Introducción
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012), la agricultura familiar puede entenderse como la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad entre países y al interior de cada país, posee las siguientes características principales: acceso limitado a recursos de tierra y capital.
Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el o la jefa de familia quien participa de manera directa del proceso productivo; es decir, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el (la) jefe (a) de familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más del núcleo familiar.
La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser complementada con otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc.
La FAO se ha propuesto como objetivo de cooperación para la agricultura familiar el colaborar con los países de América Latina y el Caribe en la formulación y adopción de políticas y programas para aumentar la producción de bienes y servicios provenientes de la Agricultura Familiar de manera sostenible y, con ello, contribuir al bienestar de las familias rurales de la Región. Esta propuesta se concreta a partir de la XXXII Conferencia Regional de la FAO, llevada a cabo del 26 al 30 de marzo de 2012 en Buenos Aires, Argentina, en la cual se dictaron los principales retos y necesidades de la agricultura familiar, así como un marco estratégico de mediano plazo de cooperación de la FAO en dicho tema.
El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en respuesta a dicha propuesta, fomentó programas de cobertura nacional orientados a impulsar la Agricultura Familiar con base a otros programas desarrollados en países como Argentina, Brasil, Chile y la Unión Europea. Entre estos programas se encuentra el denominado “Agricultura familiar periurbana y de traspatio”, cuyo objetivo es incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación para atender afectaciones provocadas por desastres naturales. Otro programa, quizá el más reconocido, es el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), promovido con el apoyo de la FAO, y en conjunción con las Agencias de Desarrollo Rural y la Unidades de Técnica Nacional, que inició en 2002 como proyecto piloto en seis Estados de la República.
Es decir, que mientras se siga ignorando la historicidad de las relaciones socioeconómicas del campesino en su contexto y la evaluación del diagnóstico actual, es impertinente adecuar políticas públicas de desarrollo que para su funcionamiento requieren atención primaria ciertos aspectos básicos que a veces se dan por hecho, como la estructura de las unidades de producción familiar.
A continuación se presenta una relación delos principales hitos en la historia del agro mexicano que consideramos han contribuido al desgaste de la agricultura familiar.
Desarrollo y modernización
El proceso evolutivo (o involutivo si consideramos la devastación ambiental y social) de la agricultura siguió la tendencia de la industria que se desarrolló primeramente en las ciudades. Este desencuentro entre la agricultura tradicional y el nuevo modelo de producción agrícola industrial, también enfrentó las dinámicas sociales y culturales que se vivían en el campo y en la cuidad, cambiando por completo las perspectiva que se tenía una respecto de la otra.
Mientras que en la antigüedad, la familia campesina era una comunidad económica casi autosuficiente en tanto que no sólo producía sus propios medios de subsistencia sino también constructora de su casa, muebles y demás utensilios caseros, así como herramientas de trabajo, da inicio ya en la Edad Media en Europa, la infiltración de la pequeña industria urbana en el campo, logrando con ello la eliminación casi total de la industria doméstica rural.
Aumenta la necesidad del campesino por dinero, incluso para proveerse de lo necesario, no puede seguir sembrando, o criar animales sin éste Kautsky (1978). Incrementa la dependencia del campesino hacia el mercado, pues a pesar de los esfuerzos por esquivar los estragos por las sequías o las heladas, ningún esfuerzo es suficiente para impedir la baja de precios o conseguir vender el excedente de su producción, pues mientras las malas cosechas hacían subir los precios, las buenas los hacían bajar. Se trataba de la transformación de producción agrícola en producción de mercancías y el viejo intercambio entre productor y consumidor, pronto sería más complejo de realizar sin un intermediario.
En el caso mexicano, es durante el porfiriato (1876-1910) que se genera una acelerada concentración de la propiedad territorial privada y la estructura agraria se caracteriza por la gran hacienda; la agricultura era extensiva, basada en bajos niveles tecnológicos y de capitalización, así como la explotación de campesinos y la expropiación de sus tierras a través de las reformas liberales de la Constitución de 1857, que si bien fueron creadas para ser aplicadas a la Iglesia, durante el periodo del gobierno de Porfirio Díaz sirvieron para que las comunidades indígenas fueran despojadas del noventa por cierto de sus tierras (Otero, 2004; Katz, 2004; Escalante et al., 2007).
