Los pueblos de un valle extinto

Batuc, Tepupa y Suaqui eran pueblos que compartían espacialmente lo que se denominaba el valle de Batuc. Según las descripciones de West, este valle se asentaba en la región montañosa del este de Sonora; las llanuras eran angostas, y el río Moctezuma atravesaba a estos tres poblados.¹⁶ Las mejores tierras para el cultivo se encontraban en las riberas de dicho río, convirtiéndolo en un importante elemento natural para la vida de los habitantes del valle.

Las temperaturas del lugar eran extremas, con inviernos de 0 °C y veranos de 40 °C. Las lluvias aparecían en julio y agosto con mayor ímpetu, alimentando las cosechas de temporal. En estos meses reverdecían los mezquites y palo fierros, proveyendo buen alimento para el ganado. Las siembras más comunes eran trigo, maíz, frijol, cebolla y chile. La ganadería discutía con la agricultura como actividad predominante. A su vez, la minería, el bracerismo, la fabricación de bacanora (destilado de agave), la confección de sombreros de palma y otras actividades comerciales y de servicio eran comunes.¹⁷

Batuc era el de extensión más reducida, con 172 km²; le seguía Tepupa, con 427 km²; y por último Suaqui, con 853 km². En Batuc se desarrollaron más actividades alternas a la agricultura y ganadería que en los otros dos pueblos; en el lugar se encontraban tiendas de conveniencia, imprentas, molinos harineros, talabarterías, hoteles, venta de sombreros, entre otras. Incluso, circulaban periódicos y semanarios.¹⁸ Suaqui, por su parte, logró un mayor desarrollo de la actividad ganadera, al punto de que a inicios de la década de 1970 los ganaderos practicaban la modificación genética del ganado, encontrándose ejemplares finos.¹⁹ En Tepupa el trabajo era escaso y la agricultura era una actividad dificultosa dada las limitadas tierras de riego y el paulatino acaparamiento de tierra por parte de habitantes de Suaqui y Batuc, reduciendo la superficie cultivable.²⁰

Poco a poco, las diferencias de desarrollo productivo y social de cada pueblo construyeron rivalidades entre los mismos, siendo las más álgidas entre Tepupa y Suaqui. Estas diferencias obstruyeron una organización conjunta para enfrentar los contratiempos ocasionados por la construcción de la presa.

La tierra impuesta “desde arriba” en Batuc, Tepupa y Suaqui

Charles Tilly señala que un determinado grupo no puede hacer uso de formas de acción colectiva que desconoce, pues periodos previos de conflicto han constituido un repertorio histórico de formas familiares de acción. Incluso, señala que estas formas son conocidas no solo por quienes las ejecutan, sino por los oponentes, que paulatinamente desarrollan mecanismos para enfrentar dichas acciones. A esto le llamó Tilly repertorios de confrontación.²¹ Por tanto, en este apartado se revisa cómo las modificaciones a la propiedad comunal alteraron también las estructuras sociales de los poblados inundados que aquí se estudian, a la vez que, como ya se mencionó, se sostiene que las diversas disposiciones agrarias impuestas “desde arriba” fungieron no solo como reorganizadoras de un territorio sino como mecanismos de resistencia y permanencia en un determinado tiempo, empleadas por los grupos sociales ante los conflictos agrarios que se presentaban. Igualmente, fueron vistas como una opción en el último gran conflicto de los pueblos, es decir, el inminente desplazamiento al que se enfrentaban sus pobladores.

Durante los siglos XVII y XVIII la propiedad comunal sufrió numerosos embates que poco a poco excluyeron a los indígenas del tipo de tenencia que se intentaba instaurar: la propiedad privada.²² Sin embargo, es en los albores del siglo XIX cuando la regularización de la tierra aparece como forma de dirimir conflictos entre grupos sociales, y en donde los indios parecen intentar asegurar su permanencia y uso de los recursos de los pueblos. En estas décadas de fervor independentista era el gobierno estatal y no el federal quien tenía el control de los recursos, y quien emitía disposiciones con el objetivo de detectar terrenos sin dueño y otorgarlos a propietarios privados.

De nueva cuenta, jurídicamente importaba el individuo y no la comunidad.²³ El control de la tierra quedaba en manos del gobierno estatal, con claras intenciones de legalizar los predios que no tenían título de propiedad y facilitar la colonización del estado.²⁴ En pocas palabras, se intentaría titular todo aquello que aún no figuraba como propiedad privada. Bajo dicho fundamento se decretaron preceptos como los de 1825 y 1829, para deslindar y repartir los solares de los pueblos indígenas. Batuc y Tepupa obtuvieron títulos ejidales formales posterior a la expedición de la Ley 164 en 1830, que establecía que las poblaciones debían contar con ejidos o fundos legales titulados formalmente.²⁵

Como podrá inferirse, en la región del valle de Batuc ya convivía población indígena con no indígena, sin embargo, los primeros fueron quienes promovieron la formalización de las tierras como mecanismo para evitar la apropiación ilegal de terrenos. Radding describe que ante la solicitud de un terreno hecha por vecinos de Batuc, se volvió necesario fijar sus linderos. Para esto intervino el gobernador indígena del pueblo, José Ysidro López, quien buscó cumplir con los requisitos legales para demostrar que el pueblo podía ser medido para obtener así su fundo legal. Así, fue el mismo gobernador quien pagó el monto para el fundo y asegurar el título para Batuc.²⁶ De diversos documentos agrarios consultados se infiere que el pago avaló las 7 022 hectáreas tituladas el 16 de diciembre de 1834 por la Tesorería General del Gobierno del Estado, en Arizpe.²⁷ En este pueblo antiguo de misión, la autoridad indígena todavía parecía tener un fuerte peso en las decisiones agrarias de la comunidad, pues en ella recayó la realización de dicho trámite.²⁸ Es importante también notar el apego a las instituciones por parte de las autoridades indígenas para llevar a buen término los conflictos y procedimientos agrarios. Por otra parte, a Tepupa se le expidió un título el 4 de mayo de 1835 que avalaba 7 022 hectáreas para uso de los indígenas del lugar. De los tres pueblos del valle de Batuc, Tepupa fue el único que aludía a su ascendencia indígena, que constantemente estaba ligada al derecho a recibir y poseer tierra para su reproducción social.²⁹ En estos años, Suaqui paulatinamente se instalaba dentro de terrenos que legalmente pertenecían a Tepupa.

