Los Estados cuentan con una serie de atributos y obligaciones que deben realizarse dependiendo de sus capacidades, fortalezas y la habilidad de resarcir sus debilidades. La política exterior tiene relación con los factores con los que cuentan los Estados y que el escenario internacional impone. En este sentido, los factores de la política exterior pueden resumirse en: los objetivos, que están basados en su interés nacional y, a partir de ellos, formulan estrategias para su cumplimiento. De igual manera, dependen de elementos como la capacidad de negociación y de los factores endógenos con los que cuentan los Estados y los factores exógenos que el escenario internacional establece.¹

El estudio de la política exterior está estrechamente ligado a otros conceptos como el de interés nacional o diplomacia. En ese sentido, la política exterior es:

[…] el conjunto de decisiones y acciones por las que cada sujeto de la sociedad internacional define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos que trascienden sus fronteras; así como las medidas y acciones emprendidas en su realización.²

Estados Unidos, como cualquier otro país, ha atravesado por procesos históricos que lo han llevado a mantener una política exterior específica, a desarrollar sus propios principios y aplicar los métodos que requiere para consolidar esa política exterior. En otras palabras, los países promueven las bases ideológicas al interior de sus fronteras para después aplicarlas al exterior. Sin embargo, al tratar de implementar su política exterior, los países identifican los intereses de otros países que también tienen sus propios objetivos y aspiraciones. Este proceso es aplicado a través de las interacciones entre los diferentes actores para conocerse y conocer sus aspiraciones y los medios con los que cuentan para tratar de leer sus estrategias y actuar en consecuencia de estas o marcar el comportamiento de los otros actores a partir de las acciones propias.

El presente ensayo tiene por objetivo analizar y relacionar, por un lado, la Doctrina Drago y, por otro, el corolario Roosevelt, desde la forma en la que el segundo le dio un nuevo rumbo a la política exterior de Estados Unidos, hasta la formación de principios o a las que aportaron, como la no intervención. En ese sentido, analiza el papel del gobierno estadounidense al asumir el liderazgo mercantil de la región por encima de los intereses de países europeos que -hasta ese momento- habían mantenido su presencia e influencia comercial en Latinoamérica a través de empresas de inversión en diferentes países.

El principio de no intervención forma parte de documentos como la Carta de Naciones Unidas -Artículo 2, párrafo 7, de la Carta de la ONU-,³ y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -Artículo 89 fracción X-,⁴ junto con otros principios que procuran el buen funcionamiento de la vida en el escenario internacional. En América Latina, este principio nació como resultado de la agresiva política que mantuvo Estados Unidos en El Caribe y el resto de la región -entendida como la zona donde son rellenas las acciones del hombre, humanas en general, en un marco ‘natural’ tomando en cuenta la geografía física, ecológica y humana determinista-;⁵ y de igual forma, sirvió como contrapeso para la presencia de países europeos que, a la vez, vulneraba la seguridad hemisférica.

En este sentido, la intervención está entendida, etimológicamente, como la acción de entrometerse, participar o tomar parte. Por esta razón, también un país puede entrometerse en la política interior de otro país, inclusive a tal punto de ocuparlo.⁶ En ese sentido, existen diferentes tipos de intervención. El primer tipo es la intervención militar o armada, siendo la que realiza un Estado en territorio extranjero, por amenaza o por ocupación, permanente o temporal o por la utilización del uso de la fuerza. El siguiente tipo es la intervención diplomática, que sucede cuando son dirigidas representaciones, orales o escritas, al Estado donde está aplicada la intervención. De igual manera existe la intervención federal, que es cuando en un sistema gubernamental existe una autoridad central que asume la dirección de uno o varios gobiernos autónomos. En este sentido, también existe la intervención económica o el intervencionismo, que es cuando la administración pública despliega acciones con el objetivo de regular o reencauzar la actividad de otro sector público o privado estipulando nuevas normas rompiendo con la autonomía del Estado intervenido.⁷ Conforme a América Latina, las potencias europeas y Estados Unidos han aplicado diferentes tipos de intervención a lo largo de su historia.

Poniendo en contexto la intervención europea en América Latina -específicamente en el caso de Venezuela en 1902-, Luis María Drago, ministro de relaciones exteriores argentino, propuso la doctrina -que llevaría su nombre- que prohibía o condenaba el cobro de la deuda de países extranjeros a través del uso de la fuerza. El canciller Drago buscaba proteger la soberanía nacional y los derechos de los gobiernos, que no podían ser frenados a causa de una deuda pública, a pesar de que, tradicionalmente, este había sido una acción común de política internacional.

Sin embargo, el presidente Roosevelt aplicó una serie de medidas con el objetivo de influir y controlar en el comercio en latinoamericana a partir de ampliar los intereses de Estados Unidos minimizando el poderío que por mucho tiempo tuvieron España e Inglaterra en el continente. Así, Estados Unidos buscó tener una política exterior más activa políticamente.

