Introducción

El manejo forestal en el régimen de rendimiento sostenido considera que en la gestión de un rodal será extraído solo aquello que el bosque sea capaz de producir en un determinado período, sin comprometer su estructura natural. La legislación brasileña (^{Brasil, 2007}) establece que el bosque amazónico debe ser explotado bajo ese principio. Sin embargo, las normas referentes a las intensidades de aprovechamiento maderero sostenible, se establecieron en 2004 por los órganos forestales del gobierno: Instituto Brasileño de los Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Estas intensidades pretenden ser económicamente viables y ecológicamente aceptables, además de que son susceptibles de modificarse de acuerdo con el ritmo de crecimiento de cada especie y con la dinámica del desarrollo del propio rodal.

^{DeFries et al. (2006)}, ^{UNEP (2012)} y ^{Kleinn (2015)}, consideran necesario llevar a cabo un rígido monitoreo del bosque, sobre todo en áreas de concesiones forestales bajo un eficiente control activo de la administración institucional, lo que resultaría en una coherente ejecución de inventarios forestales realizados en un porcentaje de 100.

Entiéndase el inventario forestal como la base de una planificación forestal eficiente, en el cual se considera que un levantamiento consistente de información cualitativa y cuantitativa se podrá obtener por medio de un proceso de inventario bien estructurado (^{Imaña-Encinas, 2021}). Para los planes de manejo sostenible de los bosques tropicales con fines de aprovechamiento maderero, el inventario ofrecerá la determinación o estimación de las variables dasométricas y el correspondiente potencial de crecimiento (^{Imaña-Encinas, 2011}; ²⁰²¹), además de mostrar su relación con elementos ecológicos y del medio natural, así como el estado fitosanitario del arbolado.

En ese contexto, se justifica que los planes de manejo forestal sostenible sujetos a normas oficiales deberían estructurarse sobre la ejecución de inventarios forestales al 100 %. De ese modo, sus resultados evidenciarían parámetros dasométricos representativos de la población arbórea que permitan la planificación de la extracción maderera eficientemente, y la implementación del propio sistema del manejo forestal sostenible.

^{Mallén y Guerra de la Cruz (2008)} indican que los criterios e indicadores (C&I) de sostenibilidad del manejo forestal, deben atender el presupuesto de las leyes sociales, económicas y ecológicas, garantizado por la cantidad de bienes y servicios comunales, que son cada vez más empleados por los organismos de control estatal (^{Narváez et al., 2003}; ^{FAO, 2015}; ^{Ross, 2015}; ^{Reygadas y Franco, 2016}; ^{Martín y Lafuente, 2017}). Así, los C&I se presentan como conceptos claves para el desarrollo de sistemas efectivos de información y comunicación, y como marco referencial para definir, monitorear y evaluar el manejo forestal a través de sus correspondientes resultados (^{Prabhu et al., 1998}; ^{Pokorny y Adams, 2003}; ^{González, 2012}; ^{Magrama, 2012}).

En la definición de C&I, los conceptos de primer orden están formados por verdades fundamentales o evaluación estratégica (^{Luján et al., 2003}), y que son las leyes que se denominan Principios. Los criterios, en un segundo nivel, son los patrones que juzgan los principios, y para el caso del manejo forestal sostenible, deben expresar el estado real o condición del bosque que se pretende ordenar. Los indicadores son usualmente acciones, informaciones o prescripciones específicas que pueden evaluarse como indicadores de los criterios respectivos; y los verificadores, en un cuarto nivel, expresan información pertinente para la valoración de los indicadores (^{Magrama, 2012}).

Los C&I para el manejo forestal sostenible, de acuerdo con ^{Barthod (1998)}, comenzaron a formar parte del debate político, por iniciativa de la delegación canadiense, en el proceso preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. La propuesta dio origen a la conocida Agenda 21 (^{Brasil, 2007}). A partir de los C&I, es posible establecer los límites de sostenibilidad de los recursos naturales, ya que forman la base del monitoreo de la calidad ambiental de esos recursos, además de condicionar el levantamiento y sistematización de las variables de medida, lo cual permite su transformación en indicadores sintéticos (^{Morán et al., 2006}; ^{FAO, 2015}).

Los principios de los C&I ofrecen una estructura primaria que se considera primordial para el manejo forestal sostenible (^{Prabhu et al., 1998}; ^{FSC Brasil, 2002}; ^{Forest Management Division, 2003}; ^{Nobre da Silva, 2012}; ^{FAO, 2015}), además de que justifican la aplicación de los correspondientes criterios, indicadores y verificadores. De acuerdo con ^{Lammerts van Bueren y Blom (1997)}, representan las reglas para el razonamiento y los definen como el marco jerárquico de referencia para la evaluación de la calidad de la gestión forestal. Su objetivo es supervisar, evaluar e informar acerca del estado de la ordenación forestal sostenible a nivel local, regional o nacional (^{Meza et al., 2003}; ^{Magrama, 2012}; ^{FAO, 2015}).

