Introducción

En México, el marco normativo relacionado con el manejo forestal se encuentra particularmente en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (LDFS) y su reglamento, que lo regula y lo define (Artículo 7, XVIII) como el conjunto de acciones y procedimientos para la ordenación, cultivo, protección, conservación, restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, respetando su funcionalidad e interdependencia y sin mermar la capacidad productiva del ecosistemas y recursos (^{DOF, 2015}). De todas las acciones que competen al manejo forestal, este artículo se centrará en dos, la conservación y el aprovechamiento.

La primera, se entiende como el mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación ni pérdida de sus funciones y la segunda, el aprovechamiento forestal se refiere a la extracción de recursos forestales maderables y no maderables de su medio (^{DOF, 2015}). Es importante retomar las definiciones de la LDFS y asumirlas como las “oficiales”, debido que esta Ley establece los lineamientos e instrumentos del aprovechamiento forestal como el programa de manejo, que no es otra cosa que un documento técnico-científico (respaldado por técnicas silvícolas) de planeación y seguimiento del manejo forestal sustentable.

El manejo forestal se basa en las técnicas y procedimientos de la silvicultura como el principal esquema de manejo de los recursos forestales, habitualmente se centra en especies maderables de interés comercial dejando de lado los componentes del bosque. Esta silvicultura es “científica” porque se respalda en información técnica y científica que refleja los recursos disponibles del bosque en partes individuales (^{Agarwal, 2004}; ^{García, 2012}). En este sentido, el manejo forestal impulsa el cultivo de una especie forestal, por encima de la diversidad del bosque. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida, señala que no todas las áreas naturales protegidas cuentan con un plan de manejo, lo cual dificulta la preservación y administración sustentable de los recursos naturales que en ellas se encuentran (^{CONANP, 2013}).

Este efecto, se debe al enfoque “biologista” que reduce la percepción del bosque (y sus recursos) como elementos aislados sin tomar en cuenta las características sociales, económicas, culturales y políticas relacionadas con las y los habitantes (usuarias y usuarios) del bosque (^{Agarwal, 2004}; ^{Toledo, 2005}). Mucho menos presta atención a la relación diferenciada que las mujeres y los hombres establecen con el bosque y sus recursos, evidenciadas por ^{Vázquez y Muñoz (2012)}, mencionan que hombres y mujeres poseen conocimiento diferenciados de los recursos del bosque, los cuales se derivan principalmente de la división genérica del trabajo, concebida como una construcción social, lo que permite un uso y manejo específico de los recursos. ^{Rodríguez et al. (2010)} encontró en Santa Catarina del Monte, Texcoco, que los accesos a los recursos del bosque también son diferenciados: la producción de ornamentales y elaboración de compostas, es dominio masculino; mientras que las plantas medicinales, la leña y los hongos son actividades y productos femeninos. Sin embargo, ambos participan en la recolección y uso de plantas que sirven como material artesanal y religioso.

Existen expresiones diferenciadas por hombre y mujer en una sociedad determinada y su relación con su ambiente, a estainteracción^{Aguilar et al. (2002)} la denominan relaciones de género “[…] y se fundamentan en la forma en que una cultura y una sociedad entienden lo que significa ser hombre o ser mujer. Estas relaciones permean todas las dimensiones de la vida cotidiana […]. Las mujeres y los hombres utilizan los recursos y se expresan en cuanto a su entorno ambiental de maneras diferentes; […] se sustentan en las normas, prácticas, símbolos,valores elaborados y moldeados socialmente”. Opinan ^{Rojas et al. (2014)} no perder de vista el carácter histórico de las relaciones sociedad-ambiente, debido que están influenciadas por construcciones culturales y simbólicas de importancia en las estructuras de control y defensa de los recursos naturales como en la asignación de beneficios y obligaciones para ellos.

