “Reserva Iriapú, 600 hectáreas”, definida como la zona de estudio por concentrarse las mayores inversiones acontecidas en el destino turístico.
Estas tierras selváticas en buen estado de conservación, son el hábitat desde hace tiempo de la comunidad Mbya Guaraní, (grupo Iriapú), donde se instalaron mega-emprendimientos hoteleros a partir del proceso de transferencia de tierras fiscales del Estado nacional a la esfera provincial posibilitando la concreción de un polo turístico.
El objetivo de la planificación del destino y del sector fue atraer turistas e inversores extranjeros. De este modo, se abandonó la concepción histórica del turismo como derecho social y el empresariado global, se constituyó como un actor privilegiado.
Esta zona que alberga a la comunidad nativa de guaraníes Mbya presenta impactos sociales y territoriales a partir del 2003, momento en el cual se incrementaron los flujos de capital internacional y las políticas públicas en materia de turismo se consolidaron hacia procesos de internacionalización (Schenkel y Almeida, 2015 y Cammarata, 2012).
En este sentido, el objetivo de la presente investigación versa en identificar cuáles han sido esos impactos socio-territoriales en el área de amortiguación entre la ciudad de Puerto Iguazú y la "Reserva Iriapú, 600 hectáreas".
El artículo se organiza en introducción, desarrollo del tema y conclusiones; en el segundo apartado se mencionan algunos referentes conceptuales como turismo, territorio, identidad, formas alternativas de turismo, la descripción de la zona de estudio y los proyectos turísticos desarrollados en el destino Iguazú-Cataratas, como consecuencia de la llegada de Inversiones Externas Directas (IED), que se ubican en las reformas estructurales de los 90’, que posteriormente bajo un nuevo impulso económico fueron la plataforma del proyecto para la creación del polo turístico Iriapú. Este será objeto de análisis respecto de qué significó y significa para la comunidad receptora, las empresas nacionales y los inversores extranjeros en materia de impactos.
Finalmente en las conclusiones se puede inferir que el poder político se muestra subordinado a ciertas formas de acción propuestas por y para las grandes empresas turísticas condicionando los aspectos económicos, sociales y territoriales a las necesidades del mercado e ignorando las demandas sociales de la población residente.
Antecedentes
El turismo como fenómeno económico, político, social y cultural mueve, a nivel mundial, un importante volumen de personas y capitales, impactando cada vez más en las diferentes sociedades. Una primera aproximación nos lleva a definir el turismo como un fenómeno complejo y de los más expresivos de las sociedades postmodernas, ya sea por su manifestación espontánea o planificada, por su desarrollo doméstico o artesanal, por su condición de productor, consumidor y transformador de espacio o por su sistema de valores (representaciones e imágenes) y estilos de vida que impregna la práctica turística (Bustos, 2001).
El turismo es un “sistema de actores, de prácticas y de espacios que participan de la recreación de los individuos por el desplazamiento y el habitar temporal fuera de los lugares de lo cotidiano” (Knafou y Stock, 2003: 931). El concepto refiere a la articulación de actores, prácticas y espacios en torno a la construcción de un espacio dedicado al ocio distinto de la cotidianeidad vivida. En las prácticas turísticas está implícito “el territorio” por el desplazamiento para conocer, sentir, vivenciar, recorrer, ubicarse, por el valor simbólico del sitio que se visita (Cammaratta, 2011), y sobre los cuales se construye un mundo distinto caracterizado por reglas de comportamiento, criterios de construcción de identidad y motivaciones (Hiernaux, 2000).
El concepto de territorio se presenta como el escenario en donde los actores sociales configuran diversas concepciones de acuerdo a sus formas de vivir, entender y sentir. En el territorio está implícita una carga de sentido a partir de tres ejes primordiales: la identidad, las relaciones y la historia.
El territorio es una construcción social que se lo define desde el enfoque relacional en virtud del interés de controlar recursos o personas, desde formas violentas a otras más sutiles como el marketing y la publicidad (Reboratti, 2008). Por lo tanto, el territorio se constituye como “el resultado de conflictivos procesos de identificación, apropiación y delimitación de espacios en los cuales cada grupo busca ejercer su accionar excluyendo, sometiendo, subsumiendo o asimilando a otros”. En consecuencia el territorio puede ser monopolizado por un grupo dominante (Madoery, 2011).
