Uno de los programas prioritarios de la actual administración del Gobierno de México es el Programa Sembrando Vida (PSV). El PSV inició en 2019 atendiendo a sujetos agrarios mayores de edad habitantes de localidades rurales, en municipios con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 ha disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal, en 20 estados del país. El cual, además de considerar la dimensión productiva, busca promover la organización social como una forma de recuperar el tejido social (^{Secretaría de Bienestar, 2020}).

De los tres tipos de apoyos que otorga el PSV, el económico, mediante transferencias directas, es el principal. Por su parte, los apoyos en especie para la instalación de viveros comunitarios o biofábricas se entregan a los sembradores o a las comunidades de aprendizaje campesino (CAC), figura colectiva central para el intercambio de conocimientos y la formación. El apoyo de acompañamiento técnico y social busca potenciar la organización comunitaria, la recuperación de saberes locales y de esta manera, favorecer la recomposición del tejido social (^{CONEVAL, 2020}).

La hipótesis de trabajo de esta investigación es que, en la medida en que el capital social sea mayor, el desempeño de las CAC será mayor, contribuyendo así al logro de los objetivos del PSV con relación al tejido social. De acuerdo con ^{Leiras (2007}), en las últimas décadas se ha observado una participación más activa de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas. En México, son pocos los estudios realizados sobre el capital social y su relación con la implementación de programas públicos. Ordoñez y Ruíz (2015), llevaron a cabo un estudio para determinar la formación del capital social comunitario a partir de programas de combate a la pobreza en México, poniendo el foco de atención en el impacto del Programa Hábitat.

De manera específica, las investigaciones sobre el capital social en espacios rurales mexicanos se enfocan en el papel de éste en empresas rurales, en los procesos organizativos de productores agrícolas y las redes de actores sociales (^{Custodio y Martínez, 2018}). El interés central de este trabajo de investigación fue conocer el papel de este concepto en el desempeño de la acción colectiva de los beneficiarios, tomando como base la definición de capital social formulada por ^{Putnam (1993}), entendida como aquellos ‘elementos de las organizaciones sociales, tales como la confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad, facilitando las acciones coordinadas’, esta definición, no aborda, como en el caso de Bourdieu, la temporalidad de las mismas, ya que este lo define como el producto de estrategias de inversión social consciente o inconscientemente orientadas hacia la institución o reproducción de relaciones sociales directamente utilizables, a corto o a largo plazo (^{Bourdieu, 2007}).

La investigación se basó en el método de estudio de casos múltiples considerando que ‘su mayor fortaleza radica en que a través de éste se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado’, según ^{Yin (1989}). Se utilizó una combinación de métodos cualitativo y cuantitativo, pues la combinación de dos o más métodos produce mejores resultados (^{Morgan, 1998}), incluyendo cinco casos de CAC de los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La selección de la muestra incluyó una entidad de cada uno de los estratos definidos (alto, medio y bajo) con base en el número de beneficiarios: Tlaxcala (5 000), Oaxaca (29 642) y Veracruz (67 773).

La selección de las CAC se realizó tomando en cuenta las restricciones de información del PSV al respecto, así como las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por el SARS-COV 2 (Cuadro 1). Las técnicas de investigación utilizadas fueron dos: la encuesta, a través de un cuestionario estructurado y la entrevista a profundidad. Se buscó encuestar al menos al 50% de las CAC considerando que cada una está integrada por un promedio de 25 personas.

Se utilizaron dos medidas de confianza: C¹: la respuesta de los beneficiarios a la pregunta ¿considera que la mayoría de la gente de su localidad es confiable? La respuesta afirmativa se codificó ‘con confianza’, si contestó que a veces se puede confiar, se consideró como ‘confianza intermedia’, si la respuesta fue negativa se clasificó ‘con desconfianza’, C²: utilizando la calificación otorgada de 1 a 10 a diferentes actores locales, tales como: familiares, compañeros de CAC, vecinos, amigos, autoridades locales, compañeros de trabajo, fuerzas del orden, partidos políticos e iglesia. Esto permitió generar tres niveles de confianza: bajo: de 0 a 4; medio: de 5 a 7; alto: de 8 a 10.