Desde su formación, Estados Unidos ha tenido como objetivo ampliar su influencia hacia nuevos territorios. El sistema estadounidense buscó -y por muchos años continuó haciéndolo- permanecer e influir en el rumbo de los asuntos internacionales a través de métodos diversos. El cambio en la geografía nacional estadounidense y la estructuración de diversos órdenes y arreglos en la política internacional desde el siglo XIX y -más evidentemente- el siglo XX son ejemplo de esa influencia que comenzó a tener en su entorno inmediato.

La política exterior es el conjunto de metas políticas que buscan promover su interés nacional, la seguridad, la prosperidad económica y los fundamentos ideológicos de un país fuera de sus fronteras, a través de una interacción con otros Estados. Desde esa perspectiva, Estados Unidos ha buscado amplificar su ideología y su influencia hacia afuera de sus fronteras a través de mecanismos como la cooperación pacífica, negociaciones dinámicas o hasta la guerra, como último recurso.⁸ Todos estos mecanismos trascienden a través de las administraciones, gracias a los cimientos ideológicos⁹ con los que cuentan y que atraviesan otros sectores de la vida interna y externa del país, como lo económico y lo social.

De esta manera, la formación de Estados Unidos como país cimentó una política exterior con ideologías al interior que terminan siendo compartidas por todos sus ciudadanos y comparado con las visiones de los ciudadanos de otros países. Las principales características de los ciudadanos estadounidenses¹⁰ -autosuficientes, ambiciosos, innovadores, trabajadores e individualistas- si bien fueron claves durante la formación identitaria del país, mutaron para trascender a los ‘principios’ que rigen su comportamiento, tanto interno como internacional. Estas características son importantes por ir de la mano con la formación ideológica con la que el país fue fundado.

Los ‘valores’ surgidos durante la creación de la sociedad estadounidense como la igualdad a través de la raza anglosajona, la pertenencia étnica, la cultura alrededor de una sola lengua -el inglés-, una sola religión -el protestantismo-, y la búsqueda de la libertad e igualdad de los hombres,¹¹ además de concepciones como la democracia, el individualismo y la moralidad, vienen como resultado de las aspiraciones de construcción de una nueva sociedad en una nueva tierra de oportunidades -que a la postre sería Estados Unidos- a la que llegaron los colonos. De esta manera, el individualismo y la moralidad complementan la significación de lo religioso con aspectos políticos y económicos.

Conforme a lo político y lo económico, la ideología estadounidense favorecía el espíritu del trabajo como un medio, filosófico y religioso, de redención. En ese sentido, el medio idóneo para enriquecer el trabajo es la educación que ayudaría a encaminar las acciones hacia el bien y alejarlo del mal. Por esa razón, el aprendizaje indujo al desarrollo del capitalismo y la industrialización, y esto a su vez, alentó la movilización social de los miembros. En el mismo tenor, el trabajo inducía a la responsabilidad individual y motivó el esfuerzo moral y la ‘meritocracia’ que incentiva la seguridad en el entorno y erige un ejemplo para el resto del mundo.¹²

Estas características formaron el llamado credo estadounidense, entendido como la creencia que integra las bases ideológicas nacionales y permea a los aspectos más ‘simples’ de la vida cotidiana nacional. Estas creencias están basadas en la influencia y doctrinas de diferentes personajes como Alexander Hamilton -considerado uno de los Padres Fundadores- quien inculcó el sentido de ‘la moralidad’ dentro de la Constitución, minimizando acciones vividas en la época colonial como el soborno y los asesinatos; o Thomas Jefferson, quien introdujo la creencia de una humanidad creada con base en una nación independiente, que al existir la igualdad, permite la creación de derechos inherentes e inalienables.¹³ Esas características -algunas variadas o contradictorias- permanecen y han contribuido a la evolución histórica de Estados Unidos y sus ciudadanos, dando forma a sus principios tradicionales, y utópicos, que impulsan sus acciones exteriores hacia lo que consideran ‘destruyen las acciones malignas y crea un pensamiento de moralidad a seguir y tratar de expandir como lo correcto’.

A pesar de las posibilidades -y oportunidades- para ejercer la participación estadounidense en Sudamérica, el discurso alrededor de la propuesta de la Doctrina Monroe fue dirigida a fortalecer la zona y no a perpetuar su presencia a expensas de los países del sur del continente y “[…] de ninguna manera Estados Unidos usará la Doctrina Monroe como disfraz para cubrir una opresión territorial”.¹⁴ En ese sentido, el discurso que impulsó Estados Unidos estaba dirigido a fortalecer la región y proteger los avances particulares que los países hayan logrado, especialmente los de sus ciudadanos en la región.

La historia de Estados Unidos desde la visión de su política exterior, como la de cualquier otro país, es dinámica y no permanece estática. Estados Unidos ha pasado por tres etapas en su política exterior definidas por los recursos con los que contaba conforme a su poder de negociación internacional y los intereses que estos perseguían en el escenario mundial: en primer lugar, su etapa pasiva; enseguida, la etapa expansionista; y la tercera, de activismo.