Desde la década de los noventa, el tema de mujeres y hombres comenzaba a abrir brecha en las instituciones públicas mexicanas (entiéndase como instituciones al personal administrativo y operativo de las dependencias de gobierno vinculadas al sector ambiental y las políticas públicas específicas), en 1998 se crea la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER) en respuesta del auge internacional del tema (después de la Cumbre de Río, 1992 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 1995) (^{Pliego, 2002}), de modo que el tema quedó instaurado en las instituciones públicas hasta la fecha. En la actualidad, en el presente sexenio (2012-2018) el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), instrumento rector de los programas públicos, en relación con el tema ambiental “promueve el aprovechamiento del patrimonio natural por medio de instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores” (^{Secretaría de Gobernación, 2013}). Además, se plantean tres estrategias transversales, una de ellas es la perspectiva de género, que implica que deberá estar presente en todos los programas de administración pública. De hecho, se propone que todos los programas de gobierno que promueven el desarrollo humano incluyan esta perspectiva, entre otros fines, reviertan la desigual distribución de oportunidades por género (^{Alcaraz et al., 2016}).

El sistema administrativo ambiental en México, por un lado faculta al Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que administre y regule los recursos forestales considerados técnicamente viables/aptos para el aprovechamiento forestal; por otro, promueve la conservación de la biodiversidad mediante las áreas naturales protegidas entre otras las reservas de la biosfera, en las que se carece de estrategias sustentables de manejo de los recursos naturales, en cambio se restringe el uso de los recursos a la población. El programa nacional de áreas naturales protegidas (PNANP 2014-2018) plantea la incorporación de la perspectiva de género para promover la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales de manera inclusiva y equitativa (^{Legorreta y Márquez, 2012}; ^{Secretaría de Gobernación, 2014}).

El estado interviene de manera diferente. En un estudio realizado en India el estado indujo que se administrara el bosque mediante el uso de especies valiosas para el mercado a costa de las especies utilizadas por la población local. Otra forma de intervención, fue alentando campañas de reforestación, muchas de las cuales han fracasado en términos de sobrevivencia, principalmente por dos razones: la primera, por el establecimiento de monocultivos forestales con fines comerciales y la segunda, por el diseño vertical de los proyectos. Las mujeres, en general no figuran en estos proyectos, en algunos casos solo participan como cuidadoras de los viveros sin participar en la selección de especies (^{Agarwal, 2004}).

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones de género en dos comunidades rurales del municipio de Cintalapa, Chiapas al interior de la Reserva de la Biosfera la Sepultura (REBISE) y la influencia de las instituciones públicas vinculadas con el manejo forestal.

Materiales y métodos

La investigación se llevó a cabo en 2014, en dos comunidades: Corazón del Valle (CV) y Niños Héroes (NH) del municipio de Cintalapa, Chiapas, dentro de la zona de amortiguamiento de la REBISE (Figura 1). Corazón del Valle es un ejido con una superficie de 588.15 ha, integrado por 133 habitantes, de los cuales, 51% son hombres y 49% mujeres (^{INEGI, 2010}; ^{Molina y Rodríguez, 2012}). Mientras que Niños Héroes es una copropiedad de 2 540 hectáreas formada por 104 habitantes, 51% hombres y 49% mujeres (^{INEGI, 2010}).

Figura 1 Ubicación geográfica de las comunidades de estudio. 

El ejido CV tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw(w)ig) con temperatura media anual de 24.2 °C y precipitación anual es 1 500 y 2 000 mm. La copropiedad de NH registra clima semicálido húmedo ((A)C(w2)) con temperatura media anual de 18 °C y precipitación anual de 977 mm (^{Rosales, 2000}). El terreno es ligeramente accidentado en CV con pendientes de hasta 35% y más pronunciadas en NH, hasta de 86%. La vocación de ambas comunidades es forestal, la mayor parte está cubierta de bosque de pino-encino. En el bosque se llevan a cabo actividades de ganadería extensiva y agricultura de autoconsumo, consideradas por ^{INEGI (2010)} como comunidades altamente marginadas.

Se empleó una metodología mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas como son entrevistas semiestructuradas a actores clave, entrevistas grupales, talleres participativos y encuesta. Se realizaron ocho entrevistas a actores claves, cinco con cargo de representación en la comunidad: el presidente del comisariado ejidal y el representante de la copropiedad, el presidente del consejo de vigilancia y dos agentes municipales, dos habitantes-fundadores de cada comunidad y un funcionario público de la REBISE.