Esta etapa de la historia sobre la situación de la agricultura en México, fue decisiva pues fue durante este periodo que se fomentó una gran afluencia de inversiones estadounidenses hacia el país, y con ello la “integración” de México a la economía mundial.
A mediados de los años 30, ya bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas surgieron una serie de modificaciones que parecían terminar con la hegemonía de la burguesía agrícola que imperaba sobre todo en el norte del país afianzada por los generales Adolfo de la Huerta, Obregón y Elías Calles.
Sin embargo, como explica Otero (2004), se trataba sólo de una reestructuración del bloque en el poder, pues en cierto sentido, durante el periodo cardenista se creó un espacio al que pudieron acceder los industriales con sus inversiones, la consolidación del estado mexicano preparado para adquirir grandes cantidades de divisas, y la inminente “necesidad” de modernizar la agricultura.
La apropiación del significado de las palabras y por lo tanto de los conceptos repercuten directamente en la práctica de éstos, sin embargo en la transición del significado a la aplicación de dichos conceptos existen vacíos que dificultan y desvían el proceso de la relación entre la teoría y la práctica, ahogando las posibilidades de progreso en discursos que pretenden políticas pública que difícilmente logran sus objetivos.
El significado que fue apropiado desde el imaginario sobre el desarrollo surge frente al famoso discurso de Harry Truman el 20 de enero de 1949.
Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de esta gente.
Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno Truman (1996).
Según Rodríguez (1993), de acuerdo con las ideas generales de la CEPAL, plasmadas en sus primeros documentos, el desarrollo económico se expresa en el aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante, y condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo. Este incremento se considera dependiente de la adopción de métodos de producción indirectos cuyo uso implica el aumento de la dotación de capital por hombre ocupado. A su vez, la mayor densidad de capital se va logrando a medida que la acumulación se lleva a cabo, impulsada por el avance técnico, necesario para asegurar su continuidad.
La idea de modernización a través de la industrialización de las actividades económicas (en este caso agrícolas y ganaderas) como camino hacia el desarrollo; es decir, el fin último que se pretende alcanzar (individual y colectivamente) a través del incremento de producción, implica un proyecto que opera exógenamente. En este sentido el papel que juega el mercado es indispensable para dar continuidad a la teoría centro-periferia, donde la exclusión social, la segregación espacial y la pobreza son cotidianeidad de la mayoría de los pueblos “subdesarrollados” sobre todo de la población rural.
Rodríguez (1993) explica que en los centros, los métodos indirectos de producción que el progreso técnico genera se difunden en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la periferia se parte de un atraso inicial, y al transcurrir el periodo llamado de “desarrollo hacia afuera”, las nuevas técnicas sólo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas y al nivel de la productividad del trabajo.
Esta situación evidencia la insostenibilidad del enfoque que supone que el proceso de desarrollo unilineal y continuo, y que en él se va pasando de etapas tradicionales o primitivas a fases cada vez más avanzadas y modernas (Sunkel y Paz, 1981). Si este fuera el caso, el sentido de la acumulación de capital simplemente se perdería y economías como las de Estados Unidos de América, Inglaterra, Alemania, etc., se verían seriamente afectadas en el proceso y perderían su tan privilegiada postura frente a las demás naciones.
Como consecuencia de la extraordinaria transferencia de recursos productivos de los países en plena Revolución Industrial hacia la periferia, se observa a fines del siglo XIX un periodo de auge del comercio internacional sin precedentes en la historia de la humanidad por su volumen, diversidad y su amplitud geográfica (Sunkel y Paz, 1981). La estrategia de dependencia de países “subdesarrollados” hacia países anteriormente mencionados pasó de la necesidad de contar con tecnología, técnicas y medidas para intensificar la productividad y la explotación de cualquier cosa que pueda ser considerado un recurso transformable para la comercialización, a medidas de dominación a través de la expansión del comercio mundial, el auge de las exportaciones, los posteriores Tratados de Libre Comercio (TLCAN) y la apertura de economías “incipientes” frente la evidentemente inequitativa y desigual competencia con economías “plenas”.