En la primera etapa, Estados Unidos vio en su política exterior pasiva dos beneficios: primero, el fortalecimiento de su ideología interna, cimentada en su visión de la democracia, de la moralidad y los intereses de la seguridad nacional; y por otro lado, separar definitivamente la visión estadounidense de la europea a través de la Doctrina Monroe de 1823. Por otro lado, la segunda etapa vio nacer el proceso expansionista del país a través del Destino Manifiesto, de 1845.¹⁵ Estas dos principales doctrinas de política exterior marcarían el tercer momento de activismo político a través del corolario Roosevelt de 1904.

La primera doctrina establecida en Estados Unidos, y que marcó el inicio de la primera etapa de política exterior, fue la Doctrina Monroe, planteada por el presidente James Monroe y, su secretario de Estado, John Quincy Adams, en diciembre de 1823. Monroe pronunció su mensaje frente al Congreso y estableció las bases de su interés sobre el escenario internacional inmediato -es decir, América Latina- y su postura sobre el colonialismo europeo. En su origen, la Doctrina Monroe “[…] fue una declaración de Estados Unidos contra la extensión de la influencia europea en el hemisferio occidental […]”¹⁶ al plantear que cualquier intento europeo por restablecer su poder sobre los países latinoamericanos significaría un peligro para la paz y seguridad del país.

De esta manera, Estados Unidos asumía una postura conforme a sus intereses sobre América Latina y al peligro de recolonización de la región pero sin intervenir de manera arbitraria sino únicamente cuando sus intereses sean vulnerados. Según la Doctrina Monroe, esta contaba con cuatro puntos para su completo funcionamiento: primero, el continente americano, como agente independiente, no puede ser considerado susceptible a futuras colonizaciones por cualquier potencia europea; segundo, Estados Unidos no ha intervenido, ni intervendrá, en la colonización o independencia de cualquier país americano de potencias europeas; tercera, las pretensiones de cualquier nación amistosa europea sobre extender sus sistemas sobre cualquier lugar en el hemisferio americano será considerado como peligroso para el mantenimiento de la paz y tranquilidad de Estados Unidos, al igual que las pretensiones por oprimir o dirigir de alguna forma los destinos de cualquier país independiente; y por último, Estados Unidos no intervendrá en los asuntos al interior de los territorios de ningún país europeo.¹⁷

En ese sentido, la Doctrina Monroe nació con la finalidad de favorecer a las repúblicas hispanoamericanas, recién emancipadas de sus metrópolis europeas, para que ellas, al igual que Estados Unidos, pudieran defenderse de los posibles ataques, y la inestabilidad que esto significaba, de la Santa Alianza -en los antiguos territorios españoles- e Inglaterra -en el Caribe-. En ese sentido, la vaguedad de la Doctrina otorgó argumentos para que Estados Unidos pueda interpretarlos dependiendo de su interés.¹⁸ En el discurso, la Doctrina Monroe mantenía una posición que podría considerarse ‘activa’ sobre los intereses europeos en América Latina, sin embargo, en la acción, tomó una participación más pasiva, al menos hasta mostrar su influencia sobre Texas (desde la década de 1830) y su intervención en México (1846).

En la segunda etapa de política exterior de Estados Unidos, surgió la segunda doctrina: el Destino Manifiesto. Si bien, esta doctrina aparece -propiamente dicho- hasta 1845 en un artículo del periodista John L. Sullivan, está basado en un pensamiento colectivo -de toque místico y hasta religioso- donde los estadounidenses estaban convencidos de que su país es un pueblo especial, con un destino especial, escogido por Dios para perseguir -o fundar- su ‘ciudad en la colina’. Desde esta perspectiva, Estados Unidos justificó sus aspiraciones expansionistas, territorial, ideológica y culturalmente: el objetivo era civilizar y evangelizar a los pueblos ‘inferiores’, ya sean indios o hispanoamericanos.¹⁹

Estos objetivos no sufrieron cambios trascendentales a lo largo de la historia estadounidense, mientras que la búsqueda de la paz, prosperidad, seguridad y defensa de la democracia permanecieron como los regentes de su política exterior traducidos en su liderazgo y su desempeño global. En ese escenario, las ideas planteadas por Hamilton cimentaron el reconocimiento de Estados Unidos como agente dominante respecto al poder, interés y pasión por los asuntos internacionales. Sin embargo, ese objetivo únicamente podría cumplirse adquiriendo la fuerza necesaria e influencia basada en la -reciente- adquisición de su independencia y su creación como nación permaneciendo así hasta ahora.²⁰

Es otras palabras, el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe plantearon el ímpetu de Estados Unidos para ser el agente de cambio en América Latina cimentando su política activa sobre la región. De esta manera, el país utilizó el poderío adquirido durante su fortalecimiento interno para expandir sus valores e ideologías morales y de justicia. De esa manera, los dos primeros periodos también significaron el crecimiento territorial desde Canadá hasta el golfo de México y con costa en los Océanos Atlántico y Pacifico, adquiriendo territorios que pertenecieron a Inglaterra, España, Francia y México, incrementando su poderío y su capacidad de satisfacer sus intereses, su seguridad nacional y su prosperidad. En ese sentido, Estados Unidos pudo ejercer -de manera directa y despreocupada- su política exterior y su presencia e influencia sobre la totalidad del continente americano -siendo este el principal y único destino de sus aspiraciones de expansionismo ideológico-, construyendo una hegemonía, sin la presencia europea.²¹