Sin embargo los impactos de la relación entre turismo y territorio pueden “mediatizarse por políticas adecuadas”, indicadas en la lógica de la planificación (Filardo, 2006).
Aunque los destinos turísticos compiten por atraer inversiones, principalmente privadas, otorgando ciertos beneficios al capital global, a partir de la supresión de barreras y controles fiscales por parte de los Estados. Hernández (2009:5) explica que “frente al incremento constante de las inversiones de empresas y firmas multinacionales en los sitios turísticos, podemos definir la existencia de un Proyecto Turístico-Transnacional (PTT) con marcos normativos, políticos, urbanos, económicos, ambientales y sociales, definidos por organismos internacionales, sectores político-administrativos y firmas multinacionales, que construyen nuevas territorialidades e identidades a partir de los llamados procesos de turistificación”.
Entre tanto el campo transnacional como comenta Dollfus “está formado por flujos de capital que intentan evitar, contornear o borrar las fronteras nacionales. De allí que, las grandes firmas y los grandes grupos financieros y económicos, cuyo campo de acción es lo transnacional al confrontarse con sistemas organizacionales rígidos o proteccionistas de los Estados, exigen de ellos transformaciones normativas para tener acceso al control de ciertos sectores de las economías domésticas” (1987 en Silveira, 1997: 48).
En este sentido los efectos de la Inversión Extranjera Directa (IED) en las economías receptoras se traducen en impactos positivos y negativos; los beneficios indirectos son conocidos en la literatura económica como spillovers (magnitud del derramamiento). Entre los efectos directos se espera unas mayores tasas de crecimiento de la economía doméstica, mayores niveles de empleo e ingreso doméstico. En cuanto a los indirectos se espera mayores niveles de productividad que serán obtenidos gracias a que la IED permite a las economías receptoras tener acceso a tecnologías de punta; además, los empleados de las firmas extranjeras, por lo general, reciben capacitación para emplear estas nuevas tecnologías. Las economías receptoras esperan que las firmas domésticas se vean beneficiadas en el mediano y largo plazo con la transferencia de conocimiento de las firmas extranjeras.
No obstante, para que se presenten estos spillovers también es indispensable que existan las condiciones necesarias para la transferencia de conocimiento como, por ejemplo, que la brecha tecnológica entre el país que realiza la IED y el país receptor no sea demasiado grande (Jiménez y Rendón, 2012:124).
Los antecedentes a la llegada de IED en Argentina se remiten a la implementación de reformas estructurales del modelo neoliberal, caracterizado por la “desregulación” (de los mercados, la apertura comercial y financiera; y la privatización de bienes públicos), que durante la década de los años 90’ implicaron un reordenamiento del poder, al minimizar el papel regulador y el peso económico del Estado.
Los flujos de capital internacional se incrementaron a partir de tales reformas, incluyendo los beneficios otorgados por el Decreto Reglamentario de la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.283) Decreto 1853/93. Esta normativa jurídica aún vigente, tiene gran impacto al considerar en su artículo 1ª que “los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país...tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. Por lo tanto, “supone desconocer principios elementales de la realidad económica vinculado a las asimetrías de poder entre la gran mayoría de las firmas nacionales y sus similares de capital foráneo” (Herrero, 1972 en Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2012:14).
Esta situación tiene su inicio en Puerto Iguazú con la adquisición del Casino Provincial, el primero en ser privatizado en la Provincia en 1994 y vendido posteriormente al grupo HCI S.A del empresario estadounidense James Sasha que amplio las inversiones al área hotelera. La venta en 1999 del emblemático Hotel Internacional Iguazú a la firma Stawood, creó un enclave de exclusividad bajo la marca “Sheraton” dentro del Parque Nacional Iguazú. En el año 2000, esta misma empresa obtuvo la adjudicación de explotación por 20 años del ex Hotel del Instituto de Previsión Social (IPS), localizado en un punto estratégico de la ciudad. (La Nación, 1999; La voz de Cataratas, 2011 y La voz de Cataratas Turismo, 2015).
En consecuencia las políticas públicas en materia de turismo se fueron orientando hacia procesos de internacionalización. El objetivo de la planificación del destino fue atraer turistas e inversores extranjeros abandonando la concepción histórica del turismo como derecho social.