Esta situación creó en los países en vías de desarrollo, la necesidad de buscar medidas que permitieran catalizar ese tan soñado proceso para alcanzar el estatus de país desarrollado, sin entender que dichas economías habían alcanzado ese estatus gracias al respaldo ideológico histórico que procura la ausencia de una mentalidad peculiar, fomenta su razonamiento secular y principios aplicados a su economía y estilo de vida del protestantismo ascético como sugiere Giddens (1994) en su obra el capitalismo y la moderna teoría social. Sin embargo, y a pesar de la carga histórica de pueblos conquistados y dominados, gobiernos de países como México iniciaron una serie de estrategias que impulsaran la industrialización de sus actividades productivas como si fuera posible a partir de ello emanciparse del “yugo” del pasado, que ideológicamente era un obstáculo hacia el desarrollo económico del país.
En el caso del campo, la industrialización y la modernización implicaron una serie de medidas que bajo el amparo del financiamiento y pensamiento estadounidense habría de cubrir cada una de las regiones productivas dentro de la esfera rural a través primero de la adopción de innovaciones técnicas que se extienden por todas las vías sobre las relaciones materiales y sociales; es decir, el impacto de dicha adopción de tecnología afectaría no sólo la forma de practicar la agricultura, sino la forma de ver y vivir a través de la agricultura. La agricultura tradicional perdió valor frente al ingreso de la industrialización en el campo, la adquisición y aplicación de nuevas tecnologías y técnicas. Se desvalorizó también el trabajo del campesino y se aspiró a la ocupación de productor o agricultor industrial, se intensificó el anhelo de poseer mayor cantidad de tierra para incrementar las ganancias de la productividad, aunque la coyuntural situación agraria no ayudaba a lograr dicho sueño.
La introducción de maquinaria, trilladoras, tractores, entre otros, la aplicación de abonos artificiales como el sulfato de amonio (NH4)2SO4 a cargo del método Haber-Bosch, comercialización de fertilizantes compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, la inducción al uso de variedades hibridas de cultivos como el maíz y el trigo, aplicación de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc., uso de las llamadas “variedades de alto rendimiento” de trigo, arroz a partir de impulso económico a la investigación a través de la llamada “Revolución Verde”, fondos de extensión agraria, financiación pública y programas de investigación a través de fundaciones como Rockefeller y Ford fueron estrategias que como consecuencia de la urgencia de industrialización en el campo mexicano fueron aplicadas y que favorecieron en gran medida al aumento de la diferenciación entre agricultores grandes y pequeños así como la distribución desigual de la tierra que hasta la actualidad persisten.
El campesino promedio se encontraba en una situación de amplia vulnerabilidad frente a las nuevas tendencias de comercialización que demandaba mayor extensión de tierra para una productividad intensiva, para lo cual requería una fuerte inversión financiera y apoyo técnico. Ante la dificultad que la mayoría de los campesinos enfrentaba para lograr “modernizar” la agricultura, el gobierno mexicano inició a mediados de la década de 1950, la configuración de su modelo de extensión agrícola que adoptaba algunas características del modelo que operaba en Estados Unidos de América.
Una vez más replicábamos fórmulas hacia el desarrollo y la modernización sin considerar que su funcionalidad depende en buena medida del contexto histórico y la realidad sociocultural de cada país. Este modelo era lineal y unidireccional, pues la información se originaba en los investigadores, luego llegaba a los extensionistas y a través de ellos a los productores; es decir, no había retroalimentación, no se escuchaba mucho a los agricultores. Se basaba sobre todo en la oferta tecnológica y no se consideraba la demanda (Janssen et al., 2010).
