Introducción
Argentina ha sido y es un país receptor de corrientes migratorias. En las últimas décadas, dentro del colectivo de extranjeros se ha acentuado la participación de los que provienen de países limítrofes1 y también de Perú. Si bien estos últimos siguen siendo minoritarios entre los extranjeros, muestran una especial dinámica. Por otra parte y especialmente en los últimos años las instituciones que imparten educación superior en el país han visto incrementado el número de alumnos extranjeros, tanto en los estudios de grado como de posgrado.
Los distintos procesos de integración regional en los que se encuentra incluida Argentina influyen de manera diversa en la evolución del número de migrantes que deciden vivir en nuestro país. Asimismo distinto tipo de políticas públicas nacionales influyen no sólo en el número de migrantes sino en sus condiciones de vida en Argentina.
En Argentina se discute, tanto en la academia, el ámbito político, los medios de comunicación y en instituciones de distinto tipo, entre otras las educativas, respecto a la importancia numérica de estas corrientes migratorias, las políticas que las regulan y su impacto. En algunos casos se alude a una “invasión descontrolada”2 y a la “fuerte presión”3 que los migrantes ejercerían sobre los servicios de salud y educación públicos. Sin embargo, en general tales afirmaciones no se corresponden con lo que muestran los distintos tipos de estadísticas disponibles (Bruno, 2010). Este informe tiene por objetivos avanzar en la cuantificación del número de estudiantes extranjeros en la educación superior de Argentina y su distribución territorial, en el contexto de los procesos migratorios recientes.
En una primera parte, y como contexto, se analiza la situación económica y laboral de Argentina en la primera década de este siglo y las principales políticas públicas relacionadas con el fenómeno.
En una segunda parte se examinará la evolución del número y distribución territorial de los alumnos extranjeros procedentes de países limítrofes y Perú en el nivel superior no universitario (terciarios que se dedican a la formación docente y/o a la formación técnico profesional otorgando títulos de distinto tipo de tecnicaturas).
En una tercera parte, y con la escasa información disponible, se intentará cuantificar el número de alumnos extranjeros de distintas nacionalidades en el nivel superior universitario. Las fuentes de información que se utilizan son los Censos Nacionales de Población y Vivienda, los Relevamientos Anuales que realiza regularmente el Ministerio de Educación sobre alumnos de todos los niveles de enseñanza excepto el universitario, el Censo de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y el sistema de estadísticas universitarias.
Marco contextual
En tanto influyen de manera diversa en los flujos migratorios y en las condiciones de vida de los migrantes, a continuación se analizará brevemente la evolución de la situación económica laboral de Argentina en la primera década del siglo XXI y algunas de las principales políticas públicas a ella vinculadas. Luego se pasará rápida revista a las principales políticas migratorias, las de integración regional y las educativas relacionadas con los estudios de nivel superior.
La evolución de la situación económica laboral
En la primera década del presente siglo, Argentina pasó de una grave crisis económica y social a una etapa de crecimiento del producto, del empleo y mejora en la situación social. A fines de 2001, luego de más de tres años de estancamiento y recesión, el plan de convertibilidad, uno de los instrumentos centrales de la política económica de la década del noventa, se había derrumbado comenzando otra etapa en la economía del país (Kicillof et al., 2010).
Como era de esperar, luego de la devaluación y pesificación de 2002, se manifestaron los peores valores en los indicadores laborales y sociales (Kicillof et al., 2010), los que ya eran preocupantes en los años anteriores. En lo sucesivo, se evidenció un cambio en el rumbo económico que tuvo manifestaciones positivas en lo laboral y social. A partir de 2003, se instrumentaron políticas destinadas a mejorar los ingresos de segmentos significativos de la población y, consecuentemente, a acrecentar el consumo y la demanda interna: promoción de las discusiones salariales en el marco de los convenios colectivos de trabajo, aumento del salario mínimo vital y móvil, aumentos de los haberes de los jubilados y pensionados, ampliación de la cobertura de la seguridad social a nuevos beneficiarios, incrementos en el salario indirecto de los trabajadores en relación de dependencia y otros (Dirié y Sosa, 2011).