La tercera y última etapa de la política exterior de Estados Unidos es el activismo internacional que inició con el gobierno de Theodore Roosevelt. El presidente Roosevelt mantuvo una posición más directa conforme a la influencia internacional de Estados Unidos y el papel de la interdependencia y complejidad del escenario internacional basada en las relaciones económicas, cada vez más importantes. De esta manera, Roosevelt entendió que el equilibrio de poder en el sistema internacional era fundamental para la seguridad del país.²²

En otras palabras, Theodore Roosevelt convirtió al Mar Caribe en un mare nostrum estadounidense e inició una competencia con Inglaterra para aumentar su influencia y control en la región. Sin embargo, entre 1901 y 1903, las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra estuvieron en cierta armonía, a tal punto que la disputa por Venezuela de 1902 terminó sin mayor intervención por parte de los estadounidenses. De esta manera, era clara la importancia comercial que tenía América Latina para varios países, incluido Estados Unidos. En ese tenor, Roosevelt veía a la Doctrina Monroe como la expresión de los principios que podrían aplicarse a diferentes casos.²³

De esta forma, Theodore Roosevelt modificó la política exterior de su país a través de la de ‘El Gran Garrote’ que retomaba los argumentos de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto al decir que:

Lo único que este país [Estados Unidos] desea es ver que los Estados vecinos sean estables, ordenados y prósperos. Cualquier país cuyo pueblo se conduce debidamente puede contar con nuestra amistad sincera. Si una nación demuestra que sabe actuar con eficiencia razonable y con correcciones en cuestiones sociales y políticas, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no debe temer la interferencia de los Estados Unidos. Los disturbios crónicos o la impotencia que resulta de un debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada, puede requerir en América, así como en cualquier otra parte, la intervención de una nación civilizada, y por lo que se refiere al hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, puede forzarlos, aun a su pesar, a casos de disturbios o de impotencias, a ejercer las funciones de policía internacional.²⁴

El corolario de Roosevelt aportaba un argumento lógico, acorde con el discurso de la Doctrina Monroe, referente al fortalecimiento y protección de los países latinoamericanos en contra de los posibles ataques europeos en la región, siempre y cuando estos países cumplan con sus obligaciones internacionales y no ejerzan inestabilidad regional. De igual manera, los países europeos, sean considerados aliados o no, tendrán que abstenerse de participar en cualquier movimiento en la región para evitar que estos puedan tener injerencia en el territorio, por lo que serán considerados peligrosos para la paz y seguridad de Estados Unidos y la, recién adquirida, independencia latinoamericana.

Siguiendo con el objetivo de una mayor presencia comercial estadounidense en América Latina, Roosevelt impulsó una política más activa, primero en Centroamérica, especialmente en Colombia y su apoyo en la independencia de Panamá, donde estaba interesado en la construcción de un canal interoceánico que permitiera el ahorro de combustible y dinero para pasar del océano Atlántico al Pacifico. El presidente Roosevelt vio, de manera unilateral, esa intervención como un acto necesario para el beneficio económico que entraban como parte de los intereses vitales de Estados Unidos.²⁵

De igual manera, la intervención en República Dominicana marcó un nuevo escenario discursivo estadounidense. Después de un periodo de desorden y guerra civil en República Dominicana, el país entró en bancarrota. Tras este hecho, Estados Unidos tuvo un acercamiento con Carlos Felipe Morales Languasco, entonces candidato, para comprometerse a pagar la deuda que la isla tenía con empresas europeas para impedir la intromisión en una zona.²⁶ Con respecto a esto, el gobierno de Roosevelt estaba interesado en mantener su presencia en el Caribe y mantener a raya los intereses europeos.

Otro ejemplo de la presencia de Estados Unidos en el Caribe fue en Cuba en 1906, cuando las tropas estadounidenses tomaron formalmente la isla basada en la enmienda Platt, firmada por ambos países en 1903. Con esa enmienda, Cuba tomaba el compromiso de proteger su independencia de cualquier amenaza externa y, de no hacerlo, Estados Unidos podría intervenir para proteger la vida, prosperidad y libertad individual del país, al tiempo que la isla debía ceder las tierras que los estadounidenses considerasen como zonas estratégicas para uso naval, que llevaría a tomar potestad sobre la Bahía de Guantánamo. Este hecho generó tal descontento e inestabilidad al interior del país, que el presidente -cubano- Tomás Estrada Palma no pudo controlar y pidió la ayuda de Roosevelt quien envió a su secretario de guerra, William Howard Taft, a la isla con órdenes para mantener la estabilidad social y, hacerse cargo provisionalmente del gobierno cubano, así como buscar la entrada de empresas estadounidenses y así perpetuar la presencia del país no solo al interior de la isla sino también al interior del gobierno cubano.²⁷

En resumen, la última etapa de política americana inició con las acciones activas del gobierno de Roosevelt en el Caribe y Centroamérica pero volvieron a cambiar con la llegada de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tomó importancia en el escenario internacional, y terminó con la consolidación de su presencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, con la implementación de políticas económicas y financieras, desde la formación de instituciones en estos rubros -como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial-. Todo lo anterior concluyó con la influencia global que Estados Unidos ayudó a promover en búsqueda de la paz a través de organismos como la ONU y la reconstrucción europea por medio del Plan Marshall.