Puerto Iguazú: construcción de una ciudad turística dual
La ciudad turística de Puerto Iguazú, ubicada en noroeste de la Provincia de Misiones en la República Argentina, se encuentra en un área limítrofe con la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay. Es un territorio transfronterizo y global caracterizado por la interacción de los flujos de bienes, de imágenes, de personas y de capital global.
En este territorio transfronterizo están presentes formas de identificación supranacionales en convivencia con la fuerza de los contextos nacionales, en la persistencia con representaciones sobre las diferencias, mitos y discursos sobre la pertenencia a una u otra de las sociedades nacionales (Montenegro y Giménez, 2006).
Hacia fines del año 2004, Puerto Iguazú incrementó el número de turistas y mostró cambios en el perfil de demanda ante la creciente llegada de turistas internacionales y la paulatina incorporación de consumidores nacionales como consecuencia de la devaluación de la moneda. Esta decisión mejoró los niveles de competitividad al eliminar las asimetrías de precios desfavorables para los productos turísticos hacia el país y la región (Cammaratta, 2011). Simultáneamente, se fue incrementando la llegada de mega inversores extranjeros, marcando una notoria diferencia respecto del periodo anterior e impactando fuertemente en el territorio turístico.
Fuente: Administración de Parques Nacionales, 2014.
Tabla 2 Visitantes Parque Nacional Iguazú, Argentina (2006-2014)
En el nuevo escenario económico y político el turismo se constituyó en un sector de importancia. La llegada de inversiones es legitimada por el Estado en función de la dinamización de múltiples sectores de la economía, la generación de nuevo empleo y el incremento de las divisas para el pago de deuda externa.
Respecto del turismo, la entonces Secretaría de Turismo de la Nación (2008) puso en ejecución el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS 2005-2015) a fin de promover el crecimiento económico y el desarrollo. El instrumento destaca al Corredor Turístico Iguazú-Misiones Jesuíticas, como un circuito de 250 km de recorrido en torno a dos Patrimonios Mundiales (Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Mini y el Parque Nacional Iguazú), y a un conjunto de atractivos turístico-paisajístico. La ciudad de Puerto Iguazú se configuraba como la ciudad turística de ingreso al corredor y a cuyo objeto se proponía la movilización de inversiones para mejorar la infraestructura, y la oferta de servicios acordes a su inclusión en el mercado turístico global.
En este sentido, la esfera provincial elaboró en 2007 el Plan de Competitividad Turística del Corredor Iguazú- Misiones y el Plan Maestro para el Desenvolvimiento Integral de las 600 hectáreas y aledaños.
Puerto Iguazú es la cuarta ciudad más poblada de la Provincia de Misiones y un centro atractivo para quienes están en la búsqueda de recursos laborales, financieros y educativos de otras regiones del interior provincial (Cammarata, 2011). Sin embargo, su territorio está limitado por los bordes del Parque Nacional y por los ríos Iguazú y Paraná, y condicionado a una posible expansión del ejido urbano ante un incremento demográfico.
La ciudad es un aglomerado de 42.849 habitantes, según el registro del último Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con un crecimiento del 33.7%, de la población respecto del anterior censo poblacional de 2001 (INDEC e Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones, 2016).
Diversos trabajos de planificación detallan las dificultades de ordenamiento territorial y de déficit de infraestructura urbana. Sin embargo, la problemática sigue vigente y se agudiza con el contexto “Puerto Iguazú careció históricamente de una adecuada planificación, su trazado es caótico y tiene grandes falencias en los servicios básicos de agua y electricidad, no cuenta con sistema cloacal y los arroyos que atraviesan el ejido municipal están altamente contaminados” (Gandolla, 1995 en Núñez, 2009: 3).
Un sector de la población de Puerto Iguazú presenta una situación de precariedad y/o de exclusión en un entorno de degradación ambiental, que contradice los discursos ecológicos legitimados por el turismo. Existe abandono, falta de inversiones y carencia de tierra para uso habitacional en un sector de la ciudad que agudiza la lucha entre actores sociales, al disputar la posesión y uso del suelo (Núñez, 2009).