La identificación de los actores claves y la información que proporcionaron se hizo con el propósito de obtener información de las comunidades y de la participación de las mujeres en la comunidad y en los proyectos públicos relacionados con el bosque. Con el personal de la reserva, el propósito fue conocer los proyectos impulsados por las instituciones públicas y cómo se percibe la inclusión de las mujeres en ellos.

De las entrevistas grupales y talleres participativos, se llevaron a cabo dos en cada comunidad de manera diferenciada; es decir, uno para mujeres y otro para varones trabajando los mismos temas, las entrevistas grupales fueron con ocho mujeres y seis hombres de Niños Héroes y los talleres con 11 mujeres y 14 hombres en Corazón del Valle, respectivamente.

Se aplicó una encuesta a 20 a mujeres y 15 hombres en Corazón del Valle y a 13 mujeres y 13 hombres en Niños Héroes, cifras que corresponden a 26% de la población total registrada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). El cuestionario estuvo integrado por 85 preguntas que abarcó temas de: actividades agrícolas y pecuarias, usos de RFM y RFNM, actividades de manejo y problemática socio ambiental.

Se determinaron dos tipos de variables. La primera describe las relaciones de género a través del acceso y uso de los recursos forestales en las comunidades rurales y la segunda describe las relaciones que las instituciones públicas establecen con las mujeres y los varones y cómo estás relaciones posibilitan el acceso de las mujeres y varones en los proyectos que se han llevado a cabo en las comunidades.

Resultados y discusión

Las comunidades en estudio han realizado prácticas de manejo formal del bosque, por su ubicación en la zona de amortiguamiento de la REBISE y zona de riesgo de incendios forestales (primer lugar de las ANP de 1997 a 2008), las brechas corta fuego son la principal estrategia preventiva. En CV en un trabajo conjunto entre habitantes e instituciones públicas implementaron un programa comunitario de manejo integral del fuego (PCMIF), como resultado, en el ejido se ha logrado erradicar prácticamente los incendios forestales e integrar una brigada organizada, capacitada y equipada para combatir incendios forestales. En el ejido, las y los ejidatarios se han organizado y establecido mediante la asamblea ejidal el trabajo individual que les corresponde “tarea de 480 metros”. Uno de los ejidatarios resaltó la importancia de las brechas cortafuego como medida preventiva para el control de incendios diciendo: “haiga apoyo o no haiga lo tenemos que hacer, pero pa’ proteger, pue’ que no entre la lumbre” (agente municipal, com. pers., 2014).

Los programas de manejo para aprovechamiento forestal son un tema latente en estas comunidades, en ninguna se ha llevado a cabo. En 2007 CV tenía aprobado un programa de manejo para el aprovechamiento forestal (por la SEMARNAT); sin embargo, la asamblea ejidal decidió priorizar el programa de servicios ambientales (PSA), modalidad protección de la biodiversidad. Este último, es un instrumento económico internacional diseñado para la conservación por medio de alternativas basadas en la ciencia y tecnología en el mismo sentido que la conservación forestal planteada por la LDFS. Dicho modelo de conservación se enfoca en el mantenimiento del “buen estado” del bosque, concibiéndolo aislado de las variables que se interrelacionan con el bosque. ^{Toledo (2005)} denomina a este modelo “biologista y reduccionista”.

Si bien, no plantea técnicas de manejo propias de silvicultura científica, si toma métodos de mantenimiento como las brechas corta fuego, técnica comúnmente usada por el PSA. Por otra parte, el manejo formal que se efectuará a mediano plazo será el establecimiento de un aserradero para transformar el Pinus oocarpa (recurso forestal maderable prioritario) con lo que las y los ejidatarios pretenden consolidarse como una empresa forestal ejidal. Del manejo especializado del bosque, las técnicas de saneamiento forestal incluyen un protocolo de medidas e insumos como el uso de plaguicidas para el control y combate de la plaga forestal del bosque de pino- encino (Dendroctonus frontalis) de Corazón del Valle.