Desde 2003 se observó un importante crecimiento del producto (alrededor del 9% anual) y de la ocupación, en el que adquirió un rol destacado el sector industrial, muy debilitado en la etapa anterior. Los sectores productores de bienes manifestaron durante gran parte del periodo mayor ímpetu en el crecimiento económico del país, especialmente la construcción y la industria manufacturera. En el periodo 2002/2007 la tasa anual acumulativa de expansión del sector productor de bienes fue del 10.2 % y la del sector prestador de servicios del 7.2% (CENDA, 2008). El impacto de la crisis internacional que se desató en 2008 moderó la evolución de algunos de estos indicadores. Entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2010 la tasa de variación del valor agregado mostró un 2.4% de crecimiento entre los productores de bienes y un 11.4% entre los productores de servicios. Específicamente los servicios de enseñanza, sociales y de salud se incrementaron un 9.9%. Se advierte así que los sectores productores de bienes y en particular la industria, han sido clave en la generación de empleo en los primeros años tras la devaluación de la moneda, pero ya con anterioridad a la crisis internacional de 2008-2009 habían perdido fuerza. El análisis sectorial del empleo registrado muestra también el papel destacado que ha tenido el empleo público durante la crisis y la recuperación (CENDA, 2010).
Un rasgo del periodo mencionado es que, a diferencia de otros, el crecimiento económico sostenido implicó una significativa tasa de crecimiento del empleo, generándose más empleos por unidad de crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI). La caída inicial del salario real, de alrededor del 30%, como consecuencia de la devaluación de la moneda, favoreció el sesgo trabajo-intensivo del patrón de crecimiento, reflejado en la incorporación de trabajadores al proceso económico. Al disminuir la desocupación y extenderse las negociaciones colectivas, los salarios reales fueron aumentando, aunque de manera desigual. Por otra parte, se aplicaron políticas laborales protectoras de distinto tipo que propiciaron la generación de empleo registrado (Kicillof et al., 2010).
Con base en la información recogida por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), señala Salvia (2011) que “en líneas generales, entre los años 2004 y 2010 se observa un balance positivo de la situación laboral de la población relevada, evidenciado por un aumento del empleo de calidad y una disminución de la desocupación. Sin embargo, estas mejoras no se verificaron con la misma intensidad para el total de la población”. Agrega que:
especialmente hasta el 2007, la reactivación económica se plasmó en generación de puestos de trabajo, en el aumento de la proporción de empleos plenos de derechos y en el descenso de la desocupación. Posteriormente, las crisis nacional e internacional, en 2008 y 2009, generaron un relativo retroceso sobre el nivel de empleo y la calidad del mismo, pero luego se observó una pronta recuperación no obstante que la persistencia de una alta proporción de ocupados que no pueden acceder a un empleo pleno de derechos continúa siendo uno de los problemas fundamentales del escenario laboral (Salvia, 2011).
Respecto a la media de ingresos laborales, indica que:
cualquiera sea el método utilizado, el promedio de ingresos laborales reales aumentó entre el 2004 y 2010. En el caso de considerar el IPC-INDEC, el incremento real durante el periodo habría sido de 142%($1031a$2498), pero si se usa el IPC 7 Provincias, el incremento real del promedio del ingreso fue sólo de 56% ($ 1 597 a $ 2 498). Esta diferencia se explica fundamentalmente por la desigual evolución que siguen los ingresos a partir de 2006 según se aplique una u otra medida de ajuste (Salvia, 2011: 15).
Respecto a las retribuciones al trabajo, Halperín Weisburd dice:
La retribución media al trabajo aumentó a lo largo de la década como consecuencia de un retorno a la discusión salarial en el marco de los convenios colectivos y del incremento continuado de la tasa de empleo. Si bien la división entre empleos formales e informales implicó una diferencial en la retribución media de unos y otros, se experimentó también un alza de los salarios para los no registrados. Esto se tradujo en un aumento de la participación de la retribución al trabajo en la distribución funcional del ingreso —en 2006, último dato disponible, fue del 34.1% del ingreso (CEPED)—. Sin embargo, la menor elasticidad del empleo-producto observada en los últimos semestres de la década ralentizó la tasa de crecimiento del empleo (formal e informal) y de ese modo apareció una tendencia hacia una participación menor del salario frente a la variación positiva de la productividad media del trabajo (Halperín, 2011: 58).
El mismo autor indica que en la fase de recuperación y de crecimiento del PIB per capita registrada desde 2002, también tuvo lugar una disminución del grado de desigualdad entre las retribuciones de los empleos formales y un incremento de la ocupación en las actividades que requieren mayores niveles de educación. Específicamente, la ocupación creció en forma más pronunciada para los miembros de los hogares con mayores recursos, cuyos jefes finalizaron el nivel secundario de educación. Las oportunidades laborales fueron relativamente más restringidas para los trabajadores con grados inferiores de instrucción formal. Y la inestabilidad de los empleos afectó en mayor proporción a aquellos con bajo nivel educativo y fue más frecuente entre los miembros no jefes, los jóvenes y las mujeres (Halperín, 2011).