Los criterios son, por tanto, el rasgo característico de un proceso fundamentado en las prácticas de la ordenación forestal sostenible que pueden ser consideradas, interpretadas y evaluadas.

Un indicador es un parámetro cuantitativo o cualitativo susceptibles de valorarse en relación con un determinado criterio (^{Poschen, 2000}; ^{Mendoza y Prabhu, 2002}). Los criterios se establecen como puntos intermediarios de la información proporcionada por los indicadores. Estos se estructuran como un atributo descriptivo, cuantitativo y cualitativo que, cuándo se mide o monitorea periódicamente, indica el correspondiente nivel del manejo forestal que está en ejecución.

Verificador es el conjunto de datos o información que se destaca para evaluar un indicador (^{Brasil, 2007}; ^{González, 2012}). Consecuentemente, en el cuarto nivel de especificidad, los verificadores deben proveer detalles intrínsecos que indiquen o reflejen una condición específica de un indicador (^{Lammerts van Bueren y Blom, 1997}; ^{Reygadas y Franco, 2016}).

La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), las administraciones forestales brasileñas (Ibama) y el Servicio Forestal Brasileño (SFB, a partir de 2006), han desarrollado los C&I para evaluar la adopción del manejo forestal sostenible de los bosques amazónicos (^{Brasil, 2007}).

A partir del 2 de enero de 2019, el SFB se integró al organigrama del Ministerio de Agricultura, Pecuario y Abastecimiento, creado en el año 2006 por el Ministerio del Medio Ambiente (^{SFB, 2019}). En 2007, se establecieron las normas básicas para la elaboración de los procedimientos de campo orientados a la evaluación de los planes de manejo forestal sostenible y la emisión de los correspondientes informes (^{Brasil, 2007}; ^{SFB, 2019}). Para ello, se definieron 140 verificadores para las etapas y aspectos de la cadena del manejo forestal (^{Embrapa e Ibama, 2006}). Para cada verificador, se determinó su método de evaluación, los cuales consideran los correspondientes límites cuantitativos, para facilitar la interpretación de la información contenida en las operaciones pertinentes.

En este contexto, México tiene una guía con 10 principios, 25 criterios, 40 identificadores y 69 verificadores (^{Reygadas y Franco, 2016}). Ecuador, en cambio, considera otro concepto sobre la calidad de vida y la equidad para lograr la inserción en los mercados de bienes y servicios ambientales, el cual busca conciliar el crecimiento poblacional con el aprovechamiento de los productos y servicios forestales (^{Santamaría, 2019}, ^{Almeida-Guzmán y Díaz-Guevara, 2020}): la biodiversidad, los bosques, recursos bioacuáticos, el suelo, los recursos hídricos marinos, insulares y continentales, las playas y bahías, el turismo de naturaleza y la energía. ^{Chauchard et al. (2016)} presentan 30 casos ejemplares de éxito en el manejo forestal sostenible.

El objetivo del presente estudio fue evaluar los trabajos forestales realizados en 20 sitios gestionados con planes de manejo forestal sostenible, localizados en el estado de Mato Grosso, Brasil, en función de 17 verificadores tropicales de sostenibilidad de un total de 140, relativos a los inventarios forestales concluidos y en curso.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en 20 sitios gestionados con planes de manejo forestal (SMF) aprobados por el Ibama, que se localizan en el norte del estado Mato Grosso (Figura 1). De entre los 140 verificadores incluidos en la normativa de la Administración Forestal de Brasil, se aplicaron los 17 relativos y exclusivos para la evaluación de los inventarios forestales ejecutados (Cuadro 1). Para ello, se utilizaron los métodos establecidos en las normas federales (^{Embrapa e Ibama, 2006}; ^{Brasil, 2007}) que evalúan la calidad del inventario forestal realizado.

Figura 1 Localización de los 20 sitios con planes de manejo forestal sostenido (AMF). 

Para el verificador V-8, la norma indica considerar dos accesos aleatorios localizados en el borde de la unidad de trabajo (UT), y comprobar su coincidencia con el Plano Operacional Anual (POA) que se basa en el resultado del inventario al 100 %. Se utilizó una cinta métrica de 50 m (cinta métrica abierta de dos escalas métrica y pulgadas, modelo Startools) y los mapas tanto de cada unidad de producción anual (UPA), como de la UT. Para el V-9 se emplearon los mapas de la UPA y UT. En los 20 sitios se seleccionaron dos accesos para su verificación en el campo. El V-10 se comprobó en 100 m de un acceso escogido al azar en los mapas de las UT. Con una brújula Suunto (modelo típico con 360 grados, escala horizontal) se registró el azimut del verificador V-11.