En Niños Héroes, ha intervenido su bosque solo con programas de reforestación, aunque tiene previsto aprovechar el bosque a través de un programa de manejo, es una comunidad incipiente en el tema de manejo forestal, se encuentra en el proceso de valoración de sus recursos. Esta diferencia se asocia con la posesión de la tierra, en el caso de CV la regularidad de la tierra se concedió en respuesta de la gestión de las y los habitantes desde la constitución del ejido en 1983, lo que ha influenciado que sus propietarias y propietarios manejen los recursos del bosque.

Mientras que en NH es una copropiedad reconocida jurídicamente en 2008, conformada por 180 copropietarias y copropietarios, la seguridad de los derechos estatutarios determina la percepción y valor-uso (se hace referencia a valor- uso para enfatizar la percepción y la utilización que las y los habitantes- propietarios tienen de sus recursos en el bosque y para diferenciarlo del valor comercial que las instituciones públicas refuerzan) del bosque y sus recursos, reflejado en el siguiente testimonio de un actor clave: “qué podía yo cuidar si no era dueño” (Gustavo, representante de la comunidad, com. pers., 2014).

La incertidumbre del derecho a la tierra limitó el acceso de la comunidad a la estructura formal de manejo forestal, la REBISE inserta temporalmente a copropietarias y copropietarios mediante empleo temporal para la prevención de incendios, en este punto las instituciones públicas (REBISE-CONAFOR) seleccionan las áreas para brechas cortafuegos de acuerdo con sus metas sin consultar a los copropietarias y copropietarios.

El estado como regulador del aprovechamiento de los bosques, al mismo tiempo, como motor de las iniciativas del manejo forestal, influye en la selección de especies relacionando su valor en el mercado, sin tomar en cuenta la diversidad del bosque e interdependencia de los recursos en el ecosistema (retomando parte de la definición “oficial” del aprovechamiento forestal, tampoco contempla el valor-uso de las especies utilizadas sobre todo por las mujeres). Al respecto ^{Pinkus et al. (2014)} exponen que los planes de manejo de los recursos en áreas naturales protegidas podrían ser paradigmas entre la conservación, el uso de recursos de manera sustentable y el desarrollo de las poblaciones inmersas dentro de las mismas y concluyen que los planes de manejo pueden ser funcionales si se promueve la participación de las comunidades en la conservación y manejo de los recursos naturales de la áreas naturales protegidas; se mantengan los procesos ecológicos y la diversidad biológica; se recuperan aquellos ecosistemas de dichas áreas protegidas que presentan alteraciones y se fortalezcan las capacidades operativas para proteger los recursos naturales mediante acciones para reducir su mal uso, estableciendo un sistema eficaz de vigilancia.

La REBISE ha impulsado proyectos dirigidos hacia las mujeres como huertos familiares con hortalizas, establecimiento de granjas integrales comunitarias o individuales para cría de animales de traspatio como pollos, borregos y cerdos; y la construcción de estufas ahorradoras de leña. Es evidente que el estado ha impulsado programas diferenciados; sin embargo, éstos solo acentúan las brechas de género y reafirman las relaciones de género tradicionales, incluyendo los espacios. Sobre todo porque las mujeres son excluidas de los proyectos relacionados con el aprovechamiento de especies forestales maderables y de programas de aprovechamiento como el aserradero, en el caso de Corazón del Valle.

Así también el PSA y el PCMIF en lugar de incluirlas activamente se les margina en actividades secundarias o de apoyo, debido que la visión institucional concibe que las mujeres no tienen las capacidades justificando el esfuerzo físico que requieren las actividades de campo. Sin embargo, en uno de los talleres participativos una participante afirma con base en su experiencia que las mujeres trabajan a la par que sus homólogos, pero no en el mismo valor de importancia, dado que su trabajo es percibido como ayuda: “yo trabajé mucho en el campo también cuando yo era soltera, yo ayudaba mucho [a mi papá] cultivábamos el maíz así con cultivadora, así dos cultivadoras en una misma yunta…lo que él hacía, hacía yo” (Zenaida, taller participativo, 2014).