En consecuencia se produjo un proceso de ocupación espontanea de tierra fiscal en los años posteriores a la crisis económica del 2001, por parte de un sector social vulnerable que presentan un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en un sector históricamente relegado por el Municipio, denominado “Dos Mil Hectáreas”. Los involucrados en la ocupación aumentaron desde el año 2003 hasta duplicarse 5 años después, por el arribo continúo de nuevas familias (Núñez, 2009:8).
La existencia de áreas fiscales escasas, en un contexto de creciente actividad turística y comercial asigna a estas tierras un alto valor; y simultáneamente incrementa la confrontación entre actores con visiones antagónicas. Por una parte estaban quienes se asentaron en las tierras fiscales, catalogados como “ilegales”, “usurpadores” (el municipio) y quienes justificaron el asentamiento en función del derecho a habitar la ciudad (sectores sociales vulnerables).
La presente investigación se centra en otro espacio de controversia denominado “Reserva Iriapú 600 hectáreas”, en el cual el capital turístico global concentra sus inversiones en infraestructura hotelera apoyado en ciertos atributos ecológicos que expresan “lo auténtico” y “lo espectacular” del paisaje selvático.
El Proyecto Iriapú, 600 hectáreas: Impactos
La iniciativa de desarrollo turístico de la Reserva Iriapú según Núñez (2009) llevó implícita desde el inicio la idea de separación de los espacios turísticos1 de los no turísticos, es decir se segrega social y espacialmente al construir espacios diferenciados en el contexto de la expansión del capital turístico internacional. Estos espacios son los receptores de las inversiones tanto del Estado, de esta alianza con el capital privado o del privado en forma mayoritaria. La segregación se define bajo una lógica mercantil al localizar mega-emprendimientos hoteleros con acceso exclusivo al río Iguazú. Estas inversiones conllevan la actuación de actores dominantes constituidos que producen patrones de consumo, apropiación y uso selectivo del espacio.
De este modo, siguiendo a Mantobani (2004 en Hernández, 2009: 5) Puerto Iguazú tiende a la fragmentación; una ciudad efímera, aquella donde se concentran las inversiones de la industria turística y por otro lado, aquella ciudad cotidiana habitada por la comunidad local, donde la desinversión es una tendencia desde antaño.
El proyecto que comprendía el uso de 335 de las 600 hectáreas sobre el estratégico río Iguazú fue controversial y presentó distintas posturas por parte del empresariado turístico local. Un informe de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Misiones expresa opiniones opuestas, están quienes suponen una mejora en los niveles de calidad de servicios y por lo tanto un mayor grado de competitividad; y por el otro, quienes advierten la llegada de inversiones extra locales como una amenaza (Dieckhow et al, 2008).
En el año 2003 en ocasión de presentar el Proyecto Iriapú, el Subsecretario de Turismo de la provincia Jorge Bettaglio explica “desde el punto de vista del inversionista, la provincia dispone de un área espectacular que se denomina 600 hectáreas, y que limita con el Parque Nacional Iguazú, el Río Iguazú y la ruta nacional Nº 12. Dentro de ese espacio hay posibilidades para el sector privado. En función de una regulación que se realizó oportunamente, se puede optar por distintas opciones. Los requisitos son: el inversionista debe tener know how y presentar un proyecto realizable. Después la Provincia lo evalúa y aprueba. Cuando ya se completó la inversión, se otorga la propiedad del lugar. No son las únicas inversiones que admite la Provincia: en el centro de Iguazú, a 10 km de las Cataratas, también hay espacio para otros servicios, como centros de convenciones, canchas de golf, centros de gastronomía” (Dieckow et al, 2008: 34)
En realidad, el Estado provincial le asignó un rol preponderante a la Subsecretaría de Gestión Estratégica de Misiones. Este fue el órgano ejecutor del marco regulatorio para el uso y manejo de recursos naturales y para la gestión de la infraestructura en el área. En el proceso de adjudicación de lotes a los futuros inversores, el organismo priorizó en sus inicios al capital externo. “La apertura de convocatoria no fue publicada en los medios provinciales, sino que se invitaron a empresas nacionales y cadenas a invertir de forma discriminada, lo cual generó desagrado en los inversores provinciales y locales, por ello, se decidió permitir a una fracción de ocho empresas locales hacer inversiones en el mismo” (Dieckow, 2011: 173). Estos ocho proyectos locales preveían una inversión estimada en los 300 millones de pesos solo en este lugar (Cáceres, 2012).