Desde su independencia, los países latinoamericanos han tenido diferentes destinos dependiendo de los alcances y los objetivos que estos hayan planteado. En contraparte, la independencia de Estados Unidos y la implementación de su política exterior sobre América Latina ocasionó que la región comenzara a tener un desarrollo con mayores desigualdades que cualquier otra región del mundo.

Después de la independencia de los países latinoamericanos, y como parte de las disputas por derrocar la influencia española que mantenía sobre varios territorios que antes formaban parte de las colonias, el presidente Monroe planteó la doctrina que ponían las bases de la presencia de Estados Unidos por encima de los intereses europeos y consiguió mantener su influencia por medio de una presencia política, económica, militar y social en la región.²⁸

La situación de desigualdad y de permanencia de pensamiento -o ideologías- compatibles con los intereses europeos en América Latina permitió que sucedan intervenciones en el continente por parte de países europeos. Perú, México y Venezuela han sido los ejemplos más claros de esas intervenciones y el caso de Venezuela fue el que repercutió en la formulación de principios como el de no intervención, principalmente, pero también para la autodeterminación de los pueblos.

Las intervenciones europeas en América Latina han sido por intereses económicos. Por ejemplo, México fue un importante centro minero, desde la época colonial hasta 1825, pero en solamente diez años, el país tuvo la deuda pública más grande del continente. Las intervenciones europeas en el país fueron dos: la primera en 1830 y, la segunda, en 1860. La intervención francesa de 1860 fue tan significativa que tuvo como resultado la ocupación e implantación de un segundo imperio en el país. Esta ocupación fue causada por las deudas que los gobiernos republicanos contrajeron con los bancos franceses y británicos -estos últimos, junto con España, se retiraron de la propuesta de invasión- y que el gobierno de Benito Juárez desconoció.²⁹

En el caso de Perú, después de la Guerra del Pacifico entre 1879-1883, el país quedó con una importante deuda que resolvieron con los acreedores a través del Acuerdo Grace -firmado en 1889- donde convenían que, dada la carencia de dinero, el país debía transferir el beneficio de sus activos a los demandantes -minas, ferrocarriles, y otros medios adquiridos por medio de préstamos- hasta que estos pudieran recuperar su dinero. En ese sentido, los acreedores consiguieron la entrega de los ferrocarriles a 66 años, dos millones de hectáreas en la Amazonía, libre navegación por el lago Titicaca y una cuota anual de 80 mil libras esterlinas -10 % del presupuesto nacional- durante 33 años para saldar la deuda.³⁰

El caso de Venezuela fue el que cambió la presencia europea en el continente. Poco después de finalizada la Conferencia Panamericana de México, en diciembre de 1902, los representantes diplomáticos de Alemania e Inglaterra, acreditados en Venezuela, presentaron un ultimátum al gobierno venezolano donde exigían el reconocimiento, dentro de 48 horas, de las reclamaciones, y el pago de la deuda generada por estas, de sus respectivos gobiernos -que solamente con el caso de Alemania, la deuda ascendía a 8 820 000 de bolívares-. La respuesta venezolana fue impugnar las reclamaciones y redefinir el monto del adeudo. Por esa razón, los buques de Alemania, Inglaterra e Italia -incluida de última hora en los reclamos- tomaron posesión de los buques venezolanos anclados en La Guayra y atacaron otros puertos, como Puerto Cabello, a pesar de que las reclamaciones fueron declaradas como un ‘bloqueo pacífico’. La declaratoria de no reconocimiento de ‘bloqueos pacíficos’ por parte de Estados Unidos, obligó a Alemania, Inglaterra e Italia a reconocer una guerra entre ellos y la república de Venezuela.³¹

Sin embargo, aun cuando la intervención violaba la Doctrina Monroe, el motivo para esta -la intención para cobrar de deuda pública que Venezuela mantenía con Inglaterra y Alemania- estaba justificada por la acción europea pues estos no pretendían la reinstalación de una colonia en territorio americano independiente sino, únicamente, la defensa de sus intereses financieros dentro del territorio venezolano.³²

El apoyo que Estados Unidos dio a la intervención europea a Venezuela ocasionó que el presidente Cipriano Castro (1899-1908) aceptara las condiciones propuestas por los alemanes, italianos e ingleses el 1 de enero de 1903. El 13 de febrero -del mismo año-, Castro reconoció el pago de algunas deudas de manera inmediata y otras por comisiones estableciendo una garantía de hasta el 30 % del ingreso de las aduanas de La Guayra y Puerto Cabello para beneficio de agentes originarios de una comisión mixta.³³

