Introducción
Después de un análisis sobre el estado actual del sistema jurídico mexicano durante el primer seminario del Inside-Out Prison Exchange Program, impartido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, se planteó a los estudiantes la pregunta: ¿Cómo te sientes, empoderado o desempoderado? Al explorar varios temas de seguridad pública, la garantía de derechos y la reinserción social, algunos de ellos se sintieron empoderados por los nuevos conocimientos adquiridos y la ampliación de su visión respecto a las problemáticas enfrentadas en este campo. Por otro lado, hubo quienes se sintieron desempoderados o desesperanzados al reconocer la magnitud de la corrupción, la impunidad y la ineficacia del sistema. Con un grupo compuesto por ocho estudiantes universitarios y diez personas privadas de su libertad (PPL), los diálogos y debates sobre la manera en que el Estado responde al incumplimiento de la ley producen reflexiones profundas, inalcanzables en otros espacios académicos.
En este artículo, abrimos con un retrato del contexto actual del sistema penitenciario a nivel nacional y estatal; abordamos algunas de sus principales problemáticas y las respectivas respuestas de las autoridades. Luego describimos las ofertas educativas para las personas privadas de libertad en México, para entrar a una presentación del caso específico vivido por los autores de este artículo: un curso del Inside-Out Prison Exchange Program en el Reclusorio Metropolitano. Cerramos el texto con algunas reflexiones respecto al posible alcance de Inside-Out en nuestro país y la importancia de la educación en general para la efectiva reinserción de las personas privadas de libertad.
El contexto del sistema penitenciario en México
Actualmente, el sistema penitenciario mexicano atraviesa por un proceso de cambio interesante debido a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, del cual se espera ayude a mitigar en gran medida las problemáticas de los centros penitenciarios. Ciertamente, la correcta aplicación de este nuevo sistema sí ayudará a erradicar algunas situaciones negativas que aquejan a nuestras cárceles, pero hay otras como el autogobierno, la corrupción y los problemas de infraestructura, que no podrán mejorar, a menos que las autoridades competentes intervengan de manera efectiva y contundente. Enseguida abordaremos algunas de las principales fallas en el sistema señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP): la sobrepoblación de PPL y la ausencia de clasificación por perfil criminológico, el autogobierno, la corrupción y los malos tratos, así como la falta de recursos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)
Este diagnóstico, realizado cada año por la CNDH mediante visitas constantes a los centros penitenciarios del país, evalúa y emite recomendaciones a los centros penitenciarios en torno a cinco aspectos principales:
Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno
Aspectos que garantizan una estancia digna
Condiciones de gobernabilidad
Reinserción social del interno
Grupos de internos con requerimientos específicos
Dichos rubros sirven para señalar problemáticas específicas de cada centro y para generar la estadística considerada en la evaluación. Por cada uno de estos aspectos la CNDH otorga una calificación entre 0-10, la cual permite hacer un comparativo de los centros penitenciarios del país.
El DNSP evalúa al estado de Guanajuato con la mejor calificación del país, otorgándole un promedio de 8.02, el único estado con calificación por encima de ocho. A su vez, el estado de Nayarit recibe la calificación más baja, con un promedio de 4.11. Lo relevante de este diagnóstico es que hay 13 estados reprobados con promedios por debajo de 6 puntos; son 12 estados los que su calificación ronda entre 6 y 7 de promedio y solo seis estados superan el 7 (CNDH, 2015). Con estos resultados, quedan descubiertas claramente las problemáticas de los centros penitenciarios del país y dejan en evidencia el nivel de abandono que vive nuestro sistema penitenciario.
En lo que respecta al promedio de los cinco centros evaluados en Jalisco, presentados en la tabla 1, el estado obtuvo una calificación promedio de 6.90. A pesar de que Jalisco obtuvo el octavo lugar en el DNSP, es de llamar la atención que los tres peores centros evaluados del estado se encuentren dentro del complejo penitenciario de Puente Grande, y que estos son los más grandes de la entidad. Inclusive, vemos al centro para sentenciados con una calificación reprobatoria debido al pobre nivel de gobernabilidad y a los casi nulos aspectos que garanticen la integridad física y moral de las PPL.
La evaluación detalla amplios problemas en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado, entre los cuales resaltan la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de programas de reinserción y de desintoxicación, infraestructura deteriorada, falta de personal, falta de clasificación de PPL, violaciones a los derechos humanos, falta de supervisión y la realización de actividades ilícitas.
Las consecuencias de la sobrepoblación en las cárceles
La sobrepoblación penitenciaria tiene su origen principalmente en el enfoque de privación de la libertad de nuestras leyes. Hasta la reciente puesta en operación del nuevo sistema, cualquier conducta delictiva, antisocial y hasta faltas administrativas eran castigadas con prisión. Esto, sumado al lento avance de los procesos judiciales -en los que un sujeto podía esperar años a que se le dicte sentencia-, ocasionó una explosión demográfica en la mayoría de los centros penitenciarios del país. En 1992, existían en el país 85 mil PPL; para 2011 la población se había triplicado, alcanzando una cifra de más de 240 mil personas en prisión (Carbonell, 2012). Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para 2015 la cifra de PPL a nivel nacional llegó a 250,539. Estos datos quizá no son tan alarmantes por sí solos, pero si consideramos que la capacidad máxima del sistema penitenciario mexicano es de 206,379 personas, es claro que nuestras cárceles están por encima de su capacidad, lo que ocasiona otros problemas.