El proceso de desarrollo de las 600 hectáreas alentó la promesa de lograr una ciudad planificada. La expansión urbana desordenada y la demora en la implementación de planes de ordenamiento territorial fue históricamente una demanda de la ciudadanía de Puerto Iguazú.
Se esperaba la concreción de acciones integrales para el desarrollo de emprendimientos turísticos, culturales y medio ambientales; que a la vez respondieran a las crecientes demandas de la población, según constaba el Decreto Provincial 2385/86 de Afectación de Tierras de Iriapú.
Sin embargo, resultó paradojal el nivel de sofisticación de los emprendimientos de capital transnacional al expresar ciertos estándares tecnológicos y urbanos en función de una idea de marca y de un estilo de vida propio de los países de origen del capital (Imagen 1). De allí que el vínculo con el entorno, se suele limitar a excursiones programadas, y/o aventuras escenificadas, rigurosamente controladas y sin riesgos evitando un mayor contacto con la comunidad extramuros de los establecimientos (Rodrigues, 1997).
Las políticas turísticas y territoriales provinciales lejos de propiciar un desarrollo justo y equilibrado, excluyeron a la comunidad de las instancias de discusión y toma real de decisiones. Las necesidades y prioridades territoriales se definieron finalmente con la inclusión de parte del empresariado local (Imagen 2), que consensuaron e instalaron la idea de los beneficios del desarrollo turístico de las 600 hectáreas en la agenda local.
El mercado se configuró como un organizador más “eficiente”, mientras los ciudadanos de Puerto Iguazú observaban con preocupación. La antropóloga Carolina Núñez a instancia de un trabajo de campo detalla en las palabras de los residentes esta cuestión: “acá hay un S.O.S urgente, urgente, porque el noviazgo con los recursos se perdió totalmente, cada vez más, se distancia cada vez más y ahora este proyecto 600 has. (…). Te voy a dar un ejemplo concreto, se terminan todas las obras que se van a concretar -bienvenido sea- de las 600 has., pero ¿dónde va a vivir la gente?, ¿dónde va a estudiar esa gente, a qué centro de salud?… o sea hay un déficit de arrastre ya que viene desde hace muchos años (…) si no hay ordenamiento esto no va andar, lo único que se va formar es una gran villa miseria, con el agregado que al estar las 600 has., Cataratas, aeropuerto, ¿el turismo que va hacer? aeropuerto, Cataratas, se aloja en las 600 ha y se vuelve. ¿Qué le va ofrecer Iguazú? una ciudad llena de marginalidad, de pobreza, de inseguridad y las inversiones se nos van, ¿dónde? (Núñez, 2009: s/p).
El impacto de las políticas turísticas y territoriales alcanzó de forma significativa a la comunidad Mbya Guaraní amenazada de perder el hábitat ocupado en Iriapú. Los Mbya Guaraní han logrado mantener un cierto aislamiento con respecto a la sociedad; al sustentarse del uso autónomo de los recursos del monte. Pero sin reconocimiento social ni estatal como parte del colectivo de Puerto Iguazú, sumado al progresivo deterioro de la floresta y la dificultad de acceso a la tierra, se produjo una situación económica crítica que llegó a poner en riesgo la subsistencia de la comunidad (Wilde, 2007). Por ello, en el último tiempo tuvieron la necesidad de entablar contacto con el blanco acrecentando la dependencia de dinero.
La actividad de la comunidad se liga a la realización de artesanías para los turistas, aunque esta resulta insuficiente. La disminución de sus capacidades de autogestión aumento de manera considerable el poder de las organizaciones asistencialistas, que intervienen desde entonces en los asuntos internos de la comunidad (Wilde, 2007).
El conflicto por la tenencia de sus tierras y la puesta en marcha del complejo turístico, produjo divisiones internas como también alineamientos con nuevos actores, como las ONG “amigos de la comunidad Iriapú”, con vinculaciones con la Pastoral de Puerto Iguazú, el Instituto Tecnológico de Iguazú (ITEC), en conjunto con “Niagara College” de Canadá, en la implementación del Modelo Argentino para el Turismo y el Empleo (MATE).