Como señalan Paz y Nuño, estos cambios en la propiedad de la tierra basados en la cancelación de la propiedad comunal a través de la parcelación de la tierra apoyaban un proyecto de nación en el que los grupos indígenas estuvieron en desventaja, aunque en muchas disposiciones se procuraba su supuesta protección. En este proceso, se contrapusieron dos visiones: la de la tierra como medio de producción de excedentes al servicio de los grupos privilegiados por el Estado, y la de territorio, en el que los indígenas encontraban su sustento y autosuficiencia, su relación con el mundo y su sacralidad.³⁰ Así, paulatinamente los grupos indígenas participaron en la formación de la nación, si bien jugando las reglas del Estado para asegurar su permanencia.³¹

Así sucedió en 1880, cuando pudo ejecutarse la denominada Ley de Desamortización de 1856, o Ley Lerdo, y se decretó que las comunidades indígenas perdían sus facultades para poseer o administrar algún bien territorial.³² Ahora, los ayuntamientos serían los encargados de promover las titulaciones de tierras. En este contexto los pueblos de Batuc, Tepupa y Suaqui promovieron nuevamente titulaciones de bienes, para así proteger las tierras ante el deslinde de terrenos llevado a cabo en el porfiriato.³³

De estas nuevas mediciones surgió un convenio de límites entre los tres municipios que se llevó a cabo en 1883. El afectado por el acuerdo fue Tepupa, quien tuvo que ceder 133 hectáreas en total, 101 a Suaqui para el establecimiento de su fundo legal y el resto a diversas propiedades privadas de personas originarias tanto de Suaqui como de Batuc que se habían apropiado de diversos predios. Este fue el inicio de un conflicto que nunca se subsanó y perduró hasta el momento del desplazamiento, confrontación que, como se verá, intentó dirimirse a través de la solicitud de tierras en las primeras décadas del siglo XX.

El periodo de posrevolución y la promesa de la tierra como medio de justicia social fue aprovechada de manera general por los pobladores de los tres pueblos para solicitar dotaciones de tierra, con las que intentaban 1) obtener más tierra para la actividad económica; 2) dirimir conflictos entre grupos productivos, y 3) restituir a modo de justicia los despojos sufridos décadas atrás. Describir con detalle estos procesos de solicitud o restitución de tierras tomaría gran espacio en este artículo, pero se indican de manera breve para reforzar el supuesto anteriormente mencionado sobre el hecho de demandar tierras para asegurar la permanencia de un grupo: Suaqui realizó dos solicitudes, una en 1922, resuelta favorablemente en 1936 con 5 700 hectáreas de agostadero, mediante la cual denunciaban la tala de leña ilegal por parte de un particular; la segunda solicitud fue en 1939, debido a que los vecinos estaban inconformes por no haber recibido tierras de cultivo, proceso que se resolvió hasta 1970 dada la oposición de los posesionarios de los terrenos afectados. Por su parte, Tepupa hizo su primera solicitud en 1922, en la que pedía la restitución de las hectáreas perdidas en el convenio con Suaqui. En 1937 la restitución procede en un proceso gris y poco favorable. Inconformes, quienes hicieron la primera petición realizan una segunda en 1943, a través de la cual se logró la confirmación y titulación de cerca de 12 500 hectáreas en 1944. Batuc solicita en 1923 la primera dotación de tierras, misma que no es procedente dado que se determina que no hay terrenos afectables. En 1959, un grupo de campesinos propone seis terrenos para ser afectables, mismos que alegaban que estaban en posesión de particulares sin que estos pudieran comprobar su propiedad. Este proceso fue el más confrontativo, dado que la resistencia de los posesionarios y su cercanía con la autoridad política de Batuc alargó el conflicto por décadas, sin llegar a demostrar su propiedad. Incluso, campesinos y particulares interpusieron demandas jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el transcurso de estas solicitudes, las diferencias entre los tres pueblos se acrecentaron, arrastrándolas hasta el momento de la construcción de la presa, obstaculizando la organización y provocando que las acciones para resistir los efectos de la obra se llevaran a cabo de manera independiente unos grupos de otros. Es en este contexto en el que se forjaron las iniciativas para fundar los nuevos poblados a raíz del desplazamiento.

Los afectados y el plan de indemnización

Durante la década de los cincuenta, la demanda de energía eléctrica por parte de productores y de la sociedad se convirtió en un motivo de presión para los gobiernos,³⁴ mucho más en estados agrícolas e industriales como Sonora. A esta necesidad se le unió la visión del gobierno federal dirigida a una extensiva construcción de presas y otras obras de irrigación como potenciadoras del progreso y el desarrollo.³⁵ Es así como en Sonora se construyeron, en el sistema del río Yaqui, tres presas en solo veinte años: La Angostura (1942), El Oviáchic (1952) y El Novillo, esta última entre 1959 y 1964.³⁶ El organismo responsable de la construcción de la presa hidroeléctrica Plutarco Elías Calles, El Novillo, fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, el gobierno estatal se estableció como el nexo entre los afectados y la Comisión, e igualmente asumió parte del compromiso.