Para el verificador V-12, fueron seleccionados aleatoriamente en los mapas de la UPA y del UT, grupos de 25 árboles. La clase de calidad de las trozas del verificador V-13 se evaluó en un conjunto de 10 árboles inventariados, aún en pie. La verificación de V-14 y V-15 la realizó un técnico de campo participante en el inventario correspondiente, quien seleccionó los mismos árboles relativos a los verificadores V-13, V-17 y V-20.

El verificador V-16 se obtuvo, eligiendo en dos mapas UT por sitio, cinco árboles preseleccionados para el corte. La coincidencia de las circunferencias del verificador V-17 se hizo en grupos de 10 árboles inventariados, con una cinta diamétrica o cinta pi (Forestry Suppliers Inc., cinta diamétrica de 5 m). En 10 árboles seleccionados, por medio de un hipsómetro Haga, se midió la altura total del árbol (verificador V-18). En el mismo conjunto de árboles, se verificó la existencia de las etiquetas correspondientes (V-19) y la información (V-20) registrada en ellas.

Se escogieron dos mapas UT por sitio, los cuales contenían información de la microzonificación. En ellos, se analizó el verificador V-21. Para los verificadores V-22A y V-22B se seleccionaron grupos de 10 árboles en los mapas UT, para su posterior comprobación en el campo. El verificador V-23 se obtuvo por análisis subjetivo mediante la comparación de la información de los mapas con la observación visual.

Resultados y Discusión

Para cada uno de los 17 verificadores por sitio, se estableció uno de los siguientes valores: AC/PS acción correctiva (AC) para efectuarse en un plazo inferior a un año (antes de la próxima evaluación [PS], que sería en un año); AC/60 acción correctiva para cumplirla en 60 días; CR con recomendación, que identifica la aplicación voluntaria de una recomendación para el plan de manejo forestal sostenible (PMFS) y que no supone acción correctiva o sanción administrativa; o SS sujeto a suspensión en relación con el PMFS. La anotación final asignada fue la que aparecía un mayor número de veces en el análisis de conjunto de los 20 sitios analizados.

La anotación AC/PS se registró en 11 verificadores (65 %) que corresponden a V-8, V-10, V-11, V-12, V-13, V-15, V-17, V-18, V-19, V-20 y V-23; la anotación AC/60 en tres (18 %) de los verificadores: V-16, V-21 y V-22B; un verificador (5 %) obtuvo la anotación CR para el verificador V-9; y dos verificadores (12 %) recibieron la anotación SS (V-14 y V-22A), conforme se muestra en el Cuadro 2.

Los resultados de los 17 verificadores se agruparon en una escala porcentual de cuatro grupos de aplicabilidad del verificador: 1) No aplicable (NA), cuando el verificador no sobrepasaba 25 %; 2) Poco aplicable (PA), si pertenecía a un intervalo entre 26 y 50 % de aplicabilidad; 3) Aplicable (AP), cuando el verificador estaba entre 52 y 75 %; y 4) Aplicable sin restricción (AsR), a partir de 76 %. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.

Los verificadores V-8, V-9, V-10 y V-11 referentes a las distancias entre los senderos de orientación y de acceso al inventario, evidenciaron alta precisión de acuerdo con lo establecido en las normas para los planes de manejo forestal sostenible y los planes de operación anual. Se determinó que 100 % de los senderos estaban numerados de forma sistemática y en orden creciente conforme lo establece la Norma de Ejecución Núm. 1 del Ibama (18 de diciembre de 2006) (^{Brasil, 2007}).

Las marcaciones se verificaron a lo largo de 100 m en los senderos seleccionados para evaluar el ancho del sendero y la distancia entre las estacas. En esos senderos se constató una alta precisión de la dirección del azimut, el cual se verificó entre el punto de observación y una estaca a 25 m de distancia. En solo cuatro oportunidades se registró una pequeña alteración inferior a 10 grados respecto al rumbo indicado.

En la extensa revisión bibliográfica en relación con Brasil y los países latinoamericanos realizada para los efectos del presente estudio, no se encontraron verificadores de inventarios forestales, razón por la cual se compararon los conceptos de las metodologías aplicadas en Chile, Colombia, México y Perú (^{Melero y Steinmetz, 2017}). Mientras que el uso de verificadores ambientales se ha documentado en Argentina (^{Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina, 2006}; ^{Gándara y Guerrero, 2013}; ^{Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015}), Chile (^{SEA, 2013}; ^{Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2019}), Ecuador (^{Grubb et al., 1963}; ^{Santamaría-Arinas, 2019}; ^{Almeida-Guzmán y Díaz-Guevara, 2020}), Colombia (^{Bárcena y Gurria, 2014}), México (^{Pérez-Calderón, 2010}) y Perú (^{Tacusi-Oblitas et al., 2012}; ^{Chappuis, 2019}).