En la cosmovisión de los Mbyá, la tierra “no tiene dueño y por tanto no debería de poder venderse ni alquilarse ni traspasarse, ni convertir la aldea en un fetiche turístico”. En otras palabras, “somos nosotros sus invitados, y no ellos los nuestros. Además de como consumidores, la otra cara de los turistas es verlos como traficantes de lo exótico” (Piñiero, 2013:143).
Siguiendo a Harvey (2003) la concreción del megaproyecto que introdujo nuevas relaciones de poder impactando en el territorio; solo es posible mediante la acumulación por desposesión es decir, la apropiación privada de los territorios por parte del capital global con ayuda del Estado.
Esto resulta de despojar a las comunidades de los Mbya Guaraní de lo que era una propiedad común para favorecer la acumulación del capital privado en pos de un desarrollo turístico respondiendo a las necesidades de los sectores empresariales más privilegiados. Varios autores lo entienden como una nueva privatización y mercantilización del espacio; que para Delgado Ramos promueve un extractivismo depredador, significando la desposesión de los bienes comunes, como el despojo gradual del futuro (Delgado, 2013).
El proceso conflictivo entre actores por la disputa de las tierras para el proyecto condicionó las relaciones sociales a las leyes del mercado, invisibilizando a las comunidades nativas que pugnaron por la titulación de tierras. Finalmente, la ley provincial 4098/04, le otorgó a la comunidad guaraní aproximadamente unos 265 hectáreas de las 600 originarias y las declaro Reserva Natural y Cultural (Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, 2004).
Simultáneamente y con distinto grado de intensidad se avanzó con la instalación y construcción de los establecimientos e infraestructuras de gran envergadura dentro del denominado segmento ABC1 (Tabla 4), cuyo perfil corresponde a una población socioeconómica alta y de consumo de bienes y servicios sofisticados. El proyecto fue promocionando como un desarrollo inmobiliario turístico ecológico en plena selva virgen.
Fuente: Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, 2014.
Tabla 4 Evolución hotelera en Puerto Iguazú
Sin embargo, este desarrollo inmobiliario turístico ecológico, suscito varios casos de incumplimiento y parálisis de inversión. “Un grupo de empresarios cordobeses, liderado por Sergio Roggio (accionista del holding homónimo), destinará $8 millones para un parque temático y 100 habitaciones, con el nombre Tekoa. Y el dueño del hotel 4 estrellas Saint George, de Puerto Iguazú, levanta el complejo de cabañas La Aldea, con $2 millones” (El Cronista, 2006). El permiso de ocupación del primer proyecto permanece vigente pero el proyecto esta aun inconcluso.
Por otro lado, la firma Vencejo Cascada Iguazú S.A del grupo español Alnimar, controlada inicialmente por Gabriel Nicolau I Curull, comprometía en 2006 a invertir 15 millones de dólares para construir un hotel de cadena “El Hilton Iguazú Resort contará con 158 habitaciones, un restaurante, pileta de natación al aire libre, spa, fitness center, salones de eventos y reuniones, centro de convenciones de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas, y puerto deportivo propio.
Cabe destacar que el Resort será el primero en ofrecer a sus visitantes acceso directo a las Cataratas de Iguazú a través de paseos en lancha partiendo desde el puerto deportivo del hotel” (Misiones Online, 2005). Esta propuesta hotelera millonaria, sin concretarse y abandonado al 40% de su construcción afrontó una batalla judicial por incumplimiento contractual para posteriormente ser adquirido por un grupo inversor de Luxemburgo que reinicio el proyecto original (Misiones Online, 2005).
Diferente fue el caso de la inversión de 4.372.000 dólares estimada para el emprendimiento Fincas Patagónicas S.A, al quedar sin efecto su permiso de ocupación debido al incumplimiento de las obligaciones (UNaM, FHCS y SinvyP, 2010).
La paralización de muchas de estas grandes inversiones coincide con la crisis mundial de 2008. Sin embargo, el Director de Turismo del área internacional Eduardo Allou señaló ese mismo año “el problema financiero económico que está sintiendo el mundo, puede dejar que la gente invierta en la bolsa pero muchos inversores van a buscar el viejo sistema de poner la plata en inmuebles, entonces vamos a tener la suerte de que van a venir más inversores, ya que se está haciendo un trabajo excelente, buscando inversionistas” (El territorio, 2008).