Desde 2007 se asistió a un amesetamiento en la tasa de empleo. Si bien la población ocupada no se redujo, dejó de presentar una trayectoria expansiva como la que había exhibido a lo largo del periodo comprendido entre 2002 y 2007. A la vez, el aumento en el ritmo de variación de los precios condujo a una estabilización de los salarios reales, quebrando de esta forma la tendencia expansiva que habían verificado los mismos desde el piso histórico al que habían sido reducidos en 2002 (CIFRA, 2011).
En términos de las tasas de crecimiento sectoriales se produjo un cambio importante en el periodo. Mientras que en los primeros años de la posconvertibilidad los sectores productores de bienes (en particular, industria y construcción) crecieron por encima del promedio de la economía, desde 2007 la tendencia se revirtió y los servicios comenzaron a expandirse más aceleradamente que el promedio. El impacto de la crisis internacional intensificó esta tendencia, dado que fueron los sectores productores de bienes los que se vieron más afectados por el mismo. Así, la tasa anual acumulativa registrada por el conjunto de los sectores productores de bienes entre 2003 y 2007 resultó de 9.2% y el PIB se expandió al 8.8%; mientras que entre 2007 y 2010 estos sectores crecieron al 3.2% y el PIB al 5.5% (Arceo y González, 2011).
Indican Arceo y González que en el total de aglomerados urbanos entre 2003 y 2007 la tasa anual acumulativa de variación del empleo total fue del 4.5%, advirtiéndose comportamientos diferenciales entre las ramas productoras de bienes y la de servicios. Mientras que en ese periodo en los primeros el incremento del empleo fue del 7.2% anual, en los segundos fue del 3.7% anual. El incremento del empleo se desaceleró entre 2007 y 2010, y el comportamiento intersectorial se invirtió. En el periodo el empleo total creció a una tasa anual acumulativa del 1.2%, el empleo en los sectores productores de bienes decreció a una tasa anual acumulativa del 0.1% mientras que en los sectores productores de servicios el empleo creció a una tasa anual acumulativa del 1.6% (Arceo y González, 2011).
Políticas relacionadas con la integración regional, las migraciones y la educación
A partir de aquí se analizarán aspectos de políticas públicas nacionales que tienen relación con la integración regional, las migraciones y el sistema educativo.
En el marco del MERCOSUR4 se promovieron en estos años distintos tipos de políticas regionales que se relacionan con la temática de este estudio.
Respecto a la cuestión de las migraciones, en 1996 se creó la Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados, destinada a trabajar en la adopción de medidas consensuadas respecto de dos grandes temas: migraciones y seguridad. En mayo de 2004 en la II Reunión del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR se manifestó el respeto a los derechos de los migrantes; se rechazaron las expulsiones masivas; se afirmó que la irregularidad migratoria no es una conducta punible desde el derecho penal y se reafirmó el deseo de mantener una política migratoria abierta e inclusiva. A su vez, se reclamó que en otras regiones del mundo se dé a nuestros ciudadanos y ciudadanas el mismo trato que nosotros brindamos a los nacionales de esas otras regiones.5
Un paso muy significativo ha sido la firma del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y Estados Asociados, por el cual se posibilita que aquel que haya nacido en un país del bloque pueda obtener una residencia regular en otro país del mismo, mediante un trámite basado exclusivamente en la nacionalidad del peticionante y su carencia de antecedentes penales.6
Por otra parte, el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), que incluye también a los Estados Asociados, busca crear un espacio educativo regional y común en el que se estimule la formación de una conciencia ciudadana acorde al proceso de integración, la capacitación de los recursos humanos y la armonización de los sistemas educativos de los países miembros.