Desde 1959 los habitantes del área tenían conocimiento de que sus pueblos se inundarían cuando la presa iniciara su funcionamiento en 1964. Fue cuando se organizaron comités de defensa. En sí, estos comités, que prontamente se disolvieron, sirvieron para estimar un número posible de afectados, en un intento por bosquejar criterios de indemnización a partir de la propiedad patrimonial. Desde aquí, muchos habitantes comenzaron a ser excluidos de las indemnizaciones.³⁷

Si bien desde que se inició la construcción de la presa en 1959 se sabía que por lo menos tres pueblos serían inundados, el plan de indemnización se presentó oficialmente a los pobladores hasta septiembre de 1962, un año antes de que iniciaran los primeros desplazamientos oficiales de población. Ante esto, los afectados tuvieron poco tiempo para rechazar o modificar lo que se presentó en el plan; la necesidad de solucionar el traslado fue apremiante.

El plan de indemnización ofrecía dos grandes opciones: a) ser trasladados a tierras en el distrito de riego del Mayo, y b) la indemnización en efectivo. A quienes decidieran la opción del traslado al Mayo se les entregarían terrenos de riego de “calidad superior” a los que tenían originalmente en los pueblos, además de que contarían con servicios como carreteras de asfalto, energía eléctrica, alumbrado, agua potable y drenaje. Es decir, se mejorarían las condiciones de vida de los afectados.

Sin embargo, las gestiones para la creación de los nuevos poblados que aquí se abordan no se incluyeron como opción dentro del plan; algunas se desarrollaron años atrás y encontraron en esa coyuntura la oportunidad de concretarse, otras sí emergieron como respuesta directa al desplazamiento. En este último caso, numerosos desplazados erraron por años antes de establecerse definitivamente en alguno de los espacios aquí descritos.

La opción del pago en efectivo proponía las siguientes compensaciones para quienes fueran propietarios con documentos probatorios:

Por su parte, quienes contaran solo con una propiedad urbana sin tierras y que tuvieran la intención de reubicarse en el Mayo recibirían construcciones similares a las originales, aunque sin derecho a usar los terrenos de agostadero que serían entregados. Otras resoluciones incluidas en el plan fueron la expedición de cartas de bracero, así como el pago de tres mil pesos para las familias que no cumplieran con los criterios propuestos. Estos tres mil pesos eran para quienes en ese momento residían en los pueblos “sin poseer bienes rústicos o urbanos y que dependan de su trabajo para el sostenimiento de su familia”.³⁸

Por último, en la cláusula once se señala que quienes se dedicaran a la ganadería y desearan permanecer en la región recibirían el apoyo del gobierno sonorense para establecerse. Esta opción fue la que abrió la posibilidad de fundar las poblaciones que aquí se describen, tanto las asentadas en los alrededores de la presa como las de la zona rural y costera de Hermosillo. Como se verá, en algunos casos la iniciativa de crear un nuevo centro poblacional precedía a la construcción de la presa; en otros, la opción surgió como respuesta al interés de permanecer en el lugar (o tal vez la imposibilidad de trasladarse a otras regiones).

El plan de indemnización se basó en su mayoría en un esquema patrimonial-productivo. Las propiedades y animales fueron la medida de todas las cosas. Quienes no entraban en estos campos, quienes no eran agricultores, ganaderos o poseían una propiedad comprobable legalmente, tuvieron un traslado mucho más complicado. En un trabajo sobre resistencias sociales a los megaproyectos se advierte que entre las décadas de los cincuenta y noventa del siglo XX se identificaban como afectados por obras hídricas solamente a los dueños de tierras con título de propiedad, esquema en el que las afectaciones sociales, culturales y ambientales eran aún impensables, refiriéndose a este enfoque como patrimonial e hídrico.³⁹ Este enfoque predominó como criterio general en las indemnizaciones para los afectados por El Novillo.

Las opciones mencionadas fueron aceptadas por unos y rechazadas por otros. Lo relevante aquí es que la opción de reubicación, aun con la promesa de mejorar el nivel de vida de los afectados, fue mínimamente aceptada.⁴⁰ En cambio, la mayoría de la población optó por la indemnización en efectivo, por una parte, o por gestionar terrenos de manera individual para continuar con su modo de vida habitual, tanto dentro como fuera de la región afectada.

De la sierra a lo árido: los poblados conformados después del desplazamiento

Ante el hecho de que muchos afectados se sintieron excluidos del plan de indemnización, diversos grupos sociales se organizaron para formar nuevos poblados. Algunos ejidos se consolidaron dada la unión por gremios productivos, como los ejidatarios y ganaderos; en otros casos, exhabitantes de los pueblos lucharon por obtener tierras aún años después de haber sido desplazados, con la intención de continuar simbólicamente con los pueblos. Así se formaron San José de Batuc, Nuevo Suaqui y Nuevo Tepupa, estos en las inmediaciones de la presa; igualmente surgieron los ejidos San Francisco de Batuc, Jacinto López, Coronel J. Cruz Gálvez y Suaqui de la Candelaria, en las zonas rurales y costeras de la ciudad capital de Hermosillo. La mayoría de los poblados permanecen, y de alguna manera son un vestigio de lo que pereció en nombre del progreso.⁴¹

La ruta seguida por los desplazados no es fortuita. Como se sugiere en el trabajo de Soto y Soto,⁴² estos buscaban asentarse cerca de los ríos, elección tal vez explicable dado que ese era el entorno social y productivo al que estaban habituados. Así sucedió con los tres nuevos poblados fundados en las inmediaciones de la presa El Novillo, San José de Batuc, Nuevo Tepupa y Nuevo Suaqui, cercanos al río Moctezuma, afluente del Yaqui; igualmente con los ejidos San Francisco de Batuc y Jacinto López, que buscaron asentarse cerca del río Sonora. Sin embargo, no todos los desplazados que perseguían fundar un nuevo poblado lograron asentarse definitivamente en una ribera. También se gestionaron terrenos en la Costa de Hermosillo, una zona árida con opciones limitadas para practicar actividades agropecuarias, lo que a la postre provocó cambios significativos en sus actividades económicas, que pasaron de la agricultura y ganadería a los jornales.