No obstante, la globalización de los mercados de capital ha ampliado la diferencia entre la propiedad real de las instalaciones y sus fuentes de financiación desde localizaciones excedentarias. Las cadenas hoteleras, identificadas como un símbolo de la inversión externa directa (IED) dentro del sector turístico, pueden no serlo debido a que en el contexto global presentan una mayor disociación entre la propiedad del hotel y la gestión y administración del mismo. Este proceso implica la integración de las economías de los países desarrollados y en vías de desarrollo, a la luz de la creciente interdependencia en los mercados de capitales mundiales.
En este sentido, no se cuenta con la información para identificar con precisión la modalidad de las inversiones sean estas Joint Ventures, contratos de gerenciamiento o franquicias. En general, las corporaciones hoteleras transnacionales suelen combinar estos mecanismos de acuerdo a sus intereses y a las condiciones que les proporcionan los países (Endo, 2006).
Las inversiones turísticas transnacionales en el área Iriapú no parecen impactar positivamente transformando las bases económicas, políticas e ideológicas del poder. Por el contrario, como en muchos otros destinos turísticos puede verse condicionado al ritmo de las inestabilidades globales impuestas por las corporaciones y constituirse en un desorden para la sociedad local. En consecuencia, el territorio es sólo un recurso en la ecuación de las grandes empresas. Es la plataforma de las corporaciones para la obtención de lucro basado en un uso privilegiado de los bienes públicos por medio de la instalación de actividades modernas como el turismo; imponiendo nuevas lógicas de cooperación e interdependencia que no se circunscriben al ámbito local (Silveira, 2007).
En este tipo de desarrollo se puede inferir cierta subordinación del poder político a favor de las grandes empresas turísticas; condicionando los aspectos económicos, sociales y territoriales a las necesidades del mercado e ignorando las históricas demandas sociales de la población residente. Del análisis de la documentación se desprende el rol determinante del Estado provincial en la distribución y uso de tierras escasas de las 600 hectáreas.
Propuestas metodológica para identificar y analizar los impactos
Mapas causales
Como se comentó inicialmente la presente aportación es el resultado de una revisión teórica y analítica sobre los impactos socio-territoriales en la ciudad turística de Puerto Iguazú y su área periurbana, "Reserva Iriapú, 600 hectáreas”. Los hallazgos vertidos en el documento son el resultado de analizar una diversidad de documentos (informes, planes de desarrollo, datos estadísticos de Organismos Gubernamentales, consultoras privadas e informes académicos). Sin embargo, es necesario profundizar en el análisis de los impactos con un trabajo de campo para enriquecer y actualizar la investigación.
Para ello se propone utilizar el método de los mapas causales, este es desarrollado para la visualización y el análisis de las complejas estructuras de causa-efecto de cualquier fenómeno social. Un mapa causal es una herramienta que permite representar gráficamente las variables y las relaciones causales que tienen lugar en la generación del asunto abordado Las variables representan las opiniones, ideas y/o temas clave del problema investigado y son representados gráficamente mediante nodos. Estos nodos están conectados mediante flechas unidireccionales que muestran el sentido de la causalidad. Aunque los mapas causales pueden ser construidos a partir de entrevistas individuales, cada vez resulta más habitual elaborarlos mediante reuniones grupales. Realizados en el marco de un grupo de trabajo, los mapas causales colectivos representan el punto de vista común que un grupo tiene del asunto analizado una vez se han discutido las diferentes posiciones (Weick, 1979; Gilmore y Murphy, 1991; Weber y Michael, 2001; Miles y Huberman, 1994 en Aledo et at, 2010).
La intervención de los actores que participan en la actividad turística tiene lugar en las dos primeras fases de análisis de los impactos; a saber, identificación de los impactos a escala local y elaboración de los mapas causales de dichos impactos.
La tercera fase de esta propuesta la constituye el análisis informático de redes del conjunto de mapas causales (Aledo et at, 2010) a través de programas como Ucinet ®, NetDraw® o VISONE entre otros.
Conclusiones
El análisis realizado en este estudio arroja una serie de conclusiones respecto de los impactos del desarrollo turístico de Puerto Iguazú y su área de influencia a través de las IED. Por un lado, en el paisaje selvático se revelan nuevas representaciones ajustadas a un discurso turístico-ecológico dentro de un contexto global en el cual las grandes corporaciones impregnan sus lógicas mercantiles.