Ocasionalmente las mujeres participan directamente en el bosque en actividades como reforestación, en Corazón del Valle 35% de las mujeres encuestadas no consideran que participan en los proyectos, excepto dos mujeres que por ausencia de cónyuge (una de ellas sin titularidad de la tierra) han reforestado en el bosque a la par que los ejidatarios. Una de las formas de participación es por medio de la capacitación. Algunas acceden a los espacios de capacitación con temas relacionados con el bosque, siempre y cuando sean ejidatarias. En cambio, en Niños Héroes 53.8% de las mujeres encuestadas recibieron una estufa ahorradora de leña, proyecto pasivo relacionado indirectamente con el bosque y su rol tradicional de género; sin embargo, 46.2% participaron en la reforestación.

Las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a la capacitación relacionada con el bosque, el 53.8% recibieron alguna capacitación, aunque la mayoría en temas asociados con sus responsabilidades de género (del Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social). A las mujeres sin titularidad de la tierra se les reduce significativamente la posibilidad de capacitación no formal; es decir, la mayoría de las mujeres de las comunidades de estudio.

En el aserradero se planea que las mujeres participen en las actividades administrativas y en la elaboración de artesanías de madera con los residuos de madera y en el proyecto de reforestación que se estaba llevando a cabo en NH durante el trabajo de campo, las mujeres fueron contratadas en el vivero para llenar bolsas con sustrato, sembrar y trasplantar las plántulas de Pinus oocarpa. Lo que refleja que en el imaginario institucional se perciben estas actividades como un trabajo que requiere delicadeza y se asume que las mujeres son aptas para desempeñarlo. Además, la participación de las mujeres no influye de ninguna manera en la selección de especies o en la toma de decisión, en el mismo sentido que lo reporta ^{Agarwal (2004)}. Es decir, las mujeres son consideradas en actividades “auxiliares marginales” (^{Rocheleau et al., 2004}). También en el imaginario institucional se refleja la percepción utilitaria de las mujeres sin una visión inclusiva ni con perspectiva de género, tema transversal de la política pública ambiental, un actor clave lo expresa: “si estamos bien con el hombre, tenemos que estar bien con ellas porque las vamos a necesitar también” … ya empezamos con ellas…” (José, REBISE com. pers., 2014).

El diseño del aserradero pretende generar empleos en el ejido Corazón del Valle y hacer frente a la migración. Estos empleos beneficiarán a las familias, sobre todo a los varones, ya que en la mayoría de los casos, ellos son los jefes de familia, por lo tanto protagonizarán las actividades del manejo del bosque y del aserradero, marginando a las mujeres en actividades menores en el vivero y las relacionadas con las actividades reproductivas en el hogar. En ambas comunidades, se cree que las mujeres participan de alguna manera con el bosque por medio de la elaboración del lunch o almuerzo, al concebirlo como una responsabilidad asignada a las mujeres. Un actor clave refleja el imaginario de los varones de la comunidad: “[…] cuando uno va a trabajar al campo, ellas su trabajo, su obligación es de echar el almuerzo, la redonda (tortilla) para los campesinos…” (agente municipal, com. pers., 2014).

En las comunidades de estudio los derechos sobre la tierra se concentran en los hombres, aunque en CV, 30% del grupo de ejidatarios son mujeres, es importante aclarar que ninguna de ellas asumió la titularidad de la tierra desde la formación de ejido, sino obedece al esquema patrilineal (por ausencia o defunción del varón titular). Las ejidatarias acceden a la asamblea ejidal; sin embargo, ellas no trabajan directamente en el bosque como sus homólogos, en el trabajo y en la asamblea ejidal son representadas por un varón (cónyuge, hijo o jornalero), la asamblea es un espacio dirigido por varones y para varones (tomando en cuenta que la mayoría) ejercen plenamente su voz y voto.