Como resultado, las hostilidades fueron suspendidas y el bloqueo fue levantado. Las controversias entre las naciones agresoras y Venezuela fueron sometidas, por una parte, por tribunales especiales reunidos en Washington, y por otra, por Tribunales de Arbitraje de La Haya. Fue este último el que concluyó que las potencias, contra lo propuesto en Estados Unidos, tenían derecho preferente en el pago. En ese sentido, la Comisión Mixta estudió el monto que Venezuela debía pagar, alcanzando 1 537 000 de bolívares.³⁴

La situación de Venezuela generó un clima de indignación en varias partes de América Latina. Los congresos de varios países de la región otorgaron su apoyo al gobierno venezolano, al tiempo que señalaron que la independencia regional había sido conseguida por los ciudadanos latinoamericanos y estos podían mantenerla sin apoyo estadounidense.³⁵ En ese tenor, dentro del Congreso argentino la situación venezolana dividió la opinión en dos segmentos: uno, los sectores que buscaban una declaración sudamericana y, dos, los que no querían que el país adoptara ninguna postura que pudiera perjudicar las relaciones de Argentina con Venezuela.³⁶

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, protestó, de manera escrita, por los sucesos en Venezuela, con una nota dirigida al ministro argentino en Washington, Martin García Merou, para que sea presentado ante el gobierno estadounidense.

En la nota, el canciller Drago planteaba:

[…] entre los principios fundamentales del Derecho Público Internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados cualquiera sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto […]. El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, pueden y deben ser hechos por la nación, sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro compulsivo e inmediato en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su Gobierno [...] por los fuertes de la tierra […]. El cobro militar de los empréstitos supone la ocupación territorial para hacerlo efectivo y la ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales a los países a que se extiende.³⁷

El argumento central de la nota era que “[…] la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por la potencia europea”,³⁸ fue la que le dio sentido a la Doctrina Drago. En la misma nota, el canciller Drago demostró dos elementos directamente interrelacionados: el primero, que el uso de la fuerza contra Venezuela -por parte de potencias europeas- era una oposición a los postulados básicos de la Doctrina Monroe y, segundo -y como resultado- mostró un fuerte respaldo hacia la propuesta de seguridad hemisférica propuesta por Estados Unidos. Sin embargo, el corolario Roosevelt fue el medio que separó la Doctrina Monroe de la Doctrina Drago.

Para 1906, durante la Tercera Conferencia Internacional de Repúblicas Americanas en Río de Janeiro, los países miembros acordaron que, conforme al cobro de deudas públicas y los medios para disminuir las deudas, estos debían ser exclusivamente de origen pecuario. En el mismo sentido, durante la Segunda Conferencia de La Haya de 1907, la Doctrina Drago no fue sometida a votación pero sí fue objeto de desencanto de Estados Unidos que quiso plantearlo como propia a través del general Horacio Porter bajo el nombre de Proposición Porter.³⁹

La Proposición Porter obtuvo 36 votos a favor. El voto argentino, en nombre del canciller Drago, fue igualmente afirmativo únicamente tomando en cuenta dos reservas, argumentando que:

[…] las deudas contractuales […] deben ser consignadas primero: […] las deudas provenientes de un contrato ordinario entre un súbdito o ciudadano de una Nación y un Gobierno extranjero, no se recurrirá al arbitraje sino en caso específico de denegación de justicia por las jurisdicciones del país del contrato que deben ser agotadas previamente. Segundo: los empréstitos públicos con emisiones de bonos, que constituyen la deuda nacional, no podrán dar lugar en ningún caso a la agresión militar ni a la ocupación material del suelo de las Naciones Americanas […].⁴⁰

En otras palabras, el ministro Drago planteaba que las deudas que un ciudadano de país y un gobierno no será resuelto por medio de arbitrajes sino por las restricciones legales que ambos hayan acordado previamente, y en segundo lugar, las hipotecas públicas no podrán ser objeto de agresión militar ni ocupación material de su territorio siempre que se trate de una nación americana.

Estos argumentos apoyaron los planteamientos del diplomático argentino Carlos Calvo -que le da vida a la Doctrina que lleva su nombre y que fue formulada en 1868- en la que establecía que:

[…] los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia […] por parte de otros Estados y que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleito o reclamaciones, tendrán la obligación de acabar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir protección e intervención diplomática de su país de origen.⁴¹

En ese respecto, el argumento de los dos diplomáticos argentinos marcaba un rumbo de la postura latinoamericana sobre las intervenciones europeas y que no estaba tan distanciada -pese a lo que pueda parecer- de lo propuesto por la Doctrina Monroe. En otras palabras, las doctrinas de Calvo y Drago referían la ilegitimidad de intervención europea en territorios soberanos latinoamericanos reclamando cobros de deudas adquiridas por estos nuevos países.