La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, así como de los medios alternos de justicia, tienen el potencial de disminuir la población penitenciaria progresivamente en los próximos años; sin embargo, existe un problema cultural que detiene la eficacia de este sistema. La cultura mexicana, una cultura penalizadora, ha provocado en la población y particularmente en aquellos que son víctimas de un delito, que sientan que la única manera de reparar el daño o lo perdido por los delitos, sea viendo a los infractores tras las rejas; es decir, ver encerrado a aquel que le ocasionó un menoscabo genera un sentido de venganza o satisfacción.
Este deseo de venganza se relaciona con el miedo colectivo de las y los ciudadanos, que propician los medios de comunicación. Rossana Reguillo argumenta que la obsesión de los medios por la delincuencia ha propiciado la evolución del miedo, de una emoción producida por amenazas concretas a una “omnipresencia” imposible de contener (2002: 199). Por eso, cada vez es más necesario poner una cara al origen del miedo o la amenaza. Los medios de comunicación le ponen la cara: comúnmente la de un joven, pobre, de tez morena; los mismos rasgos que se encuentran en gran parte de la población de PPL en el país. En otras palabras, la violencia reportada por los medios de comunicación “patologiza a los pobres como ‘otros’ peligrosos, legitimando la represión carcelaria de tolerancia-cero a nombre de la seguridad pública y retribución moral” (Karandinos, et al., 2015: 69).
El identificar la amenaza como ‘el otro’ ha servido como una estrategia política para asegurar votos; sirven como caras causantes de la inseguridad, y el sentido de miedo generado por estas caras fácilmente se convierte en odio. Paralelamente a ese odio, sentimos una solidaridad con las víctimas de los supuestos agresores. Como explica Reguillo (2002), este sentido de solidaridad comunitaria rompe la dicotomía víctima-victimario y genera una relación terciaria.1 La autoidentidad como ‘posibles víctimas’, dominada por el sentido de miedo y el odio por el ‘otro’, entrelaza a la población aún más en el tejido social de la delincuencia.
Mientras las normas nacionales incluyen medios alternativos de justicia como la mediación y reuniones de restauración o conferencias comunitarias, estos son poco utilizados (Pérez y Zaragoza, 2011). A la par, existe una saturación de casos pendientes en los juzgados, por lo que gran parte de la población de PPL no ha sido sentenciada, sobre todo aquella a la que le faltan recursos para pagar su defensa. A nivel nacional, menos de 60% de la población penitenciaria ha obtenido sentencia (Azaola, 2009). Además, 25% están presos por robos con un valor menor a mil pesos y solo 4% de la población penitenciaria del país es de “alta peligrosidad” (ídem). Así, podemos argumentar que las cárceles mexicanas están llenas de pobres, mientras la mayoría de los criminales peligrosos sigue en la calle.
Desde hace años, los centros penitenciarios de nuestro país están rebasados en su capacidad, una situación que parece preocupar poco al Estado, por lo que las soluciones a este problema se ven aún lejanas. En México las prisiones “tienen un sobrecupo, en promedio, de 40%; sin embargo, hay estados cuya población penitenciaria supera en más del 100% su capacidad instalada” (idem: 111). Quizá el nuevo sistema de justicia penal ayude a mitigar la problemática, pero a un ritmo demasiado lento.
La sobrepoblación ocasiona grandes hacinamientos en nuestros centros penitenciarios, ya que las celdas pueden llegar a tener una población hasta diez veces mayor de su cupo máximo, generando condiciones insalubres, peleas por los espacios privilegiados, el cobro por acceder a un mejor espacio para dormir, que los internos en su afán por conseguir un mejor lugar para su estancia se adhieran a grupos delictivos dentro de la prisión, además de que todas estas condiciones sirven de freno para una correcta reinserción (La policiaca, 2012, 17 de diciembre).
Por otra parte, a menudo falta la debida división de las PPL según el crimen cometido. Es decir, en una misma población, y hasta en un mismo dormitorio, se da el caso de que se encuentren personas en proceso penal y personas ya sentenciadas, personas que cometieron homicidio y otras que cometieron robo. De esta forma pueden convivir diariamente personas que de manera clara están involucradas en el crimen organizado con personas que cometieron delitos culposos. Esta situación propicia muchas veces que aquellos que cometieron delitos leves, a través de esta convivencia, frenen y hasta imposibiliten su reinserción ya que comienzan a aprender nuevos delitos y cómo cometerlos. Como estrategia de sobrevivencia, las personas privadas de su libertad por delitos menores comúnmente se asocian con miembros del cártel al frente del autogobierno del centro y otros líderes dentro de la población recluida. Tales relaciones tienden a resultar en compromisos y vínculos para su involucramiento en el crimen organizado cuando salen de la prisión (Pérez y Zaragoza, 2011).
Esta problemática se puede dar por varios motivos: en menor medida se debe a la falta de capacitación del personal penitenciario, que no logra determinar correctamente la peligrosidad del individuo para su debida clasificación; de mayor relevancia es la falta de espacios para recluir a las personas, pues es difícil hacer la separación adecuada de las PPL debido a que la asignación de centro penitenciario, del módulo y la celda obedecen más al espacio disponible que a la clasificación del delincuente.
Autogobierno, corrupción y malos tratos
El autogobierno es uno de los males que azotan y someten al sistema penitenciario. Es bien sabido que los centros penitenciarios en México están controlados parcial o totalmente por miembros de cárteles de la droga, los cuales, al enterarse del ingreso de un nuevo interno, deciden su ubicación a fin de beneficiarlo o perjudicarlo. Además, según los estudiantes internos de los cursos de Inside-Out, son capaces de pedir traslados de las PPL de un centro hacia otro y hasta controlar las decisiones de los juzgados para reducir o prolongar la estancia de una persona en la prisión.