Donde existe un progresivo e imparable deterioro de la floresta y la pérdida de tierras propias, lo que propicio cambios en la forma de vida del pueblo guaraní y los orilló a entablar contacto con el blanco, siendo esta situación la que incrementó la dependencia de dinero, produjo divisiones internas y la alineación con nuevos actores principalmente Organizaciones No Gubernamentales. Pero además el conflicto por la disputa de tierras en Iriapú, sujeta las relaciones sociales a las leyes del mercado, invisibilizando los reclamos de las comunidades nativas en el proceso de titulación de tierras.
Y aunque la ley provincial 4098/04, otorgó a la comunidad guaraní aproximadamente unos 265 hectáreas de las 600 originarias y las declaró Reserva Natural y Cultural, a eso se llama despojo y privatización del espacio (desposesión de los bienes comunes y despojo gradual del futuro) así como la mercantilización del paisaje.
Reserva Iriapú, se debilita, se satura, y se encamina a una cultura ajena, disolviéndose en un espacio social indiferenciado. Donde los referentes simbólicos e imaginarios guaraníes heredados se hibridizan con otros procedentes de muy distintas culturas.
Se evidencia un pastiche que evoca irónicamente el progreso. Debilita la voluntad de planificación reformadora donde coexiste el desarrollo turístico y lo precario sin estar fenomenológicamente delimitados. Muestra de ello es que las políticas turísticas y territoriales provinciales lejos de propiciar un desarrollo justo y equilibrado, excluyeron a la comunidad de las instancias de discusión y toma real de decisiones.
El entusiasmo pregonado por actores gubernamentales desde la propaganda turística hasta la ejecución de los planes de desarrollo, muestra una paradoja en la cual solo se jerarquiza el área comprometida por y para el complejo turístico; mientras fragmentos del territorio ven a diario el agravamiento de sus condiciones de hábitat. Pero como argumentan los Mbyá en su cosmovisión, “la tierra no tiene dueño y por tanto no debería de poder venderse ni alquilarse ni traspasarse, ni convertir la aldea en un fetiche turístico”.
Sin embargo la construcción del equipamiento hotelero del segmento ABC1 (promocionado como un desarrollo inmobiliario turístico ecológico en plena selva virgen) es un claro ejemplo de confluencia de Lugares y No lugares, entendidos estos últimos como argumenta Augé, espacios cuya principal vocación no es territorial, sino más bien permite facilitar la circulación y el consumo.
Por otra parte, el proyecto de polo turístico Iriapú, puso en disputa la tenencia y uso del suelo entre actores sociales desiguales, que una vez resuelta limita la supervivencia de la Comunidad Mbya a las demandas de la actividad turística. Es el caso en el cual coexisten las megas estructuras hoteleras con una población que sobrevive de la venta de artesanías, la exhibición de cánticos y danzas entre otras actividades.
A la par cabe analizar a profundidad ¿si la noción del turismo se reduce entonces a la visita de una ficción poblada de falsedad y copias? la pugna entonces para el turismo es resaltar lo real de la ficción o generar una ambivalencia acorde, pues cada vez las «copias de lugares» son más realistas, provocando que lo real sea perpetrado por el simulacro, donde la Reserva Irapú es evidente como a través del simulacro se experimenta la geografía y la venta de lugares al mundo indirectamente.
La ejecución del proyecto incorporó a Cataratas del Iguazú dentro de los mercados turísticos mundiales, al atraer inversores de gran magnitud financiera y tecnológica; que con el objetivo de alcanzar una rentabilidad extraordinaria trasladan un orden propio capaz de prescindir de relaciones de cooperación e interacción con otros sectores de economía local. En este sentido, se excluye de los beneficios directos al empresariado local y solo se incorporó a un sector hegemónico a modo de legitimación de las políticas, que fueran desplegadas por el Estado provincial desde 2003.
Por último, se registra una ciudad que muestra en contracara la lentitud para resolver viejas problemáticas urbanas versus una isla de territorio dinámico y moderno, que incrementa año con año tanto el ingreso de arribos turísticos como de inversores.