Por otro lado, este modelo implicaba una estrategia para la difusión masiva de los frutos de la “Revolución Verde” a través de la divulgación de paquetes tecnológicos estandarizados de amplia cobertura geográfica con fuerte impacto sobre la introducción de variedades mejoradas de arroz, maíz y trigo, así como la promoción de la utilización de fertilizantes y agroquímicos durante los años sesenta y setenta.
Este modelo de extensionismo estaba fuertemente marcado por esas características y se le denominó training and visit, promovido en más de setenta países, entre ellos México y más o menos se siguió ese modelo hasta inicios de los años noventa (McMahan et al., 2010).
Los esfuerzos del modelo de extensión se basaban en ofrecer créditos, comprar las cosechas y brindar insumos. Instituciones como el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), la Aseguradora Nacional Agrícola, Ganadera y Ejidal (ANAGSA), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), FERTIMEX y la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) constituían una red que proveía a los productores los medios de abasto para la modernización y mejorar la productividad del campo. Sin embargo este modelo quedó obsoleto ante las medidas de apertura comercial que México adoptó durante los años noventa, pues dicho modelo operaba en una economía cerrada.
Finalmente la firma del TLCAN en 1993, impactó sobre las políticas de desarrollo y de extensionismo en el sector agropecuario mexicano. La implantación de políticas neoliberales, la apertura comercial hacia una economía global implicó en buena medida la reducción del gasto público y el papel del Estado al privatizarse muchas de sus funciones así como la creación de una nueva visión de desarrollo donde la responsabilidad frente al riesgo o éxito de comercialización y producción corría por parte de los productores así como el acceso de bienes y servicios, centralización de los recursos para la extensión rural (dirigidos a impulsar a grandes productores marginando a los campesinos con poca tierra y recursos) una creciente focalización y asistencialismo hacia comunidades rurales pobres provocando dependencia y fomentando el paternalismo.
Modelo de desarrollo agrícola extensivo en México
Es importante enunciar algunas particularidades del agro mexicano frente al modelo de desarrollo agrícola extensivo y que cabe mencionar, ha causado serias repercusiones no sólo a nivel económico y social, sino también ambiental, oscureciendo aún más el futuro del bienestar mexicano.
Por un lado, el porcentaje de tierras de labor favorables para la agricultura son escasas en nuestro país, pues si bien México cuenta con una superficie de 198 millones de hectáreas, sólo 23.6 millones son tierras de labor (Torres, 1991). Aunado a lo anterior está la restricción de los factores naturales, pues el agua, elemento tan indispensable para la agricultura y en general para la vida, resulta escasa en suelos potencialmente fértiles.
Además, afirma Torres (1991) nos encontramos con las contradicciones de la estructura agraria, la cual es desfavorable para un proceso de modernización general a nivel nacional, pues el otro polo, el atrasado, de ser un factor que condicionó y alentó el desarrollo de la agricultura, fue decayendo aceleradamente en relación al conjunto de la agricultura y de la economía nacional. En cambio, asegura el autor, el sector moderno, en especial el vinculado al sector privilegiado de exportación así como a la agroindustria transnacional (o las maquiladoras), se comportó de manera sobresaliente a partir de la crisis de 1982, aunque no en todos los productos y con altibajos incluso con propensión a verse afectado por tendencias contraccionistas para los principales productos de exportación, efecto de los inicios de una nueva recesión mundial, más grave que las anteriores.
La intensificación del proceso tecnológico bajo este modelo de desarrollo tuvo como consecuencia por un lado la reducción de la tierra agrícola fértil, además de una significativa disminución del valor social de los productos agrícolas, función bajo la cual el sistema de precios opera. Esto se expresa en el mantenimiento de ganancias extraordinarias permanentes, condición explicada comercialmente por el hecho de que los grandes productores abastecen la mayor parte de la demanda y, por estas circunstancias favorables, pueden imponer precios a la baja (Torres, 2012).