Fuente: elaboración propia a partir de mapa base de Google Maps.

Figura 1 Ubicación aproximada de los nuevos asentamientos de desplazados 

Primeramente, se describen los poblados establecidos en las inmediaciones del embalse: San José de Batuc, Nuevo Tepupa y Nuevo Suaqui; posteriormente, se abordan aquellos asentados en las zonas rurales o costeras de Hermosillo, con la excepción del ejido Jacinto López, conflicto unido al de la creación de Nuevo Tepupa. Las primeras tres poblaciones se establecieron inmediatamente a la inundación (en algunos casos, las gestiones iniciaron mucho antes de la noticia de la inundación, pero se intensificaron una vez oficializada la misma); las otras fueron productos de años de lucha por un asentamiento en el que los desplazados sintieran que podían continuar material y simbólicamente con los poblados desaparecidos.

San José de Batuc

San José de Batuc se ubica en las inmediaciones del vaso de la presa. Este sitio surgió como iniciativa del batuqueño José Peñúñuri, quien intentaba gestionar un nuevo ejido dada la falta de tierras aptas para ser trabajadas, aun antes de la noticia de la inundación. Sin embargo, una vez proyectada la presa, Peñúñuri inició el trámite formal para un nuevo centro poblacional.

En enero de 1959, José Peñúñuri, Andrés Gámez, Fernando Silvas y otros campesinos solicitaron la dotación de un cuerpo de terrenos de uso comunal que había sido cercado por supuestos propietarios privados para su uso, limitando el acceso de los otros pobladores.⁴³ De manera inmediata, los supuestos propietarios afectados por la solicitud iniciaron también una serie de acciones para obstaculizar el trámite. El conflicto perduró por décadas.

Tanto campesinos como supuestos propietarios alegaban que les correspondía el uso y aprovechamiento de los predios; igualmente, ambos grupos ejecutaban acciones para evitar que los contrarios avanzaran en sus intenciones. Al analizar los rumbos de acción de estos grupos se advierte que los propietarios privados contaban con el apoyo de autoridades locales como jueces y presidentes municipales, quienes a diestra y siniestra elaboraban misivas a las autoridades estatales en defensa de sus allegados. Incluso, la familia Del Castillo era plenamente identificada como parte de la clase política de Batuc, pues Jesús del Castillo había fungido como presidente municipal de dicho pueblo.

La construcción de la presa y la amenaza de desplazamiento no aminoraron el conflicto. A mediados de 1964, en pleno desplazamiento, los choques entre los interesados en conformar el nuevo ejido, y los supuestos propietarios persistieron. Ambos grupos desarrollaban estrategias para desacreditar constantemente a sus contrarios. A través de diversos oficios jurídicos, los supuestos propietarios lograron que se realizara un estudio para comprobar si los ejidatarios poseían realmente autoridad para solicitar tierras.⁴⁴ Ante esto, los campesinos viajaron a Ciudad de México para pedir la intervención de la Confederación Nacional Campesina (CNC), puesto que el agua de la presa ya llegaba a Batuc y los moradores vivían “momentos de angustia y desesperación” al no poder trasladarse al nuevo pueblo.⁴⁵ El estudio confirmó el derecho de los solicitantes para conformar el nuevo centro de población, y resaltó el desempeño inadecuado de las autoridades municipales al ejercer “facultades administrativas, promoviendo solicitudes de reconocimiento y confirmación” que no les correspondía.⁴⁶ Esta es otra de las herramientas ocultas o disfrazadas, como las señala Scott, que empleaban los grupos confrontados en un intento tanto de inclinar la balanza a su favor como de retrasar los trámites y ganar tiempo.

Si bien en 1965 se otorgaron 27 189 hectáreas para 135 campesinos de San José,⁴⁷ los amparos interpuestos por los supuestos propietarios retrasaron la solución del conflicto. En 1969 dicho grupo logró que sus supuestos terrenos quedaran fuera de las casi 30 mil hectáreas dotadas a los campesinos, recibiendo solo 19 705.⁴⁸ Esto evidencia el gran poder del reducido grupo de propietarios a comparación del de los centenares de habitantes que por la vía legal solicitaron la creación del nuevo lugar.

Nuevo Suaqui

La iniciativa de formar este poblado partió de un grupo de campesinos que en 1962 solicitó un cambio de localización para el ejido de Suaqui. La justificación era que los terrenos de cultivo y gran parte de aquellos de agostadero serían inundados por la presa El Novillo. Además, algunos pobladores intentaban permanecer en el área.

En 1963 se llevó a cabo la solicitud. Este año fue complicado para los de Suaqui, pues dada su cercanía con el vaso de la presa fue el primero que padeció la inundación; por tanto, los habitantes tuvieron que desplazarse con mayor premura. Ante esa necesidad, quienes buscaban radicar en Nuevo Suaqui se trasladaron hacia las tierras que quedarían a salvo de la inundación, a aproximadamente siete kilómetros de la zona habitacional del antiguo pueblo, aun cuando el término del trámite agrario para recibir tierras era incierto.

Es en 1966 cuando se realiza el censo agrario para Nuevo Suaqui. En los años posteriores a la inundación, según el conteo ya se habían asentado 180 habitantes, 31 de los cuales eran jefes de hogar y 24 estaban capacitados para recibir tierras. Además, se contaron 1 967 cabezas de ganado mayor.⁴⁹ Esta es una cifra alta dada la cantidad de habitantes del lugar, por lo que la continuación de la labor ganadera pudo ser una de las razones por las que los de Suaqui decidieron permanecer en el lugar. Debe recordarse que de entre los tres pueblos, este era el que más había desarrollado dicha actividad.

En 1969 procedió la solicitud de ampliación, otorgando 11 368 hectáreas al ejido. Estos terrenos eran de agostadero, para satisfacer las necesidades pecuarias de los capacitados y favorecer el desarrollo de dicha industria.⁵⁰ De cualquier modo, no se obtuvieron terrenos de cultivo pero sí aquellos para desarrollar ganado.