La agenda de educación en el MERCOSUR estuvo desde el comienzo fuertemente concentrada en los temas de educación superior, que incluye la enseñanza universitaria y de posgrado. En estos temas se cuenta con una prolífica actividad que ha redundado en políticas públicas regionales referidas principalmente a: I) Acreditación de títulos de grado en pos de facilitar la movilidad académica regional; II) Movilidad, en lo que compete a la creación de un espacio regional común en educación superior por medio de acciones de gestión académica e institucional, de la movilidad de estudiantes, de transferencia de créditos y de intercambio de docentes e investigadores, y III) Cooperación interinstitucional, la realización de programas colaborativos de grado y posgrado, investigaciones conjuntas, la constitución de redes de excelencia, y el trabajo conjunto con otros niveles educativos en lo que compete al campo de la formación docente.7
A lo largo de estos años la agenda educativa regional ha conseguido poner en marcha iniciativas de relevancia para el MERCOSUR, facilitando a los estudiantes de los países el reconocimiento de títulos en los Estados vecinos, así como acciones tendentes a formar una conciencia ciudadana y una identidad regional. Entre otras pueden citarse la Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur (ARCUSUR), el programa marca de movilidad de estudiantes de grado para las carreras acreditadas por el mecanismo de acreditación regional del MERCOSUR, el Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR y el Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa de Movilidad del MERCOSUR (CIIE, 2010).
Con simultaneidad al proceso de profundización de la integración regional, en Argentina se dictan normativas y se instrumentan políticas migratorias y educativas que tienden a brindar más derechos a los inmigrantes procedentes de países limítrofes que residen en el país, favoreciendo su integración social y su participación ciudadana.
En cuanto a políticas migratorias, en 2004 se promulgó la nueva Ley de Migraciones (Ley 25 871), la cual colocó al país a la vanguardia mundial en materia migratoria debido a sus criterios de apertura, inclusión, integración e irrestricto respeto a los derechos humanos. A propósito de la misma, se señala que:
La nueva norma es ambiciosa: apunta a formular una nueva política demográfica nacional, [...] a fortalecer el tejido sociocultural del país y promover la integración sociolaboral de los inmigrantes [...]. Mientras que en la ley militar8 el rol del Estado aparece insistentemente asociado al control migratorio y a la prohibición, en el nuevo texto el Estado aparece como garantizador: del derecho a migrar, de la igualdad de trato para los extranjeros, del acceso igualitario a los servicios sociales (Novick, 2004).
Otro hecho fundamental vinculado a la nueva política migratoria inclusiva tuvo lugar a partir de la presentación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”,9 el cual tuvo como objetivo la regularización de los inmigrantes del MERCOSUR y países asociados que vivían en el territorio argentino.
Para el ámbito educativo, el artículo 7° del decreto 616/2010 reglamentario de la nueva ley de migraciones (Ley 25 871), establece que “el Ministerio de Educación dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el acceso a los distintos niveles educativos con el alcance previsto en la Ley No 26.206”.
Asimismo, los programas y políticas socioeducativas más importantes, con cobertura nacional, destacan claras prescripciones respecto a la inclusión de todos los alumnos en el sistema educativo, sean o no argentinos, lo cual constituye un gran avance en relación con situaciones anteriores en las que la irregularidad migratoria y documentaria era castigada, y a los niños y jóvenes sin DNI se les obstaculizaba el acceso al sistema educativo argentino. Por otra parte, los alumnos extranjeros que estudian en los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo son alcanzados, en igualdad de condiciones con los argentinos, por los diversos programas educativos que se instauran. Esta prescripción también cabe para la entrega, en el marco del Programa Conectar Igualdad,10 de netbooks a los alumnos de todos los institutos terciarios de formación docente (CFE, 2010).
Por su parte, y en relación con alumnos extranjeros en las instituciones universitarias argentinas, en 1990 el Ministerio de Cultura y Educación dictó la Resolución 1 52311 con el fin de adecuar el régimen entonces vigente respecto a ellos. En sus considerandos se explicita que:
Está establecido como requisito de admisión para el ingreso de estudiantes nacionales a las universidades estatales, el tener aprobados los estudios correspondientes al nivel medio [... y que] se pretende evitar que el sistema regido por la presente Resolución se constituya como único y excluyente, para la admisión de estudiantes extranjeros, limitando el ingreso de aquellos aspirantes que hubieran decidido radicarse definitivamente en nuestro país, para los cuales se mantiene vigente el régimen que prevé la reválida previa de estudios secundarios realizados en sus respectivos países de origen.
En su Artículo 2° establece que “Cada Universidad Nacional instituirá anualmente un cupo de vacantes para ser ocupadas por estudiantes extranjeros, sin residencia en el país, que deseen cursar carreras universitarias”. El Artículo 3° establece que:
El Ministerio de Educación y Justicia comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los cupos ofrecidos por cada Universidad Nacional y las fechas de iniciación de los cursos de cada Facultad, a fin de que la Cancillería formule las asignaciones por países, de acuerdo con pautas que esta misma fije al respecto, lo que será informado por la Dirección General de Asuntos Culturales de la misma a cada una de las embajadas argentinas acreditadas en el exterior, las que serán la única instancia que tendrá la responsabilidad del otorgamiento de los mencionados cupos.