Recientemente llegó un video al periódico Milenio de una ‘Narcofiesta’ del autogobierno en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, donde se ve la presencia de tres grupos musicales externos, bebidas alcohólicas, un banquete y la total ausencia de custodios.2 El poder de los cárteles continúa al rebasar las capacidades del gobierno no solo en el sistema penitenciario sino, en general, en temas de seguridad pública y justicia. Parece no haber forma de erradicar los autogobiernos ya que los cárteles se nutren de los negocios fuera de las prisiones. Primero sería necesario lograr cierto control sobre las actividades del crimen organizado fuera de las prisiones, para después asfixiar a los autogobiernos que controlan gran parte de las normas penitenciarias en el país.
La problemática de la corrupción está íntimamente ligada al autogobierno y a los cárteles de la droga, ya que son estos los que someten el sistema a su manera de dirigir los centros. El personal penitenciario se encuentra en un predicamento ya que en ocasiones estas organizaciones amenazan su vida o la de sus familiares para infundir el terror y obtener los beneficios y el poder que desean. Para un custodio, permitir un acto prohibido puede llevarle a ganarse un beneficio económico o a perder la vida, por lo que es evidente la manera en que responderá a la solicitud.
El día 15 de junio de 2017 salió en las noticias un caso que quizá sea un ejemplo claro de este predicamento que vive el personal penitenciario. Según los noticieros, alrededor de las 12:30 pm, cuatro custodios del CEFERESO de Puente Grande fueron atacados a balazos mientras compraban víveres en una tienda cerca del penal federal (Luna, 2017, 15 de junio). Se informó que uno de ellos había perdido la vida, otros dos estaban muy graves y otro en estado regular. De los agresores, se supo que viajaban en automóvil blanco con placas de Nayarit, y a su vez se pudo identificar que la agresión fue realizada utilizando armas de alto calibre (Ídem.). La línea de investigación de este ataque tendrá que comenzar en el interior del CEFERESO. Al haber sido utilizadas armas de alto calibre, se puede suponer que algún cártel está involucrado en el atentado, y al haber sido dirigido a personal de un reclusorio de máxima seguridad, probablemente las razones del ataque se basan en algún desacuerdo entre custodios y personas del autogobierno de la prisión.
Actos de este tipo, en contra de los servidores públicos, generan miedo y dudas en el personal penitenciario respecto a cumplir con su trabajo y las órdenes dadas por sus superiores. Estas historias ilustran la profundidad de la corrupción en la cultura penitenciaria en el interior de los reclusorios, pero también con alcances más allá de las prisiones, en los juzgados, las fiscalías y los tribunales.
En lo que se refiere a los malos tratos de las PPL, estos obedecen en buena medida al sentir popular de la necesidad de castigar severamente a los presuntos delincuentes, como hemos podido observar con la poca aceptación de los métodos de justicia alternativa en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), con los actos de autojusticia, que al ser identificados por ciudadanos son golpeados brutalmente y hasta llevados a la muerte (véase por ejemplo El Universal, 2015, 27 de octubre; Jalisco Rojo, 2017, 22 de mayo), lo que ha generado un falso sentido de bienestar en la sociedad, pensando que se libró de un mal.
De las 76,469 denuncias en Guadalajara en 2016, más de 28% se trataron de asuntos mediables que podrían ser tratados con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) (Zepeda, 2017). Los MASC son particularmente relevante en Jalisco al ser uno de los cuatro estados del país con mayor saturación de los Ministerios Públicos (MP), ya que cada uno recibe en promedio 645 casos al año (ídem). Sin embargo, y tal vez por sentimientos de venganza, como hemos mencionado, pocas víctimas aceptan la propuesta de que su caso sea tratado con los MASC. Sería bueno analizar por qué hemos llegado a justificar la violencia en estas situaciones y porqué tanta gente busca la venganza antes que la reparación del daño, algo que va en contra de nuestras leyes y las convenciones internacionales firmadas por México.
La sociedad carece de conocimientos en cuestión de garantías individuales y derechos humanos. Con respecto a las PPL, habría que dar una amplia difusión para conscientizar a la población de que el hecho de estar recluido por la comisión de un delito solo te priva de dos derechos: el derecho a libre tránsito y el derecho al voto; los demás derechos siguen intactos y deben hacerse valer. Es lamentable que la sociedad acepte la idea de que estar preso priva de todos los derechos y con el reo se puede hacer lo que sea. El alcance limitado de las instituciones que velan por los derechos de las PPL provoca que los malos tratos a esta población sean una práctica recurrente, no solo por parte de los custodios en los penales, sino desde policías aprehensores, policías judiciales, ministerios públicos, policías procesales y aquellos en los que recae la custodia de estas personas. Harían falta campañas en defensa de los derechos de las PPL para hacer presión y atraer la atención de las autoridades en esta problemática, además de que es indispensable capacitar en materia de derechos humanos a las policías y funcionarios que laboran en la impartición de justicia.
Falta de presupuesto, falta de compromiso
En las instituciones gubernamentales, hablar de dinero siempre ha sido un problema. En lo correspondiente al presupuesto entregado al sistema penitenciario, tenemos un retroceso enorme ya que la cantidad destinada a este rubro ha venido disminuyendo desde 2015: para este año el presupuesto fue de 19,374.8 millones de pesos; en 2016 se destinaron 18,308.9 millones de pesos; y para este 2017 el monto asignado al sistema penitenciario fue por la cantidad de 16,615.3 millones de pesos (Hernández, 2016). Con la carencia de insumos básicos para las PPL,3 la corrupción y falta de transparencia en los gastos de estos fondos, no es difícil darse cuenta que nuestros centros penitenciarios están en riesgo de colapsar económicamente, o bien caer sometidos completamente al control de los cárteles, los cuales aportan gran cantidad de dinero en la economía de los reclusorios para su sustento (El Observador, 2016, 12 de febrero).