Scott y Bonfil Batalla concuerdan en que el hecho de que las resistencias cotidianas persigan un bien material se convierte en objeto de crítica de los estudiosos de las acciones de confrontación. Sin embargo, señala que ante todo debe rescatarse que estas acciones se llevan a cabo para “frustrar alguna apropiación por clases superiores y/o el Estado”.⁵¹ Para Scott, las necesidades materiales juegan un rol clave en las resistencias campesinas.⁵² En este caso en particular, el interés por no perder tanto importantes cantidades de ganado como de tierra fue el aliciente para permanecer en el mismo sitio en condiciones adversas -sin vivienda ni cualquier otra mínima comodidad disfrutada en los pueblos- tal vez más que en cualquier otro de los nuevos poblados que se fundaron.

Nuevo Tepupa y ejido Jacinto López

El pueblo de Tepupa dio origen a los asentamientos de Nuevo Tepupa y ejido Jacinto López. Nuevo Tepupa se asentó en los terrenos a salvo de la inundación contiguos a la presa; por su parte, el ejido Jacinto López se estableció en la zona rural de Hermosillo, a casi 200 km del Tepupa original. Sin embargo, la concreción de dichos espacios se obstaculizó por los conflictos entre comuneros y ejidatarios, grupos productivos predominantes en el pueblo e interesados en los terrenos de agostadero no inundados que podían aprovecharse para la ganadería.⁵³

En Tepupa, por tanto, existieron dos grupos que optaron por una opción de reasentamiento distinta; por una parte, los ejidatarios que en 1961 gestionaron terrenos en El Molino de Camou, en Hermosillo, para fundar el ejido Jacinto López; por otra, los comuneros que permanecieron en la zona semi inundada para formar Nuevo Tepupa entre 1963 y 1964.⁵⁴ Es importante mencionar que estos no eran los únicos grupos socioproductivos presentes en Tepupa, pero sí englobaban el grueso de la población económicamente activa.

En sí, el conflicto radicó en el aprovechamiento de los terrenos de agostadero no inundados de Tepupa. Los ejidatarios alegaban que los comuneros no podían acceder a tierras ejidales que no les habían sido dotadas, y los comuneros respondían que los contrarios ya habían sido indemnizados por las tierras inundadas y habían perdido sus derechos. Esto último parecía ser cierto, pues dicha indemnización fue la que les permitió gestionar a través del mismo gobierno del Estado la compra de las tierras en El Molino de Camou.⁵⁵ Así, el conflicto radicó en resolver quién tenía derecho a los terrenos de agostadero no inundados por la presa.

La confrontación perduró por más de una década, aproximadamente de 1962 a 1974, tiempo en el que tanto ejidatarios como comuneros acudieron a diversas instancias para resolver el conflicto. A partir de diversos documentos agrarios es posible observar que los ejidatarios acudieron a organismos como la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora, así como a gobernadores en turno y presidentes municipales. Este era el grupo más aguerrido, obstinado en evitar que los comuneros de Nuevo Tepupa fueran formalmente reconocidos como autoridades comunales.

Aquí el conflicto escaló de manera importante, pues cuando los ejidatarios no vieron resueltas sus peticiones a través de las instituciones, intentaron desalojar a los comuneros. Ante esto intervino la autoridad correspondiente para dictaminar la autonomía de ambos Tepupa. Así, la delegación agraria estatal determinó en 1974 que estos poblados eran “dos entidades jurídicas completamente distintas entre sí”, una ejidal y otra comunal, en donde una no tenía injerencia sobre la otra.⁵⁶ Es decir, los ejidatarios que habían sido indemnizados con tierras del río Sonora, no podían aprovechar terrenos avalados por la confirmación y titulación de predios comunales, y viceversa.⁵⁷ El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual confirmó el criterio del juez respecto a la autonomía de cada uno de los nuevos asentamientos.⁵⁸

Como se observa, aquí los conflictos se suscitaron entre los mismos pobladores, es decir, no contra los responsables de la construcción de la presa y de las indemnizaciones. Ambas iniciativas de creación de poblados surgieron como rechazo a los ofrecimientos de indemnización y reubicación hechos por el gobierno estatal y que sugerían espacios materialmente discordes con el modo de vida productivo habitual. Sin embargo, se recurrió a las autoridades e instituciones gubernamentales para resolver los problemas. Las confrontaciones evidencian que cada grupo se respaldaba en un determinado cuerpo legal, referido de acuerdo con sus intereses, mismo que más allá de resolver el conflicto, señalaba que cada grupo social ejecutaba determinadas acciones para defender lo que ellos consideraban que les correspondía de acuerdo con la ley, así como a la forma en la que trabajaban la tierra. Según Velázquez Guzmán, esos procedimientos generaban una dependencia al Estado, así como el entendido de que este resolvería los problemas, siempre y cuando se mantuviera la lealtad y se respetaran sus formas y tiempos.⁵⁹

Es posible interpretar lo anterior a partir de ver las resistencias en aquellas acciones que les confieren ciertos resultados seguros y, sobre todo, ganancias materiales.⁶⁰ Aquí, se acudía a instancias que ya habían resuelto problemas similares anteriores, probablemente porque era aquello a lo que los afectados tenían acceso, o porque habían tenido éxito en otras ocasiones, sobre todo en materia agraria. Estos ejercicios de presión de larga duración en ambos casos fueron exitosos, pues lograron obtener un determinado territorio para continuar con el modo de vida social y productivo habitual, rechazando las propuestas iniciales de indemnización sin desafiar abiertamente la autoridad del gobierno.⁶¹

San Francisco de Batuc

Esta localidad se ubica en el municipio de Hermosillo, a aproximadamente 150 kilómetros del antiguo Batuc. Como los otros asentamientos, este se formó a raíz del desplazamiento, en una zona con abundante agua dada su cercanía con el río Sonora. Igualmente, la creación de este centro partía del interés de conservar el modo de vida del pueblo anterior, dado que a través de los ofrecimientos del gobierno eso no sería posible.