Por su parte, el Artículo 6° prevé que “Los estudiantes extranjeros ingresarán directamente a la universidad asignada para iniciar sus estudios, quedando eximidos de cumplimentar los requisitos generales de reválida de los estudios de nivel medio, sin perjuicio de los requisitos que cada Universidad considere necesario aplicar para la correcta evaluación del candidato”. El Artículo 11° aclara que esta normativa no es aplicable a los extranjeros que tengan residencia en el país, otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones y que en esos casos el ingreso a la Universidad se regirá por las mismas normas aplicables a los aspirantes argentinos, debiendo previamente cumplimentar las equivalencias del nivel secundario, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y según el régimen general administrado por la Dirección Nacional de Educación Media.
Población nacida en el extranjero. Evolución y distribución territorial
El Censo Nacional de Población de 2010 registró a 1 805 957 habitantes de nacionalidad extranjera, que representaban el 4.5% del total de la población del país.
El porcentaje de población extranjera que habita en el territorio nacional ronda el 5% en las últimas décadas. Según los respectivos censos nacionales de población, en 1980 esta población representaba el 6.8% del total de habitantes, en 1991 el 5%, y en 2001 el 4.2%.
Por su parte, la población extranjera nacida en países limítrofes representaba en 1980 el 2.7% del total de población del país, en 1991 el 2.6%, en 2001 el 2. 6% y en 2010 el 3.1% (si incluimos a los peruanos, el 3.5%).
En las últimas décadas lo que ha variado considerablemente es la composición de la población extranjera en el país, perdiendo participación proporcional los procedentes de los distintos países europeos y ganándolo los de los países limítrofes.
De acuerdo con el censo de población de 1991, los inmigrantes limítrofes ya representaban más del 50% del total de la población extranjera. En el siguiente censo, el realizado en 2001, la población limítrofe representaba dos tercios del total de extranjeros, llegando en el censo de 2010 a superar el 75% (Castillo y Gurrieri, 2012).
Según se advierte en los cuadros que siguen, en la primera década de este siglo en Argentina la población extranjera se incrementó un 19% (ver cuadro 1), situación explicada principalmente por el arribo de los que proceden de países limítrofes y/o de Perú, que habrían elevado considerablemente su volumen (casi un 39%) en el periodo y por la disminución concomitante de la participación de los migrantes de otras nacionalidades.
Respecto a la evolución intercensal del número de inmigrantes procedentes de países limítrofes y Perú se observan grandes diferencias según nacionalidades. Se redujo el número absoluto de chilenos y uruguayos, mientras que se incrementó notablemente el número de peruanos, paraguayos y bolivianos. El incremento porcentual mayor se verificó entre los peruanos, que pasaron a ocupar el cuarto lugar en relación con el número total de extranjeros.
Refiriéndose al total país, Castillo y Gurrieri (2012) señalan que:
el arribo de inmigrantes limítrofes y peruanos hacia Argentina se profundizó en la década de los noventa, como consecuencia de la sobrevaluación del peso argentino respecto de otras monedas (principalmente el dólar) y el mayor desarrollo relativo de la economía respecto de algunos de los países limítrofes. Aun cuando la crisis del año 2001 —que implicó una significativa devaluación del peso y afectó los niveles de empleo y un cierto retorno de inmigrantes a sus países de origen— esta tendencia permanecería constante en el presente siglo, reforzada por la migración de países no tradicionales. Algunos autores consideran que, más que retornar hacia sus países de origen, la crisis obligó a la población inmigrante en la Argentina a reacomodarse en espacios económicos como la industria textil, las confecciones y del calzado, entre otras.
El crecimiento del empleo y las mejoras salariales posteriores al 2003 habrían intervenido en la última década para acrecentar el número de inmigrantes. Los avatares de la situación económico-política posterior a la crisis de 2001 y la recuperación económica y productiva que se produjo a partir de 2003 explicarían el crecimiento del número de migrantes entre los últimos dos Censos de Población. El crecimiento del producto y de la ocupación en Argentina, el ímpetu de los sectores productores de bienes, especialmente la construcción y la industria manufacturera,12 se constituyeron en foco de atracción para los migrantes de países vecinos.13 Habría operado en el mismo sentido, el mejoramiento de la situación social, a partir tanto del avance económico general como de la instrumentación de políticas públicas destinadas a mejorar los ingresos de segmentos significativos de la población, a acrecentar el consumo y la demanda interna, a promover las discusiones salariales en el marco de convenios colectivos de trabajo; a aumentar el salario mínimo, a incrementar el empleo y a atender algunas problemáticas sociales acuciantes mediante políticas sociales varias.