La alternativa para mitigar las repercusiones de esta disminución de ingreso a los centros penitenciarios sería la creación de instituciones carcelarias autosustentables, que funcionen como industrias o centros de trabajo. Con este modelo, las PPL trabajan para obtener ganancias para ellos y sus familias, y a su vez dan un beneficio a la prisión (Matthews, 2011). Mientras hay algunas excepciones como Punta de Rieles en Uruguay (Porciuncula, 2017), muchas de las prisiones privadas son reconocidas por sus precarias condiciones y extremas violaciones de los derechos humanos (Wessler, 2016).
Si bien las cárceles del país están a cargo del Poder Ejecutivo, quien sería el primer responsable de la situación que se vive en nuestras cárceles, el Poder Judicial tiene facultades que podría utilizar para presionar a los centros penitenciarios a mejorar las condiciones para las PPL. Existe un antecedente en California, donde un tribunal preocupado por las condiciones en que se encontraban las cárceles de aquel estado, les puso un ultimátum, advirtiendo que de no mejorar sus centros comenzaría a otorgar la libertad a PPL con penas menores con la finalidad de reducir drásticamente la población (Carbonell, 2012). ¿Qué pasaría si los juzgados en nuestro país comenzaran a liberar a aquellos infractores de delitos leves?, dado que la mitad de las PPL están presas por robos valorados debajo de $6,000 pesos (Azaola, 2009); solo podemos imaginar el efecto que tendría en el sistema penitenciario y la sociedad en general.
La educación en el sistema penitenciario de México
El Artículo 18 constitucional, párrafo segundo, señala a la educación como uno de los ejes primordiales para la reinserción, por lo cual debería de ser accesible para toda la población penitenciaria. Sin embargo, hoy en día la educación en los centros penitenciarios parece ser más un privilegio para algunos que un derecho. El acceso a la educación es limitado debido a la escasez de programas y recursos en la mayoría de los centros, así como por la sobrepoblación de PPL. Aquí es importante reiterar cómo la normatividad nacional señala que las PPL solamente pierden dos derechos al entrar al sistema penitenciario: el derecho a libre tránsito y el derecho al voto. Por ende, falta promover la comprensión de la educación “como derecho, no como un ‘beneficio’ y haga de la cárcel […] un espacio social que dañe menos a quienes la habitan” (Scarfó y Aued, 2013: 90).
En México solo existe un programa de educación superior presencial en el sistema penitenciario, mismo que opera exclusivamente en cárceles de la Ciudad de México. El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal (PESCER) nació de un convenio entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF), firmado en diciembre de 2004 (Bidault, et al., 2006). PESCER es “el primer y único programa a nivel nacional que ofrece a la población penitenciaria clases presenciales de Educación Superior así como actividades de difusión cultural y extensión universitaria” (ídem: 323). El proyecto inició con dos grupos piloto en 2005 -uno en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla y el otro en la Penitenciaría del Distrito Federal- y ahora opera en varios centros penitenciarios de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), ofreciendo tres licenciaturas: Derecho, Ciencia Política y Administración Urbana y Creación Literaria, “siendo Derecho, la de mayor demanda, representando 84 por ciento […] La situación legal de los estudiantes explica por sí misma estos porcentajes” (ídem: 324).
En general, los reclusorios ofrecen educación básica y media superior, a menudo aprovechando a las mismas PPL con estudios para fungir como asesores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INNEJAD) y otros programas de educación abierta, y así reducir costos de personal en el área escolar. Tal es el caso en los centros penitenciarios de Jalisco, con excepción al proyecto piloto de Inside-Out.
¿Escuela del crimen?
Si bien sabemos que en la mayoría de las cárceles de nuestro país operan células delictivas que influyen en la toma de de cisiones respecto a lo que sucede en el interior de los centros, hay que reconocer que el poder de estos grupos también contribuye a que los centros penitenciarios se vuelvan escuelas del crimen. Frecuentemente, aquellos que están por primera vez en reclusión, llamados primodelincuentes, con cargos de delitos menores, son reclutados por los miembros de los cárteles para que trabajen para ellos ya sea dentro o fuera de prisión, aprovechando que estos saldrán pronto. Para el primodelincuente, aceptar esta oferta representa tener una buena estancia en prisión, beneficios económicos, protección, pero en ocasiones se ven sin alternativa al ser amenazados con hacerles daño a ellos o a sus familias (Pérez y Zaragoza, 2011). Como argumentó un alumno interno de alto mando en el principal cártel del estado, en uno de sus ensayos de reflexión para el primer seminario de Inside-Out en el Reclusorio Metropolitano, “La vida en la prisión […] es como si te fueras a un retiro. La frase con la que se le llama a la prisión como la ‘Universidad [del Crimen]’ lo dice muy bien. Es como un internamiento fuera de tu lugar de origen, vas a aprender más acerca de lo que sabes y a perfeccionar otras características personales y negocios que no sabías”.
Inside-Out Prison Exchange Program
Inside-Out es un modelo que combina la educación formal con una experiencia de intercambio sociopedagógico entre estudiantes universitarios e internos del sistema penitenciario. Es decir, guiados por una profesora capacitada, las y los estudiantes externos y las PPL conviven como compañeros de aula y de estudio, y permiten reducir barreras sociales, así como promover experiencias de aprendizaje transformativas y desarrollo académico en ambos grupos.
Actualmente, Inside-Out opera en más de 100 universidades y prisiones en 41 estados de Estados Unidos, así como en Canadá, Inglaterra y Australia. Desde 1997 han participado más de 22 mil estudiantes en el programa, y más de 600 profesores han sido capacitados para llevar a cabo el modelo que ha recibido varios reconocimientos y premios internacionales.