El modelo de confianza a nivel individual se representó con la siguiente ecuación (Cárdenas et al., 2015). Donde: i indica individuos u observaciones y j la medición de confianza a emplear:

Donde: j=1, 2; xi´γ= α+βDi+δEi+πPMi;Cij: toma el valor 1 (nivel de confianza bajo), 2 (nivel de confianza medio) y 3 (nivel alto de confianza), para ambas medidas de confianza utilizadas;D_i: vector de variables socio demográficas de los individuos (sexo, edad y nivel educativo); E_i: vector de variables del entorno (tamaño de población, grado de marginación y etnicidad);PM_i: vector de la variable de pertenencia a organizaciones voluntarias locales o regionales; β, δ y π: coeficientes de cada grupo de variables; α: vector de constantes. La estimación de estas ecuaciones se realizó utilizando un modelo Probit en el paquete estadístico STATA. El desempeño de las CAC se clasificó en tres niveles: i) desempeño alto; ii) desempeño medio; y iii) desempeño bajo.

En el Cuadro 2 se presentan los parámetros estadísticos de las dos medidas de confianza utilizadas. Como puede observarse, la primera medida arroja resultados ligeramente optimistas, ya que cuatro de cada diez beneficiarios indican desconfianza en la mayoría de las personas de su localidad. A través de la segunda medida se observa una mejoría considerable, pues dos de cada 10 encuestados indicaron baja confianza.

De acuerdo con el Cuadro 3, en general, se observa una ligera mayoría de encuestados pertenecientes al género masculino, con una edad promedio de 47 años, un análisis diferenciado permite concluir que las mujeres tienen, en promedio, seis años más de edad que los hombres. En cuanto a nivel educativo, la escolaridad promedio es de 8.8 años.

Por otra parte, ocho de cada diez beneficiarios viven en localidades del medio rural, prevaleciendo un grado de marginación medio en el 60.3% de los casos. La presencia de hablantes de alguna lengua indígena es de 17.8% y el 46.6% ha participado como voluntario en algún grupo u organización local.

De acuerdo con en el Cuadro 4, utilizando la confianza en la población de la localidad, cuatro de los siete coeficientes resultaron significativos estadísticamente: edad, población rural, hablante de lengua indígena y voluntariado. Para el modelo en el cual se utiliza la calificación otorgada a diferentes actores, seis coeficientes son significativos: sexo, edad, nivel educativo, población rural, grado de marginación y voluntariado.

En ambos modelos, los beneficiarios de mayor edad, habitantes de poblaciones rurales y que participan voluntariamente en grupos u organizaciones locales, tiene una mayor probabilidad de pertenecer a los grupos de mayor confianza. Los coeficientes estadísticos obtenidos en el primer modelo indican que, ser mujer tiene un efecto negativo en el nivel de confianza, mientras que la pertenencia a alguna etnia tiene un efecto positivo. En contra parte, los resultados del modelo dos indican que éstos son dos atributos con un efecto negativo en el nivel de confianza.

En el caso del segundo modelo, los resultados son similares a los reportados por Alesina y La Ferrara (2002) en relación con el efecto positivo y decreciente de la edad en la confianza. Respecto al nivel educativo en ese mismo modelo, Helliwell y Putnam (1999); ^{Knack y Zak (2003}), observaron un efecto positivo de la educación sobre la confianza. En contraparte, ^{Nikolakis y Nelson (2018}) no encontraron relación entre la educación y la confianza, pero obtuvieron evidencia que asocia negativamente esta última variable con la edad. Por otra parte, Alesina y La Ferrara (2002) también señalan efectos negativos en el nivel de confianza por parte de las mujeres.

En lo que respecta al desempeño de las CAC y los niveles de confianza observados, los resultados que se presentan en el Cuadro 5 indican una relación positiva entre dichas variables, pues conforme aumenta la confianza de los beneficiarios el desempeño de la CAC aumenta. De acuerdo con ^{Ostrom y Ahn (2003}), al establecerse actividades de manera coordinada, los grupos de individuos son más productivos independientemente del nivel de capital físico y humano que posean.