En el mismo sentido, Drago hablaba sobre los alcances de las deudas que los gobiernos adquieren con otros gobiernos. El canciller declaró:

Todos los gobiernos gozan […] de diferentes créditos, según su grado de civilización y cultura y su conducta en los negocios, y estas circunstancias se miden y se pesan antes de contraer ningún empréstito, haciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arreglo a los datos precisos que en ese sentido perfectamente registrados.⁴²

Por consiguiente, las deudas pueden ser pagaderas pero los países no llegan a su fin, puesto que si una deuda no la pagan los miembros de un gobierno estable en la actualidad, la pagará la siguiente o la siguiente.

De esta manera, Drago mostró su preocupación por la intervención europea en Venezuela que era compartida por otros países de la región. En ese sentido, la propuesta de Drago, formulada alrededor de la Doctrina Calvo y que tomaba algunos aspectos de no intervención -europea- de la Doctrina Monroe, mostraba una política multilateral y el concepto de ‘regionalismo hemisférico occidental’.⁴³ Sin embargo, esta propuesta llegó en un periodo de cambio gubernamental en Estados Unidos en la que Theodore Roosevelt (1901-1909) planteaba una nueva etapa de internacionalización más activa y expansionista de los intereses de su gobierno sobre la región.

No obstante al respaldo que Drago dio a la Doctrina Monroe, las diferencias entre la política exterior de Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos impidieron que estos tuvieran un acercamiento bajo el ‘panamericanismo’. En ese sentido, el corolario Roosevelt mantuvo la protección de los intereses estadounidenses en el hemisferio. La política exterior implementada por Roosevelt tuvo dos vertientes en la región: en el Caribe, sostuvo una política control directo; y en Sudamérica, aplicó una diplomacia de control, y que fue extendido a las administraciones de Howard Taft y Woodrow Wilson.

No obstante a las intenciones de seguridad, propia y hemisférica, Estados Unidos utilizó esto como sustento de una serie de intervenciones. Estas intenciones dan pie a doctrinas que han sido complementadas con corolarios, que dan pie a la ‘diplomacia del dólar’, como los corolarios de Roosevelt y Taft. En este sentido, el ‘corolario’ es un resultado lógico e, incluso, ineludible de los hechos precedidos, en este caso -y si tomamos en cuenta los acontecimientos de mediados del siglo XIX y los primeros años del siglo XX-,⁴⁴ estos dos corolarios fortalecieron el pensamiento establecido desde la Doctrina Monroe.

El corolario Roosevelt -que le dio forma a la ‘Política del Gran Garrote’ o Big Stick- fue una declaración hecha por el presidente Theodore Roosevelt en diciembre de 1904, que complementa la Doctrina Monroe, la cual justificaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los otros países del continente con el objetivo de minimizar la amenaza que significaría la presencia de otros países no americanos en el hemisferio. En ese sentido, Roosevelt inició la presencia imperial estadounidense en el continente y que, a posteriori, sería extendida a nivel mundial en términos políticos y económicos, dándole a Estados Unidos el papel de vigía regional.⁴⁵

El presidente Roosevelt contaba con una brutal sinceridad que le permitió iniciar o incluir el ‘realismo político’ a la política exterior de Estados Unidos, haciendo valer su madurez política desarrollada durante los conflictos que el país había enfrentado. De igual manera, la política de Roosevelt fue bautizada como ‘Política del Gran Garrote’ porque, a su juicio, Estados Unidos no debía vacilar en utilizar el ‘garrote’ en el proceso de imposición de disciplina e ideología a los países del sur de su frontera.⁴⁶

Para el cumplimiento de las nuevas responsabilidades basadas en la Doctrina Monroe y el corolario Roosevelt fue necesario invertir en la construcción de una nueva flota que pudiera poner en igualdad de circunstancias a los estadounidenses con los europeos, e incluso superarlos, para generar un nuevo orden. En el mismo sentido, el nuevo poderío estadounidense sirvió como sustento para el uso de la fuerza y la aplicación de ese poderío militar en la región.

De esa manera, doctrinas como la impulsada por el ministro José María Drago, por el diplomático Carlos Calvo y el presidente Theodore Roosevelt fortalecieron los principios básicos de la Doctrina Monroe sobre la no intervención de los europeos en asuntos latinoamericanos, pero discrepaban conforme a la posición que el gobierno estadounidense debía tener en el mismo tema: por un lado, Calvo y Drago mantenían que Estados Unidos podía defender a los países americanos de aspiraciones europeas pero sin influir en lo absoluto en su cotidianidad, mientras que Roosevelt promulgaba legitimar su influencia en la región con o sin apoyo latinoamericano.

El corolario Roosevelt diferenció los aspectos de cercanía entre la Doctrina Drago y la Doctrina Monroe. Si bien, el gobierno estadounidense incorporó aspectos defendidos por Drago respecto a la no intervención europea con motivos de deuda en Latinoamérica tampoco estuvo de acuerdo en renunciar a su propio ‘derecho divino’ de intervenir en la región para defender su seguridad y sus intereses pudieran verse vulnerados. Roosevelt mantuvo una postura de ‘fortalecimiento’ de los gobiernos débiles para prevenir que estos generaran una deuda y pudieran ser objeto de cobros y, con esto, intervenciones.⁴⁷

La seguridad fue la principal motivación estadounidense para buscar la estabilización política, económica, militar y social de la región. Por ese motivo, el corolario Roosevelt permaneció en los aspectos centrales de la política exterior de Estados Unidos a tal grado que el presidente Howard Taft (vigésimo séptimo presidente, 1909-1913) aportó su propio corolario que iba en el mismo sentido al de su predecesor pero aplicado de manera menos agresiva.