Puente Grande, Jalisco, es el primer sistema penitenciario en Latinoamérica que ofrece el programa Inside-Out. Comenzó a operar en México en 2016 en el Centro de Readaptación Social Femenil de Jalisco, con estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Guadalajara, una estudiante de psicología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y una profesora de la Universidad de Guadalajara (UDG). Desde entonces, el modelo de Inside-Out ha sido replicado semestre a semestre con la profesora de la UDG y con estudiantes de varias carreras de ciencias sociales (González, 2016).
El curso “Crimen, justicia e inclusión social”, impartido en el Reclusorio Metropolitano con el apoyo de UPN de Guadalajara, se llevó a cabo una vez por semana desde el 8 de febrero al 1 de junio de 2017, con 10 PPL en este centro y nueve estudiantes y profesores de la UPN, el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
El Reclusorio Metropolitano de Puente Grande e Inside-Out
Inaugurado en febrero de 2013 con una inversión de 1,700 millones de pesos, el Reclusorio Metropolitano es el centro penitenciario más moderno y más costoso del estado. Se encuentra ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco. La construcción del centro se realizó con el propósito de descongestionar la sobrepoblación de las cárceles estatales, que para 2013 se encontraban con un excedente de personas privadas de su libertad de 67%, según cifras de Luis Carlos Nájera, anterior secretario de Seguridad Pública del estado (El Informador, 2013, 19 de febrero).
Este reclusorio cuenta con la tecnología para funcionar de manera más automatizada que los CERESOS existentes. Las novedades incluyen más de 4 mil dispositivos electrónicos: 900 puertas completamente automatizadas, 500 cámaras de video, ingreso con sistema de rayos X, lector de tarjetas, un sistema de código de barreras y bolardos, un sistema de intercomunicación y un sistema detector de aparatos electrónicos (ídem). Cualquier aparato electrónico, incluyendo celulares y tabletas, debería guardarse en la caseta de vigilancia antes de pasar al estacionamiento del reclusorio.
El centro cuenta con una capacidad de 1,700 internos de peligrosidad media-alta, pero actualmente solo alberga a alrededor de 370 PPL, las cuales se dividen entre procesados y sentenciados. Para los sentenciados existen ‘celdas especiales’, con una población de aproximadamente 70 personas.4 La primera generación de Inside-Out en el Metropolitano se formó con diez integrantes de este grupo.
El Reclusorio Metropolitano se caracteriza por albergar a personas que cometieron delitos de alto impacto del fuero común, relacionados con el crimen organizado; en su mayoría los internos son acreedores a penas mayores a 20 años. Otro detalle notable de este centro es que las personas recluidas allí no utilizan el clásico uniforme beige de los demás centros, sino un uniforme naranja al estilo de las cárceles estadounidenses.
Es importante resaltar que esta prisión se rige bajo normas nacionales como la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Constitución mexicana, así como de estatutos internacionales, ya que es el único centro penitenciario en el estado acreditado por la American Correctional Association (ACA), la cual exige el cumplimiento de 137 normas para dicha acreditación (Pelayo, 2017).
Entre las áreas técnicas con las que cuenta el centro para la correcta reinserción de las PPL, están las áreas de Criminología, Atención Médica, Psicología, Trabajo Social y el área Escolar; esta última es la sede del seminario de Inside-Out. El seminario de “Crimen, justicia e inclusión social” se llevó a cabo a lo largo de quince semanas, todos los jueves de 3:30 a 6:00 p.m., en uno de los múltiples salones del área escolar. La política del centro prohíbe el contacto entre los diferentes grupos de PPL, por lo que los demás espacios de la escuela quedan desocupados durante el horario del curso.
Alcances de Inside-Out
Algo que se debe resaltar del programa Inside-Out es sobre las etiquetas y cómo este programa permite crear conciencia sobre la importancia de eliminarlas. Al inicio de este curso se da la oportunidad de enfrentar directamente estos estereotipos. Los externos llegamos con estas ideas, debido en parte a lo que escuchamos al hacer mención de que asistiríamos a un curso dentro del reclusorio: “¡No inventes, ahí están puros narcos, homicidas y secuestradores!”, “Son puros delincuentes de alta peligrosidad”. Ciertamente, estos comentarios generaron la preocupación de las y los alumnos externos respecto a la seguridad, puesto que no sabíamos cómo sería la interacción con los compañeros internos y bajo qué condiciones. En la primera sesión buscábamos hasta adivinar qué delitos habían cometido nuestros compañeros internos, escuchábamos su forma de hablar, si eran agresivos, su complexión, etc. Con la política de semianonimato del programa está prohibido utilizar apellidos en el curso, eliminado la posibilidad de resolver nuestras dudas con el apoyo de “san Google” al recuperar nuestros aparatos electrónicos a la salida del reclusorio.
Por su parte, los compañeros internos también entraron con preconcepciones sobre los externos. Contaron que al inicio esperaban que las y los estudiantes universitarios, sobre todo los de criminología, entraban al curso con el propósito de “estudiarles como criminales”. Relacionaron sus ideas con las visitas de estudiantes a los CERESOS, en las que la mayoría del grupo interno había participado antes de ser trasladados al Metropolitano. En esos recorridos se buscaba que las y los estudiantes entendieran el funcionamiento de los centros penitenciarios, pero según los compañeros internos parecían visitas turísticas o visitas a un zoológico, haciéndoles sentir que las PPL eran la atracción. En esta nueva experiencia, expresar los estereotipos del grupo interno hacia las y los estudiantes externos al inicio del semestre, contribuyó a superarlos.