Respecto a la distribución territorial de los extranjeros, la proximidad geográfica y las oportunidades laborales en las provincias fronterizas fueron centrales para explicar los patrones de residencia de los inmigrantes en otros tiempos. Sin embargo, con el correr del tiempo los mismos fueron cambiando. Entre los tres grupos migratorios que experimentaron mayor dinamismo en las últimas décadas se advierte claramente la creciente concentración en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En 2001, ocho de cada diez inmigrantes de origen paraguayo se concentraba en esas jurisdicciones y ocurría algo similar con los de origen boliviano. Por su parte, entre los peruanos se señala su clara preferencia por residir en la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en el conurbano bonaerense (Cerrutti, 2009: 19).
En el cuadro 2 se presenta información del Censo de Población del 2010 referida a la distribución de los extranjeros según nacionalidad en el total del país y en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, que muestra que esta concentración territorial se habría reforzado.
Según se observa, casi las tres cuartas partes de los extranjeros que viven en la Argentina reside en sólo dos jurisdicciones: el 52.2% reside en la provincia de Buenos Aires y el 21.1% en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se advierten algunas diferencias entre los que nacieron en diferentes países, en general se corrobora el asentamiento prioritario en estas dos jurisdicciones.
La participación de los extranjeros en el sistema educativo
A partir de la información recogida en los sucesivos Relevamientos Anuales que realiza el Ministerio de Educación Nacional en colaboración con los de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires,14 de carácter censal, se verifica que el número de alumnos nacidos en el extranjero que cursan su escolaridad en el sistema educativo argentino, incluyendo todos los niveles de enseñanza hasta el superior no universitario, y excluyendo el universitario, es reducido (134 091 alumnos). En 2009, sobre un total de más de 10 millones de alumnos de todos los niveles de enseñanza, excepto el universitario, los extranjeros representan el 1.3%. Entre estos últimos, los alumnos nacidos en países limítrofes o Perú (en adelante, ANLIP) son amplísima mayoría y representan el 1.1% de la matrícula total (ver cuadro 3).
El porcentaje de estos inmigrantes es muy bajo en todos los niveles de enseñanza del sistema educativo; en el nivel secundario se observa una participación mayor de los alumnos de estos países, aunque también muy pequeña (1.3%).
La participación de los alumnos extranjeros en la matrícula que asiste a la educación superior
El sistema de educación superior en Argentina está conformado por dos subsistemas. Por un lado la educación superior no universitaria, integrada por las instituciones que brindan formación docente y/o formación técnico profesional. Y por el otro, existe un sistema universitario conformado por 106 instituciones públicas y/o privadas.
Los alumnos extranjeros en el nivel superior no universitario
Se observa que en este subsistema de la educación superior de Argentina los alumnos se distribuyen mayoritariamente en instituciones estatales y dedicadas a la formación docente. No obstante, es muy importante la participación privada y del alumnado que realiza estudios de formación técnico profesional. En la formación docente más de siete de cada diez estudiantes cursa en instituciones estatales, mientras que en la formación técnico profesional ocurre lo contrario: casi dos terceras partes del alumnado concurre a instituciones privadas (ver cuadro 4).
La información muestra que, como en el resto de los niveles de enseñanza, también en este subsistema de la educación superior (el no universitario) hay participación de alumnado extranjero y que, en términos porcentuales, en el “total país” tal participación es muy reducida.
Puede apreciarse que entre los alumnos extranjeros que cursan el nivel superior no universitario, también es mayoritario el peso porcentual de los que nacieron en países limítrofes o Perú, pero la participación porcentual de alumnos de otras nacionalidades (25.7%) es muy superior a la que se advierte entre los otros niveles de enseñanza.
Si bien la participación de los alumnos extranjeros en la matrícula del nivel superior no universitario continúa siendo muy reducida, se advierte que entre el 2003 y el 2009 se duplicó. Mientras que la matrícula total inscrita en el nivel superior no universitario creció en el periodo un 18.2%, la matrícula extranjera se incrementó un 135%.
También se visualiza una muy diferente participación de alumnos de diferentes nacionalidades que, por otra parte, no resulta coincidente con la participación porcentual de cada nacionalidad entre la población extranjera que vive en Argentina. Así se observa que los paraguayos están subrepresentados entre los alumnos de este nivel mientras que los peruanos y los uruguayos se encuentran sobre representados. Las diferencias en el nivel educativo promedio de estos colectivos así como su inserción territorial y laboral estarían influyendo en ello.