En cambio, las ejidatarias aunque ejercen sus derechos estatutarios, en la práctica se desvanecen y no se consideran sus habilidades ni la inclusión de sus necesidades. Probablemente porque se desconocen los beneficios que traería consigo su inclusión efectiva. ^{Mwangi et al. (2011)} reportan que al momento de incluir a las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con el bosque, éstas influyeron en la regulación de las actividades ilegales, la capacidad de gestión de conflictos y la diversificación del uso del bosque.

Los intereses de las mujeres no están representados en los proyectos encontrados en campo, promovidos por las instituciones públicas, prueba de ello es que de los proyectos para mujeres, ninguno está funcionando, excepto las estufas ahorradoras de leña. La fractura de estos programas se relaciona en parte, al sesgo masculino en las actitudes que promueven iniciativas forestales comunitarias (^{ABC, 2012}), la ausencia de mujeres expertas en temas de género en los diferentes niveles sin barreras estructurales facilitaría y mejoraría su incidencia en iniciativas diferenciadas. Por ejemplo, se encontró que el personal operativo de la REBISE está integrado por varones, excepto una técnica que fue contratada temporalmente para el área de educación ambiental; es decir, realiza pocas actividades vinculadas con el manejo y aprovechamiento del bosque.

En la Figura 2 se muestran los elementos y actores que interactúan en el manejo formal del bosque. La estructura administrativa conformada por instituciones públicas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), instancias que tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir las actividades económicas basadas en el ambiente a través de estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) máximo instrumento de planeación, a las que deben alinearse el Plan Nacional Forestal (PNF) y el PNANP. Una de las estrategias transversales es la perspectiva de género, que debería reflejarse en los programas y proyectos locales por su carácter obligatorio. En la realidad, la perspectiva de género está ausente, dado que no se encontró ninguna de las dimensiones de género, edad, estado civil, titularidad de la tierra, religión, pobreza en los programas y proyectos ni en el lenguaje de los actores.

Figura 2 Elementos interrelacionados encontrados en el análisis de las relaciones de género e instituciones públicas. 

Conclusiones

La percepción tradicional que las instituciones públicas tienen de las mujeres se refleja en los programas y royectos dirigidos a ellas. Queda claro que el problema es estructural, desde el concepto de género, ya que éste no es comprendido por ninguna institución pública, peor aún que la perspectiva de género mencionada en el PND sólo es enunciativa, la consecuencia es la profunda dificultad de integrar a las mujeres en los programas, en lugar de excluirlas y marginarlas.

Se desconocen los beneficios que se podrían obtener con la integración de las mujeres en las actividades y programas públicos y comunitarios, desde el diseño hasta la ejecución y seguimiento. En los programas analizados: estufas ahorradoras de leña, alimentos y animales de traspatio, PSA, PCMIF, brechas cortafuegos, aserradero, aprovechamiento forestal y saneamiento forestal se refuerza la división tradicional del trabajo basado en la diferencia sexual y fomentan la especialización de concomimiento y habilidades por género (que en la práctica podría convertirse en una fortaleza).

Tampoco se percibió voluntad política sobre incorporar la dimensión de género (excepto en cubrir la cuota de programas dirigidos a mujeres y obtener resultados rápidamente perceptibles) mucho menos en mejorar las condiciones marginales que viven las mujeres en relación con el manejo de los recursos del bosque.

Se carece de personal administrativo y operativo especialista en temas de género, por tanto las posibilidades de incluir las necesidades e intereses de las mujeres se nulifican.

La dimensión de género permite visibilizar las condiciones de desventaja y barreras que enfrentan las mujeres de ambas comunidades, que al mismo tiempo reflejan la realidad de muchas mujeres rurales. Su análisis necesariamente implica entender que las relaciones de género responden a los mandatos sociales de facto de cada sociedad (por lo tanto cambian de una a otra) e incluir categorías como estado civil (casadas, unión libre, solteras, viudas), responsabilidades de las actividades (productivas y reproductivas), edad, derechos sobre la tierra, religión y pobreza entre otras.

El acceso restringido de las mujeres a los espacios de capacitación limita fuertemente a que las mujeres desarrollen o fortalezcan sus capacidades y habilidades de agencia con las que podrían desvanecer las barreras socio-culturales que las excluye de las actividades de su interés relacionadas con el bosque.