Las primeras sesiones con los dos grupos de estudiantes integrados (internos y externos) se basaron en actividades rompehielo, justamente con la intención de superar estas etiquetas y reconocer a los demás integrantes del seminario como seres humanos y compañeros de aula, sobre cualquier otra característica. Las dinámicas nos permitieron darnos cuenta de que tanto compañeros internos como externos compartimos gustos y experiencias, y que somos más parecidos de lo que pensábamos, situación que derrumbó en gran parte las etiquetas que existían entre nosotros.
La rapidez con la cual los prejuicios fueron desapareciendo refleja una de las grandes bondades del programa. Con el diálogo personal entre estudiantes y las actividades en grupos de tres o cuatro personas, comenzamos a percibirnos más como compañeros, como personas, como si estas dinámicas hubiesen causado un proceso humanizante en todos nosotros. Aun cuando algunos decidieron compartir los motivos de su reclusión -algo no recomendado por el programa, pero tampoco prohibido- las etiquetas no se volvían a utilizar; seguimos viéndolos como personas iguales a nosotros, sin enfocarnos en los errores que habían cometido. Eliminar las etiquetas entre nosotros ayudó a valorar mucho lo que todos los compañeros expresaron respecto a su experiencia con el sistema de justicia, y a su vez generó cierta confianza y apertura para hablar sin censura de las problemáticas actuales del sistema penitenciario.
Respecto al alcance de Inside-Out para los estudiantes internos, en varios casos se notó un cambio significativo en su manera de ver su caso personal y las posibilidades para su efectiva reinserción. Este se refleja en la colaboración de los compañeros internos en el Cuaderno de Reflexiones que se repartió al final del semestre. En palabras de uno de ellos:
Inside-Out fue una gran oportunidad para aprender sobre una problemática tan importante que nos aflige hoy en día a todos en este país y por la cual se tiene que buscar una solución el cual mejore esa situación que cada vez se sale un poco más de control. Me refiero a una solución para disminuir los delitos, disminuir la sobrepoblación en cárceles, disminuir la violencia, ofrecer mejores oportunidades para los jóvenes y mayores que no los hagan recurrir a la delincuencia, mejores leyes para beneficio de todas las personas, incluso quienes están privadas de su libertad. Este curso para mí fue algo que me interesó desde el primer día en el que estuve presente, ya que es una temática muy importante. Doy gracias a los participantes tanto interiores como exteriores por ser parte de esto, pero sobre todo por dejarme ser y aprender de esto.
El programa sirve para conscientizar ampliamente a las y los estudiantes con respecto a todo lo que implica el sistema carcelario, la ejecución de las penas y la justicia alternativa. Algo muy importante es la perspectiva de la sociedad hacia los internos y las etiquetas sociales que son puestas a estas personas durante y después de su reclusión. Otro compañero escribió:
Inside-Out me enseñó que hay personas que están luchando desinteresadamente por promover los derechos humanos que están desvalorizados para nosotros en reclusión. Gracias a programas como este, vemos el sistema carcelario desde otra perspectiva, que se puede lograr el trato digno y la convivencia entre nosotros y el sistema, y podemos llegar a ser personas que aporten algo a la sociedad a la que pertenecemos.
Uno de los temas abordados en el curso, que resultó de mayor interés para los compañeros internos, fue el de la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Ellos mismos expresaban que estos tipos de justicia podrían ayudar mucho a disuadir gran parte de los delitos menores y, por ende, reducir la población carcelaria ya que existe mucha gente en reclusión por estos motivos. La justicia alternativa puede enseñar a los infractores que su conducta, además de ser incorrecta y dañar directamente a la víctima, tiene efectos colaterales que dañan a todo el entorno en el que se desarrolla. La justicia alternativa y la restaurativa tienen el potencial de conscientizarlos de sus errores y detenerlos a tiempo, antes de envolverse en una vida delictiva.
Además del anterior, entre otros temas que resultaron de mucha relevancia para los compañeros internos, destacan algunos como la ejecución de las penas, la reinserción social y la reparación del daños como medio de retribución. Como expresó un compañero durante la ceremonia de clausura del curso:
Me llevó mucho a conscientizar; el hecho de que cuando hacemos daño por la comisión de un delito jamás nos damos cuenta de las etapas que pasan las víctimas para recuperar una parte de lo que les es arrebatado. Entender esto, sin duda me hizo recuperar una parte de lo humano que había perdido.
El grupo de estudiantes externos de este seminario coincidió en que Inside-Out representa una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, en gran medida por la oportunidad de haber sido parte de un programa piloto en América Latina.
Entre las experiencias más importantes estuvo la de analizar el sistema penitenciario desde las diferentes perspectivas traídas por un grupo tan diverso. Que las y los estudiantes de criminología pudieran compartir puntos de vista con estudiantes de intervención educativa, sociólogos, una psicóloga y varios internos con licenciaturas de distintas disciplinas como derecho y administración de empresas. Sin embargo, lo más enriquecedor fue el diálogo con los compañeros privados de su libertad respecto a sus vivencias dentro del sistema penitenciario. En las palabras de un compañero externo:
La experiencia de Inside-Out fue única en lo referente a educación ya que rompió muchas barreras tanto sociales como personales respecto al ser estudiante, al trabajo comunitario dentro del aula de clases y la perspectiva sobre la prisión y la educación. El compartir aula con personas tan diferentes entre nosotros enriqueció los temas y la perspectiva de justicia que tenía. Después de esta experiencia me cuesta trabajo pensar la educación con sujetos homogéneos. Creo que la inclusión de sujetos tan distintos en diferentes contextos es una de las claves para pensar en un sistema educativo diferente y prometedor.