Soto y Soto sugieren que la unión de los pobladores que se reubicaron en San Francisco logró que este prosperara, pues no recibieron apoyo alguno de las autoridades.⁶² El terreno no estaba acondicionado para vivienda o trabajo de ninguna manera, por lo que las labores de desmonte, formación de canales, levantamiento de viviendas de adobe e incluso de una pequeña escuela se realizaron por los mismos habitantes. En este proceso, los conflictos por el agua con grupos de poder de la región fueron numerosos. Incluso, los problemas incluían violencia contra los líderes de San Francisco, como relata el testimonio de uno de sus habitantes.⁶³

Con contratiempos, el pueblo se asentó con el paso de las décadas, hasta que a inicios de 1990 el gobierno de Sonora inició la construcción de la presa El Molinito, en dicho territorio. Ante esto, una parte de los habitantes sufrió un segundo desplazamiento cuando dichos planes se concretaron. Según información oficial, el pueblo permanece con aproximadamente cien habitantes, mismos que continúan enfrentándose a diversos conflictos socioambientales. El último y más grave fue el derrame tóxico que contaminó el río Sonora en 2012, afectando las actividades económicas de los habitantes de San Francisco, dado que parte de su población se dedicaba a la pesca en el vaso de la presa, misma que fue prohibida después del accidente. Otros de los desplazados se trasladaron al asentamiento La Colmena.

Este poblado podría aproximarse a la propuesta de Da Rocha sobre los reasentamientos como puntos de empoderamiento, misma que sostiene que atravesar un proceso de desplazamiento causado por la construcción de un proyecto de desarrollo y organizarse para fundar y habitar nuevos asentamientos, puede potenciar acciones futuras contra otras obras similares. Sin embargo, testimonios encontrados en trabajos sobre los afectados de San Francisco sugieren que estos buscaban una indemnización justa para aceptar la reubicación, más allá de otras formas de lucha distintas a las ya utilizadas en el desplazamiento anterior.⁶⁴

Suaqui de la Candelaria

Esta población se estableció a finales de la década de los setenta, cuando varios grupos de familias oriundas de Suaqui gestionaron un terreno en la costa de Hermosillo, a aproximadamente cien kilómetros de dicha ciudad, y a 300 km del poblado original. El nombre del nuevo ejido está relacionado con la virgen patronal del pueblo inundado, la de la Candelaria, efigie que también acompañó a los afectados en los peregrinajes que estos realizaron después del desplazamiento. El recorrido de la virgen es también el de algunos de los desplazados hasta asentarse en el nuevo Suaqui de la Candelaria.

Inicialmente, muchos de los desplazados de Suaqui se trasladaron a El Saúz, ejido ubicado en el municipio de Ures, en la zona del río Sonora. Sin embargo, diversos testimonios coinciden en que la población no recibió de buena gana a estos nuevos habitantes, pues las ya de por sí escasas fuentes de trabajo ahora intentaban ser ocupadas también por los de Suaqui.⁶⁵ Si bien permanecieron cerca de una década en dicho ejido, los pobladores gestionaron diversos terrenos para trasladarse hacia ellos, hasta que en 1978 se asentaron en lo que posteriormente se convirtió en Suaqui de la Candelaria.⁶⁶

Además de las redes familiares, la adscripción religiosa de varias familias de Suaqui pareciera ser uno de los ejes a partir de los cuales los suaqueños desplazados se organizaban. En un documento elaborado y firmado por varios de quienes fundaron Suaqui de la Candelaria, se relata cómo las movilizaciones a otros poblados solían trasladar también a la virgen. Aquí se señala que primero se resguardó en San Pedro de la Cueva, único pueblo de la zona inundada que sobrevivió; de ahí la virgen fue trasladada a El Saúz; en 1980, ya en Suaqui de la Candelaria, se incluyó a la efigie en el traslado, a la que se le construyó una capilla. Incluso se señala que un comité recaudó fondos de los pobladores para la construcción del templo, y que gestionó la visita de quien era arzobispo de Hermosillo en el momento.⁶⁷

Sin embargo, el interés principal de los pobladores era fundar un pueblo que permitiera conservar el modo de vida de aquel terruño inundado. Como se señala en el mismo documento, Suaqui de la Candelaria surgió “en recuerdo y sucesión del antiguo pueblo de Suaqui”, sacrificado por la “electrificación y el progreso” del estado. Conservar “el amor a sus costumbres […] y singular arraigo a su terruño” motivó a los desplazados a fundar el nuevo pueblo, en el intento de mantener “la herencia de sus antepasados”, a quienes recuerdan como poseedores de un “afán de lucha” así como de un profundo sentimiento religioso hacia la virgen patronal.⁶⁸ El interés religioso de los suaqueños evidencia que además de una organización agraria suficiente para llevar a cabo de manera exitosa la solicitud de demanda de tierras, a la par se daba otra con el fin exclusivo de concretar un templo para el lugar.

La solicitud de dotación se presentó en mayo de 1980, momento en el que los suaqueños ya radicaban ahí y habían iniciado la construcción de casas y el templo religioso. Para febrero de 1981 el procedimiento se resolvió favorablemente dotando a 90 jefes de familia de ocupación campesina con 1 916 hectáreas de agostadero árido. Al observar los datos de los dotados se observa que las redes familiares fueron clave en la fundación de este poblado. Apellidos como Tarazón, Montaño, Gámez, Munguía, entre otros, se repetían constantemente en el documento.⁶⁹

Suaqui de la Candelaria se concretó cerca de quince años después del desplazamiento, evidenciando por una parte el interés por habitar un lugar que, como ellos mismos lo señalan, sucediera al terruño inundado y, por otra, la autonomía de quienes emprendieron el trámite para obtener tierras que les permitieran mantener material y simbólicamente lo que se había inundado en nombre del progreso, si bien dentro de los canales institucionales habilitados por el gobierno.