El corolario Taft siguió al de Roosevelt pero desde otra perspectiva: Roosevelt mantuvo sus intervenciones para minimizar el peligro que significó la posibilidad de recolonización europea, mientras que Taft buscó la promoción, expansión y defensa de los intereses financieros -y bancarios- de los ciudadanos estadounidenses en Latinoamérica⁴⁸ dándole un carácter económico al nuevo escenario de política estadounidense sobre la región, llamado ‘diplomacia del dólar’. Sin embargo, este tipo de diplomacia estaba enfocada sobre el otorgamiento de préstamos o la inversión estadounidense en la región así como la intervención militar en diversos países para la protección de esas inversiones y de la inversión de sus ciudadanos.⁴⁹

En ese respecto, la política estadounidense permaneció activa en la región y fortaleció la visión y argumento latinoamericano de no permitir la intervención de un país en otro bajo cualquier argumento. Esta manifestación y búsqueda de independencia permanece inmerso en el imaginario identitario latinoamericano.

El corolario Roosevelt tiene sus orígenes en, primer lugar, el Destino Manifiesto, que planteaba el derecho y deber moral de Estados Unidos para buscar la ‘Ciudad Divina’ y así contribuir al mejoramiento del mundo a través de la paz, seguridad, democracia y civilización de los países menos favorecidos; y en segundo lugar la Doctrina Monroe, que impulsaba la no intervención de los países europeos dentro de los países latinoamericanos que han logrado su independencia. En ese sentido, el bloqueo que sufrió Venezuela en 1902 por parte de Inglaterra, Italia y Alemania y la intervención de Estados Unidos en él tuvo dos objetivos: por un lado, el fortalecimiento de la influencia de Estados Unidos en la zona y, dos, marcar un límite para los países europeos sobre la región.

Esa intervención propició la aparición de la Doctrina Drago, impulsada por el ministro de relaciones exteriores de Argentina, Luis María Drago. Esta doctrina planteaba que ningún país extranjero podría utilizar su poder sobre una nación americana con el fin de hacer efectivo el cobro de deuda adquirida por algún país independiente. Al mismo tiempo, Drago coincidía con los principios básicos de la Doctrina Monroe al argumentar que ningún país europeo podía influir en la vida independiente de alguna nación americana.

Si bien la Doctrina Drago y la Doctrina Monroe tenían argumentos ‘similares’ -en un primer momento- respecto a la protección de los países americanos, el corolario Roosevelt generó una separación entre ambos principios al plantear que, en efecto, los europeos no podría intervenir en los países latinoamericanos para restablecer una influencia política, pero en caso de que los países latinoamericanos contrajeran responsabilidades que no pudieran pagar, cualquier país estaba en pleno derecho de buscar una remuneración a esa deuda. En ese sentido, Estados Unidos adoptó el concepto de interés nacional y el realismo político para hacer valer las obligaciones de los países vecinos aunque sea por medio de la fuerza. Con esto, Estados Unidos establecía que la Doctrina Monroe y la Doctrina Drago no serían objeto de protección a los países que tuvieran malos resultados administrativos de sus gobiernos, sino, por el contrario, tendría que encargarse de influir en los gobiernos para redireccionarlos por el ‘buen camino’, y podían hacerlo por la responsabilidad que la ‘divina providencia’ les otorgó.

Así, Estados Unidos hizo valer su poder, desarrollo político, económico y militar en diversos países que fueron objeto de su política expansionista para subsanar los problemas de deuda que estos tuvieran y, de esta manera, impedir la aparición o influencia de los intereses europeos en la región. Ejemplo de estas intervenciones es el caso de Colombia, a través de la independencia de Panamá y la construcción del canal que traspasa ese país con la que Estados Unidos consolidó su influencia mercantil en América y le ganó la influencia a las potencias comerciales europeas incrementando su poder regional que, a la postre, terminaría con cimentar la hegemonía global estadounidense.

De esta manera, el principio de no intervención existe en el hemisferio gracias a las propuestas planteadas por la Doctrina Monroe fortalecidas con el corolario Roosevelt, al tiempo que fue ‘nutrido’ con otras doctrinas que defendían a los países recién independizados de España en América Latina. La protección de la soberanía recién alcanzada no debía ponerse en riesgo por lo que fue necesario hacerla valer a partir de propuestas como la Doctrina Drago -además de otras propuestas como la Doctrina Calvo y posterior a estas, pero en el mismo sentido la Doctrina Carranza-. La formación de estas doctrinas aportó al nacimiento del principio de no intervención al igual que otros principios importantes para la vida internacional de los países latinoamericanos, -como la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica de las controversias- por lo que el papel de América Latina para la formación de principios de convivencia internacional ha sido trascendental.