El proceso de desagrarización del campo mexicano
Para Escalante et al. (2007) esta serie de situaciones corresponden a la segunda y tercer fase de lo que llaman el proceso de “desagrarización” en México, que se refiere a la disminución progresiva de la contribución de las actividades agrícolas a la generación de ingreso en el medio rural, así como a una creciente migración y envejecimiento de su población. Es preciso mencionar que este término no se refiere a la desaparición de las actividades agropecuarias, pero enfatiza la importancia que ha tenido el aumento de ingresos por actividades no agrícolas en hogares rurales.
Frente a estas circunstancias y a las políticas que promueven una mayor especialización de las unidades productivas, las actividades agropecuarias enfrentan un estancamiento, aunado al fenómeno de exclusión del mercado interno, el cual tienen que sobrellevar los pequeños y medianos productores quienes han optado por abandonar la producción agrícola, incluso vender-malbaratar- sus tierras, emigrar (campo-ciudad) y pasar de campesino con tierra a obrero asalariado.
El crecimiento de la población urbana, que se intensificara a partir de los movimientos migratorios durante las décadas de 1950 a 1970, principalmente a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se debió en buena medida a la separación de la industria doméstica, de la agricultura debido al proceso de industrialización y sustitución de productos domésticos por productos industriales, la especialización del sector agropecuario disminuyó las oportunidades laborales en el campo, además de la importante expansión demográfica y la crisis de rentabilidad de la economía campesina que se inicia en 1957 con el control del precio del maíz, agravándose a lo largo de los años con la caída de los precios de otros productos claves de la economía campesina tales como el henequén y el café, mientras que los precios de los insumos se incrementaron notablemente (Grammont, 2009).
A partir de la década de 1970 y con mayor claridad durante la década de 1980, afirma Grammont (2009) se reduce el crecimiento de la población urbana frente a la población rural, entre 1930 y 1980, la población rural pasó de representar 66.5% a 33.7% de la población nacional, perdiendo en promedio 6.5 puntos porcentuales cada diez años, pero con una variación anual que decrece a partir de 1970. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) el porcentaje de población rural nacional pasará de representar 25.4% en el año 2000 al 21.1% en 2030; es decir, que para ese año, la población rural será de 26.7 millones, mientras que la urbana será de 100.5 millones. En este sentido, el autor, considera una estabilización de la relación entre la población urbana y la rural bajo una proporción de 80-20%.
El estudio que realizan Reyes et al. (2007) demuestra que durante el periodo de 1940 a 1970, la migración interna hacia el centro y pacífico norte de México provenía de zonas rurales atrasadas y pobres, donde predominaba la agricultura de temporal, mientras que los resultados expuestos sobre una encuesta realizada a 900 dueños de predios agrícolas en siete zonas del país, 26% de los jefes de familia de las zonas rurales se dedicaban a actividades no agrícolas, principalmente en comercio y en servicios, así como actividades de la industria, la minería, el transporte y la construcción.
Del total de la encuesta, 13.4% indicaba que las actividades no agrícolas representaban más de la mitad de sus ingresos. Para 1960 sólo 66% de las familias ejidales reportaban a través del Centro de Investigaciones Agrarias que su principal fuente de ingresos provenía de las actividades agrícolas (Escalante et al., 2007). Por otro lado Hubert (2009) reporta que mientras para 1992 el ingreso agropecuario, en monetario y autoconsumo, representaba 35.6% del total de los ingresos rurales, hoy representa solamente 9.8% de estos mismos ingresos. Explica estos cambios a partir de la transformación de las familias campesinas que intentan contrarrestar los efectos de los bajos precios de sus productos agropecuarios con estrategias de diversificación de las actividades de sus miembros, esencialmente asalariadas.
La actividad agropecuaria para familias en comunidades rurales ha sido parcial o totalmente sustituida por el trabajo asalariado, la familia campesina vive esencialmente del salario de sus miembros o de la creciente tendencia de los programas de subsidios a adultos mayores y madres solteras y por lo tanto, las estrategias de sobrevivencia se toman a partir de las condiciones del mercado de trabajo más que de las condiciones del mercado de productos agropecuarios. Se trata según Grammont (2009) un proceso de tránsito de una sociedad agraria, en la cual predominaba el sector agropecuario, a una sociedad rural en donde este sector no sólo coexiste con otras actividades económicas, sino que es la actividad menos importante tanto en términos de la población económicamente activa involucrada, como del número de hogares y del ingreso obtenido, que se ha intensificado a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado.