Un elemento fundamental de la pedagogía de Inside-Out es el uso del círculo. Siempre nos sentamos en círculo, que ayuda a reducir jerarquías y diferencias percibidas entre el grupo. Claro que era difícil ignorar los uniformes naranja en contraste con la ropa negra requerida para los externos, pero con el tiempo fue menos notoria la diferencia entre los dos grupos. La diversidad de enfoques del grupo generó debates con puntos de vista tan variados, que era común que uno cuestionara la validez de su propia opinión. En suma, uno de los beneficios de Inside-Out es compartir las distintas formas de pensar y llegar a conclusiones bien fundamentadas o profundizar en la complejidad de las problemáticas.
Una de las deficiencias de muchos programas de ciencias sociales es basar la educación estrictamente en lecturas académicas, sin constatar si el contexto real es congruente con los planteamientos de los autores. En especial en la carrera de criminología, el estudio de las conductas antisociales se basa particularmente en los postulados de investigadores, a menudo extranjeros, cuestión que no garantiza que sus premisas sean adecuadas a la realidad actual de nuestra sociedad. Ahora bien, haber explorado el temario de este curso en un espacio académico donde compartimos las opiniones y aportaciones de infractores de la ley, enriquece enormemente el conocimiento de las y los estudiantes, promoviendo la adecuación de los postulados mencionados anteriormente a esta problemática actual.
Escuchar las experiencias de los compañeros internos como víctimas del sistema penal -así como algunas experiencias como victimarios en los crímenes que cometieron- permite una profundización en el aprendizaje que no se puede alcanzar por ningún otro medio. Para las y los estudiantes de criminología, esta experiencia fue de gran relevancia tanto personal como académica, porque en la criminología el principal objeto de estudio es el delincuente y su entorno, situación que ha provocado la deshumanización de los infractores de la ley, atribuyéndoles el carácter de objetos inanimados, y que en nuestra percepción se genere la separación del ser humano y la conducta delictiva. Esto nos lleva a desensibilizarnos y olvidemos que estamos estudiando a personas. Estar en esta convivencia con nuestro ‘objeto de estudio’, viendo cómo ellos mismos aportan sus experiencias y su percepción de los diferentes temas, ayuda a reconocer la necesidad de analizar las situaciones inherentes a la naturaleza humana en un caso, antes de estudiar estas conductas como actos que van en contra de la sociedad.
Inside-Out es una herramienta que da voz a aquellos que el sistema ha dejado mudos. A través de las sesiones, los temas fueron nutridos ampliamente por las vivencias de los compañeros en reclusión y dejó al grupo de estudiantes externos con el cuestionamiento de cómo hubiera sido su experiencia de formación académica sin este programa, limitándose a estudiar mediante lo que alguien más investigó, casarse con postulados que alguien más generó y, sobre todo, estudiar la conducta delictiva sin tener la oportunidad de escuchar y preguntar a estas personas, antes de titularse como licenciado(a) en criminología. Sin duda, Inside-Out es un complemento enorme a cualquier programa de licenciatura dentro de las ciencias sociales.
Otro tema clave en el curso, y que realmente causó una gran conmoción en la mayoría de los compañeros, fue cuando analizamos el sistema de impartición de justicia en todos sus niveles: policías, ministerios públicos, abogados de oficio, jueces y legisladores. En esta actividad formamos grupos en los que se encontraban estudiantes internos y externos; cada grupo analizó una de las partes del sistema y trató de explicar la situación actual, tomando en cuenta puntos a favor y en contra, qué hacían bien y qué hacían mal, sus alcances, recursos, etc. Lo interesante de esto fue que, al exponer cada grupo su parte correspondiente y volver a juntar todo lo analizado, encontramos situaciones alarmantes en las que la mayor parte del sistema de impartición de justicia está fallando, y más por la forma de llevar a cabo el nuevo sistema de justicia penal. Las policías trabajan sin recursos y con capacitación muy limitada; los ministerios públicos carecen de la capacidad de investigar correctamente los delitos; los abogados de oficio parecen ser cómplices de los ministerios públicos, olvidándose de su rol como defensores de los indiciados; en ocasiones los jueces se muestran apáticos y deciden no involucrarse ni analizar correctamente los casos en los cuales darán su resolución; y a nuestros legisladores se les olvida que para legislar sobre un tema hay que conocerlo y tratar de subsanar todos los efectos de esta nueva ley. Contemplar un sistema con tal grado de ineficiencia hace que cualquier ciudadano desconfíe de las autoridades, decida dejar de denunciar y tome la justicia por su propia mano, o hasta confíe su seguridad a grupos delictivos en lugar de la policía.
Cerramos esa sesión de final del curso preguntándonos: ¿empoderado o desempoderado? ¿Cómo te sientes ahora que sabes que nuestro sistema de justicia tiene tantas deficiencias, que existe gente en prisión, no por cometer un delito sino por no haber tenido los recursos para una defensa digna, conociendo a gente recluida por robar algo para saciar su hambre, mientras tanta gente que comete delitos más graves queda impune por sus influencias? Este ejercicio de análisis y reflexión, a la mayoría nos hizo sentir desempoderados y desconfiados de nuestras autoridades. Desde entonces hemos pensado mucho en cómo se llegó a niveles tan altos de corrupción, impunidad y egoísmo. Hemos podido constatar en nuestras propias colonias que la desconfianza a las autoridades es tal, que el líder local de la “plaza” llega a ser una especie de Robin Hood a quien los vecinos se acercan para solucionar conflictos de delincuencia. Hoy pareciera que estos capos locales tienen el mismo poder que las autoridades, si no es que más. Ahora nos preguntamos, ¿los grandes cárteles de la droga, con todo su poder, se han convertido en el cuarto poder en nuestra nación?
Para cerrar este artículo, queremos destacar dos bondades del programa de Inside-Out que merecen mención, aparte de las aportaciones de la experiencia ya señaladas.