Antes (ver cuadro 3) se señaló la diferente participación porcentual de los alumnos extranjeros en cada nivel de enseñanza y el hecho de que, en Argentina, en todos los casos, tal participación es muy reducida. En contraste con el discurso que alude a la “invasión descontrolada” y a la “fuerte presión”, es evidente que tanto en números absolutos como porcentuales los inmigrantes no ejercen una presión importante en ninguno de los niveles de enseñanza del sistema educativo del país.
La distribución territorial de los extranjeros se concentra fundamentalmente en dos jurisdicciones y, consecuentemente, lo mismo ocurre con la matrícula escolar extranjera, lo que contribuye a visibilizar más a estos alumnos. En el caso del nivel superior no universitario la concentración territorial de los alumnos extranjeros se profundiza. Si bien la mayoría de los migrantes nacidos en países limítrofes reside en la provincia de Buenos Aires, casi seis de cada diez alumnos extranjeros que estudia en establecimientos de nivel superior no universitario lo hace en instituciones situadas en la ciudad de Buenos Aires (ver cuadro 6).
Así, la participación de los alumnos extranjeros en los establecimientos de este nivel de enseñanza llega al 3.4% del total de alumnos en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia representan algo menos del 1%. Los diferenciales en las características de la oferta educativa de este nivel entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires podrían estar influyendo en esta situación.
Lo mismo ocurre respecto al sector de gestión en el cual cursan sus estudios los extranjeros que, al respecto, muestran un comportamiento distinto al del total del alumnado. En este nivel de enseñanza seis de cada diez alumnos extranjeros cursa estudios en instituciones de gestión privada y se observan diferencias entre nacionalidades, probablemente debidas a las particularidades de la inserción laboral y niveles de ingresos que tiene, en promedio, cada una de ellas.
Los alumnos extranjeros en el nivel superior universitario
Dentro de la educación superior, el subsistema universitario es el que concentra a la gran mayoría de alumnos del nivel. A través de 106 instituciones (87 universidades y 19 institutos universitarios) atiende a 1 650 180 alumnos. Ocho de cada diez estudiantes universitarios asiste a instituciones estatales (CIIE, 2009).
Respecto a los estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado o posgrado en universidades argentinas, sean oficiales o privadas, la última información disponible actualmente con cobertura nacional corresponde a 2006. En ese momento el sistema universitario argentino contaba con 26 354 estudiantes extranjeros. El relevamiento universitario consideraba “estudiantes extranjeros” a aquellos que no eran ciudadanos argentinos (extranjeros con o sin residencia, extranjeros con visa de estudios o turismo).
En ese año, la tasa de estudiantes extranjeros de grado y pregrado era del 1.12%, más alta en las universidades privadas (2.55%). En los posgrados la tasa alcanzaba al 6.76%, siendo de 5.08% en las instituciones de gestión estatal y un 12.35% en las universidades privadas (CIIE, 2006).
Debido a que no se dispone de información más actualizada para la totalidad del país, a continuación se analizará el número de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires con base en los datos recogidos por el Censo Nacional de Alumnos de dicha institución realizado en el 2011.
Los estudiantes extranjeros en la UBA
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la casa de altos estudios más grande del país. Alberga a alrededor de 300 mil estudiantes de grado y posgrado.
Según la información recogida en el último Censo de Alumnos de esta institución realizado en 2011, en ese año se registraban 10 646 alumnos de grado que declaraban ser extranjeros y que representaban el 4% del total de alumnos de grado de esa entidad académica. Entre los estudiantes extranjeros predominan aquellos de los países limítrofes y Perú (8 123 estudiantes) y las unidades académicas que presentan mayor presencia de estudiantes extranjeros son el Ciclo Básico Común (7.2%), la Facultad de Odontología (6.0%) y la de Medicina (5.7%). En dichas unidades académicas es donde los estudiantes de los países limítrofes y Perú predominan entre los extranjeros.
De los 10 646 estudiantes de grado que declaran tener nacionalidad extranjera el 25.3% corresponde a Perú, seguido de los países limítrofes de Bolivia (18%), Paraguay (11.3%), Brasil (8.8%) y Chile (8.2%). Siguen en importancia los países de Colombia, Uruguay y Estados Unidos con el 6%, 4.8% y 2.4% respectivamente.