La pluriactividad rural como tendencia del proceso de desagrarización del campo
Sin lugar a dudas la pluriactividad rural o bien el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural (tangible e intangible), así como el empleo ocupacional de los miembros que conforman una comunidad rural para el desarrollo de actividades no agrícolas para generar ingresos económicos, ha existido desde siempre, sin embargo, este concepto ha generado gran interés sobre todo en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá frente al cambio de paradigma en torno a la relación entre el campo y la cuidad, como un fenómeno que aunque antiguo, en la actualidad puede ser explorado como estrategia de crecimiento económico a través de la diversificación de actividades que exploten al máximo las posibilidades del entorno rural, así como la importancia de esta tendencia para la orientación de políticas públicas hacia el crecimiento y aprovechamiento del campo.
Cabe mencionar que las dimensiones y las perspectivas desde las que se estudia y comprende la pluriactividad rural, corresponden estrictamente al contexto bajo el cual se analiza. Es decir, ya no es posible pretender adoptar conceptos y teorizar bajo un pensamiento universal de corte occidental o anglosajón sobre fenómenos -que si bien guardan algunas semejanzas- su explicación no es compatible ni pertinente al contexto mexicano y mucho menos ser considerados para la proposición de políticas públicas.
El concepto de pluriactividad rural puede entenderse de acuerdo a Loughrey et al. (2013) como la combinación de actividades agropecuarias con otras de carácter no agropecuario en granjas de corte familiar, para la generación de ingresos. Esta concepción es compartida por autores como Evan e Ilbery, (1993); Durand y van Huylenbroeck (2003); Knickel et al. (2003). También puede ser entendido en términos de disposición y ocupación del tiempo laboral que se destina a actividades agrícolas y no agrícolas.
Es preciso enunciar que si bien en la mayoría de las exposiciones sobre la pluriactividad rural por parte de autores como los antes mencionados, o bien autores como Escalante et al. (2007); Grammont (2009) que se refieren al contexto mexicano, consideran el proceso de industrialización y modernización como factores clave para la explicación de la pluriactividad, es preciso mencionar que no puede ser comprendida, ni sentar expectativas alentadoras de ésta en nuestro país bajo la misma perspectiva de países donde el campo y las familias rurales viven situaciones por demás diferentes a la nuestra.
En este sentido cabe mencionar que la figura del campesino mexicano y las familia campesinas distan mucho de lo que representa el productor agrícola, o la figura empresarial y la organización de una granja o finca familiar en un país con mejores condiciones económicas, de infraestructura, posesión de la tierra por parte del agricultor, así como condiciones favorables de la misma para la producción agrícola y la exploración o el emprendimiento familiar de actividades alternas a las agropecuarias para el mejoramiento de ingresos y de la calidad de vida de las mismas.
Mientras que en países con economías y condiciones más favorables para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la pluriactividad, los estudios que abordan el tema se centran en la utilidad analítica de un enfoque empresarial sobre las posibilidades subyacentes de crecimiento económico a partir de las formas de diversificación en el sector agrícola y rural, en nuestro país, así como en otros países latinoamericanos (Sacco dos Anjos, 2001; Gras, 2004; Escalante et al., 2007; Martínez y Grammont, 2009). La discusión parte de una crisis dentro del sector agrícola (desagrarización) y se enfoca en el estudio y discusión de las dificultades así como los retos que tiene el campo en Latinoamérica por superar para la incorporación de la pluriactividad a las políticas públicas de desarrollo rural.
Es importante resaltar que si bien la pluriactividad rural significa la alternancia de actividades no agrícolas con las agropecuarias (en mayor o menor medida) bajo un sistema de unidades de producción familiar, dicho concepto puede ser fácilmente malinterpretado en el contexto mexicano, pues en nuestro país el ingreso de las familias rurales proviene cada vez más del trabajo asalariado no agrícola, y que la estructura de producción de unidades familiares ha cambiado a partir de las dificultades que el agro enfrenta desde hace ya muchas décadas.