Cara a cara con el delito
Además de propiciar la interacción de estudiantes y profesores de diversas carreras con personas privadas de la libertad, Inside-Out permite que participantes del exterior conozcan directamente a personas que han cometido delitos. De esta forma, la comisión de un delito adquiere un rostro y un nombre, deja de ser una simple estadística o expediente para convertirse en personas con las cuales se puede dialogar sin restricciones o presiones. Inicialmente comprendíamos los delitos cometidos por los compañeros internos como algo malo y que nos generaba temor y preocupación; sin embargo, al tener voz y rostro, se vuelven más comprensibles. De esta forma, el delito se convierte en una persona; logramos dejar a un lado la conducta antisocial en abstracto y podemos convivir y dialogar con una persona que, en estas circunstancias y gracias a la pedagogía del programa, aporta conocimientos claros respecto a la comisión de estas conductas. Como criminólogos, tenemos la oportunidad de compartir experiencias, dudas e inquietudes con los principales actores del fenómeno delictivo, situación que solo es posible por medio de Inside-Out.
Proceso humanizador
Si bien antes mencionamos que existe la posibilidad de ver frente a frente a estos compañeros que cometieron algún delito, todos pasamos por un proceso humanizador muy interesante, originado a través de la convivencia y las discusiones personales, en grupos pequeños y con todo el grupo. A mediados del semestre llegamos a un punto en el cual comenzamos a generar empatía mutua, ocasionando que la relación entre todos nosotros se estrechara y nos volviéramos verdaderos compañeros, sin etiquetas de ‘externos’ e ‘internos’ nos considerábamos como iguales. De repente nos olvidamos que estábamos dentro de un centro penitenciario y hasta los compañeros internos decían que por esas dos horas se olvidaron que estaban en reclusión.
Las y los estudiantes externos entraron con la expectativa de que este curso nos brindaría la oportunidad de conocer el Reclusorio Metropolitano y a algunos infractores de delitos de alto impacto, y terminamos conociendo a grandes seres humanos, personas como cualquier otra, gente con mucho que aportar a la sociedad y con muchas ganas de superar su situación. Terminar el curso fue un poco triste, al no poder seguir compartiendo con los compañeros y pensar que quizá ya no volvería a verlos; sinceramente, es una experiencia que no se puede olvidar tan fácilmente. Reconocemos ahora que esa diferencia que marca tanto nuestras vidas, se puede simplificar a en que sus conductas erróneas están tipificadas como delitos en una ley, y las nuestras no.
Reflexiones finales
La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un ser humano, por lo que debe estar presente en el plan de actividades para las PPL. Además de aprender sobre la justica, el crimen y la exclusión social, en el curso de Inside-Out se logra hacer conciencia en todo el grupo sobre nuestra participación en el fenómeno delictivo. Como explicó el compañero citado arriba, a las PPL les ayudó a recuperar el lado humano que creían perdido; y a las y los externos, nos ayudó a reconocer y enfrentar etiquetas estigmatizadoras. El temario del curso -en el que se desenmascaran todos los aspectos del sistema de justicia, la delincuencia, las víctimas y los victimarios- permite concebir el efecto de sus acciones y todo aquello que se genera a partir de una conducta antisocial. La conscientización generada con Inside-Out es, sin duda, una herramienta disuasoria para futuros delitos.
Más allá de que sirva para este fin, la educación es un derecho humano que deber garantizarse a todas las PPL en los penitenciarios mexicanos. En palabras de Scarfó y Aued, “La educación tiene un fin propio en tanto derecho humano: el desarrollo integral del individuo. Debemos entender que la persona privada de su libertad es un sujeto de derechos y que debe ser el Estado el garante de su goce efectivo” (2013: 92). El efecto de buenos programas educativos como Inside-Out en las estadísticas de reincidencia, es una razón más para promover la educación como eje principal de la reinserción social.
Inside-Out utiliza un modelo pedagógico que no solo nos permite analizar las problemáticas sociales con la perspectiva de las PPL, también ayuda a superar estereotipos, eliminar etiquetas y contribuye a la humanización y la inclusión social con la conscientización transformadora de las y los participantes. Más que estudiar nuestro sistema de justicia y el sistema penitenciario, este programa trae consigo un proceso humanizador impresionante, donde ‘el delincuente’ llega a tener un rostro real y un nombre; pero antes de ser delincuente es una persona. Con esto se logra quitar la etiqueta a considerar a las PPL como iguales. Te humanizas respecto a su situación, los entiendes, te entienden, y se genera un vínculo de ser humano a ser humano, donde no hay inseguridad ni discriminación.
Actualmente, el modelo de Inside-Out opera en dos centros penitenciarios de Puente Grande: el Centro de Readaptación Social Femenil y el Reclusorio Metropolitano, que incluye aproximadamente 40 participantes por semestre. Por primera vez, en el segundo semestre de 2017 el curso del Metropolitano será ofrecido en modalidad de Diplomado de la UPN de Guadalajara. De esta forma, el certificado que se otorgue a quienes cumplan el programa exitosamente tendrá más valor curricular, tanto para estudiantes internos como externos.
Profesores de varias universidades en la ZMG, así como una colega de la Universidad Iberoamericana de Torreón, han mostrado interés en certificarse como instructores de Inside-Out. Por lo pronto, estamos gestionando fondos para ofrecer una capacitación en México y traducir el material al español. No cabe duda que el valor de Inside-Out para nuestra sociedad seguirá siendo reconocido por cada vez más gente vinculada con las universidades y el sistema penitenciario, y de esta forma llegará a transformar la vida en México y el resto de Latinoamérica a favor de la seguridad ciudadana y la igualdad social.