Todos los árboles con diámetro normal (dn) constante en las listas e informes fueron asignados. El diámetro normal (dn) mínimo y la calidad de la troza (V-12 y V-13), se verificaron en grupos de 25 árboles de cada especie comercial incluida en los PMFS. Para el V-14 (confirmación de la identificación de las tres especies comerciales más comunes), se utilizaron los mismos árboles que se destinaron a la verificación de la calidad del fuste.

Los nombres botánicos de los árboles seleccionados se compararon con los consignados en las listas de los planes de manejo forestal sostenible. Esa verificación fue de gran importancia, ya que resultados negativos (nota SS) podrían concluir con la suspensión de las actividades comerciales establecidas en el plan de manejo sostenible. Se aceptó como margen de error solamente una identificación incorrecta. El resultado final del verificador V-14 fue desastroso, ya que en ninguno de los sitios se obtuvieron altas coincidencias entre los nombres botánicos de las especies y la identificación in situ.

La verificación de la identificación de las especies forestales (V-15) registradas en las listas del inventario durante los trabajos de campo, se realizó en los grupos de árboles utilizados para los verificadores V-13 y V-17 a V-20. Se usaron 10 árboles inventariados por especie. El verificador V-15 evidenció una enorme discrepancia e información insuficiente en todos los casos analizados. En ninguno de los sitios, el personal de campo anotó el nombre científico correcto en más de 80 % de los árboles, como lo exige el método correspondiente. El error en la identificación botánica fue superior a lo aceptable por la metodología, lo que incidió de manera importante en los verificadores V-14 y V-15. Estos resultados evidencian un conocimiento dendrológico insuficiente de la gran riqueza de especies arbóreas forestales existentes en la zona de estudio, situación que demerita la calidad de los inventarios correspondientes.

La comprobación del verificador V-16 se hizo visualmente cuando se accedía a las áreas de corte. V-17 y V-18 se verificaron con una nueva remedición de circunferencias y alturas en dos sitios previamente inventariados, además del marcaje de 50 árboles que serían derribados.

Las etiquetas de información (V-19, V-20) estaban confeccionadas en material resistente a la intemperie, manteniendo información del número de la UPA, UT y árbol. El resultado de su verificación fue satisfactorio, ya que tan solo en un sitio no se atendieron las normas establecidas.

La norma exige identificar todos los árboles inventariados por medio de su localización en los mapas del Plan de Manejo Operacional (V-22A, V-22B). En 51 % de los mapas no fue posible localizar todos los individuos inventariados. Los mapas de las UT mostraban los datos de la microzonificación: variaciones topográficas, cursos de agua, manantiales o áreas de conservación permanente. Se observó alta coincidencia con las leyendas de los mapas (verificadores V-21, V-23), y solamente en un mapa se verificó la necesidad de una acción correctiva.

En una exhaustiva revisión de literatura sobre Argentina (^{Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina, 2006}; ^{Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2015}), Chile (^{SEA, 2013}; ^{Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2019}), Colombia (^{Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018}), Ecuador (^{Santamaría-Arinas, 2019}; ^{Almeida-Guzmán y Díaz-Guevara, 2020}), México (^{Reygadas y Franco, 2016}) y Perú (^{Dancé y Sáenz, 2013}) se constató el uso de verificadores ambientales para identificar y calificar el pago por servicios ambientales.

En el presente estudio, en ninguno de los sitios, se registró un verificador no aplicable (NA). Cuatro verificadores (V-9, V-10, V-19, V-20) se consideraron como aplicables sin restricciones (AsR), en contraposición a otros cinco (V-13, V-14, V-15, V-17 y V-18) que precisan ser reestructurados (PA). De estos últimos, los verificadores V-14 y V-15, referentes a la identificación de las especies, fueron los más sensibles y críticos en su evaluación, si se considera que en ellos se fundamentan el detalle de cualquier inventario.

Conclusiones

Las normas oficiales de verificación están bien descritas y con métodos claros, lo que reduce considerablemente la subjetividad de los evaluadores de la calidad cuando se asignan la nota correspondiente al inventario realizado.

El mapa de producción operacional anual (POA), es el principal producto de los inventarios forestales realizados.

El procedimiento no permitió localizar con precisión los árboles inventariados que aparecen indicados en los mapas de las unidades de trabajo.

Cuatro áreas atendieron mínimamente los verificadores, lo que representaría la inmediata cancelación del derecho de aprovechamiento forestal por parte de la entidad gubernamental que otorga las licencias de aplicación de los planes de manejo forestal sostenible.