Importa resaltar que sólo el 14.2% de los estudiantes extranjeros declara haber cambiado de residencia debido a sus estudios en la uba, de éstos la mayor parte proviene de Perú (472 estudiantes), de Chile (297 estudiantes) y de Colombia (217 estudiantes). Si bien la información es aún insuficiente para afirmarlo, si se toma como fuente lo declarado por los alumnos extranjeros, al menos en los estudios de grado, sería pensable descartar la hipótesis de que los alumnos extranjeros se trasladan a este país con el principal objetivo de realizar estos estudios.
Si bien el número de estudiantes de posgrado de nacionalidad extranjera (2 165 alumnos) en esta universidad es mucho menor que los de grado, la participación porcentual de aquellos en el total del alumnado de posgrado de la universidad es mayor, representando el 15% del total.
Al interior de las unidades académicas, las que tienen mayor proporción de estudiantes extranjeros en cursos de posgrado son las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Odontología y Psicología, con 41%, 40.2%, 25.5% y 21.1% de estudiantes extranjeros respectivamente.
De los 2 165 estudiantes extranjeros, el 47.8% declara ser de nacionalidad colombiana. Le siguen en importancia los estudiantes provenientes de Venezuela (7.4%), de Bolivia (6.6%), de Ecuador (6.2%), de Brasil (5.6%), de Chile (5.6%) y de Uruguay (4%).
Otra fuente de información para analizar el número de estudiantes universitarios en el país es el registro de alumnos ingresados bajo el régimen de la resolución 1523/90 (ver cuadro 8) que se reseñó antes. Nótese, sin embargo, que como la normativa lo indica se acogen a ella sólo una parte de los alumnos universitarios extranjeros.
Como se advierte en los cuadros construidos con base en información del CIIE 2010, en ese año había 1 563 alumnos extranjeros bajo ese régimen, dos tercios de los cuales procedían de países de América del Sur. Obsérvese que dentro de estos últimos la participación de los estudiantes procedentes de Chile es muy alta ya que constituyen uno de cada tres estudiantes extranjeros y uno de cada dos de América del Sur. Le siguen en importancia numérica los alumnos procedentes de Colombia (ver cuadro 9).
Reflexiones finales
En las últimas décadas se profundizó el proceso de integración regional en Sudamérica y en el MERCOSUR, en particular, con un énfasis más importante en aspectos políticos, sociales y culturales (Sosa, 2011).
Luego de la crisis de finales del 2001, en Argentina se instrumentaron políticas que mejoraron la situación económica general y el nivel de vida de amplios sectores de la población. Además, se dictaron normativas migratorias que promueven la integración sociocultural de los inmigrantes y el irrestricto respeto de los derechos humanos. En el campo educativo se dictaron leyes que promueven la inclusión de sectores desfavorecidos y la integración social y educativa de los inmigrantes en condición de igualdad con los argentinos. Esto se vio favorecido, además, por las políticas de regularización documentaria que se instrumentaron.
La mejora en la situación económica general podría ser una explicación posible al incremento del número de inmigrantes de países limítrofes y de Perú. Asimismo factores económicos y de otro tipo habrían contribuido a incrementar el número de estudiantes extranjeros en el nivel de educación superior, tanto en el nivel terciario como en el universitario. La gratuidad de los estudios de grado en instituciones de gestión estatal, el menor costo relativo de los aranceles en los posgrados de gestión estatal o privada, diferenciales en el tipo de cambio, así como políticas específicas en el marco de los procesos de integración regional, podrían estar influyendo en el traslado de alumnos con el objeto de estudiar en nuestro país. No obstante, la matrícula extranjera en el nivel superior (de ambos tipos) también estaría dando cuenta de personas que se trasladaron al país por otros motivos, y que forman parte de las corrientes migratorias más generales.
El presente informe da cuenta de que los alumnos nacidos en países limítrofes o Perú no tienen una importancia numérica ni porcentual significativa en el sistema educativo del país, ni en ninguno de los niveles de enseñanza en que éste se organiza, incluido el nivel superior. En el nivel superior no universitario del país los extranjeros representan el 1% del alumnado. En las universidades es algo mayor aunque la información disponible es insuficiente y, en algunos casos, relativamente desactualizada.
Tal como sucede en los otros niveles de enseñanza, la matrícula extranjera en educación superior no universitaria se concentra (al igual que la totalidad de la población migrante) en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, aunque a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de enseñanza, el número absoluto de alumnos extranjeros que asisten al nivel superior no universitario en la ciudad de Buenos Aires es mayor que el que cursa en la provincia.