Esto quiere decir que la producción agrícola familiar ha disminuido drásticamente, se trata entonces de una crisis de la agricultura familiar bajo la cual es aún más difícil considerar la pluriactividad rural y la diversificación como estrategia de desarrollo rural.
Es necesario entonces prestar especial atención a las condiciones del medio rural con la intensión de revisar el acceso a los mercados locales y regionales para promover las actividades agrícolas bajo un sistema de producción familiar.
Así mismo revisar los marcos de teoría política y económica que hagan referencia a la mercantilización del proceso del trabajo y el desarrollo desigual, que la pluriactividad rural requiere para ser incorporada a estrategias de desarrollo rural.
Es indispensable retomar conceptos como la acumulación de capital y el proceso de propagación de la misma, sobre la prominencia del estado, las relaciones de clase y de renta, la creciente complejidad y poder de las partes no agrícolas de la cadena alimentaria y las contradicciones implícitas en la “persistencia” de la agricultura familiar.
Al respecto, Marsden (1990) expone la tendencia a considerar que las unidades de producción familiares no tienen lugar en un mundo dominado por el capital social y que por ello, ha sido necesario explicarlas a partir de su categorización como una forma social aparte. Resulta aún más decepcionante la incapacidad de incorporar al análisis una comprensión más completa de la dinámica interna de la familia y cómo éstos, interactúan con los mecanismos del mercado.
Por ejemplo, expone el autor, que a pesar del reconocimiento que se ha dado a la división de los patrones laborales de dominación y lucha, a la influencia que tienen las relaciones de género y grupos generacionales en la vida cíclica de las empresas; los marcos analíticos establecidos para explorar estos mecanismos han permanecido frustrantemente fuera del alcance de la mayoría de los exponentes de la economía política marxista. Por lo tanto, incluso después de una década de investigación en el campo, los hogares campesinos siguen siendo una especie de caja negra dentro del marco teórico que la economía política no puede descifrar debido a sus supuestos sobre las fuentes de acción social.
Es necesario establecer nuevas dimensiones para el discurso teórico actual, que eviten el carácter dual que puedan ser asociadas a los escritos de Lenin y Chayanov, pues si bien el ‘Modelo de diferenciación’de Lenin abarcaba la eventual destrucción de formas campesinas de producción, mientras la antítesis de Chayanov se concentró en la viabilidad, la lógica interna y la persistencia de las explotaciones familiares a pesar de la invasión capitalista, es preciso prestar atención ahora y centrarse en el papel activo de los miembros de la unidad productiva familiar, así como la forma en que los diferentes patrones de desarrollo agrario se presentan dentro de las sociedades capitalistas subdesarrolladas (Marsden, (1990).
Conclusiones
A modo de conclusión, considero urgente y necesario conjuntar al estudio de la pluriactividad un análisis que explore la historicidad del campesino, así como de los procesos agrarios, de industrialización, de los modelos de desarrollo agrícolas, la cuestión agraria, los procesos de acumulación de capital, las relaciones de clase, la complejidad de las partes no agrícolas de la cadena alimentaria, así como de la dinámica interna de las unidades productivas familiares rurales para la consideración de la diversificación en las actividades en el entorno rural como estrategia de desarrollo y el impulso de políticas públicas que contemplen la pluriactividad.
La revisión de la situación actual con respecto a la organización y la estructura de la agricultura familiar, la promoción y procuración de medios que aseguren la rentabilidad de actividades agropecuarias bajo el sistema de producción familiar que posibiliten diversificar entonces, el emprendimiento de actividades no agrícolas que se alternen con las agropecuarias.
En este sentido, si no se tiene claro que la agricultura familiar en México está en crisis, no puede hablarse de la pluriactividad como estrategia de desarrollo rural.
También es urgente reconocer el peligro y el fracaso que ha significado adoptar conceptos por tendencia, teorizar y más aún considerar compatible dichos términos a la realidad mexicana.