Ejido Coronel J. Cruz Gálvez

El caso del ejido Cruz Gálvez refleja, por una parte, la unión de dos poblados históricamente confrontados para ver más allá de sus diferencias y obtener un terreno donde pudieran continuar con su modo de vida habitual; por la otra, la situación a la que se enfrentaron quienes se ubicaron en tierras ejidales cercanas a grandes centros urbanos y que establecieron una relación de dependencia con el mismo. Esto significa que la intención de continuar un modo de vida campesino ha podido cumplirse solo parcialmente.

El interés por estos predios, ubicados a casi 200 kilómetros de los antiguos establecimientos y a aproximadamente 30 kilómetros al sur de Hermosillo, resurgió a inicios de 1960, cuando se supo que había tierras afectables para un ejido. Inicialmente, un grupo de vecinos de la colonia Villa de Seris, en Hermosillo, era el que parecía perseguir esos terrenos; sin embargo, no dieron continuidad al trámite. Fidencio Chocoza, originario de Tepupa que radicaba en Hermosillo, se enteró de la disponibilidad de dichos terrenos y se dio a la tarea de iniciar el trámite correspondiente, junto con Lorenzo Andrade, originario de San Miguel de Horcasitas y figura precursora en esta demanda.⁷⁰

Chocoza tenía información de que los pueblos serían inundados, por lo que el objetivo de solicitar dichas tierras era para que quienes así lo decidieran se reubicaran en dicho predio. Así, Chocoza se trasladó a los pueblos amenazados por la inundación para invitar a la población a trasladarse a dicho lugar y con esos solicitantes iniciar la petición de tierras. Como se señala en Cañez, las personas que integraron originalmente el ejido se dedicaban a la albañilería, ayudantes de obra, jornaleros y campesinos,⁷¹ es decir, aquellos grupos sociales que como ya se especificó fueron mínimamente atendidos en el plan de indemnización, y optaron por actuar de manera independiente. Si bien Chocoza inició integrando habitantes de Tepupa, posteriormente lo hizo también con suaqueños.

Sin embargo, los predios solicitados para la fundación del ejido pertenecían a Carlos B. Maldonado, ganadero que fungió como secretario de gobierno durante el mandato de Román Yocupicio,⁷² y quien al momento del conflicto era senador por Sonora. Según el testimonio de Chocoza que se encuentra en Cañez,⁷³ la influencia de Maldonado provocó que la solicitud desapareciera. Esto ocasionó que decidieran realizar los trámites en Ciudad de México para no recurrir a la sede agraria de Sonora y evitar la influencia del senador. Para esto, quienes integraban la solicitud aportaban semanalmente una cifra monetaria destinada a que Chocoza y otros viajaran a la capital para reactivar el expediente.

Es hasta abril de 1964 cuando se otorgan 12 mil hectáreas de agostadero. De esas, 3 320 eran para cultivo, mismas que serían divididas entre 165 solicitantes. En el expediente agrario sobre la solicitud se señala que no hubo alegato alguno por parte de Maldonado y que desde septiembre de 1963 había puesto a disposición de los solicitantes su terreno La Poza. Apellidos suaqueños y tepupeños se encuentran entre los beneficiados: Chocoza, Torúa, Tarazón y Huérigo, entre otros.⁷⁴

El caso del ejido Cruz Gálvez es interesante no solo porque unió a pobladores de dos pueblos en eterna disputa, sino porque resurgió de la solidaridad de un tepupeño para con los de su pueblo y demás habitantes del área. Este trámite se resolvió de manera más rápida que los previamente abordados, y la organización e interés conjunto evitó mayores contratiempos que los antes mencionados. Si bien al momento de la resolución ya habían iniciado los desplazamientos de los tres pueblos, algunos lograron trasladarse directamente de la región afectada al ejido, otros tuvieron que radicar temporalmente en Hermosillo.⁷⁵

Resistir por debajo del agua: consideraciones finales

La observación empírica de las acciones que culminaron en la creación de los centros poblacionales aquí descritos muestra la ambivalencia y contradicciones que emergen en los territorios en los que se instauran proyectos de desarrollo como lo son las presas, y al mismo tiempo los efectos del desplazamiento forzado. Por un lado, como señalan Latta y Sasso, los espacios en donde se edifican megaproyectos son sitios que reproducen la ideología y el poder material de la clase dominante; a su vez, esos mismos espacios son lugares de ruptura que producen crisis dado el impacto social y productivo que traen como consecuencia para la población afectada.⁷⁶ Es decir, la construcción de proyectos de desarrollo abre la puerta a confrontaciones y resistencias que incluso pueden poner en riesgo la conclusión de las obras.

Estas resistencias pueden no emplear las acciones directas, aquellas que según Pérez y Rebón usan el propio cuerpo como recurso primordial, como manifestaciones, marchas, bloqueos o incluso agresiones físicas, y que suelen asociarse con la expresión de una inconformidad;⁷⁷ sin embargo, es posible identificar otro tipo de actos que no dejan de ser luchas para impedir que el otro imponga su voluntad,⁷⁸ y que las consecuencias de esos proyectos de desarrollo sean tal vez menos negativas. Como se intentó mostrar aquí, la fundación de nuevos asentamientos fue una de las formas de lucha empleadas por los desplazados por la presa El Novillo.

Al hilar las propuesta de los mecanismos de resistencia con lo que aquí se observa es posible notar ciertas dimensiones que permiten analizar teóricamente la creación de reasentamientos como acciones de resistencia: 1) los afectados ejercieron una presión constante a partir de diferentes medios (solicitudes de tierra; oficios varios a autoridades competentes; acciones jurídicas), misma que no buscaba convertirse en una amenaza pública o visible contra el gobierno, sino obtener los mayores beneficios posibles; 2) las acciones perseguían una ganancia material; 3) partían de un conocimiento operativo previo, herencia de los diversos conflictos por la tierra que desde décadas atrás habían acercado a los pobladores a las diversas instituciones agrarias y gubernamentales con resultados positivos; 4) fueron producto de una organización mínima, es decir, no requirieron de la acción colectiva para su concreción, y 5) intentan o logran frustrar o modificar una apropiación por parte del Estado u otra clase dominante.⁷⁹

Scott aborda un punto interesante al señalar que es el mismo Estado el que transforma una rutina de subsistencia en un acto de resistencia.⁸⁰ Como se describió someramente, las solicitudes de dotaciones, ampliaciones y demás trámites agrarios eran comunes en la vida de los habitantes de los tres pueblos; sin embargo, una vez llegada la amenaza de desplazamiento y las propuestas de indemnización por parte del gobierno, dichas prácticas habituales se convirtieron en una de resistencia ante el futuro incierto que se presentaba. Esto es también coherente con los quiebres que señalan Latta y Sasso en los sitios en donde se construyen proyectos de desarrollo. De igual manera, el trabajo de Da Rocha sugiere que los asentamientos formados a partir de un desplazamiento pueden ser vistos como posibles puntos de poder que pueden influir en la forma en la que se desarrollan ciertas relaciones sociales, y que infieren de cierto poder en el sentido de que se forman de alguna manera ajenos a las lógicas de un régimen dominante, por lo menos momentáneamente.⁸¹

Sin embargo, aun con sus ganancias, este tipo de actos difícilmente provoca cambios en las estructuras de poder existentes. Más bien, son una adaptación a las mismas, puesto que se asumen las relaciones de poder dominantes. Incluso, esta es una de las críticas que reciben este tipo de actos de resistencia cotidiana, dado que no existe algo que pueda señalarse como consecuencias revolucionarias.⁸² Esto es también evidente en las acciones aquí estudiadas, pues aunque los desplazados aprovecharon su figura como afectados para de cierta manera justificar sus trámites agrarios, su estatus de subordinados no cambió, ni tampoco lo hizo la atención a este tipo de procesos de desplazamiento. De cualquier forma, este no era su objetivo. Más bien intentaban reapropiarse de lo que les había sido despojado a causa de la construcción de la presa.

Lo significativo de estos acontecimientos es que estas iniciativas no fueron impuestas por el gobierno de Sonora o las autoridades a cargo de la construcción de la presa, sino por los mismos afectados. El logro de sus iniciativas no radicó en una serie de eventos fortuitos, incluso en tal coyuntura, sino en que históricamente estos grupos habían demostrado cierto conocimiento de las leyes agrarias y de los procedimientos a ejecutar en cada caso. Con cambios o no dentro de la estructura del poder, de cierta manera los centros se conformaron como visiones alternas a la ideología dominante. Esto se contrapone a testimonios de quienes se desplazaron a la ciudad, donde la vida urbana determinó la imposibilidad de continuar sus hábitos sociales y productivos, y ahora están completamente adaptados.⁸³ De aquí el valor de estos nuevos asentamientos como símbolos de resistencia y de todo aquello que quedó bajo el agua.

Sin embargo, estas acciones disminuyeron la responsabilidad de las autoridades respecto a la atención de los desplazados. Cálculos basados en los censos relativos a los trámites de creación de los nuevos centros de población arrojan una cifra cercana de entre 500 y 800 habitantes, es decir, cerca de un tercio de quienes resultaron desplazados fueron atendidos a través de una dotación de tierras, sin otro tipo de apoyo que facilitara el desarrollo de la vida en los territorios otorgados. La pregunta es qué tanto puede considerarse exitosa una medida que, a fin de cuentas, no atendió en tiempo y forma como era debido a las poblaciones desplazadas.

Identificar este tipo de acciones no es tan sencillo, pues son actos que como ya se dijo no buscan visibilidad, de ahí que puedan pasar desapercibidos por quienes intentan identificar cómo luchan determinados grupos sociales. Esta reflexión conllevó un estudio mayor de la situación para vislumbrar que había acciones de resistencia particulares, es decir, que los afectados no habían actuado pasivamente, o que habían actuado más intensamente que lo que mostraban los documentos disponibles sobre el proceso de desplazamiento e indemnización. De aquí que este texto sugiera no solo cómo y para qué se organiza una población afectada por una presa, sino también los efectos y la complejidad de los desplazamientos forzados y relocalizaciones que producen estos proyectos.

Partiendo de un contexto histórico, el análisis anterior muestra cómo y para qué se organizan los afectados de un proyecto de desarrollo, pues si bien podría parecer que en el caso de El Novillo no hubo una resistencia u oposición tal y como suceden en la actualidad, sí es posible identificar acciones que reflejan un desafío escondido o disfrazado a la autoridad. Esto es importante cuando las acciones mayormente difundidas son las que constituyen a todas luces confrontaciones directas, es decir, que suceden cuando se vulneran los canales institucionales para alcanzar un objetivo.

Incluso, desde la lógica de la propiedad privada como la forma de tenencia imperante en México, estas poblaciones son también muestra de resistencia y formas alternativas y no dominantes de existir. Son recordatorios del pasado de México, de comunidad, de autosuficiencia, aunque el embate de lo moderno haya vuelto cada vez más difícil esos modos de vida. En tiempos de continua construcción de megaproyectos, es importante rescatar de las profundidades a aquellos afectados y poblaciones que han experimentado la inundación de territorios, identidad y relaciones sociales. Igualmente, debe repensarse el actuar de los afectados, sobre todo en el contexto histórico, así como visibilizar aquellos asentamientos formados a partir de un desplazamiento para intentar una continuación material y simbólica de lugares que ya no existen, pues solo así es posible mostrar los efectos de proyectos de desarrollo como lo son las presas.